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Neuquén: Juicio a mapuches por defenderse
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Juicio a mapuches acusados de agresiones en defensa de tierras originarias
Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Embargarían petroleras que operan en Malvinas
Aguardan exhortos diplomáticos para embargar bienes de petroleras que operan en Malvinas
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó ayer el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. La jueza Lilian Herraez dictó en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156,4 millones de dólares, y el secuestro de barcos y plataformas petroleras. Ahora se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Investigan a 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
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Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: El Diario del Fin del Mundo
Provincia/Región: Nacional
Así lo informó ayer el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport. La jueza Lilian Herraez dictó en junio una serie de medidas cautelares, entre ellas embargos por 156,4 millones de dólares, y el secuestro de barcos y plataformas petroleras. Ahora se espera que la Cancillería tramite los exhortos para poder cumplimentar la orden judicial. Investigan a 5 empresas en forma directa y 4 de manera indirecta que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera sin autorización argentina.El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
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Jornada de gestión federal del recurso hídrico
Se realizará en Viedma una jornada de gestión federal del recurso hídrico
Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El viernes se llevará a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro, en esta ciudad, la “I° Jornada de Gestión Federal del Recurso Hídrico: el caso particular del COIRCO”, organizado por la carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la UNRN y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
El eje temático sobre el que se asienta la propuesta constituye un aspecto que, si bien resulta ser de interés nacional, avanza sobre una cuestión que vincula a cinco provincias de nuestro país: Neuquén, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
La Cuenca interprovincial del Río Colorado, tiene como principales usos el aprovechamiento agricolaganadero y uso humano, sin dejar de soslayar su impacto en lo atinente a energía y explotación de hidrocarburos y minería. De ahí que su estudio permita la realización de un análisis interdisciplinario, ponderándolo con el medio con el que interacciona.
En la fundamentación de la propuesta académica, los organizadores sostienen que “el análisis del recurso hídrico, encausado conforme a un principio dinámico, integral, solidario y federal, plantea desafíos a nivel normativo y técnico. El abordaje de un modo holístico, en el cual cada una de las ciencias y ramas del saber efectúen sus aportes y elaboren propuestas, permitirá alcanzar resultados integradores y abarcativos”.
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Fecha de Publicación: 01/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Nacional
El viernes se llevará a cabo en el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro, en esta ciudad, la “I° Jornada de Gestión Federal del Recurso Hídrico: el caso particular del COIRCO”, organizado por la carrera de Licenciatura en Ciencias del Ambiente de la UNRN y el Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados y Procuradores del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
El eje temático sobre el que se asienta la propuesta constituye un aspecto que, si bien resulta ser de interés nacional, avanza sobre una cuestión que vincula a cinco provincias de nuestro país: Neuquén, Rio Negro, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires.
La Cuenca interprovincial del Río Colorado, tiene como principales usos el aprovechamiento agricolaganadero y uso humano, sin dejar de soslayar su impacto en lo atinente a energía y explotación de hidrocarburos y minería. De ahí que su estudio permita la realización de un análisis interdisciplinario, ponderándolo con el medio con el que interacciona.
En la fundamentación de la propuesta académica, los organizadores sostienen que “el análisis del recurso hídrico, encausado conforme a un principio dinámico, integral, solidario y federal, plantea desafíos a nivel normativo y técnico. El abordaje de un modo holístico, en el cual cada una de las ciencias y ramas del saber efectúen sus aportes y elaboren propuestas, permitirá alcanzar resultados integradores y abarcativos”.
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Aprueban ley que incentiva la investigación marítima
La ley del mar
Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Provincia/Región: Nacional
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar.
Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes.
Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
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Fecha de Publicación: 22/08/2015
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA
Provincia/Región: Nacional
Por unanimidad, el Senado aprobó la ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, tiene por objetivo fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur a partir de la generación de conocimientos y del manejo de sus recursos naturales. En una entrevista exclusiva, Lino Barañao, explica los alcances de esta novedosa legislación.
Una rápida mirada al nuevo mapa oficial de la República Argentina permite tomar conciencia de un hecho, que siempre fue así, pero que no por eso resultaba evidente: la enorme importancia que tienen los espacios no continentales y el Mar Argentino en relación con el territorio nacional.
Casi 5 mil kilómetros de costas marinas y una de las plataformas continentales más extensas del mundo que fueron casi ninguneadas a lo largo del desarrollo histórico nacional, seguramente eclipsadas por el esplendor de la pampa húmeda y los intereses de sus dueños.
Esa persistente deuda histórica comenzó a ser saldada en los últimos años con el lanzamiento de Pampa Azul una iniciativa estratégica de investigación científica en el Mar Argentino, coordinada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), de la que participan otros ministerios y numerosos organismos nacionales. El programa agrupa un conjunto de actividades de exploración y conservación; de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados al mar y de divulgación científica.
Este verdadero cambio de paradigma se vino a confirmar con la reciente sanción de la flamante ley que crea el Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). La norma, que fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tiene por objetivo fortalecer la presencia del país en el Mar Argentino a través de una serie de acciones entre las cuales se enumeran: profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de los recursos naturales; promover innovaciones tecnológicas aplicables a la explotación sustentable de los recursos naturales y al desarrollo de las industrias vinculadas al mar y fortalecer la conciencia marítima de la sociedad argentina y respaldar con información científica la presencia de nuestro país en el Atlántico Sur, entre muchas otras.
Pero además, para asegurarse de que todo esto no se quede en una simple enumeración de buenas intenciones, la iniciativa dispone la creación de un fondo que no podrá ser menor a los 250 millones de pesos anuales destinado a la provisión de recursos humanos, infraestructura y tecnología necesarias para el cumplimiento de sus objetivos. “Creo que es un proyecto que va a ser emblemático ya que por primera vez se va a encarar, en forma seria y con financiamiento, la investigación del Mar Argentino”, anuncia el ministro Lino Barañao.
- ¿Está conforme con el texto de la ley que acaba de aprobar el Congreso?
– Muy conforme. Sobre todo por el amplio respaldo que tuvo. Se trata de una tarea de largo plazo, obviamente, pero que va a tener repercusiones en muchas áreas: producción de alimentos, pesca y acuicultura, producción de energía, recursos minerales. Además, obviamente, tiene una connotación de soberanía. Hay una cantidad enorme de recursos de los que debemos ser custodios y, obviamente, también aprovecharlos en forma sustentable. Más allá de la investigación científica es necesario tener en cuenta que, hoy por hoy, los recursos del mar pueden aportar una proporción considerable del PBI. De hecho, nosotros creemos que en un plazo de entre 5 y 10 años los recursos marinos podrían aportar hasta un 15 por ciento del PBI. No sólo proveniente de la pesca, sino también, de algo que queremos promocionar que es la acuicultura, que es, actualmente, una tendencia mundial. Si uno lo piensa un poco, comer merluza es como comer faisán, en el sentido de que ambas son especies salvajes. No tenemos un equivalente marino a la ganadería o a la avicultura. De hecho, suelo decir que según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) tenemos dos records Guinness: somos el país con mayor potencialidad para el desarrollo de la acuicultura y el que menos ha hecho. No es casual que recientemente el Ministerio de Agricultura haya enviado un proyecto de ley de fomento a la acuicultura. Esto muestra hasta qué punto hemos logrado una sintonía entre todos los decisores de la política.
- ¿De qué manera se establece el financiamiento para esta iniciativa?
– En la ley se establece que son fondos que provienen del Tesoro Nacional, no hay un impuesto específico. Tampoco se toman fondos de la pesca para evitar conflictos de intereses. Decidimos que sea un aporte adicional y así, de paso, sentar las bases sobre cómo debería ir creciendo el presupuesto de ciencia y técnica en el futuro. Existe un consenso de que tenemos que llegar al 1% del PBI, para eso podría establecerse por ley un incremento escalonado que apunte a alcanzar ese objetivo en una determinada cantidad de años como se hizo con Educación. Mi visión es otra, creo que el presupuesto debería ser establecido de manera similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se asigna sobre la base de metas y de proyectos particulares. Entonces, para el área de salud va el director de los Institutos Nacionales de Salud y dice: “tenemos que poner tanta plata para cáncer porque hay que hacer tales inversiones; otra prioridad son las enfermedades contagiosas, y así sucesivamente”, y luego, los legisladores convalidan ese presupuesto y quedan en condiciones de exigir el cumplimiento de determinado tipo de metas. Me parece que eso es más lógico que simplemente asignar más plata a ciencia y tecnología sin tener una evaluación posible. Acá estamos agregando, por lo menos, 250 millones de pesos anuales para un objetivo particular. Desde el principio sabíamos que había que hacer inversiones considerables. Una de ellas fue la adquisición de un buque, que vamos a inaugurar en breve, que se compró a Alemania, que requiere de mantenimiento y compra de equipos. Además, estas expediciones son relativamente costosas. Por eso resultaba necesario contar con un financiamiento específico. Si el día de mañana la decisión es desarrollar la tecnología satelital, bueno, habrá un fondo particular para eso con metas claras y evaluables. Así iremos subiendo hasta alcanzar el 1%.
- En la ley queda por designar quién será la autoridad de aplicación de la iniciativa. ¿Qué opinión tiene al respecto?
– Creemos que nuestro Ministerio está en condiciones de ser la autoridad de aplicación. Fue el originario de la idea y, además, tiene la capacidad de financiar a todos. Quiero decir, no estamos diciendo que por ser autoridad de aplicación vamos a ser los únicos beneficiarios sino todo lo contrario, decimos que nosotros somos la garantía de que los recursos llegarán a todos los que hayan hecho un aporte significativo en ese sentido. Por otra parte, más que por destinario la asignación va a estar definida por instrumentos. Por ejemplo: cuánto necesitamos destinar a recursos humanos, bueno, eso va a tener una asignación específica y se crearán becas para que la gente se forme y se financiarán planes de estudio en universidades; cuánto necesitamos para mantener una flota de investigación, los costos de las campañas, actividades científicas como congresos, estadías en el exterior. Entonces, uno define los instrumentos y hace convocatorias abiertas donde se presenta la gente de los distintos organismos. Me parece la forma más transparente y la que genera menos conflicto. Y nosotros tenemos la capacidad administrativa para hacer eso. Por otra parte, todas las acciones van a ser validadas por todos los ministerios. Eso garantiza que haya equidad. Creo que en este tiempo, el funcionamiento de Pampa Azul ha demostrado que se puede gerenciar algo en forma colectiva y, al mismo tiempo, eficiente.
- ¿Cuál es la relación que existe entre ciencia y soberanía en proyectos como Pampa Azul y PROMAR?
– Está claro que hoy por hoy la representación científica es la que define la legitimidad de ciertos reclamos. De hecho, es un concepto que ya está instalado en el Tratado Antártico donde la presencia de los países es evaluada en base a la información científica que producen. Por eso Argentina tiene la trayectoria que tiene, porque no hay solamente militares en las bases sino también científicos y hay papers que aportan al conocimiento universal sobre la Antártida. Si no tuviéramos esa presencia científica la posición argentina sería bastante más endeble. Lo mismo ocurre con el Mar Argentino. Durante mucho tiempo no hemos tenido ninguna presencia sustantiva más que la acción voluntarista de algunos investigadores con el apoyo de organismos internacionales. Pero Argentina no es visto como un país que preste atención al mar. En ese contexto, cualquier reclamo que hagamos sobre territorios en el Atlántico Sur tiene un peso relativo. Entonces, es muy importante salir con un proyecto, con un fuerte apoyo internacional, para hacer una investigación objetiva, rigurosa, que contribuya al conocimiento universal pero también que promueva el uso sustentable de los recursos que nos pertenecen. No basta con tener una flota de Prefectura, hay que tener también presencia en congresos científicos internacionales exponiendo los resultados de nuestras investigaciones y también brindar información hacia adentro: qué está pasando con el manejo de las costas, cuál es el impacto del turismo, y una cantidad de información que hay que tener en forma coherente y organizada. Eso es lo que va a mostrar que Argentina ejerce realmente su soberanía en esta porción de su territorio. Además, es muy difícil defender algo cuando uno no tiene información propia.
- Parece haber surgido una nueva mirada que implica darle al Mar Argentino y sus recursos la importancia que verdaderamente tiene pero que durante muchos años no se le dio.
– Sí, realmente nunca se pensó a la Argentina como un país marítimo. Uno piensa: Inglaterra porque es una isla, Portugal porque está frente al Atlántico, pero si uno mira el potencial que tiene Argentina, la cantidad de kilómetros de costa y demás, es inadmisible que se haya ignorado durante tanto tiempo la importancia de este recurso. Durante mucho tiempo hemos dedicado más recursos a investigaciones en astronomía que en el Mar Argentino. Hemos participado en procesos internacionales financiando observatorios, poniendo antenas de radioastronomía, estudiando las fuentes últimas de energía del universo. Lo cual está muy bien. Pero en términos de efectos concretos sobre nuestra sociedad, está claro que hay otras prioridades que deberían haber tenido una inversión igual o superior a algunas disciplinas puramente básicas.
- ¿Tiene confianza en que en un plazo de 10 años el país habrá dado un salto cualitativo en cuanto a su presencia y generación de conocimientos sobre el Mar Argentino?
– Yo creo que sí, porque el nivel de consenso que hemos logrado permite suponer que se trata de una iniciativa irreversible.
Un antes y un después
“Si todo funciona bien se abre un panorama muy positivo para todos los investigadores que nos dedicamos a las ciencias del mar en la Argentina”, afirma con satisfacción Martín Saraceno, investigador del CIMA y profesor del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA.
Saraceno también integra el Consejo Asesor Científico Tecnológico del Proyecto Pampa Azul, organismo que fue consultado y que dio una opinión positiva sobre el texto del proyecto de ley de creación del PROMAR antes de ser enviado al Congreso para su aprobación.
“La ley pone varios temas en primer plano –explica Saraceno-. Uno es el hecho de que conocimiento también es soberanía. Hay que tener en cuenta que los ingleses instalaron en las Malvinas un instituto de investigación con varios científicos de primer nivel y con muchos recursos para trabajar.
Afortunadamente, Argentina entendió que sólo se puede defender eficazmente aquello que se conoce mucho”.
