Un modelo energético agotado
18:14 | 
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Un modelo energético agotado
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
Fecha de Publicación: 02/05/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que quedan, y pondrá en riesgo su seguridad energética.
La República Argentina se encuentra encerrada en un complejo laberinto energético, del cual será difícil salir en el corto plazo. Las reservas hidrocarburíferas no detienen su caída, al tiempo que aumentan las importaciones y cae el esfuerzo exploratorio. Tampoco se fomenta el ahorro ni se invierte lo suficiente en energías renovables, teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene nuestro país en ese sentido. Esta situación pone en serio riesgo el autoabastecimiento energético.
Para una matriz dependiente en 87 por ciento de los hidrocarburos –algo atípico a nivel mundial– es preocupante advertir que el coeficiente de reservas-producción de petróleo se viene deteriorando sistemáticamente desde 1999, merma que ya equivale a la producción acumulada por dos años, con un nivel de reservas que cubre hoy aproximadamente 11 años de la producción actual.
En el caso del gas, a lo largo de la década del ‘90 el ritmo de producción fue ostensiblemente mayor al de expansión de reservas. En ese mismo período comenzaron a trepar aceleradamente las exportaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo, se construyeron numerosas usinas gasíferas y Argentina se convirtió en líder mundial en utilización de gas natural comprimido (GNC) para vehículos.
El coeficiente reservas-producción de gas comenzó a deteriorarse con más fuerza a partir del año 2000. Es así como en 2007 las reservas comprobadas de gas eran 43 por ciento inferiores a las correspondientes siete años atrás. En términos globales y actuales, entre 2006 y 2008 las reservas de gas cayeron 13,7 por ciento y las de petróleo 13,4 por ciento.
Simultáneamente con esta progresiva merma de las reservas de hidrocarburos, a partir del año 2004 comenzaron a caer las exportaciones y a aumentar las importaciones de combustibles caros, como el fueloil (vía Venezuela mediante compras directas poco transparentes) y el gas natural líquido (GNL), debido a la fenomenal expansión que experimentó el consumo interno por la reactivación económica y la política de subsidios implementada por el Gobierno.
A esto hay que sumarle que Bolivia nos vende el gas más caro que a Brasil y todavía no ha podido validarse como proveedor cierto de nuestro país.
Como contrapartida, esta política ha desincentivado las inversiones en el sector energético. Los productores de hidrocarburos han tenido que lidiar no sólo con el riesgo geológico propio de la actividad, sino también con el “riesgo político” que implica el excesivo intervencionismo estatal en un contexto institucional sumamente inestable. En ese sentido, el principal problema ha sido la ausencia de reglas de juego claras que garanticen la previsibilidad tributaria.
Las consecuencias de esta política carente de visión estratégica están a la vista. Pese que a partir de 1999 comenzó un período de alzas permanentes del precio internacional del petróleo y sus derivados, paralelamente se agudizó la declinación del esfuerzo exploratorio. Gran parte de esa caída se explica por el comportamiento de Repsol-YPF, la principal petrolera del país.
Actualmente, YPF aporta 35 por ciento de la producción de petróleo y 27 por ciento del gas, mientras que en la década de los ‘90 suministraba 43 por ciento del petróleo y 35 por ciento del gas.
Por otra parte, la crisis financiera internacional, que arrasó con los precios de los commodities, sumada a los problemas propios de la economía argentina, afectó seriamente la actividad petrolera en el país. Las inversiones están estancadas y la conflictividad social en el sector va en aumento.
Debido a esta coyuntura, el precio de los combustibles que importa la Argentina cayó abruptamente, lo cual es un alivio para las arcas estatales. Pero también hay que remarcar que, por causas internas y externas, la economía y los recursos fiscales se deterioraron notablemente durante el último año. Por otra parte, es esperable que cuando las grandes economías comiencen a recuperarse, los precios vuelvan a trepar y encuentren a la Argentina muy mal parada, en caso de persistir la actual política energética.
Por más que el gobierno se empecine en negarlo, el modelo está agotado y el autoabastecimiento energético en peligro. Es inviable seguir estimulando las importaciones y el consumo energético intensivo a través de precios subsidiados en desmedro de quienes invierten en la producción de energía.
Si no se revierte la actual política energética que desalienta la exploración y la producción, el país seguirá comiéndose las escasas reservas que le quedan, poniendo en serio riesgo su seguridad energética y el futuro de las próximas generaciones de argentinos.
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Reservas de litio en Córdoba
Córdoba tiene reservas de litio, el petróleo del siglo XXI
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En Traslasierra hay un importante yacimiento de este metal, cada vez más demandado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos híbridos.
El litio, principal componente de las baterías de las futuras generaciones de automóviles, podría dar un importante impulso a la industria minera de Córdoba en los próximos años. Es que los yacimientos de litio de esta provincia, junto a los de San Luis y Catamarca, son los más promisorios del país. De hecho en Córdoba ya hay una mina activa, donde se obtiene el espomudeno, el mineral de donde se extrae el litio, pero en un mediano plazo podrían comenzar a explorarse otras zonas donde eventualmente el litio sería lo suficientemente abundante, como la laguna Mar Chiquita.
Desde que los gobiernos de Europa y Estados Unidos comenzaron a promover activamente la fabricación de vehículos híbridos con baterías de litio, la cotización de este metal en los mercados internacionales no ha dejado de crecer y los inversores internacionales han mostrado de inmediato su interés en Bolivia, que tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas, la mayor reserva de litio del mundo. Bolivia está interesada en desarrollar la producción de este metal -cuyo precio en menos de cinco años subió de 30 a 300 dólares el kilo- para la industria automotriz, que hacia 2020 habrá copado el mercado con vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
“La noticia pasó hasta ahora inadvertida, pero es probable que en los próximos años se comience a hablar del litio casi tanto como ahora del petróleo. El litio se ha transformado en uno de los minerales con más perspectivas económicas en el mundo, ya que está destinado a convertirse en pieza clave en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, quizás sea el petróleo del siglo XXI”, indicaron expertos en el tema.
La forma más abundante en que se presenta el litio en tierras cordobesas es el espodumeno, un mineral que no despertaba hasta ahora demasiado interés económico; sin embargo esa situación podría cambiar a partir del desplazamiento de la matriz energética de los combustibles fósiles hacia los orgánicos (biodiesel) y eléctricos (como los autos híbridos impulsados por baterías de litio), de allí el renovado interés de las automotrices del mundo por conseguir ese metal. En una reciente conferencia sobre vehículos híbridos, se estimó que el mercado de vehículos impulsados por baterías de litio crecerá hasta 1,6 mil millones de dólares para 2015, prácticamente triplicándose cada año su volumen desde la actualidad.
El director de Minería de la Provincia, geólogo Alberto Gigena, le explicó a este medio que en Traslasierra, en la zona de Las Tapias, hay un importante yacimiento de espomudeno. Actualmente, ese yacimiento está concesionado al grupo Andino Minerales, de capitales locales, que explota esa mina para la obtención de cuarzo y feldespato. Años atrás también era importante la extracción de berilo, hasta que perdió valor comercial. El funcionario agregó que por ahora, sólo a nivel de investigación, se analiza la laguna de Mar Chiquita, que quizás podría ser una fuente importante de litio. Estudios realizados en décadas anteriores estimaron que allí había una reserva de aproximadamente 337 mil toneladas de cloruro de litio.
La mayoría de las baterías electrónicas está hecha de litio. Por su elevado calor específico, el litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor, y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas.
Además, las sales de litio se emplean para tratamientos psiquiátricos, también son extraordinarios absorbentes de humedad, por lo que se lo utiliza en bombas de absorción; el litio también se aplica en la lubricación a altas temperaturas y en diversas aleaciones para la construcción aeronáutica y la industria nuclear.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
En Traslasierra hay un importante yacimiento de este metal, cada vez más demandado por la industria automotriz para la fabricación de vehículos híbridos.
El litio, principal componente de las baterías de las futuras generaciones de automóviles, podría dar un importante impulso a la industria minera de Córdoba en los próximos años. Es que los yacimientos de litio de esta provincia, junto a los de San Luis y Catamarca, son los más promisorios del país. De hecho en Córdoba ya hay una mina activa, donde se obtiene el espomudeno, el mineral de donde se extrae el litio, pero en un mediano plazo podrían comenzar a explorarse otras zonas donde eventualmente el litio sería lo suficientemente abundante, como la laguna Mar Chiquita.
Desde que los gobiernos de Europa y Estados Unidos comenzaron a promover activamente la fabricación de vehículos híbridos con baterías de litio, la cotización de este metal en los mercados internacionales no ha dejado de crecer y los inversores internacionales han mostrado de inmediato su interés en Bolivia, que tiene alrededor de 5.000 millones de toneladas, la mayor reserva de litio del mundo. Bolivia está interesada en desarrollar la producción de este metal -cuyo precio en menos de cinco años subió de 30 a 300 dólares el kilo- para la industria automotriz, que hacia 2020 habrá copado el mercado con vehículos eléctricos que funcionan con baterías de litio.
“La noticia pasó hasta ahora inadvertida, pero es probable que en los próximos años se comience a hablar del litio casi tanto como ahora del petróleo. El litio se ha transformado en uno de los minerales con más perspectivas económicas en el mundo, ya que está destinado a convertirse en pieza clave en el proceso de sustitución de los combustibles fósiles, quizás sea el petróleo del siglo XXI”, indicaron expertos en el tema.
La forma más abundante en que se presenta el litio en tierras cordobesas es el espodumeno, un mineral que no despertaba hasta ahora demasiado interés económico; sin embargo esa situación podría cambiar a partir del desplazamiento de la matriz energética de los combustibles fósiles hacia los orgánicos (biodiesel) y eléctricos (como los autos híbridos impulsados por baterías de litio), de allí el renovado interés de las automotrices del mundo por conseguir ese metal. En una reciente conferencia sobre vehículos híbridos, se estimó que el mercado de vehículos impulsados por baterías de litio crecerá hasta 1,6 mil millones de dólares para 2015, prácticamente triplicándose cada año su volumen desde la actualidad.
El director de Minería de la Provincia, geólogo Alberto Gigena, le explicó a este medio que en Traslasierra, en la zona de Las Tapias, hay un importante yacimiento de espomudeno. Actualmente, ese yacimiento está concesionado al grupo Andino Minerales, de capitales locales, que explota esa mina para la obtención de cuarzo y feldespato. Años atrás también era importante la extracción de berilo, hasta que perdió valor comercial. El funcionario agregó que por ahora, sólo a nivel de investigación, se analiza la laguna de Mar Chiquita, que quizás podría ser una fuente importante de litio. Estudios realizados en décadas anteriores estimaron que allí había una reserva de aproximadamente 337 mil toneladas de cloruro de litio.
La mayoría de las baterías electrónicas está hecha de litio. Por su elevado calor específico, el litio se emplea en aplicaciones de transferencia de calor, y por su elevado potencial electroquímico constituye un ánodo adecuado para las baterías eléctricas.
Además, las sales de litio se emplean para tratamientos psiquiátricos, también son extraordinarios absorbentes de humedad, por lo que se lo utiliza en bombas de absorción; el litio también se aplica en la lubricación a altas temperaturas y en diversas aleaciones para la construcción aeronáutica y la industria nuclear.
Avanza la prohibición de quema de pastizales
Media sanción al proyecto que prohíbe la quema de pastizales
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: Diario El Litorial Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
La Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego. La norma además establece el control sobre la generación de humo o gases que puedan ocasionar riesgos en el tránsito.
Los dieciocho diputados presentes en la sesión de ayer le dieron la media sanción al proyecto de ley que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la generación de humos o gases que ocasionen riesgos en el tránsito.
La iniciativa tiene relevancia ya que hace algunas semanas miles de hectáreas de campo fueron arrasadas por el fuego producto de las quemas irresponsables de los pobladores. El proyecto, venido en revisión desde el Senado, fue modificado y participaron en el mismo funcionarios de área competente como el director de Recursos Forestales de la provincia, Luis Mestres.
La norma establece la prohibición de la quema de pastizales y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan Corrientes.
En tanto, el Ejecutivo provincial deberá designar a la autoridad de aplicación de esta ley, que estará encargada de coordinar su gestión con las autoridades nacionales y municipales que correspondieren. Entre los considerandos, se señala que esta norma surgió como consecuencia de los diferentes incendios forestales registrados, entre ellos los daños generados en el Parque Nacional Mburucuyá.
Ese incendio forestal arrasó con 500 hectáreas de montes nativos y según fuentes del Ministerio de la Producción, el fuego comenzó a raíz de la quema para controlar malezas que realizaron lugareños.
La conversión en ley de esta norma es fundamental para Corrientes ya que es una de las provincias más forestadas del país y la amenaza de incendios es casi constante en todo el territorio provincial. La falta de conciencia de los pobladores transforma a los campos en zona de riesgo constante, mucho más teniendo en cuanta la sequía que no da tregua desde el año pasado.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara Baja que incluyó las modificaciones está integrada por María Inés Fagetti de Mansutti, Aurelio Díaz, María Cristina Schroder de Bruzzo, Héctor López y Bernardo Quetglas.
Fecha de Publicación: 30/04/2009
Fuente: Diario El Litorial Corrientes
Provincia/Región: Corrientes
La Cámara Baja aprobó el proyecto que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego. La norma además establece el control sobre la generación de humo o gases que puedan ocasionar riesgos en el tránsito.
