Directivos de ingenio fueron procesados
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Tres directivos del Corona fueron procesados en julio de este año.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, prevé viajar a Buenos Aires para analizar con peritos de Gendarmería Nacional los resultados de estudios realizados el año pasado. Estos habían confirmado que las muestras de agua superaban los valores de contaminación permitidos por las leyes nacionales y normas provinciales. Si se ratifican las pruebas se podría avanzar en la etapa de indagatorias a los industriales. Hasta el momento, los directivos del ingenio La Corona son los únicos procesados.
Ya se va otra zafra azucarera y pasó un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Según altas fuentes tribunalicias, el magistrado intenta avanzar en la causa y para ello prevé viajar a Buenos Aires los primeros días de noviembre próximo a fin de analizar con peritos las pruebas recogidas hasta el momento que complican a los propietarios de las fábricas tucumanas.
Se supo que Racedo planea viajar con el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, para reunirse con los representantes del Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional a fin de asesorarse sobre los estudios realizados por la fuerza nacional. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre del año pasado se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre del año pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Una cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, los jueces federales aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, prevé viajar a Buenos Aires para analizar con peritos de Gendarmería Nacional los resultados de estudios realizados el año pasado. Estos habían confirmado que las muestras de agua superaban los valores de contaminación permitidos por las leyes nacionales y normas provinciales. Si se ratifican las pruebas se podría avanzar en la etapa de indagatorias a los industriales. Hasta el momento, los directivos del ingenio La Corona son los únicos procesados.
Ya se va otra zafra azucarera y pasó un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hubo avances significativos en la causa que está en manos del juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo. Según altas fuentes tribunalicias, el magistrado intenta avanzar en la causa y para ello prevé viajar a Buenos Aires los primeros días de noviembre próximo a fin de analizar con peritos las pruebas recogidas hasta el momento que complican a los propietarios de las fábricas tucumanas.
Se supo que Racedo planea viajar con el fiscal federal Nº 2, Carlos Brito, para reunirse con los representantes del Gabinete de Policía Científica de Gendarmería Nacional a fin de asesorarse sobre los estudios realizados por la fuerza nacional. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre del año pasado se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superan los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado en setiembre del año pasado el juez Racedo para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Una cuestión pendiente para la Justicia Federal es avanzar en la medición de la contaminación atmosférica que causan las fábricas. Hasta el momento, los jueces federales aseguran que no cuentan con los elementos necesarios para medir el daño que se produce en el aire, mientras los vecinos del sur siguen protestando en contra de la lluvia de cenizas que soportan a diario.
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Relocalización de familias de Dock Sud
Secretaría de Ambiente gira fondos a Avellaneda para relocalización de familias de Dock Sud
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de mil familias radicadas en los asentamientos precarios de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental en nuestro país, serán relocalizadas dentro del partido bonaerense de Avellaneda, para lo cual la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación girará a ese municipio tres millones y medio de pesos que se destinarán a la compra de los terrenos en los que se construirán las viviendas.
Para cumplimentar la operatoria, la titular de la cartera ambiental, Romina Picolotti, y el intendente Baldomero Alvarez de Olivera, suscribirán mañana un acuerdo durante un acto que tendrá lugar a las 11 Salón de Actos de la municipalidad de Avellaneda, sito en la Avenida Güemes 835, 1° piso, de esa ciudad.
La secretaría de Ambiente subsidiará la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas en el marco del “Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo–Matanza“, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que ha elaborado un “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ubicados en la desembocadura del Riachuelo”.
En el contexto del mismo, en mayo de este año fueron entregadas las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable. Luego de su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos.
Con la habilitación de las nuevas viviendas se procura imprimir un avance efectivo en la estrategia de acción sobre Dock Sud como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
Además, la iniciativa se enmarca en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”, en su sentencia del 8 de julio de 2008, que en su considerando 17, acápite I, punto 1 obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a cumplir un programa que persiga, como uno de sus objetivos, la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
“La integración urbana de los asentamientos precarios garantizada a través del acceso al saneamiento básico, la regularización dominial y acceso a una vivienda adecuada, articulada con otras políticas sociales de desarrollo económico, son esenciales en la implementación de cualquier estrategia de combate de la pobreza desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana”, sostiene el acuerdo que rubricarán los funcionarios.
La estrategia de intervención para Dock Sud diseñada por la secretaría de Ambiente de la Nación prevé la relocalización de poblaciones vulnerables a la contaminación, entre las cuales se encuentran los núcleos de residentes en Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, extremándose las medidas de seguridad apoyadas en un plan de contingencia que disminuya en su mínima expresión las posibilidades de accidentes tecnológicos; así como aumentar el número de espacios verdes y promover el mejoramiento de la situación habitacional de todo el área residencial del Dock, a través de programas de rehabilitación urbana, relocalización y densificación, y refuncionalización de edificios industriales desactivados
Las acciones sobre el área poblacional Dock Sud comprenden también el seguimiento clínico de la población que resulte relocalizada en el marco de las acciones a cargo de la municipalidad, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Salud de la Nación en coordinación con la ACUMAR, a través de la Comisión de Trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Fecha de Publicación: 22/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Buenos Aires
Más de mil familias radicadas en los asentamientos precarios de Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, una de las áreas más afectadas por la contaminación ambiental en nuestro país, serán relocalizadas dentro del partido bonaerense de Avellaneda, para lo cual la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación girará a ese municipio tres millones y medio de pesos que se destinarán a la compra de los terrenos en los que se construirán las viviendas.
Para cumplimentar la operatoria, la titular de la cartera ambiental, Romina Picolotti, y el intendente Baldomero Alvarez de Olivera, suscribirán mañana un acuerdo durante un acto que tendrá lugar a las 11 Salón de Actos de la municipalidad de Avellaneda, sito en la Avenida Güemes 835, 1° piso, de esa ciudad.
La secretaría de Ambiente subsidiará la adquisición de los predios adecuados para la relocalización de las familias afectadas por la contaminación ambiental, para luego permitir la construcción de viviendas en el marco del “Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios - Saneamiento de la Cuenca Riachuelo–Matanza“, dependiente de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que ha elaborado un “Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ubicados en la desembocadura del Riachuelo”.
En el contexto del mismo, en mayo de este año fueron entregadas las primeras 25 viviendas para familias que habitaban en Villa Inflamable. Luego de su relocalización, los estudios de plomo en sangre realizados a esos pobladores por el municipio de Avellaneda arrojaron un descenso notable, con niveles normales en algunos casos.
Con la habilitación de las nuevas viviendas se procura imprimir un avance efectivo en la estrategia de acción sobre Dock Sud como parte del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo.
Además, la iniciativa se enmarca en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río - Matanza - Riachuelo)”, en su sentencia del 8 de julio de 2008, que en su considerando 17, acápite I, punto 1 obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a cumplir un programa que persiga, como uno de sus objetivos, la mejora de calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
“La integración urbana de los asentamientos precarios garantizada a través del acceso al saneamiento básico, la regularización dominial y acceso a una vivienda adecuada, articulada con otras políticas sociales de desarrollo económico, son esenciales en la implementación de cualquier estrategia de combate de la pobreza desde la perspectiva de la sustentabilidad urbana”, sostiene el acuerdo que rubricarán los funcionarios.
La estrategia de intervención para Dock Sud diseñada por la secretaría de Ambiente de la Nación prevé la relocalización de poblaciones vulnerables a la contaminación, entre las cuales se encuentran los núcleos de residentes en Villa Inflamable, Isla Maciel y Villa Tranquila, extremándose las medidas de seguridad apoyadas en un plan de contingencia que disminuya en su mínima expresión las posibilidades de accidentes tecnológicos; así como aumentar el número de espacios verdes y promover el mejoramiento de la situación habitacional de todo el área residencial del Dock, a través de programas de rehabilitación urbana, relocalización y densificación, y refuncionalización de edificios industriales desactivados
Las acciones sobre el área poblacional Dock Sud comprenden también el seguimiento clínico de la población que resulte relocalizada en el marco de las acciones a cargo de la municipalidad, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el ministerio de Salud de la Nación en coordinación con la ACUMAR, a través de la Comisión de Trabajo “Salud para la Población de la Cuenca Matanza Riachuelo”.
Presentan hoy el Manual de Biodiversidad
Presentan hoy el Manual de Biodiversidad de Chaco, Corrientes y Formosa
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Diario de la República
Provincia/Región: Chaco - Corrientes - Formosa
Es un estudio realizado por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (Cegae). Será a las 18 en Extensión Universitaria.
La Delegación Corrientes de la Secretaria General de Extensión Universitaria de la UNNE invita a la presentación del Manual de Biodiversidad que se realizará en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario en la ciudad de Corrientes el miércoles 22 de octubre a las 18. Durante la presentación la obra será cedida a las autoridades de las tres provincias a fines de que sea incorporado en establecimientos educativos y centros especializados.
El Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste incluye dentro de sus lineamientos, vincular la actividad desarrollada por sus investigadores y docentes con la sociedad, en el marco de una relación sustentable entre Ciencia y Educación. Por ello, destacados especialistas en la temática de la Universidad, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba), han aportado su tiempo, conocimiento y genuino interés en dar a conocer diferentes aspectos de la Biodiversidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Con este Manual, el CEGAE intenta construir un puente de comunicación entre pilares importantes de la sociedad, la investigación y la educación, fortalecido por los ideales de la Universidad: Calidad, Excelencia y Pertinencia.
Este aporte, concebido principalmente, como material de consulta para los estudiantes y docentes, ha sido dividido con fines prácticos y para una mejor interpretación de los temas, en dos secciones, una de Ecosistemas acuáticos y otra de Ecosistemas terrestres.
En ambos se incluyen los siguientes ítems:
Generalidades de la biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres. Se incorporan aspectos particulares de los sistemas acuáticos y terrestres, incluyendo el estado del conocimiento en cada uno de ellos.
¿Porqué y para qué hablar de biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres? Se comenta el aporte de la diversidad biológica de cada ambiente a la biodiversidad en su conjunto.
¿Cuáles son los métodos de estudio de la biodiversidad en ambientes acuáticos y terrestres? Como cada comunidad o población tiene un método propio de estudio y esto, obviamente, tiene que ver con el ambiente en el que vive, se hace mención de las principales herramientas para analizar los distintos grupos, sin pretender agotar los métodos disponibles.
¿Cuál es la importancia de hablar sobre la biodiversidad de los ambientes acuáticos y terrestres hoy? Se enfatiza sobre la relevancia de la diversidad de los organismos en cada medio, dando un panorama de la situación en el Nordeste Argentino, particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.
