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Sigue el atropello de Manaos sobre campesinos
08:00 | 
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Santiago del Estero: disputa por tierras y desmonte ilegal
Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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Fecha de Publicación: 30/11/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Santiago del Estero
Orlando Canido, dueño de la gaseosa Manaos, quiere deforestar, pese a la restricción oficial. Resistencia indígena.
En las últimas dos décadas, los conflictos por la titularidad de tierras en las que están asentadas las comunidades indígenas recrudecieron por la activación de los desarrollos agropecuarios en regiones forestales.
Aunque el Estado reconoce los derechos comunales de propiedad de los pueblos indígenas, la falta de entrega de títulos de dominio es fuente de tensión social y litigios judiciales. El conflicto emerge cuando las tierras son comercializadas con las comunidades en su interior, se inicia la deforestación y se intenta forzar el éxodo de las etnias.
En los últimos años, se produjeron más de 300 conflictos con estas características en áreas de bosque.
Uno de los que alcanzó resonancia pública en estos meses lo protagonizó el empresario Orlando Canido, dueño de la popular gaseosa “Manaos”.
En el año 2014, el empresario presentó el título de compra de un campo con dos lotes, de 1.000 y de 1.163 hectáreas en las localidades de Bajo Hondo y El Colorado, a 270 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña. De inmediato presentó en la Dirección de Bosques de la provincia un proyecto productivo agrícola en el área forestal.
La Dirección, en primera instancia, aprobó el proyecto, y Canido inició el desmonte de 55 hectáreas, pero no pudo seguir porque los aborígenes interrumpieron el avance de las topadoras, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE VC) hizo un reclamo judicial por la posesión de las tierras. A partir de entonces, la Dirección de Bosques ordenó la suspensión del desmonte hasta que la justicia resolviera el conflicto.
Las páginas del expediente son una sucesión de denuncias cruzadas. Canido acusó a integrantes de la comunidad indígena Guaycurú de haber tomado su campo sin “fundamento jurídico ni acreditación de derecho alguno sino por simple invocación a la comunidad aborigen”.
A su vez, los miembros de la comunidad indígena relataron que “ya cansados de los retardos de la justicia y falta de respuesta, y siguiendo el consejo de representantes y consejeros, optaron por tomar el campo”.
El gobierno intentó resolver el conflicto en la “Mesa de Tierras” con el diálogo entre las partes. Pero el conflicto no se resolvió. Y volvieron las denuncias de ambas partes: los aborígenes por “intimidación de hombres armados” y Canido, “por daños a su propiedad y sus bienes”.
Casi un año después, en septiembre de 2015, con el plan suspendido, Canido decidió continuar con el proyecto agropecuario: con cinco topadoras taló otras 220 hectáreas de bosque, y fue obligado a detener el desmonte por la Dirección de Bosques, que le realizó un sumario. “Canido está en infracción por ese desmonte y se están haciendo las pericias administrativas”, indica Víctor Rosales, su director.
Fuentes de su entorno aseguran que el empresario es propietario de 40 mil hectáreas en la provincia y emplea a más de media población para tareas de campo en Bajo Hondo, la zona del conflicto. En mayo de 2016, la entonces jueza Lucrecia Martínez Llanos ordenó el desalojo de la comunidad pero la orden no se puedo ejecutar por resistencia del MOCASE VC. En julio, una nueva orden tampoco pudo efectivizarse.
Desde entonces, un grupo relacionado con Canido se asentó en un campo de su propiedad, al lado de la tierra en litigio, con actitudes amenazantes. Y en septiembre, según consta en el expediente, con 3 camionetas y 15 hombres armados, irrumpieron en la tierra en conflicto: mataron animales, prendieron fuego ranchos de la comunidad, y los obligaron a escapar al monte. En el ataque, balearon en la pierna a uno de ellos. El empresario Canido no respondió a los mensajes en su celular de este diario.
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En FAA Córdoba hay "preocupación por la Ley de Tierras"
Federación Agraria Córdoba, preocupada por la Ley de Tierras
Fecha de Publicación: 06/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
La delegación Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "preocupación por la Ley de Tierras".
