Contaminación en el cordón industrial
15:58 | 
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Piden informes sobre niveles de contaminación en el cordón industrial
Fecha de Publicación: 21/02/2008
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
El presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista-Frente para la Victoria (PJ-FPV), Luis Daniel Rubeo, presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo provincial brinde informes acerca de si existen estudios “sobre los niveles de contaminación ambiental en la zona del cordón agro-industrial que va desde la ciudad de Puerto General San Martín hasta la ciudad de Arroyo Seco”. Fuente: SM
A la vez, el legislador quiere saber si “se están realizando los controles de contaminación ambiental a las empresas afincadas en la zona referida”.
El titular del bloque del PJ-FPV señala en el proyecto que “si bien se hizo sonar la alarma con el derramamiento de una mancha de aceite crudo de soja de casi 200 metros cuadrados causado por la empresa Vicentín de la ciudad de San Lorenzo –y que llegó hasta las costas de Rosario– y la explosión sin consecuencias en la planta Petrobrás de Puerto General San Martín, creemos que existen preocupantes elementos como para pensar que éstos han sido sólo disparadores de una problemática mucho más compleja”.
Rubeo recordó en el proyecto presentado ayer en la Cámara baja santafesina que “recientemente se conocieron numerosas manifestaciones de vecinos de localidades ubicadas en la zona conocida como el Cordón Industrial que va desde Puerto General San Martín hasta Arroyo Seco, verdadero «corredor de contaminación» según los habitantes de las ciudades costeras que, asesorados por diversas organizaciones ecologistas, vienen sosteniendo que «todo el aire del cordón está viciado»”.
“Estamos convencidos de que el desarrollo económico para ser duradero y un beneficio para todos los ciudadanos debe estar acompañado del cuidado del medio ambiente”, concluyó Rubeo. Por esa razón, el legislador quiere saber si el Poder Ejecutivo cuenta con estudios sobre los niveles de contaminación ambiental en la franja costera donde están asentadas las empresas del cordón-agroindustrial.
Fecha de Publicación: 21/02/2008
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Santa Fe
El presidente del bloque de diputados provinciales del Partido Justicialista-Frente para la Victoria (PJ-FPV), Luis Daniel Rubeo, presentó un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo provincial brinde informes acerca de si existen estudios “sobre los niveles de contaminación ambiental en la zona del cordón agro-industrial que va desde la ciudad de Puerto General San Martín hasta la ciudad de Arroyo Seco”. Fuente: SM
A la vez, el legislador quiere saber si “se están realizando los controles de contaminación ambiental a las empresas afincadas en la zona referida”.
El titular del bloque del PJ-FPV señala en el proyecto que “si bien se hizo sonar la alarma con el derramamiento de una mancha de aceite crudo de soja de casi 200 metros cuadrados causado por la empresa Vicentín de la ciudad de San Lorenzo –y que llegó hasta las costas de Rosario– y la explosión sin consecuencias en la planta Petrobrás de Puerto General San Martín, creemos que existen preocupantes elementos como para pensar que éstos han sido sólo disparadores de una problemática mucho más compleja”.
Rubeo recordó en el proyecto presentado ayer en la Cámara baja santafesina que “recientemente se conocieron numerosas manifestaciones de vecinos de localidades ubicadas en la zona conocida como el Cordón Industrial que va desde Puerto General San Martín hasta Arroyo Seco, verdadero «corredor de contaminación» según los habitantes de las ciudades costeras que, asesorados por diversas organizaciones ecologistas, vienen sosteniendo que «todo el aire del cordón está viciado»”.
“Estamos convencidos de que el desarrollo económico para ser duradero y un beneficio para todos los ciudadanos debe estar acompañado del cuidado del medio ambiente”, concluyó Rubeo. Por esa razón, el legislador quiere saber si el Poder Ejecutivo cuenta con estudios sobre los niveles de contaminación ambiental en la franja costera donde están asentadas las empresas del cordón-agroindustrial.
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Globalidad y medio ambiente
Globalidad y medio ambiente
Fecha de Publicación: 21/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En el abanico de los problemas ambientales que nos presentan los medios cotidianamente sobresale uno: el calentamiento global, que representa una amenaza para la supervivencia de nuestra especie.
Al Gore lo ha explicado claramente y el comité Nobel de Suecia ha reconocido y premiado, en 2007, su labor, así como al trabajo científico realizado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) que reunió los esfuerzos de 2500 investigadores de varios países (incluyendo el nuestro).
Ahora bien, frente a esta realidad indiscutible, los argentinos nos podríamos preguntar: “¿y a nosotros, nos debe importar elcalentamiento global?”. La respuesta inmediata es “sí, claro”; sin embargo....
Digámoslo claramente: la Argentina muy poco ha contribuido y contribuye a la emisión de gases que producirían el calentamiento global. Esto se ha debido al fracaso histórico del desarrollo industrial del país, profundizado por las políticas monetarias de los años 90.
Poco contribuimos al problema y, desafortunadamente, también es poco lo que podemos contribuir a la solución.
En nuestro país es inexistente el desarrollo de soluciones tecnológicas (con poquísimas excepciones), y esto se ha debido a años de desinversión en el área de ciencia y tecnología.
Entonces, si poco aportamos y poco podemos aportar en lo que respecta al importante problema del cambio climático, ¿quiere esto decir que los problemas ambientales no son importantes para nuestro país, que aún necesita desarrollarse industrialmente?
Las problemáticas ambientales son hoy más importantes que nunca, tanto por motivos locales como por el contexto internacional. La degradación del medio ambiente es un problema central, ya que está en vías de convertirse en un nuevo problema de pobreza y segregación, especialmente en países como el nuestro.
Si bien es cierto que la degradación ambiental siempre ha existido, también es verdad que la crisis ambiental global está directamente vinculada a los efectos del crecimiento económico irracional e irresponsable, basado en la aplicación de patrones tecnológicos de producción y hábitos de consumo que se sustentan en un sistema de apropiación inequitativa y destructiva de la naturaleza.
Aunque este mecanismo se ha desarrollado desde los comienzos de la civilización, sólo recientemente parecemos vislumbrar los límites del sistema imperante. Esto está teniendo, como consecuencia, que la degradación ambiental ha comenzado a funcionar como una poderosa fuerza de segregación socioeconómica, tanto a escala internacional como a escala local.
Debido a la globalización económica, estos mecanismos de segregación comienzan a actuar, a escala planetaria, entre países ricos y pobres. En ese marco, las industrias que producen impactos ambientales no despreciables, migran por todo el globo buscando territorios (léase sociedades) menos alertas y más vulnerables donde poder operar sin presiones.
Más de uno reconocerá aquí el fenómeno Botnia, pero también el de otras industrias, como la (des)forestal, la (explotación) minera, la química y la nuclear, sólo por citar algunas.
Incluso, ocurre en la actividad turística; aquellos que han pasado sus vacaciones en Punta del Este, se habrán espantado al observar las enormes columnas de humo negro que emanaban los cruceros de pasajeros que este año han comenzado a visitar el idílico centro turístico oriental. Esas embarcaciones, ya no aptas para navegar por las costas del primer mundo, están emigrando hacia las playas de sociedades más complacientes.
Entre los ejemplos más graves de este fenómeno, está el que describe el excelente film documental La pesadilla de Darwin, de H. Sauper (2004), que ilustra el escandaloso desastre ambiental producido a partir de un “inocente experimento científico” en el lago Victoria (situado en la zona centrooriental de Africa) en los años 60, donde se introdujo una especie exótica de pez, la percha del Nilo.
El resultado fue que las perchas exterminaron toda la milenaria variedad de peces del lago y, actualmente, la proliferación descontrolada de perchas es aprovechada por multinacionales pesqueras, que proveen pescado “barato” a Europa.
Sin embargo, un altísimo precio encubierto lo paga la poblaciónque habita en las costas del lago, que sobrevive en condiciones de inimaginable miseria en el marco de una verdadera zona de catástrofe ambiental.
La inequidad social y económica entre países centrales y periféricos debe entenderse como un aspecto crucial de la manera de comprender, actuar y delinear estrategias frente a la crisis ambiental mundial. Esto se debe tanto a niveles de responsabilidad diferentes, como, sobre todo, a capacidades de respuesta disímiles.
El mapa del mundo se está fragmentando en distintos territorios según su permisividad ambiental. Este fenómeno es una poderosa fuerza de marginalización socioeconómica, y desde ese punto debe ser abordada la problemática ambiental en países como el nuestro.
Es importante tomar conciencia de que esta situación también se presenta a la escala local. El dinámico crecimiento económico que experimenta el país en los últimos años genera costos ambientales considerables, que se tranducen rápidamente en fuerzas de segregación económica, social yterritorial.
En el futuro, de no mediar la intervención responsable del Estado y del sector privado, los problemas de inequidad ambiental sólo podrán agravarse.
La justicia social no pasa únicamente por mejorar la distribución de la riqueza medida en términos del ingreso per cápita, sino también en hacer más equitativo el acceso a un ambiente sano, el cual tiene una implicancia directa en el nivel de vida de la población.
La plantificación estratégica del uso y preservación del ambiente en el marco del desarrollo industrial de nuestro país debe ser, por lo tanto,un aspecto central de pacto social que diseña actualmente la presidenta Cristina Fernández.
Por Florencia Roitstein
La autora fue subsecretaria de Promoción de Desarrollo Sustentable y secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Fecha de Publicación: 21/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
En el abanico de los problemas ambientales que nos presentan los medios cotidianamente sobresale uno: el calentamiento global, que representa una amenaza para la supervivencia de nuestra especie.
Al Gore lo ha explicado claramente y el comité Nobel de Suecia ha reconocido y premiado, en 2007, su labor, así como al trabajo científico realizado por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés) que reunió los esfuerzos de 2500 investigadores de varios países (incluyendo el nuestro).
Ahora bien, frente a esta realidad indiscutible, los argentinos nos podríamos preguntar: “¿y a nosotros, nos debe importar elcalentamiento global?”. La respuesta inmediata es “sí, claro”; sin embargo....
Digámoslo claramente: la Argentina muy poco ha contribuido y contribuye a la emisión de gases que producirían el calentamiento global. Esto se ha debido al fracaso histórico del desarrollo industrial del país, profundizado por las políticas monetarias de los años 90.
Poco contribuimos al problema y, desafortunadamente, también es poco lo que podemos contribuir a la solución.
En nuestro país es inexistente el desarrollo de soluciones tecnológicas (con poquísimas excepciones), y esto se ha debido a años de desinversión en el área de ciencia y tecnología.
Entonces, si poco aportamos y poco podemos aportar en lo que respecta al importante problema del cambio climático, ¿quiere esto decir que los problemas ambientales no son importantes para nuestro país, que aún necesita desarrollarse industrialmente?
Las problemáticas ambientales son hoy más importantes que nunca, tanto por motivos locales como por el contexto internacional. La degradación del medio ambiente es un problema central, ya que está en vías de convertirse en un nuevo problema de pobreza y segregación, especialmente en países como el nuestro.
Si bien es cierto que la degradación ambiental siempre ha existido, también es verdad que la crisis ambiental global está directamente vinculada a los efectos del crecimiento económico irracional e irresponsable, basado en la aplicación de patrones tecnológicos de producción y hábitos de consumo que se sustentan en un sistema de apropiación inequitativa y destructiva de la naturaleza.
Aunque este mecanismo se ha desarrollado desde los comienzos de la civilización, sólo recientemente parecemos vislumbrar los límites del sistema imperante. Esto está teniendo, como consecuencia, que la degradación ambiental ha comenzado a funcionar como una poderosa fuerza de segregación socioeconómica, tanto a escala internacional como a escala local.
Debido a la globalización económica, estos mecanismos de segregación comienzan a actuar, a escala planetaria, entre países ricos y pobres. En ese marco, las industrias que producen impactos ambientales no despreciables, migran por todo el globo buscando territorios (léase sociedades) menos alertas y más vulnerables donde poder operar sin presiones.
Más de uno reconocerá aquí el fenómeno Botnia, pero también el de otras industrias, como la (des)forestal, la (explotación) minera, la química y la nuclear, sólo por citar algunas.
Incluso, ocurre en la actividad turística; aquellos que han pasado sus vacaciones en Punta del Este, se habrán espantado al observar las enormes columnas de humo negro que emanaban los cruceros de pasajeros que este año han comenzado a visitar el idílico centro turístico oriental. Esas embarcaciones, ya no aptas para navegar por las costas del primer mundo, están emigrando hacia las playas de sociedades más complacientes.
Entre los ejemplos más graves de este fenómeno, está el que describe el excelente film documental La pesadilla de Darwin, de H. Sauper (2004), que ilustra el escandaloso desastre ambiental producido a partir de un “inocente experimento científico” en el lago Victoria (situado en la zona centrooriental de Africa) en los años 60, donde se introdujo una especie exótica de pez, la percha del Nilo.
El resultado fue que las perchas exterminaron toda la milenaria variedad de peces del lago y, actualmente, la proliferación descontrolada de perchas es aprovechada por multinacionales pesqueras, que proveen pescado “barato” a Europa.
Sin embargo, un altísimo precio encubierto lo paga la poblaciónque habita en las costas del lago, que sobrevive en condiciones de inimaginable miseria en el marco de una verdadera zona de catástrofe ambiental.
La inequidad social y económica entre países centrales y periféricos debe entenderse como un aspecto crucial de la manera de comprender, actuar y delinear estrategias frente a la crisis ambiental mundial. Esto se debe tanto a niveles de responsabilidad diferentes, como, sobre todo, a capacidades de respuesta disímiles.
El mapa del mundo se está fragmentando en distintos territorios según su permisividad ambiental. Este fenómeno es una poderosa fuerza de marginalización socioeconómica, y desde ese punto debe ser abordada la problemática ambiental en países como el nuestro.
Es importante tomar conciencia de que esta situación también se presenta a la escala local. El dinámico crecimiento económico que experimenta el país en los últimos años genera costos ambientales considerables, que se tranducen rápidamente en fuerzas de segregación económica, social yterritorial.
En el futuro, de no mediar la intervención responsable del Estado y del sector privado, los problemas de inequidad ambiental sólo podrán agravarse.
La justicia social no pasa únicamente por mejorar la distribución de la riqueza medida en términos del ingreso per cápita, sino también en hacer más equitativo el acceso a un ambiente sano, el cual tiene una implicancia directa en el nivel de vida de la población.
La plantificación estratégica del uso y preservación del ambiente en el marco del desarrollo industrial de nuestro país debe ser, por lo tanto,un aspecto central de pacto social que diseña actualmente la presidenta Cristina Fernández.