Estudios de casos en cada ambiente. Se incluyen trabajos de especialistas en algunas poblaciones acuáticas y terrestres, tanto vegetales como animales.
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Diario de la República
Provincia/Región: Chaco - Corrientes - Formosa
Es un estudio realizado por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología (Cegae). Será a las 18 en Extensión Universitaria.
La Delegación Corrientes de la Secretaria General de Extensión Universitaria de la UNNE invita a la presentación del Manual de Biodiversidad que se realizará en la Sala del Sol del Centro Cultural Universitario en la ciudad de Corrientes el miércoles 22 de octubre a las 18. Durante la presentación la obra será cedida a las autoridades de las tres provincias a fines de que sea incorporado en establecimientos educativos y centros especializados.
El Centro de Gestión Ambiental y Ecología (CEGAE), dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste incluye dentro de sus lineamientos, vincular la actividad desarrollada por sus investigadores y docentes con la sociedad, en el marco de una relación sustentable entre Ciencia y Educación. Por ello, destacados especialistas en la temática de la Universidad, del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Río Cuarto (Córdoba), han aportado su tiempo, conocimiento y genuino interés en dar a conocer diferentes aspectos de la Biodiversidad de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa. Con este Manual, el CEGAE intenta construir un puente de comunicación entre pilares importantes de la sociedad, la investigación y la educación, fortalecido por los ideales de la Universidad: Calidad, Excelencia y Pertinencia.
Este aporte, concebido principalmente, como material de consulta para los estudiantes y docentes, ha sido dividido con fines prácticos y para una mejor interpretación de los temas, en dos secciones, una de Ecosistemas acuáticos y otra de Ecosistemas terrestres.
En ambos se incluyen los siguientes ítems:
Generalidades de la biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres. Se incorporan aspectos particulares de los sistemas acuáticos y terrestres, incluyendo el estado del conocimiento en cada uno de ellos.
¿Porqué y para qué hablar de biodiversidad en los ambientes acuáticos y terrestres? Se comenta el aporte de la diversidad biológica de cada ambiente a la biodiversidad en su conjunto.
¿Cuáles son los métodos de estudio de la biodiversidad en ambientes acuáticos y terrestres? Como cada comunidad o población tiene un método propio de estudio y esto, obviamente, tiene que ver con el ambiente en el que vive, se hace mención de las principales herramientas para analizar los distintos grupos, sin pretender agotar los métodos disponibles.
¿Cuál es la importancia de hablar sobre la biodiversidad de los ambientes acuáticos y terrestres hoy? Se enfatiza sobre la relevancia de la diversidad de los organismos en cada medio, dando un panorama de la situación en el Nordeste Argentino, particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.
Estudios de casos en cada ambiente. Se incluyen trabajos de especialistas en algunas poblaciones acuáticas y terrestres, tanto vegetales como animales.
Piden la intervención del Defensor del Pueblo
Funam pidió intervención del Defensor del Pueblo de la Nación por Bouwer - Córdoba
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
Mediante nota formal dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Dr. Raúl Montenegro, solicitó la intervención del organismo nacional en el caso Bouwer–Potrero del Estado.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
Coexisten en la región el enterramiento de basura y el incinerador de residuos patógenos de la empresa Cliba; la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym; el depósito judicial de vehículos de la provincia y una ex planta de fundición de plomo.
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas presentaciones solicitan formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que "realice las gestiones y presentaciones pertinentes, administrativas y eventualmente judiciales, que permitan proteger la salud de los habitantes de Bouwer-Potrero del Estado".
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Bouwer es un pueblo localizado 17 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, perteneciente al Departamento Santa María.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
ENTERRAMIENTO DE BASURA
El predio de enterramiento de Potrero del Estado se utiliza como basural desde hace 26 años. Allí llegan diariamente 2.000 toneladas de basura. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Municipalidad de Córdoba, el 96% de los residuos corresponden a la Ciudad de Córdoba. Mediante un proceso administrativo que la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y la comuna de Bouwer calificaron de "ilegal", la Municipalidad de Córdoba pretende extender ocho años más la vida útil de ese enterramiento que lleva adelante la empresa Cliba. La celda 9, actualmente en uso, tiene más de 30 metros de altura constituyendo una verdadera "montaña de basura". Su base tiene aproximadamente 830 metros de largo por 350 metros de ancho.
INCINERADOR DE RESIDUOS PATÓGENOS
El horno pirolítico que también está a cargo de la empresa Cliba quema residuos patógenos. Se pudo comprobar que durante el funcionamiento (principalmente nocturno, a partir de las 21:00 horas) contamina el aire con humos y olores desagradables. Mediante nota dirigida a la Municipalidad de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, solicitó el cierre inmediato y definitivo del incinerador, sin recibir respuesta a la fecha.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
También opera en Bouwer-Potreros del Estado una empresa privada, Taym, que recibe, trata y almacena residuos peligrosos. La cantidad de residuos depositados aumenta en forma permanente. En este depósito se hallan enterradas las 11 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos que se erradicaron del depósito que Senasa tenía en barrio Alta Córdoba. En este caso, denunciado por FUNAM a la Justicia Federal, y en el cual también intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, el presidente de Senasa fue imputado.
Los vecinos de Bouwer y Potrero del Estado deben soportar las fuertes emanaciones que descarga este depósito, donde se reciben -entre otros residuos- restos de plaguicidas. A los riesgos de sus actividades se suma el riesgo derivado de los transportes que traen residuos peligrosos.
Entre los eventos que podrían generar impactos rápidos y masivos, se destaca la posibilidad de incendio a gran escala, y posible explosión.
PLANTA DE FUNDICIÓN DE PLOMO
Durante aproximadamente tres décadas funcionó en el camino de enlace con el Camino a San Carlos la empresa Metalúrgica Bouwer. Hasta el año 2005 operó con chimenea abierta, descargando por lo tanto metales pesados al ambiente (principalmente plomo). En el año 2006 se logró su clausura. Aunque fue desmantelada persisten varios focos (fuentes) con escorias metálicas. La fundición contaminó el aire y el suelo, y a través de estos medios contaminados afectó a niños, adolescentes y adultos. Aunque la planta dejó de operar, sus residuos siguen activos. Análisis recientes mostraron elevados tenores de plomo en sangre. Este caso también se encuentra en la
Justicia, que ha tomado decisiones trascendentes. Para evaluar el impacto que ha tenido el plomo de esta fundición sobre la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes de Bouwer, FUNAM junto a la Cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) ha elaborado un protocolo de investigación. Este estudio se iniciaría a fines del año 2008.
DEPÓSITO JUDICIAL DE VEHÍCULOS
En el predio ubicado sobre la Ruta 36 entre la Penitenciaría y la Escuela de Potrero del Estado, se acumulan entre 15.000 y 20.000 automóviles semidestruidos en capas de hasta 5 unidades apiladas. La falta de control de esta chatarra produce serios impactos ambientales y sanitarios: 1) Riesgo de contaminación: descarga de contaminantes, muchos de ellos tóxicos e incluso cancerígenos. 2) Riesgo por multiplicación de vectores: generación -particularmente durante la época lluviosa- de lugares de cría para mosquitos que son potenciales transmisores de enfermedades. 3) Afectación del paisaje. Mediante nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer solicitó una audiencia a fin de evaluar conjuntamente los problemas ambientales y sanitarios que produce en la región el depósito de vehículos dependiente de la justicia provincial.
Debido a la concentración de estas actividades contaminantes que producen agentes riesgosos para la salud, la Fundación para la defensa del ambiente considera a Bouwer como "uno de los lugares más contaminados de Argentina".
Fecha de Publicación: 21/10/2008
Fuente: Funam
Provincia/Región: Córdoba
Mediante nota formal dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, el presidente de la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), Dr. Raúl Montenegro, solicitó la intervención del organismo nacional en el caso Bouwer–Potrero del Estado.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
Coexisten en la región el enterramiento de basura y el incinerador de residuos patógenos de la empresa Cliba; la planta de residuos peligrosos de la empresa Taym; el depósito judicial de vehículos de la provincia y una ex planta de fundición de plomo.
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación.
Ambas presentaciones solicitan formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Nación para que "realice las gestiones y presentaciones pertinentes, administrativas y eventualmente judiciales, que permitan proteger la salud de los habitantes de Bouwer-Potrero del Estado".
El Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, se sumó a la iniciativa de FUNAM haciendo una presentación similar ante la oficina de la Ciudad de Córdoba del Defensor del Pueblo de la Nación. Bouwer es un pueblo localizado 17 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, perteneciente al Departamento Santa María.
El pedido de intervención tiene como fundamento el riesgo sanitario al que están expuestos los habitantes de la zona, los reclusos del penal de Bouwer y los empleados de las empresas que operan en la región, producto de la concentración de actividades altamente contaminantes.
ENTERRAMIENTO DE BASURA
El predio de enterramiento de Potrero del Estado se utiliza como basural desde hace 26 años. Allí llegan diariamente 2.000 toneladas de basura. Según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Municipalidad de Córdoba, el 96% de los residuos corresponden a la Ciudad de Córdoba. Mediante un proceso administrativo que la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) y la comuna de Bouwer calificaron de "ilegal", la Municipalidad de Córdoba pretende extender ocho años más la vida útil de ese enterramiento que lleva adelante la empresa Cliba. La celda 9, actualmente en uso, tiene más de 30 metros de altura constituyendo una verdadera "montaña de basura". Su base tiene aproximadamente 830 metros de largo por 350 metros de ancho.
INCINERADOR DE RESIDUOS PATÓGENOS
El horno pirolítico que también está a cargo de la empresa Cliba quema residuos patógenos. Se pudo comprobar que durante el funcionamiento (principalmente nocturno, a partir de las 21:00 horas) contamina el aire con humos y olores desagradables. Mediante nota dirigida a la Municipalidad de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer, Juan Lupi, solicitó el cierre inmediato y definitivo del incinerador, sin recibir respuesta a la fecha.
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
También opera en Bouwer-Potreros del Estado una empresa privada, Taym, que recibe, trata y almacena residuos peligrosos. La cantidad de residuos depositados aumenta en forma permanente. En este depósito se hallan enterradas las 11 toneladas de DDT y otros plaguicidas prohibidos que se erradicaron del depósito que Senasa tenía en barrio Alta Córdoba. En este caso, denunciado por FUNAM a la Justicia Federal, y en el cual también intervino la Defensoría del Pueblo de la Nación, el presidente de Senasa fue imputado.
Los vecinos de Bouwer y Potrero del Estado deben soportar las fuertes emanaciones que descarga este depósito, donde se reciben -entre otros residuos- restos de plaguicidas. A los riesgos de sus actividades se suma el riesgo derivado de los transportes que traen residuos peligrosos.