Por otro lado, el oceanógrafo considera que la ley constituye la herramienta más eficaz para asegurar los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como Pampa Azul. De esta manera, los investigadores podrán planear con más tranquilidad sus trabajos en el mediano y largo plazo. “Una campaña oceanográfica importante se planifica hasta tres años antes.
Incluyendo el proyecto se extiende hasta 5 o 6 años de anticipación. Es fundamental saber que, llegado el momento, vas a contar con un buque en condiciones de operar y con el combustible necesario para completar la campaña, que el personal estará capacitado para efectuar las tareas requeridas y que están los instrumentos necesarios para medir lo que haya que medir. Pensá que el monto promedio por día para desplazar un buque es de entre 10 y 20 mil dólares. Son gastos muy importantes”.
Saraceno también destaca la promoción de la cooperación internacional que se estableció en la norma: “En oceanografía todos los proyectos importantes requieren de la colaboración de varios países”. Y subraya la importancia que tiene que la ley fije la formación de recursos humanos como uno de sus objetivos. “Eso fue algo que, desde el Consejo Asesor, destacamos desde el principio y que atañe directamente a nuestra facultad que es donde se forman los oceanógrafos, biólogos marinos, geólogos. Si no se impulsara un aumento en el número de investigadores dedicados a las ciencias del mar, el proyecto nacería con las patas cortas porque su despliegue en el tiempo va a generar una demanda laboral que necesitará ser satisfecha”.
“Este proyecto claramente va a marcar un antes y un después”, completa, optimista.
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Desechos pesqueros en estudio para la sustentabilidad
Desechos pesqueros para disminuir la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 21/07/2015
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas proponen utilizar los residuos de crustáceos marinos para generar formulados alimenticios como fuente de proteínas y antioxidantes naturales. Con distintas estrategias biotecnológicas, el proyecto apunta a convertir las 76 mil toneladas de desechos generados por la industria pesquera en productos con valor agregado, y además reducir la contaminación ambiental y visual que producen.
Desde los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) explican que tras la extracción de la parte comestible de los crustáceos -camarones, langostinos, cangrejos, entre otros- se genera un residuo sólido formado en su mayoría por los exoesqueletos. En la actualidad, esos restos son descartados en basurales municipales y en otros casos directamente sobre la costa marítima, lo que origina un serio problema a nivel ambiental.
Para tomar dimensión del volumen de residuos existente es necesario tener en cuenta datos de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El organismo informó que el desembarco de crustáceos en las costas argentinas en 2014 fue de alrededor de 130 mil toneladas. El mayor porcentaje de captura corresponde al langostino, seguido por la centolla y el camarón. A estas tres especies debe sumarse la incipiente captura de cangrejos por flotas artesanales que representa cerca de 2 ton/mes.
La cantidad de residuo sólido generado del procesamiento de estas especies depende en parte del rendimiento cárnico de cada crustáceo, siendo éste del 35-40% para langostinos y camarones y del 50-60% para el caso de cangrejos y centollas. Así, a partir de los valores de captura antes citados y, con la suma de un porcentaje estimativo de captura por asociaciones de pescadores artesanales, la cantidad de residuo sólido generado a lo largo de las costas del país asciende a 76 mil toneladas por año.
Ivana Cavello, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), dependiente de la UNLP y del Conicet, explicó a Argentina Investiga que el estudio tiene como objetivo buscar un método de obtención de quitina (un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los arácnidos, crustáceos e insectos y algunos órganos de otros animales, con múltiples propiedades en la biomedicina, en la agricultura, en la industria alimenticia, etc.) a partir de residuos de crustáceos basado en el uso de enzimas. Se busca así minimizar los efectos de los tratamientos químicos tanto sobre la calidad de la quitina, como sobre el medio ambiente.
Detalló además que “se han buscado y seleccionado microorganismos autóctonos capaces de crecer sobre el residuo de los crustáceos a expensas de las proteínas presentes en él, dando origen a un material desproteinizado del cual se obtendrá la quitina y un hidrolizado proteico que podría ser utilizado en formulados alimenticios como fuente de proteínas y de antioxidantes naturales”.
Por su parte, el director del proyecto, Sebastián Cavalitto, destacó que “también se trabajó con muestras provenientes del Parque Nacional de Tierra del Fuego con la finalidad de encontrar microorganismos adaptados al frío para reducir los costos de energía utilizados en el proceso del tratamiento del residuo”.
“Dentro de este proceso, se han encontrado varias cepas bacterianas con las características buscadas y actualmente se están estudiando los hidrolizados proteicos obtenidos en términos de sus propiedades oxidantes y la presencia de enzimas de interés biotecnológico”, sostuvo Cavalitto.
El grupo de trabajo considera indispensable plantear una potencial solución al problema ambiental causado por la contaminación orgánica proveniente de la disposición de los desperdicios del procesamiento pesquero. “La demanda de nuevos procesos amigables con el ambiente impulsa a dirigir nuestros esfuerzos para trabajar en un nuevo concepto, una mirada productiva sobre los desechos de estas grandes industrias que permita valorarlos como fuente de productos de alto valor agregado e interés en el mercado mundial”, remarcó Cavello.
Por su parte la estudiante de la licenciatura de Biotecnología y Biología molecular, Ivana Sinigoj, parte del equipo de investigación, explicó que “a partir del material desproteinizado, se generará la quitina y eventualmente también el quitosán que serán caracterizados y comparados con los que encuentran en el mercado”.
La quitina y el quitosano encuentran múltiples aplicaciones en áreas como la biomedicina, en la agricultura y las operaciones post-cosecha, en el tratamiento de aguas residuales, la industria cosmética, la industria alimenticia y algunos tipos de plástico biodegradables, etc. Por ejemplo en la agricultura entre las aplicaciones más comunes se encuentra el recubrimiento de semillas con películas de quitosano para su conservación durante el almacenamiento, sistemas liberadores de fertilizantes y como agente bactericida y fungicida.
Por otro lado, en el área medicinal, se emplean para la producción de suturas quirúrgicas, producción de gasas y cremas bactericidas para el tratamiento de quemaduras. Una de las áreas más importantes de aplicación es en el tratamiento de efluentes. Se utiliza como coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y alcalinidad como floculante para la remoción de partículas sólidas y para la captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. En la industria cosmética se los usa en la fabricación de cápsulas para adelgazar, como aditivo bactericida en jabones, champús, cremas de afeitar, etc.
Asimismo, en la industria alimenticia se aplican en la eliminación de colorantes como exaltador del sabor, antioxidante, emulsionante y aditivo de alimentos para animales y, por otro lado, en el campo de la biotecnología en la inmovilización de enzimas y células, para la separación de proteínas y recuperación celular.
Es importante destacar que el plan de trabajo realizado sobre estas líneas de investigación, con el título de “Recuperación de compuestos bioactivos con potenciales aplicaciones tecnológicas a partir de residuos de la industria pesquera por medio de tecnología enzimática”, fue galardonado con el premio INNOVAR 2014 en la categoría “Universidad”, en el Concurso Nacional de Innovaciones y recibió además una mención al mejor trabajo de investigación en el Tercer Simposio Argentino de Procesos Biotecnológicos.
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Fecha de Publicación: 21/07/2015
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Buenos Aires
Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas proponen utilizar los residuos de crustáceos marinos para generar formulados alimenticios como fuente de proteínas y antioxidantes naturales. Con distintas estrategias biotecnológicas, el proyecto apunta a convertir las 76 mil toneladas de desechos generados por la industria pesquera en productos con valor agregado, y además reducir la contaminación ambiental y visual que producen.
Desde los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) explican que tras la extracción de la parte comestible de los crustáceos -camarones, langostinos, cangrejos, entre otros- se genera un residuo sólido formado en su mayoría por los exoesqueletos. En la actualidad, esos restos son descartados en basurales municipales y en otros casos directamente sobre la costa marítima, lo que origina un serio problema a nivel ambiental.
Para tomar dimensión del volumen de residuos existente es necesario tener en cuenta datos de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El organismo informó que el desembarco de crustáceos en las costas argentinas en 2014 fue de alrededor de 130 mil toneladas. El mayor porcentaje de captura corresponde al langostino, seguido por la centolla y el camarón. A estas tres especies debe sumarse la incipiente captura de cangrejos por flotas artesanales que representa cerca de 2 ton/mes.
La cantidad de residuo sólido generado del procesamiento de estas especies depende en parte del rendimiento cárnico de cada crustáceo, siendo éste del 35-40% para langostinos y camarones y del 50-60% para el caso de cangrejos y centollas. Así, a partir de los valores de captura antes citados y, con la suma de un porcentaje estimativo de captura por asociaciones de pescadores artesanales, la cantidad de residuo sólido generado a lo largo de las costas del país asciende a 76 mil toneladas por año.
Ivana Cavello, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (CINDEFI), dependiente de la UNLP y del Conicet, explicó a Argentina Investiga que el estudio tiene como objetivo buscar un método de obtención de quitina (un carbohidrato que forma parte de las paredes celulares de los hongos, del resistente exoesqueleto de los arácnidos, crustáceos e insectos y algunos órganos de otros animales, con múltiples propiedades en la biomedicina, en la agricultura, en la industria alimenticia, etc.) a partir de residuos de crustáceos basado en el uso de enzimas. Se busca así minimizar los efectos de los tratamientos químicos tanto sobre la calidad de la quitina, como sobre el medio ambiente.
Detalló además que “se han buscado y seleccionado microorganismos autóctonos capaces de crecer sobre el residuo de los crustáceos a expensas de las proteínas presentes en él, dando origen a un material desproteinizado del cual se obtendrá la quitina y un hidrolizado proteico que podría ser utilizado en formulados alimenticios como fuente de proteínas y de antioxidantes naturales”.
Por su parte, el director del proyecto, Sebastián Cavalitto, destacó que “también se trabajó con muestras provenientes del Parque Nacional de Tierra del Fuego con la finalidad de encontrar microorganismos adaptados al frío para reducir los costos de energía utilizados en el proceso del tratamiento del residuo”.
“Dentro de este proceso, se han encontrado varias cepas bacterianas con las características buscadas y actualmente se están estudiando los hidrolizados proteicos obtenidos en términos de sus propiedades oxidantes y la presencia de enzimas de interés biotecnológico”, sostuvo Cavalitto.
El grupo de trabajo considera indispensable plantear una potencial solución al problema ambiental causado por la contaminación orgánica proveniente de la disposición de los desperdicios del procesamiento pesquero. “La demanda de nuevos procesos amigables con el ambiente impulsa a dirigir nuestros esfuerzos para trabajar en un nuevo concepto, una mirada productiva sobre los desechos de estas grandes industrias que permita valorarlos como fuente de productos de alto valor agregado e interés en el mercado mundial”, remarcó Cavello.
Por su parte la estudiante de la licenciatura de Biotecnología y Biología molecular, Ivana Sinigoj, parte del equipo de investigación, explicó que “a partir del material desproteinizado, se generará la quitina y eventualmente también el quitosán que serán caracterizados y comparados con los que encuentran en el mercado”.
La quitina y el quitosano encuentran múltiples aplicaciones en áreas como la biomedicina, en la agricultura y las operaciones post-cosecha, en el tratamiento de aguas residuales, la industria cosmética, la industria alimenticia y algunos tipos de plástico biodegradables, etc. Por ejemplo en la agricultura entre las aplicaciones más comunes se encuentra el recubrimiento de semillas con películas de quitosano para su conservación durante el almacenamiento, sistemas liberadores de fertilizantes y como agente bactericida y fungicida.
Por otro lado, en el área medicinal, se emplean para la producción de suturas quirúrgicas, producción de gasas y cremas bactericidas para el tratamiento de quemaduras. Una de las áreas más importantes de aplicación es en el tratamiento de efluentes. Se utiliza como coagulante primario para aguas residuales de alta turbidez y alcalinidad como floculante para la remoción de partículas sólidas y para la captura de metales pesados y pesticidas en soluciones acuosas. En la industria cosmética se los usa en la fabricación de cápsulas para adelgazar, como aditivo bactericida en jabones, champús, cremas de afeitar, etc.
Asimismo, en la industria alimenticia se aplican en la eliminación de colorantes como exaltador del sabor, antioxidante, emulsionante y aditivo de alimentos para animales y, por otro lado, en el campo de la biotecnología en la inmovilización de enzimas y células, para la separación de proteínas y recuperación celular.
Es importante destacar que el plan de trabajo realizado sobre estas líneas de investigación, con el título de “Recuperación de compuestos bioactivos con potenciales aplicaciones tecnológicas a partir de residuos de la industria pesquera por medio de tecnología enzimática”, fue galardonado con el premio INNOVAR 2014 en la categoría “Universidad”, en el Concurso Nacional de Innovaciones y recibió además una mención al mejor trabajo de investigación en el Tercer Simposio Argentino de Procesos Biotecnológicos.
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El Acuífero Guaraní en riesgo por mala gestión
La Nación advirtió irregularidades en la gestión del Acuífero Guaraní
Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la Auditoría General afirmó que el acuerdo contra la contaminación del recurso natural no fue implementado por Brasil y Paraguay. Indicó que Argentina no posee leyes para el cuidado integral del agua
En el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), habrían sido detectadas serias irregularidades en materia legal, técnica y en los monitoreos de las perforaciones. Esto se desprende de un informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que analiza la gestión del sistema durante el período 2011-2013.
Cabe mencionar que el proyecto comprende los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Ver: “Extensión geográfica...”).
En el informe de la Auditoría, se da cuenta de que el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible (PSAG) jamás fue implementado por los gobiernos regionales que lo habían solicitado. Fueron Brasil y Paraguay los que no se adhirieron al acuerdo, como único instrumento regional del Acuífero.
El proyecto, desde un principio, fue solicitado por dichos gobiernos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con la finalidad de preservar al Acuífero de contaminación y lograr su desarrollo sustentable.
Para lograrlo, según el informe, “en julio del 2002, el Banco Mundial aprobó una donación de 13.400.000 dólares a los cuatro países, para la realización de investigaciones con el propósito de elaborar un marco común institucional, legal y técnico para preservar y manejar el SAG para las generaciones actuales y futuras”. Sin embargo, el proyecto finalizó el 31 de enero de 2009 y no fue acompañado a escala regional por las naciones involucradas.