Por Florencia Roitstein
La autora fue subsecretaria de Promoción de Desarrollo Sustentable y secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Código Ambiental producto del consenso
El Código Ambiental será producto del consenso
Fecha de Publicación: 20/02/2008
Fuente: ADN
Provincia/Región: Capital
La Comisión de Ecología de la Legislatura porteña –que ella preside- viene trabajando en el Código Ambiental porteño, y dicha herramienta será “una pieza legislativa moderna y dinámica que contribuirá al desarrollo sustentable de la Ciudad”.
La legisladora del PRO, Marta Varela, señaló que la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña –que ella preside- viene trabajando en el Código Ambiental porteño, y que dicha herramienta será “una pieza legislativa moderna y dinámica que contribuirá al desarrollo sustentable de la Ciudad”.
Todo indica que el Código Ambiental para la Ciudad tendrá despacho de Comisión y que finalmente será puesto en discusión a principios del 2009. Al respecto, la titular de la Comisión de Ecología, Marta Varela, dijo que la futura ley será “un elemento indispensable para lograr una óptima calidad de vida de los porteños”.
Durante la primera reunión del año -realizada con integrantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), diputados de la ciudad y representantes del Gobierno porteño-, la diputada macrista afirmó: “Venimos a continuar un trabajo articulado que nos conducirá a la sanción del Código Ambiental de la Ciudad como una pieza legislativa moderna y dinámica que contribuya al desarrollo sustentable de la ciudad. La comisión que presido tiene la tarea de acompañar esta articulación entre Estado Local, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos y vecinas”.
“Trabajaremos –continuó- desde la convicción y el compromiso que siempre hemos demostrado para y con la participación ciudadana. Escucharemos, dialogaremos y debatiremos todo lo que sea necesario, y finalmente presentaremos el proyecto de ley del Código, al pleno de la representación política de la Ciudad”.
La diputada del PRO, también señaló la importancia de contar con la experiencia de muchas ONGs en esta materia, lo que permite un trabajo coordinado y profesional y agradeció especialmente a la FARN, por haber demostrado una dedicación, un esfuerzo y un trabajo excelente en este campo.
Finalmente, Varela aseguró: “Ha pasado un año y medio desde la firma del convenio con la FARN, tiempo durante el cual se ha trabajado en el diagnóstico de la normativa ambiental de la Ciudad, comparándola con la de otras ciudades del país y del mundo. Se elaboraron informes sobre cada temática en particular, como el aire, los residuos, la contaminación visual y tantos otros temas vinculados con el ambiente. Ahora llega el momento de organizar los talleres participativos temáticos, que contarán con un documento disparador para facilitar la discusión. Luego de los talleres, los equipos técnicos tendrán la tarea de contrastar y compatibilizar las opiniones con la situación normativa actual y proponer los ajustes que sean necesarios, elaborando finalmente un borrador de anteproyecto de Código, que será puesto en discusión participativa a principios del 2009”.
Fecha de Publicación: 20/02/2008
Fuente: ADN
Provincia/Región: Capital
La Comisión de Ecología de la Legislatura porteña –que ella preside- viene trabajando en el Código Ambiental porteño, y dicha herramienta será “una pieza legislativa moderna y dinámica que contribuirá al desarrollo sustentable de la Ciudad”.
La legisladora del PRO, Marta Varela, señaló que la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña –que ella preside- viene trabajando en el Código Ambiental porteño, y que dicha herramienta será “una pieza legislativa moderna y dinámica que contribuirá al desarrollo sustentable de la Ciudad”.
Todo indica que el Código Ambiental para la Ciudad tendrá despacho de Comisión y que finalmente será puesto en discusión a principios del 2009. Al respecto, la titular de la Comisión de Ecología, Marta Varela, dijo que la futura ley será “un elemento indispensable para lograr una óptima calidad de vida de los porteños”.
Durante la primera reunión del año -realizada con integrantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), diputados de la ciudad y representantes del Gobierno porteño-, la diputada macrista afirmó: “Venimos a continuar un trabajo articulado que nos conducirá a la sanción del Código Ambiental de la Ciudad como una pieza legislativa moderna y dinámica que contribuya al desarrollo sustentable de la ciudad. La comisión que presido tiene la tarea de acompañar esta articulación entre Estado Local, las organizaciones de la sociedad civil y los vecinos y vecinas”.
“Trabajaremos –continuó- desde la convicción y el compromiso que siempre hemos demostrado para y con la participación ciudadana. Escucharemos, dialogaremos y debatiremos todo lo que sea necesario, y finalmente presentaremos el proyecto de ley del Código, al pleno de la representación política de la Ciudad”.
La diputada del PRO, también señaló la importancia de contar con la experiencia de muchas ONGs en esta materia, lo que permite un trabajo coordinado y profesional y agradeció especialmente a la FARN, por haber demostrado una dedicación, un esfuerzo y un trabajo excelente en este campo.
Finalmente, Varela aseguró: “Ha pasado un año y medio desde la firma del convenio con la FARN, tiempo durante el cual se ha trabajado en el diagnóstico de la normativa ambiental de la Ciudad, comparándola con la de otras ciudades del país y del mundo. Se elaboraron informes sobre cada temática en particular, como el aire, los residuos, la contaminación visual y tantos otros temas vinculados con el ambiente. Ahora llega el momento de organizar los talleres participativos temáticos, que contarán con un documento disparador para facilitar la discusión. Luego de los talleres, los equipos técnicos tendrán la tarea de contrastar y compatibilizar las opiniones con la situación normativa actual y proponer los ajustes que sean necesarios, elaborando finalmente un borrador de anteproyecto de Código, que será puesto en discusión participativa a principios del 2009”.
Tompkins se defiende
Tompkins se defiende de las denuncias por incendios
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Miles de hectáreas de campos pertenecientes al norteamericano se quemaron y esto generó acusaciones públicas en su contra. Contestó con una dura carta. Dijo que quienes lo atacaron son “ignorantes”.
Una serie de incendios en sus campos en la Reserva Iberá le costó varias denuncias públicas en su contra. Douglas Tompkins salió a contestarles a quienes lo acusaron, entre otras cosas, de ser un falso ambientalista.
El terrateniente norteamericano escribió una carta donde expone una serie de argumentos descalificativos contra los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, la organización social que habitualmente realiza denuncias en su contra.
Tompkins calificó de “cómica” y “trágica” a la proclama en defensa de la tierra que realizó “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, donde entre otras cosas se deslizaba que los incendios podrían haber sido intencionales y para utilizar esos campos para producir.
El norteamericano fue contundente y dijo que los integrantes de la organización social son “completos ignorantes de la ecología ambiental y muchas otras disciplinas relacionadas”.
Señaló como contradicción que los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” impulsan la reducción de la Reserva del Iberá y a su vez predican sobre conservación medioambiental. Aseguró que “facciones de este tipo” son las responsables de la crisis ambiental mundial.
“En el Iberá es hora de salir de la edad de la Colonia y comenzar a echar mano de la biología y ecología para entender la capacidad de carga de cada propiedad privada, que es lo que determina el sentido ecológico y económico del manejo de la tierra (en contraposición con una retórica sin sentido proveniente de grupos como “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”)”, dice un párrafo de la carta que Tompkins envió a los medios de comunicación.
En otro pasaje señala que “no habrá una economía rural, una sociedad, un patrimonio, ni nada, con un ecosistema muerto”. En esa dirección disparó que “este grupo o facción evidentemente necesita lecciones básicas de ecología”. Dijo que son “histéricos”.
Relacionó el accionar de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” con otros a los que consideró culpables de problemas como el cambio climático, la crisis masiva de extinción de especies, la perversa degradación del suelo, la pérdida de la cobertura boscosa y, en el caso de los sistemas acuáticos, el empobrecimiento de lagos y océanos.
Testimonio
Más adelante, en la carta, Tompkins realizó una pequeña reseña de su presencia en el Iberá. “En diez años de sobrevolar intensamente la provincia y andar por caminos alrededor de los esteros, en muchos de los sitios donde observé flameando la bandera verde de ‘Iberá, Patrimonio de los Correntinos’, vi estancias degradadas”, aseguró.
“Es difícil tomar en serio sus proclamas como guardianes del ‘Patrimonio’ de los correntinos, cuando la realidad muestra, y cualquiera puede comprobarlo, que sólo han generado tierras pobres, con pastizales sobrepastoreados, suelos arados con malezas por doquier en medio de poblados tacuruzales, alambrados caídos y puestos mal mantenidos”, insistió.
Sobre el final de la carta, Tompkins realiza una serie de interrogantes descalificantes y ofrece una comparación a modo de respaldo de sus declaraciones. Ofrece “a cualquiera” a ver cómo se manejan las estancias ganaderas y las reservas naturales en sus campos y a comparar ese trabajo con el realizado en otras campos de los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”.
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: Diario La República
Provincia/Región: Corrientes
Miles de hectáreas de campos pertenecientes al norteamericano se quemaron y esto generó acusaciones públicas en su contra. Contestó con una dura carta. Dijo que quienes lo atacaron son “ignorantes”.
Una serie de incendios en sus campos en la Reserva Iberá le costó varias denuncias públicas en su contra. Douglas Tompkins salió a contestarles a quienes lo acusaron, entre otras cosas, de ser un falso ambientalista.
El terrateniente norteamericano escribió una carta donde expone una serie de argumentos descalificativos contra los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, la organización social que habitualmente realiza denuncias en su contra.
Tompkins calificó de “cómica” y “trágica” a la proclama en defensa de la tierra que realizó “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”, donde entre otras cosas se deslizaba que los incendios podrían haber sido intencionales y para utilizar esos campos para producir.
El norteamericano fue contundente y dijo que los integrantes de la organización social son “completos ignorantes de la ecología ambiental y muchas otras disciplinas relacionadas”.
Señaló como contradicción que los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” impulsan la reducción de la Reserva del Iberá y a su vez predican sobre conservación medioambiental. Aseguró que “facciones de este tipo” son las responsables de la crisis ambiental mundial.
“En el Iberá es hora de salir de la edad de la Colonia y comenzar a echar mano de la biología y ecología para entender la capacidad de carga de cada propiedad privada, que es lo que determina el sentido ecológico y económico del manejo de la tierra (en contraposición con una retórica sin sentido proveniente de grupos como “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”)”, dice un párrafo de la carta que Tompkins envió a los medios de comunicación.
En otro pasaje señala que “no habrá una economía rural, una sociedad, un patrimonio, ni nada, con un ecosistema muerto”. En esa dirección disparó que “este grupo o facción evidentemente necesita lecciones básicas de ecología”. Dijo que son “histéricos”.
Relacionó el accionar de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos” con otros a los que consideró culpables de problemas como el cambio climático, la crisis masiva de extinción de especies, la perversa degradación del suelo, la pérdida de la cobertura boscosa y, en el caso de los sistemas acuáticos, el empobrecimiento de lagos y océanos.
Testimonio
Más adelante, en la carta, Tompkins realizó una pequeña reseña de su presencia en el Iberá. “En diez años de sobrevolar intensamente la provincia y andar por caminos alrededor de los esteros, en muchos de los sitios donde observé flameando la bandera verde de ‘Iberá, Patrimonio de los Correntinos’, vi estancias degradadas”, aseguró.
“Es difícil tomar en serio sus proclamas como guardianes del ‘Patrimonio’ de los correntinos, cuando la realidad muestra, y cualquiera puede comprobarlo, que sólo han generado tierras pobres, con pastizales sobrepastoreados, suelos arados con malezas por doquier en medio de poblados tacuruzales, alambrados caídos y puestos mal mantenidos”, insistió.
Sobre el final de la carta, Tompkins realiza una serie de interrogantes descalificantes y ofrece una comparación a modo de respaldo de sus declaraciones. Ofrece “a cualquiera” a ver cómo se manejan las estancias ganaderas y las reservas naturales en sus campos y a comparar ese trabajo con el realizado en otras campos de los integrantes de “Iberá, Patrimonio de los Correntinos”.
Soja, ¿agricultura o "minería"?
La siembra de soja, ¿es agricultura o "minería"?
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El diputado Castor López plantea los riesgos de la extensión de la superficie cultivada con la oleaginosa si se no se respetan pautas de reposición de nutrientes
La soja puede -y debe serlo- una genuina actividad económica agrícola más, si se la administra adecuadamente: reservando porciones de áreas forestadas, practicando la siembra directa (sin roturar el suelo), reponiendo los nutrientes consumidos y rotando con otros cultivos cobertores del suelo para, en todos los casos, preservar la capacidad productiva de la tierra en el largo plazo.
Pero -como la penosa experiencia del caso forestal en Santiago del Estero- puede resultar una "soja minera", como cultura económica extractiva no renovable, si no se respetan las pautas señaladas. En ese caso, no sólo estaríamos exportando el producto soja sino también el factor productivo tierra, descapitalizando irreversiblemente al campo, con una visión de corto plazo.
Si las soluciones de mercado no resultan suficientes, el Estado debe intervenir regulando las exigencias citadas. Pero, el Gobierno nacional tiene un grave dilema. La "soja minera" –con su alto riesgo de monocultivo con elevado consumo de nutrientes de la tierra- es, a su vez, su principal sustento económico –vía retenciones a las exportaciones- y, en el desideologizado y pragmático contexto actual, su sostén político.
La soja, pese a que sus primeros sembradíos en nuestro país datan de 1970, su extraordinario desarrollo coincidió con la post-crisis del 2001. Entre los años 2002 y 2007 evolucionó de 12,7 a casi 17 millones de hectáreas, con una producción que creció de 35,6 a más de 47 millones de toneladas, siguiendo la señal de los precios que, en esos 5 años, aumentaron de 180 a 320 dólares por tonelada y la tendencia continua alcista, sostenida por la demanda de China e India.
La "soja agrícola"
Tiene naturales ventajas comparativas –no se consume en nuestro país, tiene una elevada resistencia a severas condiciones climáticas, una baja relación de la inversión necesaria con el rendimiento y el precio actual, etc.- frente a la ganadería –una actividad de largo plazo, de menor rentabilidad pero muy sustentable ambientalmente- para obtener su natural porción de uso de tierra agropecuaria en nuestro país.
Pero, la está desplazando a la ganadería sin hacerse cargo de los graves costos "ocultos" –descapitalización del factor tierra- que estaría imponiendo. Además, usufructúa la restricción a la exportación que padecen los productores de carne porque el Gobierno no plantea políticas de nuevos cortes de res ni de aplicación de la soja al grave problema interno de la desnutrición, para equiparar condiciones entre la ganadería y la agricultura.
Esperar que el Gobierno nacional actué es ingenuo porque eligió al productor ganadero como “blanco políticamente correcto” y alrededor del 95% de la producción de soja se exporta que, con una retención promedio del orden del 30%, significan aproximadamente $15.000 millones de ingresos fiscales, "un mes extra” de recursos públicos, el precio por el que la tierra agropecuaria –al igual que el petróleo, la energía eléctrica y el gas- esta también incorporada a la cultura económica extractiva de corto plazo del actual Gobierno nacional.