Entre los eventos que podrían generar impactos rápidos y masivos, se destaca la posibilidad de incendio a gran escala, y posible explosión.
PLANTA DE FUNDICIÓN DE PLOMO
Durante aproximadamente tres décadas funcionó en el camino de enlace con el Camino a San Carlos la empresa Metalúrgica Bouwer. Hasta el año 2005 operó con chimenea abierta, descargando por lo tanto metales pesados al ambiente (principalmente plomo). En el año 2006 se logró su clausura. Aunque fue desmantelada persisten varios focos (fuentes) con escorias metálicas. La fundición contaminó el aire y el suelo, y a través de estos medios contaminados afectó a niños, adolescentes y adultos. Aunque la planta dejó de operar, sus residuos siguen activos. Análisis recientes mostraron elevados tenores de plomo en sangre. Este caso también se encuentra en la
Justicia, que ha tomado decisiones trascendentes. Para evaluar el impacto que ha tenido el plomo de esta fundición sobre la capacidad de aprendizaje de los niños y adolescentes de Bouwer, FUNAM junto a la Cátedra de Biología Evolutiva de la Facultad de Psicología (Universidad Nacional de Córdoba) ha elaborado un protocolo de investigación. Este estudio se iniciaría a fines del año 2008.
DEPÓSITO JUDICIAL DE VEHÍCULOS
En el predio ubicado sobre la Ruta 36 entre la Penitenciaría y la Escuela de Potrero del Estado, se acumulan entre 15.000 y 20.000 automóviles semidestruidos en capas de hasta 5 unidades apiladas. La falta de control de esta chatarra produce serios impactos ambientales y sanitarios: 1) Riesgo de contaminación: descarga de contaminantes, muchos de ellos tóxicos e incluso cancerígenos. 2) Riesgo por multiplicación de vectores: generación -particularmente durante la época lluviosa- de lugares de cría para mosquitos que son potenciales transmisores de enfermedades. 3) Afectación del paisaje. Mediante nota dirigida al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, el Jefe Comunal de Bouwer solicitó una audiencia a fin de evaluar conjuntamente los problemas ambientales y sanitarios que produce en la región el depósito de vehículos dependiente de la justicia provincial.
Debido a la concentración de estas actividades contaminantes que producen agentes riesgosos para la salud, la Fundación para la defensa del ambiente considera a Bouwer como "uno de los lugares más contaminados de Argentina".
Prisión, torturas y desalojos para campesinos
Argentina: prisión, torturas y desalojos para campesinos de tres provincias
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
Fecha de Publicación: 20/10/2008
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Formosa - Mendoza - Santiago del Estero
Durante el último mes, en las tres provincias fueron detenidos 35 campesinos y se dictaron 95 pedidos de captura. Los empresarios acuden a la Justicia para desalojarlos de sus tierras, pero nadie recibe las denuncias de los campesinos por los ataques que sufren.
La pésima suerte de nacer campesino
La agricultura campesina representa el 70 por ciento de las explotaciones agropecuarias de Argentina, produce el 53 por ciento de los alimentos que se consumen en el país y aporta la mitad del trabajo rural, según cifras oficiales. Las organizaciones campesinas también encabezan las estadísticas de desalojos, prisión y represiones, que en la última década se transformaron en hechos cotidianos. La avanzada represiva tuvo su punto máximo el último mes: 35 campesinos encarcelados y 95 pedidos de captura en sólo tres provincias, Santiago del Estero, Mendoza y Formosa. Denunciada como una “caza de brujas”, la judicialización de la lucha rural avanza sobre familias que rechazan el cultivo de soja, siembran para autoconsumo, crían animales y trabajan la tierra con sus propias manos, son la base de la pirámide rural. “Campesinos en lucha están sufriendo una persecución política, violenta e impune. Exigimos la inmediata liberación de compañeros, la investigación de funcionarios, jueces y policías que violaron derechos humanos, y exigimos la suspensión de los desalojos”, denunció el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que nuclea a 15.000 familias rurales de siete provincias.
En Mendoza no hay soja, pero el avance del monocultivo en otras regiones produjo el corrimiento de frontera ganadera y sus consecuentes desalojos. Históricas familias campesinas observaron cómo grandes hacendados avanzaban sobre sus tierras. José Quintero tiene siete hijos, vive en Jocolí, departamento de Lavalle, y es miembro de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST). Su padre criaba animales desde 1976, y él continuó el oficio. Desde hace más de veinte años ocupa y trabaja una finca en la que pastorean las cabras, chanchos y caballos. Aunque cuenta con posesión veinteañal, protegido por ley, la Liga de Rematadores ofertó la finca, con los campesinos dentro.
La UST, miembro del MNCI, denunció el hecho y logró que la Justicia dicte la “suspensión de todos los procedimientos del remate” e inicie una investigación de los hechos. También hizo lugar a la presentación de los derechos de posesión de José Quintero. La propiedad no pudo ser inscripta por los empresarios, pero éstos igual ingresaron topadoras y comenzaron a arrasar el monte. Quintero llegó hasta la comisaría de Jocolí, pero la policía no le recibió la denuncia. Como única opción, y junto con la UST, comenzó a frenar las topadoras. Entonces los efectivos sí actuaron: encarcelaron a Quintero y otros dos miembros de la organización. También ordenaron la captura de otros diez trabajadores rurales.
“Ante las denuncias de los campesinos, la Justicia y la policía jamás actúan. En cambio con sólo un llamado de los empresarios la policía acciona de inmediato”, denunció la UST de Mendoza y apuntó a la cuestión de fondo: “Hay una clara persecución y criminalización de la lucha por los derechos humanos campesinos y un intento de instalar el terror en la zona, para que los empresarios puedan apropiarse de fincas sin la resistencia de los poseedores legítimos y legales”.
En el departamento de San Rafael, al sur provincial, otros cuatro militantes campesinos de la UST enfrentan un juicio oral acusados de “usurpación” de la tierra donde viven desde hace tres generaciones. Y otros 30 campesinos están imputados por resistir a ser desalojados de sus fincas ancestrales. “Estamos amparados por leyes y artículos del Código Civil, pero algunos jueces, fiscales y policías parecen desconocer la legislación”, denunciaron los Sin Tierra de Mendoza.
En Formosa, el Movimiento Campesino provincial (Mocafor) forma parte del flamante Frente Nacional Campesino (FNC), nacido durante el conflicto de las entidades patronales y el Gobierno, apoyó la Resolución 125 y marchó al Congreso para su aprobación. El gobernador Gildo Insfrán es aliado del oficialismo, pero ni eso influyó al momento de la criminalización de la organización. En dos días sufrió la detención de tres militantes, que habían resistido el atropello de empresarios, y ordenaron la captura de otros cinco. El centro del conflicto es la Estancia La Florencia, de 90 mil hectáreas, en el oeste formoseño, que pretende echar a históricos habitantes. “Estábamos en un momento de tregua, sin movilizaciones, buscando el diálogo, y la Justicia, que obedece al gobernador, nos encarcela”, explicó Benigno López, referente del Mocafor. También remarcó que en todo el país “se está acentuando la violencia y agudizando la represión para que campesinos dejen sus tierras, algo que no dejaremos que suceda”.
Pioneros en la lucha contra el monocultivo de soja y la deforestación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) nuclea a 9000 familias. Enfrentan a paramilitares y sojeros, cuentan con una escuela propia, radios comunitarias y emprendimientos productivos. Las veces que fueron desalojados, han vuelto a recuperar sus tierras. En el último mes sufrieron 29 detenciones, 50 pedidos de captura y tormentos propios de la dictadura militar, saqueo de viviendas por parte de efectivos policiales, simulacros de fusilamientos, disparos con balas de goma desde corta distancia, golpes y torturas.
“Como no han podido cooptar al Mocase-Vía Campesina, pretenden desarticularlo y quedarse con las tierras ancestrales. Es un accionar conjunto del poder político y judicial de Santiago del Estero para favorecer el avance de los agronegocios y los grandes terratenientes”, afirmaron desde la organización campesina.
En sólo un mes, la organización sufrió media docena de allanamientos en las localidades de Monte Quemado, Pinto, Quimilí, Tintina, Atamisqui y Termas de Río Hondo. La represión incluyó golpes de puño, patadas, insultos, robo en los ranchos campesinos; destruyeron viviendas, extrajeron herramientas y hasta les llevaron una camioneta. Todos los operativos fueron realizados de manera espectacular, con más de treinta efectivos con armas largas y rostros tapados. La policía recorría parajes y ranchos, allanaba sin orden judicial y apresaban sin razón alguna. “Una caza de brujas”, denunció el Mocase-VC, también miembro del Movimiento Campesino Indígena (MNCI).
Las acusaciones sobre los campesinos van desde “robo de un caballo” –según consta en la denuncia, y que provocó allanamientos masivos– hasta la supuesta “amenaza de muerte, tenencia de armas y hurto de productos forestales”. La mayoría de las causas están en manos de los jueces Alvaro Mansilla, Jorge Salomón, Ramón Tarchini Saavedra y Anselmo Juárez –ex abogado del jefe de inteligencia del juarismo, Musa Azar–. “Son las acusaciones que acostumbran los terratenientes de la zona contra quienes frenamos los desmontes y los alambrados, y hacemos respetar nuestros derechos. Según los jueces, cuando nosotros denunciamos inventamos la denuncia, y cuando denuncian contra nosotros sí son hechos delictivos”, explicaron desde el Mocase-VC, que exige el cumplimiento de la Ley de Bosques (que debiera frenar los desmontes) y la norma de “Emergencia Indígena, 26.160” (freno a desalojos). Ninguna de las leyes se cumple en tierra santiagueña.
El miércoles último, los campesinos santiagueños instalaron una carpa negra frente a los tribunales de Santiago capital. Exigen la liberación inmediata y la anulación de las “causas inventadas” que mantienen presos desde hace 40 días a Luis y Santos González, miembros del Mocase-VC procesados por resistir el desalojo de sus tierras ancestrales.
En la capital nacional del desmonte
Con casi veinte años de lucha, el Mocase-VC sufrió represión, cárcel y asesinatos durante el juarismo, que gobernó Santiago del Estero durante cinco décadas. El hostigamiento nunca cesó, ni durante la intervención federal ni con el gobernador Gerardo Zamora, aliado del gobierno nacional, y que rechazó dialogar con PáginaI12. Conocida como la “capital nacional del desmonte”, Santiago del Estero encabeza la lista de destrucción de bosques nativos: 515.228 hectáreas entre 2002 y 2006, siempre de la mano del avance sojero.