"Lejos de tomarlo como una situación coyuntural momentánea, los productores cordobeses reunidos en la filial local de Federación Agraria expresaron su preocupación por la modificación de la Ley de Tierras", señalaron desde la entidad.
Desfavorecidos
Leonardo Bonafé, titular de la delegación cordobesa expresó que “los pequeños y medianos productores vemos con angustia esta modificación en la Ley de Tierras ya que ponemos todo nuestro esfuerzo por subsistir y el Decreto 820/16, que facilita la venta de tierras a extranjeros, nos pone en desigualdad de condiciones ante eventuales intereses corporativos que ahora pueden avanzar sobre nuestro trabajo”.
El dirigente cuestionó también que “el modelo impulsado por el Kirchnerismo que alejó a los jóvenes del campo parece ahora apuntalado por este nuevo gobierno con una modificación que pone en riesgo la agricultura familiar y le da el ok a los intereses extranjeros para avanzar sobre nuestras tierras”.
Bonafé expresó asimismo que “numerosos productores se mantienen alertas ante esta situación y nuestra preocupación continuará siendo tema de debate en las bases federadas locales”.
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Fecha de Publicación: 06/08/2016
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
La delegación Córdoba de Federación Agraria Argentina (FAA) manifestó su "preocupación por la Ley de Tierras".
"Lejos de tomarlo como una situación coyuntural momentánea, los productores cordobeses reunidos en la filial local de Federación Agraria expresaron su preocupación por la modificación de la Ley de Tierras", señalaron desde la entidad.
Desfavorecidos
Leonardo Bonafé, titular de la delegación cordobesa expresó que “los pequeños y medianos productores vemos con angustia esta modificación en la Ley de Tierras ya que ponemos todo nuestro esfuerzo por subsistir y el Decreto 820/16, que facilita la venta de tierras a extranjeros, nos pone en desigualdad de condiciones ante eventuales intereses corporativos que ahora pueden avanzar sobre nuestro trabajo”.
El dirigente cuestionó también que “el modelo impulsado por el Kirchnerismo que alejó a los jóvenes del campo parece ahora apuntalado por este nuevo gobierno con una modificación que pone en riesgo la agricultura familiar y le da el ok a los intereses extranjeros para avanzar sobre nuestras tierras”.
Bonafé expresó asimismo que “numerosos productores se mantienen alertas ante esta situación y nuestra preocupación continuará siendo tema de debate en las bases federadas locales”.
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Venta de tierras a extranjeros: amplio rechazo
Rechazan decreto de Macri que facilita venta de tierras a extranjeros
Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
Fecha de Publicación: 15/07/2016
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El decreto de Mauricio Macri que modificó el acceso de los extranjeros a tierras nacionales desató una escalada de críticas y rechazos en las provincias.
La polémica reedita una histórica resistencia del interior al avance de inversiones inmobiliarias, especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Precisamente, en 2011 el Gobierno de Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). Mientras tanto, una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.
Fue, en rigor, una respuesta al registrado avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego).
La semana pasada, el Gobierno oficializó una modificación a esa norma para flexibilizarla, bajo el argumento de alentar de este modo inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de economías regionales.
Pero las provincias no tardaron en reaccionar. "Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente", aseguró la diputada Silvia Frana (PJ, Santa Fe).
En Chubut, el legislador Nicolás Rochás (FpV) realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Se suma a la que en el ámbito federal hizo el diputado Martín Doñate. Ambas operan en el mismo sentido: que la Nación no puede avasallar la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas.
"La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología", coinciden.
El fin de semana, en tanto, el Consejo Nacional del PJ difundió un duro documento en el que advierte que el decreto de Macri "podría permitir tranquilamente la extranjerización de lagos y lagunas".
La polémica ya está instalada y promete quedarse.
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La polémica reedita una histórica resistencia del interior al avance de inversiones inmobiliarias, especialmente en la Patagonia y zonas protegidas como los Esteros del Iberá, en Corrientes.