Los dieciocho diputados presentes en la sesión de ayer le dieron la media sanción al proyecto de ley que prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la generación de humos o gases que ocasionen riesgos en el tránsito.
La iniciativa tiene relevancia ya que hace algunas semanas miles de hectáreas de campo fueron arrasadas por el fuego producto de las quemas irresponsables de los pobladores. El proyecto, venido en revisión desde el Senado, fue modificado y participaron en el mismo funcionarios de área competente como el director de Recursos Forestales de la provincia, Luis Mestres.
La norma establece la prohibición de la quema de pastizales y la instalación de cualquier tipo de depósito a cielo abierto, público y privado, de residuos sólidos, urbanos, industriales o de cualquier otra naturaleza, proclives a la combustión, autocombustión y generación de humos o gases que pudieren ocasionar riesgos al tránsito en las rutas provinciales y nacionales que atraviesan Corrientes.
En tanto, el Ejecutivo provincial deberá designar a la autoridad de aplicación de esta ley, que estará encargada de coordinar su gestión con las autoridades nacionales y municipales que correspondieren. Entre los considerandos, se señala que esta norma surgió como consecuencia de los diferentes incendios forestales registrados, entre ellos los daños generados en el Parque Nacional Mburucuyá.
Ese incendio forestal arrasó con 500 hectáreas de montes nativos y según fuentes del Ministerio de la Producción, el fuego comenzó a raíz de la quema para controlar malezas que realizaron lugareños.
La conversión en ley de esta norma es fundamental para Corrientes ya que es una de las provincias más forestadas del país y la amenaza de incendios es casi constante en todo el territorio provincial. La falta de conciencia de los pobladores transforma a los campos en zona de riesgo constante, mucho más teniendo en cuanta la sequía que no da tregua desde el año pasado.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara Baja que incluyó las modificaciones está integrada por María Inés Fagetti de Mansutti, Aurelio Díaz, María Cristina Schroder de Bruzzo, Héctor López y Bernardo Quetglas.
Atanor en el negocio del biocombustible
Atanor desembarca en el negocio del biocombustible
Fecha de Publicación: 29/04/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tucumán
De este modo sacará provecho de las ventajas de la ley que favorece a los productores locales. Desde 2010 elaborará unas 50 millones de toneladas
Aprovechando las ventajas que la ley de biocombustibles ofrecerá a los productores locales, Atanor decidió incursionar en este negocio. Antes de que finalice mayo, la principal compañía de agroquímicos del país presentará ante el Gobierno su plan para producir alrededor de 50 millones de toneladas de bioetanol a partir de 2010.
La empresa, propiedad de un millonario norteamericano que en los últimos meses descartó varias propuestas para venderla, desarrollará el producto para cubrir las necesidades del mercado interno, y utilizará como base uno de los ingenios que posee en Tucumán.
Atanor formará parte del grupo de empresas que la ley habilita para abastecer el mercado interno de biocombustibles, con el fin de sustituir los derivados del petróleo, al establecer que, a fin de esta década, las naftas deberán llevar un corte mínimo de 5% de bioetanol, y el gasoil, uno de 5% de biodiesel.
Miguel González, presidente de Atanor, explicó que la intención es producir alrededor del 20% del total que demandará el mercado, calculado en unas 270 millones de toneladas para los primeros años.
La idea es desarrollarlo a partir del alcohol en las instalaciones del Ingenio Concepción, en Tucumán. Para ese fin, se incrementará la producción de alcohol, llevándola de los 50 millones de litros actuales a 100 millones. A la vez, reducirá el nivel de producción de azúcar de exportación. “El alcohol es una energía renovable que vamos a aprovechar”, agregó González.
El ejecutivo explicó que tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar ante la Secretaría de Energía el plan de producción que contempla la construcción de una planta específica para producir bioetanol.
Este nuevo negocio le aportará a Atanor una facturación extra de u$s 15 millones a los u$s 700 millones con que espera cerrar el año y que representan unos u$s 200 millones menos que el volumen facturado en 2008.
Si bien se trata de una caída en el número, para González no es motivo de alarma sino de sinceramiento del mercado. “Vamos a crecer en volumen de producción de nuestros productos pero bajaremos en precio porque los valores han retrocedido a los niveles del 2007”, sostuvo.
Así y todo, González sostuvo que espera un buen año para la firma en lo referido a la relación con sus clientes, los productores agropecuarios a pesar del conflicto que soportan con el Gobierno por las retenciones a la soja, y de la fuerte baja en el precio de los commodities agropecuarios. “Estamos financieramente sanos y tenemos los insumos necesarios para abastecer normalmente a nuestros clientes”, sostuvo el ejecutivo.
Atanor es la mayor productora local de herbicidas del país para siembra directa como el glifosato y la atrazina. Además elabora insecticidas y fertilizantes y exporta mayormente a Brasil y Estados Unidos.
“La empresa sorteó con éxito el cimbronazo de la baja de los commodities y creemos que nuestras ventas van a crecer un 15% este año, pero con menores precios”, refrendó González, para quien “la recesión del mundo no impide que la gente deje de comer y nosotros tenemos los productos necesario para hacer que el campo siga produciendo. Atanor va a tener problemas el día que la gente deje de comer”.
El ejecutivo planteó una crítica a la política del Gobierno de cuestionar a los productores sojeros. “La economía K se benefició de la soja y no puede ser que ahora sea un enemigo. Deben repensar su política y los errores que cometieron”, criticó.
También cuestionó los informes que hablan de la peligrosidad del glifosato y dijo que “nadie del Gobierno habló con nosotros por este tema”.
En cuanto a la asistencia a sus clientes en este marco de crisis financiera, González aseguró que la empresa está en condiciones de otorgar financiamiento. “No tenemos problemas con la cadena de pagos pero si el productor pierde todos tenemos que perder algo también”.
Fecha de Publicación: 29/04/2009
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Tucumán
De este modo sacará provecho de las ventajas de la ley que favorece a los productores locales. Desde 2010 elaborará unas 50 millones de toneladas
Aprovechando las ventajas que la ley de biocombustibles ofrecerá a los productores locales, Atanor decidió incursionar en este negocio. Antes de que finalice mayo, la principal compañía de agroquímicos del país presentará ante el Gobierno su plan para producir alrededor de 50 millones de toneladas de bioetanol a partir de 2010.
La empresa, propiedad de un millonario norteamericano que en los últimos meses descartó varias propuestas para venderla, desarrollará el producto para cubrir las necesidades del mercado interno, y utilizará como base uno de los ingenios que posee en Tucumán.
Atanor formará parte del grupo de empresas que la ley habilita para abastecer el mercado interno de biocombustibles, con el fin de sustituir los derivados del petróleo, al establecer que, a fin de esta década, las naftas deberán llevar un corte mínimo de 5% de bioetanol, y el gasoil, uno de 5% de biodiesel.
Miguel González, presidente de Atanor, explicó que la intención es producir alrededor del 20% del total que demandará el mercado, calculado en unas 270 millones de toneladas para los primeros años.
La idea es desarrollarlo a partir del alcohol en las instalaciones del Ingenio Concepción, en Tucumán. Para ese fin, se incrementará la producción de alcohol, llevándola de los 50 millones de litros actuales a 100 millones. A la vez, reducirá el nivel de producción de azúcar de exportación. “El alcohol es una energía renovable que vamos a aprovechar”, agregó González.
El ejecutivo explicó que tienen plazo hasta el 15 de mayo para presentar ante la Secretaría de Energía el plan de producción que contempla la construcción de una planta específica para producir bioetanol.
Este nuevo negocio le aportará a Atanor una facturación extra de u$s 15 millones a los u$s 700 millones con que espera cerrar el año y que representan unos u$s 200 millones menos que el volumen facturado en 2008.
Si bien se trata de una caída en el número, para González no es motivo de alarma sino de sinceramiento del mercado. “Vamos a crecer en volumen de producción de nuestros productos pero bajaremos en precio porque los valores han retrocedido a los niveles del 2007”, sostuvo.
Así y todo, González sostuvo que espera un buen año para la firma en lo referido a la relación con sus clientes, los productores agropecuarios a pesar del conflicto que soportan con el Gobierno por las retenciones a la soja, y de la fuerte baja en el precio de los commodities agropecuarios. “Estamos financieramente sanos y tenemos los insumos necesarios para abastecer normalmente a nuestros clientes”, sostuvo el ejecutivo.
Atanor es la mayor productora local de herbicidas del país para siembra directa como el glifosato y la atrazina. Además elabora insecticidas y fertilizantes y exporta mayormente a Brasil y Estados Unidos.
“La empresa sorteó con éxito el cimbronazo de la baja de los commodities y creemos que nuestras ventas van a crecer un 15% este año, pero con menores precios”, refrendó González, para quien “la recesión del mundo no impide que la gente deje de comer y nosotros tenemos los productos necesario para hacer que el campo siga produciendo. Atanor va a tener problemas el día que la gente deje de comer”.
El ejecutivo planteó una crítica a la política del Gobierno de cuestionar a los productores sojeros. “La economía K se benefició de la soja y no puede ser que ahora sea un enemigo. Deben repensar su política y los errores que cometieron”, criticó.
También cuestionó los informes que hablan de la peligrosidad del glifosato y dijo que “nadie del Gobierno habló con nosotros por este tema”.
En cuanto a la asistencia a sus clientes en este marco de crisis financiera, González aseguró que la empresa está en condiciones de otorgar financiamiento. “No tenemos problemas con la cadena de pagos pero si el productor pierde todos tenemos que perder algo también”.
Daños Colaterales del modelo sojero
Daños Colaterales, el modelo sojero y la salud de las personas
Fecha de Publicación: 27/04/2009
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Protección a la Naturaleza editó el libro con la investigación de los efectos de los agroquímicos en los habitantes de tres barrios de Santo Tomé y de la comuna de Sauce Viejo
Desde hace años en la Argentina hay problemas en las zonas rurales por el efecto de los agroquímicos sobre las poblaciones. Pero a partir de 1996, cuando se empezó expandir la soja transgénica, también comenzó a incrementarse la cantidad de litros de agrotóxicos y se agudizó el problema. La rentabilidad de la oleaginosa fue empujando la frontera agrícola y en muchas localidades del país, y de Santa Fe particularmente, las zonas urbanas quedaron muy expuestas a las fumigaciones.
Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas, ni un registro serio que garantice empezar a afrontar la inquietud de los vecinos expuestos a los venenos desde el rigor del conocimiento científico.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) es una de las entidades de mayor trayectoria en la región en el tratamiento de la problemática de las fumigaciones. En los últimos años esa ONG encaró una investigación sociológica sobre los efectos de los agroquímicos en las personas que volcó en el libro, recientemente editado, Daños Colaterales.
Marta Costamagna, una de las autoras, explicó a Diario UNO que “la investigación se realizó con los pobladores de tres barrios que están entre Santo Tomé y Sauce Viejo. Esas zonas fueron suburbanas y con el tiempo se poblaron mucho más. Son los barrios Adelina Este, San Cayetano y Los Conquistadores”.
Acerca de la metodología de trabajo, Costamagna dijo: “Escogimos una muestra del 20 por ciento de cada uno y realizamos encuestas en relación a la cercanía con los campos que se fumigan, si saben cada cuánto se fumiga, cuáles son los integrantes de la familia, qué tipo de enfermedades tuvieron durante los últimos cinco años, quiénes fueron afectados, si hubo embarazos, si se produjeron adelantos de partos o abortos, si observaron en los animales y en el medio ambiente impactos luego de las fumigaciones.
“Ésta es una investigación sociológica, no científica como la de la UBA que aplicó a animales el glifosato, en una dosis 1.500 veces menor a las cantidades con las que se fumiga la soja, y se registraron malformaciones celulares, de huesos, problemas neuronales y todo tipo de problemas demostrables”, expresó.
“Lo nuestro –aclaró– apunta más a un análisis sociológico a partir de la reiteración que se da en los diferentes tipos de afecciones, los momentos en que surgen. La forma en que lo siente, lo vive y lo transmite la gente hace inferir que las fumigaciones sobre los campos en adyacencias a zonas pobladas provocan serias reacciones y enfermedades agudas que con el tiempo se pueden volver crónicas y que pueden desencadenar enfermedades terminales”.
Los pobres, los más indefensos
Costamagna explicó: “A partir de esos resultados determinamos que la problemática está muy relacionada al nivel de conocimiento que tiene la gente e incluso las condiciones socioeconómicas de los tres barrios son diferentes. San Cayetano es de clase baja; Adelina Este, clase media baja; y Los Conquistadores son clase media alta”.
“En San Cayetano se repiten todas las afecciones pero la gente no llega a detectar (los tres barrios están cerca del parque industrial y no tienen agua potable y se nutren de perforaciones) que los problemas de piel en niños y adultos están relacionados con la cercanía de los campos”, aseguró.
Al mismo tiempo en la investigación se determinó que “de más de 280 personas encuestadas, 174 tienen problemas o afecciones, lo que significa el 60 por ciento. De esos 174 casos, un 60 por ciento tiene afecciones respiratorias y de piel. Después hay personas con problemas de picazón en los ojos, infecciones, lesiones oculares, dolores de cabeza, que se relacionan con las fumigaciones”.
Concientización de la gente
Por su parte, Luis Carreras, otro de los autores, marcó los objetivos: “Lo que queremos es tratar de sensibilizar a la gente, porque a partir de ahí las personas empiezan a participar y a ver las cosas de otra manera.