El gobernador Zamora, sindicado por el Mocase-VC como máximo responsable de la criminalización campesina, asistió hace diez días al lanzamiento de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, espacio que estaría al servicio de los campesinos, con promesas de subsidios y elogios al sector. En su provincia, en cuanto a problemática de tierras, el gobierno santiagueño sólo impulsó una “Mesa de Diálogo”, donde hay tan múltiples actores (incluso ONG que aceptan la soja y los agrotóxicos), y con tan poco poder de decisión, que no ha dado respuestas concretas a la problemática del sector. De esa Mesa también participa el Programa Social Agropecuario (PSA), instancia gubernamental que debiera asistir a familias rurales, pero que margina al Mocase-VC por su independencia del gobierno provincial.
El ministro de Justicia de Santiago del Estero, Ricardo Daives, tampoco aceptó hablar con este diario. Daives es acusado de impulsar la represión, en complicidad con el senador nacional Emilio Rached, ex vicegobernador y ex intendente de la localidad de Pinto, impulsor de la soja en la zona. Rached, legislador clave en el rechazo de la Resolución 125, aspira a la gobernación de Santiago del Estero y tiene entre sus principales detractores al Mocase-VC, única organización que lo enfrentó y que Rached no pudo vencer.
La mitad del país tendrá una hora más
La mitad del país tendrá una hora más
Fecha de Publicación: 18/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Esta noche, a partir de las 0, Córdoba y 10 provincias deben adelantar los relojes 60 minutos. Otras 12 no lo harán.
Argentina tendrá desde esta noche dos husos horarios para el mejor aprovechamiento de la luz solar con miras a un ahorro energético, de acuerdo a una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
En un principio, el Gobierno nacional había dispuesto el adelantamiento de la hora oficial en una hora para todo el país, pero finalmente, de acuerdo a la medida publicada, 12 provincias quedarán excluidas de ese cambio, por lo que el país quedará dividido en dos husos horarios.
Las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén, Catamarca y San Juan (todas exceptuadas) habían adelantado antes de la publicación del decreto su rechazo a la iniciativa de modificar el huso horario. Córdoba ya se había pronunciado a favor del cambio.
Según la resolución, el cambio en las provincias que sí adelantarán una hora sus relojes esta medianoche y hasta el 14 de marzo de 2009 –lapso en el que estarán atrasadas en dos horas en relación con el huso horario internacional del meridiano de Greenwich (-2 GMT)– es "una alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el consumo de energía eléctrica".
Las provincias que adhieren al cambio de hora son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las que permanecerán con el mismo horario son Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los negocios locales
Representantes del comercio y de negocios de Córdoba se mostraron con dudas respecto al nuevo horario, aunque no se negaron categóricamente, pues reconocieron que no afecta el volumen de ventas.
"Si bien el cambio no tiene incidencia en el volumen de ventas, genera mal humor en la gente y cansancio en el personal. A los negocios de barrio se les acorta la mañana y se alarga la tarde porque la gente sale a comprar mientras está de día", dijo Luis Oliva, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
"Es una cuestión de calidad de vida, más que económica", manifestó.
Por su parte, Eduardo Fernández, titular de la delegación de Córdoba de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) dijo: "Hay opiniones disímiles pero, en general, el año pasado no fue una ventaja ni nos perjudicó. Pero nos queda la duda de si verdaderamente significó un ahorro".
Y aclaró que apoyarían el cambio si realmente significara un ahorro energético y asegurara que no haya cortes de luz. "Preferiría la molestia del cambio y no tener cortes", aseguró.
Fecha de Publicación: 18/10/2008
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Esta noche, a partir de las 0, Córdoba y 10 provincias deben adelantar los relojes 60 minutos. Otras 12 no lo harán.
Argentina tendrá desde esta noche dos husos horarios para el mejor aprovechamiento de la luz solar con miras a un ahorro energético, de acuerdo a una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial.
En un principio, el Gobierno nacional había dispuesto el adelantamiento de la hora oficial en una hora para todo el país, pero finalmente, de acuerdo a la medida publicada, 12 provincias quedarán excluidas de ese cambio, por lo que el país quedará dividido en dos husos horarios.
Las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén, Catamarca y San Juan (todas exceptuadas) habían adelantado antes de la publicación del decreto su rechazo a la iniciativa de modificar el huso horario. Córdoba ya se había pronunciado a favor del cambio.
Según la resolución, el cambio en las provincias que sí adelantarán una hora sus relojes esta medianoche y hasta el 14 de marzo de 2009 –lapso en el que estarán atrasadas en dos horas en relación con el huso horario internacional del meridiano de Greenwich (-2 GMT)– es "una alternativa ventajosa para disminuir tanto la potencia máxima como el consumo de energía eléctrica".
Las provincias que adhieren al cambio de hora son Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Las que permanecerán con el mismo horario son Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los negocios locales
Representantes del comercio y de negocios de Córdoba se mostraron con dudas respecto al nuevo horario, aunque no se negaron categóricamente, pues reconocieron que no afecta el volumen de ventas.
"Si bien el cambio no tiene incidencia en el volumen de ventas, genera mal humor en la gente y cansancio en el personal. A los negocios de barrio se les acorta la mañana y se alarga la tarde porque la gente sale a comprar mientras está de día", dijo Luis Oliva, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba.
"Es una cuestión de calidad de vida, más que económica", manifestó.
Por su parte, Eduardo Fernández, titular de la delegación de Córdoba de Apyme (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios) dijo: "Hay opiniones disímiles pero, en general, el año pasado no fue una ventaja ni nos perjudicó. Pero nos queda la duda de si verdaderamente significó un ahorro".
Y aclaró que apoyarían el cambio si realmente significara un ahorro energético y asegurara que no haya cortes de luz. "Preferiría la molestia del cambio y no tener cortes", aseguró.
Santiago: lanzaron programa sobre energía
Lanzaron el programa para el uso racional y Eficiente de la Energía
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El gobernador Gerardo Zamora, encabezó la ceremonia de presentación del Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, impulsado por el Gobierno Nacional, declarado de interés y prioridad nacional y que en Santiago del Estero comenzará este viernes, con el recambio de las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno y el Primer Mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura Provincial, Dr. Ángel Niccolai; la vicegobernadora, Blanca Porcel de Riccobelli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Argentino Cambrini y el titular del Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero (ENRESE), Dr. Luis Orlando Cabanillas.
Mientras tanto, en representación del Gobierno de la Nación, asistió el Coordinador de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Horacio Schiaffino.
Asistieron también, intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, quienes firmaron una nota de adhesión al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, con el propósito de alcanzar un ahorro, máxime si se tiene en cuenta que proviene de recursos naturales no renovables.
Al hacer uso de la palabra en Dr. Cabanillas señaló que el Programa nacional llega a Santiago con muchas expectativas, siendo la principal la vinculada al ahorro, a fin de que luego pueda ser aplicado a la industria y a la reserva.
Explicó que en la provincia el programa comenzará este viernes con el inicio del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y el domingo, con el cambio de hora, cuestiones que forman parte de todo un sistema que la República Argentina ha implementado en busca de un ahora energético.
Indicó que en la provincia “el programa se inicia con una primera entrega de 40.000 lámparas de bajo consumo, que el usuario podrá cambiar entregando dos lámparas incandescentes y se le entregará igual número de bajo consumo. Esto parece pequeño, pero si lo suma a los actuales 4 millones de lámparas cambiadas en todo el país, se alcanza un ahorro de 180 megavatios, eso es media Central Atucha”.
Sostuvo entonces, que “se apunta al recambio de 25 millones de lámparas, lo que significará un ahorro de 1.000 megavatios”. Por último, reiteró que “me reconforta la convocatoria que observo en este salón porque creemos en el esfuerzo y la unidad. Muchas gracias a usted también Sr. Gobernador, por su apoyo y voluntad”, concluyó.
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Santiago del Estero
El gobernador Gerardo Zamora, encabezó la ceremonia de presentación del Programa para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, impulsado por el Gobierno Nacional, declarado de interés y prioridad nacional y que en Santiago del Estero comenzará este viernes, con el recambio de las viejas lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo.
La ceremonia se desarrolló en el Salón Auditórium de Casa de Gobierno y el Primer Mandatario provincial estuvo acompañado por el presidente de la Legislatura Provincial, Dr. Ángel Niccolai; la vicegobernadora, Blanca Porcel de Riccobelli; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Argentino Cambrini y el titular del Ente Regulador de Energía de Santiago del Estero (ENRESE), Dr. Luis Orlando Cabanillas.
Mientras tanto, en representación del Gobierno de la Nación, asistió el Coordinador de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Horacio Schiaffino.
Asistieron también, intendentes y comisionados municipales de toda la provincia, quienes firmaron una nota de adhesión al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, con el propósito de alcanzar un ahorro, máxime si se tiene en cuenta que proviene de recursos naturales no renovables.
Al hacer uso de la palabra en Dr. Cabanillas señaló que el Programa nacional llega a Santiago con muchas expectativas, siendo la principal la vinculada al ahorro, a fin de que luego pueda ser aplicado a la industria y a la reserva.
Explicó que en la provincia el programa comenzará este viernes con el inicio del recambio de lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo y el domingo, con el cambio de hora, cuestiones que forman parte de todo un sistema que la República Argentina ha implementado en busca de un ahora energético.
Indicó que en la provincia “el programa se inicia con una primera entrega de 40.000 lámparas de bajo consumo, que el usuario podrá cambiar entregando dos lámparas incandescentes y se le entregará igual número de bajo consumo. Esto parece pequeño, pero si lo suma a los actuales 4 millones de lámparas cambiadas en todo el país, se alcanza un ahorro de 180 megavatios, eso es media Central Atucha”.
Sostuvo entonces, que “se apunta al recambio de 25 millones de lámparas, lo que significará un ahorro de 1.000 megavatios”. Por último, reiteró que “me reconforta la convocatoria que observo en este salón porque creemos en el esfuerzo y la unidad. Muchas gracias a usted también Sr. Gobernador, por su apoyo y voluntad”, concluyó.
Intendentes en la justicia por contaminar
Citaron a declarar al intendente de Concepción por contaminación
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, tendrá que presentarse en noviembre en la Justicia Federal para responder por una causa en la que se investiga la contaminación que genera un basural municipal a cielo abierto, ubicado a la vera del río Gastona. Gendarmería Nacional detectó el año pasado la presencia de residuos patógenos. Nada parece haber cambiado en la ciudad Perla del Sur, ya que por un hecho similar, el ex intendente de esa ciudad, Octavio Muedra, ya fue condenado el año pasado. Los intendentes de Aguilares y Monteros, también en la mira.
