Justicia pidió crear una Policía Ambiental en Salta
08:07 | 
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Marche una Policía Ambiental en Salta
Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Salta
La Justicia de Salta exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental para que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río. La decisión llegó tras un amparo de vecinos de los barrios ribereños.
El titular de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D’Jallad, exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río.
La decisión del magistrado llegó en una causa iniciada por el amparo presentado contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la empresa Marozzi SA y la Provincia de Salta por vecinos de los barrios aledaños al río.
Según explicó D’Jallad en el fallo la acción deducida resultaba “algo imprecisa en sus orígenes por la amplitud de la cosa demandada” con causas de variada naturaleza, origen y efectos, por lo que resultaba “sumamente difícil, cuando no imposible, atribuir en forma exclusiva un actuar, hecho o motivo del resultado afligente para los vecinos del barrio de tener que soportar medio metro de agua en sus viviendas”.
Sin embargó exhortó a la Comisión a formar o crear “una Policía Ambiental, que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce del río” ya que “es imprescindible realizar un control puntual al momento de sacar arena y ripio, por Empresas dedicadas a ese fin”.
Advirtió que se iniciaron trabajos de remoción de áridos en el lecho mismo del río, librándose el cauce, “de modo tal que las aguas de lluvia, aún intensas, no inunden el Barrio y corran bajo el puente situado en la avenida Monseñor Tavella. Luego dependerá del actuar Municipal y Provincial, el fijar prioridades, o trabajos, tales como la provisión del servicio de cloacas, y demás proyectos determinados por necesidades de los diferentes barrios”, consigna el fallo.
“Los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de los que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución”, concluyó el magistrado citando a la Fiscal de Cámara.
El amparo fue presentado por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Lucía, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, todos ribereños del cauce de agua que cruza la ciudad de Salta.
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Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Diario Judicial
Provincia/Región: Salta
La Justicia de Salta exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental para que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río. La decisión llegó tras un amparo de vecinos de los barrios ribereños.
El titular de la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Mario D’Jallad, exhortó a la Comisión Técnica de Saneamiento del Río Arenales a formar una Policía Ambiental que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce de ese río.
La decisión del magistrado llegó en una causa iniciada por el amparo presentado contra la Municipalidad de la Ciudad de Salta, la empresa Marozzi SA y la Provincia de Salta por vecinos de los barrios aledaños al río.
Según explicó D’Jallad en el fallo la acción deducida resultaba “algo imprecisa en sus orígenes por la amplitud de la cosa demandada” con causas de variada naturaleza, origen y efectos, por lo que resultaba “sumamente difícil, cuando no imposible, atribuir en forma exclusiva un actuar, hecho o motivo del resultado afligente para los vecinos del barrio de tener que soportar medio metro de agua en sus viviendas”.
Sin embargó exhortó a la Comisión a formar o crear “una Policía Ambiental, que monitoree en forma permanente la extracción de áridos del cauce del río” ya que “es imprescindible realizar un control puntual al momento de sacar arena y ripio, por Empresas dedicadas a ese fin”.
Advirtió que se iniciaron trabajos de remoción de áridos en el lecho mismo del río, librándose el cauce, “de modo tal que las aguas de lluvia, aún intensas, no inunden el Barrio y corran bajo el puente situado en la avenida Monseñor Tavella. Luego dependerá del actuar Municipal y Provincial, el fijar prioridades, o trabajos, tales como la provisión del servicio de cloacas, y demás proyectos determinados por necesidades de los diferentes barrios”, consigna el fallo.
“Los jueces no pueden evaluar qué política sería más conveniente para la mejor realización de ciertos derechos, sino evitar las consecuencias de los que clara y decididamente ponen en peligro o lesionan bienes jurídicos fundamentales tutelados por la Constitución”, concluyó el magistrado citando a la Fiscal de Cámara.
El amparo fue presentado por vecinos de los barrios Ceferino, Santa Lucía, 13 de Abril, Solidaridad, Democracia, Villa Lavalle, asentamiento 20 de Junio, Angelita, San Juan de Dios y Gauchito Gil, todos ribereños del cauce de agua que cruza la ciudad de Salta.
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En 15 días la Ley de RAEE puede ser basura
Tiempo de descuento para la ley de basura electrónica
Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) lleva casi cinco años de tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con la sanción del Senado desde mayo de 2011, la ley está siendo demorada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a días de perder estado parlamentario.
El proyecto, conocido como ley de basura electrónica, busca separar de los residuos domiciliarios a los RAEE, la fracción más tóxica y la que más rápido está creciendo. Hoy, esta categoría de residuos se halla en una zona gris entre la legislación de residuos peligrosos y la normativa que regula la gestión de los residuos domiciliarios, pero en la práctica terminan siendo arrojados a rellenos o basurales y son una peligrosa fuente de contaminación; almacenados en depósitos, hogares u oficinas, o incinerados como materia prima de otros procesos sin seleccionar los componentes específicos para su reutilización.
Por otro lado, y como otro de los objetivos fundamentales, el proyecto de ley promueve la recuperación de los materiales de los que están compuestos los RAEE, muchos de ellos valiosos. Si tenemos en cuenta los más de 10 millones de teléfonos celulares que se desecharon en la Argentina en 2011, considerando un peso promedio de 100 gramos por teléfono, reciclar estos artefactos retiraría de los rellenos y basurales 1000 toneladas al año de residuos potencialmente peligrosos. Además, con el reciclado de estos teléfonos se hubiera evitado desechar cerca de 15 millones de dólares sólo en 2011, contando sólo tres de los minerales que los teléfonos tienen en muy pequeñas cantidades: plata, cobre y oro.
El valor de los materiales y la alta eficiencia de reciclado de estos aparatos (más del 90% en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo) hacen que los RAEE sean una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante y destructiva que la minería. Japón, que cuenta con un destacado desarrollo de la industria de la electrónica, y con un eficiente sistema de reciclado, ha llegado incluso a importar RAEE para la recuperación de materiales.
Se desprende de aquí, además, que el establecimiento de un sistema nacional de gestión de los RAEE y la obligatoriedad -que recaerá sobre las empresas- de reciclar los residuos de sus productos, de acuerdo con el proyecto de ley, ampliarán el sector que se dedica a este tipo de "minería urbana", generando inversión, destrabando su actividad y contribuyendo a la creación de los denominados empleos "verdes".
De ser aprobada la ley, entrará en vigor el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas, que deberán responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil. Normativas de estas características ya han sido aprobadas y están en vigencia en gran parte de Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, como Costa Rica, Colombia, Perú o Bolivia, y están siendo tratadas en Chile y Brasil, entre otros.
Las empresas, como responsables directas de la contaminación potencial de los productos, se ven comprometidas en dos instancias: en la producción, ya que el proyecto establece la prohibición de determinadas sustancias tóxicas y premia a los productos con una más larga vida útil y más fáciles de reciclar; y en la etapa pos consumo, cuando el producto pasa a ser residuo. Es allí que las empresas, mediante un sistema nacional, deben hacerse cargo de los residuos, reutilizarlos y reciclarlos para evitar la contaminación y el derroche de recursos. Debido a esta responsabilidad, las empresas formarán parte, junto con organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de un ente mixto, no estatal, que desarrollará el sistema nacional de recolección, transporte y tratamiento de los RAEE. Tienen la opción, además, de hacer sus propios planes.
Frente a la evidencia en torno a la gestión de los residuos domiciliarios (sobre todo en el Área Metropolitana, por el colapso del sistema Ceamse, cuyas primeras consecuencias se ven en las calles de Buenos Aires) y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de ley de basura electrónica. Los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y de Industria dieron dictamen al proyecto, pero aún resta Presupuesto y Hacienda, donde la ley está frenada por la presidencia de la Comisión en espera del visto bueno de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien no está demasiado interesada en la protección del ambiente y los recursos. En 15 días, de no ser tratado, el proyecto de ley perderá estado parlamentario. El trabajo de cinco años terminará en el tacho de la basura, junto con los residuos electrónicos.
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Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) lleva casi cinco años de tratamiento en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con la sanción del Senado desde mayo de 2011, la ley está siendo demorada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a días de perder estado parlamentario.El proyecto, conocido como ley de basura electrónica, busca separar de los residuos domiciliarios a los RAEE, la fracción más tóxica y la que más rápido está creciendo. Hoy, esta categoría de residuos se halla en una zona gris entre la legislación de residuos peligrosos y la normativa que regula la gestión de los residuos domiciliarios, pero en la práctica terminan siendo arrojados a rellenos o basurales y son una peligrosa fuente de contaminación; almacenados en depósitos, hogares u oficinas, o incinerados como materia prima de otros procesos sin seleccionar los componentes específicos para su reutilización.
Por otro lado, y como otro de los objetivos fundamentales, el proyecto de ley promueve la recuperación de los materiales de los que están compuestos los RAEE, muchos de ellos valiosos. Si tenemos en cuenta los más de 10 millones de teléfonos celulares que se desecharon en la Argentina en 2011, considerando un peso promedio de 100 gramos por teléfono, reciclar estos artefactos retiraría de los rellenos y basurales 1000 toneladas al año de residuos potencialmente peligrosos. Además, con el reciclado de estos teléfonos se hubiera evitado desechar cerca de 15 millones de dólares sólo en 2011, contando sólo tres de los minerales que los teléfonos tienen en muy pequeñas cantidades: plata, cobre y oro.
El valor de los materiales y la alta eficiencia de reciclado de estos aparatos (más del 90% en el caso de los teléfonos celulares, por ejemplo) hacen que los RAEE sean una fuente de materia prima para la industria mucho menos contaminante y destructiva que la minería. Japón, que cuenta con un destacado desarrollo de la industria de la electrónica, y con un eficiente sistema de reciclado, ha llegado incluso a importar RAEE para la recuperación de materiales.
Se desprende de aquí, además, que el establecimiento de un sistema nacional de gestión de los RAEE y la obligatoriedad -que recaerá sobre las empresas- de reciclar los residuos de sus productos, de acuerdo con el proyecto de ley, ampliarán el sector que se dedica a este tipo de "minería urbana", generando inversión, destrabando su actividad y contribuyendo a la creación de los denominados empleos "verdes".
De ser aprobada la ley, entrará en vigor el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que establece la carga legal y financiera sobre las empresas, que deberán responsabilizarse por sus productos una vez que éstos han finalizado su vida útil. Normativas de estas características ya han sido aprobadas y están en vigencia en gran parte de Estados Unidos, la Unión Europea, países latinoamericanos, como Costa Rica, Colombia, Perú o Bolivia, y están siendo tratadas en Chile y Brasil, entre otros.
Las empresas, como responsables directas de la contaminación potencial de los productos, se ven comprometidas en dos instancias: en la producción, ya que el proyecto establece la prohibición de determinadas sustancias tóxicas y premia a los productos con una más larga vida útil y más fáciles de reciclar; y en la etapa pos consumo, cuando el producto pasa a ser residuo. Es allí que las empresas, mediante un sistema nacional, deben hacerse cargo de los residuos, reutilizarlos y reciclarlos para evitar la contaminación y el derroche de recursos. Debido a esta responsabilidad, las empresas formarán parte, junto con organismos del Estado, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de un ente mixto, no estatal, que desarrollará el sistema nacional de recolección, transporte y tratamiento de los RAEE. Tienen la opción, además, de hacer sus propios planes.
Frente a la evidencia en torno a la gestión de los residuos domiciliarios (sobre todo en el Área Metropolitana, por el colapso del sistema Ceamse, cuyas primeras consecuencias se ven en las calles de Buenos Aires) y el avance masivo sobre ecosistemas vitales en búsqueda de minerales, es que se torna irracional la falta de tratamiento y sanción del proyecto de ley de basura electrónica. Los diputados de la Comisión de Recursos Naturales y de Industria dieron dictamen al proyecto, pero aún resta Presupuesto y Hacienda, donde la ley está frenada por la presidencia de la Comisión en espera del visto bueno de la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien no está demasiado interesada en la protección del ambiente y los recursos. En 15 días, de no ser tratado, el proyecto de ley perderá estado parlamentario. El trabajo de cinco años terminará en el tacho de la basura, junto con los residuos electrónicos.
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Indagarán a empresarios contaminantes del Sali-Dulce
En los próximos días indagarán a los empresarios acusados de contaminar
Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La citación es por hechos de contaminación del embalse Río Hondo, sucedidos antes del plan Vinaza Cero. Abate expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa”.
Empresarios tucumanos sobre quienes pesa una imputación de la Justicia Federal santiagueña por contaminar el embalse Río Hondo y producir la enorme mortandad de peces en noviembre de 2011, serán indagados por el juez Guillermo Molinari en los primeros días de diciembre. Los industriales están acusados de infringir la Ley de Residuos Peligrosos, que pena a quienes contaminan poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa” en los hechos de contaminación. Abate es junto con el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, querellante en la causa penal contra los responsables de producir la degradación ambiental del embalse Río Hondo.
También es querellante la ex edila Anita Loto (Las Termas).
Entre los empresarios que serían citados se encuentran el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán, Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán); y Jorge Rocchia Ferro, titular del grupo Los Balcanes, que posee tres ingenios: La Florida, Aguilares (administrado por Colombres) y Cruz Alta.
“Hay un pedido de indagatoria, pero también un planteo de incompetencia que debe ser resuelto, aunque las citaciones serían para los primeros días del mes que viene”, comentó Abate. Mencionó que se indagará a los industriales por los hechos de contaminación que se han venido acumulando desde que presentó su denuncia el ex intendente de Las Termas, Luis Saleme, expediente 4166/09 y acumulados; pero particularmente, por la importante contaminación de noviembre del año pasado en la que murieron toneladas de peces.
Además, indicó que como querellantes también acercarán preguntas a los indagados, tendientes a incriminar o desincriminar. Abate dijo que tiene fuertes sospechas de que hubo actitudes “dolosas” o “gravemente culposas”.
Y sentenció: “No podemos decir que hubo eximente de responsabilidad en virtud de un hecho fortuito o una cuestión de causa mayor que impida adjudicar responsabilidad. O ha habido una actitud dolosa o una actitud culposa de una negligencia verdaderamente importante”.
Este avance legal se cumple en medio de nuevas denuncias por parte del Estado santiagueño contra ingenios tucumanos por contaminar tributarios de la cuenca Salí-Dulce. La causa judicial y el impulso dado por el fiscal federal Pedro Simón y el juez federal Guillermo Molinari fueron el corolario de numerosas denuncias en contra de las firmas tucumanas.
Sobre este tema, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, salió fuertemente a trabajar contra la contaminación y a emplazar a los empresarios tucumanos a realizar las obras para tratar sus desechos. “Hay que luchar frontalmente contra esto, sin hacernos los tontos, para evitar la contaminación. Ya no hay más tutía”, les advirtió.
Paralelamente, el gobierno de Santiago del Estero y la administración de Alperovich, alcanzaban un acuerdo para implementar un plan de gestión tendiente a frenar la contaminación y revertir el daño ecológico al sistema hídrico. Ello, con la garantía de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la supervisión de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y por encima de todos los actores, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como se recordará, por la contaminación del embalse, a fines del año pasado el juez federal Guillermo Molinari citó a indagatoria a 13 empresarios: Jorge Rocchia Ferro (Los Balcanes), Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), Roberto Mario Ortiz (San Juan), Luis Lorenzo Pardo (Citromax), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Mario Menéndez (Litoral Citrus), José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA), Fernando José Terán (Santa Bárbara) y tres directivos de una papelera.
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Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
La citación es por hechos de contaminación del embalse Río Hondo, sucedidos antes del plan Vinaza Cero. Abate expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa”.Empresarios tucumanos sobre quienes pesa una imputación de la Justicia Federal santiagueña por contaminar el embalse Río Hondo y producir la enorme mortandad de peces en noviembre de 2011, serán indagados por el juez Guillermo Molinari en los primeros días de diciembre. Los industriales están acusados de infringir la Ley de Residuos Peligrosos, que pena a quienes contaminan poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente.