“Todavía no tuvimos contacto con el Ministerio de Salud porque recién estamos presentando el libro. Tuvimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente de la provincia (César Mackler), quien habló de una misión interministerial para tratar estos temas. Pero nadie firma la realización de estudios epidemiológicos. El ministro de Salud (Miguel Ángel Capiello) salió a decir que serían necesarios, pero sabemos cómo es esto. Estamos en Santa Fe, en la Argentina y estamos con un modelo asumido por los productores donde parece que vale más el lucro individual que la salud de la población”, aseveró.
“La única posibilidad que hay –continuó– es que haya presión de la gente, como sucedió en San Jorge, donde el juez prohibió las fumigaciones y dio pie para que los vecinos empiecen a pedir un estudio epidemiológico.
“El Cepronat tiene 32 años y durante ese tiempo tuvo muchas intervenciones en casos de intoxicaciones con agroquímicos. En un primer momento, en 1980, tuvo que ver con la mortandad de aves y peces en la zona de las arroceras”, dijo Carreras.
“Esta preocupación del Centro se acentúa, ante la aparición del modelo agrobiotecnológico, con las fumigaciones en los campos. En los años 80 se había empezado a implementar lo que se llamó el control integrado de plagas que significó, en cierta forma, una reducción del uso de los agrotóxicos”, aseguró.
“Pero luego, una estrategia productivista, aliada con la soja transgénica y la siembra directa, hizo que cada vez se comenzara a utilizar una mayor cantidad de agrotóxicos, en especial el glifosato y otros más tóxicos. Hoy no se tiene información de cuáles son sus efectos en el tiempo. La intoxicación aguda se conoce porque pasó un avión o un mosquito y te fumigó. El problema es qué pasa con la gente a la que se la fumiga todos los años, cómo ese veneno se acumula en su cuerpo, cómo genera enfermedades con el tiempo”, concluyó.
Investigación
Los autores destacaron la labor de las trabajadoras sociales que participaron en la investigación y de todo el equipo que trabajó detrás del libro.
Se imprimieron 350 ejemplares y el libro se está vendiendo para poder juntar fondos, volver a hacer otra edición y poder seguir financiando otras actividades de la institución.
Fecha de Publicación: 27/04/2009
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Nacional
El Centro de Protección a la Naturaleza editó el libro con la investigación de los efectos de los agroquímicos en los habitantes de tres barrios de Santo Tomé y de la comuna de Sauce Viejo
Desde hace años en la Argentina hay problemas en las zonas rurales por el efecto de los agroquímicos sobre las poblaciones. Pero a partir de 1996, cuando se empezó expandir la soja transgénica, también comenzó a incrementarse la cantidad de litros de agrotóxicos y se agudizó el problema. La rentabilidad de la oleaginosa fue empujando la frontera agrícola y en muchas localidades del país, y de Santa Fe particularmente, las zonas urbanas quedaron muy expuestas a las fumigaciones.
Hasta el momento no existen estudios epidemiológicos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas, ni un registro serio que garantice empezar a afrontar la inquietud de los vecinos expuestos a los venenos desde el rigor del conocimiento científico.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) es una de las entidades de mayor trayectoria en la región en el tratamiento de la problemática de las fumigaciones. En los últimos años esa ONG encaró una investigación sociológica sobre los efectos de los agroquímicos en las personas que volcó en el libro, recientemente editado, Daños Colaterales.
Marta Costamagna, una de las autoras, explicó a Diario UNO que “la investigación se realizó con los pobladores de tres barrios que están entre Santo Tomé y Sauce Viejo. Esas zonas fueron suburbanas y con el tiempo se poblaron mucho más. Son los barrios Adelina Este, San Cayetano y Los Conquistadores”.
Acerca de la metodología de trabajo, Costamagna dijo: “Escogimos una muestra del 20 por ciento de cada uno y realizamos encuestas en relación a la cercanía con los campos que se fumigan, si saben cada cuánto se fumiga, cuáles son los integrantes de la familia, qué tipo de enfermedades tuvieron durante los últimos cinco años, quiénes fueron afectados, si hubo embarazos, si se produjeron adelantos de partos o abortos, si observaron en los animales y en el medio ambiente impactos luego de las fumigaciones.
“Ésta es una investigación sociológica, no científica como la de la UBA que aplicó a animales el glifosato, en una dosis 1.500 veces menor a las cantidades con las que se fumiga la soja, y se registraron malformaciones celulares, de huesos, problemas neuronales y todo tipo de problemas demostrables”, expresó.
“Lo nuestro –aclaró– apunta más a un análisis sociológico a partir de la reiteración que se da en los diferentes tipos de afecciones, los momentos en que surgen. La forma en que lo siente, lo vive y lo transmite la gente hace inferir que las fumigaciones sobre los campos en adyacencias a zonas pobladas provocan serias reacciones y enfermedades agudas que con el tiempo se pueden volver crónicas y que pueden desencadenar enfermedades terminales”.
Los pobres, los más indefensos
Costamagna explicó: “A partir de esos resultados determinamos que la problemática está muy relacionada al nivel de conocimiento que tiene la gente e incluso las condiciones socioeconómicas de los tres barrios son diferentes. San Cayetano es de clase baja; Adelina Este, clase media baja; y Los Conquistadores son clase media alta”.
“En San Cayetano se repiten todas las afecciones pero la gente no llega a detectar (los tres barrios están cerca del parque industrial y no tienen agua potable y se nutren de perforaciones) que los problemas de piel en niños y adultos están relacionados con la cercanía de los campos”, aseguró.
Al mismo tiempo en la investigación se determinó que “de más de 280 personas encuestadas, 174 tienen problemas o afecciones, lo que significa el 60 por ciento. De esos 174 casos, un 60 por ciento tiene afecciones respiratorias y de piel. Después hay personas con problemas de picazón en los ojos, infecciones, lesiones oculares, dolores de cabeza, que se relacionan con las fumigaciones”.
Concientización de la gente
Por su parte, Luis Carreras, otro de los autores, marcó los objetivos: “Lo que queremos es tratar de sensibilizar a la gente, porque a partir de ahí las personas empiezan a participar y a ver las cosas de otra manera.
“Todavía no tuvimos contacto con el Ministerio de Salud porque recién estamos presentando el libro. Tuvimos una reunión con el secretario de Medio Ambiente de la provincia (César Mackler), quien habló de una misión interministerial para tratar estos temas. Pero nadie firma la realización de estudios epidemiológicos. El ministro de Salud (Miguel Ángel Capiello) salió a decir que serían necesarios, pero sabemos cómo es esto. Estamos en Santa Fe, en la Argentina y estamos con un modelo asumido por los productores donde parece que vale más el lucro individual que la salud de la población”, aseveró.
“La única posibilidad que hay –continuó– es que haya presión de la gente, como sucedió en San Jorge, donde el juez prohibió las fumigaciones y dio pie para que los vecinos empiecen a pedir un estudio epidemiológico.
“El Cepronat tiene 32 años y durante ese tiempo tuvo muchas intervenciones en casos de intoxicaciones con agroquímicos. En un primer momento, en 1980, tuvo que ver con la mortandad de aves y peces en la zona de las arroceras”, dijo Carreras.
“Esta preocupación del Centro se acentúa, ante la aparición del modelo agrobiotecnológico, con las fumigaciones en los campos. En los años 80 se había empezado a implementar lo que se llamó el control integrado de plagas que significó, en cierta forma, una reducción del uso de los agrotóxicos”, aseguró.
“Pero luego, una estrategia productivista, aliada con la soja transgénica y la siembra directa, hizo que cada vez se comenzara a utilizar una mayor cantidad de agrotóxicos, en especial el glifosato y otros más tóxicos. Hoy no se tiene información de cuáles son sus efectos en el tiempo. La intoxicación aguda se conoce porque pasó un avión o un mosquito y te fumigó. El problema es qué pasa con la gente a la que se la fumiga todos los años, cómo ese veneno se acumula en su cuerpo, cómo genera enfermedades con el tiempo”, concluyó.
Investigación
Los autores destacaron la labor de las trabajadoras sociales que participaron en la investigación y de todo el equipo que trabajó detrás del libro.
Se imprimieron 350 ejemplares y el libro se está vendiendo para poder juntar fondos, volver a hacer otra edición y poder seguir financiando otras actividades de la institución.
Soja: amenazan al científico que publicó estudios
Soja: amenazaron a un científico que publicó estudios sobre consecuencias del glifosato
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Nacional
Según recientes estudios realizados por el investigador Andrés Carrasco, en la Facultad de Medicina de la UBA, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El lobbysta sojero Hector Huergo, en Clarín Rural, calificó la investigación como “un supuesto estudio científico”. Luego que el trabajo fuera publicado en Pagina 12, Carrasco fue víctima esta semana de un acto intimidatorio por parte de cuatro hombres, en la propia facultad. Se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos, pero no dieron sus nombres.
El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos.
A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël.
El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba.
Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”.
El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: InfoAlternativa
Provincia/Región: Nacional
Según recientes estudios realizados por el investigador Andrés Carrasco, en la Facultad de Medicina de la UBA, el glifosato en dosis muy inferiores a las que se emplean en la agricultura produce gravísimas alteraciones embrionarias. El lobbysta sojero Hector Huergo, en Clarín Rural, calificó la investigación como “un supuesto estudio científico”. Luego que el trabajo fuera publicado en Pagina 12, Carrasco fue víctima esta semana de un acto intimidatorio por parte de cuatro hombres, en la propia facultad. Se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos, pero no dieron sus nombres.
El doctor en medicina Carrasco, de 63 años, trabaja desde hace casi treinta en desarrollo embrionario, fue presidente del Conicet y es Subsecretario De Innovación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa. Realizó el experimento en su laboratorio de embriología molecular, con sede en el Instituto de Biología Celular y Neurociencias de la Facultad de Medicina, en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
La difusión de su estudio dio lugar a virulentas reacciones del lobby agromediático. Comenzó con una nota en Clarín de Matías Longoni, uno de los principales colaboradores del ex director del INTA y lobbysta sojero Héctor Huergo en el suplemento Clarín Rural, quien lo descalificó como “un supuesto estudio científico”. Siguió con una nota en La Nación, sobre un “estudio de supuesta validez científica”. Clarín está asociado con La Nación en la feria anual Expoagro, en torno de la cual se realizan cada año negocios por no menos de 300 millones de dólares vinculados con los productos transgénicos y sus encadenamientos económicos.
A mediados de esta semana Carrasco fue víctima de un acto intimidatorio en la propia Facultad de Medicina, donde cuatro hombres llegaron hasta su laboratorio e increparon a una colaboradora de Carrasco. Dos de ellos, que parecían “muy nerviosos y exaltados”, se presentaron como miembros de la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos y se negaron a dar sus nombres. Los otros dos dijeron ser abogado y escribano. En ausencia de Carrasco interrogaron a la investigadora y exigieron ver “los informes, los experimentos”, para lo que carecían de cualquier título. Dejaron una tarjeta del estudio Basílico, Santurio & Andrada a nombre del abogado Alejandro Felipe Noël.
El decano de la Facultad de Medicina se solidarizó con Carrasco y le ofreció el asesoramiento del área jurídica de la facultad. Cuando desde la facultad llamaron al estudio para verificar la existencia del abogado recibieron la respuesta de que no estaba.
Carrasco no oculta su indignación por la presencia amenazante de estas personas, que “no tienen derecho a hacer interrogatorios en un ámbito académico. Trataron de convertir en delito la difusión de mi trabajo, con una virulencia y agresividad enormes”. Por la noche encontró en el contestador de su teléfono insultos a “este señor que no quiere mostrar el informe”. Carrasco explica: “Si yo sé algo no me voy a callar la boca. En todo caso pongo en juego mi prestigio entre mis pares. Si lo que digo es falso, yo resultaré perjudicado, si es verdad, compartamos los beneficios de saber”.
El 16 de abril esa cámara (Ciafa) y la de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) dijeron en una declaración conjunta que para el Senasa el principio activo glifosato en su uso normal está dentro del grupo de activos de menor riesgo toxicológico y se lo utiliza con éxito en todo el mundo. Aprobado por los organismos de protección ambiental de Estados Unidos y Europa, se comercializa en más de 140 países. Agregan que no presenta efectos nocivos sobre la fauna, la microfauna ni la salud humana, ni tiene efectos inaceptables para el ambiente.
Residuos en Córdoba
Sin fondos para erradicar basurales
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Nación no envía el dinero prometido para los programas de saneamiento. Hace 10 años había 600 depósitos a cielo abierto en la provincia. Ahora hay 700. En 1999 los cordobeses generaban 1,25 millón de toneladas de desechos. En la actualidad, 3,5 millones.
La gestión deficitaria de los residuos sólidos urbanos, asociada al alto impacto ambiental de los basurales a cielo abierto, constituye uno de los pasivos ambientales de Córdoba más difíciles de remediar.
Y todo parece indicar que el problema continuará agudizándose debido a la improvisación y la falta de fondos para financiar proyectos de saneamiento. Ahora, por caso, la Nación demora el envío de remesas comprometidas el año pasado para erradicar basurales a cielo abierto.
Para tener una idea más acabada de la magnitud de esta dificultad sanitaria, vale tomar en cuenta un par de referencias objetivas: en 1999, el diagnóstico provincial de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) determinó que los 427 conglomerados urbanos cordobeses generaban, en conjunto, 1,25 millón de toneladas de basura por año. Entonces había alrededor de 600 basurales a cielo abierto, donde se acumulaban montañas de desperdicios sin tratamiento alguno.