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El diputado Castor López plantea los riesgos de la extensión de la superficie cultivada con la oleaginosa si se no se respetan pautas de reposición de nutrientes
La soja puede -y debe serlo- una genuina actividad económica agrícola más, si se la administra adecuadamente: reservando porciones de áreas forestadas, practicando la siembra directa (sin roturar el suelo), reponiendo los nutrientes consumidos y rotando con otros cultivos cobertores del suelo para, en todos los casos, preservar la capacidad productiva de la tierra en el largo plazo.
Pero -como la penosa experiencia del caso forestal en Santiago del Estero- puede resultar una "soja minera", como cultura económica extractiva no renovable, si no se respetan las pautas señaladas. En ese caso, no sólo estaríamos exportando el producto soja sino también el factor productivo tierra, descapitalizando irreversiblemente al campo, con una visión de corto plazo.
Si las soluciones de mercado no resultan suficientes, el Estado debe intervenir regulando las exigencias citadas. Pero, el Gobierno nacional tiene un grave dilema. La "soja minera" –con su alto riesgo de monocultivo con elevado consumo de nutrientes de la tierra- es, a su vez, su principal sustento económico –vía retenciones a las exportaciones- y, en el desideologizado y pragmático contexto actual, su sostén político.
La soja, pese a que sus primeros sembradíos en nuestro país datan de 1970, su extraordinario desarrollo coincidió con la post-crisis del 2001. Entre los años 2002 y 2007 evolucionó de 12,7 a casi 17 millones de hectáreas, con una producción que creció de 35,6 a más de 47 millones de toneladas, siguiendo la señal de los precios que, en esos 5 años, aumentaron de 180 a 320 dólares por tonelada y la tendencia continua alcista, sostenida por la demanda de China e India.
La "soja agrícola"
Tiene naturales ventajas comparativas –no se consume en nuestro país, tiene una elevada resistencia a severas condiciones climáticas, una baja relación de la inversión necesaria con el rendimiento y el precio actual, etc.- frente a la ganadería –una actividad de largo plazo, de menor rentabilidad pero muy sustentable ambientalmente- para obtener su natural porción de uso de tierra agropecuaria en nuestro país.
Pero, la está desplazando a la ganadería sin hacerse cargo de los graves costos "ocultos" –descapitalización del factor tierra- que estaría imponiendo. Además, usufructúa la restricción a la exportación que padecen los productores de carne porque el Gobierno no plantea políticas de nuevos cortes de res ni de aplicación de la soja al grave problema interno de la desnutrición, para equiparar condiciones entre la ganadería y la agricultura.
Esperar que el Gobierno nacional actué es ingenuo porque eligió al productor ganadero como “blanco políticamente correcto” y alrededor del 95% de la producción de soja se exporta que, con una retención promedio del orden del 30%, significan aproximadamente $15.000 millones de ingresos fiscales, "un mes extra” de recursos públicos, el precio por el que la tierra agropecuaria –al igual que el petróleo, la energía eléctrica y el gas- esta también incorporada a la cultura económica extractiva de corto plazo del actual Gobierno nacional.
Destruyen construcción ilegal para antena
Destruyen en Ituzaingó construcción ilegal donde iba a instalarse antena de celulares
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Buenos Aires
La Municipalidad de Ituzaingó ordenó la destrucción de una construcción ilegal que se encontraba dentro del predio del Club Portugués, de la localidad de Villa Udaondo, en la que iba a instalarse una antena de una empresa de telefonía celular.
La razón de la misma, emanada en los últimos días por el Juzgado de Faltas, se fundamentó en que hubo distintas infracciones desde el inicio de la obra, que nunca contó con permiso municipal y cartel de obra, e incluso siquiera se solicitó la habilitación de la antena.
Todo comenzó el año pasado, en junio, cuando un grupo de vecinos del Club Portugués denunció una "obra clandestina y contaminante del medio ambiente".
Una vez que el Gobierno municipal constató la veracidad de la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Faltas Nº 1, que inmediatamente ordenó la paralización de la misma.
No obstante, un móvil de la Patrulla de Seguridad Urbana que recorría la zona observó horas después de la clausura que los obreros continuaban ese mismo día con la realización de la obra, por lo que se labró un acta y se clausuró el lugar, solicitando el retiro de los trabajadores.
Finalmente, las autoridades del Club Portugués procedieron a la destrucción de las bases y unos pilotes que se habían construido en un sector del parque del predio ubicado en la calle Del Pericón Nº 59, de Villa Udaondo, para dar cumplimiento a las normas vigentes.
Fecha de Publicación: 18/02/2008
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Buenos Aires
La Municipalidad de Ituzaingó ordenó la destrucción de una construcción ilegal que se encontraba dentro del predio del Club Portugués, de la localidad de Villa Udaondo, en la que iba a instalarse una antena de una empresa de telefonía celular.
La razón de la misma, emanada en los últimos días por el Juzgado de Faltas, se fundamentó en que hubo distintas infracciones desde el inicio de la obra, que nunca contó con permiso municipal y cartel de obra, e incluso siquiera se solicitó la habilitación de la antena.
Todo comenzó el año pasado, en junio, cuando un grupo de vecinos del Club Portugués denunció una "obra clandestina y contaminante del medio ambiente".
Una vez que el Gobierno municipal constató la veracidad de la denuncia, se dio intervención al Juzgado de Faltas Nº 1, que inmediatamente ordenó la paralización de la misma.
No obstante, un móvil de la Patrulla de Seguridad Urbana que recorría la zona observó horas después de la clausura que los obreros continuaban ese mismo día con la realización de la obra, por lo que se labró un acta y se clausuró el lugar, solicitando el retiro de los trabajadores.
Finalmente, las autoridades del Club Portugués procedieron a la destrucción de las bases y unos pilotes que se habían construido en un sector del parque del predio ubicado en la calle Del Pericón Nº 59, de Villa Udaondo, para dar cumplimiento a las normas vigentes.
Rosario, una ciudad premium
Rosario, rumbo a ser una ciudad premium
Fecha de Publicación: 17/02/2008
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Santa Fe
Por el récord de la soja, crece el consumo de lujo, con precios medidos en quintales
El INDEC informó ayer que el año pasado los precios de exportación y los del agro para la Argentina fueron los mejores desde que se miden estos términos de intercambio. Rosario, principal puerto de salida del grano, ya había cambiado su fisonomía. Pero en los últimos meses comenzó a decantar en la ciudad el consumo de artículos y bienes de lujo. Jugar al golf en un espacio libre de 1.500 m2 sobre la terraza de una torre premium, comprar un Mini Cooper o festejar el día de San Valentín con una cena en un hotel 5 estrellas: apenas ejemplos del inédito destape del consumo VIP.
Progreso. Torres y costumbres asimilables a Puerto Madero, consumos de alta gama. Las marcas se mudaron al puerto de la soja y los nuevos ricos ahora muestran sus fortunas.
Con emblemas como Fontanarrosa, Fito Páez, Olmedo o el Che Guevara, Rosario es reconocida en el país como una ciudad de famosos. Y ahora, de la mano de la cotización récord de la soja, también es una ciudad de ricos, de muy ricos.
Analistas y empresarios coinciden en que la disparada de la oleaginosa, que el año pasado subió 87% para llegar a los $1.163 a principios de este mes, está detrás del aumento anual del 25% de las ventas totales en Rosario, y ahora también del fuerte crecimiento del consumo de alta gama.
“Así como Venezuela está sentada sobre un barril de petróleo, Rosario lo está sobre una bolsa de soja”, dice Antonio Distéfano, propietario de Oliver, una tradicional y refinada casa de venta de ropa masculina.
El comerciante cuenta que las camisas de lino de $ 300 se venden hoy como pan caliente. “Nosotros hicimos una comparación entre el último trimestre de 2007 y el último de 2006 y vimos que lo que más subió en volumen fueron las prendas de mayor costo”, señala.
Si algo caracteriza al consumo de alta gama es la adquisición de bienes de uso suntuario, y en una ciudad que disfruta a pleno el río Paraná, el parque de grandes embarcaciones no para de crecer.
Según la Prefectura Naval, entre la temporada pasada y la actual subió un 5% la cantidad de yates y veleros de gran porte registrados en la ciudad, llegando hoy a 5.000 embarcaciones.
Como ya no quedan amarras (y hace más de un año que no se consiguen a menos de $ 10.000), el Club de Velas –una de las tradicionales instituciones de río– avanza con un plan para levantar la primera caleta en la isla, más precisamente en un terreno de 20 hectáreas sobre la zona conocida como “El Embudo”, que tendrá espacio para 100 embarcaciones, entre veleros y yates, y un club house para los socios.
Ana Inés Navarro, directora del Departamento de Economía de la Universidad Austral de Rosario, explica la relación entre la soja y el destape del consumo de lujo en la región. “Los muy altos precios de los granos, más el acento del actual esquema económico en la sustitución de importaciones industriales, generaron las condiciones para la fuerte reactivación económica del Gran Rosario. Pero, además, como uno de los principales ganadores del modelo, que es la producción agropecuaria, tiene base en la región, lo que hace es invertir y consumir en el principal centro urbano que tiene cerca”, analiza.
Atracción. Nelson Graells, titular de Sport 78, la principal casa de artículos deportivos de Rosario, suma otra línea de análisis. “Este fenómeno se ve porque antes mucha gente se iba a Buenos Aires a consumir. En cambio, ahora las grandes marcas llegaron a la ciudad y mucha gente de la región, que gracias a los buenos precios de los granos dispone de un alto poder de compra, por comodidad y distancia, viene a consumir acá”, dice.
La llegada de dos grandes shoppings (Alto Rosario, de IRSA, y Portal Rosario, de Cencosud) aportaron al comercio rosarino 413 nuevos locales, y con ellos el desembarco de muchas marcas top que antes los santafesinos tenían que viajar a los malls porteños para conseguir.
Pero si hubo un negocio emblema del consumo premium fue el de autos, no sólo por el fuerte repunte de las ventas sino por la llegada de nuevas marcas y la consolidación de las concesionarias exclusivas.
Un caso emblemático fue la apertura, en junio, de la primera concesionaria Porsche en la ciudad. Para esa fecha, calculaban vender 12 unidades en el año y terminaron vendiendo 18. Otro ejemplo: en diciembre, Natalio Automotores anunció que en abril inauguraría el primer concesionario Mini Cooper más allá de la General Paz y el segundo en el país.
Otras perlitas del consumo de autos premium: en 2007 se patentó por primera vez una Ferrari en Santa Fe; Audi vendió 238 vehículos; BMW, 162; y Alfa Romeo, 9. Volvo, que vendió 150 unidades, espera subir un 40% este año, y tuvo como estrella al C30 (US$ 34.000), que ubicaron en Rosario a razón de 10 al mes.
Cálculos. “Es muy común ver hoy a la gente sacando cuentas de cuántos quintales de soja le cuesta el vehículo. Esa es su moneda, y como se revaluó tiene hoy mucho más poder adquisitivo”, cuenta Rómulo González, titular de AutoRosario, concesionario oficial de Toyota.
“En los vehículos para el campo, como las pick-up 4x4 full, veo que la tendencia ahora es comprar la categoría más alta de cada línea. Antes venían a comprar el vehículo que necesitaban y, en busca de mejor precio, dejaban de lado algunos elementos de confort, ahora –en cambio– quieren el más equipado y con más accesorios”, agrega.
La más demandada hoy es la SW4, que viene con asiento de cuero, pero otra estrella de ventas de pick-up de Toyota es la 4x4 SRV, que cuesta $ 120.000 en su versión más completa. A principios de año, un productor necesitaba vender 193 toneladas de soja para comprársela, y ahora necesita ubicar 103 tn.
“Con estos precios de los granos, las ventas subirán 10/15% en 2008 y se mantendrá la tendencia de que el 50% de los compradores es del campo”, proyectó González poniendo blanco sobre negro que es la ola verde que viene del campo la que sostiene, directa o por efecto derrame, el boom del consumo.
Fecha de Publicación: 17/02/2008
Fuente: Diario Perfil
Provincia/Región: Santa Fe
Por el récord de la soja, crece el consumo de lujo, con precios medidos en quintales
El INDEC informó ayer que el año pasado los precios de exportación y los del agro para la Argentina fueron los mejores desde que se miden estos términos de intercambio. Rosario, principal puerto de salida del grano, ya había cambiado su fisonomía. Pero en los últimos meses comenzó a decantar en la ciudad el consumo de artículos y bienes de lujo. Jugar al golf en un espacio libre de 1.500 m2 sobre la terraza de una torre premium, comprar un Mini Cooper o festejar el día de San Valentín con una cena en un hotel 5 estrellas: apenas ejemplos del inédito destape del consumo VIP.
Progreso. Torres y costumbres asimilables a Puerto Madero, consumos de alta gama. Las marcas se mudaron al puerto de la soja y los nuevos ricos ahora muestran sus fortunas.
Con emblemas como Fontanarrosa, Fito Páez, Olmedo o el Che Guevara, Rosario es reconocida en el país como una ciudad de famosos. Y ahora, de la mano de la cotización récord de la soja, también es una ciudad de ricos, de muy ricos.
Analistas y empresarios coinciden en que la disparada de la oleaginosa, que el año pasado subió 87% para llegar a los $1.163 a principios de este mes, está detrás del aumento anual del 25% de las ventas totales en Rosario, y ahora también del fuerte crecimiento del consumo de alta gama.
“Así como Venezuela está sentada sobre un barril de petróleo, Rosario lo está sobre una bolsa de soja”, dice Antonio Distéfano, propietario de Oliver, una tradicional y refinada casa de venta de ropa masculina.
El comerciante cuenta que las camisas de lino de $ 300 se venden hoy como pan caliente. “Nosotros hicimos una comparación entre el último trimestre de 2007 y el último de 2006 y vimos que lo que más subió en volumen fueron las prendas de mayor costo”, señala.
Si algo caracteriza al consumo de alta gama es la adquisición de bienes de uso suntuario, y en una ciudad que disfruta a pleno el río Paraná, el parque de grandes embarcaciones no para de crecer.
Según la Prefectura Naval, entre la temporada pasada y la actual subió un 5% la cantidad de yates y veleros de gran porte registrados en la ciudad, llegando hoy a 5.000 embarcaciones.
Como ya no quedan amarras (y hace más de un año que no se consiguen a menos de $ 10.000), el Club de Velas –una de las tradicionales instituciones de río– avanza con un plan para levantar la primera caleta en la isla, más precisamente en un terreno de 20 hectáreas sobre la zona conocida como “El Embudo”, que tendrá espacio para 100 embarcaciones, entre veleros y yates, y un club house para los socios.