Una vez finalizada la iniciativa, se firmó un acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, compuesto de 22 artículos entre las cancillerías de los cuatro gobiernos, pero solamente lo han ratificado en su derecho interno Uruguay y Argentina, por lo que resta la ratificación de Paraguay y Brasil para que pueda entrar en vigencia.
Este acuerdo, firmado el 12 de Agosto en San Juan, plantea que si una de las naciones quiere iniciar cualquier tipo de actividad sobre el acuífero que perjudique a los demás firmantes, deberá ser suspendida mientras duren las consultas y negociaciones.
Hasta que el escrito entre en vigencia, en virtud de la ratificación de los países restantes, no habrá una instancia de interpretación y decisión de controversias. En consecuencia, el informe de la Auditoría recomienda propiciar la suscripción del acuerdo del SAG a fin de contar con un instrumento regional del estudio, la investigación y el uso del recurso.
Problemas a nivel nacional
Con respecto a la Nación y las provincias, establece que, aunque acordaron los Principios Rectores para las Políticas Hídricas, no han sido establecidos mediante ley y tampoco implementados por la Autoridad Hídrica Nacional.
El informe destaca que la Ley 25.688, que regula la Gestión Ambiental de Aguas, no fue reglamentada y no se ha definido su autoridad de aplicación. Es decir, en nuestro país no funciona una legislación de presupuestos mínimos orientada a la gestión integral de agua.
En este sentido, la Auditoría solicita el ajuste del Plan Federal de Aguas Subterráneas, a fin de establecer metas claras, con plazos medibles y con responsables de los mismos.
Investigación y monitoreo
Con respecto al Plan Federal de Aguas Subterráneas, el informe lo calificó como “un avance necesario”, aunque señaló que los recursos presupuestarios y humanos que se destinan a su implementación son escasos. Por eso, insta a destinar dichos recursos para homogeneizar criterios y continuar la actividad de monitoreo del SAG e iniciarla en áreas posiblemente vinculadas.
Para finalizar, se requirió que la Subsecretaría de Recursos Hídricos incremente las actividades de investigación y articule con el sistema nacional de investigación, los organismos científicos-técnicos hídricos y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Extensión geográfica del Acuífero
El Sistema Acuífero Guaraní tiene un área de extensión aproximada de más de un millón de kilómetros cuadrados y está localizado en sectores del subsuelo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en coincidencia con parte de la Cuenca Hidrográfica del Plata.
En toda esa área, se ubican alrededor de 1500 municipios de los cuatro países, con una población total de 23.500.000 habitantes, de los cuales nueve millones se abastecen del Acuífero.
Además, de las 7.500 perforaciones que tiene el Acuífero en los cuatro países, 200 se encuentran en Argentina. En Misiones, hay cuatro pozos: en Oberá, Cerro Azul, Villa Bonita y Posadas.
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Fecha de Publicación: 22/06/2015
Fuente: Territorio Digital
Provincia/Región: Nacional
Un informe de la Auditoría General afirmó que el acuerdo contra la contaminación del recurso natural no fue implementado por Brasil y Paraguay. Indicó que Argentina no posee leyes para el cuidado integral del agua
En el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), habrían sido detectadas serias irregularidades en materia legal, técnica y en los monitoreos de las perforaciones. Esto se desprende de un informe presentado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que analiza la gestión del sistema durante el período 2011-2013.
Cabe mencionar que el proyecto comprende los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Ver: “Extensión geográfica...”).
En el informe de la Auditoría, se da cuenta de que el Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible (PSAG) jamás fue implementado por los gobiernos regionales que lo habían solicitado. Fueron Brasil y Paraguay los que no se adhirieron al acuerdo, como único instrumento regional del Acuífero.
El proyecto, desde un principio, fue solicitado por dichos gobiernos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con la finalidad de preservar al Acuífero de contaminación y lograr su desarrollo sustentable.
Para lograrlo, según el informe, “en julio del 2002, el Banco Mundial aprobó una donación de 13.400.000 dólares a los cuatro países, para la realización de investigaciones con el propósito de elaborar un marco común institucional, legal y técnico para preservar y manejar el SAG para las generaciones actuales y futuras”. Sin embargo, el proyecto finalizó el 31 de enero de 2009 y no fue acompañado a escala regional por las naciones involucradas.
Una vez finalizada la iniciativa, se firmó un acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, compuesto de 22 artículos entre las cancillerías de los cuatro gobiernos, pero solamente lo han ratificado en su derecho interno Uruguay y Argentina, por lo que resta la ratificación de Paraguay y Brasil para que pueda entrar en vigencia.
Este acuerdo, firmado el 12 de Agosto en San Juan, plantea que si una de las naciones quiere iniciar cualquier tipo de actividad sobre el acuífero que perjudique a los demás firmantes, deberá ser suspendida mientras duren las consultas y negociaciones.
Hasta que el escrito entre en vigencia, en virtud de la ratificación de los países restantes, no habrá una instancia de interpretación y decisión de controversias. En consecuencia, el informe de la Auditoría recomienda propiciar la suscripción del acuerdo del SAG a fin de contar con un instrumento regional del estudio, la investigación y el uso del recurso.
Problemas a nivel nacional
Con respecto a la Nación y las provincias, establece que, aunque acordaron los Principios Rectores para las Políticas Hídricas, no han sido establecidos mediante ley y tampoco implementados por la Autoridad Hídrica Nacional.
El informe destaca que la Ley 25.688, que regula la Gestión Ambiental de Aguas, no fue reglamentada y no se ha definido su autoridad de aplicación. Es decir, en nuestro país no funciona una legislación de presupuestos mínimos orientada a la gestión integral de agua.
En este sentido, la Auditoría solicita el ajuste del Plan Federal de Aguas Subterráneas, a fin de establecer metas claras, con plazos medibles y con responsables de los mismos.
Investigación y monitoreo
Con respecto al Plan Federal de Aguas Subterráneas, el informe lo calificó como “un avance necesario”, aunque señaló que los recursos presupuestarios y humanos que se destinan a su implementación son escasos. Por eso, insta a destinar dichos recursos para homogeneizar criterios y continuar la actividad de monitoreo del SAG e iniciarla en áreas posiblemente vinculadas.
Para finalizar, se requirió que la Subsecretaría de Recursos Hídricos incremente las actividades de investigación y articule con el sistema nacional de investigación, los organismos científicos-técnicos hídricos y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
Extensión geográfica del Acuífero
El Sistema Acuífero Guaraní tiene un área de extensión aproximada de más de un millón de kilómetros cuadrados y está localizado en sectores del subsuelo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en coincidencia con parte de la Cuenca Hidrográfica del Plata.
En toda esa área, se ubican alrededor de 1500 municipios de los cuatro países, con una población total de 23.500.000 habitantes, de los cuales nueve millones se abastecen del Acuífero.
Además, de las 7.500 perforaciones que tiene el Acuífero en los cuatro países, 200 se encuentran en Argentina. En Misiones, hay cuatro pozos: en Oberá, Cerro Azul, Villa Bonita y Posadas.
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Piden una pesca sustentable para el Bermejo
Piden por la pesca comercial y artesanal sustentable en el río Bermejo
Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
La propuesta busca generar una fuente laboral para una cooperativa aborigen. También se propicia el incremento del consumo de pescado en la comunidad.
El concejal oranense Camilo Isaac presentó un proyecto de declaración por el que se solicita al Ministerio de Ambiente provincial, que autorice a la Cooperativa 15 de Abril, integrada por criollos y aborígenes de la zona, a realizar pesca comercial y artesanal sustentable en el río Bermejo.
Esta tarea la realiza un grupo de familias, de hecho, desde hace mas de 70 años, constituyendo una de la prácticas comerciales más antiguas de los pueblos nativos y de familias criollas.
Lo que ahora se intenta es darle, por fin, marco legal al manejo sustentable de un recurso natural y económico social de la zona.
"Este tipo de pesca para la subsistencia a través de la comercialización del producido existe desde por lo menos 1930 en el Bermejo y es practicada por pescadores criollos y familias de pueblos originarios, generando una fuente de ingresos más o menos estable y al mismo tiempo unos cuantos puestos de trabajo genuino", explicó el edil en diálogo exclusivo con El Tribuno, luego de presentar la iniciativa.
Faltan controles
Las poblaciones de las localidades ribereñas del Bermejo, como Orán, Embarcación y Rivadavia, quienes pescan hasta el límite con el Chaco, dependiendo de la época del año, lo hacen con fines comerciales cada vez que pueden. Las 4 especies más importantes por cantidad de extracciones son sábalo, surubí, dorado y bagre.
Esta actividad se desarrolló por casi un siglo fuera del marco de las normas legales vigentes en la provincia (Ley 5.513), siendo una actividad marginal, perseguida por la justicia y mal vista por la opinión pública en general. Los primeros intentos de reglamentación y regulación legal se tomaron bajo el principio de precaución, ante la falta de conocimiento científico. Así fue que se establecieron cantidades máximas de extracción y temporadas de veda.
El problema siempre fue que ante la imposibilidad de montar un sistema de controles eficiente por parte de las autoridades provinciales o municipales, las reglas nunca se cumplieron y, por otra parte, los pescadores furtivos de otras provincias depredaban sin piedad. Para evitar ese daño ecológico, se intentó en numerosas ocasiones prohibir la pesca artesanal en la zona de Orán, lo que provocó manifestaciones de integrantes de la Cooperativa, que hasta llegaron a bloquear la entrada a la Municipalidad con sus lanchas.
Proponen acortar la época de veda
También se sostiene que el actual período de veda resulta demasiado amplio, por lo que uno de los dos meses que se aplican año a año, de mediados de noviembre a mediados de enero, resultaría biológicamente suficiente, según los últimos estudios disponibles.
Cabe recordar que en los cauces de agua norteños, como es el caso del Bermejo, al ser ríos con período de estiaje y origen en la montaña tienen un régimen por el cual los peces suben aguas arriba para desovar al finalizar la primavera.
Y esto se verifica por una cuestión natural. El instinto le avisa a los animales cuando la temperatura del agua aumenta, eso activa su ritmo biológico y les desata el imperativo de la reproducción. En cuanto a la sustentabilidad económica de la actividad, se define en la iniciativa que cada unidad económica debería realizar entre 45 y 50 excursiones de pesca anuales para obtener algún rendimiento económico.
La sustentabilidad
El concejal Isaac, a la luz de la nueva información existente, sostiene en su iniciativa que sí es posible llevar adelante la pesca artesanal comercial en el río, siempre que se tengan en cuenta y se respeten los parámetros actuales.
Sin embargo, algunos de ellos resultan contrarios al principio prioritario de la gestión pesquera, que propone obtener la mejor utilización posible del recurso en provecho de la comunidad, definiendo como la mejor utilización mayor captura, mejor precio, más ganancias y más empleo.
Esos conceptos aplicados a la pesca netamente comercial no podrán ser aplicados a la actividad que se define como artesanal en el Bermejo, dado que la cantidad de ejemplares no es infinita y, aguas abajo, ya en el Paraná hay otras modalidades de pesca, que sí son comerciales y en escalas muy superiores.
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Fecha de Publicación: 19/06/2015
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Norte
La propuesta busca generar una fuente laboral para una cooperativa aborigen. También se propicia el incremento del consumo de pescado en la comunidad.
El concejal oranense Camilo Isaac presentó un proyecto de declaración por el que se solicita al Ministerio de Ambiente provincial, que autorice a la Cooperativa 15 de Abril, integrada por criollos y aborígenes de la zona, a realizar pesca comercial y artesanal sustentable en el río Bermejo.
Esta tarea la realiza un grupo de familias, de hecho, desde hace mas de 70 años, constituyendo una de la prácticas comerciales más antiguas de los pueblos nativos y de familias criollas.
Lo que ahora se intenta es darle, por fin, marco legal al manejo sustentable de un recurso natural y económico social de la zona.
"Este tipo de pesca para la subsistencia a través de la comercialización del producido existe desde por lo menos 1930 en el Bermejo y es practicada por pescadores criollos y familias de pueblos originarios, generando una fuente de ingresos más o menos estable y al mismo tiempo unos cuantos puestos de trabajo genuino", explicó el edil en diálogo exclusivo con El Tribuno, luego de presentar la iniciativa.
Faltan controles
Las poblaciones de las localidades ribereñas del Bermejo, como Orán, Embarcación y Rivadavia, quienes pescan hasta el límite con el Chaco, dependiendo de la época del año, lo hacen con fines comerciales cada vez que pueden. Las 4 especies más importantes por cantidad de extracciones son sábalo, surubí, dorado y bagre.
Esta actividad se desarrolló por casi un siglo fuera del marco de las normas legales vigentes en la provincia (Ley 5.513), siendo una actividad marginal, perseguida por la justicia y mal vista por la opinión pública en general. Los primeros intentos de reglamentación y regulación legal se tomaron bajo el principio de precaución, ante la falta de conocimiento científico. Así fue que se establecieron cantidades máximas de extracción y temporadas de veda.
El problema siempre fue que ante la imposibilidad de montar un sistema de controles eficiente por parte de las autoridades provinciales o municipales, las reglas nunca se cumplieron y, por otra parte, los pescadores furtivos de otras provincias depredaban sin piedad. Para evitar ese daño ecológico, se intentó en numerosas ocasiones prohibir la pesca artesanal en la zona de Orán, lo que provocó manifestaciones de integrantes de la Cooperativa, que hasta llegaron a bloquear la entrada a la Municipalidad con sus lanchas.
Proponen acortar la época de veda
También se sostiene que el actual período de veda resulta demasiado amplio, por lo que uno de los dos meses que se aplican año a año, de mediados de noviembre a mediados de enero, resultaría biológicamente suficiente, según los últimos estudios disponibles.
Cabe recordar que en los cauces de agua norteños, como es el caso del Bermejo, al ser ríos con período de estiaje y origen en la montaña tienen un régimen por el cual los peces suben aguas arriba para desovar al finalizar la primavera.