Así lo adelantó a EL LIBERAL el fiscal de Estado, Raúl Abate, quien expresó su fuerte sospecha de una “actitud dolosa” o “gravemente culposa” en los hechos de contaminación. Abate es junto con el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával, querellante en la causa penal contra los responsables de producir la degradación ambiental del embalse Río Hondo.
También es querellante la ex edila Anita Loto (Las Termas).
Entre los empresarios que serían citados se encuentran el presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán, Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán); y Jorge Rocchia Ferro, titular del grupo Los Balcanes, que posee tres ingenios: La Florida, Aguilares (administrado por Colombres) y Cruz Alta.
“Hay un pedido de indagatoria, pero también un planteo de incompetencia que debe ser resuelto, aunque las citaciones serían para los primeros días del mes que viene”, comentó Abate. Mencionó que se indagará a los industriales por los hechos de contaminación que se han venido acumulando desde que presentó su denuncia el ex intendente de Las Termas, Luis Saleme, expediente 4166/09 y acumulados; pero particularmente, por la importante contaminación de noviembre del año pasado en la que murieron toneladas de peces.
Además, indicó que como querellantes también acercarán preguntas a los indagados, tendientes a incriminar o desincriminar. Abate dijo que tiene fuertes sospechas de que hubo actitudes “dolosas” o “gravemente culposas”.
Y sentenció: “No podemos decir que hubo eximente de responsabilidad en virtud de un hecho fortuito o una cuestión de causa mayor que impida adjudicar responsabilidad. O ha habido una actitud dolosa o una actitud culposa de una negligencia verdaderamente importante”.
Este avance legal se cumple en medio de nuevas denuncias por parte del Estado santiagueño contra ingenios tucumanos por contaminar tributarios de la cuenca Salí-Dulce. La causa judicial y el impulso dado por el fiscal federal Pedro Simón y el juez federal Guillermo Molinari fueron el corolario de numerosas denuncias en contra de las firmas tucumanas.
Sobre este tema, el gobernador de Tucumán, José Alperovich, salió fuertemente a trabajar contra la contaminación y a emplazar a los empresarios tucumanos a realizar las obras para tratar sus desechos. “Hay que luchar frontalmente contra esto, sin hacernos los tontos, para evitar la contaminación. Ya no hay más tutía”, les advirtió.
Paralelamente, el gobierno de Santiago del Estero y la administración de Alperovich, alcanzaban un acuerdo para implementar un plan de gestión tendiente a frenar la contaminación y revertir el daño ecológico al sistema hídrico. Ello, con la garantía de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la supervisión de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y por encima de todos los actores, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como se recordará, por la contaminación del embalse, a fines del año pasado el juez federal Guillermo Molinari citó a indagatoria a 13 empresarios: Jorge Rocchia Ferro (Los Balcanes), Julio Colombres (Azucarera Juan Manuel Terán), Héctor Gregorio Mateos (SA Azucarera Argentina), Santiago Gasep (Azucarera del Sur SRL), Roberto Mario Ortiz (San Juan), Luis Lorenzo Pardo (Citromax), Gonzalo Tanoira (San Miguel), Mario Menéndez (Litoral Citrus), José Antonio Fernández (Los Dulces Norte SA), Fernando José Terán (Santa Bárbara) y tres directivos de una papelera.
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Más escuelas fumigadas con agrotóxicos
Otros dos colegios rurales fueron rociados con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Uruguay comunicó que otras dos escuelas rurales del Departamento fueron rociadas con agrotóxicos, esta vez con los alumnos en clase. Se trata de la Escuela Nº 51, ubicada sobre Ruta Provincial 42, a 13 kilómetros al sur de Colonia Elía, y la Escuela Nº 85 de la zona de Arroyo Molino, situada al este de la autovía Ruta 14. En esa línea, a través de un comunicado, el gremio destacó “el trabajo y la actitud de los docentes de nuestras escuelas rurales, que con escasa contención y participación de las instituciones oficiales, hacen todo lo que pueden para proteger su salud y la de sus alumnos”. Igualmente, indicaron que “los docentes actuaron con rapidez para proteger a los alumnos, poner en conocimiento del hecho a las autoridades, en tanto no habían recibido el aviso correspondiente y poder detener la fumigación”. Y sostuvieron que “a pesar de ello no pudieron evitar el contacto con el producto ya que el viento lo llevaba hacia los edificios escolares, que también tienen viviendas familiares cercanas”.
Mediante un texto que reprodujo APF, señalaron que “según lo establece la Ley de Plaguicidas Nº 6.599 quien aplica estos productos debe “tomar las precauciones del caso para evitar daños a terceros”, también el Decreto Nº 483/95 MEOySP (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), dice que en cercanías de viviendas “se deberán extremar las precauciones” y la Resolución Nº 47 de la SAA y RN (Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales) establece el límite de 50 metros y la notificación con 48 horas de anticipación.”
Asimismo, manifestaron que “ninguna de estas elementales disposiciones se ha cumplido en estos casos. De donde podemos suponer que tampoco otras, referidas al manejo, registro de los equipos, receta agronómica y presencia de un responsable técnico, se han tenido en cuenta”. Y añadieron que “la legislación vigente reconoce la peligrosidad de los agro-tóxicos, de lo contrario no habría que ‘extremar precauciones’ o ‘evitar el daño’”.
En ese sentido, recordaron que “numerosos estudios de campo y laboratorio realizados por científicos de distintas disciplinas dan cuenta de las graves consecuencias en la salud que produce la exposición a los agrotóxicos. En nuestra provincia hay varias evidencias concretas, más aún en Misiones y Chaco”.
“El reciente Juicio de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que condenó a los aplicadores y dueño del campo, es uno de los primeros en su tipo y sirve de jurisprudencia para tres causas similares que se tramitan en ésa provincia”, expresaron en la misiva.
Finalmente, indicaron que “al comienzo de nuestra campaña ‘Paren de Fumigar’ las Escuelas experimentados profesionales de la medicina y el derecho nos ilustraron sobre la legislación vigente y los efectos de los agrotóxicos en la salud”. Por ello, enfatizaron que “ahora, en su desarrollo, vemos como no se cumple con las leyes y sabemos el riesgo que implica la utilización indiscriminada y descontrolada de los biocidas utilizados en la agricultura industrial”
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Fecha de Publicación: 20/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Uruguay comunicó que otras dos escuelas rurales del Departamento fueron rociadas con agrotóxicos, esta vez con los alumnos en clase. Se trata de la Escuela Nº 51, ubicada sobre Ruta Provincial 42, a 13 kilómetros al sur de Colonia Elía, y la Escuela Nº 85 de la zona de Arroyo Molino, situada al este de la autovía Ruta 14. En esa línea, a través de un comunicado, el gremio destacó “el trabajo y la actitud de los docentes de nuestras escuelas rurales, que con escasa contención y participación de las instituciones oficiales, hacen todo lo que pueden para proteger su salud y la de sus alumnos”. Igualmente, indicaron que “los docentes actuaron con rapidez para proteger a los alumnos, poner en conocimiento del hecho a las autoridades, en tanto no habían recibido el aviso correspondiente y poder detener la fumigación”. Y sostuvieron que “a pesar de ello no pudieron evitar el contacto con el producto ya que el viento lo llevaba hacia los edificios escolares, que también tienen viviendas familiares cercanas”.
Mediante un texto que reprodujo APF, señalaron que “según lo establece la Ley de Plaguicidas Nº 6.599 quien aplica estos productos debe “tomar las precauciones del caso para evitar daños a terceros”, también el Decreto Nº 483/95 MEOySP (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), dice que en cercanías de viviendas “se deberán extremar las precauciones” y la Resolución Nº 47 de la SAA y RN (Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales) establece el límite de 50 metros y la notificación con 48 horas de anticipación.”
Asimismo, manifestaron que “ninguna de estas elementales disposiciones se ha cumplido en estos casos. De donde podemos suponer que tampoco otras, referidas al manejo, registro de los equipos, receta agronómica y presencia de un responsable técnico, se han tenido en cuenta”. Y añadieron que “la legislación vigente reconoce la peligrosidad de los agro-tóxicos, de lo contrario no habría que ‘extremar precauciones’ o ‘evitar el daño’”.
En ese sentido, recordaron que “numerosos estudios de campo y laboratorio realizados por científicos de distintas disciplinas dan cuenta de las graves consecuencias en la salud que produce la exposición a los agrotóxicos. En nuestra provincia hay varias evidencias concretas, más aún en Misiones y Chaco”.
“El reciente Juicio de las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, que condenó a los aplicadores y dueño del campo, es uno de los primeros en su tipo y sirve de jurisprudencia para tres causas similares que se tramitan en ésa provincia”, expresaron en la misiva.
Finalmente, indicaron que “al comienzo de nuestra campaña ‘Paren de Fumigar’ las Escuelas experimentados profesionales de la medicina y el derecho nos ilustraron sobre la legislación vigente y los efectos de los agrotóxicos en la salud”. Por ello, enfatizaron que “ahora, en su desarrollo, vemos como no se cumple con las leyes y sabemos el riesgo que implica la utilización indiscriminada y descontrolada de los biocidas utilizados en la agricultura industrial”
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Más productores a juicio por fumigaciones ilegales
Más productores van a juicio por fumigaciones
Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Córdoba
Una nueva causa judicial por fumigaciones se sumó en Córdoba. Los acusados son dos productores agropecuarios de campos pegados al área urbana de Villa Ciudad Parque, localidad del Valle de Calamuchita, vecina de Villa General Belgrano.
Son cuatro las causas judiciales por pulverizaciones con agroquímicos que podrían afectar a vecinos de zonas pobladas. Una ya llegó a juicio, con dos condenas, en barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba.
Falta la fecha de audiencia en otra denuncia en Colonia Tirolesa. La tercera, aún en investigación aunque con dos imputados, está abierta en los Tribunales de Deán Funes por denuncias en Villa de María de Río Seco.
Villa Ciudad Parque fue una de las primeras localidades cordobesas donde sus vecinos empezaron a movilizarse contra las fumigaciones pegadas a la zona urbana. Hace tres años una resolución comunal prohibió las aplicaciones a menos de 500 metros de casas y cauces de agua. Pero un productor afectado presentó un recurso de amparo, al que en los Tribunales de Río Tercero le hicieron lugar.
El Juzgado que ordenó suspender su aplicación aún no resolvió la cuestión de fondo respecto de la constitucionalidad de la resolución comunal. El planteo radicó en que esa norma local avanzaba por sobre la ley de agroquímicos provincial, que permite aplicaciones pegadas a zonas urbanas, aunque bajo ciertos requisitos.
Desde Paren de Fumigar, Pablo Riveros, referente del colectivo y también secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, indicó que esa norma fue derogada por la comuna, así como su adhesión a la ley provincial. "En este momento está acéfala de reglas que regulen el uso de agrotóxicos", dijo.
Por su parte, el jefe comunal, Héctor Polcan, negó ante la prensa local que esa resolución haya sido derogada, pero recordó que no tenía sustento la causa del amparo judicial. Dijo que su aplicación "está en manos de la Justicia".
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Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Córdoba
Una nueva causa judicial por fumigaciones se sumó en Córdoba. Los acusados son dos productores agropecuarios de campos pegados al área urbana de Villa Ciudad Parque, localidad del Valle de Calamuchita, vecina de Villa General Belgrano.Son cuatro las causas judiciales por pulverizaciones con agroquímicos que podrían afectar a vecinos de zonas pobladas. Una ya llegó a juicio, con dos condenas, en barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba.
Falta la fecha de audiencia en otra denuncia en Colonia Tirolesa. La tercera, aún en investigación aunque con dos imputados, está abierta en los Tribunales de Deán Funes por denuncias en Villa de María de Río Seco.
Villa Ciudad Parque fue una de las primeras localidades cordobesas donde sus vecinos empezaron a movilizarse contra las fumigaciones pegadas a la zona urbana. Hace tres años una resolución comunal prohibió las aplicaciones a menos de 500 metros de casas y cauces de agua. Pero un productor afectado presentó un recurso de amparo, al que en los Tribunales de Río Tercero le hicieron lugar.
El Juzgado que ordenó suspender su aplicación aún no resolvió la cuestión de fondo respecto de la constitucionalidad de la resolución comunal. El planteo radicó en que esa norma local avanzaba por sobre la ley de agroquímicos provincial, que permite aplicaciones pegadas a zonas urbanas, aunque bajo ciertos requisitos.
Desde Paren de Fumigar, Pablo Riveros, referente del colectivo y también secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque, indicó que esa norma fue derogada por la comuna, así como su adhesión a la ley provincial. "En este momento está acéfala de reglas que regulen el uso de agrotóxicos", dijo.
Por su parte, el jefe comunal, Héctor Polcan, negó ante la prensa local que esa resolución haya sido derogada, pero recordó que no tenía sustento la causa del amparo judicial. Dijo que su aplicación "está en manos de la Justicia".
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Ante el colapso del Ceamse, riesgo de incineración
La incineración golpea la puerta de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: ANSA
Provincia/Región: Capital Federal
El sistema de enterramiento de residuos que utiliza la Ciudad de Buenos Aires está por colapsar, pese a que hay una Ley de Basura Cero, y el riesgo es que se adopte la incineración como solución de último momento, según advierten y temen las organizaciones ambientalistas.
Son 6.000 toneladas de desechos por día, que van a parar a "rellenos sanitarios" en localidades de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez produce otras 11.000 toneladas.
Y el problema surge porque el relleno de José León Suárez dejará de tener capacidad el año próximo. Tras décadas de ver contaminados sus suelos, aire y agua no hay en toda la provincia ninguna comunidad que quiera que depositen allí la basura.
"Durante el año 2011 se enterraron 2.278.000 toneladas de residuos" capitalinos, "un récord histórico luego de un crecimiento del 8% respecto al año anterior", aseveró la organización Los Verdes.
Entre el cumplimiento de la reducción del enterramiento de basura fijado por la ley y lo depositado hay una diferencia de 1.400.000 toneladas de desechos, que indica "con claridad la total ausencia de políticas de gestión" de los residuos sólidos urbanos (RSU), agrega. Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Gaia, Los Verdes y otras organizaciones ambientalistas advierten desde hace años que el enterramiento es un sistema caduco y exigen la aplican de Basura Cero para la capital, en cuya norma está claramente prohibida la incineración.
"La solución que va a venir es la venta de los incineradores. La no actuación política, la no implementación de la ley no es neutral, es trabajar para la incineración", aseveró Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.
Cuando a principios de mes volvieron a realizar un paro los trabajadores de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ente que administra la disposición de los residuos, las calles de Buenos Aires tuvieron pilas de bolsas de basura, con 35 grados de temperatura, durante días.
Este hecho ya había ocurrido varias veces, la última a mediados de año, porque los trabajadores temen la pérdida de sus fuentes de empleo cuando cierre José León Suárez.
Entonces, el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, Diego Santilli, dijo que la intención "es cumplir con la ley Basura Cero y para ello fomentamos el reciclaje, pero es una meta difícil de cumplir, no obstante queremos que la Ciudad trate la totalidad de los residuos que genera para el 2015".
En su campaña para la reelección, el alcalde de la ciudad, Mauricio Macri, se comprometió a cumplir con esta norma. Venció en una segunda vuelta el año pasado por el 64 por ciento de los votos, no obstante la ley sigue sin cumplirse.
De hecho, no hay ni siquiera recolección diferenciada ni una buena campaña de educación a una población que está acostumbrada a tirar todo en un mismo tacho.
Villalonga explicó que "dentro del macrismo no hay convencimiento de la ley. Hay muchos que siguen pensando que la basura pasa por la incineración, si bien en el caso de Santilli hay un intento de respeto a la ley".
"Y, por otro lado, hay una mirada muy naif, ingenua, aún de muchos que hablan bien de la ley, en cuanto creen que se trata de un rol meramente educativo. Esto es un serio error", afirmó.