Precisamente, en 2011 el Gobierno de Cristina de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros. Estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no podían adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). Mientras tanto, una misma nacionalidad no podía superar el 30% de la propiedad.
Fue, en rigor, una respuesta al registrado avance de empresarios como Joe Lewis (dueño de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, Río Negro), los herederos de Douglas Tompkins (dueños de cerca de 1.500 hectáreas en los Esteros del Iberá), Luciano Benetton (dueño de un millón de hectáreas en la Patagonia), o Ted Turner (propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego).
La semana pasada, el Gobierno oficializó una modificación a esa norma para flexibilizarla, bajo el argumento de alentar de este modo inversiones, desarrollos en el interior y reactivación de economías regionales.
Pero las provincias no tardaron en reaccionar. "Pedimos que se respete la división de poderes, porque no se puede modificar una ley con un decreto del Presidente", aseguró la diputada Silvia Frana (PJ, Santa Fe).
En Chubut, el legislador Nicolás Rochás (FpV) realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma. Se suma a la que en el ámbito federal hizo el diputado Martín Doñate. Ambas operan en el mismo sentido: que la Nación no puede avasallar la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas.
"La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin previo acuerdo mediante leyes convenio que contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología", coinciden.
El fin de semana, en tanto, el Consejo Nacional del PJ difundió un duro documento en el que advierte que el decreto de Macri "podría permitir tranquilamente la extranjerización de lagos y lagunas".
La polémica ya está instalada y promete quedarse.
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Las aguas y el territorio
Las aguas y el territorio
Fecha de Publicación: 06/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Una investigación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dirigida por Alejandro Crojethovich, estudia los conflictos asociados a los arroyos que cruzan Florencio Varela y Berazategui. “El objetivo es que los vecinos pasen de la vulnerabilidad a la organización”, explica el especialista.
Para quienes transitan el conurbano en auto, los arroyos pueden parecer invisibles. Sin embargo, lejos del asfalto, quienes viven en los barrios más vulnerables, sienten a los arroyos como una presencia inquietante. Alejandro Crojethovich, estudioso de la ecología urbana de la región metropolitana, doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid, investigador de la Licenciatura en Gestión Ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) investigó, junto a un equipo, diversos aspectos de la vida al borde de arroyos que surcan los partidos de Florencio Varela y Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires: los usos que les dan los vecinos, la problemática de las industrias y el rol de la provincia y municipios. “El objetivo del proyecto es mejorar el vínculo con el agua y generar una utilización sustentable de este recurso vital. Para eso es clave mejorar la organización de los vecinos”, explicó en diálogo con Página/12.
–¿Qué es lo que estudiaron?
–Hemos estudiado de modo integral la gestión del recurso hídrico en la región del conurbano sur de Buenos Aires, considerando al ambiente como un sistema complejo formado por la interacción entre el medio biofísico, la organización social, la economía, la producción, la tecnología y la gestión institucional. Analizamos la vulnerabilidad social hídrica y la organización que puede emerger de los comportamientos entre la comunidad, el sector productivo y la administración local. A partir del marco teórico de la ecología urbana, la sustentabilidad en la ciudad es una propiedad emergente de las interrelaciones entre tres subsistemas: el social, el económico y el ecológico.
–Difícil dimensionar la complejidad de semejante objeto de estudio…
–El desarrollo urbano se ha convertido en unos de los grandes desafíos de la humanidad. Una de cada diez personas vive en urbes. En el área de estudio que abarca Florencio Varela y Berazategui viven 750 mil personas. Trabajamos tres años, nos centramos en el arroyo San Juan, que abarca los barrios de Villa Vatteone y Villa San Luis, de Florencio Varela, y está al noroeste de un curso de agua más grande que es el arroyo Las Conchitas. Nace en la zona rural de Varela y desemboca en el Río de la Plata. Si bien no es un arroyo muy extenso, el estudio sirve de ejemplo de una realidad mucho más amplia.