Y esto se verifica por una cuestión natural. El instinto le avisa a los animales cuando la temperatura del agua aumenta, eso activa su ritmo biológico y les desata el imperativo de la reproducción. En cuanto a la sustentabilidad económica de la actividad, se define en la iniciativa que cada unidad económica debería realizar entre 45 y 50 excursiones de pesca anuales para obtener algún rendimiento económico.
La sustentabilidad
El concejal Isaac, a la luz de la nueva información existente, sostiene en su iniciativa que sí es posible llevar adelante la pesca artesanal comercial en el río, siempre que se tengan en cuenta y se respeten los parámetros actuales.
Sin embargo, algunos de ellos resultan contrarios al principio prioritario de la gestión pesquera, que propone obtener la mejor utilización posible del recurso en provecho de la comunidad, definiendo como la mejor utilización mayor captura, mejor precio, más ganancias y más empleo.
Esos conceptos aplicados a la pesca netamente comercial no podrán ser aplicados a la actividad que se define como artesanal en el Bermejo, dado que la cantidad de ejemplares no es infinita y, aguas abajo, ya en el Paraná hay otras modalidades de pesca, que sí son comerciales y en escalas muy superiores.
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Esquila comunitaria para uso sustentable de la vicuña
Con esquilas comunitarias, Jujuy avanza en el plan de manejo sustentable de la vicuña
Fecha de Publicación: 02/06/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades originarias de la Puna jujeña incorporan técnicas de esquila de la vicuña y se capacitan en todos los pasos que incluye desde el arreo hasta la liberación, de la mano del plan nacional de Conservación y Manejo sustentable de la Vicuña en silvestría.
"Se tomó la decisión de trabajar con las vicuñas en silvestría, hubo experiencias con criaderos pero fracasaron, no tienen un impacto en la conservación de la especie y tampoco son rentables", dijo el biólogo Luis Biancucci, técnico de la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia.
Un equipo de capacitadores visitó recientemente la comunidad de Lagunillas del Farallón (departamento Rinconada), donde contaron 358 ejemplares silvestres, una cifra que "en principio es suficiente" para intentar una captura que sea económicamente rentable y preservar la conservación de la especie, añadió.
En la reunión en Lagunillas del Farallón, 300 kilómetros al norte de la capital jujeña, participaron también integrantes de las comunidades vicuñeras del departamento Yavi.
"Se trabaja básicamente con asistencia técnica, tratando de generar recursos humanos para que sean los mismos pobladores quienes lleven adelante los planes de manejo. Esto además es importante para que se les habilite el uso de los recursos", indicó Biancucci.
El equipo de técnicos trabaja hace dos años en Rinconada y Yavi, a lo que sumó hace poco las poblaciones de Lagunillas y Casa Colorada y ahora atiende un llamado de "gente de Cochinoca y Aguas Calientes", también en la Puna.
Según evaluó Biancucci, la participación de las comunidades es "exitosa" en todo el proceso del "chaku"de vicuñas, que es "la parte más importante del plan y donde se materializa el beneficio", y que consiste en el arreo, captura, esquila y liberación de los ejemplares.
"Uno de los objetivos es crear conciencia y recursos humanos para que obtengan un mejor aprovechamiento de la fibra", indicó.
La capacitación incluye tareas de monitoreo, uso de instrumentos indispensables para los relevamientos de animales y la confección de mapas de los lugares tentativos a desarrollar el arreo de vicuñas.
En el 2013 hubo un relevamiento provincial sobre áreas con poblaciones de vicuñas y se verificó la existencia de un mínimo de 120.000 ejemplares en toda la provincia.
"Estamos trabajando con gente en el terreno, de ver cómo se puede establecer lazos de comercialización de la fibra, ya que en Argentina solo hay dos o tres compradores", comentó Biancucci.
Si bien la industrialización del pelo de vicuña se hace en el exterior, aclaró, "hay un experiencia de trabajo con fibra en Catamarca donde se confeccionan ponchos y otros tipos de artesanías que tienen un valor alto, pero no llega a los valores que por ejemplo hay en Europa".
En ese marco, explicó Biancucci "hay un proyecto que surgió desde el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la Secretaría de Agricultura Familiar, para empezar a hacer cadenas de valor y realizar artesanías en la Puna" y acotó que "no se pretende industrializar el 100 por ciento de la fibra aunque sí un porcentaje y que sea de origen jujeño".
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Fecha de Publicación: 02/06/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Jujuy
Comunidades originarias de la Puna jujeña incorporan técnicas de esquila de la vicuña y se capacitan en todos los pasos que incluye desde el arreo hasta la liberación, de la mano del plan nacional de Conservación y Manejo sustentable de la Vicuña en silvestría.
"Se tomó la decisión de trabajar con las vicuñas en silvestría, hubo experiencias con criaderos pero fracasaron, no tienen un impacto en la conservación de la especie y tampoco son rentables", dijo el biólogo Luis Biancucci, técnico de la Secretaría de Gestión Ambiental de la provincia.
Un equipo de capacitadores visitó recientemente la comunidad de Lagunillas del Farallón (departamento Rinconada), donde contaron 358 ejemplares silvestres, una cifra que "en principio es suficiente" para intentar una captura que sea económicamente rentable y preservar la conservación de la especie, añadió.
En la reunión en Lagunillas del Farallón, 300 kilómetros al norte de la capital jujeña, participaron también integrantes de las comunidades vicuñeras del departamento Yavi.
"Se trabaja básicamente con asistencia técnica, tratando de generar recursos humanos para que sean los mismos pobladores quienes lleven adelante los planes de manejo. Esto además es importante para que se les habilite el uso de los recursos", indicó Biancucci.
El equipo de técnicos trabaja hace dos años en Rinconada y Yavi, a lo que sumó hace poco las poblaciones de Lagunillas y Casa Colorada y ahora atiende un llamado de "gente de Cochinoca y Aguas Calientes", también en la Puna.
Según evaluó Biancucci, la participación de las comunidades es "exitosa" en todo el proceso del "chaku"de vicuñas, que es "la parte más importante del plan y donde se materializa el beneficio", y que consiste en el arreo, captura, esquila y liberación de los ejemplares.
"Uno de los objetivos es crear conciencia y recursos humanos para que obtengan un mejor aprovechamiento de la fibra", indicó.
La capacitación incluye tareas de monitoreo, uso de instrumentos indispensables para los relevamientos de animales y la confección de mapas de los lugares tentativos a desarrollar el arreo de vicuñas.
En el 2013 hubo un relevamiento provincial sobre áreas con poblaciones de vicuñas y se verificó la existencia de un mínimo de 120.000 ejemplares en toda la provincia.
"Estamos trabajando con gente en el terreno, de ver cómo se puede establecer lazos de comercialización de la fibra, ya que en Argentina solo hay dos o tres compradores", comentó Biancucci.
Si bien la industrialización del pelo de vicuña se hace en el exterior, aclaró, "hay un experiencia de trabajo con fibra en Catamarca donde se confeccionan ponchos y otros tipos de artesanías que tienen un valor alto, pero no llega a los valores que por ejemplo hay en Europa".
En ese marco, explicó Biancucci "hay un proyecto que surgió desde el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la Secretaría de Agricultura Familiar, para empezar a hacer cadenas de valor y realizar artesanías en la Puna" y acotó que "no se pretende industrializar el 100 por ciento de la fibra aunque sí un porcentaje y que sea de origen jujeño".
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Jujuy quiere hacer un uso sustentable del cardón
Jujuy busca preservar y hacer uso sustentable del cardón
Fecha de Publicación: 03/05/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Jujuy
Autoridades de los pueblos de la Quebrada de Humahuaca se reunieron para elaborar estrategias que permitan avanzar en el manejo y uso sustentable del cardón, una de las especies en la flora autóctona más representativa de la provincia.
Del encuentro participaron la secretaria de Gestión Ambiental de Jujuy, María Elina Domínguez, la directora de Patrimonio provincial, Lina Rodríguez y jefes comunales de Volcán, Tumbaya, Maimará, Purmamarca y Humahuaca; y Roberto Pietro, representante de la Gendarmería Nacional Escuadrón 53 Jujuy.
Al respecto, Dominguez recordó que por decreto provincial se "prohíbe el corte y extracción de los cardones en propiedades del Estado en toda la provincia, y particularmente en la zona de Protección de la Quebrada de Humahuaca", región declarada por la Unesco Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en 2003.
Domínguez recordó que el Decreto Provincial Nº 4805 “prohíbe el corte y extracción de los cardones en propiedades del Estado en toda la provincia, y particularmente en la zona de Protección de la Quebrada de Humahuaca” y que el art. 3 establece que la Secretaría de Gestión Ambiental debe reglamentar el aprovechamiento sustentable de las especies, y sólo para uso artesanal, quedando totalmente prohibido el uso con fines de construcción y mobiliario, como muchas veces son usados”.
“Por ello -continuó- hemos elaborado un borrador de la reglamentación, el cual se viene consensuando con los municipios, para después socializarlo con las comunidades y plasmarlo en una resolución”.
El coordinador del programa, Jorge Cruz, explicó que el plan propuesto previsto impulsar la construcción de viveros, tanto privados como municipales, "donde se multiplicarán cardones a través de semillas y partes vegetales del mismo (clones), los cuales tendrán una trazabilidad ambiental que posibilitará su etiquetado, permitiendo de esta forma que la gente tenga la posibilidad de vender en forma legal”.
Finalmente sostuvo que “con el municipio de Maimará se acordó un plan de actividades que permitirá concretar la remediación en los cardonales que se encuentran en Hornillo- Maimará, los cuales se ven atacados por el Clavel del aire (Tiliansia sp), que está causando la mortandad de cardones”.
Abel Puca, representante de la Comisión Municipal de Purmamarca, manifestó su agradecimiento a la Secretaría de Gestión Ambiental “porque están trabajando para conservar el cardón, que es una especie muy importante y es un símbolo que caracteriza a nuestra Quebrada”.
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Fecha de Publicación: 03/05/2015
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Jujuy
Autoridades de los pueblos de la Quebrada de Humahuaca se reunieron para elaborar estrategias que permitan avanzar en el manejo y uso sustentable del cardón, una de las especies en la flora autóctona más representativa de la provincia.
Del encuentro participaron la secretaria de Gestión Ambiental de Jujuy, María Elina Domínguez, la directora de Patrimonio provincial, Lina Rodríguez y jefes comunales de Volcán, Tumbaya, Maimará, Purmamarca y Humahuaca; y Roberto Pietro, representante de la Gendarmería Nacional Escuadrón 53 Jujuy.
Al respecto, Dominguez recordó que por decreto provincial se "prohíbe el corte y extracción de los cardones en propiedades del Estado en toda la provincia, y particularmente en la zona de Protección de la Quebrada de Humahuaca", región declarada por la Unesco Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en 2003.
Domínguez recordó que el Decreto Provincial Nº 4805 “prohíbe el corte y extracción de los cardones en propiedades del Estado en toda la provincia, y particularmente en la zona de Protección de la Quebrada de Humahuaca” y que el art. 3 establece que la Secretaría de Gestión Ambiental debe reglamentar el aprovechamiento sustentable de las especies, y sólo para uso artesanal, quedando totalmente prohibido el uso con fines de construcción y mobiliario, como muchas veces son usados”.
“Por ello -continuó- hemos elaborado un borrador de la reglamentación, el cual se viene consensuando con los municipios, para después socializarlo con las comunidades y plasmarlo en una resolución”.
El coordinador del programa, Jorge Cruz, explicó que el plan propuesto previsto impulsar la construcción de viveros, tanto privados como municipales, "donde se multiplicarán cardones a través de semillas y partes vegetales del mismo (clones), los cuales tendrán una trazabilidad ambiental que posibilitará su etiquetado, permitiendo de esta forma que la gente tenga la posibilidad de vender en forma legal”.
Finalmente sostuvo que “con el municipio de Maimará se acordó un plan de actividades que permitirá concretar la remediación en los cardonales que se encuentran en Hornillo- Maimará, los cuales se ven atacados por el Clavel del aire (Tiliansia sp), que está causando la mortandad de cardones”.
Abel Puca, representante de la Comisión Municipal de Purmamarca, manifestó su agradecimiento a la Secretaría de Gestión Ambiental “porque están trabajando para conservar el cardón, que es una especie muy importante y es un símbolo que caracteriza a nuestra Quebrada”.
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Argentina demandará por las perforaciones en Malvinas
Argentina demandará a petroleras por hacer perforaciones en las Islas Malvinas / Falkland
Fecha de Publicación: 19/04/2015
Fuente: BBC
Provincia/Región: Nacional
Argentina va a iniciar procedimientos legales contra tres petroleras británicas y dos estadounidenses por realizar perforaciones cerca de las Islas Malvinas/Falkland.
Daniel Filmus, ministro de Argentina para las islas, anunció la medida en la ciudad de Londres.
Las compañías involucradas son Falkland Oil and Gas, Premier Oil, Rockhopper, Edison International y Noble Energy.
Filmus dijo a la BBC que las compañías están "llevando a cabo actos ilegales al entrar en territorio argentino".
"Quiero dejar claro a los dueños de estas compañías y a la opinión pública británica que Argentina aplicará todo el peso de la ley -tanto nacional como internacional- para prevenir que estos países tomen las riquezas que pertenecen a 40 millones de ciudadanos argentinos".
"Argentina tiene tratados de extradición en todo el mundo y tenemos la intención de usarlos".
El funcionario agregó que el área donde se están llevando a cabo las perforaciones es "tan nuestra como el centro de Buenos Aires. Ni Reino Unido ni otro país permitiría que alguien entre en su territorio a llevarse sus riquezas".
Respuesta
Como respuesta, el canciller de Reino Unido, Philip Hammond, acusó a los argentinos de hacer "bullying escandaloso".
Aseguró que los isleños tienen el "perfecto derecho de desarrollar sus propios recursos económicos y Argentina necesita poner fin a este tipo de conducta y comenzar a actuar como un miembro responsable de la comunidad internacional".
El gobierno de las Islas Malvinas/Falklands también indicó que no hay fundamento en la acusación argentina.
"Tenemos el derecho de desarrolar nuestra economía, incluida la industria de hidrocarburos y lo estamos ejerciendo", señaló.