Ana Inés Navarro, directora del Departamento de Economía de la Universidad Austral de Rosario, explica la relación entre la soja y el destape del consumo de lujo en la región. “Los muy altos precios de los granos, más el acento del actual esquema económico en la sustitución de importaciones industriales, generaron las condiciones para la fuerte reactivación económica del Gran Rosario. Pero, además, como uno de los principales ganadores del modelo, que es la producción agropecuaria, tiene base en la región, lo que hace es invertir y consumir en el principal centro urbano que tiene cerca”, analiza.
Atracción. Nelson Graells, titular de Sport 78, la principal casa de artículos deportivos de Rosario, suma otra línea de análisis. “Este fenómeno se ve porque antes mucha gente se iba a Buenos Aires a consumir. En cambio, ahora las grandes marcas llegaron a la ciudad y mucha gente de la región, que gracias a los buenos precios de los granos dispone de un alto poder de compra, por comodidad y distancia, viene a consumir acá”, dice.
La llegada de dos grandes shoppings (Alto Rosario, de IRSA, y Portal Rosario, de Cencosud) aportaron al comercio rosarino 413 nuevos locales, y con ellos el desembarco de muchas marcas top que antes los santafesinos tenían que viajar a los malls porteños para conseguir.
Pero si hubo un negocio emblema del consumo premium fue el de autos, no sólo por el fuerte repunte de las ventas sino por la llegada de nuevas marcas y la consolidación de las concesionarias exclusivas.
Un caso emblemático fue la apertura, en junio, de la primera concesionaria Porsche en la ciudad. Para esa fecha, calculaban vender 12 unidades en el año y terminaron vendiendo 18. Otro ejemplo: en diciembre, Natalio Automotores anunció que en abril inauguraría el primer concesionario Mini Cooper más allá de la General Paz y el segundo en el país.
Otras perlitas del consumo de autos premium: en 2007 se patentó por primera vez una Ferrari en Santa Fe; Audi vendió 238 vehículos; BMW, 162; y Alfa Romeo, 9. Volvo, que vendió 150 unidades, espera subir un 40% este año, y tuvo como estrella al C30 (US$ 34.000), que ubicaron en Rosario a razón de 10 al mes.
Cálculos. “Es muy común ver hoy a la gente sacando cuentas de cuántos quintales de soja le cuesta el vehículo. Esa es su moneda, y como se revaluó tiene hoy mucho más poder adquisitivo”, cuenta Rómulo González, titular de AutoRosario, concesionario oficial de Toyota.
“En los vehículos para el campo, como las pick-up 4x4 full, veo que la tendencia ahora es comprar la categoría más alta de cada línea. Antes venían a comprar el vehículo que necesitaban y, en busca de mejor precio, dejaban de lado algunos elementos de confort, ahora –en cambio– quieren el más equipado y con más accesorios”, agrega.
La más demandada hoy es la SW4, que viene con asiento de cuero, pero otra estrella de ventas de pick-up de Toyota es la 4x4 SRV, que cuesta $ 120.000 en su versión más completa. A principios de año, un productor necesitaba vender 193 toneladas de soja para comprársela, y ahora necesita ubicar 103 tn.
“Con estos precios de los granos, las ventas subirán 10/15% en 2008 y se mantendrá la tendencia de que el 50% de los compradores es del campo”, proyectó González poniendo blanco sobre negro que es la ola verde que viene del campo la que sostiene, directa o por efecto derrame, el boom del consumo.
Claroscuros de un boom
Claroscuros de un boom
Fecha de Publicación: 17/02/2008
Fuente: Página 12 - Claudio Scaletta
Provincia/Región: Nacional
En materia de biocombustibles el país cuenta con ventajas comparativas. Pero al continuar basada en insumos que compiten con la alimentación, esa industria podría enfrentar límites cercanos.
El debate por los biocombustibles es de los tantos que en materia agropecuaria suma a los neoluditas verdes, aquellos que ven en cualquier avance tecnológico en el agro una amenaza contra el medio ambiente. En el límite, asocian todo desarrollo tecnológico con las peores características predatorias del capitalismo. Los neoluditas también se oponen a otras fuentes de energía alternativas, como la hidroelectricidad o la energía nuclear. En el caso particular de los biocombustibles el razonamiento se caracteriza por su linealidad. Que se produzcan “agrocombustibles”, sostienen, implica más demanda de materias primas, más producción en el agro y, en consecuencia, más de todo lo malo que ya existe. Dentro de esta corriente de pensamiento se encuentran algunos economistas que estudiaron durante años cómo funciona el sistema socioeconómico que terminó con las restricciones malthusianas. La misma linealidad, sólo que en el festejo, puede encontrarse en los suplementos sabatinos. Pero también existen los grises.
El Cespa, un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que suele suscitar controversias cuando aborda temas vinculados con el agro (la más reciente fue a raíz de un paper que afirmaba que no existe reversión en los términos del intercambio cuando se mira el largo plazo), difundió esta semana un trabajo titulado “Biocombustibles: expansión de una industria naciente y posibilidades para Argentina”, firmado por Jorge Schvarzer y Andrés Tavosnanska. La investigación parte de la premisa de que el petróleo en torno de los 100 dólares significa obviamente un incentivo para el desarrollo de las nuevas formas de energía. En este contexto de escasez y mayor demanda global, que se replica en las restricciones energéticas fronteras adentro, los autores discuten las potencialidades locales para sumarse al nuevo escenario.
Continuando la idea de un trabajo presentado el año pasado sobre la industria aceitera, los autores afirman que en materia de biocombustibles el país no sólo cuenta con ventajas comparativas y know how acumulado en materia de producción de los insumos primarios, sino también para el eslabón superior del circuito, basado en la industria del crushing: “eficiente y de gran escala en el mercado local”.
Luego de abrir el paquete de la situación mundial y de analizar en detalle la oferta local, así como la incidencia de la reciente legislación promocional en su expansión, la investigación considera que si bien la demanda es casi infinita, la oferta, al continuar basada en insumos que compiten con la alimentación, podría enfrentar “límites cercanos”. De aquí la clave de que será el precio del petróleo el que determine la rentabilidad de sus alternativas. Y si bien tendencialmente este precio apunta hacia arriba, la existencia de fallas de mercado y el accionar de los capitales especulativos prometen importantes oscilaciones.
Una segunda clave es que también la demanda tiene mucho que decir. En la medida que sube la demanda de biocombustibles aumenta también los precios de sus insumos, como lo grafican las evoluciones recientes de las cotizaciones del maíz y la soja. Además de constituir un factor de conflicto social, el dato entraña que la magnitud de la demanda puede hacer decrecer la potencialidad de los biocombustibles como alternativa, lo que suma un segundo factor de incertidumbre para el negocio.
Por estos dos factores, entre otros, el trabajo concluye que si bien “la irrupción de los biocombustibles en la oferta mundial es tan impresionante por su magnitud como vertiginosa por su evolución”, no serán las tendencias actuales “por intensas que ellas aparezcan al observador” las que definirán el escenario futuro.
Fecha de Publicación: 17/02/2008
Fuente: Página 12 - Claudio Scaletta
Provincia/Región: Nacional
En materia de biocombustibles el país cuenta con ventajas comparativas. Pero al continuar basada en insumos que compiten con la alimentación, esa industria podría enfrentar límites cercanos.
El debate por los biocombustibles es de los tantos que en materia agropecuaria suma a los neoluditas verdes, aquellos que ven en cualquier avance tecnológico en el agro una amenaza contra el medio ambiente. En el límite, asocian todo desarrollo tecnológico con las peores características predatorias del capitalismo. Los neoluditas también se oponen a otras fuentes de energía alternativas, como la hidroelectricidad o la energía nuclear. En el caso particular de los biocombustibles el razonamiento se caracteriza por su linealidad. Que se produzcan “agrocombustibles”, sostienen, implica más demanda de materias primas, más producción en el agro y, en consecuencia, más de todo lo malo que ya existe. Dentro de esta corriente de pensamiento se encuentran algunos economistas que estudiaron durante años cómo funciona el sistema socioeconómico que terminó con las restricciones malthusianas. La misma linealidad, sólo que en el festejo, puede encontrarse en los suplementos sabatinos. Pero también existen los grises.
El Cespa, un centro de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que suele suscitar controversias cuando aborda temas vinculados con el agro (la más reciente fue a raíz de un paper que afirmaba que no existe reversión en los términos del intercambio cuando se mira el largo plazo), difundió esta semana un trabajo titulado “Biocombustibles: expansión de una industria naciente y posibilidades para Argentina”, firmado por Jorge Schvarzer y Andrés Tavosnanska. La investigación parte de la premisa de que el petróleo en torno de los 100 dólares significa obviamente un incentivo para el desarrollo de las nuevas formas de energía. En este contexto de escasez y mayor demanda global, que se replica en las restricciones energéticas fronteras adentro, los autores discuten las potencialidades locales para sumarse al nuevo escenario.
Continuando la idea de un trabajo presentado el año pasado sobre la industria aceitera, los autores afirman que en materia de biocombustibles el país no sólo cuenta con ventajas comparativas y know how acumulado en materia de producción de los insumos primarios, sino también para el eslabón superior del circuito, basado en la industria del crushing: “eficiente y de gran escala en el mercado local”.
Luego de abrir el paquete de la situación mundial y de analizar en detalle la oferta local, así como la incidencia de la reciente legislación promocional en su expansión, la investigación considera que si bien la demanda es casi infinita, la oferta, al continuar basada en insumos que compiten con la alimentación, podría enfrentar “límites cercanos”. De aquí la clave de que será el precio del petróleo el que determine la rentabilidad de sus alternativas. Y si bien tendencialmente este precio apunta hacia arriba, la existencia de fallas de mercado y el accionar de los capitales especulativos prometen importantes oscilaciones.
Una segunda clave es que también la demanda tiene mucho que decir. En la medida que sube la demanda de biocombustibles aumenta también los precios de sus insumos, como lo grafican las evoluciones recientes de las cotizaciones del maíz y la soja. Además de constituir un factor de conflicto social, el dato entraña que la magnitud de la demanda puede hacer decrecer la potencialidad de los biocombustibles como alternativa, lo que suma un segundo factor de incertidumbre para el negocio.
Por estos dos factores, entre otros, el trabajo concluye que si bien “la irrupción de los biocombustibles en la oferta mundial es tan impresionante por su magnitud como vertiginosa por su evolución”, no serán las tendencias actuales “por intensas que ellas aparezcan al observador” las que definirán el escenario futuro.
Nuevas reservas de biosfera
Nuevas reservas de biosfera
Fecha de Publicación: 17/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut
Una reciente resolución de la Unesco, vinculada con el programa Hombre y Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés), ha declarado áreas protegidas a dos reservas de biosfera en nuestro país: la del parque Pereyra Iraola, ubicada entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata, y la región andino-norpatagónica, que abarca parcialmente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. La información fue dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, ente que tiene a su cargo la articulación en el país del citado programa MAB, del que participan 34 países con la coordinación de un consejo internacional en el ámbito de la Unesco.
El concepto de "reserva de biosfera" posee un carácter central dentro del programa nombrado. En 1971, la Unesco consideró así a las áreas cuya protección se funda en los valiosos ecosistemas existentes y cuyo aprovechamiento económico debía responder a las pautas del desarrollo sostenible para beneficio de las comunidades locales. El programa MAB ha previsto que las reservas de biosfera permitan tanto la conservación de la belleza del paisaje y de la biodiversidad como la continuidad de las investigaciones científicas, el estudio de la evolución de los recursos naturales, lo que da ocasión a un permanente aporte educativo y formativo.
Esta declaración de reserva protegida se produjo en el país por primera vez en 1980, en el área de San Guillermo, provincia de San Juan, espacio que abarcó un millón de hectáreas en las cuales vicuñas y guanacos fueron las razones principales de conservación. Con las nuevas áreas declaradas, son trece las reservas de biosfera existentes en nuestro territorio. En la del parque Pereyra Iraola, de 10.248 hectáreas de superficie, se ha destacado su papel en la recarga para los acuíferos subterráneos, importantes para la provisión local de agua potable.
En cuanto al área andino-norpatagónica, por su extensión, se constituye en la mayor reserva del país y la primera ubicada en la Patagonia, con una superficie de 2.266.942 ha. Dentro de ella están comprendidos los parques nacionales Lanín, provincia de Neuquén; Nahuel Huapi, en Río Negro, y Lago Puelo, en Chubut. Esta bellísima región se distingue por los bosques de zonas templadas y lluviosas, con la presencia de una rica biodiversidad.
El logro de la resolución de la Unesco es satisfactoria en diversas perspectivas: ambientales, humanas, económicas. Al mismo tiempo, hay que destacar el compromiso que signa el país en cuanto al cuidado de los recursos y el desarrollo de esas reservas, según los términos que establece la declaración. Es lógico esperar, entonces, que se haga honor en el tiempo a la doble obligación contraída, en relación con el país y ante el organismo mundial.
Fecha de Publicación: 17/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut
Una reciente resolución de la Unesco, vinculada con el programa Hombre y Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés), ha declarado áreas protegidas a dos reservas de biosfera en nuestro país: la del parque Pereyra Iraola, ubicada entre las ciudades de Buenos Aires y La Plata, y la región andino-norpatagónica, que abarca parcialmente las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. La información fue dada a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, ente que tiene a su cargo la articulación en el país del citado programa MAB, del que participan 34 países con la coordinación de un consejo internacional en el ámbito de la Unesco.
El concepto de "reserva de biosfera" posee un carácter central dentro del programa nombrado. En 1971, la Unesco consideró así a las áreas cuya protección se funda en los valiosos ecosistemas existentes y cuyo aprovechamiento económico debía responder a las pautas del desarrollo sostenible para beneficio de las comunidades locales. El programa MAB ha previsto que las reservas de biosfera permitan tanto la conservación de la belleza del paisaje y de la biodiversidad como la continuidad de las investigaciones científicas, el estudio de la evolución de los recursos naturales, lo que da ocasión a un permanente aporte educativo y formativo.
Esta declaración de reserva protegida se produjo en el país por primera vez en 1980, en el área de San Guillermo, provincia de San Juan, espacio que abarcó un millón de hectáreas en las cuales vicuñas y guanacos fueron las razones principales de conservación. Con las nuevas áreas declaradas, son trece las reservas de biosfera existentes en nuestro territorio. En la del parque Pereyra Iraola, de 10.248 hectáreas de superficie, se ha destacado su papel en la recarga para los acuíferos subterráneos, importantes para la provisión local de agua potable.