Ni el castigo de la Justicia parece cambiar algo en la ciudad de Concepción. El 7 de noviembre próximo se cumplirá un año de la histórica condena que recibió el ex intendente de ese municipio, Octavio Muedra, al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental que provocó un basural municipal a cielo abierto que contenía residuos patógenos. Y ahora, por un hecho de similares características, el actual intendente Osvaldo Morelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Altas fuentes de la Justicia Federal confirmaron a primerafuente que el jefe municipal fue citado para el mes de noviembre (no se precisó la fecha) en calidad de imputado por el presunto delito de contaminación previsto en la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. La causa se inició el año pasado tras una información preliminar de Gendarmería Nacional que detectó la existencia de residuos patógenos en el basural que está ubicado a la vera del río Gastona, por lo que afectaría a las aguas del río Salí.
Desde el banquillo de los acusados, Muedra, en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, reconoció que “no estaba bien” el basural y aseguró que la crisis económica le impidió realizar un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Luego, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitado por igual tiempo a ejercer cargos públicos. ¿Qué dirá ahora Morelli luego de los años de bonanza enconómica?
Morelli (de Participación Cívica) no es el único intendente en ejercicio que está bajo la lupa de la Justicia por un hecho de contaminación. Racedo también tiene una causa abierta contra el intendente de Aguilares, Agustín Fernández, quien también está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la existencia de residuos patógenos en un basural municipal a cielo abierto.
El intendente justicialista de Monteros, Luis Olea, también está en la mira judicial. EL juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, lo investiga por un supuesto basural contaminante, ubicado a 500 metros del kilómetro 758 de la ruta nacional 38, a metros del río Pueblo Viejo que desemboca en un cause del Salí. La causa data de 2004 y el año pasado Bejas declaró la falta de mérito pero al mismo tiempo ordenó nuevas medidas que incluían la ampliación indagatoria del también presidente del Congreso del Partido Justicialista.
Fecha de Publicación: 17/10/2008
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
El intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, tendrá que presentarse en noviembre en la Justicia Federal para responder por una causa en la que se investiga la contaminación que genera un basural municipal a cielo abierto, ubicado a la vera del río Gastona. Gendarmería Nacional detectó el año pasado la presencia de residuos patógenos. Nada parece haber cambiado en la ciudad Perla del Sur, ya que por un hecho similar, el ex intendente de esa ciudad, Octavio Muedra, ya fue condenado el año pasado. Los intendentes de Aguilares y Monteros, también en la mira.
Ni el castigo de la Justicia parece cambiar algo en la ciudad de Concepción. El 7 de noviembre próximo se cumplirá un año de la histórica condena que recibió el ex intendente de ese municipio, Octavio Muedra, al ser encontrado responsable de la contaminación ambiental que provocó un basural municipal a cielo abierto que contenía residuos patógenos. Y ahora, por un hecho de similares características, el actual intendente Osvaldo Morelli fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo.
Altas fuentes de la Justicia Federal confirmaron a primerafuente que el jefe municipal fue citado para el mes de noviembre (no se precisó la fecha) en calidad de imputado por el presunto delito de contaminación previsto en la Ley nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051. La causa se inició el año pasado tras una información preliminar de Gendarmería Nacional que detectó la existencia de residuos patógenos en el basural que está ubicado a la vera del río Gastona, por lo que afectaría a las aguas del río Salí.
Desde el banquillo de los acusados, Muedra, en sus últimas palabras antes de escuchar la sentencia, reconoció que “no estaba bien” el basural y aseguró que la crisis económica le impidió realizar un tratamiento adecuado de los residuos peligrosos. Luego, fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitado por igual tiempo a ejercer cargos públicos. ¿Qué dirá ahora Morelli luego de los años de bonanza enconómica?
Morelli (de Participación Cívica) no es el único intendente en ejercicio que está bajo la lupa de la Justicia por un hecho de contaminación. Racedo también tiene una causa abierta contra el intendente de Aguilares, Agustín Fernández, quien también está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la existencia de residuos patógenos en un basural municipal a cielo abierto.
El intendente justicialista de Monteros, Luis Olea, también está en la mira judicial. EL juez federal subrogante Nº 2, Daniel Bejas, lo investiga por un supuesto basural contaminante, ubicado a 500 metros del kilómetro 758 de la ruta nacional 38, a metros del río Pueblo Viejo que desemboca en un cause del Salí. La causa data de 2004 y el año pasado Bejas declaró la falta de mérito pero al mismo tiempo ordenó nuevas medidas que incluían la ampliación indagatoria del también presidente del Congreso del Partido Justicialista.
Seguros ambientales en Argentina
Argentina es el primer país del mundo en establecer la obligación de contratar seguros ambientales
Fecha de Publicación: 16/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La obligación de contratar seguros ambientales por parte de las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, terminó de regularse el 22 de septiembre último, al publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1398/08 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta última resolución, de las seis que se han dictado hasta ahora, permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente, pues permitió al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado.
De este modo, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer tal obligatoriedad. En España y la Unión Europea actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010. En el resto de los países donde existe el seguro ambiental, esto es así porque la buena práctica indica asegurarse, y no porque sea obligatorio hacerlo.
En la redacción final de la norma trabajaron conjuntamente la cartera ambiental de la Nación, la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía y Producción y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Quienes deben contratar el seguro ambiental son los titulares de las actividades riesgosas para el ambiente, listadas en el Anexo I de la Resolución 303/07 y Resolución 1639/07 que, de acuerdo con una formula polinómica, deben establecer su nivel de complejidad ambiental.
Para la actual gestión de la secretaría de Ambiente, fue prioritario regular la obligación de contratar el seguro ambiental, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, con la finalidad de hacerla operativa:
Art. 22. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.”
El problema que presentaba la aplicación de la Ley General del Ambiente es que al no existir oferta de seguros en el mercado, la obligación que surge del citado artículo 22 resultaba una obligación de cumplimiento imposible. Esta situación resultó muy cómoda para el sector asegurable, que con solo demostrar que no existía oferta de pólizas, se eximía del cumplimiento de esta parte de la norma.
Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría a cargo de Romina Picolotti tomó la decisión política de resolver el problema planteado, y para ello –durante el año 2007– la cartera ambiental de la Nación dictó las resoluciones 177/07, 303/07 y 1639/07, a través de las cuales:
1. Determinó cuales son las actividades que se consideran “riesgosas” para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar seguro ambiental. De esta manera, también se aclara el universo de actividades que quedan eximidas o excluidas de la obligación.
2. Estableció la opción de autoasegurarse para que, aquellos que lo prefieran, o quienes no puedan acceder a pólizas de seguro en materia ambiental, tengan forma de cumplir con el artículo 22.
3. Estableció los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán la “entidad suficiente” a la cobertura, tal como lo exige el artículo 22.
4. Creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), como área de trabajo específica dentro de la secretaria de Ambiente, para entender y avanzar en materia de riesgos y seguros ambientales.
Para la regulación de los aspectos más propios de la técnica asegurativa, la secretaría de Ambiente se unió con la secretaría de Finanzas –órbita en la cual funciona la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)–, a través de la Creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) por Resolución Conjunta SF 12 y SAyDS 178, a fin de determinar las pautas básicas para las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y los requisitos, condiciones y alcance para el autoaseguro y los fondos de restauración.
Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de la resolución conjunta SF 98 y SAyDS 1973. Estas pautas tienen por objeto:
• Garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
• Acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
El 26 de agosto último la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primer póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
La aprobación y existencia en el mercado de esta primera póliza que cumple con los requisitos que establece la Ley 25.675 confirma el éxito de esta gestión de la secretaría y de su labor regulatoria en este sentido.
Fecha de Publicación: 16/10/2008
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La obligación de contratar seguros ambientales por parte de las empresas que realicen actividades riesgosas para el ambiente, terminó de regularse el 22 de septiembre último, al publicarse en el Boletín Oficial la Resolución 1398/08 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Esta última resolución, de las seis que se han dictado hasta ahora, permitió hacer operativa la obligación que establece la Ley General del Ambiente, pues permitió al sector asegurador ofrecer pólizas en el mercado.
De este modo, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en establecer tal obligatoriedad. En España y la Unión Europea actualmente se está evaluando hacer obligatoria la contratación de un seguro ambiental para 2010. En el resto de los países donde existe el seguro ambiental, esto es así porque la buena práctica indica asegurarse, y no porque sea obligatorio hacerlo.
En la redacción final de la norma trabajaron conjuntamente la cartera ambiental de la Nación, la secretaría de Finanzas del ministerio de Economía y Producción y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Quienes deben contratar el seguro ambiental son los titulares de las actividades riesgosas para el ambiente, listadas en el Anexo I de la Resolución 303/07 y Resolución 1639/07 que, de acuerdo con una formula polinómica, deben establecer su nivel de complejidad ambiental.
Para la actual gestión de la secretaría de Ambiente, fue prioritario regular la obligación de contratar el seguro ambiental, tal como lo establece el artículo 22 de la Ley 25.675 General del Ambiente, con la finalidad de hacerla operativa:
Art. 22. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.”
El problema que presentaba la aplicación de la Ley General del Ambiente es que al no existir oferta de seguros en el mercado, la obligación que surge del citado artículo 22 resultaba una obligación de cumplimiento imposible. Esta situación resultó muy cómoda para el sector asegurable, que con solo demostrar que no existía oferta de pólizas, se eximía del cumplimiento de esta parte de la norma.
Como autoridad de aplicación de la Ley General del Ambiente, la secretaría a cargo de Romina Picolotti tomó la decisión política de resolver el problema planteado, y para ello –durante el año 2007– la cartera ambiental de la Nación dictó las resoluciones 177/07, 303/07 y 1639/07, a través de las cuales:
1. Determinó cuales son las actividades que se consideran “riesgosas” para el ambiente que quedan alcanzadas por la obligación de contratar seguro ambiental. De esta manera, también se aclara el universo de actividades que quedan eximidas o excluidas de la obligación.
2. Estableció la opción de autoasegurarse para que, aquellos que lo prefieran, o quienes no puedan acceder a pólizas de seguro en materia ambiental, tengan forma de cumplir con el artículo 22.
3. Estableció los criterios para determinar los montos mínimos asegurables que darán la “entidad suficiente” a la cobertura, tal como lo exige el artículo 22.
4. Creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), como área de trabajo específica dentro de la secretaria de Ambiente, para entender y avanzar en materia de riesgos y seguros ambientales.
Para la regulación de los aspectos más propios de la técnica asegurativa, la secretaría de Ambiente se unió con la secretaría de Finanzas –órbita en la cual funciona la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)–, a través de la Creación de la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA) por Resolución Conjunta SF 12 y SAyDS 178, a fin de determinar las pautas básicas para las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y los requisitos, condiciones y alcance para el autoaseguro y los fondos de restauración.