En la actualidad el volumen de basura producido al año en la provincia es de aproximadamente 3,5 millones de toneladas y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
Obra inconclusa. En el medio, la entonces Agencia Córdoba Ambiente diseñó el Programa Córdoba Limpia, con el objeto de gestionar la totalidad de los RSU que se generan en la provincia y erradicar los basurales a cielo abierto.
La estrategia contemplaba la regionalización de la provincia en 12 áreas, tomando como referencia los puntos de mayor generación de desperdicios.
También introdujo un concepto inapelable desde el sentido común: resulta inviable cualquier proyecto para abordar la problemática si asigna la gestión exclusivamente al municipio.
Sobre esas premisas, planteaba la construcción de una red sanitaria provincial de 12 vertederos controlados y 21 estaciones de transferencia.
En términos generales, el plan fue resistido por organizaciones no gubernamentales, pero respaldado por técnicos en higiene ambiental.
De todos modos, en 2003, la Legislatura cordobesa sancionó la ley para la regulación del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, y Córdoba Limpia se puso en marcha.
Pero no llegó muy lejos. De la docena de vertederos regionales previstos sólo se concretó el de Traslasierra, que se construyó en las afueras de Villa Dolores. Paradójicamente, esta ciudad –la que más basura genera en el valle–, se abrió del sistema y proyecta construir un establecimiento propio para la disposición final de sus residuos.
También se construyó el vertedero de Cruz del Eje, pero recién en el segundo semestre de este año empezaría a recibir la basura de ese departamento y de algunas poblaciones del norte de Punilla (ver Vertedero dormido).
Conspiró contra el Córdoba Limpia la imposibilidad de lograr que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financiera en forma completa, ya que la Provincia carecía de los fondos propios necesarios.
A falta de pan... Las actuales autoridades de la Secretaría de Ambiente decidieron reformular el Córdoba Limpia. Así surgió el Programa Integral de Tratamiento de los RSU. Este redujo las denominadas "Regiones limpias" de 12 a cinco: Colón, Calamuchita, Punilla, San Justo y Río Cuarto.
El 19 de diciembre último la propuesta se puso a consideración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Este organismo lo aprobó técnicamente y se comprometió a aportar unos 45 millones de pesos al año para llevar adelante el plan. Por su parte, la Provincia resolvió, por ley, asignarle 15 millones de pesos provenientes del Impuesto al Fuego. De este monto, el gobernador Juan Schiaretti prometió cinco millones al año al intendente de Córdoba, Daniel Giacomino.
Pero la Nación demora el envío de esos fondos, lo que mantiene prácticamente paralizadas las acciones en el interior.
"Vamos a esperar que pasen las elecciones (legislativas de junio) para ver cómo sigue esta historia", se sinceró el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa.
"Si la plata de la Nación no llega tendremos que poner en marcha el plan B, que contempla, al menos, dos alternativas: distribuir equitativamente los 10 millones propios entre los municipios con problemas de RSU más graves o destinar ese monto a la solución integral de una región por vez", adelantó el funcionario.
Una vez más la falta de fondos obliga a seguir improvisando. Y van...
Analizan predios militares para el enterramiento
Un destino posible es un campo que forma parte de la Escuela de Aviación.
El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, afirmó que el predio que más le interesa para radicar el nuevo enterramiento sanitario se encuentra en la zona oeste del ejido urbano municipal. Se trata de terrenos que forman parte de la Escuela de Aviación Militar, y que estarían alejados unos tres kilómetros de la zona urbana más cercana.
Giacomino realizó estas declaraciones el pasado viernes en el programa político Zona de opinión. En la entrevista, el intendente afirmó que había dos predios en condiciones de recibir la basura que produce la ciudad de Córdona: uno en el norte y otro en el oeste.
Pero agregó que se inclinaba por este último, ubicado en predios de la Fuerza Aérea, a unos tres kilómetros de barrio Sacchi.
Cabe recordar que el propio Giacomino había anunciado que la Universidad Nacional de Córdoba iba a aconsejar sobre los terrenos en los que se podía radicar el enterramiento, luego de una serie de estudios que demandarían dos meses.
Esa decisión se tomó luego de que la Municipalidad decidiera dejar de llevar la basura al predio de Potrero del Estado, debido al largo enfrentamiento con los vecinos de Bouwer, que denuncian problemas de salud y molestias constantes debido a las montañas de basura. Hasta el momento la Provincia no ratificó la decisiónclausura de Potrero del Estado.
Plata al tacho
Hace un lustro, la Provincia anunciaba un programa para erradicar los cientos de basurales a cielo abierto que crecen año a año, contaminando suelos, aire y napas de agua desde hace décadas. El Córdoba Limpia tuvo como virtud, quizás, ser el primer plan integral en el rubro para toda la provincia. La idea, nacida durante la primera gestión delasotista, planteaba crear vertederos controlados que, por regiones, concentraran los residuos. Hasta una ley se sancionó que prohibía los basurales desde una fecha en la que esos vertederos debían estar listos. Hace años que pasó ese plazo y de la lista de una decena de vertederos sólo uno se terminó creando: el de Traslasierra. Y ese único está envuelto hoy en una controversia por su funcionamiento entre sus municipios asociados. A éste se suman sólo otros dos sistemas previos de enterramiento sanitario: el de Río Cuarto y el Córdoba capital, que en Bouwer tiene los días contados. Por lejos, la mayor parte del territorio cordobés no tiene resuelto un destino adecuado para los residuos que genera, a razón de casi un kilo promedio por día y por persona. Se trata de unos de los pasivos ambientales más serios de Córdoba.
Ahora se intenta reflotar otro plan desde la Provincia, también con sistemas de enterramiento controlados por regiones. El dilema es, una y otra vez, que faltan los fondos para financiarlo. Las prioridades presupuestarias suelen pasar por obras que se ven más y que –debería reconocerse– la gente también reclama más. El destino de los residuos no parece una prioridad tampoco para la sociedad, salvo para los que sufren por la intolerable presencia de un basural frente a sus narices.
Si de números se trata, otra complicación es que para municipios y comunas resulta siempre más barato arrojar su basura a cielo abierto, en lo posible lejos de la vista de sus vecinos, que gastar en tratamientos algo más complejos pero adecuados para evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Vertedero dormido
Cruz del Eje. El vertedero provincial ubicado en cercanías de la ruta provincial 16, a escasa distancia de Cruz del Eje, terminó de construirse en 2007, pero aún no funciona.
Quizá la situación cambie en el segundo semestre de este año. Es que el intendente de la localidad, Mario Blanco, la semana pasada firmó un acuerdo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia en virtud del cual recibió el complejo en comodato por un año para que disponga los RSU de esa ciudad –de 32 mil habitantes– y de otras localidades del departamento y del norte de Punilla.
"Este vertedero fue pensado por ingenieros, no por contadores. Es complicado hacerlo funcionar y mantenerlo económicamente", dijo Blanco. Por esa razón salió a buscar socios regionales para compartir los costos operativos. Hasta ahora sumó a Villa de Soto y San Marcos Sierras, en el departamento, y a la ciudad de La Falda, en Punilla.
Localidades con conciencia
En Córdoba hay municipios que gestionan la basura con sistemas propios y con resultados ambientales satisfactorios.
Villa Giardino. Transforma los residuos orgánicos en abono y recicla los inorgánicos. Al papel y al cartón los vende a una empresa líder de Buenos Aires. Además realiza la recolección diferenciada de los envases plásticos (PET).
Leones. Aplica desde fines del año pasado un innovador esquema que contempla la compactación de la basura recolectada a una alta tasa de compresión, su aislamiento en bolsas de polipropileno (lo que evita su dispersión, el contacto con el aire y los malos olores), la disposición final de modo más eficaz y el almacenamiento de los líquidos lixiviados en tanques para su posterior tratamiento.
La Para. Desde 1998 aplica un sistema propio de tratamiento de los RSU. El programa consiste en la preselección domiciliaria de la basura que luego es separada en el predio de tratamiento. Permitió reducir sensiblemente el volumen de desperdicios en el basural a cielo abierto.
Fecha de Publicación: 26/04/2009
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
La Nación no envía el dinero prometido para los programas de saneamiento. Hace 10 años había 600 depósitos a cielo abierto en la provincia. Ahora hay 700. En 1999 los cordobeses generaban 1,25 millón de toneladas de desechos. En la actualidad, 3,5 millones.
La gestión deficitaria de los residuos sólidos urbanos, asociada al alto impacto ambiental de los basurales a cielo abierto, constituye uno de los pasivos ambientales de Córdoba más difíciles de remediar.
Y todo parece indicar que el problema continuará agudizándose debido a la improvisación y la falta de fondos para financiar proyectos de saneamiento. Ahora, por caso, la Nación demora el envío de remesas comprometidas el año pasado para erradicar basurales a cielo abierto.
Para tener una idea más acabada de la magnitud de esta dificultad sanitaria, vale tomar en cuenta un par de referencias objetivas: en 1999, el diagnóstico provincial de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) determinó que los 427 conglomerados urbanos cordobeses generaban, en conjunto, 1,25 millón de toneladas de basura por año. Entonces había alrededor de 600 basurales a cielo abierto, donde se acumulaban montañas de desperdicios sin tratamiento alguno.
En la actualidad el volumen de basura producido al año en la provincia es de aproximadamente 3,5 millones de toneladas y los sitios donde se acumulan los residuos a la intemperie son más de 700, según la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
Obra inconclusa. En el medio, la entonces Agencia Córdoba Ambiente diseñó el Programa Córdoba Limpia, con el objeto de gestionar la totalidad de los RSU que se generan en la provincia y erradicar los basurales a cielo abierto.
La estrategia contemplaba la regionalización de la provincia en 12 áreas, tomando como referencia los puntos de mayor generación de desperdicios.
También introdujo un concepto inapelable desde el sentido común: resulta inviable cualquier proyecto para abordar la problemática si asigna la gestión exclusivamente al municipio.
Sobre esas premisas, planteaba la construcción de una red sanitaria provincial de 12 vertederos controlados y 21 estaciones de transferencia.
En términos generales, el plan fue resistido por organizaciones no gubernamentales, pero respaldado por técnicos en higiene ambiental.
De todos modos, en 2003, la Legislatura cordobesa sancionó la ley para la regulación del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, y Córdoba Limpia se puso en marcha.
Pero no llegó muy lejos. De la docena de vertederos regionales previstos sólo se concretó el de Traslasierra, que se construyó en las afueras de Villa Dolores. Paradójicamente, esta ciudad –la que más basura genera en el valle–, se abrió del sistema y proyecta construir un establecimiento propio para la disposición final de sus residuos.
También se construyó el vertedero de Cruz del Eje, pero recién en el segundo semestre de este año empezaría a recibir la basura de ese departamento y de algunas poblaciones del norte de Punilla (ver Vertedero dormido).
Conspiró contra el Córdoba Limpia la imposibilidad de lograr que el Banco Interamericano de Desarrollo lo financiera en forma completa, ya que la Provincia carecía de los fondos propios necesarios.
A falta de pan... Las actuales autoridades de la Secretaría de Ambiente decidieron reformular el Córdoba Limpia. Así surgió el Programa Integral de Tratamiento de los RSU. Este redujo las denominadas "Regiones limpias" de 12 a cinco: Colón, Calamuchita, Punilla, San Justo y Río Cuarto.
El 19 de diciembre último la propuesta se puso a consideración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Este organismo lo aprobó técnicamente y se comprometió a aportar unos 45 millones de pesos al año para llevar adelante el plan. Por su parte, la Provincia resolvió, por ley, asignarle 15 millones de pesos provenientes del Impuesto al Fuego. De este monto, el gobernador Juan Schiaretti prometió cinco millones al año al intendente de Córdoba, Daniel Giacomino.
Pero la Nación demora el envío de esos fondos, lo que mantiene prácticamente paralizadas las acciones en el interior.
"Vamos a esperar que pasen las elecciones (legislativas de junio) para ver cómo sigue esta historia", se sinceró el secretario de Ambiente de Córdoba, Raúl Costa.
"Si la plata de la Nación no llega tendremos que poner en marcha el plan B, que contempla, al menos, dos alternativas: distribuir equitativamente los 10 millones propios entre los municipios con problemas de RSU más graves o destinar ese monto a la solución integral de una región por vez", adelantó el funcionario.
Una vez más la falta de fondos obliga a seguir improvisando. Y van...
Analizan predios militares para el enterramiento
Un destino posible es un campo que forma parte de la Escuela de Aviación.
El intendente de Córdoba, Daniel Giacomino, afirmó que el predio que más le interesa para radicar el nuevo enterramiento sanitario se encuentra en la zona oeste del ejido urbano municipal. Se trata de terrenos que forman parte de la Escuela de Aviación Militar, y que estarían alejados unos tres kilómetros de la zona urbana más cercana.
Giacomino realizó estas declaraciones el pasado viernes en el programa político Zona de opinión. En la entrevista, el intendente afirmó que había dos predios en condiciones de recibir la basura que produce la ciudad de Córdona: uno en el norte y otro en el oeste.
Pero agregó que se inclinaba por este último, ubicado en predios de la Fuerza Aérea, a unos tres kilómetros de barrio Sacchi.