Informó que "deberíamos estar enviando unas 3000 toneladas de residuos a un circuito de recuperación, pero falta generar los mecanismos para que en la actividad económica esos materiales puedan volver a utilizarse".
"Cuando hablamos de proyectos de la dimensión que se requiere, se necesita presupuesto", dijo y responsabilizó en este aspecto tanto al oficialismo como a la oposición de la ciudad.
Muchas veces se cree que el tema es un esfuerzo educativo. "De nada te sirve tener separada la basura si no tenés un sistema económico que lo pueda receptar", indicó Villalonga, quien colaboró en la realización de la ley cuando estaba al frente de Greenpeace Argentina.
Denunció que "hay una buena cantidad de gente que se refriega las manos porque tienen negocios de incineración. Esto es gravísimo y hay quienes están pensando que hay un atajo de último momento y es poner incineradores".
"Estamos hablando de que es mucha la basura, es mucho lo que hay que recuperar. Eso es un plan de recuperación en serio, no como lo que se hace ahora, que es darle un poco más de formalidad a lo que vienen haciendo los recuperadores" o cartoneros, añadió.
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Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: ANSA
Provincia/Región: Capital Federal
El sistema de enterramiento de residuos que utiliza la Ciudad de Buenos Aires está por colapsar, pese a que hay una Ley de Basura Cero, y el riesgo es que se adopte la incineración como solución de último momento, según advierten y temen las organizaciones ambientalistas.
Son 6.000 toneladas de desechos por día, que van a parar a "rellenos sanitarios" en localidades de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez produce otras 11.000 toneladas.
Y el problema surge porque el relleno de José León Suárez dejará de tener capacidad el año próximo. Tras décadas de ver contaminados sus suelos, aire y agua no hay en toda la provincia ninguna comunidad que quiera que depositen allí la basura.
"Durante el año 2011 se enterraron 2.278.000 toneladas de residuos" capitalinos, "un récord histórico luego de un crecimiento del 8% respecto al año anterior", aseveró la organización Los Verdes.
Entre el cumplimiento de la reducción del enterramiento de basura fijado por la ley y lo depositado hay una diferencia de 1.400.000 toneladas de desechos, que indica "con claridad la total ausencia de políticas de gestión" de los residuos sólidos urbanos (RSU), agrega. Greenpeace, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Gaia, Los Verdes y otras organizaciones ambientalistas advierten desde hace años que el enterramiento es un sistema caduco y exigen la aplican de Basura Cero para la capital, en cuya norma está claramente prohibida la incineración.
"La solución que va a venir es la venta de los incineradores. La no actuación política, la no implementación de la ley no es neutral, es trabajar para la incineración", aseveró Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.
Cuando a principios de mes volvieron a realizar un paro los trabajadores de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ente que administra la disposición de los residuos, las calles de Buenos Aires tuvieron pilas de bolsas de basura, con 35 grados de temperatura, durante días.
Este hecho ya había ocurrido varias veces, la última a mediados de año, porque los trabajadores temen la pérdida de sus fuentes de empleo cuando cierre José León Suárez.
Entonces, el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, Diego Santilli, dijo que la intención "es cumplir con la ley Basura Cero y para ello fomentamos el reciclaje, pero es una meta difícil de cumplir, no obstante queremos que la Ciudad trate la totalidad de los residuos que genera para el 2015".
En su campaña para la reelección, el alcalde de la ciudad, Mauricio Macri, se comprometió a cumplir con esta norma. Venció en una segunda vuelta el año pasado por el 64 por ciento de los votos, no obstante la ley sigue sin cumplirse.
De hecho, no hay ni siquiera recolección diferenciada ni una buena campaña de educación a una población que está acostumbrada a tirar todo en un mismo tacho.
Villalonga explicó que "dentro del macrismo no hay convencimiento de la ley. Hay muchos que siguen pensando que la basura pasa por la incineración, si bien en el caso de Santilli hay un intento de respeto a la ley".
"Y, por otro lado, hay una mirada muy naif, ingenua, aún de muchos que hablan bien de la ley, en cuanto creen que se trata de un rol meramente educativo. Esto es un serio error", afirmó.
Informó que "deberíamos estar enviando unas 3000 toneladas de residuos a un circuito de recuperación, pero falta generar los mecanismos para que en la actividad económica esos materiales puedan volver a utilizarse".
"Cuando hablamos de proyectos de la dimensión que se requiere, se necesita presupuesto", dijo y responsabilizó en este aspecto tanto al oficialismo como a la oposición de la ciudad.
Muchas veces se cree que el tema es un esfuerzo educativo. "De nada te sirve tener separada la basura si no tenés un sistema económico que lo pueda receptar", indicó Villalonga, quien colaboró en la realización de la ley cuando estaba al frente de Greenpeace Argentina.
Denunció que "hay una buena cantidad de gente que se refriega las manos porque tienen negocios de incineración. Esto es gravísimo y hay quienes están pensando que hay un atajo de último momento y es poner incineradores".
"Estamos hablando de que es mucha la basura, es mucho lo que hay que recuperar. Eso es un plan de recuperación en serio, no como lo que se hace ahora, que es darle un poco más de formalidad a lo que vienen haciendo los recuperadores" o cartoneros, añadió.
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La desertificación en el país sigue avanzando
Alertan sobre el avance de la desertificación en el país
Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe / La Ciudad Avellaneda
Provincia/Región: Nacional
¿Granero del mundo? En realidad, Argentina es el país de las tierras secas. Y en esas zonas la erosión avanza 650.000 hectáreas por año.
Contrariamente a la percepción generalizada de que Argentina, por la importancia de la producción agropecuaria y al paisaje de la pampa húmeda, es un “granero del mundo”, en realidad el nuestro es el país de las tierras secas.
Así lo afirmó Elena Abraham, directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), que depende del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza. “Alrededor del 70 por ciento del país está constituido por tierras secas”, señaló Abraham a la Agencia CyTA. Según el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, que coordina la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la erosión en esas zonas avanza a razón de 650.000 hectáreas por año.
Las tierras secas incluyen todas las regiones de la superficie terrestre donde la producción de cultivos, forraje, madera y otros servicios del ecosistema son limitados por el agua. Formalmente, la definición abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como seco, desde el hiperárido que caracteriza a los desiertos extremos hasta el subhúmedo seco. “La desertificación implica todos los procesos de degradación de tierras en tierras secas y es el resultado de una combinación entre las actividades de sobrecarga de los seres humanos y las severas condiciones ambientales, en particular, la variabilidad climática y la sequía”, señaló Abraham.
Para mitigar y combatir este proceso, a fines de 2011 el CONICET y la SAyDS acordaron conformar el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. En una primera etapa, sus autoridades resolvieron fortalecer cinco sitios piloto de monitoreo en Catamarca, Jujuy, Mendoza, Chubut y Río Negro, aunque la idea es expandirlo a otras regiones del país, destacó Abraham.
“El objetivo es monitorear los cambios en el uso de la tierra y los aspectos socioeconómicos, especialmente los relacionados con la producción, erosión del suelo y la disponibilidad de agua. También estudiar los cambios en la flora y fauna, que pueden verse afectados a medida que la tierra se degrada”, indicó la investigadora.
Para Abraham, la desertificación sólo se podrá revertir alentando cambios profundos en las pautas de comportamiento de la población, que deberían conducir al uso sostenible de las tierras sin poner el riesgo la seguridad alimentaria. “En realidad, la lucha contra la desertificación es parte de un objetivo más amplio: el desarrollo sostenible de los países afectados”, añadió.
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Fecha de Publicación: 19/11/2012
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe / La Ciudad Avellaneda
Provincia/Región: Nacional
¿Granero del mundo? En realidad, Argentina es el país de las tierras secas. Y en esas zonas la erosión avanza 650.000 hectáreas por año.
Contrariamente a la percepción generalizada de que Argentina, por la importancia de la producción agropecuaria y al paisaje de la pampa húmeda, es un “granero del mundo”, en realidad el nuestro es el país de las tierras secas.
Así lo afirmó Elena Abraham, directora del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), que depende del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y el Gobierno de Mendoza. “Alrededor del 70 por ciento del país está constituido por tierras secas”, señaló Abraham a la Agencia CyTA. Según el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, que coordina la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la erosión en esas zonas avanza a razón de 650.000 hectáreas por año.
Las tierras secas incluyen todas las regiones de la superficie terrestre donde la producción de cultivos, forraje, madera y otros servicios del ecosistema son limitados por el agua. Formalmente, la definición abarca todas las tierras donde el clima se clasifica como seco, desde el hiperárido que caracteriza a los desiertos extremos hasta el subhúmedo seco. “La desertificación implica todos los procesos de degradación de tierras en tierras secas y es el resultado de una combinación entre las actividades de sobrecarga de los seres humanos y las severas condiciones ambientales, en particular, la variabilidad climática y la sequía”, señaló Abraham.
Para mitigar y combatir este proceso, a fines de 2011 el CONICET y la SAyDS acordaron conformar el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. En una primera etapa, sus autoridades resolvieron fortalecer cinco sitios piloto de monitoreo en Catamarca, Jujuy, Mendoza, Chubut y Río Negro, aunque la idea es expandirlo a otras regiones del país, destacó Abraham.
“El objetivo es monitorear los cambios en el uso de la tierra y los aspectos socioeconómicos, especialmente los relacionados con la producción, erosión del suelo y la disponibilidad de agua. También estudiar los cambios en la flora y fauna, que pueden verse afectados a medida que la tierra se degrada”, indicó la investigadora.
Para Abraham, la desertificación sólo se podrá revertir alentando cambios profundos en las pautas de comportamiento de la población, que deberían conducir al uso sostenible de las tierras sin poner el riesgo la seguridad alimentaria. “En realidad, la lucha contra la desertificación es parte de un objetivo más amplio: el desarrollo sostenible de los países afectados”, añadió.
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Famatina volvió a protestar por la minería
En Famatina volvieron a protestar para impedir el avance de la minería
Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos y asambleístas salieron a las calles de La Rioja para repudiar una medida del gobierno de Beder Herrera que autoriza a explorar la zona pese a que el convenio con la empresa que trabaja en el lugar está suspendido judicialmente. Pobladores de Famatina volvieron a salir a la calle, con el apoyo de asambleístas de toda la provincia, para impedir el avance mega minero dispuesto nuevamente por el gobierno provincial.
En ese marco, una asamblea popular decidió comenzar a juntar firmas para "pedir el juicio político" del gobernador Luis Beder Herrera, a quien acusan de impulsar la minería a cielo abierto sin pedir informes de impacto ambiental y le endilgan su cambio de opinión sobre esa industria desde que asumió el cargo.
La marcha, realizada anoche, fue convocada por las redes sociales y contó con la participación de vecinos de la localidad con sus hijos, gente que adhiere a la lucha desde otros puntos de la provincia y asambleístas.
En el acto hubo micrófono abierto y también fueron escuchados el sacerdote del pueblo, Omar Quinteros, el intendente Ismael Bordagaray y el diputado nacional (UCR) Julio Martínez.
Los dirigentes y manifestantes cuestionaron que la Secretaría de Minería de La Rioja autorizó a la empresa El Portal, socia argentina de la canadiense Osisko Mining, a iniciar los trabajos de exploración en la zona pese a que el convenio con Osisko está suspendido judicialmente.
La resolución de minería fue mantenida en secreto desde agosto hasta que, a principios de este mes, fue publicada en el Boletín Oficial.
Además, recordaron que el instituto nacional de glaciares (Ianiglia), que depende del Conicet, no empezó aún el relevamiento de glaciares y periglaciares que exige la legislación nacional como paso previo a la autorización de emprendimientos mineros.
Los famatinenses denunciaron que las acciones gubernamentales "carecen de audiencias públicas" y de "la licencia social" para que puedan operar.
En la marcha se dijo que se trata de "repudiar el accionar del gobernador de la provincia, que firmó informes de impacto ambiental".
Ante ello, los manifestantes repitieron sus consignas de "no nos van a doblegar, el pueblo sigue de pie" y "el Famatina no se toca".
Además, ratificaron la continuidad del corte al tránsito en Alto Carrizal, justamente en el acceso al cordón del Famatina, que se sostiene desde el 2 de enero.
Igualmente, las Asambleas han pedido a los vecinos "que protejan todos los accesos a nuestros cerros", por ejemplo a través de la localidad de Guanchín, una localidad precordillerana donde el Secretario de Minería, Oscar Lehz, tiene su propio emprendimiento.
El diputado Martínez ha advertido que pese a que "el Ianiglia es una institución seria", carece de "presupuesto suficiente".
Por lo tanto, el relevamiento de glaciares requeriría de colaboración de técnicos provinciales que el pueblo de Famatina ya anunció que no aceptará.
Según Martínez, el gobierno nacional tiene "falta de voluntad en cumplir con la ley", por lo cual "autoriza a delegados provinciales a realizar el trabajo de campo, cuando de antemano en La Rioja negaron la existencia de glaciares".
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Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: La Rioja
Vecinos y asambleístas salieron a las calles de La Rioja para repudiar una medida del gobierno de Beder Herrera que autoriza a explorar la zona pese a que el convenio con la empresa que trabaja en el lugar está suspendido judicialmente. Pobladores de Famatina volvieron a salir a la calle, con el apoyo de asambleístas de toda la provincia, para impedir el avance mega minero dispuesto nuevamente por el gobierno provincial.En ese marco, una asamblea popular decidió comenzar a juntar firmas para "pedir el juicio político" del gobernador Luis Beder Herrera, a quien acusan de impulsar la minería a cielo abierto sin pedir informes de impacto ambiental y le endilgan su cambio de opinión sobre esa industria desde que asumió el cargo.
La marcha, realizada anoche, fue convocada por las redes sociales y contó con la participación de vecinos de la localidad con sus hijos, gente que adhiere a la lucha desde otros puntos de la provincia y asambleístas.
En el acto hubo micrófono abierto y también fueron escuchados el sacerdote del pueblo, Omar Quinteros, el intendente Ismael Bordagaray y el diputado nacional (UCR) Julio Martínez.
Los dirigentes y manifestantes cuestionaron que la Secretaría de Minería de La Rioja autorizó a la empresa El Portal, socia argentina de la canadiense Osisko Mining, a iniciar los trabajos de exploración en la zona pese a que el convenio con Osisko está suspendido judicialmente.
La resolución de minería fue mantenida en secreto desde agosto hasta que, a principios de este mes, fue publicada en el Boletín Oficial.
Además, recordaron que el instituto nacional de glaciares (Ianiglia), que depende del Conicet, no empezó aún el relevamiento de glaciares y periglaciares que exige la legislación nacional como paso previo a la autorización de emprendimientos mineros.
Los famatinenses denunciaron que las acciones gubernamentales "carecen de audiencias públicas" y de "la licencia social" para que puedan operar.
En la marcha se dijo que se trata de "repudiar el accionar del gobernador de la provincia, que firmó informes de impacto ambiental".
Ante ello, los manifestantes repitieron sus consignas de "no nos van a doblegar, el pueblo sigue de pie" y "el Famatina no se toca".
Además, ratificaron la continuidad del corte al tránsito en Alto Carrizal, justamente en el acceso al cordón del Famatina, que se sostiene desde el 2 de enero.
Igualmente, las Asambleas han pedido a los vecinos "que protejan todos los accesos a nuestros cerros", por ejemplo a través de la localidad de Guanchín, una localidad precordillerana donde el Secretario de Minería, Oscar Lehz, tiene su propio emprendimiento.
El diputado Martínez ha advertido que pese a que "el Ianiglia es una institución seria", carece de "presupuesto suficiente".
Por lo tanto, el relevamiento de glaciares requeriría de colaboración de técnicos provinciales que el pueblo de Famatina ya anunció que no aceptará.
Según Martínez, el gobierno nacional tiene "falta de voluntad en cumplir con la ley", por lo cual "autoriza a delegados provinciales a realizar el trabajo de campo, cuando de antemano en La Rioja negaron la existencia de glaciares".