En cuanto al área andino-norpatagónica, por su extensión, se constituye en la mayor reserva del país y la primera ubicada en la Patagonia, con una superficie de 2.266.942 ha. Dentro de ella están comprendidos los parques nacionales Lanín, provincia de Neuquén; Nahuel Huapi, en Río Negro, y Lago Puelo, en Chubut. Esta bellísima región se distingue por los bosques de zonas templadas y lluviosas, con la presencia de una rica biodiversidad.
El logro de la resolución de la Unesco es satisfactoria en diversas perspectivas: ambientales, humanas, económicas. Al mismo tiempo, hay que destacar el compromiso que signa el país en cuanto al cuidado de los recursos y el desarrollo de esas reservas, según los términos que establece la declaración. Es lógico esperar, entonces, que se haga honor en el tiempo a la doble obligación contraída, en relación con el país y ante el organismo mundial.
Focos de contaminación en Buenos Aires
Nuevos focos de contaminación en la Región
Fecha de Publicación: 16/02/2008
Fuente: Diario El Día, La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
La contaminación en arroyos y canales que desembocan en el Río de la Plata genera preocupación en vecinos y organizaciones ambientalistas de nuestra región.
Ahora se ha detectado la presencia de una gran cantidad de hidrocarburos en el Canal Este, que linda con destilería y la avenida 60, frente al Tiro Federal (Berisso). Como muestra la foto, la mancha se ha extendido de una forma muy visible en la superficie del canal.
La situación fue denunciada por la asociación Nuevo Ambiente, que advirtió sobre "graves daños" ocasionados por vuelcos de hidrocarburos que además "son reiterados".
El Canal Este desemboca en el Río Santiago y este a su vez en el Río de la Plata, por lo que al final del recorrido se encuentra a unos 3 kilómetros de la toma que provee agua potable a toda la región, "por lo que este hecho es aún más grave debido a que no sólo está degradando el lecho y la costa de un canal, sino también los recursos naturales en general y la calidad de vida de los habitantes de la Región", subrayaron desde Medio Ambiente.
Por su parte, el intendente de la Ciudad, Pablo Bruera, advirtió ayer que la contaminación del arroyo El Gato "es severa", ya que "algunas empresas realizan arrojos ilegales, pero estamos atentos a este tema y vamos a multar y denunciar para que empiecen a trabajar de otra manera, ya que están perjudicando la salud de los vecinos".
"Recorrimos parte del arroyo y vimos la severa contaminación que tiene, y cómo algunas empresas están haciendo vuelcos ilegales, por lo que vamos a realizar las denuncias correspondientes", afirmó Bruera.
Fecha de Publicación: 16/02/2008
Fuente: Diario El Día, La Plata
Provincia/Región: Buenos Aires
La contaminación en arroyos y canales que desembocan en el Río de la Plata genera preocupación en vecinos y organizaciones ambientalistas de nuestra región.
Ahora se ha detectado la presencia de una gran cantidad de hidrocarburos en el Canal Este, que linda con destilería y la avenida 60, frente al Tiro Federal (Berisso). Como muestra la foto, la mancha se ha extendido de una forma muy visible en la superficie del canal.
La situación fue denunciada por la asociación Nuevo Ambiente, que advirtió sobre "graves daños" ocasionados por vuelcos de hidrocarburos que además "son reiterados".
El Canal Este desemboca en el Río Santiago y este a su vez en el Río de la Plata, por lo que al final del recorrido se encuentra a unos 3 kilómetros de la toma que provee agua potable a toda la región, "por lo que este hecho es aún más grave debido a que no sólo está degradando el lecho y la costa de un canal, sino también los recursos naturales en general y la calidad de vida de los habitantes de la Región", subrayaron desde Medio Ambiente.
Por su parte, el intendente de la Ciudad, Pablo Bruera, advirtió ayer que la contaminación del arroyo El Gato "es severa", ya que "algunas empresas realizan arrojos ilegales, pero estamos atentos a este tema y vamos a multar y denunciar para que empiecen a trabajar de otra manera, ya que están perjudicando la salud de los vecinos".
"Recorrimos parte del arroyo y vimos la severa contaminación que tiene, y cómo algunas empresas están haciendo vuelcos ilegales, por lo que vamos a realizar las denuncias correspondientes", afirmó Bruera.
Pumas en La Pampa: otra vez polémica
Caza de pumas en La Pampa: otra vez polémica
Fecha de Publicación: 15/02/2008
Fuente: 26 Noticias
Provincia/Región: La Pampa
Se autorizó la apertura de la temporada de caza deportiva. Sin embargo, los criaderos no cumplen con la reglamentación exigida, por lo que no se encuentran habilitados, por lo que no sería posible la práctica del deporte. Aseguran que de este modo no se está garantizando la protección de la especie.
A pesar de que los cotos de caza del puma pampeano no se encuentran habilitados, el gobierno provincial levantó la prohibición que caía sobre la caza desde el año pasado, lo que generó reacciones en distintos sectores vinculados a la protección de la fauna local.
Hace un año atrás, se había vedado el deporte por un escándalo en el que se comprobó que varios de los centros de caza enjaulaban los animales o los drogaban para asegurar el éxito del cazador, lo que terminó afectando de manera negativa el turismo de la provincia.
La Comisión Asesora de Fauna había pedido que se realizaran controles de población en los criaderos, y ahora reclaman que se levantó la prohibición sin realizar los estudios correspondientes.
Aseguran que sólo conocer la cantidad de pumas criados permitiría evitar que los cotos de caza adquieran a los animales en el mercado negro, y proteger, de este modo, a la especie.
El mercado negro de los pumas pampeanos empieza con la captura del animal salvaje con trampas en los campos, la venta a los cotos, por un valor que ronda los dos mil pesos, que luego los encierran en jaulas, y en algunos casos los drogan, hasta que llega la temporada de caza, en la que los turistas pagan alrededor de tres mil euros por el trofeo.
Frente a este reclamo, el gobierno provincial asegura que “en la práctica” la caza prevista para la temporada que va entre el 31 de marzo y el 31 de julio no será posible, ya que de los seis criaderos inscriptos sólo uno cumple con la reglamentación provincial, pero no con la nacional, por lo que la presa no puede ser sacada del país.
Fecha de Publicación: 15/02/2008
Fuente: 26 Noticias
Provincia/Región: La Pampa
Se autorizó la apertura de la temporada de caza deportiva. Sin embargo, los criaderos no cumplen con la reglamentación exigida, por lo que no se encuentran habilitados, por lo que no sería posible la práctica del deporte. Aseguran que de este modo no se está garantizando la protección de la especie.
A pesar de que los cotos de caza del puma pampeano no se encuentran habilitados, el gobierno provincial levantó la prohibición que caía sobre la caza desde el año pasado, lo que generó reacciones en distintos sectores vinculados a la protección de la fauna local.
Hace un año atrás, se había vedado el deporte por un escándalo en el que se comprobó que varios de los centros de caza enjaulaban los animales o los drogaban para asegurar el éxito del cazador, lo que terminó afectando de manera negativa el turismo de la provincia.
La Comisión Asesora de Fauna había pedido que se realizaran controles de población en los criaderos, y ahora reclaman que se levantó la prohibición sin realizar los estudios correspondientes.
Aseguran que sólo conocer la cantidad de pumas criados permitiría evitar que los cotos de caza adquieran a los animales en el mercado negro, y proteger, de este modo, a la especie.
El mercado negro de los pumas pampeanos empieza con la captura del animal salvaje con trampas en los campos, la venta a los cotos, por un valor que ronda los dos mil pesos, que luego los encierran en jaulas, y en algunos casos los drogan, hasta que llega la temporada de caza, en la que los turistas pagan alrededor de tres mil euros por el trofeo.
Frente a este reclamo, el gobierno provincial asegura que “en la práctica” la caza prevista para la temporada que va entre el 31 de marzo y el 31 de julio no será posible, ya que de los seis criaderos inscriptos sólo uno cumple con la reglamentación provincial, pero no con la nacional, por lo que la presa no puede ser sacada del país.
LLega la Agicultura certificada
LLega la Agicultura certificada
Fecha de Publicación: 14/02/2008
Fuente: rafaela.com
Provincia/Región: Nacional
Aapresid anunció la presentación oficial en Expoagro 2008 de la "Agricultura Certificada", proyecto que marca la evolución de la siembra directa y sienta las bases de una nueva revolución en el sector.
Comentaron a manera de adelanto, que el sistema se basa en que la "no- labranza", no alcanza para hablar de "agricultura productiva y sustentable". Para ostentar esa condición es necesario promover una gestión de los recursos ambientales a través de procesos integrados y sistémicos con vistas a la obtención de productos en cantidades suficientes y cualidades deseables, manteniendo y -mejor aún- aumentando su capacidad productiva.
Explicaron que este es un "Sistema en Siembra Directa" donde además de suprimir la labranza y contener en superficie residuos orgánicos en descomposición, se incorporan un conjunto de herramientas que reciben el nombre de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA''S), donde la rotación de cultivos, cultivos de cobertura, manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades, nutrición balanceada y restitución de nutrientes, uso racional y profesional de insumos externos, registro de las tareas y productos y la sistematización de esa información conforman las bases para un certificado de calidad de procesos y productos.
Agregaron que desde este enfoque amplio, sistémico e integrador, la siembra directa cambió los paradigmas de la agricultura iniciando una nueva era. Son más los suelos que producen y menos los riesgos de erosión. Más aún, en numerosos casos, la productividad ha aumentado, por mejora de la fertilidad física y química, y la más eficiente economía del agua. Se reduce el consumo de combustibles fósiles empleado en el laboreo, crece el secuestro de carbono por aumento de materia orgánica, y ambas consecuencias ayudan a mitigar el efecto invernadero.
La alternativa productiva viene de la mano de la agricultura de conservación en general, y de la Siembra Directa en particular. Este complejo permite incrementar los rendimientos y eficiencias en el uso de los recursos y disminuir los costos y externalidades negativas sobre el ambiente.
Señalaron, que en este contexto, desde Aapresid surge la iniciativa de desarrollar un "Sistema de Gestión de Calidad Ambiental y Productiva en Agricultura de Conservación", con potencialidad de ser certificable. El proyecto apunta a lograr una "Agricultura Certificada", con las garantías que supone ajustarse a un protocolo de buenas prácticas agrícolas y de indicadores de base científica, que permita medir el impacto de la agricultura sobre el ambiente, foco de la certificación del proceso de la siembra directa.
Certificar
Acerca de la certificación, desde Aapresid indicaron que tiene beneficios directos para el empresario agropecuario, tanto en la gestión técnica como en el negocio. Por un lado, la certificación involucra el uso de registros y de información ordenada; que junto al relevamiento de los indicadores de calidad de suelo, agregan valor a la gestión agronómica; tornándola más confiable, precisa y profesional. Por otro lado, es la herramienta que permite agregar valor, al internalizar la externalidad positiva que genera la siembra directa, y transformarla en ingresos. Como está basado en principios y estándares generales con adaptación local, el certificado permite generar la diferenciación del proceso.
Actualmente, desde Aapresid se está trabajando en el desarrollo de los protocolos técnicos de buenas prácticas agrícolas e indicadores de calidad ambiental que serán incluidos dentro del sistema de calidad.
Puntualmente, se está validando la primera versión de indicadores edáficos en 30 lotes distribuidos en cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tucumán. El trabajo cuenta con la asesoría científica de Rodolfo Gil, especialista en suelos de INTA Castelar. Inicialmente, los indicadores son físicos, químicos y bioquímicos. No se incluyen indicadores biológicos en razón de que aún no hay un consenso científico sobre cuáles son los apropiados. Pero sobre ese punto, Aapresid está liderando un programa de investigación bajo el paraguas del FONCYT, perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Uno de los objetivos de este "Proyecto de Área Estratégica" es el de encontrar los indicadores biológicos para incluirlos en versiones posteriores del certificado en siembra directa. En este proyecto participan 11 equipos de investigación de diferentes universidades y centros de investigación públicos y cuenta con un co-financiamiento público/privado.
Al estado del conocimiento actual, la siembra directa y su factibilidad de certificación se constituyen en la alternativa productiva que mejor conjuga los intereses - muchas veces contrapuestos - de alcanzar una producción económicamente rentable para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente.
Acciones
Señalaron como punto de partida un cambio de visión. La "Agricultura Certificada" implica ampliar el foco de atención del productor, y de la sociedad en su conjunto; se trata de desviar la mirada del resultado de la cosecha para atender a todas las variables que intervienen en el proceso productivo. Abrir el panorama y ver la imagen completa, esto es, tener en cuenta la no remoción, las rotaciones de cultivos, la nutrición balanceada, las estrategias de fertilización, el uso apropiado de agroquímicos y envases y el registro sistematizado de la información agronómica, como llaves de acceso a una Agricultura Certificada. La consecuencia, entonces sí, serán los mejores resultados en la producción pero esa será sólo una porción de los beneficios que nos involucran a todos.
En la confección del Protocolo de la "Agricultura Certificada" está prevista la realización y registro de las buenas prácticas agrícolas donde se contempla la ausencia o mínimo disturbio del suelo; implementación de siembra directa continua. Rotación de cultivos con diversidad e intensidad, ajustada a la región agroecológica. Estrategia de fertilización balanceada, con la reposición de nutrientes requerida. Aplicación de criterios de "Manejo Integrado de Plagas", con un uso apropiado de agroquímicos y envases. Implementación de un registro digital sistematizado de información, que contiene la secuencia de tareas de manejo agronómico del sistema productivo, en tiempo real y georreferenciado. Este un esquema dinámico y flexible que promueve la incorporación de los avances científicos en la materia. Pues el eje de la visión se enfoca en lograr una Agricultura Sustentable.
En el mediano plazo contemplan una certificación de estas buenas prácticas a través de un "sistema de gestión de calidad ambiental y productiva en agricultura de conservación" que es un esquema que brinda herramientas para realizar una agricultura -en términos amplios, e incluyendo a la ganadería - de manera más precisa y responsable, tanto ambiental como productivamente.
En el largo plazo el objetivo es lograr un valor diferencial como Sistema de Gestión de Calidad Ambiental y Productiva. La Agricultura Certificada le permite al consumidor conocer las características del proceso de producción y a la sociedad, reconocer sus beneficios tangibles.
Casos detectados
Igualmente, se registraron casos de poblaciones con problemas de salud ligados a los agroquímicos o con impactos en el medio ambiente, como se observó en diferentes zonas de las provincias de Formosa, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En esta última se pudieron ver denuncias en localidades como Alejandra, Recreo, Avellaneda, San Eduardo, San Lorenzo, San Cristóbal, Aeropuerto de Rosario, Granja La Verdecita en ciudad de Santa Fe, Las Petacas y Venado Tuerto.