Las pautas básicas para las pólizas de daño ambiental de incidencia colectiva fueron dictadas a fin del año pasado, a través de la resolución conjunta SF 98 y SAyDS 1973. Estas pautas tienen por objeto:
• Garantizar una remediación/recomposición razonable del ambiente afectado, alcanzando niveles de riesgo aceptables para la salud humana de acuerdo con criterios universalmente aceptados.
• Acotar el riesgo de modo que disminuya la incertidumbre y puedan generarse ofertas razonables y primas accesibles.
El 26 de agosto último la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primer póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva en la República Argentina. Si bien existían en el mercado pólizas que cubrían eventos de contaminación, siempre excluían expresamente la cobertura de la Ley 25.675 por considerarla amplia e imprecisa.
La aprobación y existencia en el mercado de esta primera póliza que cumple con los requisitos que establece la Ley 25.675 confirma el éxito de esta gestión de la secretaría y de su labor regulatoria en este sentido.
La demanda energética subió 6,2 por ciento
La demanda energética subió 6,2 por ciento
Fecha de Publicación: 15/10/2008
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Nacional
La demanda energética pegó un salto en septiembre y subió 6,2 por ciento. Es el alza que registró en relación al mismo mes de 2007, lo que significó el período de mayor crecimiento interanual de todo el 2008, informó ayer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico. Si bien la demanda creció en casi todo el país, la mayor suba estuvo liderada por Capital Federal y GBA, Santa Fe y Córdoba.
Por su parte, la temperatura media se ubicó unos 2,4° más baja que en septiembre del año pasado, destacó el informe de Fundelec. Teniendo en cuenta el consumo acumulado de los primeros nueve meses del año, el crecimiento se ubica en el 2,5%. En septiembre pasado la demanda total del MEM fue de 8.587,6 GWh; mientras que en el mismo mes de 2007 había sido de 8.082,6 GWh, con lo que la comparación interanual da una suba del 6,2%.
En lo referente a la comparación intermensual y dado que en agosto se registró un consumo de 9.025,3GWh (un mes en el que, estacionalmente, se consume más), la demanda de septiembre tuvo un descenso del 4,8% (respecto a agosto de 2008). En cuanto al consumo de potencia, septiembre registró un pico de 17.615 MW (lejos del récord de junio de 19.126 MW).
En la evaluación del promedio de picos de consumo diarios, la media de este año fue 6,4% mayor a la de septiembre del 2008, 7,9% mayor a la del 2006, y 18% mayor a la del 2005.
Por otra parte, las provincias que registraron las mayores subas de la demanda de energía al MEM, siempre en comparación con septiembre del 2007, fueron Santa Cruz (28,6%), La Pampa (18,8%), Formosa (15%), Jujuy (9,3%) y Salta (8,8%).
Sin embargo, por su mayor ponderación en el promedio final, se destacan los crecimientos de Edenor (8,5%), Córdoba (7,8%), Edelap (7,8%), Edesur (6,7%) y Santa Fe (6,5%), todos por encima del promedio de todo el país. En tanto, las únicas que bajaron su consumo fueron Neuquén (-5,8%) y Chubut (-0,7%).
Fecha de Publicación: 15/10/2008
Fuente: Diario Democracia
Provincia/Región: Nacional
La demanda energética pegó un salto en septiembre y subió 6,2 por ciento. Es el alza que registró en relación al mismo mes de 2007, lo que significó el período de mayor crecimiento interanual de todo el 2008, informó ayer la Fundación para el Desarrollo Eléctrico. Si bien la demanda creció en casi todo el país, la mayor suba estuvo liderada por Capital Federal y GBA, Santa Fe y Córdoba.
Por su parte, la temperatura media se ubicó unos 2,4° más baja que en septiembre del año pasado, destacó el informe de Fundelec. Teniendo en cuenta el consumo acumulado de los primeros nueve meses del año, el crecimiento se ubica en el 2,5%. En septiembre pasado la demanda total del MEM fue de 8.587,6 GWh; mientras que en el mismo mes de 2007 había sido de 8.082,6 GWh, con lo que la comparación interanual da una suba del 6,2%.
En lo referente a la comparación intermensual y dado que en agosto se registró un consumo de 9.025,3GWh (un mes en el que, estacionalmente, se consume más), la demanda de septiembre tuvo un descenso del 4,8% (respecto a agosto de 2008). En cuanto al consumo de potencia, septiembre registró un pico de 17.615 MW (lejos del récord de junio de 19.126 MW).
En la evaluación del promedio de picos de consumo diarios, la media de este año fue 6,4% mayor a la de septiembre del 2008, 7,9% mayor a la del 2006, y 18% mayor a la del 2005.
Por otra parte, las provincias que registraron las mayores subas de la demanda de energía al MEM, siempre en comparación con septiembre del 2007, fueron Santa Cruz (28,6%), La Pampa (18,8%), Formosa (15%), Jujuy (9,3%) y Salta (8,8%).
Sin embargo, por su mayor ponderación en el promedio final, se destacan los crecimientos de Edenor (8,5%), Córdoba (7,8%), Edelap (7,8%), Edesur (6,7%) y Santa Fe (6,5%), todos por encima del promedio de todo el país. En tanto, las únicas que bajaron su consumo fueron Neuquén (-5,8%) y Chubut (-0,7%).
La Entre Ríos que la soja destruyó
La Entre Ríos que la soja destruyó
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El departamento Villaguay, donde otrora esplendió la selva del Montiel, es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana, justificada en términos económicos, a un nivel desconocido en toda la historia anterior de Entre Ríos.
Una organización no gubernamental ecologista lamentó que de nada sirvieron los recursos de amparo ni los convenios firmados con la justicia para evitar la depredación: el desmonte siguió sistemático con topadoras y quema del monte nativo hasta su destrucción completa.
En estación Raíces, según la denuncia, el desmonte salvaje producido paradójicamente por la “civilización” con fines productivos y comerciales, llega hasta el patio de las viviendas rurales de la zona. Esto permite suponer que la siembra de soja para obtener renta, que de eso se trata, llegará hasta allí.
Esta situación representa un peligro para la salud por el uso de agroquímicos que comporta el nuevo estilo productivo con uso de semillas transgénicas, y además viola la ley de uso de agroquímicos.
El procedimiento es: primero desmonte con topadoras, luego denuncia y llegada tardía de inspectores que aplican multas irrisorias que los infractores pagan con gusto.
Las normas, que el gobierno provincial a través de la secretaría de la Producción no cumple ni hace cumplir, disponen que el permiso de desmonte para cada propietario de campo es de 100 hectáreas con un plan de manejo firmada por un ingeniero matriculado.
En contraposición con estas normas, que permanecen en los papeles, en el departamento Villaguay, bajo el impulso de los altos precios de la soja, se ha destruido la obra milenaria de la naturaleza.
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AIM Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El departamento Villaguay, donde otrora esplendió la selva del Montiel, es el más depredado en los últimos 10 años por la acción humana, justificada en términos económicos, a un nivel desconocido en toda la historia anterior de Entre Ríos.
Una organización no gubernamental ecologista lamentó que de nada sirvieron los recursos de amparo ni los convenios firmados con la justicia para evitar la depredación: el desmonte siguió sistemático con topadoras y quema del monte nativo hasta su destrucción completa.
En estación Raíces, según la denuncia, el desmonte salvaje producido paradójicamente por la “civilización” con fines productivos y comerciales, llega hasta el patio de las viviendas rurales de la zona. Esto permite suponer que la siembra de soja para obtener renta, que de eso se trata, llegará hasta allí.
Esta situación representa un peligro para la salud por el uso de agroquímicos que comporta el nuevo estilo productivo con uso de semillas transgénicas, y además viola la ley de uso de agroquímicos.
El procedimiento es: primero desmonte con topadoras, luego denuncia y llegada tardía de inspectores que aplican multas irrisorias que los infractores pagan con gusto.
Las normas, que el gobierno provincial a través de la secretaría de la Producción no cumple ni hace cumplir, disponen que el permiso de desmonte para cada propietario de campo es de 100 hectáreas con un plan de manejo firmada por un ingeniero matriculado.
En contraposición con estas normas, que permanecen en los papeles, en el departamento Villaguay, bajo el impulso de los altos precios de la soja, se ha destruido la obra milenaria de la naturaleza.
Macri quiere seguir contaminando
Greenpeace: "el plan de Macri es seguir volcando basura y contaminando en la provincia de Buenos Aires"
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios.
Greenpeace denunció una vez más que el plan de gestión de residuos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generará más contaminación y enfermedades en el conurbano bonaerense.
Greenpeace exigió hoy en la Legislatura porteña la inclusión de los criterios de la Ley Basura Cero en el pliego para la contratación de las empresas recolectoras de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comienza el tratamiento en comisiones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en la Legislatura de la Ciudad. A través de una protesta frente a la Legislatura la organización ambientalista representó cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “tapa” de basura a los municipios del Conurbano.
El mismo día en que se inicia el trabajo conjunto de las Comisiones que deberán elaborar un dictamen respecto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Greenpeace advirtió sobre los riesgos del proyecto oficial. Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios. Una pala mecánica sirvió para que el clon de Macri tapara de basura a los representantes de las localidades bonaerenses.
“Es imprescindible que el pliego para la contratación del Servicio de Higiene Urbana respete los criterios de gestión establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero. El Gobierno de la Ciudad no puede seguir con su plan de contaminación” señaló Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina.
El día miércoles pasado la organización ambientalista presentó en la Legislatura un proyecto alternativo al enviado por el Ejecutivo porteño. El proyecto alternativo, presentado junto a organizaciones sociales y legisladores, plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de recuperadores y la separación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las oriente a la maximización en la separación y recuperación de materiales. Por otro lado establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.
El proyecto fue elaborado y presentado por Greenpeace; GAIA; Fundación Ambiente y Sociedad; Fundación Iniciativa Verde; Cooperativa Reciclando Sueños y los legisladores Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti.
“La Ciudad de Buenos Aires envía un tercio del total de la basura que se entierra en el conurbano bonaerense y no asume ningún compromiso por reducir esa cantidad. Desde 2007 está en vigencia la Ley de Basura Cero y es muy poco lo que se ha avanzado en su implementación. Es más, hoy el Gobierno de la Ciudad en lugar de ir hacia el objetivo de reducción de basura, toma la dirección contraria: retira los contenedores diferenciados y ha diseñado un contrato con las empresas recolectoras que promueve la generación de más basura", agregó Juan Carlos Villalonga.
Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos del conurbano contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua (1).
Estudios realizados (2) sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras dolencias.