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Ahora se quejan del apartamiento del juez Armella
Cuestionan el apartamiento del juez Armella
Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
Advierten desde la oposición que sobre la suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra (UCR – Capital), junto a otros legisladores de la UCR, y también de otras bancadas, expresaron su honda preocupación por la situación que derivó en el apartamiento del juez Luis Antonio Armella de la ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008 en autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, y por la consecuente suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“El estado ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un problema mayor de salud pública para muchos ciudadanos argentinos, además de un grave problema de contaminación ambiental. La resolución de la Corte señala que este apartamiento es indispensable debido a la necesidad de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado. Sin embargo, nada se dice sobre la parálisis de la causa que, en vistas de la urgencia sanitaria y ambiental que se vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, perjudica gravemente los intereses de los damnificados que cada día siguen soportando esta situación que no mejora”, remarcó Gil Lavedra.
Por último, señaló que “es triste comprobar que, nuevamente, los ciudadanos son postergados en la satisfacción de sus legítimos derechos. Desde todos los poderes y sectores debe existir un fuerte compromiso para que el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo sea una realidad en el menor tiempo posible”.
Esta manifestación fue acompañada con su firma por los diputados Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Margarita Sbolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclós y Graciela Ocaña.
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Fecha de Publicación: 18/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Riachuelo
Advierten desde la oposición que sobre la suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra (UCR – Capital), junto a otros legisladores de la UCR, y también de otras bancadas, expresaron su honda preocupación por la situación que derivó en el apartamiento del juez Luis Antonio Armella de la ejecución del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008 en autos “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)”, y por la consecuente suspensión de los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
“El estado ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es un problema mayor de salud pública para muchos ciudadanos argentinos, además de un grave problema de contaminación ambiental. La resolución de la Corte señala que este apartamiento es indispensable debido a la necesidad de preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado. Sin embargo, nada se dice sobre la parálisis de la causa que, en vistas de la urgencia sanitaria y ambiental que se vive en la cuenca Matanza-Riachuelo, perjudica gravemente los intereses de los damnificados que cada día siguen soportando esta situación que no mejora”, remarcó Gil Lavedra.
Por último, señaló que “es triste comprobar que, nuevamente, los ciudadanos son postergados en la satisfacción de sus legítimos derechos. Desde todos los poderes y sectores debe existir un fuerte compromiso para que el saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo sea una realidad en el menor tiempo posible”.
Esta manifestación fue acompañada con su firma por los diputados Ricardo Alfonsín, Miguel Bazze, Margarita Sbolbizer, Gerardo Milman, Omar Duclós y Graciela Ocaña.
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Se perderá el proyecto sobre basura electrónica
Basura electrónica: una ley clave perderá estado parlamentario
Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Esto ocurrirá a fin de mes con la iniciativa que obliga a los fabricantes a reciclar estos residuos; el proyecto tiene más de un año con la sanción del Senado
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales, como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
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Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Esto ocurrirá a fin de mes con la iniciativa que obliga a los fabricantes a reciclar estos residuos; el proyecto tiene más de un año con la sanción del SenadoLos millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
Los millones de computadoras, teléfonos celulares, pilas e impresoras que se tiran por año en la ciudad seguirán contaminando las napas y los rellenos sanitarios. Es que a fines de este mes pierde estado parlamentario la ley de residuos eléctricos y electrónicos que propone que el destino final de éstos sea responsabilidad de los productores.
El proyecto, que cuenta desde hace más de un año con media sanción del Senado, quedó trabado en la Cámara de Diputados. Según denuncia la ONG ambientalista Greenpeace, la responsabilidad de la decisión de los miembros kirchneristas de la Comisión de Presupuesto es de la ministra de Industria, Débora Giorgi.
A través de un comunicado, la organización aseguró que la funcionaria "frena el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara baja y beneficia, de este modo, a las empresas agrupadas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos". Según la entidad, esta cámara "se opone al proyecto para no pagar por la contaminación que generan sus productos, una vez que pasan a ser basura electrónica".
Cada habitante de Buenos Aires -unos tres millones de personas generó siete kilos de basura electrónica el año pasado. Y al año suman unas 20.000 toneladas. En el país, el panorama no es mucho mejor, el promedio alcanza los 3 kg por año.
En la Argentina, cada año se generan más de 120.000 toneladas de basura electrónica, pero en el país aún no existe un sistema de gestión que haga frente a esta fracción de los residuos.
Aunque los celulares, los monitores o las PC no contaminan mientras están almacenados, cuando se mezclan con el resto de la basura y se rompen, esos metales tóxicos se desprenden y provocan daños ambientales.
"La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia", señaló Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Los ambientalistas también destacan que con esta falta de política se pierde plata. Las plaquetas que están dentro de las computadoras tienen metales, como plata, oro, cobre, aluminio y tierras raras. Estas últimas, compuestas por una serie de metales, son utilizadas para fabricar productos de alta tecnología, como pantallas de LED, componentes para autos, imanes y baterías recargables, entre otros. China, varios países europeos y los Estados Unidos se disputan este mercado para la fabricación de estos aparatos.
Estos residuos eléctricos y electrónicos tienen un alto valor económico. Sin embargo, la industria del reciclado de minerales por este medio no cuenta con una legislación para su promoción, como la minería tradicional.
Una de las críticas que recibió el proyecto de ley es que se crea un fondo para generar un sistema integral de gestión de este tipo de residuos. Las malas experiencias en estos fondos especiales, como sucede con la ley de bosques, es que no se ejecutan o ni siquiera se cumple el monto que se establece en la legislación para su conformación.
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Rescatan pingüinos empetrolados en Mar del Plata
Rescatan a decenas de pingüinos con restos de petróleo en costa argentina
Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Información
Provincia/Región: Buenos Aires
Al menos 37 pingüinos contaminados con restos de petróleo fueron rescatados en el balneario argentino de Mar del Plata, informaron a Efe fuentes del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Aquarium de la ciudad.
Los animales, que tienen su hábitat mucho más al sur, fueron rescatados esta semana por personal de ese centro y no se descarta que puedan aparecer otros ejemplares en los próximos días.
Los expertos no han podido concretar todavía el origen de la contaminación de los pingüinos, de la especie Magallanes, aparecidos en la costa de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en un avanzado estado de desnutrición y desorientación.
Los equipos del Aquarium fueron alertados de la presencia de las aves por denuncias telefónicas.
"Se trata de animales jóvenes con signos de desnutrición, y muchos muestran un severo grado de empetrolamiento, por eso salieron del agua", comentó a Efe Fabiana Álvarez, del Centro de Rehabilitación.
La especialista explicó que "es raro encontrar a la especie rescatada en estas latitudes, porque la mayoría se encuentra en las colonias australes en plena etapa reproductiva".
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Fecha de Publicación: 17/11/2012
Fuente: La Información
Provincia/Región: Buenos Aires
Al menos 37 pingüinos contaminados con restos de petróleo fueron rescatados en el balneario argentino de Mar del Plata, informaron a Efe fuentes del Centro de Rehabilitación de Fauna Marina del Aquarium de la ciudad.
Los animales, que tienen su hábitat mucho más al sur, fueron rescatados esta semana por personal de ese centro y no se descarta que puedan aparecer otros ejemplares en los próximos días.
Los expertos no han podido concretar todavía el origen de la contaminación de los pingüinos, de la especie Magallanes, aparecidos en la costa de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, en un avanzado estado de desnutrición y desorientación.
Los equipos del Aquarium fueron alertados de la presencia de las aves por denuncias telefónicas.
"Se trata de animales jóvenes con signos de desnutrición, y muchos muestran un severo grado de empetrolamiento, por eso salieron del agua", comentó a Efe Fabiana Álvarez, del Centro de Rehabilitación.
La especialista explicó que "es raro encontrar a la especie rescatada en estas latitudes, porque la mayoría se encuentra en las colonias australes en plena etapa reproductiva".
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YMAD: denuncian a la comisión que los supervisa
Denuncian a la comisión que debe supervisar a YMAD y niega contaminación de Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de una comisión ad hoc cuya función es, entre otros puntos, investigar el impacto ambiental de las explotaciones mineras ligadas a YMAD, entre ellas, el denunciado proyecto Bajo La Alumbrera.
La denuncia, presentada el 25 de octubre por Ramón Eudal y Eduardo Ruiz Pesce, cuestiona a un grupo de profesionales que integran la mencionada comisión y se los acusa de haber cometido abuso de autoridad. Esto debido a que un informe elaborado por este grupo argumenta que, a través de las megaminería “no se daña al hombre ni a la naturaleza”.
El estudio -presentado ante el Consejo Superior de la UNT el 10 de octubre- también señala que tras el análisis de la documentación; las visitas a las minas y otros; las entrevistas a personal y a funcionarios de empresas y de organismos, la comisión vio que los ejecutores trabajan con responsabilidad y profesionalismo. "Se atienden las normas ambientales y las de higiene y seguridad laboral vigentes, y ciertos procesos están acreditados por organismos nacionales y/o internacionales", afirma.
“Denunciamos a esta comisión por ser cómplice del daño ambiental que causa Minera Alumbrera. En su informe, se sostiene que, hasta ahora, no hallaron ningún valor que se dispare de lo normal. Esto es una mentira, ya que se rigen por la resolución N° 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán y no por la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, cuyos parámetros son mucho más exigentes y demuestran la contaminación que la minera genera en el canal DP2 y en la cuenca Salí-Dulce”, afirmó Eudal.
“Hay un claro abuso de autoridad de esta comisión al sostener que las explotaciones mineras cumplen las normas ambientales vigentes. Ocultan de un modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial”, sostuvieron los denunciantes.
La cuestionada comisión técnica fue creada en abril de 2011 por el rector de la UNT, Juan Carlos Cerisola, y avalada por el Consejo Superior. La integran Silvia Guillén (presidenta) y Florencia Benimelli (Agronomía); Ester Lucca de Magariños y Adriana Sales (Bioquímica); Mario Alderete y Antonio Gutiérrez (Ciencias Naturales); Magdalena Ricco y Estela Freidenberg (Medicina), y Leandro Díaz (Ciencias Exactas).
“Creer en esa comisión que se basa en los propios informes de la minera a la que debe investigar es como el lobo cuidando las gallinas. Este grupo ad hoc se creó para exculpar a Minera Alumbrera; para decir que está todo bien”, acusó Eudal.
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) es una sociedad integrada por la Universidad Nacional de Tucumán, el Gobierno de Catamarca y la Nación. Integra una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera para la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, ubicado en Catamarca. YMAD también lleva adelante los proyectos mineros Farallón Negro y Alto de la Blenda.
La minera denunciada se defiende
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de La Alumbrera, Jorge Montaldi, afirmó días atrás a través de los medios que la 24.051 no resulta aplicable para el caso del efluente que la minera arroja en el canal DP2, desde la planta de filtrado ubicada en Ranchillos, Tucumán.
"El efluente cumple acabadamente con la resolución provincial N° 030 Lo indican análisis propios y de terceros, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales y el Comité de Cuenca Salí-Dulce; todos estos organismos realizan monitoreos permanentes. La Dirección de Minería también controla que no se registre contaminación; precisamente a raíz de ello nos renueva anualmente la autorización", afirmó.
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Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de una comisión ad hoc cuya función es, entre otros puntos, investigar el impacto ambiental de las explotaciones mineras ligadas a YMAD, entre ellas, el denunciado proyecto Bajo La Alumbrera.La denuncia, presentada el 25 de octubre por Ramón Eudal y Eduardo Ruiz Pesce, cuestiona a un grupo de profesionales que integran la mencionada comisión y se los acusa de haber cometido abuso de autoridad. Esto debido a que un informe elaborado por este grupo argumenta que, a través de las megaminería “no se daña al hombre ni a la naturaleza”.
El estudio -presentado ante el Consejo Superior de la UNT el 10 de octubre- también señala que tras el análisis de la documentación; las visitas a las minas y otros; las entrevistas a personal y a funcionarios de empresas y de organismos, la comisión vio que los ejecutores trabajan con responsabilidad y profesionalismo. "Se atienden las normas ambientales y las de higiene y seguridad laboral vigentes, y ciertos procesos están acreditados por organismos nacionales y/o internacionales", afirma.
“Denunciamos a esta comisión por ser cómplice del daño ambiental que causa Minera Alumbrera. En su informe, se sostiene que, hasta ahora, no hallaron ningún valor que se dispare de lo normal. Esto es una mentira, ya que se rigen por la resolución N° 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán y no por la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051, cuyos parámetros son mucho más exigentes y demuestran la contaminación que la minera genera en el canal DP2 y en la cuenca Salí-Dulce”, afirmó Eudal.
“Hay un claro abuso de autoridad de esta comisión al sostener que las explotaciones mineras cumplen las normas ambientales vigentes. Ocultan de un modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial”, sostuvieron los denunciantes.
La cuestionada comisión técnica fue creada en abril de 2011 por el rector de la UNT, Juan Carlos Cerisola, y avalada por el Consejo Superior. La integran Silvia Guillén (presidenta) y Florencia Benimelli (Agronomía); Ester Lucca de Magariños y Adriana Sales (Bioquímica); Mario Alderete y Antonio Gutiérrez (Ciencias Naturales); Magdalena Ricco y Estela Freidenberg (Medicina), y Leandro Díaz (Ciencias Exactas).
“Creer en esa comisión que se basa en los propios informes de la minera a la que debe investigar es como el lobo cuidando las gallinas. Este grupo ad hoc se creó para exculpar a Minera Alumbrera; para decir que está todo bien”, acusó Eudal.
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) es una sociedad integrada por la Universidad Nacional de Tucumán, el Gobierno de Catamarca y la Nación. Integra una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera para la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera, ubicado en Catamarca. YMAD también lleva adelante los proyectos mineros Farallón Negro y Alto de la Blenda.
La minera denunciada se defiende
Por su parte, el gerente de Relaciones Institucionales de La Alumbrera, Jorge Montaldi, afirmó días atrás a través de los medios que la 24.051 no resulta aplicable para el caso del efluente que la minera arroja en el canal DP2, desde la planta de filtrado ubicada en Ranchillos, Tucumán.
"El efluente cumple acabadamente con la resolución provincial N° 030 Lo indican análisis propios y de terceros, como la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la UNT, la Facultad de Ciencias Naturales y el Comité de Cuenca Salí-Dulce; todos estos organismos realizan monitoreos permanentes. La Dirección de Minería también controla que no se registre contaminación; precisamente a raíz de ello nos renueva anualmente la autorización", afirmó.
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Amparo contra la megaminería en Chubut
Presentaron un amparo contra la megaminería ante el Superior Tribunal de Chubut
Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: No a la Mina - Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel
Provincia/Región: Chubut
Hace instantes, un integrante de una comunidad originaria de Chubut presentó una acción de amparo contra la actividad minera a gran escala que se desarrolla en la etapa de prospección y exploración en la provincia. "La megaminería es una de las violaciones que las comunidades indígenas viven a nivel continental" afirmó Marcelo Pintihueque en entrevista radial con el programa La Tijereta de FM Kalewche.
La actividad de las mineras "compromete el agua de la provincia" pero "tenemos convicción en las visiones filosóficas aborígenes y en el derecho internacional indígena como el Convenio 169 de la OIT" dijo Pintihueque integrante del Lof Comarca Chubut (*). La norma tiene estatus constitucional en Argentina y es la que establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios respecto de la posible utilización de los bienes naturales o espacios territoriales.
"Es un momento muy importante para la lucha que estamos dando" sostuvo por su parte Pablo Palicio, vecino de Trelew. Los vecinos de toda la provincia se movilizan intensamente desde hace meses contra las intenciones del gobierno de Martín Buzzi, que pretende que se sancione un proyecto de ley para habilitar la minería a gran escala.