"Es bueno recordar que fue el gobierno argentino el que decidió no trabajar con las Islas Falkland (Malvinas) en el desarrollo de una indusrtria de hidrocarburos hace algunos años".
"La ley argentina no aplica a las Islas Falkland y esta acción es claramente otro intento de Argentina de tratar de bloquear el crecimiento económico en las Islas Falkland", dice el comunicado.
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Fecha de Publicación: 19/04/2015
Fuente: BBC
Provincia/Región: Nacional
Argentina va a iniciar procedimientos legales contra tres petroleras británicas y dos estadounidenses por realizar perforaciones cerca de las Islas Malvinas/Falkland.
Daniel Filmus, ministro de Argentina para las islas, anunció la medida en la ciudad de Londres.
Las compañías involucradas son Falkland Oil and Gas, Premier Oil, Rockhopper, Edison International y Noble Energy.
Filmus dijo a la BBC que las compañías están "llevando a cabo actos ilegales al entrar en territorio argentino".
"Quiero dejar claro a los dueños de estas compañías y a la opinión pública británica que Argentina aplicará todo el peso de la ley -tanto nacional como internacional- para prevenir que estos países tomen las riquezas que pertenecen a 40 millones de ciudadanos argentinos".
"Argentina tiene tratados de extradición en todo el mundo y tenemos la intención de usarlos".
El funcionario agregó que el área donde se están llevando a cabo las perforaciones es "tan nuestra como el centro de Buenos Aires. Ni Reino Unido ni otro país permitiría que alguien entre en su territorio a llevarse sus riquezas".
Respuesta
Como respuesta, el canciller de Reino Unido, Philip Hammond, acusó a los argentinos de hacer "bullying escandaloso".
Aseguró que los isleños tienen el "perfecto derecho de desarrollar sus propios recursos económicos y Argentina necesita poner fin a este tipo de conducta y comenzar a actuar como un miembro responsable de la comunidad internacional".
El gobierno de las Islas Malvinas/Falklands también indicó que no hay fundamento en la acusación argentina.
"Tenemos el derecho de desarrolar nuestra economía, incluida la industria de hidrocarburos y lo estamos ejerciendo", señaló.
"Es bueno recordar que fue el gobierno argentino el que decidió no trabajar con las Islas Falkland (Malvinas) en el desarrollo de una indusrtria de hidrocarburos hace algunos años".
"La ley argentina no aplica a las Islas Falkland y esta acción es claramente otro intento de Argentina de tratar de bloquear el crecimiento económico en las Islas Falkland", dice el comunicado.
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Sistema extractivista, ¿Quién gana y quién pierde?
Petróleo, megaminería, soja y pasteras: ¿progreso para quién?
Fecha de Publicación: 03/04/2015
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Comunidades enteras pagan las consecuencias del modelo extractivista que el kirchnerismo profundizó en la última década en busca de engordar la "caja". Los grandes ganadores y la contaminación ambiental
Soja, petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal para alzarse con ganancias ilimitadas. Como contracara, poblaciones enteras son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire, su agua y su suelo, que se traduce en problemas alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.
Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.
Darío Aranda es periodista de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.
- ¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?
Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.
- ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?
Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.
- ¿Como opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?
El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.
- Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder
Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.
- ¿Quién lo cambia entonces?
Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.
- ¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?
El modelo sojero tiene sus consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen de ganancias. Sin embargo el Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores. No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más productiva.
- El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.
Nadie pide que de un día para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos de nosotros comen soja? Nuestro país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda una definición para mí
- Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos contás?
Hay un fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar en el diario lo publico en medios alternativos o populares.
- En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase y geografía o más bien a la desinformación?
Hay múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que en laArgentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo, Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de las grandes ciudades. El famoso "Dios atiende de la General Paz para adentro", que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.
- Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿cómo se rebate esa postura?
He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares. Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamerica con megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las asambleas populares, ¿progreso para quién?
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Fecha de Publicación: 03/04/2015
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Comunidades enteras pagan las consecuencias del modelo extractivista que el kirchnerismo profundizó en la última década en busca de engordar la "caja". Los grandes ganadores y la contaminación ambiental
Soja, petróleo, pasteras y megaminería son pilares del modelo extractivista que rige la economía de nuestro país: la provisión de dólares, energía e inversión extranjera resultan un objetivo fundamental para cualquier Gobierno. Al mismo tiempo, grandes corporaciones y poderosas empresas gozan del beneplácito estatal para alzarse con ganancias ilimitadas. Como contracara, poblaciones enteras son víctimas del despojo de sus territorios y la destrucción del medio ambiente. Comunidades rurales e indígenas se enfrentan día a día a un real envenenamiento de su aire, su agua y su suelo, que se traduce en problemas alimenticios, graves enfermedades, malformaciones, abortos espontáneos y muerte.
Pero las voces que se alzan para denunciar lo que sucede no encuentran eco en la clase dirigente ni en los medios masivos de comunicación. Tampoco en las clases medias urbanas, que no perciben riesgo alguno, a no ser que un contáiner con agroquímicos reviente en el puerto de Buenos Aires y expanda una nube tóxica en el ambiente.
Darío Aranda es periodista de Página/12 y autor del libro Argentina Originaria. Trabaja desde hace 10 años en comunidades campesinas e indígenas, y en su segundo trabajo editorial, Tierra Arrasada (Sudamericana), realizó un exhaustivo mapa del extractivismo local, en el que da cuenta de las consecuencias de un modelo que se inició en el menemismo y que el kirchnerismo ha profundizado de manera exponencial en los 12 años que lleva en el poder.
- ¿Quién gana y quién pierde con el sistema extractivista?
Hay varios ganadores. En primer lugar las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Panamerican Silver, Alto Paraná y muchas otras infinitamente más grandes que Clarín, y contra las cuales el gobierno no ha dado ninguna batalla. En segundo lugar, los gobiernos, que lo ven como una caja a través de las retenciones. Y en bastante menor medida los productores, aunque habría que hacer una gran distinción según el tamaño. No es lo mismo un pool de siembra que un pequeño productor que tiene 100, 200 o 300 hectáreas. Parte de los medios de comunicación aliados a los agronegocios también se ven beneficiados, y por eso son estos sectores los que más prensa tienen. Los afectados son infinitamente más, pero siempre sectores populares: campesinos, indígenas, pequeños pueblos. Hay que ir al campo para ver la cantidad de enfermedades que hay, que antes no existían.
- ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno?
Estos temas involucran al Gobierno nacional y a sus aliados provinciales. Claro que también hay una fuerte pata empresaria en este modelo. Pero todas las leyes, la ingeniería legal que permite la avanzada petrolera; la explotación forestal; la forma de aprobación de transgénicos fue sancionada en los 90 y profundizada en la última década, en la que se aplicó el extractivismo a rajatabla: en el 2003 había 40 proyectos mineros en estudio, en la actualidad, hay 600. Cuando llegó el kirchnerismo había 12 millones de hectáreas con soja, hoy hay casi 22.
- ¿Como opera el Estado a la hora de controlar la contaminación que causan las empresas?
El modelo extractivo tiene la particularidad de contar con la complicidad, la asistencia y el andar en el mismo camino de poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Si el poder judicial hiciera cumplir la ley, el modelo no podría avanzar. La Argentina tiene frondosa legislación, sobre todo de protección indígena, que obliga a consultar y obtener el consentimiento de las comunidades. En Vaca Muerta, debería haber habido, pero no lo hubo. Y ahí tiene mucho que ver el poder judicial. Es muy curioso también que los que se oponen a que el pueblo decida son los propios poderes del Estado que llegaron por el voto popular. La lucha contra el extractivismo no es solamente una lucha ambiental, es social, política y económica. Y al mismo tiempo pone en evidencia los límites de la democracia actual, que termina siendo selectiva y conservadora.
- Esto no lo plantea ningún partido o candidato opositor de peso o con chances de acceder al poder
Cualquier candidato que pueda llegar a un cargo ejecutivo nacional o provincial se va a basar en el mismo modelo extractivo, porque todos lo visualizan como una caja de recursos. A todas las consecuencias sociales, sanitarias o ambientales las ven como daños colaterales. Hay que remarcar que todos los Gobiernos de la región actúan igual, sean de derecha, de centro o de izquierda. Correa o Evo Morales, quizás con matices, terminan haciendo lo mismo.
- ¿Quién lo cambia entonces?
Creo que los cambios van de abajo hacia arriba, nunca vienen desde los Gobiernos. Muchas comunidades han logrado frenar las actividades extractivas votando en plebiscitos y proponiendo otro modelo. En Malvinas Argentinas, Córdoba, han logrado frenar a Monsanto. Vienen periodistas e investigadores de todo el mundo a ver cómo es el caso de esa pequeña localidad que pudo frenar al monstruo. Ahí está el gobierno nacional, de un signo político, el provincial de (José) De la Sota, de otro, y la intendencia, que es radical. Los tres se oponen a que la población vote.
- ¿Qué implicaría para el campo frenar el uso de transgénicos y agrotóxicos?
El modelo sojero tiene sus consecuencias ambientales, sociales, sanitarias y también económicas, porque ha generado una enorme desocupación. Hace casi 20 años, cuando se aprobó en la Argentina la primera soja transgénica, uno de los grandes discursos era que llevaría a usar cada vez menos agroquímicos. Esa fue una gran mentira. Está comprobado por estudios de las propias cámaras empresarias que cada vez se usan más y peores agroquímicos para controlar lo que ellos llaman malezas. Hay trabajos del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que demuestran que se puede producir sin agroquímicos, teniendo igual producción y mayor margen de ganancias. Sin embargo el Estado, las universidades y los medios adoptaron el discurso empresario de que sin transgénicos y sin agroquímicos no se puede producir. Detrás de eso obviamente hay un gran negocio que le quita autonomía a los productores. No hay un solo estudio independiente de Monsanto que pruebe que es más productiva.
- El problema es que hoy hay toda una economía basada en un modelo agroexportador, cuyo sostén más significativo es la soja.
Nadie pide que de un día para el otro se deje de producir soja o se dejen de usar agroquímicos. Pero sí que haya distintas etapas de transición hacia otro modelo que produzca alimentos de calidad y sanos para la población. ¿Cuántos de nosotros comen soja? Nuestro país produce alimentos para aves y chanchos de Asia y de Europa, y eso es toda una definición para mí
- Por qué pensás que los medios masivos y muchos periodistas callan lo que vos contás?
Hay un fuerte componente empresarial de los grandes medios ligado al modelo agropecuario. Al mismo tiempo, en medios alineados con el Gobierno nunca vas a ver críticas al fracking, o a la contaminación en Vaca Muerta. Creo que falta también una reflexión crítica sobre los periodistas. No podemos alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. En mi caso, lo que no puedo publicar en el diario lo publico en medios alternativos o populares.
- En el libro hablás de la indiferencia de las clases medias urbanas a los efectos que causa el extractivismo no sólo en la tierra, sino sobre todo en comunidades campesinas y aborígenes. ¿Esto lo adjudicás a un desinterés de clase y geografía o más bien a la desinformación?
Hay múltiples factores. Yo lo simplifico con el ejemplo del día que explotó el contáiner con agroquímicos en el puerto de Buenos Aires. Hace mucho tiempo que en laArgentina se fumigan escuelas rurales, con chicos en clase. Imaginemos que eso suceda en un colegio de Caballito, Palermo, Recoleta, el escándalo que sería. Creo que hay un poco de mirarse el ombligo de las grandes ciudades. El famoso "Dios atiende de la General Paz para adentro", que se repite con la misma lógica en otras grandes ciudades como Córdoba, Santa Fe o Rosario. Por otro lado, pienso que hay un componente de clase, incluso racista me animo a decir, de juzgar distinto el sufrimiento del otro.
- Cuando las comunidades se organizan para frenar la megaminería siempre hay voces en el interior que priman el empleo por sobre la cuestión ambiental. ¿cómo se rebate esa postura?
He visto y escuchado a las propias comunidades que resisten en los lugares. Andalgalá, en el oeste catamarqueño es una de las primeras ciudades donde se instaló la minera multinacional La Alumbrera. Hace falta ir a Andalgalá para ver que en estos 20 años no tuvo nada de lo que le habían prometido, ni desarrollo económico, ni fuentes de empleo. Hoy en día trabajan menos de 40 personas de la zona, y todos en lugares de bajos salarios, como limpieza o mantenimiento. El resto proviene de Buenos Aires o del exterior, y no compran ni la lechuga para la ensalada, traen todo de afuera. El pueblo sigue siendo enormemente pobre. No hay una localidad en Latinoamerica con megaminería metalífera que no sea pobre. Por eso, cuando se pide un ejemplo de desarrollo, las mineras no saben qué decir. Son políticas de enclave, lo mismo sucede con las ciudades petroleras. De ahí la pregunta que surge en todas las asambleas populares, ¿progreso para quién?
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Drones para cuidar los recursos naturales en Chaco
Drones Inteligentes y más vehículos 4x4 para la conservación de recursos naturales de la provincia
Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Recursos adquirirá cuatro camionetas 4x4 y dos Drones Inteligentes, destinados a la Dirección de Bosques, Fauna y Suelo, para ayudar a la conservación de los recursos provinciales. Así lo aseguró el subsecretario Mauro Senger, quien destacó que esta dependencia del Ministerio de la Producción destinó fondos de recaudación propia de las distintas Direcciones correspondientes, para la compra los vehículos aptos para realizar inspecciones, auditorías ambientales y controles sobre el bosque nativo y la fauna autóctona.
Además, “permitirá a inspectores, técnicos y profesionales del Estado contar con la movilidad apropiada para ingresar y recorrer aquellos predios que cuenten con masa boscosa nativa que sean sujeto a la fiscalización de la Dirección de Bosques, además de los tres vehículos entregados recientemente para dicha Dirección”, ponderó Senger.
Así, comentó el funcionario provincial lo que se proyecta para 2015; período donde se realizarán todas las acciones necesarias para fortalecer las instituciones gubernamentales y dotar de herramientas a sus técnicos para proteger en forma efectiva a los recursos naturales. Al mismo tiempo, promocionar actividades sostenibles, como lo son las tareas que financia el fondo nacional de la 26.331.