Cabe recordar que el propio Giacomino había anunciado que la Universidad Nacional de Córdoba iba a aconsejar sobre los terrenos en los que se podía radicar el enterramiento, luego de una serie de estudios que demandarían dos meses.
Esa decisión se tomó luego de que la Municipalidad decidiera dejar de llevar la basura al predio de Potrero del Estado, debido al largo enfrentamiento con los vecinos de Bouwer, que denuncian problemas de salud y molestias constantes debido a las montañas de basura. Hasta el momento la Provincia no ratificó la decisiónclausura de Potrero del Estado.
Plata al tacho
Hace un lustro, la Provincia anunciaba un programa para erradicar los cientos de basurales a cielo abierto que crecen año a año, contaminando suelos, aire y napas de agua desde hace décadas. El Córdoba Limpia tuvo como virtud, quizás, ser el primer plan integral en el rubro para toda la provincia. La idea, nacida durante la primera gestión delasotista, planteaba crear vertederos controlados que, por regiones, concentraran los residuos. Hasta una ley se sancionó que prohibía los basurales desde una fecha en la que esos vertederos debían estar listos. Hace años que pasó ese plazo y de la lista de una decena de vertederos sólo uno se terminó creando: el de Traslasierra. Y ese único está envuelto hoy en una controversia por su funcionamiento entre sus municipios asociados. A éste se suman sólo otros dos sistemas previos de enterramiento sanitario: el de Río Cuarto y el Córdoba capital, que en Bouwer tiene los días contados. Por lejos, la mayor parte del territorio cordobés no tiene resuelto un destino adecuado para los residuos que genera, a razón de casi un kilo promedio por día y por persona. Se trata de unos de los pasivos ambientales más serios de Córdoba.
Ahora se intenta reflotar otro plan desde la Provincia, también con sistemas de enterramiento controlados por regiones. El dilema es, una y otra vez, que faltan los fondos para financiarlo. Las prioridades presupuestarias suelen pasar por obras que se ven más y que –debería reconocerse– la gente también reclama más. El destino de los residuos no parece una prioridad tampoco para la sociedad, salvo para los que sufren por la intolerable presencia de un basural frente a sus narices.
Si de números se trata, otra complicación es que para municipios y comunas resulta siempre más barato arrojar su basura a cielo abierto, en lo posible lejos de la vista de sus vecinos, que gastar en tratamientos algo más complejos pero adecuados para evitar riesgos sanitarios y ambientales.
Vertedero dormido
Cruz del Eje. El vertedero provincial ubicado en cercanías de la ruta provincial 16, a escasa distancia de Cruz del Eje, terminó de construirse en 2007, pero aún no funciona.
Quizá la situación cambie en el segundo semestre de este año. Es que el intendente de la localidad, Mario Blanco, la semana pasada firmó un acuerdo con la Secretaría de Ambiente de la Provincia en virtud del cual recibió el complejo en comodato por un año para que disponga los RSU de esa ciudad –de 32 mil habitantes– y de otras localidades del departamento y del norte de Punilla.
"Este vertedero fue pensado por ingenieros, no por contadores. Es complicado hacerlo funcionar y mantenerlo económicamente", dijo Blanco. Por esa razón salió a buscar socios regionales para compartir los costos operativos. Hasta ahora sumó a Villa de Soto y San Marcos Sierras, en el departamento, y a la ciudad de La Falda, en Punilla.
Localidades con conciencia
En Córdoba hay municipios que gestionan la basura con sistemas propios y con resultados ambientales satisfactorios.
Villa Giardino. Transforma los residuos orgánicos en abono y recicla los inorgánicos. Al papel y al cartón los vende a una empresa líder de Buenos Aires. Además realiza la recolección diferenciada de los envases plásticos (PET).
Leones. Aplica desde fines del año pasado un innovador esquema que contempla la compactación de la basura recolectada a una alta tasa de compresión, su aislamiento en bolsas de polipropileno (lo que evita su dispersión, el contacto con el aire y los malos olores), la disposición final de modo más eficaz y el almacenamiento de los líquidos lixiviados en tanques para su posterior tratamiento.
La Para. Desde 1998 aplica un sistema propio de tratamiento de los RSU. El programa consiste en la preselección domiciliaria de la basura que luego es separada en el predio de tratamiento. Permitió reducir sensiblemente el volumen de desperdicios en el basural a cielo abierto.
Ante el riesgo de volver al pasado
Ante el riesgo de volver al pasado
Fecha de Publicación: 25/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Crece la preocupación en el agro ante la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso del glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional
El campo está otra vez en alerta, y eso no es un dato menor. Si no se desactiva a tiempo, la bomba puede llegar a explotar y desparramar sus esquirlas por toda la agricultura y la economía nacional. Las consecuencias serían muy graves.
La producción retrocedería en el tiempo, quizás a más de 20 años de lo que es hoy. Después de la fallida resolución 125 de retenciones móviles, que buscaba apropiarse de una supuesta renta extraordinaria del agro, ahora hay una bomba que apunta directo al corazón del saber hacer de la producción agrícola. Esa bomba es la posibilidad de que se suspenda o prohíba el uso del herbicida glifosato, una de las patas de la mesa que hoy sustenta la producción sojera junto con el sistema de siembra directa y la oleaginosa transgénica resistente al agroquímico.
En el fondo, el glifosato va más allá de la soja. También se aplica antes de siembras de pasturas y verdeos en ganadería y tambo y también para los barbechos previos de otros tantos cultivos que se producen. De hecho, también se usa en producciones intensivas como vid y olivo. "El glifosato es usado en los 30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, en diferentes cultivos y en varios momentos del año, independientemente de la siembra directa. Incluso va mucho más allá de la soja", recordó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
La mecha de la bomba la encendió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), que inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por 180 días, plazo que consideró necesario para que se expida sobre este producto la Comisión Nacional de Investigaciones, relacionada con el tratamiento y la contaminación ambiental por agroquímicos (ver aparte).
Entre otros argumentos, los abogados ambientalistas citaron en su recurso un trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA sobre los presuntos trastornos a la salud por el glifosato con pruebas sobre embriones de anfibios.
El Senasa y sectores de la provisión de insumos buscaron acceder a una copia de ese trabajo, sin éxito. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y del mencionado laboratorio también se desempeña como funcionario de la ministra de Defensa, Nilda Garré, ya que es subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Lo que está en juego
Son entre 160 y 180 millones los litros de glifosato que se usan en el país en un mercado de US$ 600 millones. De 200 marcas registradas, 10 pertenecen a la multinacional Monsanto.
En este contexto, LA NACION consultó a diversos especialistas sobre qué sucedería con la producción si se suspendiera o prohibiera el glifosato.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), sintetizó el impacto en los siguientes ocho puntos: aumento de costos para controlar malezas en el barbecho y en el cultivo (hay estimaciones de que subirían de 15 a 20%); vuelta a productos químicos con mayor toxicidad y de menor eficiencia de control; mayor acumulación de otros herbicidas en los suelos y en las aguas; drástica reducción en siembra directa; menor eficiencia en el almacenaje de agua; menor flexibilidad para la producción; pérdida de rendimiento en las variedades de soja convencionales y menor producción global.
"Salvando las distancias, para la gente común es como si se prohibiera la aspirina", comparó Rossi.
Pablo Spelanzón, un reconocido productor de la zona de Bragado, consideró que una eventual prohibición del glifosato significaría "prácticamente el fin de la siembra directa que tanto he pregonado". Según Spelanzón, esto es porque "no habría producto en el mercado que lo pueda reemplazar, y bajaría drásticamente la producción en valores alarmantes, cerca del 30/40%", según dijo el productor.
"Pensemos que la agricultura en siembra directa ocupa un área del 70 a 80% y el productor perdería la gimnasia que tenía y tiene con esta técnica. Así los productores se volcarían a una agricultura convencional (labranzas)", señaló Spelanzón, que añadió: "Atrasaríamos 15 a 20 años".
Desde Aapresid, Sylvestre Begnis opinó qué ocurriría con la siembra directa, que hoy se hace en más de 20 millones de hectáreas. "Caería la adopción pero la directa no es dependiente del glifosato, así que dependería de la decisión agroempresarial de cada productor", precisó.
El tándem soja transgénica-glifosato permitió el control de malezas difícil (como el sorgo de Alepo) y abrió el camino para la siembra de otros cultivos en campos que antes eran de difícil siembra por las malezas.
Esta semana, Guillermo Cal, director de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que difundió un comunicado recordando estudios que avalan el glifosato y su bajo riesgo, incluso del Senasa, también coincidió en que sin el herbicida los rindes bajarían 30/40 por ciento.
Guillermo Villagra, productor, subrayó el efecto negativo de una prohibición. "Creo que los rindes bajarían un 50%. Se volvería a la labranza convencional, lo cual traería aparejado erosión hídrica y eólica, que gracias a la siembra directa y al glifosato veníamos controlando. Sería como retroceder 15 años. Si este año se producirán 35 millones de toneladas de soja por la sequía, si no se utilizara glifosato sería de 20 millones de toneladas", afirmó.
Fecha de Publicación: 25/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Córdoba
Crece la preocupación en el agro ante la posibilidad de que se prohíba o suspenda el uso del glifosato, uno de los pilares sobre los que se apoya la producción nacional
El campo está otra vez en alerta, y eso no es un dato menor. Si no se desactiva a tiempo, la bomba puede llegar a explotar y desparramar sus esquirlas por toda la agricultura y la economía nacional. Las consecuencias serían muy graves.
La producción retrocedería en el tiempo, quizás a más de 20 años de lo que es hoy. Después de la fallida resolución 125 de retenciones móviles, que buscaba apropiarse de una supuesta renta extraordinaria del agro, ahora hay una bomba que apunta directo al corazón del saber hacer de la producción agrícola. Esa bomba es la posibilidad de que se suspenda o prohíba el uso del herbicida glifosato, una de las patas de la mesa que hoy sustenta la producción sojera junto con el sistema de siembra directa y la oleaginosa transgénica resistente al agroquímico.
En el fondo, el glifosato va más allá de la soja. También se aplica antes de siembras de pasturas y verdeos en ganadería y tambo y también para los barbechos previos de otros tantos cultivos que se producen. De hecho, también se usa en producciones intensivas como vid y olivo. "El glifosato es usado en los 30 millones de hectáreas sembradas en la Argentina, en diferentes cultivos y en varios momentos del año, independientemente de la siembra directa. Incluso va mucho más allá de la soja", recordó Andrés Sylvestre Begnis, coordinador general de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).
La mecha de la bomba la encendió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa), que inició un recurso de amparo ante la Corte Suprema pidiendo la suspensión de la comercialización y aplicación del glifosato por 180 días, plazo que consideró necesario para que se expida sobre este producto la Comisión Nacional de Investigaciones, relacionada con el tratamiento y la contaminación ambiental por agroquímicos (ver aparte).
Entre otros argumentos, los abogados ambientalistas citaron en su recurso un trabajo del Laboratorio de Embriología Molecular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Medicina de la UBA sobre los presuntos trastornos a la salud por el glifosato con pruebas sobre embriones de anfibios.
El Senasa y sectores de la provisión de insumos buscaron acceder a una copia de ese trabajo, sin éxito. Andrés Carrasco, investigador del Conicet y del mencionado laboratorio también se desempeña como funcionario de la ministra de Defensa, Nilda Garré, ya que es subsecretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
Lo que está en juego
Son entre 160 y 180 millones los litros de glifosato que se usan en el país en un mercado de US$ 600 millones. De 200 marcas registradas, 10 pertenecen a la multinacional Monsanto.
En este contexto, LA NACION consultó a diversos especialistas sobre qué sucedería con la producción si se suspendiera o prohibiera el glifosato.
Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), sintetizó el impacto en los siguientes ocho puntos: aumento de costos para controlar malezas en el barbecho y en el cultivo (hay estimaciones de que subirían de 15 a 20%); vuelta a productos químicos con mayor toxicidad y de menor eficiencia de control; mayor acumulación de otros herbicidas en los suelos y en las aguas; drástica reducción en siembra directa; menor eficiencia en el almacenaje de agua; menor flexibilidad para la producción; pérdida de rendimiento en las variedades de soja convencionales y menor producción global.
"Salvando las distancias, para la gente común es como si se prohibiera la aspirina", comparó Rossi.
Pablo Spelanzón, un reconocido productor de la zona de Bragado, consideró que una eventual prohibición del glifosato significaría "prácticamente el fin de la siembra directa que tanto he pregonado". Según Spelanzón, esto es porque "no habría producto en el mercado que lo pueda reemplazar, y bajaría drásticamente la producción en valores alarmantes, cerca del 30/40%", según dijo el productor.
"Pensemos que la agricultura en siembra directa ocupa un área del 70 a 80% y el productor perdería la gimnasia que tenía y tiene con esta técnica. Así los productores se volcarían a una agricultura convencional (labranzas)", señaló Spelanzón, que añadió: "Atrasaríamos 15 a 20 años".
Desde Aapresid, Sylvestre Begnis opinó qué ocurriría con la siembra directa, que hoy se hace en más de 20 millones de hectáreas. "Caería la adopción pero la directa no es dependiente del glifosato, así que dependería de la decisión agroempresarial de cada productor", precisó.
El tándem soja transgénica-glifosato permitió el control de malezas difícil (como el sorgo de Alepo) y abrió el camino para la siembra de otros cultivos en campos que antes eran de difícil siembra por las malezas.