Entre la diversidad de aspectos que abarca el amparo solicitado, se encuentran la protección de las cuencas de los tres ríos de Chubut (Futaleufú, Chubut y Senguerr) y el incumplimiento por parte de empresas mineras y del estado provincial de la ley de ambiente. La acción persigue -además- la nulidad de las concesiones mineras otorgadas.
Integrantes de pueblos originarios y vecinos estuvieron presentes en la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia de Chubut acompañando la presentación del voluminoso escrito, mientras varios medios escritos y televisivos cubrieron el acontecimiento.
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Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: No a la Mina - Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel
Provincia/Región: Chubut
Hace instantes, un integrante de una comunidad originaria de Chubut presentó una acción de amparo contra la actividad minera a gran escala que se desarrolla en la etapa de prospección y exploración en la provincia. "La megaminería es una de las violaciones que las comunidades indígenas viven a nivel continental" afirmó Marcelo Pintihueque en entrevista radial con el programa La Tijereta de FM Kalewche.
La actividad de las mineras "compromete el agua de la provincia" pero "tenemos convicción en las visiones filosóficas aborígenes y en el derecho internacional indígena como el Convenio 169 de la OIT" dijo Pintihueque integrante del Lof Comarca Chubut (*). La norma tiene estatus constitucional en Argentina y es la que establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios respecto de la posible utilización de los bienes naturales o espacios territoriales.
"Es un momento muy importante para la lucha que estamos dando" sostuvo por su parte Pablo Palicio, vecino de Trelew. Los vecinos de toda la provincia se movilizan intensamente desde hace meses contra las intenciones del gobierno de Martín Buzzi, que pretende que se sancione un proyecto de ley para habilitar la minería a gran escala.
Entre la diversidad de aspectos que abarca el amparo solicitado, se encuentran la protección de las cuencas de los tres ríos de Chubut (Futaleufú, Chubut y Senguerr) y el incumplimiento por parte de empresas mineras y del estado provincial de la ley de ambiente. La acción persigue -además- la nulidad de las concesiones mineras otorgadas.
Integrantes de pueblos originarios y vecinos estuvieron presentes en la mesa de entradas del Superior Tribunal de Justicia de Chubut acompañando la presentación del voluminoso escrito, mientras varios medios escritos y televisivos cubrieron el acontecimiento.
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Entre Ríos regula agrotóxicos desde un solo lado
Presentarán en el Senado un proyecto para regular el uso de agrotóxico
Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, universitarios, especialistas y productores aunaron dos proyectos sobre la regulación de agrotóxicos en la provincia. La iniciativa será presentada a la Cámara de Senadores. Según informó el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel, aspiran a reunirse con los legisladores antes de que termine noviembre. “Estuvo la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se compatibilizaron líneas generales de ideas, ya que la Mesa de Enlace tenía un proyecto, y vimos que había un 99 por ciento de coincidencia con lo que tenían ellos. Ahora homologaremos las dos iniciativas para hacer una propuesta común que llevaremos a los senadores en el corto plazo”, indicó. El referente dijo además que aspiran a conversar con los legisladores “antes de que termine noviembre”. “Los dos proyectos coinciden en el tema de las distancias; en la conformación de una comisión de trabajo; ellos trabajaron mucho el tema municipal, en cómo afrontarlo; también pensaron en llevar adelante una receta online para que sea mucho más fácil; y otras innovaciones que se van a plantear”, destacó en diálogo con APF.
Por último, Bel dijo que coincidieron también en que se debe dotar de recursos al poder de policía, que debe ser el Ministerio de la Producción, y que se cree un fondo con los aportes de quienes registran las máquinas o los propios productores y que luego se vuelque a los controles.
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Fecha de Publicación: 16/11/2012
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, universitarios, especialistas y productores aunaron dos proyectos sobre la regulación de agrotóxicos en la provincia. La iniciativa será presentada a la Cámara de Senadores. Según informó el representante de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel, aspiran a reunirse con los legisladores antes de que termine noviembre. “Estuvo la Bolsa de Cereales, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Se compatibilizaron líneas generales de ideas, ya que la Mesa de Enlace tenía un proyecto, y vimos que había un 99 por ciento de coincidencia con lo que tenían ellos. Ahora homologaremos las dos iniciativas para hacer una propuesta común que llevaremos a los senadores en el corto plazo”, indicó. El referente dijo además que aspiran a conversar con los legisladores “antes de que termine noviembre”. “Los dos proyectos coinciden en el tema de las distancias; en la conformación de una comisión de trabajo; ellos trabajaron mucho el tema municipal, en cómo afrontarlo; también pensaron en llevar adelante una receta online para que sea mucho más fácil; y otras innovaciones que se van a plantear”, destacó en diálogo con APF.
Por último, Bel dijo que coincidieron también en que se debe dotar de recursos al poder de policía, que debe ser el Ministerio de la Producción, y que se cree un fondo con los aportes de quienes registran las máquinas o los propios productores y que luego se vuelque a los controles.
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Primer Parque Nacional por suscripción popular
Argentina quiere crear el primer parque nacional por suscripción popular
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: EFE Verde
Provincia/Región: Nacional
Argentina va a poner a prueba la generosidad de los ciudadanos para crear, por primera vez, un parque nacional por suscripción popular en un área del norte del país.
La iniciativa, impulsada por una ONG y por el gobierno de la provincia del Chaco, pretende financiar el coste de la expropiación de las tierras que integrarán el parque.
El espacio que se pretende proteger consta de 250.000 hectáreas entre las provincias del Chaco y Formosa, aunque sólo el gobierno chaqueño ha comenzado los trámites de expropiación, con la creación de un fondo fiduciario con el que espera recaudar 60 millones de pesos (9,80 millones de euros) para indemnizar a los propietarios.
"La Fidelidad"
El parque estará ubicado en una zona conocida como "El impenetrable", un paisaje boscoso pero con áreas parecidas a la sabana africana donde habitan especies en riesgo de conservación como el tatú carreta, una especie de armadillo gigante sudamericano, o el yaguareté.
La zona protegida corresponde a una estancia llamada "La fidelidad", propiedad de una familia de origen italiano, y es un espacio "crítico por su escala y su biodiversidad", según explicó a Efe Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques, encargada de buscar benefactores desde su sitio en Internet.
La carrera por convertirlo en parque natural comenzó tras la desaparición de los propietarios del terreno, que fueron asesinados a principios de 2011, lo que llevó a una causa judicial por la sucesión, pero también al inicio de la protección medioambiental de la zona por parte del gobierno regional.
En este contexto, el Ministerio de Turismo argentino y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio con la provincia del Chaco para la transformación de "La fidelidad" en parque natural, al menos en su porción chaqueña (150.000 hectáreas), aunque el objetivo es la totalidad de la superficie.
El mecanismo de suscripción popular por el que se pagará a los herederos de la estancia supone una posible solución al gran problema de la conservación en Argentina, donde hay "muchos proyectos" para espacios protegidos, pero el "pico histórico" de los precios de la tierra hacen difícil la adquisición, según Raúl Chiesa, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales argentina.
Cinco antecedentes
"Hay cinco antecedentes en Argentina de donaciones de tierras para parques nacionales; el primero fue el perito Francisco Moreno, que dio lugar al Parque Nacional de Nahuel Huapi en 1903, pero nunca una suscripción pública, donde cualquiera puede participar desde aportes modestos a mayores benefactores", añadió.
De hecho, la Administración de Parques Nacionales ya ha hecho su propia aportación al proyecto, de 4,5 millones de pesos (721.000 euros), para esta zona de "interés global" que, según Chiesa, está "en buen estado" gracias al cuidado de los dueños hasta su fallecimiento.
Para las organizaciones que buscan apoyos económicos para el parque se trata de "algo histórico" que esperan pueda incrementar el interés por la riqueza natural del norte de Argentina, una zona que no ha tenido la atención que sí han recibido otros espacios.
"A diferencia de la Patagonia, el Chaco no ha tenido un grupo de personas con acceso al poder para generar áreas protegidas. No hubo un Perito Moreno del gran Chaco, que con el correr del tiempo fue una zona de expansión agropecuaria y también de extracción forestal", manifestó Ezcurra.
Turismo de aves y animales grandes
Se trata, además, de un proyecto que tendría un gran potencial turístico por el avistamiento de grandes animales o aves, en un espacio que definen como un "Arca de Noé" del ecosistema local y que se podría proteger con las pequeñas aportaciones de quienes se animen a colaborar.
"En el portal de entrada de este parque nacional no va a haber un busto de un prócer ni la placa de un filántropo, sino que van a estar los nombres de un número de personas comunes, de pequeños próceres que dieron lugar al parque natural más grande del norte argentino", dijo Ezcurra.
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Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: EFE Verde
Provincia/Región: Nacional
Argentina va a poner a prueba la generosidad de los ciudadanos para crear, por primera vez, un parque nacional por suscripción popular en un área del norte del país.La iniciativa, impulsada por una ONG y por el gobierno de la provincia del Chaco, pretende financiar el coste de la expropiación de las tierras que integrarán el parque.
El espacio que se pretende proteger consta de 250.000 hectáreas entre las provincias del Chaco y Formosa, aunque sólo el gobierno chaqueño ha comenzado los trámites de expropiación, con la creación de un fondo fiduciario con el que espera recaudar 60 millones de pesos (9,80 millones de euros) para indemnizar a los propietarios.
"La Fidelidad"
El parque estará ubicado en una zona conocida como "El impenetrable", un paisaje boscoso pero con áreas parecidas a la sabana africana donde habitan especies en riesgo de conservación como el tatú carreta, una especie de armadillo gigante sudamericano, o el yaguareté.
La zona protegida corresponde a una estancia llamada "La fidelidad", propiedad de una familia de origen italiano, y es un espacio "crítico por su escala y su biodiversidad", según explicó a Efe Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques, encargada de buscar benefactores desde su sitio en Internet.
La carrera por convertirlo en parque natural comenzó tras la desaparición de los propietarios del terreno, que fueron asesinados a principios de 2011, lo que llevó a una causa judicial por la sucesión, pero también al inicio de la protección medioambiental de la zona por parte del gobierno regional.
En este contexto, el Ministerio de Turismo argentino y la Administración de Parques Nacionales firmaron un convenio con la provincia del Chaco para la transformación de "La fidelidad" en parque natural, al menos en su porción chaqueña (150.000 hectáreas), aunque el objetivo es la totalidad de la superficie.
El mecanismo de suscripción popular por el que se pagará a los herederos de la estancia supone una posible solución al gran problema de la conservación en Argentina, donde hay "muchos proyectos" para espacios protegidos, pero el "pico histórico" de los precios de la tierra hacen difícil la adquisición, según Raúl Chiesa, vocal del directorio de la Administración de Parques Nacionales argentina.
Cinco antecedentes
"Hay cinco antecedentes en Argentina de donaciones de tierras para parques nacionales; el primero fue el perito Francisco Moreno, que dio lugar al Parque Nacional de Nahuel Huapi en 1903, pero nunca una suscripción pública, donde cualquiera puede participar desde aportes modestos a mayores benefactores", añadió.
De hecho, la Administración de Parques Nacionales ya ha hecho su propia aportación al proyecto, de 4,5 millones de pesos (721.000 euros), para esta zona de "interés global" que, según Chiesa, está "en buen estado" gracias al cuidado de los dueños hasta su fallecimiento.
Para las organizaciones que buscan apoyos económicos para el parque se trata de "algo histórico" que esperan pueda incrementar el interés por la riqueza natural del norte de Argentina, una zona que no ha tenido la atención que sí han recibido otros espacios.
"A diferencia de la Patagonia, el Chaco no ha tenido un grupo de personas con acceso al poder para generar áreas protegidas. No hubo un Perito Moreno del gran Chaco, que con el correr del tiempo fue una zona de expansión agropecuaria y también de extracción forestal", manifestó Ezcurra.
Turismo de aves y animales grandes
Se trata, además, de un proyecto que tendría un gran potencial turístico por el avistamiento de grandes animales o aves, en un espacio que definen como un "Arca de Noé" del ecosistema local y que se podría proteger con las pequeñas aportaciones de quienes se animen a colaborar.
"En el portal de entrada de este parque nacional no va a haber un busto de un prócer ni la placa de un filántropo, sino que van a estar los nombres de un número de personas comunes, de pequeños próceres que dieron lugar al parque natural más grande del norte argentino", dijo Ezcurra.
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El Ingenio La Florida será denunciado por Santiago
Santiago ampliará su denuncia por un nuevo vuelco de vinaza del ingenio La Florida
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: El Libral
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Ante un nuevo episodio de contaminación que se produjo en el departamento Jiménez por parte del ingenio La Florida, la provincia ampliará su presentación en la Justicia Federal santiagueña, en contra de los responsables del vuelco. Pero, además, exigirá que se garantice que no haya peligro de nuevos derrames y que para eso se tomen medidas efectivas como la clausura de las plantas industriales que tengan acumulado el desecho, de ser necesario.
Así lo adelantaron calificadas fuentes a EL LIBERAL, las que comentaron que el sábado pasado, pobladores de El Palomar, departamento Jiménez, observaron que a través del canal del Este, llegaba un hilo de vinaza, proveniente del ingenio La Florida, establecido en Tucumán y que es propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro.
Esta situación llegó a oídos de autoridades provinciales cuando ya se había radicado la denuncia por el anterior derrame de la citada planta industrial, semanas atrás.
Es por eso que se hará una ampliación de la presentación que efectuara el fiscal de Estado, Raúl Abate, el pasado miércoles.
Como se recordará, el funcionario pidió que se investigara a los responsables del derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a territorio santiagueño y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal, del departamento Jiménez.
No descartó que se pudiera avanzar contra la responsabilidad que les podría caber a funcionarios de Tucumán.
Además, en diálogo con la prensa, Abate fue tajante al decir que si no había una disposición final de la vinaza, se tenían que clausurar los ingenios que tengan acumulado ese residuo.
“Lo que pretende la provincia es la clausura de estos ingenios que tienen una gran cantidad de vinaza almacenada y que existe el potencial peligro de que esa vinaza sea volcada en forma dolosa o culposa en el mejor de los casos”, advirtió el funcionario provincial que también solicitó al fiscal federal, Pedro Simón, que se admitiera al Estado santiagueño como querellante en esta causa.
La nueva presentación apuntaría a que se clausuren las plantas que no garanticen que no habrá vuelcos de desechos en la cuenca Salí-Dulce y, en particular, que se extremen medidas para que La Florida no produzca más daño al ambiente santiagueño.
Riesgo latente
Es que, según comentaron dichas fuentes, hay preocupación porque a pesar de que finalizó la zafra en Tucumán, habría plantas que tienen melaza almacenada y podrían seguir produciendo bioetanol y con ello, grandes cantidades de vinaza que se sumarían a los miles de millones de litros que tienen acumuladas algunas fábricas. Ello, según el relevamiento que hiciera público el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La vinaza es un subproducto de la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza que se extrae de la caña de azúcar y que arrojado en cursos hídricos, es tóxico porque consume el oxígeno y degrada el ambiente.
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Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: El Libral
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Ante un nuevo episodio de contaminación que se produjo en el departamento Jiménez por parte del ingenio La Florida, la provincia ampliará su presentación en la Justicia Federal santiagueña, en contra de los responsables del vuelco. Pero, además, exigirá que se garantice que no haya peligro de nuevos derrames y que para eso se tomen medidas efectivas como la clausura de las plantas industriales que tengan acumulado el desecho, de ser necesario.Así lo adelantaron calificadas fuentes a EL LIBERAL, las que comentaron que el sábado pasado, pobladores de El Palomar, departamento Jiménez, observaron que a través del canal del Este, llegaba un hilo de vinaza, proveniente del ingenio La Florida, establecido en Tucumán y que es propiedad del empresario Jorge Rocchia Ferro.
Esta situación llegó a oídos de autoridades provinciales cuando ya se había radicado la denuncia por el anterior derrame de la citada planta industrial, semanas atrás.
Es por eso que se hará una ampliación de la presentación que efectuara el fiscal de Estado, Raúl Abate, el pasado miércoles.