La utilización de agroquímicos muestra una tendencia creciente, acentuada después de la crisis de 2001, ya que dos años después se incrementaron las ventas un 32 % con "marcado aumento de productos importados más baratos, pero con escaso respaldo técnico y calidad certificada y de marcas poco reconocidas". La cantidad comercializada se triplicó en la última década, con un aumento marcado de los insumos para la siembra directa, predominando los herbicidas y dentro de estos, los glifosatos que se aplican en la soja y en los barbechos químicos.
Otro problema es la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y destrucción de envases de los agroquímicos. En el caso de la provincia de Santa Fe se encuentra legislado pero "hay un cumplimiento laxo por parte de proveedores, productores y control de policía del Estado", precisa Silva. Más aún, de acuerdo a un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA, "la decisión de comprar agroquímicos se realiza bajo presión de los proveedores, con criterios exclusivamente economicistas, desconociendo las pautas de almacenamiento y utilización según la toxicidad de los mismos".
De acuerdo a estudios realizados en provincia de Buenos Aires, también es de resaltar que los niños son quienes sufren más casos de intoxicación, aunque la mayoría de las veces pasen desapercibidos o no se detecten. No siempre son llevados a los centros de salud y cuando concurren suelen ser atendidos por manifestaciones y síntomas visibles antes que por los determinantes del problema. Los niños se exponen en el hogar, en el trabajo de sus padres cuando los acompañan o cuando ellos mismos realizan tareas agrícolas: cosecha de frutas, desbrotes, etc.
Mientras tanto, "es escasa o nula la reflexión sobre la sustentabilidad ambiental y sanitaria del modo de crecimiento del sector rural", admite la investigadora del CONICET, agregando que "la naturaleza cultural nos lleva a utilizar agroquímicos de manera indiscriminada, despreocupados por el impacto que pueden ocasionar en el medio ambiente y la salud de los trabajadores, su familia y la comunidad lindera. Dichas representaciones y prácticas responden a la lógica económica que subyace al modelo agroexportador predominante, más preocupado por el crecimiento que por el desarrollo rural".
Frente a ello, Silva plantea como desafío en el sector rural "agregar a la mirada del crecimiento económico, aquellos aspectos que hacen a la sustentabilidad ambiental y de salud. En suma, se requiere comprender que lograr un crecimiento sostenido no es lo mismo que lograr un desarrollo sustentable donde se logre el abordaje de la siniestralidad laboral y del impacto de los agroquímicos en la salud del ecosistema y la población".
Fecha de Publicación: 14/02/2008
Fuente: rafaela.com
Provincia/Región: Nacional
Aapresid anunció la presentación oficial en Expoagro 2008 de la "Agricultura Certificada", proyecto que marca la evolución de la siembra directa y sienta las bases de una nueva revolución en el sector.
Comentaron a manera de adelanto, que el sistema se basa en que la "no- labranza", no alcanza para hablar de "agricultura productiva y sustentable". Para ostentar esa condición es necesario promover una gestión de los recursos ambientales a través de procesos integrados y sistémicos con vistas a la obtención de productos en cantidades suficientes y cualidades deseables, manteniendo y -mejor aún- aumentando su capacidad productiva.
Explicaron que este es un "Sistema en Siembra Directa" donde además de suprimir la labranza y contener en superficie residuos orgánicos en descomposición, se incorporan un conjunto de herramientas que reciben el nombre de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA''S), donde la rotación de cultivos, cultivos de cobertura, manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades, nutrición balanceada y restitución de nutrientes, uso racional y profesional de insumos externos, registro de las tareas y productos y la sistematización de esa información conforman las bases para un certificado de calidad de procesos y productos.
Agregaron que desde este enfoque amplio, sistémico e integrador, la siembra directa cambió los paradigmas de la agricultura iniciando una nueva era. Son más los suelos que producen y menos los riesgos de erosión. Más aún, en numerosos casos, la productividad ha aumentado, por mejora de la fertilidad física y química, y la más eficiente economía del agua. Se reduce el consumo de combustibles fósiles empleado en el laboreo, crece el secuestro de carbono por aumento de materia orgánica, y ambas consecuencias ayudan a mitigar el efecto invernadero.
La alternativa productiva viene de la mano de la agricultura de conservación en general, y de la Siembra Directa en particular. Este complejo permite incrementar los rendimientos y eficiencias en el uso de los recursos y disminuir los costos y externalidades negativas sobre el ambiente.
Señalaron, que en este contexto, desde Aapresid surge la iniciativa de desarrollar un "Sistema de Gestión de Calidad Ambiental y Productiva en Agricultura de Conservación", con potencialidad de ser certificable. El proyecto apunta a lograr una "Agricultura Certificada", con las garantías que supone ajustarse a un protocolo de buenas prácticas agrícolas y de indicadores de base científica, que permita medir el impacto de la agricultura sobre el ambiente, foco de la certificación del proceso de la siembra directa.
Certificar
Acerca de la certificación, desde Aapresid indicaron que tiene beneficios directos para el empresario agropecuario, tanto en la gestión técnica como en el negocio. Por un lado, la certificación involucra el uso de registros y de información ordenada; que junto al relevamiento de los indicadores de calidad de suelo, agregan valor a la gestión agronómica; tornándola más confiable, precisa y profesional. Por otro lado, es la herramienta que permite agregar valor, al internalizar la externalidad positiva que genera la siembra directa, y transformarla en ingresos. Como está basado en principios y estándares generales con adaptación local, el certificado permite generar la diferenciación del proceso.
Actualmente, desde Aapresid se está trabajando en el desarrollo de los protocolos técnicos de buenas prácticas agrícolas e indicadores de calidad ambiental que serán incluidos dentro del sistema de calidad.
Puntualmente, se está validando la primera versión de indicadores edáficos en 30 lotes distribuidos en cinco provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Tucumán. El trabajo cuenta con la asesoría científica de Rodolfo Gil, especialista en suelos de INTA Castelar. Inicialmente, los indicadores son físicos, químicos y bioquímicos. No se incluyen indicadores biológicos en razón de que aún no hay un consenso científico sobre cuáles son los apropiados. Pero sobre ese punto, Aapresid está liderando un programa de investigación bajo el paraguas del FONCYT, perteneciente a la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Uno de los objetivos de este "Proyecto de Área Estratégica" es el de encontrar los indicadores biológicos para incluirlos en versiones posteriores del certificado en siembra directa. En este proyecto participan 11 equipos de investigación de diferentes universidades y centros de investigación públicos y cuenta con un co-financiamiento público/privado.
Al estado del conocimiento actual, la siembra directa y su factibilidad de certificación se constituyen en la alternativa productiva que mejor conjuga los intereses - muchas veces contrapuestos - de alcanzar una producción económicamente rentable para las empresas, ambientalmente sustentable, socialmente aceptada y energéticamente eficiente.
Acciones
Señalaron como punto de partida un cambio de visión. La "Agricultura Certificada" implica ampliar el foco de atención del productor, y de la sociedad en su conjunto; se trata de desviar la mirada del resultado de la cosecha para atender a todas las variables que intervienen en el proceso productivo. Abrir el panorama y ver la imagen completa, esto es, tener en cuenta la no remoción, las rotaciones de cultivos, la nutrición balanceada, las estrategias de fertilización, el uso apropiado de agroquímicos y envases y el registro sistematizado de la información agronómica, como llaves de acceso a una Agricultura Certificada. La consecuencia, entonces sí, serán los mejores resultados en la producción pero esa será sólo una porción de los beneficios que nos involucran a todos.
En la confección del Protocolo de la "Agricultura Certificada" está prevista la realización y registro de las buenas prácticas agrícolas donde se contempla la ausencia o mínimo disturbio del suelo; implementación de siembra directa continua. Rotación de cultivos con diversidad e intensidad, ajustada a la región agroecológica. Estrategia de fertilización balanceada, con la reposición de nutrientes requerida. Aplicación de criterios de "Manejo Integrado de Plagas", con un uso apropiado de agroquímicos y envases. Implementación de un registro digital sistematizado de información, que contiene la secuencia de tareas de manejo agronómico del sistema productivo, en tiempo real y georreferenciado. Este un esquema dinámico y flexible que promueve la incorporación de los avances científicos en la materia. Pues el eje de la visión se enfoca en lograr una Agricultura Sustentable.
En el mediano plazo contemplan una certificación de estas buenas prácticas a través de un "sistema de gestión de calidad ambiental y productiva en agricultura de conservación" que es un esquema que brinda herramientas para realizar una agricultura -en términos amplios, e incluyendo a la ganadería - de manera más precisa y responsable, tanto ambiental como productivamente.
En el largo plazo el objetivo es lograr un valor diferencial como Sistema de Gestión de Calidad Ambiental y Productiva. La Agricultura Certificada le permite al consumidor conocer las características del proceso de producción y a la sociedad, reconocer sus beneficios tangibles.
Casos detectados
Igualmente, se registraron casos de poblaciones con problemas de salud ligados a los agroquímicos o con impactos en el medio ambiente, como se observó en diferentes zonas de las provincias de Formosa, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En esta última se pudieron ver denuncias en localidades como Alejandra, Recreo, Avellaneda, San Eduardo, San Lorenzo, San Cristóbal, Aeropuerto de Rosario, Granja La Verdecita en ciudad de Santa Fe, Las Petacas y Venado Tuerto.
La utilización de agroquímicos muestra una tendencia creciente, acentuada después de la crisis de 2001, ya que dos años después se incrementaron las ventas un 32 % con "marcado aumento de productos importados más baratos, pero con escaso respaldo técnico y calidad certificada y de marcas poco reconocidas". La cantidad comercializada se triplicó en la última década, con un aumento marcado de los insumos para la siembra directa, predominando los herbicidas y dentro de estos, los glifosatos que se aplican en la soja y en los barbechos químicos.
Otro problema es la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y destrucción de envases de los agroquímicos. En el caso de la provincia de Santa Fe se encuentra legislado pero "hay un cumplimiento laxo por parte de proveedores, productores y control de policía del Estado", precisa Silva. Más aún, de acuerdo a un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA, "la decisión de comprar agroquímicos se realiza bajo presión de los proveedores, con criterios exclusivamente economicistas, desconociendo las pautas de almacenamiento y utilización según la toxicidad de los mismos".
De acuerdo a estudios realizados en provincia de Buenos Aires, también es de resaltar que los niños son quienes sufren más casos de intoxicación, aunque la mayoría de las veces pasen desapercibidos o no se detecten. No siempre son llevados a los centros de salud y cuando concurren suelen ser atendidos por manifestaciones y síntomas visibles antes que por los determinantes del problema. Los niños se exponen en el hogar, en el trabajo de sus padres cuando los acompañan o cuando ellos mismos realizan tareas agrícolas: cosecha de frutas, desbrotes, etc.
Mientras tanto, "es escasa o nula la reflexión sobre la sustentabilidad ambiental y sanitaria del modo de crecimiento del sector rural", admite la investigadora del CONICET, agregando que "la naturaleza cultural nos lleva a utilizar agroquímicos de manera indiscriminada, despreocupados por el impacto que pueden ocasionar en el medio ambiente y la salud de los trabajadores, su familia y la comunidad lindera. Dichas representaciones y prácticas responden a la lógica económica que subyace al modelo agroexportador predominante, más preocupado por el crecimiento que por el desarrollo rural".
Frente a ello, Silva plantea como desafío en el sector rural "agregar a la mirada del crecimiento económico, aquellos aspectos que hacen a la sustentabilidad ambiental y de salud. En suma, se requiere comprender que lograr un crecimiento sostenido no es lo mismo que lograr un desarrollo sustentable donde se logre el abordaje de la siniestralidad laboral y del impacto de los agroquímicos en la salud del ecosistema y la población".
El patrimonio arquitectónico es ambiente
El patrimonio arquitectónico es medio ambiente
Fecha de Publicación: 14/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital y Buenos Aires
Hace muchos años ya que la preservación del medio ambiente es un asunto urgente y presente en la agenda de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios y ciudadanos. Hay coincidencia en que es necesario preservar los recursos naturales, lo que explica las tantas cumbres y acuerdos internacionales, y los millones de dólares que se invierten cada año en su protección. Un reciente ejemplo es la donación de la Fundación para las Américas, de la Mitsubishi Corporation, para promover acciones de conservación ambiental en la costa patagónica argentina y en el paisaje marino del Atlántico. Este nivel de conciencia se hace también evidente en conflictos como el de las papeleras en el río Uruguay, que ocupa la atención de las principales autoridades de varios Estados y se dirime en la máxima instancia judicial: la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
En contraste, la conciencia sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio arquitectónico sólo ha estado presente en un pequeño grupo de arquitectos patrimonialistas, un puñado de legisladores y algunos ciudadanos amantes de la historia y las tradiciones. Esto está cambiando.
En la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, como Tigre, Vicente López y Tucumán, se produjo en los últimos meses una creciente toma de conciencia que puso el tema en la agenda política. Este cambio es producto de la interacción de cuatro actores de la vida institucional y ciudadana. Por un lado, están los vecinos, que comenzaron con justos reclamos individuales –la construcción de torres– y fueron incorporando a las reivindicaciones el derecho colectivo a la preservación del patrimonio cultural. Luego, la acción del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que, en forma silenciosa pero contundente, demostró que es posible administrar justicia de modo rápido y eficiente, al resguardar y “salvar” varios edificios de la piqueta, incrementado exponencialmente la jurisprudencia sobre la materia.
También los medios –primero los especializados y luego los de información general– que fueron sumando centímetros y minutos de aire al tema, hasta llegar a ocupar tapas y editoriales de los principales diarios. Y, finalmente, los legisladores, que iniciaron en 2005 un camino de institucionalización con la creación de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, presionando para que se reglamente la ley 1227 de Patrimonio Cultural, y sancionando muchas más leyes vinculadas al patrimonio en los últimos dos años que en los diez años anteriores, desde la sanción de la Constitución de la Ciudad.
Aun así, muchos cuestionan la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico, argumentando la dificultad para preservarlo o la restricción que supone a la propiedad privada, y es allí donde cabe una comparación con la preservación del medio ambiente, mucho más afianzada en la conciencia colectiva.
Ambas problemáticas suponen numerosos aspectos en común: El patrimonio arquitectónico de una ciudad forma parte del medio ambiente y hace a la calidad de vida de los ciudadanos y, por eso, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena “la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora”.
Son bienes no renovables o de casi imposible recuperación. En un caso, por la pérdida de las técnicas constructivas que se utilizaron en su creación, y en el otro, por la enorme cantidad de años que requiere la recuperación de un bosque o el saneamiento de un curso de agua, por ejemplo.
Son recursos económicos de primer orden, sobre todo para un país donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, y donde el atractivo principal es el natural y el cultural, y su pérdida supone una descapitalización del país.