Esta semana, Guillermo Cal, director de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que difundió un comunicado recordando estudios que avalan el glifosato y su bajo riesgo, incluso del Senasa, también coincidió en que sin el herbicida los rindes bajarían 30/40 por ciento.
Guillermo Villagra, productor, subrayó el efecto negativo de una prohibición. "Creo que los rindes bajarían un 50%. Se volvería a la labranza convencional, lo cual traería aparejado erosión hídrica y eólica, que gracias a la siembra directa y al glifosato veníamos controlando. Sería como retroceder 15 años. Si este año se producirán 35 millones de toneladas de soja por la sequía, si no se utilizara glifosato sería de 20 millones de toneladas", afirmó.
Dinero de la Ansés va a pools sojeros
Dinero de la Ansés va a pools sojeros
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: On24
Provincia/Región: Nacional
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de oleaginosa le deben más de $700 millones
El Gobierno continúa avanzando sobre empresas privadas. Ahora ejercerá el rol de accionista de los fideicomisos financieros que pasaron a la ANSES luego de la estatización de las AFJP, según informó hoy Ámbito Financiero.
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de la oleaginosa le deben algo más de $700 millones, correspondientes en su mayoría a las campañas 2007-2008 y 2008-2009.
Según preve el oficialismo, los productores sojeros deberán renovar sus préstamos con estos Fondos de Inversión Directa ante la ausencia de créditos bancarios. La única manera de obtener ese dinero sería a través de los fondos que antes manejaban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES.
Ahora los requisitos serán más exhaustivos e incluso intervendrían otras reparticiones en los informes además de la ANSES. Estos serían la ONCCA y la secretaría del Comercio Interior, de Guillermo Moreno.
Los fondos de la ANSES dominaran en el Fondo Agrícola Inversión, Directa Chacarero II, Fedeiagro 2009, Faid 2011, entre otros. Pero además la ANSES avanzará como socio de Los Grobo Agropecuaria, perteneciente a la familia Grobocopatel. Esta empresa le debe al Gobierno, luego de la nacionalización de las AFJP, aproximadamente $40 millones en obligaciones negociables.
Los avances estatales continúan también en los sectores financieros. El pasado lunes se incorporó un representante de la ANSES al Banco Macro y la semana próxima podría pasar algo similar en el Banco Patagonia. Además hay casos polémicos como el BBVA y el Banco Francés.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: On24
Provincia/Región: Nacional
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de oleaginosa le deben más de $700 millones
El Gobierno continúa avanzando sobre empresas privadas. Ahora ejercerá el rol de accionista de los fideicomisos financieros que pasaron a la ANSES luego de la estatización de las AFJP, según informó hoy Ámbito Financiero.
El organismo que conduce Amado Boudou se convirtió en el principal acreedor de los mayores pools del país. Los productores de la oleaginosa le deben algo más de $700 millones, correspondientes en su mayoría a las campañas 2007-2008 y 2008-2009.
Según preve el oficialismo, los productores sojeros deberán renovar sus préstamos con estos Fondos de Inversión Directa ante la ausencia de créditos bancarios. La única manera de obtener ese dinero sería a través de los fondos que antes manejaban las AFJP y ahora está bajo la órbita de la ANSES.
Ahora los requisitos serán más exhaustivos e incluso intervendrían otras reparticiones en los informes además de la ANSES. Estos serían la ONCCA y la secretaría del Comercio Interior, de Guillermo Moreno.
Los fondos de la ANSES dominaran en el Fondo Agrícola Inversión, Directa Chacarero II, Fedeiagro 2009, Faid 2011, entre otros. Pero además la ANSES avanzará como socio de Los Grobo Agropecuaria, perteneciente a la familia Grobocopatel. Esta empresa le debe al Gobierno, luego de la nacionalización de las AFJP, aproximadamente $40 millones en obligaciones negociables.
Los avances estatales continúan también en los sectores financieros. El pasado lunes se incorporó un representante de la ANSES al Banco Macro y la semana próxima podría pasar algo similar en el Banco Patagonia. Además hay casos polémicos como el BBVA y el Banco Francés.
Casos de malformaciones por agroquímicos
Recopilan casos de malformaciones por agroquímicos
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: Prensa UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la UNL evidenciaron los efectos que produce el glifosato y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina provocaría en los anfibios. Ahora están por publicar el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en agroecosistemas.
Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones: la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no: y, sumado también, el fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad: todo esto contribuye para que hoy los plaguicidas estén en el centro de la tormenta, otra vez.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan evaluaciones ecotoxicológicas relativas a la incidencia de agroquímicos en las especies de anfibios regionales.
“En el caso del glifosato, hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros, y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló el Dr. Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el CONICET.
Las investigaciones también analizaron los efectos de otros insecticidas muy usados en el país: como la cipermetrina y el endosulfán. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis (muerte celular programada) de células nerviosas y genotoxicidad en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador.
Algunos compuestos fosforados también están siendo investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), pero de modo más reciente. “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó.
Dentro de esta misma línea de trabajo que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en agroecosistemas con el fin de publicar una recopilación al respecto, la primera en Sudamérica.
Glifosato: la polémica
Se trata del herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual al eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio?
Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del cual existen varias formulaciones, que se caracterizan por contener surfactantes lo que le confiere toxicidad.
Investigaciones han advertido que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
El principal metabolito en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que también es tóxico.
Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos –N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos.
El formaldehído también es cancerígeno, y es producto de descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano.
Monitoreo ambiental
Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich.
Pero a su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio “Después hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”, explicó el investigador.
Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil de relacionar con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cual sería el efecto que se produce, pero eso en la realidad no es tan así porque ningún producto actúa solo”, aclaró.
En el ambiente hay una sinergia tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero si se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó.
Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Dr. Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL integrado por la Dra. Paola Peltzer, Biol. Andrés Attademo, Bioq. Mariana Cabagna, Lic. Celina Junges y Agustín Bassó. Mientras, de la UNER participaron el Dr. Víctor Casco y la Dra. Fernanda Izaguirre.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: Prensa UNL
Provincia/Región: Santa Fe
Investigadores de la UNL evidenciaron los efectos que produce el glifosato y la muerte de las células nerviosas que la cipermetrina provocaría en los anfibios. Ahora están por publicar el primer trabajo en Sudamérica sobre malformaciones en agroecosistemas.
Nuevamente se disparó el acalorado debate sobre los agroquímicos y sus efectos en la salud humana. La difusión de informes que relacionan la actividad rural con una mayor incidencia de cánceres y malformaciones: la disputa que incluye tanto la legislación vigente como su efectivo cumplimiento, o no: y, sumado también, el fantasma del dengue y la demanda social de fumigar para controlar la enfermedad: todo esto contribuye para que hoy los plaguicidas estén en el centro de la tormenta, otra vez.
Investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizan evaluaciones ecotoxicológicas relativas a la incidencia de agroquímicos en las especies de anfibios regionales.
“En el caso del glifosato, hace ocho años hicimos uno de los primeros estudios en Argentina que mostraba las malformaciones que podía producir sobre anfibios anuros, y algunos problemas en el sistema branquial, al actuar sobre el esqueleto en formación de estos animales”, detalló el Dr. Rafael Lajmanovich, docente e investigador de la UNL y el CONICET.
Las investigaciones también analizaron los efectos de otros insecticidas muy usados en el país: como la cipermetrina y el endosulfán. “Los anfibios expuestos a estas sustancias sufrieron apoptosis (muerte celular programada) de células nerviosas y genotoxicidad en células sanguíneas, respectivamente”, indicó el investigador.
Algunos compuestos fosforados también están siendo investigados en el Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB-UNL), pero de modo más reciente. “Estamos trabajando con algunas enzimas que son indicadoras y cuantifican la exposición a agroquímicos fosforados. En este caso estamos hallando distintas evidencias a nivel de campo porque encontramos animales cuyas enzimas están inhibidas. Esto indicaría que pueden estar potencialmente expuestos a plaguicidas fosforados”, continuó.
Dentro de esta misma línea de trabajo que surgió hace unos 15 años, los expertos reúnen información referida a malformaciones en agroecosistemas con el fin de publicar una recopilación al respecto, la primera en Sudamérica.
Glifosato: la polémica
Se trata del herbicida que posibilita el modelo de producción sojero actual al eliminar todas las malezas. La pregunta es ¿a qué precio?
Aunque técnicamente es un ácido, se usa comúnmente en forma de sales. Su nombre comercial más conocido es el Roundup, del cual existen varias formulaciones, que se caracterizan por contener surfactantes lo que le confiere toxicidad.
Investigaciones han advertido que el surfactante POEA causa daño gastrointestinal y al sistema nervioso central, problemas respiratorios y destrucción de glóbulos rojos en humanos.
El principal metabolito en la degradación del glifosato en ambientes terrestres es el ácido aminometilfosfónico (AMPA), que también es tóxico.
Además, el glifosato puede contener cierto tipo de compuestos –N-nitroso- que son cancerígenos. También pueden formarse en el ambiente cuando el herbicida se combina con nitratos.
El formaldehído también es cancerígeno, y es producto de descomposición del glifosato. La agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha encontrado que exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo humano por encima del límite máximo autorizado pueden causar respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos en el sistema reproductivo humano.
Monitoreo ambiental
Los anfibios son indicadores ambientales muy sensibles que están expuestos a diferentes tipos de sustancias. “Son animales que están en riesgo ecológico lo que quiere decir que tienen alta probabilidad de ponerse en contacto con sustancias químicas porque habitan en pequeños cuerpos de agua asociados o inmersos en sistemas agrícolas”, señaló Lajmanovich.
Pero a su vez, el investigador aclaró que el trabajo no se trata sólo de evaluar el efecto que se puede llegar a obtener desde un ensayo de laboratorio “Después hay que tratar de buscar un correlato de ese efecto supuesto que uno logra en el laboratorio con una situación real a campo, eso es mucho más difícil”, explicó el investigador.
Lo que se encuentra en el trabajo de campo es algún tipo de evidencia, pero es muy difícil de relacionar con un efecto de un agroquímico en particular. “Lo que uno hace en el laboratorio es una simulación, para poder tener un modelo de estudio de cual sería el efecto que se produce, pero eso en la realidad no es tan así porque ningún producto actúa solo”, aclaró.
En el ambiente hay una sinergia tanto de compuestos como de factores ambientales -como puede ser el pH, distintos niveles de nitrógeno y otros- que hacen al ecosistema en su conjunto. “Es aventurado extrapolar ensayos de laboratorio a situaciones reales de campo. Pero si se debe, luego, interpretar cuáles son las tendencias tanto poblacionales como de la comunidad en su conjunto”, afirmó.
Los trabajos tuvieron lugar en la Escuela Superior de Sanidad de la UNL, el Instituto Nacional de Limnología (INALI) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Dr. Lajmanovich dirigió el grupo de investigadores de la UNL integrado por la Dra. Paola Peltzer, Biol. Andrés Attademo, Bioq. Mariana Cabagna, Lic. Celina Junges y Agustín Bassó. Mientras, de la UNER participaron el Dr. Víctor Casco y la Dra. Fernanda Izaguirre.
“En Argentina aún no existe una política ambiental”
“En Argentina falta decisión; aún no existe una política ambiental”
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseguró Osvaldo Canziani, Nobel de la Paz en 2007, al referirse al cambio climático.
En su paso por Córdoba, el copresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), premiado con el Nobel de la Paz 2007, dialogó con LA MAÑANA sobre el impacto y abordaje del fenómeno climático, su relación con el dengue y la responsabilidad del Estado.
- Muchas veces el cambio climático está abordado desde un punto de vista apocalíptico, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos tiene que quedar de este fenómeno?
- Las ciencias no son perfectas, a pesar de la falta de certidumbre total, cada conclusión está marcada por una necesaria adaptación a las condiciones locales. Esto es particularmente importante en Latinoamérica donde la falta de suficiente información básica y las características geográficas, hacen difícil el desarrollo de proyecciones a futuro. Yo uso para proyectar un modelo con perspectivas, porque cuando uno usa la ecuación matemática para hacer proyección de las variables meteorológicas y ver su incidencia, también debe sumarle las variables sociales y económicas. Entonces se debe analizar cada cosa como una matriz total.
El que cree que la ciencia llegó al límite de la predicción está equivocado. No es apocalíptico, por eso siempre digo que no hay que matar al mensajero, el tema está en que los problemas existen, la situación es con qué información contamos. Nosotros decimos lo que va a pasar ofreciendo algunas soluciones. El aviso de alerta toca a todos los países, el principio es la responsabilidad común pero diferenciada. No nos vayamos a los extremos, empecemos a elegir un sistema de solidaridad original que es la única manera de llegar al futuro, y así lo del Apocalipsis no aparecería. Lo que interesa es superar las malas prácticas mirando hacia adelante. Cada habitante del planeta Tierra debe convencerse de que los medios naturales que aseguran la vida no son infinitos, y que debe cumplir con una especie de autorregulación. Se debe acudir a las metodologías de ahorro, uso racional del agua y de la energía. Hay que educar a la gente, sobre todo a los niños para que sean agentes promotores.
- ¿Se puede afirmar que el dengue es producto del cambio climático?
- El dengue es un virus, pero el vector es un mosquito, el aedes aegypti. El problema es que el cambio climático amplió el horizonte, el área de incidencia. El cambio climático hace que los trópicos vengan a zonas templadas y se expanden las fronteras de los vectores. Hay dengue en Colombia, a dos mil metros como hay malaria en Siberia, como hay Chagas en la Patagonia.