Como se recordará, el funcionario pidió que se investigara a los responsables del derrame de más de 80 millones de litros de vinaza pura que llegó a territorio santiagueño y que afectó a las localidades El Palomar y El Arenal, del departamento Jiménez.
No descartó que se pudiera avanzar contra la responsabilidad que les podría caber a funcionarios de Tucumán.
Además, en diálogo con la prensa, Abate fue tajante al decir que si no había una disposición final de la vinaza, se tenían que clausurar los ingenios que tengan acumulado ese residuo.
“Lo que pretende la provincia es la clausura de estos ingenios que tienen una gran cantidad de vinaza almacenada y que existe el potencial peligro de que esa vinaza sea volcada en forma dolosa o culposa en el mejor de los casos”, advirtió el funcionario provincial que también solicitó al fiscal federal, Pedro Simón, que se admitiera al Estado santiagueño como querellante en esta causa.
La nueva presentación apuntaría a que se clausuren las plantas que no garanticen que no habrá vuelcos de desechos en la cuenca Salí-Dulce y, en particular, que se extremen medidas para que La Florida no produzca más daño al ambiente santiagueño.
Riesgo latente
Es que, según comentaron dichas fuentes, hay preocupación porque a pesar de que finalizó la zafra en Tucumán, habría plantas que tienen melaza almacenada y podrían seguir produciendo bioetanol y con ello, grandes cantidades de vinaza que se sumarían a los miles de millones de litros que tienen acumuladas algunas fábricas. Ello, según el relevamiento que hiciera público el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával.
La vinaza es un subproducto de la elaboración de bioetanol o alcohol de la melaza que se extrae de la caña de azúcar y que arrojado en cursos hídricos, es tóxico porque consume el oxígeno y degrada el ambiente.
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Piden informes por contaminación petrolera
Debate por contaminación petrolera
Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ls diputados de la comisión de Energía, acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco.
La muerte de una mujer de Añelo que tenía contaminación con plomo en la sangre generó alerta entre los diputados de la comisión de Energía, quienes acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco. No obstante, no hubo consenso para emitir un despacho y votar el tema en el recinto.
La comisión trató ayer tres proyectos de pedidos de informe de los bloques del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI, todos referidos a una denuncia penal por contaminación en la zona cercana a Añelo, que está en manos de la Corte Suprema. Durante el debate, varios legisladores expresaron su preocupación por el fallecimiento en abril de este año de una de las querellantes, Cristina Cherqui, a quien le habían detectado plomo en la sangre, así como por la pericia judicial que develó presencia de hidrocarburos en el lago Los Barriales.
Compromiso
Ante los planteos de sus pares, el titular de la comisión, Luis Sapag (MPN), asumió el compromiso de pedir información ante el ministerio de Energía sobre la cantidad de pozos y los controles ambientales que hay en la zona, pero se opuso a votar un despacho para habilitar el tratamiento del tema en sesión.
“Que en Neuquén hay contaminación es indudable”, opinó el legislador oficialista y pidió “confianza” para gestionar el informe ante el Ejecutivo.
Su par del bloque del MPN y ex trabajador petrolero, Daniel Andersch, contó que pudo constatar que en Loma La Lata se contaminaron con gasolina las napas freáticas, y “en los '70 y '80 se tiraban productos cancerígenos al subsuelo”. Aclaró que la situación cambió unos años más tarde, “cuando tomamos conciencia sobre los temas ambientales”.
Pasivo
Indicó que el pasivo que dejó Repsol corresponde en gran medida a los derrames de aquella época y no tanto a los últimos años, “aunque también me asombra que se diga que, de mayo para acá, YPF no contamina más”.
José Rioseco (UNE-FPN) afirmó que hay 546 pozos en el área de Mari Menuco y, “desde un punto de vista petrolero, ese lugar está minado”.
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Fecha de Publicación: 15/11/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
Ls diputados de la comisión de Energía, acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco.
La muerte de una mujer de Añelo que tenía contaminación con plomo en la sangre generó alerta entre los diputados de la comisión de Energía, quienes acordaron solicitar informes al Ejecutivo sobre el control a la explotación hidrocarburífera en la zona de los lagos Los Barriales y Mari Menuco. No obstante, no hubo consenso para emitir un despacho y votar el tema en el recinto.
La comisión trató ayer tres proyectos de pedidos de informe de los bloques del Frente Grande-MUN, UNE-FPN y CC-ARI, todos referidos a una denuncia penal por contaminación en la zona cercana a Añelo, que está en manos de la Corte Suprema. Durante el debate, varios legisladores expresaron su preocupación por el fallecimiento en abril de este año de una de las querellantes, Cristina Cherqui, a quien le habían detectado plomo en la sangre, así como por la pericia judicial que develó presencia de hidrocarburos en el lago Los Barriales.
Compromiso
Ante los planteos de sus pares, el titular de la comisión, Luis Sapag (MPN), asumió el compromiso de pedir información ante el ministerio de Energía sobre la cantidad de pozos y los controles ambientales que hay en la zona, pero se opuso a votar un despacho para habilitar el tratamiento del tema en sesión.
“Que en Neuquén hay contaminación es indudable”, opinó el legislador oficialista y pidió “confianza” para gestionar el informe ante el Ejecutivo.
Su par del bloque del MPN y ex trabajador petrolero, Daniel Andersch, contó que pudo constatar que en Loma La Lata se contaminaron con gasolina las napas freáticas, y “en los '70 y '80 se tiraban productos cancerígenos al subsuelo”. Aclaró que la situación cambió unos años más tarde, “cuando tomamos conciencia sobre los temas ambientales”.
Pasivo
Indicó que el pasivo que dejó Repsol corresponde en gran medida a los derrames de aquella época y no tanto a los últimos años, “aunque también me asombra que se diga que, de mayo para acá, YPF no contamina más”.
José Rioseco (UNE-FPN) afirmó que hay 546 pozos en el área de Mari Menuco y, “desde un punto de vista petrolero, ese lugar está minado”.
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La capa de ozono redujo las lluvias en la Patagonia
Advierten que el agujero en la capa de ozono redujo las lluvias en la Patagonia
Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Patagonia
Un grupo de investigación analizó los árboles del sur para determinar si las precipitaciones han disminuido.
El agujero en la capa de ozono causó alteraciones climáticas como el desplazamiento de los vientos del oeste, que hicieron disminuir las lluvias y afectaron el crecimiento de los bosques en la Patagonia.
Un estudio reciente encabezado por Ricardo Villalba, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muestra que el agujero en la capa de ozono habría provocado el desplazamiento de los vientos en el hemisferio sur.
La investigación, publicada en la revista Nature Geosciencie, indica que ese fenómeno a su vez "produjo un cambio en los patrones de lluvias y, en consecuencia, en el crecimiento de los bosques en las regiones afectadas", como muestra el análisis de coihues, cipreses y araucarias del sur de Argentina y Chile.
Investigación. Los científicos analizaron los anillos de más de 3.000 árboles de la Patagonia argentina y chilena, Nueva Zelanda y Tasmania, en Australia, para conocer sus patrones de crecimiento desde el año 1409 hasta la actualidad.
"Los resultados sorprendieron: mientras que los ejemplares de América del Sur mostraron en las últimas cuatro décadas las tasas de crecimiento más bajas durante esos 600 años, los de Oceanía presentaron los valores más altos", señala el informe.
Villalba, investigador principal del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aseguró que esas diferencias "están relacionadas con la variación en la disponibilidad de agua y los cambios de temperatura en cada región".
"Las lluvias abundantes del sector norte de la Patagonia se desplazaron más al sur y por lo tanto llueve menos en el área", expuso el científico.
El agujero en la capa de ozono, indica el estudio, habría influenciado las presiones en las regiones más australes del Hemisferio Sur, lo que hizo desplazar hacia el sur los vientos del oeste, que son los que traen las lluvias.
Las tasas anormales de crecimiento de árboles y la OAHS están fuertemente asociadas: los resultados del trabajo muestran que las variaciones en esta oscilación explican del 12 al 48% de las anomalías del crecimiento en la segunda mitad del siglo XX.
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Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: La Voz del Interior On Line
Provincia/Región: Patagonia
Un grupo de investigación analizó los árboles del sur para determinar si las precipitaciones han disminuido.El agujero en la capa de ozono causó alteraciones climáticas como el desplazamiento de los vientos del oeste, que hicieron disminuir las lluvias y afectaron el crecimiento de los bosques en la Patagonia.
Un estudio reciente encabezado por Ricardo Villalba, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), muestra que el agujero en la capa de ozono habría provocado el desplazamiento de los vientos en el hemisferio sur.
La investigación, publicada en la revista Nature Geosciencie, indica que ese fenómeno a su vez "produjo un cambio en los patrones de lluvias y, en consecuencia, en el crecimiento de los bosques en las regiones afectadas", como muestra el análisis de coihues, cipreses y araucarias del sur de Argentina y Chile.
Investigación. Los científicos analizaron los anillos de más de 3.000 árboles de la Patagonia argentina y chilena, Nueva Zelanda y Tasmania, en Australia, para conocer sus patrones de crecimiento desde el año 1409 hasta la actualidad.
"Los resultados sorprendieron: mientras que los ejemplares de América del Sur mostraron en las últimas cuatro décadas las tasas de crecimiento más bajas durante esos 600 años, los de Oceanía presentaron los valores más altos", señala el informe.
Villalba, investigador principal del Conicet en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aseguró que esas diferencias "están relacionadas con la variación en la disponibilidad de agua y los cambios de temperatura en cada región".
"Las lluvias abundantes del sector norte de la Patagonia se desplazaron más al sur y por lo tanto llueve menos en el área", expuso el científico.
El agujero en la capa de ozono, indica el estudio, habría influenciado las presiones en las regiones más australes del Hemisferio Sur, lo que hizo desplazar hacia el sur los vientos del oeste, que son los que traen las lluvias.
Las tasas anormales de crecimiento de árboles y la OAHS están fuertemente asociadas: los resultados del trabajo muestran que las variaciones en esta oscilación explican del 12 al 48% de las anomalías del crecimiento en la segunda mitad del siglo XX.
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Para la Secretaría de Ambiente mejoró el Riachuelo
Para Mussi, mejoró el agua y el aire del Riachuelo
Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
Informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente.
El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, aseguró hoy que como resultado de los trabajos de limpieza hay "un mejoramiento" en la calidad del aire y el agua en la cuenca Matanza Riachuelo, al dejar inaugurado un laboratorio de análisis toxicológico en el Hospital Alejandro Posadas.
“Hemos detectado que ha mejorado la calidad del aire y el agua, especialmente en los afluentes que llevan agua al Riachuelo. En la medida en que vamos alejando chatarra y reconvirtiendo empresas, va disminuyendo la incidencia de sustancias tóxicas en el organismo de la población", destacó Mussi, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
El funcionario ambiental inauguró hoy un laboratorio de análisis toxicológico clínico en el Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, que estará abocado a la detección de los niveles de plomo, cromo, mercurio, benceno y tolueno en fluidos corporales (sangre, orina y plasma). El laboratorio es el cuarto y último de los cuatro que conforman la Red de Laboratorios de la cuenca, con una inversión total de casi 10 millones de pesos.
"Esperamos poder contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, uniendo el proyecto de laboratorio con lo que ya es el histórico centro nacional de intoxicaciones del hospital para disponer así de una unidad toxicológica muy fuerte", aseguró Lucrecia Raffo, directora ejecutiva del centro asistencial.
El laboratorio, que cuenta con una superficie cubierta de 70 metros cuadrados, está preparado para dar respuesta a los requerimientos del 32% de la población de los 14 partidos que conforman la cuenca, unas 2.560.000 personas.
"El otro día un trabajador de ACUMAR que estaba en el Riachuelo me llamó para decirme: ´hay una tortuga´. Vale decir que apareció nuevamente vida. Todo esto igual va a llevar mucho tiempo porque son 200 años de desidia, de vuelcos sin control", dijo el funcionario.
Mussi informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos (169 en total) y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente. "Otras 285 empresas, en cambio, fueron clausuradas por no haber cumplido con esa exigencia", dijo.
"Es una tarea larga y difícil. Clausurar es muy fácil, pero queremos dar todas las posibilidades para proteger lo más importante que ha recuperado la Argentina en los últimos años, que es el empleo. Por eso tratamos por todos los medios de conseguir que las industrias se reconviertan", aseguró Mussi.
Por su parte, el Director General de Salud de ACUMAR, Fernando Nunes, remarcó el impacto positivo que en la salud de la población tienen otras acciones que forman parte de políticas públicas para el abordaje integral de la problemática, como "la expansión de la red de cloacas y agua potable, la relocalización de villas y asentamientos, y la construcción de viviendas dignas".
Del acto también participó el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el vicepresidente de la ACUMAR, Antonio Magallanes, entre otros funcionarios nacionales y municipales.
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Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Riachuelo
Informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Mussi, aseguró hoy que como resultado de los trabajos de limpieza hay "un mejoramiento" en la calidad del aire y el agua en la cuenca Matanza Riachuelo, al dejar inaugurado un laboratorio de análisis toxicológico en el Hospital Alejandro Posadas.
“Hemos detectado que ha mejorado la calidad del aire y el agua, especialmente en los afluentes que llevan agua al Riachuelo. En la medida en que vamos alejando chatarra y reconvirtiendo empresas, va disminuyendo la incidencia de sustancias tóxicas en el organismo de la población", destacó Mussi, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
El funcionario ambiental inauguró hoy un laboratorio de análisis toxicológico clínico en el Hospital Posadas, de la localidad bonaerense de Haedo, que estará abocado a la detección de los niveles de plomo, cromo, mercurio, benceno y tolueno en fluidos corporales (sangre, orina y plasma). El laboratorio es el cuarto y último de los cuatro que conforman la Red de Laboratorios de la cuenca, con una inversión total de casi 10 millones de pesos.
"Esperamos poder contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, uniendo el proyecto de laboratorio con lo que ya es el histórico centro nacional de intoxicaciones del hospital para disponer así de una unidad toxicológica muy fuerte", aseguró Lucrecia Raffo, directora ejecutiva del centro asistencial.
El laboratorio, que cuenta con una superficie cubierta de 70 metros cuadrados, está preparado para dar respuesta a los requerimientos del 32% de la población de los 14 partidos que conforman la cuenca, unas 2.560.000 personas.
"El otro día un trabajador de ACUMAR que estaba en el Riachuelo me llamó para decirme: ´hay una tortuga´. Vale decir que apareció nuevamente vida. Todo esto igual va a llevar mucho tiempo porque son 200 años de desidia, de vuelcos sin control", dijo el funcionario.
Mussi informó que ya se extrajeron todos los autos y barcos hundidos (169 en total) y se reconvirtieron 192 empresas, que adaptaron sus procesos industriales a modalidades no contaminantes para el medioambiente. "Otras 285 empresas, en cambio, fueron clausuradas por no haber cumplido con esa exigencia", dijo.
"Es una tarea larga y difícil. Clausurar es muy fácil, pero queremos dar todas las posibilidades para proteger lo más importante que ha recuperado la Argentina en los últimos años, que es el empleo. Por eso tratamos por todos los medios de conseguir que las industrias se reconviertan", aseguró Mussi.
Por su parte, el Director General de Salud de ACUMAR, Fernando Nunes, remarcó el impacto positivo que en la salud de la población tienen otras acciones que forman parte de políticas públicas para el abordaje integral de la problemática, como "la expansión de la red de cloacas y agua potable, la relocalización de villas y asentamientos, y la construcción de viviendas dignas".
Del acto también participó el intendente de Morón, Lucas Ghi, y el vicepresidente de la ACUMAR, Antonio Magallanes, entre otros funcionarios nacionales y municipales.
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Buenos Aires: piden cambio en la norma de agrotóxicos
Piden regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Buenos Aires
En la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires se aprobó una iniciativa que solicita modificar la reglamentación para la aplicación de agroquímicos.