Obtención de imágenes
Por otro lado, también se adquirirán dos drones inteligentes para poder obtener imágenes en tiempo real de los cambios de cobertura que pueda tener un lote o predio con bosque nativo y de esta manera contar con mayores elementos a la hora de realizar inspecciones, controles y auditorias.
El funcionario, expresó que estos fondos provienen de recaudación propia y genuina de la Dirección de Bosques y Fauna. “Hoy podemos decir que la recaudación de la Dirección de Bosques fue superior a los 60 millones de pesos en 2014, registrando así un aumento sistemático del 20 por ciento más que en 2013. Ante todo tipo de especulaciones y malos comentarios, realizados durante todo el 2014 y 2015”, precisó el subsecretario.
Fondos 2014
También se van a entregar los Fondos 2014 de los Bosques Nativos: “Estos fondos se mal intencionaron con comentarios falsos de una legisladora, donde decía que no se iban a entregar en dicho año”, argumentó Senger. Este fondo fue creado en el 2007 por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos y se encuentra en ejecución en la provincia del Chaco desde el año 2010.
El fondo, consiste en montos que distribuye anualmente el Gobierno Nacional a las provincias con el objeto de financiar proyectos sostenibles que involucren a la conservación y preservación del bosque nativos, como ser proyectos de conservación, de aprovechamiento, de turismo, de investigación, etc. Este año se van asistir a 136 productores de la provincia del chaco, sean forestales, agrícolas y ganaderos por un monto aproximado de 12.043.562 millones de pesos.
Convenio con Vivienda
Resaltó también el subsecretario que se ésta pronto a firmar un convenio con el Instituto de Vivienda de la provincia para hacer las oficinas de la Dirección de Bosques, Dirección de Agencia y la Dirección de Fauna, dependientes ambas del Ministerio de la Producción, en las localidades de Pampa del Indio, Misión Nueva Pompeya, Castelli, Miraflores, Fuerte Esperanza y San Martín. La participación del Instituto es fundamental ya que se quiere trabajar con cooperativas de trabajos, así de esta manera se genera mano de obra de trabajo local.
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Fecha de Publicación: 04/03/2015
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
La Subsecretaría de Recursos adquirirá cuatro camionetas 4x4 y dos Drones Inteligentes, destinados a la Dirección de Bosques, Fauna y Suelo, para ayudar a la conservación de los recursos provinciales. Así lo aseguró el subsecretario Mauro Senger, quien destacó que esta dependencia del Ministerio de la Producción destinó fondos de recaudación propia de las distintas Direcciones correspondientes, para la compra los vehículos aptos para realizar inspecciones, auditorías ambientales y controles sobre el bosque nativo y la fauna autóctona.
Además, “permitirá a inspectores, técnicos y profesionales del Estado contar con la movilidad apropiada para ingresar y recorrer aquellos predios que cuenten con masa boscosa nativa que sean sujeto a la fiscalización de la Dirección de Bosques, además de los tres vehículos entregados recientemente para dicha Dirección”, ponderó Senger.
Así, comentó el funcionario provincial lo que se proyecta para 2015; período donde se realizarán todas las acciones necesarias para fortalecer las instituciones gubernamentales y dotar de herramientas a sus técnicos para proteger en forma efectiva a los recursos naturales. Al mismo tiempo, promocionar actividades sostenibles, como lo son las tareas que financia el fondo nacional de la 26.331.
Obtención de imágenes
Por otro lado, también se adquirirán dos drones inteligentes para poder obtener imágenes en tiempo real de los cambios de cobertura que pueda tener un lote o predio con bosque nativo y de esta manera contar con mayores elementos a la hora de realizar inspecciones, controles y auditorias.
El funcionario, expresó que estos fondos provienen de recaudación propia y genuina de la Dirección de Bosques y Fauna. “Hoy podemos decir que la recaudación de la Dirección de Bosques fue superior a los 60 millones de pesos en 2014, registrando así un aumento sistemático del 20 por ciento más que en 2013. Ante todo tipo de especulaciones y malos comentarios, realizados durante todo el 2014 y 2015”, precisó el subsecretario.
Fondos 2014
También se van a entregar los Fondos 2014 de los Bosques Nativos: “Estos fondos se mal intencionaron con comentarios falsos de una legisladora, donde decía que no se iban a entregar en dicho año”, argumentó Senger. Este fondo fue creado en el 2007 por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos y se encuentra en ejecución en la provincia del Chaco desde el año 2010.
El fondo, consiste en montos que distribuye anualmente el Gobierno Nacional a las provincias con el objeto de financiar proyectos sostenibles que involucren a la conservación y preservación del bosque nativos, como ser proyectos de conservación, de aprovechamiento, de turismo, de investigación, etc. Este año se van asistir a 136 productores de la provincia del chaco, sean forestales, agrícolas y ganaderos por un monto aproximado de 12.043.562 millones de pesos.
Convenio con Vivienda
Resaltó también el subsecretario que se ésta pronto a firmar un convenio con el Instituto de Vivienda de la provincia para hacer las oficinas de la Dirección de Bosques, Dirección de Agencia y la Dirección de Fauna, dependientes ambas del Ministerio de la Producción, en las localidades de Pampa del Indio, Misión Nueva Pompeya, Castelli, Miraflores, Fuerte Esperanza y San Martín. La participación del Instituto es fundamental ya que se quiere trabajar con cooperativas de trabajos, así de esta manera se genera mano de obra de trabajo local.
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Operativo por áridos en Catamarca
Policía Minera controla extracción de árido ilegal
Fecha de Publicación: 04/02/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
La secretaría de Minería, detectó que cantaristas de áridos extraían material en las denominadas terrazas del Río del Valle, actividad que se encuentra prohibida y no permitida por condiciones de seguridad evitando así dejar cavas que ocasionen consecuencias no deseadas o producir desvíos del cauce afectando campos y/o poblaciones; por este motivo, el organismo minero informa que la extracción en el cauce del río está suspendida por la crecida del mismo.
En este sentido, personal técnico de Policía Minera dependiente de la Dirección de Minería, realizó un operativo conjunto con la fuerza de seguridad provincial para detectar y sensibilizar a canteristas sobre esta situación. Se les informó a los concesionarios que extraer áridos de las terrazas de los ríos es ilegal.
La intervención de la Dirección de Minería en este operativo, lo efectúa amparada en la legislación vigente como ley de Canteras, decretos reglamentaciones y resoluciones del organismo competente. En este contexto, los operativos de control en los distintos ríos continuarán.
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Fecha de Publicación: 04/02/2015
Fuente: Diario C
Provincia/Región: Catamarca
La secretaría de Minería, detectó que cantaristas de áridos extraían material en las denominadas terrazas del Río del Valle, actividad que se encuentra prohibida y no permitida por condiciones de seguridad evitando así dejar cavas que ocasionen consecuencias no deseadas o producir desvíos del cauce afectando campos y/o poblaciones; por este motivo, el organismo minero informa que la extracción en el cauce del río está suspendida por la crecida del mismo.
En este sentido, personal técnico de Policía Minera dependiente de la Dirección de Minería, realizó un operativo conjunto con la fuerza de seguridad provincial para detectar y sensibilizar a canteristas sobre esta situación. Se les informó a los concesionarios que extraer áridos de las terrazas de los ríos es ilegal.
La intervención de la Dirección de Minería en este operativo, lo efectúa amparada en la legislación vigente como ley de Canteras, decretos reglamentaciones y resoluciones del organismo competente. En este contexto, los operativos de control en los distintos ríos continuarán.
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Voracidad minera sin límites e irracional en San Juan
El sector minero, en alerta por la ley que cuida humedales
Fecha de Publicación: 06/12/2014
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
A un año de la media sanción de un proyecto que preserva los humedales en todo el país, el Gobierno y el sector empresario de la minería local renuevan la preocupación porque se llegue a la aprobación de la norma en Diputados.
En San Juan lo califican como "peor que la Ley de Glaciares” y se preguntan cómo, hace justamente un año con apoyo de los senadores sanjuaninos, obtuvo media sanción en la Cámara alta. Se trata del proyecto de Ley de Humedales, que intenta fijar los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. En el Ministerio de Minería local y en el sector empresario minero sanjuanino hay preocupación porque esta iniciativa se convierta en ley porque afecta la realización de actividades en la cordillera como el desarrollo minero.
Según la Secretaría de Medio Ambiente local, "los humedales son áreas donde el agua es el factor primario que condiciona al ambiente así como a la vida vegetal y animal asociada. Juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas. Aparecen donde la tierra está cubierta por aguas que no superan los 6 metros de profundidad”. El proyecto de Ley de Humedales fue aprobado por unanimidad en noviembre de 2013, impulsado por el socialista santafecino Rubén Giustiniani y ahora se estudia en la Cámara de Diputados de la Nación, con fuerte lobby de los sectores ambientalistas para lograr que el proyecto se convierta en ley nacional.
En San Juan dicen que el contenido del articulado es impreciso y lo ven como una amenaza para el desarrollo no sólo minero sino de toda actividad en la cordillera. Así lo dijeron el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione; el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé; y el presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Julio Ríos Gómez.
Ghiglione explicó que "El proyecto de la Ley de Humedales adolece de las imprecisiones de la Ley de Glaciares. Cada ley tiene una fundamentación de tipo técnico y se habla de la intangibilidad de humedales y también considera humedales a las vegas o humedales de altura que son los que se encuentran en la zona Centro-Oeste como San Juan y Mendoza. Al plantear la intangibilidad así con tanta ligereza genera un problema de accesibilidad a los proyectos mineros y también en cuanto a la explotación de los diferentes yacimientos que hay”.
Y agregó que se presentan al menos dos conflictos. "El primer problema grave es que para acceder a los proyectos mineros se hace a través de los valles intermontanos en las cercanías de los humedales y necesariamente se intervienen los humedales al pasar cerca. Si se plantea la intangibilidad va a haber que reglamentar y definir un área perihumedal que va a conducir a los mismos problemas que condujo la Ley de Glaciares. Porque esta indefinición genera que no podamos acceder a los altos valles cordilleranos por ser intangibles los humedales. En segundo término, es gravísimo que se avanza nuevamente la Nación sobre la potestad de las provincias y la administración de sus recursos naturales. En este caso, un recurso hídrico. Las provincias no han delegado en la Nación desde 1953 a la fecha la administración de sus recursos naturales, el humedal es un recurso hídrico y como tal debe ser administrado, controlado y regulado por la Provincia.
Imagínese que no podamos acceder a la cordillera porque no podamos pasar por las vegas. Los proyectos mineros tales como Veladero, Pachón, Los Azules, Altares, Vicuña, Caballo, se hace a través de valles intermontanos, se pasa por el costado de los humedales o se los atraviesa en forma perpendicular tratando de afectarlos lo menos posible pero a los caminos hay que hacerlos por donde es posible, no se puede hacer por las cumbres”.
Por su parte, Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Creo que nos afecta tanto o más que la Ley de Glaciares ya que complica el accionar de nuestras empresas en esas zonas. Acá hay problemas cuando se traen conceptos que ni siquiera están claros en la Literatura universal. Entonces eso complica muchísimo y en ningún momento se previó o se llamó a la gente vinculada a las industrias en general que podían verse afectadas”.
Desde la Cámara Minera, Bergé dijo que "este proyecto afecta en el acceso a yacimientos que pasan por pequeñas vegas o zonas que puedan tener algún grado de humedad como los bordes glaciares que pueden trabajarse porque no aportan al sistema hídrico prácticamente nada. No se ha hecho un mapa de afectación pero entendemos que es una ley que se presta a que cualquiera que quiera exagerar lo pueda hacer, porque el término es muy difuso, sencillamente habla de humedales”.
El ministro de Minería local, Felipe Saavedra, aseguró que "Nosotros estamos siguiendo el tema. Yo he estado en contacto con algunos diputados nacionales particularmente con la diputada Griselda Herrera que es de Recursos Naturales y le hemos hecho llegar nuestra preocupación sobre todo por los humedales de altura que son las vegas y que seguramente van a complicar el acceso a algunos emprendimientos. Nosotros hemos aconsejado que no sería bueno que sea tan general”.
De todos estos sectores hay gestiones para que el proyecto no prospere tal y como está. El diputado nacional sanjuanino Daniel Tomas, que preside la comisión de Minería en la Cámara baja dijo que aún no ve el proyecto porque no está en su comisión sino en la de Recursos Naturales y que prevé estudiarlo.
Bergé dijo que "Hemos hablado con gente de la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), se lo hemos dicho al gobernador y estamos tratando que se pare, que se analice de otra manera de encontrarle una cuestión lógica”. Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Esto lo hemos llevado a nivel de la CAEM y vamos a renovar los pedidos para hablar con el Gobernador haciendo hincapié en la afectación que puede tener esto en la actividad y que le quita a la Provincia en autoridad de aplicación, lo que también es muy grave”. Y Ghiglione afirmó que "Yo tomando conocimiento del proyecto me he puesto en campaña de advertirles a los diputados nacionales que nos va a pasar lo mismo que con la Ley de Glaciares”.
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Fecha de Publicación: 06/12/2014
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
A un año de la media sanción de un proyecto que preserva los humedales en todo el país, el Gobierno y el sector empresario de la minería local renuevan la preocupación porque se llegue a la aprobación de la norma en Diputados.
En San Juan lo califican como "peor que la Ley de Glaciares” y se preguntan cómo, hace justamente un año con apoyo de los senadores sanjuaninos, obtuvo media sanción en la Cámara alta. Se trata del proyecto de Ley de Humedales, que intenta fijar los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. En el Ministerio de Minería local y en el sector empresario minero sanjuanino hay preocupación porque esta iniciativa se convierta en ley porque afecta la realización de actividades en la cordillera como el desarrollo minero.
Según la Secretaría de Medio Ambiente local, "los humedales son áreas donde el agua es el factor primario que condiciona al ambiente así como a la vida vegetal y animal asociada. Juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas. Aparecen donde la tierra está cubierta por aguas que no superan los 6 metros de profundidad”. El proyecto de Ley de Humedales fue aprobado por unanimidad en noviembre de 2013, impulsado por el socialista santafecino Rubén Giustiniani y ahora se estudia en la Cámara de Diputados de la Nación, con fuerte lobby de los sectores ambientalistas para lograr que el proyecto se convierta en ley nacional.