El pasado mes de agosto, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acordaron mediante un convenio la instalación de dos nuevos rellenos sanitarios en la Provincia que serán financiados por la Ciudad. Si bien aún no se ha declarado públicamente cuáles serán los municipios que recibirán los dos nuevos rellenos con su apertura la Ciudad se asegura por 12 años más el envío de basura sin asumir ningún compromiso de reducción.
(1) Resumen sobre los impactos ambientales y sobre la salud de los rellenos sanitarios. Greenpeace Argentina. Tercera revisión septiembre 2008.
(2) Análisis de Muestras de Lixiviados del Relleno Sanitario de la CEAMSE en Villa Domínico - Centro de Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Buenos Aires
Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios.
Greenpeace denunció una vez más que el plan de gestión de residuos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires generará más contaminación y enfermedades en el conurbano bonaerense.
Greenpeace exigió hoy en la Legislatura porteña la inclusión de los criterios de la Ley Basura Cero en el pliego para la contratación de las empresas recolectoras de residuos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comienza el tratamiento en comisiones del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en la Legislatura de la Ciudad. A través de una protesta frente a la Legislatura la organización ambientalista representó cómo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “tapa” de basura a los municipios del Conurbano.
El mismo día en que se inicia el trabajo conjunto de las Comisiones que deberán elaborar un dictamen respecto del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, Greenpeace advirtió sobre los riesgos del proyecto oficial. Bajo un cartel con la leyenda “Macri: tu plan envenena. Basura Cero Ya!”, un activista caracterizado como el Jefe de Gobierno porteño, “tapó” de basura a tres militantes que representaban a los municipios donde actualmente se encuentran los rellenos sanitarios. Una pala mecánica sirvió para que el clon de Macri tapara de basura a los representantes de las localidades bonaerenses.
“Es imprescindible que el pliego para la contratación del Servicio de Higiene Urbana respete los criterios de gestión establecidos por la Ley 1854 de Basura Cero. El Gobierno de la Ciudad no puede seguir con su plan de contaminación” señaló Juan Carlos Villalonga, Director Político de Greenpeace Argentina.
El día miércoles pasado la organización ambientalista presentó en la Legislatura un proyecto alternativo al enviado por el Ejecutivo porteño. El proyecto alternativo, presentado junto a organizaciones sociales y legisladores, plantea la incorporación de la recolección diferenciada en toda la Ciudad a través del servicio de las empresas y de las cooperativas de recuperadores y la separación progresiva de los residuos secos y húmedos. Al mismo tiempo plantea un criterio de facturación basado en el área limpia más un porcentaje de incentivo para las empresas que las oriente a la maximización en la separación y recuperación de materiales. Por otro lado establece la obligatoriedad del Estado y las empresas de llevar adelante campañas de esclarecimiento, educación e información para guiar a los vecinos en la correcta separación en origen y disposición inicial.
El proyecto fue elaborado y presentado por Greenpeace; GAIA; Fundación Ambiente y Sociedad; Fundación Iniciativa Verde; Cooperativa Reciclando Sueños y los legisladores Juan Cabandié y Gabriela Cerrutti.
“La Ciudad de Buenos Aires envía un tercio del total de la basura que se entierra en el conurbano bonaerense y no asume ningún compromiso por reducir esa cantidad. Desde 2007 está en vigencia la Ley de Basura Cero y es muy poco lo que se ha avanzado en su implementación. Es más, hoy el Gobierno de la Ciudad en lugar de ir hacia el objetivo de reducción de basura, toma la dirección contraria: retira los contenedores diferenciados y ha diseñado un contrato con las empresas recolectoras que promueve la generación de más basura", agregó Juan Carlos Villalonga.
Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos del conurbano contienen una variedad de sustancias químicas como metales pesados y una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros. Al descomponerse los residuos se liberan líquidos lixiviados y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua (1).
Estudios realizados (2) sobre muestras de lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, enfermedades en la piel, cáncer, alteraciones hormonales y abortos prematuros, entre otras dolencias.
El pasado mes de agosto, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, acordaron mediante un convenio la instalación de dos nuevos rellenos sanitarios en la Provincia que serán financiados por la Ciudad. Si bien aún no se ha declarado públicamente cuáles serán los municipios que recibirán los dos nuevos rellenos con su apertura la Ciudad se asegura por 12 años más el envío de basura sin asumir ningún compromiso de reducción.
(1) Resumen sobre los impactos ambientales y sobre la salud de los rellenos sanitarios. Greenpeace Argentina. Tercera revisión septiembre 2008.
(2) Análisis de Muestras de Lixiviados del Relleno Sanitario de la CEAMSE en Villa Domínico - Centro de Investigaciones para el Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata, Agosto 2004.
Bioenergía: futuro promisorio para la argentina
El foro de bioenergía arroja un futuro promisorio para la argentina
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AgroDiario
Provincia/Región: Nacional
En el marco del Foro Global de Bioenergía, que se desarrolló en Rosario, el Senador nacional por Córdoba, Roberto Urquía, disertó sobre el desafío de profundizar esta actividad.
Destacó el papel de importancia de la Argentina, Malasia e Indonesia para satisfacer el consumo y eso -indicó- “Explica el escenario inmejorable para nuestro país” no sólo en rentabilidad, por la necesidad de un área mayor destinada a granos, sino también para la promoción de políticas de Estado para que Argentina exporte valor agregado. “El desafío será transferir valor agregado a los productos primarios”, destacó.
También expuso la situación a nivel internacional. En ese sentido, dijo que en Estados Unidos dentro del mercado de etanol (a base de maíz) “se inaugura una planta por semana y que en el año 2015 un 30% de la producción americana se destinará a la producción de este biocombustible”, indicó.
Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, aseguró, mediante Videoconferencia, que el organismo está dispuesto a financiar la investigación y el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina.
Fecha de Publicación: 14/10/2008
Fuente: AgroDiario
Provincia/Región: Nacional
En el marco del Foro Global de Bioenergía, que se desarrolló en Rosario, el Senador nacional por Córdoba, Roberto Urquía, disertó sobre el desafío de profundizar esta actividad.
Destacó el papel de importancia de la Argentina, Malasia e Indonesia para satisfacer el consumo y eso -indicó- “Explica el escenario inmejorable para nuestro país” no sólo en rentabilidad, por la necesidad de un área mayor destinada a granos, sino también para la promoción de políticas de Estado para que Argentina exporte valor agregado. “El desafío será transferir valor agregado a los productos primarios”, destacó.
También expuso la situación a nivel internacional. En ese sentido, dijo que en Estados Unidos dentro del mercado de etanol (a base de maíz) “se inaugura una planta por semana y que en el año 2015 un 30% de la producción americana se destinará a la producción de este biocombustible”, indicó.
Por su parte, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, aseguró, mediante Videoconferencia, que el organismo está dispuesto a financiar la investigación y el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina.
Obras de la papelera clausurada
La papelera clausurada asegura que hará obras de saneamiento
Fecha de Publicación: 12/10/2008
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
La empresa Itapé fue clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia la semana pasada. Pero los directivos pagaron ayer la multa y presentaron un plan de trabajo acordado con una universidad de Santa Fe para sanear los efluentes. Ambiente estudiará el plan pero no levanta la clausura hasta que terminen los trabajos.
La semana pasada, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia decidió clausurar la papelera Itapé, radicada en el Parque Industrial General Belgrano de Paraná, y aplicarle una sanción monetaria por “no cumplir el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos”. Itapé se dedica al reciclado de cartones.
Desde la repartición oficial se aclaró que “la medida se tomó después de una serie de intimaciones para que presente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa”.
Pero concretada la clausura, la papelera se presentó ayer a la mañana en la repartición. Pese a ser sábado, se había ordenado que estuvieran los técnicos “por si las empresas clausuradas querían mostrar interés por mejorar” –se explicó-.
Así, se presentó la papelera Itapé, que pagó la multa y puso a consideración de la Secretaría un convenio que firmó con una Universidad de Santa Fe para realizar las obras que le permitan mitigar la contaminación en el entorno del Parque Industrial de Paraná.
Medio Ambiente seguirá el proceso, pero se señaló que “la clausura no se levanta hasta que estén terminadas las obras”. Sí se irán otorgando permisos transitorios conforme la firma avance con las inversiones.
Precisiones
En diálogo con EL DIARIO, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo, informó que ayer “una de las empresas, Itapé, llegó con el plan de mejoras y también fueron a trabajar los técnicos para adelantar tareas por el fin de semana largo”.
La papelera Itapé presentó un “convenio que celebró con una Universidad de Santa Fe para hacer el plan de mejoras” que habrá que “evaluar después”.
“A medida que vayan presentando los planos, se otorgará un permiso provisorio. La clausura no se levanta hasta que no se solucione globalmente el problema, es decir, cuando se cierren las obras, un proceso que llevará de seis meses a un año”, aclaró el funcionario. La empresa “acudió a profesionales de Santa Fe que se dedican a la industria del papel porque en la zona no hay especialistas en esto”, dijo.
“Lo que vamos a hacer es plan de trabajo, con un proyecto y un compromiso real, poniendo plazos de 15 o 20 días para el cumplimiento de los pasos”, explicó Raffo. Y agregó que la Secretaría puede habilitar tramos de la industria de acuerdo con el plan de mitigación, siempre “con tiempos medidos”.
Asimismo, insistió con que “la clausura sigue en pie y no se levanta hasta que terminen las obras”. “Hubiera sido bueno que presentaran el plan antes de llegar a la clausura, pero somos hijos del rigor”, reflexionó Raffo.
Harán un informe sobre el Parque Industrial
En los próximos días, la Secretaría de Medio Ambiente provincial dará a conocer un informe del estado general del Parque Industrial General Belgrano de Paraná.
“Al trabajo lo estamos terminando en los próximos días y es un informe acerca del estado general del Parque Industrial, que presenta una problemática general. Estamos haciendo un resumen de los datos. Una auditoría como ésta no se había hecho nunca”, señaló el titular de la repartición provincial, Fernando Raffo.
“Se relevaron todas las industrias en un lapso de dos meses y se recorrieron las plantas. Se hizo un trabajo serio pues la Secretaría tiene técnicos que lo pueden hacer. De ahí surgió que lo más complicado era la papelera Itapé, estaba muy mal” la situación con el volcado de efluentes líquidos, dijo. “La fiscalización por parte del Estado estaba debilitada, los controles debilitados. A partir de ahora se va a exigir a las empresas que incorporen el costo ambiental”, precisó y comentó que “la Provincia tiene potestad para actuar en todo el territorio provincial. Se realizan convenios con los municipios, como sucedió en el tratamiento de empresas de San José y Colón, pero en Paraná actuó sólo la Provincia: el diagnóstico lo hizo personal técnico de la Secretaría y también la clausura”, finalizó.