La Legislatura bonaerense aprobó un proyecto de la diputada de la CC Marcela Guido, donde se solicita al Poder Ejecutivo se modifique la reglamentación para la aplicación terrestre de agroquímicos con fines comerciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la diputada Guido expresó que “las distancias establecidas para la fumigación terrestre es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, sobre todo a aquellos vecinos que habitan en barrios cercanos a las zonas rurales, y ven día a día cómo la utilización de estos productos se hacen a pocos metros de sus viviendas”.
“Si bien la reglamentación de la ley 10.699 establece una distancia mayor a 2 km de los centros poblados para la aplicación aérea de agroquímicos, no establece las distancias que deben respetarse para las aplicaciones terrestres, generando problemas de contaminación que pueden afectar la salud de quienes viven cerca de las zonas rurales”.
“Se debe destacar que hace más de dos años, el entonces Ministro de Asuntos Agrarios Ariel Franetovich había iniciado una mesa de trabajo junto a distintos organismos implicados en la materia, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de Modificación de la Reglamentación de la Ley de Agroquímicos”, señaló la legisladora. Según las declaraciones realizadas por el ex ministro, “fue el gobernador quien nos ha pedido adecuar el decreto reglamentario que tiene más de 20 años. Estamos cumpliendo con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud, poniendo un fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
“Sin embargo, a la fecha el Decreto no se ha modificado”, concluyó la diputada bonaerense.
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Fecha de Publicación: 14/11/2012
Fuente: El Parlamentario
Provincia/Región: Buenos Aires
En la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires se aprobó una iniciativa que solicita modificar la reglamentación para la aplicación de agroquímicos.
La Legislatura bonaerense aprobó un proyecto de la diputada de la CC Marcela Guido, donde se solicita al Poder Ejecutivo se modifique la reglamentación para la aplicación terrestre de agroquímicos con fines comerciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la diputada Guido expresó que “las distancias establecidas para la fumigación terrestre es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, sobre todo a aquellos vecinos que habitan en barrios cercanos a las zonas rurales, y ven día a día cómo la utilización de estos productos se hacen a pocos metros de sus viviendas”.
“Si bien la reglamentación de la ley 10.699 establece una distancia mayor a 2 km de los centros poblados para la aplicación aérea de agroquímicos, no establece las distancias que deben respetarse para las aplicaciones terrestres, generando problemas de contaminación que pueden afectar la salud de quienes viven cerca de las zonas rurales”.
“Se debe destacar que hace más de dos años, el entonces Ministro de Asuntos Agrarios Ariel Franetovich había iniciado una mesa de trabajo junto a distintos organismos implicados en la materia, con el objetivo de redactar el Anteproyecto de Modificación de la Reglamentación de la Ley de Agroquímicos”, señaló la legisladora. Según las declaraciones realizadas por el ex ministro, “fue el gobernador quien nos ha pedido adecuar el decreto reglamentario que tiene más de 20 años. Estamos cumpliendo con el mandato del gobernador de alcanzar una normativa que pueda conciliar la mayor productividad posible con el cuidado del medio ambiente y la salud, poniendo un fuerte énfasis en el uso racional y responsable de los agroquímicos en el sector agropecuario”.
“Sin embargo, a la fecha el Decreto no se ha modificado”, concluyó la diputada bonaerense.
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Zona de resguardo ambiental impulsado por un privado
Un privado creó su propia zona de resguardo ambiental
Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Contra sus intereses económicos y en favor de la salud de los vecinos, el establecimiento rural Silenka anunció que dejará de fumigar en unas 200 hectáreas contiguas a la localidad. La ONG destacó el gesto y pidió a los ediles de Tornquist que avancen en la regulación del uso de agroquímicos.
En un hecho que no tiene antecedentes en la región, un establecimiento agropecuario lindante con el ejido urbano de esta localidad anunció que creará su propia zona de resguardo ambiental, dentro de la cual no aplicará agroquímicos que puedan contaminar a la población.
La decisión fue tomada por los propietarios del establecimiento agropecuario Silenka, y comunicada en forma oficial por el encargado del emprendimiento, Juan Marín, a la ONG Ambiente Comarca, entidad que desde hace aproximadamente un año viene promoviendo que el Concejo Deliberante de Tornquist regule la fumigación en el distrito.
El área libre de agroquímicos es una franja de terreno de unos 500 metros de ancho y aproximadamente 4 kilómetros de largo; es decir, unas 200 hectáreas de superficie, íntegramente ubicadas dentro de los límites de la estancia Silenka.
"Esta decisión de la empresa nos puso muy contentos --reconoció ayer Gabriel Molinero, referente de la ONG Ambiente Comarca--. Fundamentalmente, porque se trata de un privado creando una zona de resguardo ambiental, algo que, según algunos ediles de Tornquist, no es necesario".
"Esto sienta un precedente muy importante, sobre todo para quienes hace un año que venimos pidiéndole a los concejales de Tornquist que regulen la fumigación con agroquímicos. Si un privado, en contra de sus intereses económicos y comerciales, toma este tipo de decisión en favor de las personas y el medio ambiente, ¿por qué no pueden hacer lo mismo quienes votamos para que nos gobiernen?", añadió.
Molinero indicó que el contacto con el administrador del establecimiento rural, Juan Marín, surgió luego de una conferencia que brindó en Sierra de la Ventana la abogada Graciela Gómez, especialista en leyes que regulan el uso de agroquímicos.
"Un día después de esa charla, (Marín) llamó a Hugo Kloster, el presidente de nuestra ONG, y nos invitó al campo. Allí nos anunció que el establecimiento Silenka había delimitado una zona de resguardo ambiental en la cual se dejará de hacer agricultura con agroquímicos y empezará a hacer pasturas", recordó.
"También hicimos algunas sugerencias en cuanto al protocolo de aplicación de agroquímicos fuera de esa área, y se comprometieron a seguir nuestras indicaciones. Realmente, fue algo muy positivo, tomando en cuenta que los vientos predominantes de esta zona vienen desde el noroeste, donde se encuentra el campo en relación con Sierra de la Ventana", añadió.
Molinero dijo que la novedad fue comunicada a los ediles mediante correos electrónicos.
ONG Ambiente Comarca emitió ayer un comunicado en el que resaltó que "esta decisión privada aporta un antecedente importante para el cuidado de la salud de las personas y la calidad del medio ambiente".
En el documento se manifestó el deseo de que la medida "sea imitada por otros establecimientos y/o productores rurales, y sirva de referencia a nuestro Concejo Deliberante para la elaboración definitiva de la ordenanza regulatoria del uso de agroquímicos".
El debate sobre la fumigación con agroquímicos se inició en Tornquist hace más de un año, a raíz de un incidente provocado por una persona que precisamente arrendaba y fumigaba tierras del establecimiento Silenka. En esa oportunidad, vecinos de los barrios San Bernardo y El Mirador sufrieron severas molestias respiratorias.
Ello provocó la intervención del Concejo Deliberante, con la finalidad de regular la aplicación de agroquímicos. En ese marco, surgió una fuerte polémica sobre la distancia mínima que debe existir entre las zonas pobladas y aquellas en que se puede fumigar, la cual aún no ha podido ser resuelta.
De un lado se encuentran quienes, como la ONG Ambiente Comarca, creen que esa distancia no debe ser inferior a 1.000 metros; del otro lado se encuentran los aplicadores, quienes sostienen que la única forma de resguardar a la población es controlar a los malos fumigadores.
Una 200 hectáreas
El área definida como zona de seguridad ambiental por la estancia Silenka --donde no se realizará agricultura con fumigación de agroquímicos-- es una franja de tierras de medio kilómetro de ancho, que va desde el dique del arroyo San Bernardo, recorre el límite del ejido urbano de Sierra de la Ventana en forma paralela al Camino de las Carretas, sigue por la ruta 76 y finalmente llega hasta el camino rural conocido como Del Puente Blanco, que conduce a Coronel Pringles.
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Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Nueva Provincia
Provincia/Región: Buenos Aires
Contra sus intereses económicos y en favor de la salud de los vecinos, el establecimiento rural Silenka anunció que dejará de fumigar en unas 200 hectáreas contiguas a la localidad. La ONG destacó el gesto y pidió a los ediles de Tornquist que avancen en la regulación del uso de agroquímicos.
En un hecho que no tiene antecedentes en la región, un establecimiento agropecuario lindante con el ejido urbano de esta localidad anunció que creará su propia zona de resguardo ambiental, dentro de la cual no aplicará agroquímicos que puedan contaminar a la población.
La decisión fue tomada por los propietarios del establecimiento agropecuario Silenka, y comunicada en forma oficial por el encargado del emprendimiento, Juan Marín, a la ONG Ambiente Comarca, entidad que desde hace aproximadamente un año viene promoviendo que el Concejo Deliberante de Tornquist regule la fumigación en el distrito.
El área libre de agroquímicos es una franja de terreno de unos 500 metros de ancho y aproximadamente 4 kilómetros de largo; es decir, unas 200 hectáreas de superficie, íntegramente ubicadas dentro de los límites de la estancia Silenka.
"Esta decisión de la empresa nos puso muy contentos --reconoció ayer Gabriel Molinero, referente de la ONG Ambiente Comarca--. Fundamentalmente, porque se trata de un privado creando una zona de resguardo ambiental, algo que, según algunos ediles de Tornquist, no es necesario".
"Esto sienta un precedente muy importante, sobre todo para quienes hace un año que venimos pidiéndole a los concejales de Tornquist que regulen la fumigación con agroquímicos. Si un privado, en contra de sus intereses económicos y comerciales, toma este tipo de decisión en favor de las personas y el medio ambiente, ¿por qué no pueden hacer lo mismo quienes votamos para que nos gobiernen?", añadió.
Molinero indicó que el contacto con el administrador del establecimiento rural, Juan Marín, surgió luego de una conferencia que brindó en Sierra de la Ventana la abogada Graciela Gómez, especialista en leyes que regulan el uso de agroquímicos.
"Un día después de esa charla, (Marín) llamó a Hugo Kloster, el presidente de nuestra ONG, y nos invitó al campo. Allí nos anunció que el establecimiento Silenka había delimitado una zona de resguardo ambiental en la cual se dejará de hacer agricultura con agroquímicos y empezará a hacer pasturas", recordó.
"También hicimos algunas sugerencias en cuanto al protocolo de aplicación de agroquímicos fuera de esa área, y se comprometieron a seguir nuestras indicaciones. Realmente, fue algo muy positivo, tomando en cuenta que los vientos predominantes de esta zona vienen desde el noroeste, donde se encuentra el campo en relación con Sierra de la Ventana", añadió.
Molinero dijo que la novedad fue comunicada a los ediles mediante correos electrónicos.
ONG Ambiente Comarca emitió ayer un comunicado en el que resaltó que "esta decisión privada aporta un antecedente importante para el cuidado de la salud de las personas y la calidad del medio ambiente".
En el documento se manifestó el deseo de que la medida "sea imitada por otros establecimientos y/o productores rurales, y sirva de referencia a nuestro Concejo Deliberante para la elaboración definitiva de la ordenanza regulatoria del uso de agroquímicos".
El debate sobre la fumigación con agroquímicos se inició en Tornquist hace más de un año, a raíz de un incidente provocado por una persona que precisamente arrendaba y fumigaba tierras del establecimiento Silenka. En esa oportunidad, vecinos de los barrios San Bernardo y El Mirador sufrieron severas molestias respiratorias.
Ello provocó la intervención del Concejo Deliberante, con la finalidad de regular la aplicación de agroquímicos. En ese marco, surgió una fuerte polémica sobre la distancia mínima que debe existir entre las zonas pobladas y aquellas en que se puede fumigar, la cual aún no ha podido ser resuelta.
De un lado se encuentran quienes, como la ONG Ambiente Comarca, creen que esa distancia no debe ser inferior a 1.000 metros; del otro lado se encuentran los aplicadores, quienes sostienen que la única forma de resguardar a la población es controlar a los malos fumigadores.
Una 200 hectáreas
El área definida como zona de seguridad ambiental por la estancia Silenka --donde no se realizará agricultura con fumigación de agroquímicos-- es una franja de tierras de medio kilómetro de ancho, que va desde el dique del arroyo San Bernardo, recorre el límite del ejido urbano de Sierra de la Ventana en forma paralela al Camino de las Carretas, sigue por la ruta 76 y finalmente llega hasta el camino rural conocido como Del Puente Blanco, que conduce a Coronel Pringles.
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Lo que se pierde por no reciclar los celulares
'Por no reciclar celulares se perdieron US$ 15 millones'
Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Sólo en 2011 se descartaron 10 millones de teléfonos en el país.
En el país se producen cada año unas 120 mil toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), según Greenpeace. La ONG advierte que buena parte de esa inmensa cantidad de desechos generan contaminación y riesgos para la salud, por lo que su tratamiento requiere una regulación especial , como la tienen otros residuos peligrosos.
En la denominación RAEE se incluyen pilas y baterías (sólo en 2011 se habrían tirado a la basura 400 millones de ellas), cámaras fotográficas, celulares (se descartaron más de 10 millones sólo el año pasado), equipos de aire acondicionado, computadoras (más de un millón fueron a los residuos en 2011), televisores (que se descartan a gran escala por estar siendo reemplazados por los ultradelgados), heladeras y hasta lámparas de bajo consumo.
En la visión de Greenpeace, el problema causado por la generación de muy altos volúmenes de basura electrónica empeorará porque las nuevas tecnologías aceleran el descarte de equipos electrónicos . “La vida útil de un celular se estima hoy en unos 18 meses, la de una notebook en unos cinco años, y muchos otros equipos también tienen una vida útil muy breve , lo que provoca una producción vertiginosa de basura electrónica”, le dijo a Clarín Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Con una ley que obligue a los fabricantes de artículos eléctricos y electrónicos a asumir la gestión de sus productos después de finalizada su vida útil se busca, también, que los diseños se modifiquen y apunten al uso de materiales menos agresivos para el medio ambiente .
“En la Argentina, como el fabricante no paga los costos de la contaminación de sus productos, le da lo mismo hacer un producto más ‘ambiental’ que otro que tenga una gran cantidad de sustancias tóxicas; pero al tener que contemplar en sus costos los de la contaminación, seguramente los fabricantes modificarán los diseños”, explicó Bilbao.
Otro argumento a favor de reciclar la basura electrónica es que de los equipos descartados se pueden rescatar metales y otros materiales muy valiosos .
“Según nuestros cálculos, en los 10 millones de celulares que se descartaron en 2011 se fueron a la basura 15 millones de dólares sólo en oro, plata y cobre, que son recursos finitos que no se obtienen de la naturaleza sin impacto ambiental”, señala Bilbao. Y agrega que más del 95 por ciento de cada teléfono celular puede ser reciclado o recuperado.
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Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Sólo en 2011 se descartaron 10 millones de teléfonos en el país.En el país se producen cada año unas 120 mil toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), según Greenpeace. La ONG advierte que buena parte de esa inmensa cantidad de desechos generan contaminación y riesgos para la salud, por lo que su tratamiento requiere una regulación especial , como la tienen otros residuos peligrosos.
En la denominación RAEE se incluyen pilas y baterías (sólo en 2011 se habrían tirado a la basura 400 millones de ellas), cámaras fotográficas, celulares (se descartaron más de 10 millones sólo el año pasado), equipos de aire acondicionado, computadoras (más de un millón fueron a los residuos en 2011), televisores (que se descartan a gran escala por estar siendo reemplazados por los ultradelgados), heladeras y hasta lámparas de bajo consumo.
En la visión de Greenpeace, el problema causado por la generación de muy altos volúmenes de basura electrónica empeorará porque las nuevas tecnologías aceleran el descarte de equipos electrónicos . “La vida útil de un celular se estima hoy en unos 18 meses, la de una notebook en unos cinco años, y muchos otros equipos también tienen una vida útil muy breve , lo que provoca una producción vertiginosa de basura electrónica”, le dijo a Clarín Consuelo Bilbao, coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
Con una ley que obligue a los fabricantes de artículos eléctricos y electrónicos a asumir la gestión de sus productos después de finalizada su vida útil se busca, también, que los diseños se modifiquen y apunten al uso de materiales menos agresivos para el medio ambiente .