En San Juan dicen que el contenido del articulado es impreciso y lo ven como una amenaza para el desarrollo no sólo minero sino de toda actividad en la cordillera. Así lo dijeron el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione; el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé; y el presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Julio Ríos Gómez.
Ghiglione explicó que "El proyecto de la Ley de Humedales adolece de las imprecisiones de la Ley de Glaciares. Cada ley tiene una fundamentación de tipo técnico y se habla de la intangibilidad de humedales y también considera humedales a las vegas o humedales de altura que son los que se encuentran en la zona Centro-Oeste como San Juan y Mendoza. Al plantear la intangibilidad así con tanta ligereza genera un problema de accesibilidad a los proyectos mineros y también en cuanto a la explotación de los diferentes yacimientos que hay”.
Y agregó que se presentan al menos dos conflictos. "El primer problema grave es que para acceder a los proyectos mineros se hace a través de los valles intermontanos en las cercanías de los humedales y necesariamente se intervienen los humedales al pasar cerca. Si se plantea la intangibilidad va a haber que reglamentar y definir un área perihumedal que va a conducir a los mismos problemas que condujo la Ley de Glaciares. Porque esta indefinición genera que no podamos acceder a los altos valles cordilleranos por ser intangibles los humedales. En segundo término, es gravísimo que se avanza nuevamente la Nación sobre la potestad de las provincias y la administración de sus recursos naturales. En este caso, un recurso hídrico. Las provincias no han delegado en la Nación desde 1953 a la fecha la administración de sus recursos naturales, el humedal es un recurso hídrico y como tal debe ser administrado, controlado y regulado por la Provincia.
Imagínese que no podamos acceder a la cordillera porque no podamos pasar por las vegas. Los proyectos mineros tales como Veladero, Pachón, Los Azules, Altares, Vicuña, Caballo, se hace a través de valles intermontanos, se pasa por el costado de los humedales o se los atraviesa en forma perpendicular tratando de afectarlos lo menos posible pero a los caminos hay que hacerlos por donde es posible, no se puede hacer por las cumbres”.
Por su parte, Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Creo que nos afecta tanto o más que la Ley de Glaciares ya que complica el accionar de nuestras empresas en esas zonas. Acá hay problemas cuando se traen conceptos que ni siquiera están claros en la Literatura universal. Entonces eso complica muchísimo y en ningún momento se previó o se llamó a la gente vinculada a las industrias en general que podían verse afectadas”.
Desde la Cámara Minera, Bergé dijo que "este proyecto afecta en el acceso a yacimientos que pasan por pequeñas vegas o zonas que puedan tener algún grado de humedad como los bordes glaciares que pueden trabajarse porque no aportan al sistema hídrico prácticamente nada. No se ha hecho un mapa de afectación pero entendemos que es una ley que se presta a que cualquiera que quiera exagerar lo pueda hacer, porque el término es muy difuso, sencillamente habla de humedales”.
El ministro de Minería local, Felipe Saavedra, aseguró que "Nosotros estamos siguiendo el tema. Yo he estado en contacto con algunos diputados nacionales particularmente con la diputada Griselda Herrera que es de Recursos Naturales y le hemos hecho llegar nuestra preocupación sobre todo por los humedales de altura que son las vegas y que seguramente van a complicar el acceso a algunos emprendimientos. Nosotros hemos aconsejado que no sería bueno que sea tan general”.
De todos estos sectores hay gestiones para que el proyecto no prospere tal y como está. El diputado nacional sanjuanino Daniel Tomas, que preside la comisión de Minería en la Cámara baja dijo que aún no ve el proyecto porque no está en su comisión sino en la de Recursos Naturales y que prevé estudiarlo.
Bergé dijo que "Hemos hablado con gente de la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), se lo hemos dicho al gobernador y estamos tratando que se pare, que se analice de otra manera de encontrarle una cuestión lógica”. Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Esto lo hemos llevado a nivel de la CAEM y vamos a renovar los pedidos para hablar con el Gobernador haciendo hincapié en la afectación que puede tener esto en la actividad y que le quita a la Provincia en autoridad de aplicación, lo que también es muy grave”. Y Ghiglione afirmó que "Yo tomando conocimiento del proyecto me he puesto en campaña de advertirles a los diputados nacionales que nos va a pasar lo mismo que con la Ley de Glaciares”.
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Fracking: si no pueden controlar los convencionales...
Argentina no está en condiciones de fiscalizar el fracking
Fecha de Publicación: 27/06/2014
Fuente: Bariloche 2000 - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
El fiscal federal Gustavo Gómez analizó el estado de situación sobre los pasivos ambientales de la minería y la explotación petrolera en el país. Señaló que Argentina no pudo resolver la contaminación de los sistemas convencionales por lo que menos podrá con los no-convencionales.
El Fiscal Federal General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez, participó de la última reunión de asambleas patagónicas que se realizó días atrás en Trelew, en la que vecinos de toda la región debatieron el avance del fracking y la megaminería, sistemas extractivos que consumen millones de litros de agua y generan importantes pasivos ambientales.
Con una experiencia de más de 20 años en la temática, Gomez explicó por qué Argentina “no está en condiciones de controlar estos sistemas” y, por lo tanto, de avanzar de manera segura para las actuales y futuras generaciones.
“Hoy por hoy tenemos un muy mal pasivo ambiental en materia petrolera, con lagunas saladas y envenenadas, animales y aves muertas por doquier porque se acercan a beber pensando que habrá agua. Encontramos pozos abandonados sin control. Se supone que a 60 metros de un pozo no tiene que haber una vivienda pero la propia casa del gobernador de Chubut tiene un pozo en el patio. La explotación petrolera de Neuquén ya generó niveles de contaminación que afecta el agua de las comunidades mapuches desde hace años”, relató.
Por otra parte, manifestó que estas actividades están prohibidas en distintos países. “Después podemos analizar lo pésimo que es este tipo de actividad -por el fracking- como para que Francia o Bulgaria lo hayan prohibido y para que la Unión Europea esté trabajando en legislación para prohibirlo”, remarcó.
El fracking y la megaminería requieren de millones de litros de agua que son garantizados por el Estado Nacional y los estados provinciales. Ni la minería ni el petróleo están sujetos a retenciones.
“Exportan todo y declaran lo que quieren. Se llevan lo que quieren, pagan lo que quieren y nos dejan la remediación ambiental a nosotros. Es increíble, cómo les estamos dando gratis el agua a las empresas pero se las cobramos a los productores del alto valle o del valle medio. Además, con promesas de trabajo y de ingresos que no son tales, y con el compromiso del propio estado de encargarse de la remediación. La legislación los ampara para que vengan, para saquen los recursos, los exploten y se los lleven. Y nosotros nos quedamos con la contaminación”, graficó el fiscal.
Con respecto a la necesidad de obtener recursos como gas o petróleo, indicó que la argumentación es falsa porque “una sola empresa como minera Alumbrera -multinacional que opera en Catamarca pero tiene sede en la isla de Saint Martin- consume tanto gas como lo que necesitan todas las GNC del país”. “Habilitamos a muchas empresas como Alumbrera en todo el país para que exploten algo que no nos deja nada y nos queda un pasivo ambiental”, lamentó.
Años atrás, Goméz sentó un importante precedente cuando denunció por “delito ambiental” al presidente de esa multinacional, Julián Rooney, quien fue procesado por los niveles de contaminación del agua que deshecha en la que se encontraron altos niveles de cadmio y mercurio.
“Estas multinacionales buscan países en los que puedan contaminar y cometer delitos ambientales con impunidad y se puedan llevar todo, sin restricciones ni retenciones. Por eso vienen a América Latina porque los gobiernos débiles son presas fáciles. Esto favorece la corrupción de los gobiernos que presionan a la administración de Justicia para garantizar la impunidad. Esto es un tornado que se lleva hacia el exterior todos los recursos naturales y que no es nuevo porque es lo que nos viene pasando desde la época de la colonia, cuando se llevaron la plata de Perú y Bolivia”.
“Los gobiernos y las multinacionales sostienen que dan trabajo pero si uno recorre los alrededores de Alumbrera, por ejemplo, comprueba no ha empleado a más de 150 personas de los distintos pueblos. Como contrapartida consume y contamina 5 millones de litros de agua por hora y consume tanta electricidad como la que necesita toda la provincia de Río Negro”, aseguró.
Para intentar revertir esta situación, desde la Fiscalía Federal II de Tucumán, Gomez abrió una causa penal por “evasión impositiva y contrabando” y pidieron que se cite a declaración indagatoria por “complicidad” al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron.
“Dicen que sacan barro de cobre pero hicimos un control con Gendarmería Nacional y detectamos que en el barro llevan oro y plata que no declaran. El gobierno controla solo el peso pero no qué llevan” indicó.
En este contexto, surge un dato no menor que habla de la orientación que dio el gobierno nacional a los controles: en materia de fracking, los conflictos se dirimen fuera de la jurisdicción nacional.
Así quedó establecido en una de las “cláusulas secretas” que firmó la presidente Cristina Fernández de Kirchner con la empresa Chevron para la extracción de los recursos de Vaca Muerta. Esta cláusula que va claramente en contra de los intereses y los derechos del pueblo argentino, no fue conocida en el país, hasta que la hizo pública el diario The New York Times, de Estados Unidos.
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Fecha de Publicación: 27/06/2014
Fuente: Bariloche 2000 - Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Nacional
El fiscal federal Gustavo Gómez analizó el estado de situación sobre los pasivos ambientales de la minería y la explotación petrolera en el país. Señaló que Argentina no pudo resolver la contaminación de los sistemas convencionales por lo que menos podrá con los no-convencionales.
El Fiscal Federal General de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez, participó de la última reunión de asambleas patagónicas que se realizó días atrás en Trelew, en la que vecinos de toda la región debatieron el avance del fracking y la megaminería, sistemas extractivos que consumen millones de litros de agua y generan importantes pasivos ambientales.
Con una experiencia de más de 20 años en la temática, Gomez explicó por qué Argentina “no está en condiciones de controlar estos sistemas” y, por lo tanto, de avanzar de manera segura para las actuales y futuras generaciones.
“Hoy por hoy tenemos un muy mal pasivo ambiental en materia petrolera, con lagunas saladas y envenenadas, animales y aves muertas por doquier porque se acercan a beber pensando que habrá agua. Encontramos pozos abandonados sin control. Se supone que a 60 metros de un pozo no tiene que haber una vivienda pero la propia casa del gobernador de Chubut tiene un pozo en el patio. La explotación petrolera de Neuquén ya generó niveles de contaminación que afecta el agua de las comunidades mapuches desde hace años”, relató.
Por otra parte, manifestó que estas actividades están prohibidas en distintos países. “Después podemos analizar lo pésimo que es este tipo de actividad -por el fracking- como para que Francia o Bulgaria lo hayan prohibido y para que la Unión Europea esté trabajando en legislación para prohibirlo”, remarcó.
El fracking y la megaminería requieren de millones de litros de agua que son garantizados por el Estado Nacional y los estados provinciales. Ni la minería ni el petróleo están sujetos a retenciones.
“Exportan todo y declaran lo que quieren. Se llevan lo que quieren, pagan lo que quieren y nos dejan la remediación ambiental a nosotros. Es increíble, cómo les estamos dando gratis el agua a las empresas pero se las cobramos a los productores del alto valle o del valle medio. Además, con promesas de trabajo y de ingresos que no son tales, y con el compromiso del propio estado de encargarse de la remediación. La legislación los ampara para que vengan, para saquen los recursos, los exploten y se los lleven. Y nosotros nos quedamos con la contaminación”, graficó el fiscal.
Con respecto a la necesidad de obtener recursos como gas o petróleo, indicó que la argumentación es falsa porque “una sola empresa como minera Alumbrera -multinacional que opera en Catamarca pero tiene sede en la isla de Saint Martin- consume tanto gas como lo que necesitan todas las GNC del país”. “Habilitamos a muchas empresas como Alumbrera en todo el país para que exploten algo que no nos deja nada y nos queda un pasivo ambiental”, lamentó.
Años atrás, Goméz sentó un importante precedente cuando denunció por “delito ambiental” al presidente de esa multinacional, Julián Rooney, quien fue procesado por los niveles de contaminación del agua que deshecha en la que se encontraron altos niveles de cadmio y mercurio.
“Estas multinacionales buscan países en los que puedan contaminar y cometer delitos ambientales con impunidad y se puedan llevar todo, sin restricciones ni retenciones. Por eso vienen a América Latina porque los gobiernos débiles son presas fáciles. Esto favorece la corrupción de los gobiernos que presionan a la administración de Justicia para garantizar la impunidad. Esto es un tornado que se lleva hacia el exterior todos los recursos naturales y que no es nuevo porque es lo que nos viene pasando desde la época de la colonia, cuando se llevaron la plata de Perú y Bolivia”.
“Los gobiernos y las multinacionales sostienen que dan trabajo pero si uno recorre los alrededores de Alumbrera, por ejemplo, comprueba no ha empleado a más de 150 personas de los distintos pueblos. Como contrapartida consume y contamina 5 millones de litros de agua por hora y consume tanta electricidad como la que necesita toda la provincia de Río Negro”, aseguró.
Para intentar revertir esta situación, desde la Fiscalía Federal II de Tucumán, Gomez abrió una causa penal por “evasión impositiva y contrabando” y pidieron que se cite a declaración indagatoria por “complicidad” al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron.
“Dicen que sacan barro de cobre pero hicimos un control con Gendarmería Nacional y detectamos que en el barro llevan oro y plata que no declaran. El gobierno controla solo el peso pero no qué llevan” indicó.
En este contexto, surge un dato no menor que habla de la orientación que dio el gobierno nacional a los controles: en materia de fracking, los conflictos se dirimen fuera de la jurisdicción nacional.
Así quedó establecido en una de las “cláusulas secretas” que firmó la presidente Cristina Fernández de Kirchner con la empresa Chevron para la extracción de los recursos de Vaca Muerta. Esta cláusula que va claramente en contra de los intereses y los derechos del pueblo argentino, no fue conocida en el país, hasta que la hizo pública el diario The New York Times, de Estados Unidos.