Yo tengo mapas que muestran cómo estaba América del Sur en el ’30 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a trabajar, cómo estuvo en el ’70; los límites de distintas especies de mosquitos han aumentado enormemente. El problema que estamos tratando es ver de qué manera se definen los entornos ambientales para una enfermedad como el dengue, que es una enfermedad mundial. Se estima que en el año 2085 el dengue tocaría al 70 por ciento de la población mundial, se trata de una estadística irreversible. El dengue viene de Asia, se llama la enfermedad rompehuesos y se transmite con cuatro especies o cerotipos. Y las infecciones cuando llegan a su estadio crítico son mortales. La clave es la prevención. Nosotros con la gente de la UNC, al hacer el informe para América latina del cambio climático e impactos regionales, conformamos en el año ’97 el listado de enfermedades que se nos venían encima: no solamente el dengue, también aparecía la reactivación del cólera, la emaniasis, entre otras.
- ¿A su criterio, el gobierno nacional considera la cuestión ambiental como una política de Estado?
- Lo hablé con (Romina) Picolotti y con (Homero) Bibiloni, y no les gustó, pero les dije no hay política ambiental en Argentina. Y no lo hay por una razón muy simple: no tenemos mediciones. Entonces no podemos saber mañana dónde está la geografía de ese problema, no tenemos registros que enlacen el factor climático con la enfermedad. No hay Apocalipsis, hay falta de decisiones y Argentina aún no tiene política ambiental.
Los efectos del cambio climático exigirán claras posturas racionales y éticas para ser controlados. La existencia de una autoridad de control en este país debería estimular políticas de producción sustentables, compatibles con lo ambiental, social y económico. Por eso nosotros desde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no pretendemos dar instrucciones políticas, damos sugerencias. Las bibliotecas están llenas de papeles, el tema es que hay que aplicarlas. Hay que gente que tiene interés, no los eliminemos, los acunemos. Hay mucha gente para formar. Hay que educar a los chicos, pero hacerlo desde un concepto de economía y no de despilfarro. Actualmente se da en la gente lo que se llama la “afluenza”, esto es el uso sin control del dinero en una economía destructiva, esto produce la enfermedad de la gente que no puede comprar. Así, no existen valores, es un descontrol, las personas no se valen por el contenido sino por el bolsillo.
Fecha de Publicación: 23/04/2009
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseguró Osvaldo Canziani, Nobel de la Paz en 2007, al referirse al cambio climático.
En su paso por Córdoba, el copresidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), premiado con el Nobel de la Paz 2007, dialogó con LA MAÑANA sobre el impacto y abordaje del fenómeno climático, su relación con el dengue y la responsabilidad del Estado.
- Muchas veces el cambio climático está abordado desde un punto de vista apocalíptico, ¿cuál es el verdadero mensaje que nos tiene que quedar de este fenómeno?
- Las ciencias no son perfectas, a pesar de la falta de certidumbre total, cada conclusión está marcada por una necesaria adaptación a las condiciones locales. Esto es particularmente importante en Latinoamérica donde la falta de suficiente información básica y las características geográficas, hacen difícil el desarrollo de proyecciones a futuro. Yo uso para proyectar un modelo con perspectivas, porque cuando uno usa la ecuación matemática para hacer proyección de las variables meteorológicas y ver su incidencia, también debe sumarle las variables sociales y económicas. Entonces se debe analizar cada cosa como una matriz total.
El que cree que la ciencia llegó al límite de la predicción está equivocado. No es apocalíptico, por eso siempre digo que no hay que matar al mensajero, el tema está en que los problemas existen, la situación es con qué información contamos. Nosotros decimos lo que va a pasar ofreciendo algunas soluciones. El aviso de alerta toca a todos los países, el principio es la responsabilidad común pero diferenciada. No nos vayamos a los extremos, empecemos a elegir un sistema de solidaridad original que es la única manera de llegar al futuro, y así lo del Apocalipsis no aparecería. Lo que interesa es superar las malas prácticas mirando hacia adelante. Cada habitante del planeta Tierra debe convencerse de que los medios naturales que aseguran la vida no son infinitos, y que debe cumplir con una especie de autorregulación. Se debe acudir a las metodologías de ahorro, uso racional del agua y de la energía. Hay que educar a la gente, sobre todo a los niños para que sean agentes promotores.
- ¿Se puede afirmar que el dengue es producto del cambio climático?
- El dengue es un virus, pero el vector es un mosquito, el aedes aegypti. El problema es que el cambio climático amplió el horizonte, el área de incidencia. El cambio climático hace que los trópicos vengan a zonas templadas y se expanden las fronteras de los vectores. Hay dengue en Colombia, a dos mil metros como hay malaria en Siberia, como hay Chagas en la Patagonia.
Yo tengo mapas que muestran cómo estaba América del Sur en el ’30 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a trabajar, cómo estuvo en el ’70; los límites de distintas especies de mosquitos han aumentado enormemente. El problema que estamos tratando es ver de qué manera se definen los entornos ambientales para una enfermedad como el dengue, que es una enfermedad mundial. Se estima que en el año 2085 el dengue tocaría al 70 por ciento de la población mundial, se trata de una estadística irreversible. El dengue viene de Asia, se llama la enfermedad rompehuesos y se transmite con cuatro especies o cerotipos. Y las infecciones cuando llegan a su estadio crítico son mortales. La clave es la prevención. Nosotros con la gente de la UNC, al hacer el informe para América latina del cambio climático e impactos regionales, conformamos en el año ’97 el listado de enfermedades que se nos venían encima: no solamente el dengue, también aparecía la reactivación del cólera, la emaniasis, entre otras.
- ¿A su criterio, el gobierno nacional considera la cuestión ambiental como una política de Estado?
- Lo hablé con (Romina) Picolotti y con (Homero) Bibiloni, y no les gustó, pero les dije no hay política ambiental en Argentina. Y no lo hay por una razón muy simple: no tenemos mediciones. Entonces no podemos saber mañana dónde está la geografía de ese problema, no tenemos registros que enlacen el factor climático con la enfermedad. No hay Apocalipsis, hay falta de decisiones y Argentina aún no tiene política ambiental.
Los efectos del cambio climático exigirán claras posturas racionales y éticas para ser controlados. La existencia de una autoridad de control en este país debería estimular políticas de producción sustentables, compatibles con lo ambiental, social y económico. Por eso nosotros desde el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) no pretendemos dar instrucciones políticas, damos sugerencias. Las bibliotecas están llenas de papeles, el tema es que hay que aplicarlas. Hay que gente que tiene interés, no los eliminemos, los acunemos. Hay mucha gente para formar. Hay que educar a los chicos, pero hacerlo desde un concepto de economía y no de despilfarro. Actualmente se da en la gente lo que se llama la “afluenza”, esto es el uso sin control del dinero en una economía destructiva, esto produce la enfermedad de la gente que no puede comprar. Así, no existen valores, es un descontrol, las personas no se valen por el contenido sino por el bolsillo.
Inmersos en la "burbuja" ambiental
Inmersos en la "burbuja" ambiental
Fecha de Publicación: 22/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De un tiempo a esta parte, no hacemos más que estrellarnos de frente contra todo tipo de inquietantes "burbujas". Parece haberlas en todos lados: primero fue la de las compañías dot.com , después la financiera... ¡hasta la Academia de Ciencias de Nueva York tuvo la suya!, una "inflación" de nuevos miembros que a poco de incorporarse dejaban de pagar la cuota, con lo que la organización iba en camino de desaparecer, según contó durante una reciente visita a Buenos Aires su presidente, Ellis Rubinstein.
Pero hay otra tal vez más grande y peligrosa que todas éstas. El reciente informe El planeta vivo, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, demuestra que estamos inmersos en una gigantesca "burbuja" ambiental: gastamos más capital natural del que tenemos.
Las conclusiones de este estudio no pueden pasarse por alto. Desde que los astronautas de la misión Apolo 8 tomaron la primera panorámica del planeta desde el espacio, la humanidad pasó "del crédito al déficit ecológico", advierte James Leape, su director. Es decir que, en el término de 35 años y debido al consumo desatado, logramos "evaporar" un tercio de la vida silvestre global. Un tercio.
"Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad de regeneración del planeta -afirma Leape-. Si nuestras demandas siguen a este ritmo, a mediados de la década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida."
El trabajo, que analiza detalladamente la "contabilidad" de los recursos naturales globales, anticipa días problemáticos si no nos decidimos a dar un cambio de timón.
En el Día Mundial de la Tierra, un horizonte francamente deplorable, pero que, si seguimos con la política de "pan para hoy y hambre para mañana", será muy difícil sortear.
Fecha de Publicación: 22/04/2009
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
De un tiempo a esta parte, no hacemos más que estrellarnos de frente contra todo tipo de inquietantes "burbujas". Parece haberlas en todos lados: primero fue la de las compañías dot.com , después la financiera... ¡hasta la Academia de Ciencias de Nueva York tuvo la suya!, una "inflación" de nuevos miembros que a poco de incorporarse dejaban de pagar la cuota, con lo que la organización iba en camino de desaparecer, según contó durante una reciente visita a Buenos Aires su presidente, Ellis Rubinstein.
Pero hay otra tal vez más grande y peligrosa que todas éstas. El reciente informe El planeta vivo, del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, demuestra que estamos inmersos en una gigantesca "burbuja" ambiental: gastamos más capital natural del que tenemos.
Las conclusiones de este estudio no pueden pasarse por alto. Desde que los astronautas de la misión Apolo 8 tomaron la primera panorámica del planeta desde el espacio, la humanidad pasó "del crédito al déficit ecológico", advierte James Leape, su director. Es decir que, en el término de 35 años y debido al consumo desatado, logramos "evaporar" un tercio de la vida silvestre global. Un tercio.
"Nuestra huella global ahora excede en casi un 30% la capacidad de regeneración del planeta -afirma Leape-. Si nuestras demandas siguen a este ritmo, a mediados de la década de 2030 necesitaremos el equivalente a dos planetas para mantener nuestro estilo de vida."
El trabajo, que analiza detalladamente la "contabilidad" de los recursos naturales globales, anticipa días problemáticos si no nos decidimos a dar un cambio de timón.
En el Día Mundial de la Tierra, un horizonte francamente deplorable, pero que, si seguimos con la política de "pan para hoy y hambre para mañana", será muy difícil sortear.
UUNN aportan sobre el cambio climático
Universidades del país sumaron su aporte para definir la posición argentina frente al cambio climático
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Mi Bibiloni, recibió hoy a representantes de las universidades públicas y privadas de nuestro país con el fin de discutir y elaborar la posición argentina frente al Cambio Climático que será presentada en la próxima COP 15, en Copenhague.
“La posición del país se nutre con los aportes sectoriales”, expresó Bibiloni tras agradecer la presencia de las diferentes Casas de Estudio y centros de investigación, entre las que se encontraron, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Luján, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad de Salta, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y el Instituto ISALUD, entre otros. En tal sentido, el funcionario exhortó a que “el sistema científico sea un aliado estratégico para la ejecución de proyectos en cambio climático.”
Por su parte, el Director de Cambio Climático de la cartera nacional, Nazareno Castillo, indicó que el objetivo de la reunión y las previstas con el área productiva, la banca pública y privada y la sociedad civil, “es determinar cómo puede aportar cada sector al fenómeno climático”, de cara a la quinceava reunión de la Conferencia de las Partes que se realizará en diciembre en Copenhague, Dinamarca, y donde se definirá un nuevo régimen climático postKyoto.
Durante el encuentro, cada centro académico presentó las investigaciones y/o proyectos que tiene en elaboración vinculados a la temática ambiental y al cambio climático, en particular. Sus representantes coincidieron en la necesidad de que la cartera ambiental sea la encargada de la articular el trabajo conjunto de las Casas de estudio para “evitar dispersar esfuerzos”, como así también de “disponer de fuentes de incentivo para la investigación científica en la materia”.
En esa línea, el actual proceso de elaboración de la 3º Comunicación Nacional, -un inventario sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la Argentina- “debe constituirse en el marco de coordinación y cooperación entre las entidades públicas” aseguró Bibiloni.
Al término de la jornada, el funcionario recordó a los académicos presentes que “vamos a tener una agenda parlamentaria ambiental amplia” por lo que “les pido que nos usen como vehículos para acercar inquietudes y proyectos a la agenda legislativa”.
Se trata de la segunda reunión -la primera fue con distintos organismos gubernamentales- de un cronograma de encuentros que convoca la Secretaría de Ambiente para definir la posición argentina que será llevada por los expertos nacionales en el marco del proceso de negociación internacional de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Se espera que durante la próxima COP 15 surja un nuevo acuerdo global sobre este tema.
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Nacional
El secretario de Ambiente de la Nación, Homero Mi Bibiloni, recibió hoy a representantes de las universidades públicas y privadas de nuestro país con el fin de discutir y elaborar la posición argentina frente al Cambio Climático que será presentada en la próxima COP 15, en Copenhague.
“La posición del país se nutre con los aportes sectoriales”, expresó Bibiloni tras agradecer la presencia de las diferentes Casas de Estudio y centros de investigación, entre las que se encontraron, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Luján, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad de Salta, la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y el Instituto ISALUD, entre otros. En tal sentido, el funcionario exhortó a que “el sistema científico sea un aliado estratégico para la ejecución de proyectos en cambio climático.”