“En la Argentina, como el fabricante no paga los costos de la contaminación de sus productos, le da lo mismo hacer un producto más ‘ambiental’ que otro que tenga una gran cantidad de sustancias tóxicas; pero al tener que contemplar en sus costos los de la contaminación, seguramente los fabricantes modificarán los diseños”, explicó Bilbao.
Otro argumento a favor de reciclar la basura electrónica es que de los equipos descartados se pueden rescatar metales y otros materiales muy valiosos .
“Según nuestros cálculos, en los 10 millones de celulares que se descartaron en 2011 se fueron a la basura 15 millones de dólares sólo en oro, plata y cobre, que son recursos finitos que no se obtienen de la naturaleza sin impacto ambiental”, señala Bilbao. Y agrega que más del 95 por ciento de cada teléfono celular puede ser reciclado o recuperado.
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El TLA falló a favor de La Pampa por el caso Atuel
Atuel: el fallo 'es un paso adelante', dijo el secretario Lastiri
Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
"Me pone muy contento, creo que es un paso adelante para la causa pampeana", dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, con respecto al fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, dado a conocer el viernes, que reconoce el incumplimiento sistemático de Mendoza de las decisiones judiciales y tratados vinculados con la interprovincialidad del río Atuel.
Al momento de ser entrevistado por LA ARENA, ayer a primera hora de la mañana, el secretario Lastiri no había leído la totalidad de la fundamentación del fallo, pero en términos generales destacó que el organismo continental haya especificado que nuestra provincia debe contar con un caudal mínimo y la necesidad de crear una organización o comité de cuenca. "Es cierto que el fallo no es vinculante, pero lo trascendente es que tendrá repercusión a nivel nacional, como ya la tiene en los medios porteños, donde se resalta la justicia de lo que nuestra provincia viene reclamando desde hace tantos años".
"El Tribunal ratificó que los reclamos de La Pampa son legítimos, que se está cometiendo una injusticia. Y la calidad del Tribunal no deja lugar a dudas sobre una supuesta parcialidad".
¿Esta decisión del Tribunal hará cambiar la postura del gobierno pampeano? Lastiri aludió al costado político, de la negociación interprovincial con la Nación como mediadora: "El fallo favorable a La Pampa también será leído por el gobierno nacional, haciéndose evidente que no se trata de un capricho de los pampeanos, porque se ratifica la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y el convenio firmado (por los gobernadores pampeano y mendocino) en 2008 (con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
"Para ser claros y contundentes, lo que el Tribunal Latinoamericano del Agua dijo, es que Mendoza ha incumplido permanentemente. Esto es muy positivo para la postura pampeana", agregó Lastiri, en alusión a la definción de la Sexta Audiencia Pública del Tribunal sobre el reclamo presentado por la Fundación Chadileuvú contra Mendoza y el gobierno nacional por los perjuicios ocasionados a La Pampa por el corte del río Atuel..
Anteayer, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se expidió contundentemente a favor de La Pampa el jurado conformado por los juristas Philippe Texier (francés) y Alexandre Camanho de Assis (brasileño), el muralista mexicano Ariosto Otero, la secretaria académica de la Facultad sede del tribunal Silvia Nonna, y Giselle Boza Solano (costarricense).
El fallo reconoce "el estado de inobservancia en normas y en principios ambientales vigentes, así como el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y convenciones relacionadas a la problemática (del Atuel) por la provincia de Mendoza y el Estado nacional argentino".
Apenas se conoció la sentencia, el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, quien junto al diputado Martín Berhongaray y Wálter Cazenave, sustentó la demanda pampeana, dijo del fallo: "Se hizo justicia, el tribunal nos dio totalmente la razón. Fue un fallo muy bien fundado".
"Ahora pueden iniciar una demanda".
El diario mendocino Los Andes fue el único medio -por lo menos hasta ayer- de esa provincia que se hizo eco del fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua. Uno de los datos que destacó es que para el titular de este organismo es llamativo que el gobierno pampeano no tenga una conducta más activa en este conflicto y que La Pampa está ahora en una mejor posición para buscar un resarcimiento económico.
Bajo el título "Fallo: piden a Mendoza derivar aguas a La Pampa", el diario informó en su edición escrita y en la página web que "El Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó en Buenos Aires, se expidió ayer a favor de la provincia vecina en cuanto a su tradicional reclamo"
Escrito por el corresponsal en Buenos Aires e ilustrado con una imagen de los integrantes del jurado, el artículo señala que el veredicto sintonizó las expectativas previas de que sería desfavorable para la provincia mendocina y también para el gobierno nacional.
"La sentencia del TLA -dice la crónica de Los Andes- no es vinculante para ninguno de los tres Estados intervinientes en este largo diferendo, pero dicho tribunal emite sanciones de carácter "moral" y recomendaciones tendientes a solucionar las controversias entre Estados". En ese sentido, acotó, "La Pampa está ahora en condiciones de llevar los argumentos del jurado internacional a la Corte Suprema de Justicia argentina para iniciar una nueva demanda contra Mendoza y la Nación, en busca de un resarcimiento económico".
La vía resarcitoria "no ha sido tomada aún por el gobierno pampeano que encabeza Oscar Mario Jorge, un gobernador que responde a la Casa Rosada", según Los Andes. "Sin embargo, fuerzas vivas de esa provincia y la oposición le exigen que avance en contra de Mendoza y utilice el fallo del TLA que se conoció ayer (por el viernes)". Las fuerzas vivas son, principalmente, la Fundación Chadileuvú y otras ONGs, que fueron las que llevaron el tema ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Derecho.
"En concreto, el TLA resolvió reconocer que tanto el Estado mendocino como el nacional no han observado ni cumplido una serie de normas internacionales y nacionales que garantizan el acceso al agua como un derecho humano esencial y exhortó a ambas partes -Mendoza y Nación- a cumplir el fallo de la Corte Suprema de 1987 y los tratados firmados con La Pampa en 1989, 1992 y 2008", detalló Los Andes. "Este último, firmado por Celso Jaque, compromete a Mendoza a enviar a la provincia vecina una correntía de agua mínima y permanente, lo que es rechazado por los regantes del Sur mendocino y la oposición local".
Otros datos que destacó el periódico es que el fallo advierte que si el conflicto se prolonga "se estará denegando el derecho humano de acceso al agua a las poblaciones pampeanas", recomienda la creación de una comisión "técnica e imparcial" integrada por mendocinos y pampeanos que defina cuánta es la cantidad de agua mínima que debería llegar a La Pampa, sugiere la conformación de un Comité de Cuenca "provisorio".
Sorpresa.
La crónica relata que el presidente del TLA, el abogado Javier Bogantes, "se mostró sorprendido -antes de que el Jurado leyera el fallo- de que el gobierno de La Pampa no tenga una conducta más activa en el conflicto con Mendoza y haya tenido que ser una ONG la que acudió a esta instancia internacional".
Relacionada.
El diario incluyó una nota relacionada, "El jurado y los fundamentos", en la que brindó algunos detalles técnicos del tema, como el nombre y funciones de los integrantes del jurado, y un comentario de que el TLA es "una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos". Detalló que para la formulación de este fallo, el TLA basó su veredicto en "el reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua, en la Constitución Argentina, en la Ley General del Ambiente, en el Régimen de Gestión Ambiental de Agua y en el veredicto de la V Audiencia TLA, entre otros".
También en Página/12.
El diario porteño Página/12 dedicó una página completa al veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua. Si bien la mayor parte del texto se refiere al caso del río Atuel, la crónica también menciona los fallos sobre la demanda contra el Ceamse de los vecinos de González Catán y por el proyecto minero de Pascua Lama.
Bajo el título "Un Tribunal del Agua para un cauce seco", la crónica lleva la firma de la periodista Rocío Magnani, una joven que en agosto del año pasado recorrió el cauce del río Atuel en oportunidad de la visita del presidente Javier Bogantes. Su crónica destaca el pedido del TLA de que se establezca un caudal mínimo permanente para nuestra provincia.
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Fecha de Publicación: 13/11/2012
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
"Me pone muy contento, creo que es un paso adelante para la causa pampeana", dijo el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, con respecto al fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, dado a conocer el viernes, que reconoce el incumplimiento sistemático de Mendoza de las decisiones judiciales y tratados vinculados con la interprovincialidad del río Atuel.
Al momento de ser entrevistado por LA ARENA, ayer a primera hora de la mañana, el secretario Lastiri no había leído la totalidad de la fundamentación del fallo, pero en términos generales destacó que el organismo continental haya especificado que nuestra provincia debe contar con un caudal mínimo y la necesidad de crear una organización o comité de cuenca. "Es cierto que el fallo no es vinculante, pero lo trascendente es que tendrá repercusión a nivel nacional, como ya la tiene en los medios porteños, donde se resalta la justicia de lo que nuestra provincia viene reclamando desde hace tantos años".
"El Tribunal ratificó que los reclamos de La Pampa son legítimos, que se está cometiendo una injusticia. Y la calidad del Tribunal no deja lugar a dudas sobre una supuesta parcialidad".
¿Esta decisión del Tribunal hará cambiar la postura del gobierno pampeano? Lastiri aludió al costado político, de la negociación interprovincial con la Nación como mediadora: "El fallo favorable a La Pampa también será leído por el gobierno nacional, haciéndose evidente que no se trata de un capricho de los pampeanos, porque se ratifica la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia y el convenio firmado (por los gobernadores pampeano y mendocino) en 2008 (con el aval de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner).
"Para ser claros y contundentes, lo que el Tribunal Latinoamericano del Agua dijo, es que Mendoza ha incumplido permanentemente. Esto es muy positivo para la postura pampeana", agregó Lastiri, en alusión a la definción de la Sexta Audiencia Pública del Tribunal sobre el reclamo presentado por la Fundación Chadileuvú contra Mendoza y el gobierno nacional por los perjuicios ocasionados a La Pampa por el corte del río Atuel..
Anteayer, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se expidió contundentemente a favor de La Pampa el jurado conformado por los juristas Philippe Texier (francés) y Alexandre Camanho de Assis (brasileño), el muralista mexicano Ariosto Otero, la secretaria académica de la Facultad sede del tribunal Silvia Nonna, y Giselle Boza Solano (costarricense).
El fallo reconoce "el estado de inobservancia en normas y en principios ambientales vigentes, así como el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y convenciones relacionadas a la problemática (del Atuel) por la provincia de Mendoza y el Estado nacional argentino".
Apenas se conoció la sentencia, el presidente de la Fuchad, Héctor Gómez, quien junto al diputado Martín Berhongaray y Wálter Cazenave, sustentó la demanda pampeana, dijo del fallo: "Se hizo justicia, el tribunal nos dio totalmente la razón. Fue un fallo muy bien fundado".
"Ahora pueden iniciar una demanda".
El diario mendocino Los Andes fue el único medio -por lo menos hasta ayer- de esa provincia que se hizo eco del fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua. Uno de los datos que destacó es que para el titular de este organismo es llamativo que el gobierno pampeano no tenga una conducta más activa en este conflicto y que La Pampa está ahora en una mejor posición para buscar un resarcimiento económico.
Bajo el título "Fallo: piden a Mendoza derivar aguas a La Pampa", el diario informó en su edición escrita y en la página web que "El Tribunal Latinoamericano del Agua, que sesionó en Buenos Aires, se expidió ayer a favor de la provincia vecina en cuanto a su tradicional reclamo"
Escrito por el corresponsal en Buenos Aires e ilustrado con una imagen de los integrantes del jurado, el artículo señala que el veredicto sintonizó las expectativas previas de que sería desfavorable para la provincia mendocina y también para el gobierno nacional.
"La sentencia del TLA -dice la crónica de Los Andes- no es vinculante para ninguno de los tres Estados intervinientes en este largo diferendo, pero dicho tribunal emite sanciones de carácter "moral" y recomendaciones tendientes a solucionar las controversias entre Estados". En ese sentido, acotó, "La Pampa está ahora en condiciones de llevar los argumentos del jurado internacional a la Corte Suprema de Justicia argentina para iniciar una nueva demanda contra Mendoza y la Nación, en busca de un resarcimiento económico".
La vía resarcitoria "no ha sido tomada aún por el gobierno pampeano que encabeza Oscar Mario Jorge, un gobernador que responde a la Casa Rosada", según Los Andes. "Sin embargo, fuerzas vivas de esa provincia y la oposición le exigen que avance en contra de Mendoza y utilice el fallo del TLA que se conoció ayer (por el viernes)". Las fuerzas vivas son, principalmente, la Fundación Chadileuvú y otras ONGs, que fueron las que llevaron el tema ante el Tribunal Latinoamericano del Agua.
Derecho.
"En concreto, el TLA resolvió reconocer que tanto el Estado mendocino como el nacional no han observado ni cumplido una serie de normas internacionales y nacionales que garantizan el acceso al agua como un derecho humano esencial y exhortó a ambas partes -Mendoza y Nación- a cumplir el fallo de la Corte Suprema de 1987 y los tratados firmados con La Pampa en 1989, 1992 y 2008", detalló Los Andes. "Este último, firmado por Celso Jaque, compromete a Mendoza a enviar a la provincia vecina una correntía de agua mínima y permanente, lo que es rechazado por los regantes del Sur mendocino y la oposición local".
Otros datos que destacó el periódico es que el fallo advierte que si el conflicto se prolonga "se estará denegando el derecho humano de acceso al agua a las poblaciones pampeanas", recomienda la creación de una comisión "técnica e imparcial" integrada por mendocinos y pampeanos que defina cuánta es la cantidad de agua mínima que debería llegar a La Pampa, sugiere la conformación de un Comité de Cuenca "provisorio".
Sorpresa.
La crónica relata que el presidente del TLA, el abogado Javier Bogantes, "se mostró sorprendido -antes de que el Jurado leyera el fallo- de que el gobierno de La Pampa no tenga una conducta más activa en el conflicto con Mendoza y haya tenido que ser una ONG la que acudió a esta instancia internacional".
Relacionada.
El diario incluyó una nota relacionada, "El jurado y los fundamentos", en la que brindó algunos detalles técnicos del tema, como el nombre y funciones de los integrantes del jurado, y un comentario de que el TLA es "una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos". Detalló que para la formulación de este fallo, el TLA basó su veredicto en "el reconocimiento universal del Derecho Humano al Agua, en la Constitución Argentina, en la Ley General del Ambiente, en el Régimen de Gestión Ambiental de Agua y en el veredicto de la V Audiencia TLA, entre otros".
También en Página/12.
El diario porteño Página/12 dedicó una página completa al veredicto del Tribunal Latinoamericano del Agua. Si bien la mayor parte del texto se refiere al caso del río Atuel, la crónica también menciona los fallos sobre la demanda contra el Ceamse de los vecinos de González Catán y por el proyecto minero de Pascua Lama.
Bajo el título "Un Tribunal del Agua para un cauce seco", la crónica lleva la firma de la periodista Rocío Magnani, una joven que en agosto del año pasado recorrió el cauce del río Atuel en oportunidad de la visita del presidente Javier Bogantes. Su crónica destaca el pedido del TLA de que se establezca un caudal mínimo permanente para nuestra provincia.
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Campesinos e indígenas desplazados por los desmontes
Desmonte en zonas prohibidas
Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
El organismo presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.
El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.
Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.
La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.
La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.
El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.
Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.
De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.
La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.
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Fecha de Publicación: 12/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Salta
El organismo presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.El corrimiento de la frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en 2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas. La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta al gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.
Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en 2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en 2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.
La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.
La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores: rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas están ubicadas en zonas rojas y amarillas.
El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.
Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que desarrollan las comunidades.
De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que protege a los sectores más vulnerables del campo”.
La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17 comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos. “Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran, voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”, advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.
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