Son elementos que hacen a la calidad de vida no sólo de sus propietarios, sino del conjunto de los habitantes, y cuya destrucción afecta directa e indirectamente a los ciudadanos en su conjunto.
Tal vez por ello, la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como “ley Bonasso”, aprobada por el Congreso de la Nación, y la ley 2548 de Protección Especial de Patrimonio Arquitectónico, sancionada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, tengan varios puntos en común: limitan el derecho a la propiedad en pos de garantizar el derecho colectivo a la preservación del medio ambiente (natural y cultural). Establecen para un universo determinado de recursos naturales y culturales la presunción de valor ambiental o cultural hasta tanto se demuestre lo contrario. Fijan un período de excepción (indeterminado en un caso y por 365 días en el otro) para que puedan evaluarse y estudiarse el impacto y valor de bosques y edificios y determinar cuáles deben ser preservados y con qué grado de protección. Dejan en mano de la autoridad pública la evaluación de la calidad ambiental y arquitectónica del bien por preservar.
Sin embargo, la ley de bosques incorpora dos elementos de vital importancia, como son el incentivo económico para compensar las restricciones que impone la protección y la fuerte penalización para quienes destruyan bosques nativos, ambos aún casi ausentes en la legislación de protección del patrimonio arquitectónico. Esta ausencia es producto de la falta de conciencia sobre la importancia del patrimonio arquitectónico e impide todavía destinar recursos económicos para estimular a quien preserva y castigar a quien destruye el paisaje urbano.
La preservación patrimonial nada tiene que ver con “fosilizar” la cultura sino, por el contrario, con vitalizarla. A modo de ejemplo, en Nueva York (ciudad poco fosilizada, si las hay) existe desde 1965 una ley que protege más de 23.000 estructuras, incluyendo parques, árboles, muelles, puentes, espacios interiores, teatros, fábricas y hasta relojes, en términos de: “todo edificio, propiedad y objeto que haya sido designado por la Comisión de Conservación del Patrimonio por su carácter especial o por su interés o valor estético o histórico, como parte del desarrollo, herencia o características culturales de la ciudad, del Estado, o la Nación”. Barbara Diamonstein Spielvogel –curadora, experta en preservación patrimonial– completa esa idea vitalista al sostener que preservar “genera un sentido de continuidad entre el pasado y el presente y nos ayuda a apreciar los logros que sobreviven a nuestras vidas individuales”. Y agrega: “Cada árbol del Central Park es un ícono de la ciudad”.
En Buenos Aires, los pasos dados en la materia y enfoques como los aquí expuestos –aplicados en muchas ciudades del mundo con un criterio sustentable y culturalmente soberano– sin duda enriquecerán la mirada y la acción respecto de nuestro invaluable patrimonio histórico que hace, en definitiva, más que a cada árbol o casa en forma aislada, al frondoso, pródigo bosque patrimonial de nuestra identidad.
Fecha de Publicación: 14/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital y Buenos Aires
Hace muchos años ya que la preservación del medio ambiente es un asunto urgente y presente en la agenda de gobiernos, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios y ciudadanos. Hay coincidencia en que es necesario preservar los recursos naturales, lo que explica las tantas cumbres y acuerdos internacionales, y los millones de dólares que se invierten cada año en su protección. Un reciente ejemplo es la donación de la Fundación para las Américas, de la Mitsubishi Corporation, para promover acciones de conservación ambiental en la costa patagónica argentina y en el paisaje marino del Atlántico. Este nivel de conciencia se hace también evidente en conflictos como el de las papeleras en el río Uruguay, que ocupa la atención de las principales autoridades de varios Estados y se dirime en la máxima instancia judicial: la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.
En contraste, la conciencia sobre la necesidad de proteger nuestro patrimonio arquitectónico sólo ha estado presente en un pequeño grupo de arquitectos patrimonialistas, un puñado de legisladores y algunos ciudadanos amantes de la historia y las tradiciones. Esto está cambiando.
En la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares, como Tigre, Vicente López y Tucumán, se produjo en los últimos meses una creciente toma de conciencia que puso el tema en la agenda política. Este cambio es producto de la interacción de cuatro actores de la vida institucional y ciudadana. Por un lado, están los vecinos, que comenzaron con justos reclamos individuales –la construcción de torres– y fueron incorporando a las reivindicaciones el derecho colectivo a la preservación del patrimonio cultural. Luego, la acción del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires que, en forma silenciosa pero contundente, demostró que es posible administrar justicia de modo rápido y eficiente, al resguardar y “salvar” varios edificios de la piqueta, incrementado exponencialmente la jurisprudencia sobre la materia.
También los medios –primero los especializados y luego los de información general– que fueron sumando centímetros y minutos de aire al tema, hasta llegar a ocupar tapas y editoriales de los principales diarios. Y, finalmente, los legisladores, que iniciaron en 2005 un camino de institucionalización con la creación de la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, presionando para que se reglamente la ley 1227 de Patrimonio Cultural, y sancionando muchas más leyes vinculadas al patrimonio en los últimos dos años que en los diez años anteriores, desde la sanción de la Constitución de la Ciudad.
Aun así, muchos cuestionan la necesidad de conservar el patrimonio arquitectónico, argumentando la dificultad para preservarlo o la restricción que supone a la propiedad privada, y es allí donde cabe una comparación con la preservación del medio ambiente, mucho más afianzada en la conciencia colectiva.
Ambas problemáticas suponen numerosos aspectos en común: El patrimonio arquitectónico de una ciudad forma parte del medio ambiente y hace a la calidad de vida de los ciudadanos y, por eso, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ordena “la preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora”.
Son bienes no renovables o de casi imposible recuperación. En un caso, por la pérdida de las técnicas constructivas que se utilizaron en su creación, y en el otro, por la enorme cantidad de años que requiere la recuperación de un bosque o el saneamiento de un curso de agua, por ejemplo.
Son recursos económicos de primer orden, sobre todo para un país donde el turismo es una de las principales fuentes de ingreso de divisas, y donde el atractivo principal es el natural y el cultural, y su pérdida supone una descapitalización del país.
Son elementos que hacen a la calidad de vida no sólo de sus propietarios, sino del conjunto de los habitantes, y cuya destrucción afecta directa e indirectamente a los ciudadanos en su conjunto.
Tal vez por ello, la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como “ley Bonasso”, aprobada por el Congreso de la Nación, y la ley 2548 de Protección Especial de Patrimonio Arquitectónico, sancionada por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, tengan varios puntos en común: limitan el derecho a la propiedad en pos de garantizar el derecho colectivo a la preservación del medio ambiente (natural y cultural). Establecen para un universo determinado de recursos naturales y culturales la presunción de valor ambiental o cultural hasta tanto se demuestre lo contrario. Fijan un período de excepción (indeterminado en un caso y por 365 días en el otro) para que puedan evaluarse y estudiarse el impacto y valor de bosques y edificios y determinar cuáles deben ser preservados y con qué grado de protección. Dejan en mano de la autoridad pública la evaluación de la calidad ambiental y arquitectónica del bien por preservar.
Sin embargo, la ley de bosques incorpora dos elementos de vital importancia, como son el incentivo económico para compensar las restricciones que impone la protección y la fuerte penalización para quienes destruyan bosques nativos, ambos aún casi ausentes en la legislación de protección del patrimonio arquitectónico. Esta ausencia es producto de la falta de conciencia sobre la importancia del patrimonio arquitectónico e impide todavía destinar recursos económicos para estimular a quien preserva y castigar a quien destruye el paisaje urbano.
La preservación patrimonial nada tiene que ver con “fosilizar” la cultura sino, por el contrario, con vitalizarla. A modo de ejemplo, en Nueva York (ciudad poco fosilizada, si las hay) existe desde 1965 una ley que protege más de 23.000 estructuras, incluyendo parques, árboles, muelles, puentes, espacios interiores, teatros, fábricas y hasta relojes, en términos de: “todo edificio, propiedad y objeto que haya sido designado por la Comisión de Conservación del Patrimonio por su carácter especial o por su interés o valor estético o histórico, como parte del desarrollo, herencia o características culturales de la ciudad, del Estado, o la Nación”. Barbara Diamonstein Spielvogel –curadora, experta en preservación patrimonial– completa esa idea vitalista al sostener que preservar “genera un sentido de continuidad entre el pasado y el presente y nos ayuda a apreciar los logros que sobreviven a nuestras vidas individuales”. Y agrega: “Cada árbol del Central Park es un ícono de la ciudad”.
En Buenos Aires, los pasos dados en la materia y enfoques como los aquí expuestos –aplicados en muchas ciudades del mundo con un criterio sustentable y culturalmente soberano– sin duda enriquecerán la mirada y la acción respecto de nuestro invaluable patrimonio histórico que hace, en definitiva, más que a cada árbol o casa en forma aislada, al frondoso, pródigo bosque patrimonial de nuestra identidad.
Crisis energética: primeras cifras
La crisis energética: primeras cifras oficiales del programa
Fecha de Publicación: 13/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El plan de uso racional de energía, que el Gobierno lanzó en diciembre para evitar apagones en el verano, logró bajar -o "racionalizar", en la jerga oficial- en cerca de 600 MW la demanda de energía eléctrica de todo el sistema, al cabo de un mes y medio de vida, según sostuvo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cifra, que despertó dudas en el sector privado, equivale al 23% del ahorro total previsto en el programa, o casi lo que generan dos centrales Atucha I.
La Presidenta hizo públicos datos que le acercó el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, un estrecho colaborador de Julio De Vido, ministro que está en Venezuela (ver aparte). "Recién charlábamos con el subsecretario Roberto Baratta de los números que vamos logrando en materia de racionalización en el uso de la energía. Casi estamos en el orden de los 600 megavatios. También estamos renovando 100.000 lamparitas y, cuando podamos proveer más cantidad, vamos a cumplir con el proyecto tal cual lo tenemos previsto", afirmó ayer la Presidenta, durante un acto en la Casa Rosada. Allí presentó la adhesión de otros siete municipios -todos bonaerenses- al programa.
El sector privado, incluidas las distribuidoras -que venden la electricidad a los consumidores- recibió el dato con cautela. No existe, afirmaron, un cálculo objetivo y determinante del impacto del programa, es decir, del ahorro que genera en el consumo eléctrico. Sólo estimaciones. En esto coincidieron siete fuentes consultadas por LA NACION. "Esto es peor que el Indec", ironizó una de ellas. Esto no significa, cabe aclararlo, que el plan no cumpla con su objetivo de racionalizar el uso de la energía. Las fuentes coinciden en que, sólo por el cambio de huso horario, hay menos consumo de electricidad. Las dudas surgen cuando se pide que cuantifiquen ese ahorro.
Primer dato: el consumo no dejó de crecer. En enero, los despachos de Edesur y Edenor, las dos distribuidoras del área metropolitana, que concentran el 40% del consumo nacional, aumentaron, respectivamente, un 5,8% y un 3,5% en relación con el mismo mes de 2007, según datos de Fundelec.
¿Implica esto que fracasó el plan? No. Desde el Gobierno se preocupan por aclarar que el consumo habría crecido mucho más sin su implementación. Surge así la pregunta para la cual nadie parece tener respuesta definitiva: ¿cuánto habría aumentado la demanda si no se hubiera aplicado el programa? Allí entran en escena las estimaciones. "Uno tiene que comparar las cifras contra una demanda probable. Es una realidad contra una realidad simulada", explicó el ex subsecretario de Energía Horacio Quaíni.
"Es complejo de estimar cuánto se puede ahorrar o no", respondieron técnicos de Fundelec cuando se les pidió una cifra. Luego, se explayaron: "La demanda nocturna se acható a partir del cambio del huso horario. Sin ser categóricos, esa medida habría dispersado los picos de consumo, que ahora no son tan altos respecto del resto del día. Esto, objetivamente, es positivo, porque el sistema está menos exigido". Y aportaron un segundo dato: los picos de consumo en enero estuvieron unos 200 MW, en promedio, por debajo de los de diciembre, aunque 200 MW, también, por encima de los de enero de 2007.
Dos aclaraciones: en diciembre, en general, se consume un poco más o lo mismo que en enero, pese a que se reduce la demanda de las fábricas. "La demanda no desaparece, se muda a la costa", explicaron en Fundelec. La segunda: las altas temperaturas hicieron que éste fuera un enero atípico. Esto, sumado al crecimiento de la economía y, en particular, del consumo, impulsó la demanda aún más de lo que se había estimado en despachos oficiales, aunque los picos hayan sido menores incluso que los del invierno, cuando se debió restringir la electricidad a las fábricas. Esa medida permitió recortar unos 1200 MW diarios al sistema, según cifras oficiales. Para el sector, fueron por lo menos 1500 MW.
El plan oficial tiene dos puntos centrales: el cambio de huso horario y el reemplazo lámparas por focos de bajo consumo. Según Quaíni, la primera medida permite ahorrar un 3% de electricidad. "Es un Chocón por año", ejemplifica. El segundo punto es más complicado: depende del uso que se les dé a las lámparas. Vuelven entonces las estimaciones. "No existe una forma objetiva de medir el impacto. Pero el plan tiene asidero y está dentro de la tónica internacional", dijo el gerente de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), Claudio Krämer.
Fecha de Publicación: 13/02/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El plan de uso racional de energía, que el Gobierno lanzó en diciembre para evitar apagones en el verano, logró bajar -o "racionalizar", en la jerga oficial- en cerca de 600 MW la demanda de energía eléctrica de todo el sistema, al cabo de un mes y medio de vida, según sostuvo ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La cifra, que despertó dudas en el sector privado, equivale al 23% del ahorro total previsto en el programa, o casi lo que generan dos centrales Atucha I.
La Presidenta hizo públicos datos que le acercó el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, un estrecho colaborador de Julio De Vido, ministro que está en Venezuela (ver aparte). "Recién charlábamos con el subsecretario Roberto Baratta de los números que vamos logrando en materia de racionalización en el uso de la energía. Casi estamos en el orden de los 600 megavatios. También estamos renovando 100.000 lamparitas y, cuando podamos proveer más cantidad, vamos a cumplir con el proyecto tal cual lo tenemos previsto", afirmó ayer la Presidenta, durante un acto en la Casa Rosada. Allí presentó la adhesión de otros siete municipios -todos bonaerenses- al programa.
El sector privado, incluidas las distribuidoras -que venden la electricidad a los consumidores- recibió el dato con cautela. No existe, afirmaron, un cálculo objetivo y determinante del impacto del programa, es decir, del ahorro que genera en el consumo eléctrico. Sólo estimaciones. En esto coincidieron siete fuentes consultadas por LA NACION. "Esto es peor que el Indec", ironizó una de ellas. Esto no significa, cabe aclararlo, que el plan no cumpla con su objetivo de racionalizar el uso de la energía. Las fuentes coinciden en que, sólo por el cambio de huso horario, hay menos consumo de electricidad. Las dudas surgen cuando se pide que cuantifiquen ese ahorro.