La planta de Brasilera también fue clausurada
La semana pasada, Medio Ambiente no sólo clausuró la papelera en Paraná sino también la empresa Mocarbel, de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y tiene “problemas con los efluentes líquidos y gaseosos”, según explicaron las autoridades.
Esta última industria ya guarda antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa. En este caso también, si se presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente.
Fecha de Publicación: 12/10/2008
Fuente: El Diario de Paraná
Provincia/Región: Entre Ríos
La empresa Itapé fue clausurada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia la semana pasada. Pero los directivos pagaron ayer la multa y presentaron un plan de trabajo acordado con una universidad de Santa Fe para sanear los efluentes. Ambiente estudiará el plan pero no levanta la clausura hasta que terminen los trabajos.
La semana pasada, la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia decidió clausurar la papelera Itapé, radicada en el Parque Industrial General Belgrano de Paraná, y aplicarle una sanción monetaria por “no cumplir el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos”. Itapé se dedica al reciclado de cartones.
Desde la repartición oficial se aclaró que “la medida se tomó después de una serie de intimaciones para que presente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa”.
Pero concretada la clausura, la papelera se presentó ayer a la mañana en la repartición. Pese a ser sábado, se había ordenado que estuvieran los técnicos “por si las empresas clausuradas querían mostrar interés por mejorar” –se explicó-.
Así, se presentó la papelera Itapé, que pagó la multa y puso a consideración de la Secretaría un convenio que firmó con una Universidad de Santa Fe para realizar las obras que le permitan mitigar la contaminación en el entorno del Parque Industrial de Paraná.
Medio Ambiente seguirá el proceso, pero se señaló que “la clausura no se levanta hasta que estén terminadas las obras”. Sí se irán otorgando permisos transitorios conforme la firma avance con las inversiones.
Precisiones
En diálogo con EL DIARIO, el secretario de Medio Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo, informó que ayer “una de las empresas, Itapé, llegó con el plan de mejoras y también fueron a trabajar los técnicos para adelantar tareas por el fin de semana largo”.
La papelera Itapé presentó un “convenio que celebró con una Universidad de Santa Fe para hacer el plan de mejoras” que habrá que “evaluar después”.
“A medida que vayan presentando los planos, se otorgará un permiso provisorio. La clausura no se levanta hasta que no se solucione globalmente el problema, es decir, cuando se cierren las obras, un proceso que llevará de seis meses a un año”, aclaró el funcionario. La empresa “acudió a profesionales de Santa Fe que se dedican a la industria del papel porque en la zona no hay especialistas en esto”, dijo.
“Lo que vamos a hacer es plan de trabajo, con un proyecto y un compromiso real, poniendo plazos de 15 o 20 días para el cumplimiento de los pasos”, explicó Raffo. Y agregó que la Secretaría puede habilitar tramos de la industria de acuerdo con el plan de mitigación, siempre “con tiempos medidos”.
Asimismo, insistió con que “la clausura sigue en pie y no se levanta hasta que terminen las obras”. “Hubiera sido bueno que presentaran el plan antes de llegar a la clausura, pero somos hijos del rigor”, reflexionó Raffo.
Harán un informe sobre el Parque Industrial
En los próximos días, la Secretaría de Medio Ambiente provincial dará a conocer un informe del estado general del Parque Industrial General Belgrano de Paraná.
“Al trabajo lo estamos terminando en los próximos días y es un informe acerca del estado general del Parque Industrial, que presenta una problemática general. Estamos haciendo un resumen de los datos. Una auditoría como ésta no se había hecho nunca”, señaló el titular de la repartición provincial, Fernando Raffo.
“Se relevaron todas las industrias en un lapso de dos meses y se recorrieron las plantas. Se hizo un trabajo serio pues la Secretaría tiene técnicos que lo pueden hacer. De ahí surgió que lo más complicado era la papelera Itapé, estaba muy mal” la situación con el volcado de efluentes líquidos, dijo. “La fiscalización por parte del Estado estaba debilitada, los controles debilitados. A partir de ahora se va a exigir a las empresas que incorporen el costo ambiental”, precisó y comentó que “la Provincia tiene potestad para actuar en todo el territorio provincial. Se realizan convenios con los municipios, como sucedió en el tratamiento de empresas de San José y Colón, pero en Paraná actuó sólo la Provincia: el diagnóstico lo hizo personal técnico de la Secretaría y también la clausura”, finalizó.
La planta de Brasilera también fue clausurada
La semana pasada, Medio Ambiente no sólo clausuró la papelera en Paraná sino también la empresa Mocarbel, de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y tiene “problemas con los efluentes líquidos y gaseosos”, según explicaron las autoridades.
Esta última industria ya guarda antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa. En este caso también, si se presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente.
Clausuran papeleras en Entre Ríos
El gobierno clausuró Mocarbel y la Papelera Itapé por contaminación
Fecha de Publicación: 11/10/2008
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia dispuso la clausura de dos industrias de los departamentos Paraná y Diamante que, luego de una serie de auditorías e intimaciones, no accedieron a mejorar sus mecanismos de trabajo para reducir la contaminación. Uno de los casos es el de la firma Mocarbel, largamente cuestionada por los vecinos de Aldea Brasilera.
“La intención del organismo es acompañar a las industrias de la provincia que quieren encontrar soluciones a las problemáticas que afecten el ambiente”, aseguró el titular del área, Fernando Raffo, pero enfatizó que aquellas empresas que no se ajusten o no tengan voluntad para cambiar, serán clausuradas.
Los técnicos de la Secretaría procedieron esta semana a la clausura y aplicación de sanciones monetarias a la firma Papelera Itapé, instalada en el Parque Industrial de Paraná, que se dedica al reciclado de cartones, y a la empresa Mocarbel SA de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y que durante los últimos años viene siendo fuertemente acusada por los vecinos por los malos olores que despide.
“Ambas medidas se tomaron luego de una serie de auditorías, fiscalizaciones e intimaciones a través de las cuales la Secretaría instó a las empresas a encarar un proceso de mejoras que nunca se llevaron a cabo”, precisó Raffo, y acotó: “La clausura no es una medida que nos deje satisfechos, por el contrario, es una herramienta que se utiliza luego de agotar todo un proceso administrativo que no fue atendido correctamente por parte de los directivos de las empresas”.
En el caso de Papelera Itapé, según el gobierno no cumple el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos, por lo que previamente desde la Secretaría se la intimó para que instrumente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa.
Por su parte, Mocarbel tiene problemas con los efluentes líquidos y gaseosos. Cabe mencionar que esta última industria ya tiene antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa.
Además, Raffo dijo que si las empresas presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente, porque la habilitación total se vuelve a otorgar cuando se finalicen dichos trabajos. Respecto del personal de ambas empresas, Raffo explicó que según lo establecido por ley, los directivos tienen la obligación de seguir abonando los sueldos de sus trabajadores, ya que la medida de clausurar se toma por el incumplimiento de los dueños de las industrias.
“El objetivo final de esto es que la industria mejore su mecanismo de trabajo y quede en regla cumpliendo lo que establece la Ley N° 6.260, que regula el vertido de efluentes industriales. La Secretaría está dispuesta a ayudar y acompañar a las empresas que quieren mejorar, y con las que eligen el camino de dilatar los tiempos y no cumplir con lo solicitado se procederá al cierre y sanción monetaria”, aseguró el funcionario.
También anunció que mañana trabajarán al mediodía los técnicos de la Secretaría, en la oficina de la capital entrerriana, para atender a los directivos de las empresas que quieran acercarse para iniciar las mejoras.
Fecha de Publicación: 11/10/2008
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia dispuso la clausura de dos industrias de los departamentos Paraná y Diamante que, luego de una serie de auditorías e intimaciones, no accedieron a mejorar sus mecanismos de trabajo para reducir la contaminación. Uno de los casos es el de la firma Mocarbel, largamente cuestionada por los vecinos de Aldea Brasilera.
“La intención del organismo es acompañar a las industrias de la provincia que quieren encontrar soluciones a las problemáticas que afecten el ambiente”, aseguró el titular del área, Fernando Raffo, pero enfatizó que aquellas empresas que no se ajusten o no tengan voluntad para cambiar, serán clausuradas.
Los técnicos de la Secretaría procedieron esta semana a la clausura y aplicación de sanciones monetarias a la firma Papelera Itapé, instalada en el Parque Industrial de Paraná, que se dedica al reciclado de cartones, y a la empresa Mocarbel SA de Aldea Brasilera, que fabrica grasas y jabones y que durante los últimos años viene siendo fuertemente acusada por los vecinos por los malos olores que despide.
“Ambas medidas se tomaron luego de una serie de auditorías, fiscalizaciones e intimaciones a través de las cuales la Secretaría instó a las empresas a encarar un proceso de mejoras que nunca se llevaron a cabo”, precisó Raffo, y acotó: “La clausura no es una medida que nos deje satisfechos, por el contrario, es una herramienta que se utiliza luego de agotar todo un proceso administrativo que no fue atendido correctamente por parte de los directivos de las empresas”.
En el caso de Papelera Itapé, según el gobierno no cumple el proceso de trabajo en lo que respecta a los efluentes líquidos, por lo que previamente desde la Secretaría se la intimó para que instrumente un programa integral de mejoramiento de industrias de papel, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que fue rechazado por la empresa.
Por su parte, Mocarbel tiene problemas con los efluentes líquidos y gaseosos. Cabe mencionar que esta última industria ya tiene antecedentes de clausura y cobro de multas por la misma causa.
Además, Raffo dijo que si las empresas presentan proyectos de obras de mejoras, la Secretaría, luego de evaluarlos, puede otorgar un permiso provisorio para funcionar nuevamente, porque la habilitación total se vuelve a otorgar cuando se finalicen dichos trabajos. Respecto del personal de ambas empresas, Raffo explicó que según lo establecido por ley, los directivos tienen la obligación de seguir abonando los sueldos de sus trabajadores, ya que la medida de clausurar se toma por el incumplimiento de los dueños de las industrias.
“El objetivo final de esto es que la industria mejore su mecanismo de trabajo y quede en regla cumpliendo lo que establece la Ley N° 6.260, que regula el vertido de efluentes industriales. La Secretaría está dispuesta a ayudar y acompañar a las empresas que quieren mejorar, y con las que eligen el camino de dilatar los tiempos y no cumplir con lo solicitado se procederá al cierre y sanción monetaria”, aseguró el funcionario.
También anunció que mañana trabajarán al mediodía los técnicos de la Secretaría, en la oficina de la capital entrerriana, para atender a los directivos de las empresas que quieran acercarse para iniciar las mejoras.
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