Por su parte, el Director de Cambio Climático de la cartera nacional, Nazareno Castillo, indicó que el objetivo de la reunión y las previstas con el área productiva, la banca pública y privada y la sociedad civil, “es determinar cómo puede aportar cada sector al fenómeno climático”, de cara a la quinceava reunión de la Conferencia de las Partes que se realizará en diciembre en Copenhague, Dinamarca, y donde se definirá un nuevo régimen climático postKyoto.
Durante el encuentro, cada centro académico presentó las investigaciones y/o proyectos que tiene en elaboración vinculados a la temática ambiental y al cambio climático, en particular. Sus representantes coincidieron en la necesidad de que la cartera ambiental sea la encargada de la articular el trabajo conjunto de las Casas de estudio para “evitar dispersar esfuerzos”, como así también de “disponer de fuentes de incentivo para la investigación científica en la materia”.
En esa línea, el actual proceso de elaboración de la 3º Comunicación Nacional, -un inventario sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la Argentina- “debe constituirse en el marco de coordinación y cooperación entre las entidades públicas” aseguró Bibiloni.
Al término de la jornada, el funcionario recordó a los académicos presentes que “vamos a tener una agenda parlamentaria ambiental amplia” por lo que “les pido que nos usen como vehículos para acercar inquietudes y proyectos a la agenda legislativa”.
Se trata de la segunda reunión -la primera fue con distintos organismos gubernamentales- de un cronograma de encuentros que convoca la Secretaría de Ambiente para definir la posición argentina que será llevada por los expertos nacionales en el marco del proceso de negociación internacional de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. Se espera que durante la próxima COP 15 surja un nuevo acuerdo global sobre este tema.
Garré le declaró la guerra al yuyo
Garré le declaró la guerra al yuyo
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Diario Crítica
Provincia/Región: Nacional
La medida alcanza a las tierras de Campo de Mayo donde la actividad le dejaba al Ejército unos dos millones de pesos anuales. Argumentan que el cultivo tiene efectos que “no son neutros”.
El Ministerio de Defensa resolvió poner fin al cultivo de soja transgénica en predios urbanos y suburbanos de las tres Fuerzas Armadas. La resolución, firmada por Nilda Garré, argumenta que los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud “no son neutros”. La siembra de soja en terrenos que corresponden a las Fuerzas Armadas había sido difundida como un símbolo del doble discurso del gobierno nacional. Crítica de la Argentina, de hecho, informó el 22 de febrero de este año que el Ejército produce soja en el predio de Campo de Mayo con una facturación estimada por año de alrededor de dos millones de pesos.
En la nota que publicó este diario se advertía además que las condiciones en las cuales se arriendan las tierras carecen de controles y que las licitaciones para cultivar las hectáreas forman parte del financiamiento “extra presupuestario” de la fuerza.
También se informaba que los funcionarios del Ministerio reconocían que les resultaba una tarea poco menos que imposible controlar lo que hacía el Ejército con todas sus tierras.
“La razón principal de esta medida es que la soja transgénica necesita de muchos agrotóxicos”, expresó una fuente del Ministerio de Defensa a este diario.
El negocio sojero del Ejército ya había sido objeto de un cuestionamiento de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Norma Morandini pidió en un proyecto transparentar la actividad tras encontrar que la documentación sobre la actividad de alquiler y cultivo de las tierras tenía faltas importantes.
A principio de año, el ministerio adujo que tenía un convenio firmado con el INTA que apuntaba a “mejorar la gestión agropecuaria, que no exponga los campos objetos de análisis a una degradación producto de una explotación no sustentable”.
Todo indica que el acuerdo no fue suficiente. La resolución MD 367 divulgada ayer por Garré promueve la renegociación de las condiciones de contratos vigentes para adecuarlos a la disposición y señala que “no son neutros” los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud.
“La razonabilidad de dicha adecuación deberá estar fundada por un dictamen o informe del INTA o de un profesional matriculado en la materia”, dice el texto. Las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, deberán elaborar informes mensuales sobre el cumplimiento de la nueva orden.
En sus considerandos, la resolución recuerda que “en el convenio específico que instrumenta la relación de cooperación del INTA con el Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino se establece como objetivo la elaboración de relevamientos e informes sobre la aptitud de uso de las tierras y el diseño de propuestas de utilización productiva sustentables económica y ambientalmente”.
Los contratos aludidos por la resolución MD 367 corresponden a predios rurales ajenos a la jurisdicción del Comando de Remonta y Veterinaria.
La decisión de Garré subraya el paquete tecnológico que precisa “la implantación de soja transgénica dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”. Una fuente del ministerio agregó ayer que es probable que en muchos campos no se vuelva a sembrar ni soja ni nada. “Hay lugares donde no había por qué sembrar nada”, aseguró.
Fecha de Publicación: 21/04/2009
Fuente: Diario Crítica
Provincia/Región: Nacional
La medida alcanza a las tierras de Campo de Mayo donde la actividad le dejaba al Ejército unos dos millones de pesos anuales. Argumentan que el cultivo tiene efectos que “no son neutros”.
El Ministerio de Defensa resolvió poner fin al cultivo de soja transgénica en predios urbanos y suburbanos de las tres Fuerzas Armadas. La resolución, firmada por Nilda Garré, argumenta que los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud “no son neutros”. La siembra de soja en terrenos que corresponden a las Fuerzas Armadas había sido difundida como un símbolo del doble discurso del gobierno nacional. Crítica de la Argentina, de hecho, informó el 22 de febrero de este año que el Ejército produce soja en el predio de Campo de Mayo con una facturación estimada por año de alrededor de dos millones de pesos.
En la nota que publicó este diario se advertía además que las condiciones en las cuales se arriendan las tierras carecen de controles y que las licitaciones para cultivar las hectáreas forman parte del financiamiento “extra presupuestario” de la fuerza.
También se informaba que los funcionarios del Ministerio reconocían que les resultaba una tarea poco menos que imposible controlar lo que hacía el Ejército con todas sus tierras.
“La razón principal de esta medida es que la soja transgénica necesita de muchos agrotóxicos”, expresó una fuente del Ministerio de Defensa a este diario.
El negocio sojero del Ejército ya había sido objeto de un cuestionamiento de la Cámara de Diputados, cuando la diputada Norma Morandini pidió en un proyecto transparentar la actividad tras encontrar que la documentación sobre la actividad de alquiler y cultivo de las tierras tenía faltas importantes.
A principio de año, el ministerio adujo que tenía un convenio firmado con el INTA que apuntaba a “mejorar la gestión agropecuaria, que no exponga los campos objetos de análisis a una degradación producto de una explotación no sustentable”.
Todo indica que el acuerdo no fue suficiente. La resolución MD 367 divulgada ayer por Garré promueve la renegociación de las condiciones de contratos vigentes para adecuarlos a la disposición y señala que “no son neutros” los efectos de ese cultivo en el medio ambiente y la salud.
“La razonabilidad de dicha adecuación deberá estar fundada por un dictamen o informe del INTA o de un profesional matriculado en la materia”, dice el texto. Las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, deberán elaborar informes mensuales sobre el cumplimiento de la nueva orden.
En sus considerandos, la resolución recuerda que “en el convenio específico que instrumenta la relación de cooperación del INTA con el Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino se establece como objetivo la elaboración de relevamientos e informes sobre la aptitud de uso de las tierras y el diseño de propuestas de utilización productiva sustentables económica y ambientalmente”.
Los contratos aludidos por la resolución MD 367 corresponden a predios rurales ajenos a la jurisdicción del Comando de Remonta y Veterinaria.
La decisión de Garré subraya el paquete tecnológico que precisa “la implantación de soja transgénica dependiente de un paquete asociado a herbicidas, cuyos efectos no son neutros para el medio ambiente y la salud de las personas”. Una fuente del ministerio agregó ayer que es probable que en muchos campos no se vuelva a sembrar ni soja ni nada. “Hay lugares donde no había por qué sembrar nada”, aseguró.
Pasivo ambiental en la cuenca neuquina
La Corte Suprema cita a gobiernos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
Fecha de Publicación: 20/04/2009
Fuente: La Mañana de Neuqén
Provincia/Región: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza
Lo hace en el marco de la demanda judicial que presentó la organización no gubernamental ASSUPA contra YPF S.A. y otras concesionarias en 2003.
La orden de notificación involucra al Estado Nacional y a los gobiernos de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cita al Estado Nacional y a los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza a comparecer como terceros sobre la causa que inició la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra la petrolera YPF S.A. y otras empresas de exploración y explotación de hidrocarburos por pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
“ASSUPA no quiere dinero, quiere la remediación”, sostuvo el presidente, Ricardo Apis. El apoderado, Luis Arellano, explicó que esta ONG no puede ser titular de una indemnización porque el bien por el que reclama pertenece a la comunidad.
También descartan una compensación económica porque no sólo no se arregla con dinero el goce de los recursos por las generaciones futuras, sino que esto no se puede cuantificar sin perjuicio de la evaluación del daño ambiental que realizarán en lo sucesivo los peritos y de que YPF ponga un techo de 5 mil millones de dólares.
La parte demandante precisó a la vez que la Justicia ya resolvió una orden de notificación para que el Estado Nacional y los gobiernos provinciales involucrados se presenten ante la corte; a la vez que abrió la etapa de prueba.
La causa, según señalaron, tramita desde el año 2003 bajo el expediente Nº 1274 y reclama la remediación del pasivo ambiental que posee la cuenca neuquina, cuya superficie abarca el sur de Mendoza, el suroeste de La Pampa, el noroeste de Río Negro y el 80 % de la provincia de Neuquén. Esto es, según informaron, unos 120 mil kilómetros cuadrados.
Adhesiones
Además, Arellano precisó que la demanda cuenta con la adhesión de la Defensoría del Pueblo de la Nación desde el 30 de abril de 2007 y de uno de los enclaves petroleros más afectados por la contaminación de hidrocarburos.
Se trata de la comuna de Rincón de Los Sauces, que por mandato del jefe comunal Hugo Wernli presentó su adhesión ante la corte el primero de este mes. “Vemos con muy buenos ojos lo que hizo este intendente”, expresó Apis.
Arellano calificó de “valiente” y “comprometida” la actitud asumida por Wernli, y advirtió que su visión excede la gestión de gobierno que encabeza. También expresó que se espera que el Estado Nacional y las Provincias tengan la misma actitud; que reconozcan el reclamo; y corrijan y mejoren la presentación que realizó la organización.
Apis advirtió que otros municipios pueden adherirse como terceros porque esta causa, que es colectiva, admite esa posibilidad. “La ley general de Medio Ambiente lo permite. Citamos a los gobiernos provinciales porque consideramos que son los que tienen mayor competencia. Pero los gobiernos municipales también se pueden presentar”, sostuvo Arellano.
Sumado a la remediación, Apis dijo que se quiere evitar en lo sucesivo cualquier desastre ambiental. “La actividad conlleva un daño ambiental inevitable. Pedimos la prevención y un seguro que cubra estos eventos. También proponemos la idea de hacer un comité de recuperación”, añadió.
Arellano, por su parte, sostuvo que el pasivo ambiental “es una realidad que ya no se puede tapar con las manos” y confió en que particularmente Neuquén “se presente y acepte la remediación, tras reconocer que hay perjuicios ambientales por reparar en los anexos que conlleva la prórroga de los contratos petroleros”.
Remediación
Según informó el abogado Luis Arellano, reparar cada metro cuadrado de tierra desertificada en una picada cuesta 55 pesos más IVA. Esto se logra al cabo de dos años.
En el caso de las locaciones, agregó que el proceso dura 2 años y medio y el costo es de 92 pesos más IVA por metro cuadrado. En tanto, si hay tierra empetrolada, dijo que el costo asciende a los 100 dólares por metro cúbico de tierra.
Esta evaluación, según precisó, la hizo un perito agrónomo designado por la Justicia en la causa iniciada por un particular contra Medanito S.A. en 2007.
La lucha de ASSUPA
La organización no gubernamental ASSUPA se constituyó en principio para reclamar la remediación ambiental de particulares afectados por la actividad hidrocarburífera en la Patagonia. No obstante, rápidamente advirtió que los problemas vinculados al medio ambiente trascienden los límites individuales, por lo que asumió en adelante una lucha colectiva.
En defensa del medio ambiente realizó innumerables reclamos desde 1992; y en 2003 presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra YPF S.A. y otras concesionarias del rubro para que remedien el pasivo ambiental en la cuenca neuquina.
Un año después, la corte decidió asumir competencia y notificó a las empresas y los Estados involucrados. En la oportunidad, el abogado Luis Arellano dijo que las concesionarias se presentaron alegando que la demanda era confusa porque no precisaba los hechos de derrame imputados.
En tanto, agregó que las provincias solicitaron una «espera» hasta que se resuelva esta cuestión. La Justicia dispuso entonces que ASSUPA precise los hechos de contaminación, para lo cual determinó que lo haga en unos 40 días.
En atención a ello, Arellano relató que la ONG presentó 4.200 derrames desde 1992 hasta 2005; y que en agosto de 2008 la corte resolvió con el voto de cinco miembros sobre siete acreditar en forma preliminar los daños que se invocan.
Luego, las compañías contestaron la demanda, negando, en la mayoría de los casos, los perjuicios ambientales; y ahora le llega el turno a los Estados, según concluyó.
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