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El límite al desarrollo es 'preservar los glaciares'
El límite al desarrollo es 'preservar los glaciares'
Fecha de Publicación: 11/05/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La subsecretaria de Medio Ambiente de la Nación participa en Bariloche de la segunda reunión subregional Andina-Mecanismo Regional. Plantea fortalecer los estudios de impacto ambiental y reclama "seriedad" a los profesionales de las universidades nacionales
La subsecretaria de Medio Ambiente de Nación, Silvia Neira, sostuvo este jueves que "no podemos decir no" a las actividades extractivas que impactan sobre el medio ambiente pero que hay que evaluar ese impacto y fijar límites al desarrollo, entre los que destacó la preservación de los glaciares amenazados por la actividad minera.
La funcionaria participa en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche de la Segunda reunión subregional Andina-Mecanismo Regional, que busca avanzar en la definición de un plan de manejo sustentable para las regiones montañosas del país.
Neira reconoció a Radio Seis que "el modelo hegemónico (de desarrollo) a nivel mundial camina hacia una dirección que no es la adecuada porque está degradando los recursos" pero que el desafío nacional es encuadrarlo dentro parámetros sustentables.
La funcionaria señaló que "hay un impacto ambiental en toda actividad extractiva pero el gran desafío es que los estudios de impacto ambiental de estos emprendimientos sean serios y fijen límites claros", entre lo que planteó como prioridad "preservar los glaciares".
Y fue crítica con los profesionales de universidades nacionales que "se prestan a hacer estudios engañosos" a los que reclamó "seriedad" para definir cuales proyectos son viables y como relocalizar los que no lo son.
En cambio no quiso fijar una posición sobre la derogación de la ley rionegrina que prohibía la utilización de cianuro para la extracción de oro y otros minerales preciosos a cielo abierto ni sobre la fuerte resistencia de sectores y organizaciones que se han manifestado en contra de esa medida en Bariloche y en otros puntos del territorio provincial.
"No podemos decir no a la minería, no a los hidrocarburos, no a una planta petroquímica" porque "pareciera que estamos atacando la posibilidad de hacer nuestro propio desarrollo con mejor calidad de vida para el pueblo" sostuvo la funcionaria.
La Segunda reunión Subregional Andina-Mecanismo Regional, organizada por el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas del país, puso en debate los mecanismos de financiamiento para "promover proyectos con incidencia territorial" y avanzar en una alianza andina para todos los países de Sudamérica.
Neira aseguró que la reunión en marcha es "el espaldarazo para lograr un proyecto con financiamiento internacional para trabajar el ecosistema de las montañas". En la estructura de trabajo se sumará a Conicet, INTA, INTI y los organismos pertinentes de las provincias andinas para "compatibilizar producción con la preservación de nuestros recursos naturales", dijo.
En las mesas de trabajo abiertas en la Escuela Militar de Montaña participan también el presidente del Concejo Municipal, Ramón Chiocconi, representantes de la Cancillería Argentina, de la Alianza para las Montañas, representantes de FAO nacional e internacional, de los 24 miembros del Comité de Desarrollo Sustentable de las Zonas de Montaña, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
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Fecha de Publicación: 11/05/2014
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
La subsecretaria de Medio Ambiente de la Nación participa en Bariloche de la segunda reunión subregional Andina-Mecanismo Regional. Plantea fortalecer los estudios de impacto ambiental y reclama "seriedad" a los profesionales de las universidades nacionales
La subsecretaria de Medio Ambiente de Nación, Silvia Neira, sostuvo este jueves que "no podemos decir no" a las actividades extractivas que impactan sobre el medio ambiente pero que hay que evaluar ese impacto y fijar límites al desarrollo, entre los que destacó la preservación de los glaciares amenazados por la actividad minera.
La funcionaria participa en la Escuela Militar de Montaña de Bariloche de la Segunda reunión subregional Andina-Mecanismo Regional, que busca avanzar en la definición de un plan de manejo sustentable para las regiones montañosas del país.
Neira reconoció a Radio Seis que "el modelo hegemónico (de desarrollo) a nivel mundial camina hacia una dirección que no es la adecuada porque está degradando los recursos" pero que el desafío nacional es encuadrarlo dentro parámetros sustentables.
La funcionaria señaló que "hay un impacto ambiental en toda actividad extractiva pero el gran desafío es que los estudios de impacto ambiental de estos emprendimientos sean serios y fijen límites claros", entre lo que planteó como prioridad "preservar los glaciares".
Y fue crítica con los profesionales de universidades nacionales que "se prestan a hacer estudios engañosos" a los que reclamó "seriedad" para definir cuales proyectos son viables y como relocalizar los que no lo son.
En cambio no quiso fijar una posición sobre la derogación de la ley rionegrina que prohibía la utilización de cianuro para la extracción de oro y otros minerales preciosos a cielo abierto ni sobre la fuerte resistencia de sectores y organizaciones que se han manifestado en contra de esa medida en Bariloche y en otros puntos del territorio provincial.
"No podemos decir no a la minería, no a los hidrocarburos, no a una planta petroquímica" porque "pareciera que estamos atacando la posibilidad de hacer nuestro propio desarrollo con mejor calidad de vida para el pueblo" sostuvo la funcionaria.
La Segunda reunión Subregional Andina-Mecanismo Regional, organizada por el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Regiones Montañosas del país, puso en debate los mecanismos de financiamiento para "promover proyectos con incidencia territorial" y avanzar en una alianza andina para todos los países de Sudamérica.
Neira aseguró que la reunión en marcha es "el espaldarazo para lograr un proyecto con financiamiento internacional para trabajar el ecosistema de las montañas". En la estructura de trabajo se sumará a Conicet, INTA, INTI y los organismos pertinentes de las provincias andinas para "compatibilizar producción con la preservación de nuestros recursos naturales", dijo.
En las mesas de trabajo abiertas en la Escuela Militar de Montaña participan también el presidente del Concejo Municipal, Ramón Chiocconi, representantes de la Cancillería Argentina, de la Alianza para las Montañas, representantes de FAO nacional e internacional, de los 24 miembros del Comité de Desarrollo Sustentable de las Zonas de Montaña, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
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La UAC se reunió en Nonogasta
Nonogasta salió a la calle acompañada de las asambleas de todo el país
Fecha de Publicación: 04/05/2014
Fuente: Unión de Asambleas Ciudadanas
Provincia/Región: Nacional
Comenzó el 22° encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Nonogasta, en la provincia de La Rioja, una localidad atravesada por las prácticas contaminantes de la curtiembre Curtume BR. Al encuentro llegaron asambleístas de distintas provincias del país que sesionarán durante tres días.
En la primera jornada, la Asamblea El Retamo anfitriona del encuentro recibió a las distintas delegaciones del país. Por la tarde, se realizó una feria artesanal y de información a la comunidad de parte de las organizaciones participantes en la plaza central. Mimos, malabaristas, títeres y una chocolatada generosa para los niños acompañaron los preparativos de la marcha que luego desfiló por las calles de Nonogasta hasta la puerta de la curtiembre que inunda la zona con su olor ineludible.
La radio abierta permitió escuchar los testimonios de vecinos y vecinas que explicaron algunas de las problemáticas, todas urgentes, de los diferentes territorios.
“Acá en Nonogasta no solo estamos contaminados por los químicos sino también por los políticos que nos han silenciado con los planes, con los aprietes, con las amenazas, entonces o se reclama o se come. En Nonogasta, cuesta mucho salir a denunciar pero no porque la gente no quiera vivir sino porque tiene miedo” comenzó María, de la asamblea el Retamo y continuó “Casi todos los mese mueren niños antes de nacer, y sabemos bien por qué. Nosotras tenemos químicos en nuestra sangre y los pasamos a nuestros hijos. Hoy estamos acá con la alegría de luchar y de resistir, vivir es resistir. Hace dos años que nació esta asamblea nuevita y les pedimos a todos que difundan lo que está sucediendo” dijo María.
En los micrófonos de la radio, Cecilia, integrante de la Asamblea Riojana Capital que está en el bloqueo selectivo en la localidad de Duraznillo, cerca de la capital provincial que procura frenar las tareas de exploración que inició la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para extraer uranio de manera inconsulta relató: “Después de 45 días ininterrumpidos, en base al vinculo con los vecinos de la zona, hemos logrado frenar a la CNEA que siempre dice que es inocuo lo que hace”. El uranio es un insumo básico para la generación de energía nuclear y el proceso de extracción es el más contaminante en la cadena de la producción. Cecilia resaltó que “estas empresas depredan toda la vida, toda la naturaleza, pero en el caso del uranio tiene una connotación mucho más fuerte porque la radioactividad viaja miles de kilómetros apenas con vientos leves y la mina queda a 20 km de la capital donde vivimos dos terceras parte de la población. Además afecta otras provincias”.
Pia relató cómo funciona la solidaridad entre asambleas recientes y aquellas, como Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, que tienen vasta experiencia en la organización de encuentros solidarios de intercambio como lo es la UAC. Se trata de un proceso que comenzó mucho antes de estos tres días con pintadas de murales en la que niños y niñas se acercaron a participar, lo que permitió hablar con los padres y madres. “Todavía hay mucho miedo, a perder los puestos de trabajo, a ser señalados por los punteros y dejar de percibir ciertos beneficios que te da la clase dirigente. Pudimos explicar que no veníamos a escrachar a nadie. Sólo queremos que no se contamine el agua. Aquello que es lo normal, lo exigido por la ley, aquí no se cumple. También existe mucha conciencia después de la lucha de Famatina y de la lucha docente en La Rioja que encendió un debate sobre toda la enseñanza. Ya no te manejan con un plan. Estamos viendo otras posibilidades como fuentes de trabajo, queremos trabajar sin que nos cueste la vida”. La fuerza de una fecha como el 1° de mayo atravesó los debates porque se trata de una preocupación esencial en la región para poder discutir la contaminación que pretender obviar el derecho a la vida y a la salud.
Además, las asambleas realizarán un plenario para compartir las experiencias y acciones acordadas durante las distintas comisiones de trabajo permanentes de la UAC y temáticas específicas sobre Plan Nuclear Argentino, definiciones de territorio, derecho natural de acuerdo a la cosmovisión de pueblos originarios y encuentros regionales.
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Fecha de Publicación: 04/05/2014
Fuente: Unión de Asambleas Ciudadanas
Provincia/Región: Nacional
Comenzó el 22° encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Nonogasta, en la provincia de La Rioja, una localidad atravesada por las prácticas contaminantes de la curtiembre Curtume BR. Al encuentro llegaron asambleístas de distintas provincias del país que sesionarán durante tres días.
En la primera jornada, la Asamblea El Retamo anfitriona del encuentro recibió a las distintas delegaciones del país. Por la tarde, se realizó una feria artesanal y de información a la comunidad de parte de las organizaciones participantes en la plaza central. Mimos, malabaristas, títeres y una chocolatada generosa para los niños acompañaron los preparativos de la marcha que luego desfiló por las calles de Nonogasta hasta la puerta de la curtiembre que inunda la zona con su olor ineludible.
La radio abierta permitió escuchar los testimonios de vecinos y vecinas que explicaron algunas de las problemáticas, todas urgentes, de los diferentes territorios.
“Acá en Nonogasta no solo estamos contaminados por los químicos sino también por los políticos que nos han silenciado con los planes, con los aprietes, con las amenazas, entonces o se reclama o se come. En Nonogasta, cuesta mucho salir a denunciar pero no porque la gente no quiera vivir sino porque tiene miedo” comenzó María, de la asamblea el Retamo y continuó “Casi todos los mese mueren niños antes de nacer, y sabemos bien por qué. Nosotras tenemos químicos en nuestra sangre y los pasamos a nuestros hijos. Hoy estamos acá con la alegría de luchar y de resistir, vivir es resistir. Hace dos años que nació esta asamblea nuevita y les pedimos a todos que difundan lo que está sucediendo” dijo María.
En los micrófonos de la radio, Cecilia, integrante de la Asamblea Riojana Capital que está en el bloqueo selectivo en la localidad de Duraznillo, cerca de la capital provincial que procura frenar las tareas de exploración que inició la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para extraer uranio de manera inconsulta relató: “Después de 45 días ininterrumpidos, en base al vinculo con los vecinos de la zona, hemos logrado frenar a la CNEA que siempre dice que es inocuo lo que hace”. El uranio es un insumo básico para la generación de energía nuclear y el proceso de extracción es el más contaminante en la cadena de la producción. Cecilia resaltó que “estas empresas depredan toda la vida, toda la naturaleza, pero en el caso del uranio tiene una connotación mucho más fuerte porque la radioactividad viaja miles de kilómetros apenas con vientos leves y la mina queda a 20 km de la capital donde vivimos dos terceras parte de la población. Además afecta otras provincias”.
Pia relató cómo funciona la solidaridad entre asambleas recientes y aquellas, como Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, que tienen vasta experiencia en la organización de encuentros solidarios de intercambio como lo es la UAC. Se trata de un proceso que comenzó mucho antes de estos tres días con pintadas de murales en la que niños y niñas se acercaron a participar, lo que permitió hablar con los padres y madres. “Todavía hay mucho miedo, a perder los puestos de trabajo, a ser señalados por los punteros y dejar de percibir ciertos beneficios que te da la clase dirigente. Pudimos explicar que no veníamos a escrachar a nadie. Sólo queremos que no se contamine el agua. Aquello que es lo normal, lo exigido por la ley, aquí no se cumple. También existe mucha conciencia después de la lucha de Famatina y de la lucha docente en La Rioja que encendió un debate sobre toda la enseñanza. Ya no te manejan con un plan. Estamos viendo otras posibilidades como fuentes de trabajo, queremos trabajar sin que nos cueste la vida”. La fuerza de una fecha como el 1° de mayo atravesó los debates porque se trata de una preocupación esencial en la región para poder discutir la contaminación que pretender obviar el derecho a la vida y a la salud.
Además, las asambleas realizarán un plenario para compartir las experiencias y acciones acordadas durante las distintas comisiones de trabajo permanentes de la UAC y temáticas específicas sobre Plan Nuclear Argentino, definiciones de territorio, derecho natural de acuerdo a la cosmovisión de pueblos originarios y encuentros regionales.
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