Primer dato: el consumo no dejó de crecer. En enero, los despachos de Edesur y Edenor, las dos distribuidoras del área metropolitana, que concentran el 40% del consumo nacional, aumentaron, respectivamente, un 5,8% y un 3,5% en relación con el mismo mes de 2007, según datos de Fundelec.
¿Implica esto que fracasó el plan? No. Desde el Gobierno se preocupan por aclarar que el consumo habría crecido mucho más sin su implementación. Surge así la pregunta para la cual nadie parece tener respuesta definitiva: ¿cuánto habría aumentado la demanda si no se hubiera aplicado el programa? Allí entran en escena las estimaciones. "Uno tiene que comparar las cifras contra una demanda probable. Es una realidad contra una realidad simulada", explicó el ex subsecretario de Energía Horacio Quaíni.
"Es complejo de estimar cuánto se puede ahorrar o no", respondieron técnicos de Fundelec cuando se les pidió una cifra. Luego, se explayaron: "La demanda nocturna se acható a partir del cambio del huso horario. Sin ser categóricos, esa medida habría dispersado los picos de consumo, que ahora no son tan altos respecto del resto del día. Esto, objetivamente, es positivo, porque el sistema está menos exigido". Y aportaron un segundo dato: los picos de consumo en enero estuvieron unos 200 MW, en promedio, por debajo de los de diciembre, aunque 200 MW, también, por encima de los de enero de 2007.
Dos aclaraciones: en diciembre, en general, se consume un poco más o lo mismo que en enero, pese a que se reduce la demanda de las fábricas. "La demanda no desaparece, se muda a la costa", explicaron en Fundelec. La segunda: las altas temperaturas hicieron que éste fuera un enero atípico. Esto, sumado al crecimiento de la economía y, en particular, del consumo, impulsó la demanda aún más de lo que se había estimado en despachos oficiales, aunque los picos hayan sido menores incluso que los del invierno, cuando se debió restringir la electricidad a las fábricas. Esa medida permitió recortar unos 1200 MW diarios al sistema, según cifras oficiales. Para el sector, fueron por lo menos 1500 MW.
El plan oficial tiene dos puntos centrales: el cambio de huso horario y el reemplazo lámparas por focos de bajo consumo. Según Quaíni, la primera medida permite ahorrar un 3% de electricidad. "Es un Chocón por año", ejemplifica. El segundo punto es más complicado: depende del uso que se les dé a las lámparas. Vuelven entonces las estimaciones. "No existe una forma objetiva de medir el impacto. Pero el plan tiene asidero y está dentro de la tónica internacional", dijo el gerente de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (Cadieel), Claudio Krämer.
El fantasma de Ituzaingó Anexo
El fantasma de Ituzaingó Anexo recorre la ciudad de Córdoba
Fecha de Publicación: 13/02/2008
Fuente: Cecilia Carrizo y Mauricio Berger- UNC/ Conicet
Provincia/Región: Córdoba
Un informe elaborado por la OPS, realizado en base a la recopilación de los estudios efectuados vuelve a informar que "El diagnóstico epidemiológico confirmó que en el barrio actuó un cóctel de contaminantes conformado en especial por plaguicidas organoclorados y, quizá, plomo y cromo acumulados por descargas de efluentes industriales".
Otra vez Barrio Ituzaingó Anexo vuelve a ser noticia, hay enfermedades, muertes, nuevamente un estudio dice que el barrio está contaminado. Como cuando en diciembre del 2003, Raúl Montenegro sacó un extenso informe en La Voz del Interior, titulado: "Ituzaingó Anexo: un cóctel de contaminantes y enfermedades".
Como cuando el Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Ambiental, Dr. Schinder, desde el diario Día a Día en febrero del 2006 nos decía que el cóctel incluía también desechos industriales sobre los que se habría construido el barrio, y que no podía continuar el estudio por presiones y amenazas.
Hoy un informe elaborado por la OPS, realizado en base a la recopilación de los estudios efectuados vuelve a informar que "El diagnóstico epidemiológico confirmó que en el barrio actuó un cóctel de contaminantes conformado en especial por plaguicidas organoclorados y, quizá, plomo y cromo acumulados por descargas de efluentes industriales".
Ud. Está informado?
Durante seis años las Madres de Barrio Ituzaingó, vecinos, afectados, ha venido haciendo denuncias individuales, públicas, presentaciones judiciales, cortes de ruta, peticionando a autoridades nacionales (Sec. de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, Salud, Ambiente, etc.) Provinciales (Legislatura, Agencia Córdoba Ambiente, Ministerio de Salud, Sec. de Agricultura, ERSEP) y Municipales (Concejo Deliberante, Salud, Ambiente). De esta actividad sostenida y combativa en defensa de la vida y del ambiente seguramente Ud. no ha estado tan informado pero es por ella que hoy vuelve Ituzaingó Anexo a ser noticia.
La inefectividad de la intervención de todas las agencias estatales es alarmante. No se ha identificado, suspendido ni reparado el daño, obligación prioritaria frente a un caso de contaminación según lo establecen la Constitución Nacional y la Provincial. El conjunto de las acciones han sido intervenciones "técnicas", la realización de tantos estudios como de especialistas convocados y laboratorios facturantes: epidemiológicos, de sustancias en suelo, aire y tierra, biomarcadores en niños, hasta de mortalidad en base a datos del Registro Civil.
Análisis realizados por: CEPROCOR, CEQUIMAP, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Consultorías como la contratada por el Ministerio de Salud a la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la UNC, a cargo del Ing. Reyna, denominada: "Auditoría ambiental y programa de gestión ambiental para Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba".
A la inefectividad de estas acciones técnicas la reforzó la ausencia de poder de policía. La vigencia de la Ley Provincial de Agroquímicos del 2004, que establece la prohibición de fumigar a menos de 1500 mts. y de las Ordenanza Municipales que establecen la prohibición de fumigación aérea en el ejido urbano, y terrestre y aérea en Barrio Ituzaingó Anexo, de enero del 2003, no han sido actuada por los funcionarios ni las instituciones estatales.
Como no podía ser de otra manera, a la inefectividad la acompaña la impunidad.
El 5 de junio de 2002, el Dr. Germán Kammerath, intendente municipal, declara la emergencia sanitaria en Barrio Ituzaingó Anexo, estableciendo que se promulgue y se cumpla la ordenanza 10505 que la instaura. ¿Cuál fue el plan de acción a desarrollar, quiénes los responsables?
En la gestión siguiente y por resolución del Sec. De Salud y Ambiente, Dr. Raúl Jiménez, se conforma un equipo de trabajo integrado por el Centro de Epidemiología Municipal, de la Dirección de Medicina Preventiva, de Planificación y Control Ambiental, médicos oncólogos del Htal. Infantil, médicos toxicológicos del Htal. De Urgencias, personal del equipo de salud de la Dirección de Atención Primaria, y personal de las reparticiones de la Dirección General de Ambiente.
Esta comisión se abocaría al plan de trabajo que habría esbozado tres líneas de acción:
1. un plan georeferencial de riesgo,
2. establecer cuidados clínicos y la cobertura de estudios complementarios,
3. realizar el seguimiento epidemiológico.
La resolución designa explícitamente a los profesionales responsables. Hoy, el nuevo secretario de salud de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Abelardo Ávila, al enterarse de los resultados del informe de la OPS- encargado ante la muerte de vecinos del barrio- declaró que: "se creará un comité de emergencia ambiental conformado por la Municipalidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia".
¿Qué garantías se ofrecen hoy para que la nueva comisión, los nuevos estudios tengan efectos sobre la situación de salud de los ciudadanos de Barrio Ituzaingó?
No hay impunidad sin el silencio de la Administración de Justicia. A seis años de haber sido presentadas las demandas judiciales tanto a Tribunales Federales como Provinciales, ninguna de las causas ha prosperado.
A nivel federal, la Corte Suprema hace cuatro años debe decidir si es competencia de la jurisdicción provincial o federal (Ley de Residuos Peligrosos).
A nivel provincial, la fiscalía no ha actuado de oficio a pesar de la envergadura y publicidad del tema, y quienes han tenido a su cargo las causas o bien las han desestimado por considerarlas de jurisdicción municipal, lo que se viola es una ordenanza, o bien no han avanzado en una productiva investigación acerca de las responsabilidades y los daños.
La falta de resolución democrática de los problemas públicos, entendida como una acción destinada a salvaguardar la vida y los derechos de la ciudadanía, vía la institución de garantías y procedimientos, pone en evidencia la persistencia y gravedad de la crisis institucional. Su negación o desconocimiento sólo nos haría cómplices de un orden profundamente injusto.
Fecha de Publicación: 13/02/2008
Fuente: Cecilia Carrizo y Mauricio Berger- UNC/ Conicet
Provincia/Región: Córdoba
Un informe elaborado por la OPS, realizado en base a la recopilación de los estudios efectuados vuelve a informar que "El diagnóstico epidemiológico confirmó que en el barrio actuó un cóctel de contaminantes conformado en especial por plaguicidas organoclorados y, quizá, plomo y cromo acumulados por descargas de efluentes industriales".
Otra vez Barrio Ituzaingó Anexo vuelve a ser noticia, hay enfermedades, muertes, nuevamente un estudio dice que el barrio está contaminado. Como cuando en diciembre del 2003, Raúl Montenegro sacó un extenso informe en La Voz del Interior, titulado: "Ituzaingó Anexo: un cóctel de contaminantes y enfermedades".
Como cuando el Presidente de la Asociación Argentina de Medicina Ambiental, Dr. Schinder, desde el diario Día a Día en febrero del 2006 nos decía que el cóctel incluía también desechos industriales sobre los que se habría construido el barrio, y que no podía continuar el estudio por presiones y amenazas.
Hoy un informe elaborado por la OPS, realizado en base a la recopilación de los estudios efectuados vuelve a informar que "El diagnóstico epidemiológico confirmó que en el barrio actuó un cóctel de contaminantes conformado en especial por plaguicidas organoclorados y, quizá, plomo y cromo acumulados por descargas de efluentes industriales".
Ud. Está informado?
Durante seis años las Madres de Barrio Ituzaingó, vecinos, afectados, ha venido haciendo denuncias individuales, públicas, presentaciones judiciales, cortes de ruta, peticionando a autoridades nacionales (Sec. de Derechos Humanos, de Desarrollo Social, Salud, Ambiente, etc.) Provinciales (Legislatura, Agencia Córdoba Ambiente, Ministerio de Salud, Sec. de Agricultura, ERSEP) y Municipales (Concejo Deliberante, Salud, Ambiente). De esta actividad sostenida y combativa en defensa de la vida y del ambiente seguramente Ud. no ha estado tan informado pero es por ella que hoy vuelve Ituzaingó Anexo a ser noticia.
La inefectividad de la intervención de todas las agencias estatales es alarmante. No se ha identificado, suspendido ni reparado el daño, obligación prioritaria frente a un caso de contaminación según lo establecen la Constitución Nacional y la Provincial. El conjunto de las acciones han sido intervenciones "técnicas", la realización de tantos estudios como de especialistas convocados y laboratorios facturantes: epidemiológicos, de sustancias en suelo, aire y tierra, biomarcadores en niños, hasta de mortalidad en base a datos del Registro Civil.
Análisis realizados por: CEPROCOR, CEQUIMAP, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Consultorías como la contratada por el Ministerio de Salud a la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la UNC, a cargo del Ing. Reyna, denominada: "Auditoría ambiental y programa de gestión ambiental para Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba".
A la inefectividad de estas acciones técnicas la reforzó la ausencia de poder de policía. La vigencia de la Ley Provincial de Agroquímicos del 2004, que establece la prohibición de fumigar a menos de 1500 mts. y de las Ordenanza Municipales que establecen la prohibición de fumigación aérea en el ejido urbano, y terrestre y aérea en Barrio Ituzaingó Anexo, de enero del 2003, no han sido actuada por los funcionarios ni las instituciones estatales.
Como no podía ser de otra manera, a la inefectividad la acompaña la impunidad.
El 5 de junio de 2002, el Dr. Germán Kammerath, intendente municipal, declara la emergencia sanitaria en Barrio Ituzaingó Anexo, estableciendo que se promulgue y se cumpla la ordenanza 10505 que la instaura. ¿Cuál fue el plan de acción a desarrollar, quiénes los responsables?
En la gestión siguiente y por resolución del Sec. De Salud y Ambiente, Dr. Raúl Jiménez, se conforma un equipo de trabajo integrado por el Centro de Epidemiología Municipal, de la Dirección de Medicina Preventiva, de Planificación y Control Ambiental, médicos oncólogos del Htal. Infantil, médicos toxicológicos del Htal. De Urgencias, personal del equipo de salud de la Dirección de Atención Primaria, y personal de las reparticiones de la Dirección General de Ambiente.
Esta comisión se abocaría al plan de trabajo que habría esbozado tres líneas de acción:
1. un plan georeferencial de riesgo,
2. establecer cuidados clínicos y la cobertura de estudios complementarios,
3. realizar el seguimiento epidemiológico.
La resolución designa explícitamente a los profesionales responsables. Hoy, el nuevo secretario de salud de la Municipalidad de Córdoba, Dr. Abelardo Ávila, al enterarse de los resultados del informe de la OPS- encargado ante la muerte de vecinos del barrio- declaró que: "se creará un comité de emergencia ambiental conformado por la Municipalidad, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia".
¿Qué garantías se ofrecen hoy para que la nueva comisión, los nuevos estudios tengan efectos sobre la situación de salud de los ciudadanos de Barrio Ituzaingó?
No hay impunidad sin el silencio de la Administración de Justicia. A seis años de haber sido presentadas las demandas judiciales tanto a Tribunales Federales como Provinciales, ninguna de las causas ha prosperado.
A nivel federal, la Corte Suprema hace cuatro años debe decidir si es competencia de la jurisdicción provincial o federal (Ley de Residuos Peligrosos).
A nivel provincial, la fiscalía no ha actuado de oficio a pesar de la envergadura y publicidad del tema, y quienes han tenido a su cargo las causas o bien las han desestimado por considerarlas de jurisdicción municipal, lo que se viola es una ordenanza, o bien no han avanzado en una productiva investigación acerca de las responsabilidades y los daños.
La falta de resolución democrática de los problemas públicos, entendida como una acción destinada a salvaguardar la vida y los derechos de la ciudadanía, vía la institución de garantías y procedimientos, pone en evidencia la persistencia y gravedad de la crisis institucional. Su negación o desconocimiento sólo nos haría cómplices de un orden profundamente injusto.
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