–Días atrás la ONU dio a conocer un preocupante informe sobre los males vinculados al agua contaminada a nivel global, dijeron que hoy muere más gente como consecuencia del agua que por efecto de toda formas de violencia.
–Sí, la importancia de un problema la determina la cantidad de gente afectada, puede decirse que en nuestro país los problemas ambientales urbanos son los que a más gente afectan directamente. Es un tema de justicia social, ya que al hablar de un ambiente saludable nos referimos a las condiciones de vida, al estado de la vivienda, la ubicación de zonas residenciales con respecto a las industriales, disponibilidad de espacios verdes y recreativos. Esas cosas marcan las diferencias entre las zonas ricas y las pobres en nuestras ciudades.
–¿Estudiaron si estaba contaminado el arroyo?
–Sí, se hicieron muestreos de agua, relevamos las condiciones de infraestructura, encuestamos a los vecinos para conocer las percepciones e imaginarios sociales, su uso doméstico, la relación del recurso hídrico con actividades agropecuarias, todo con el objetivo de proponer desde la universidad estrategias y acciones de manejo y gestión del territorio.
–¿Con qué procedimiento midieron la calidad del agua?
–Fuimos a los arroyos, recogimos el agua y en el día se realizaron análisis químicos para medir el DQO, demanda química de oxígeno, que da una idea de la cantidad de oxígeno en el agua, conductividad para conocer la presencia de sales, y si en la zona hay descargas de productos químicos y PH.
–¿Qué problemas encontraron en relación al uso de los arroyos?
–Básicamente encontramos que el arroyo no brinda ningún beneficio de importancia para el vecino, que lo ve más bien como un problema, como agua que está ahí, contaminada. Planteamos que debería haber algún tipo de saneamiento para utilizar la ribera de los arroyos como lugar de esparcimiento, hoy está asociado a problemas como inundaciones, acumulación de basura y contaminación.
–¿Cuál es la causa de esa contaminación?
–El arroyo está contaminado en muchos lados por falta de cloacas. La causa está en los problemas de infraestructura. También encontramos que no hay una buena relación entre el tejido empresarial local y los vecinos. Una situación que podría ser beneficiosa, está olvidada. Nosotros como universidad podemos ser un puente de contacto para empezar a mejorar la situación.
–¿Las empresas cercanas lo contaminan?
–La relación va desde el no uso, hasta un tipo de uso contaminante; pero esta es una situación que se puede revertir. Hay ejemplos en muchas partes que indican que podría haber un uso beneficioso para las empresas. Mejorar la situación del agua puede significar mejorar la productividad y competitividad de las empresas que utilizan el agua y tener una imagen mejor frente a la sociedad local.
–¿Cuáles con los próximos pasos?
–El diagnóstico de las otras cuencas de Varela y Berazategui, y a la vez avanzar con talleres, reuniendo a vecinos, a industrias y al municipio para ver, con los resultados que tenemos, qué podemos empezar a mejorar. El uso del agua es como un disparador de una serie de cuestiones que tienen que ver con enfermedades hídricas y falta de infraestructura. Ya sabemos los problemas que hay, ahora avanzamos hacia una gestión sustentable.
–¿Cómo fueron recibidos ustedes cuando llegaron a hacer sus estudios?
– El tejido social ha reaccionado muy positivamente, los vecinos se han mostrado muy atentos. Con los municipios tenemos buena relación, desde el área ambiental de nuestra carrera con las áreas de ambiente municipales. Esto tiene que ver con una serie de preocupaciones y acciones de la gestión municipal vinculadas con el cambio climático. Con respecto a las empresas hemos encontrado pocas empresas en la cuenca del San Juan como para empezar a establecer una relación. Ahora vamos a empezar a relacionarnos de manera más firme.
–En líneas generales, ¿cuáles considera los principales temas ambientales pendientes?
–Hay muchos, algunos tienen más prensa que otros. Nuestro país, que a pesar de su tamaño, más del 90 por ciento de la población vive en ciudades, diría que los temas ambientales urbanos deberían ser prioritarios, como disponibilidad de agua de calidad y sistemas cloaca-les, gestión de los residuos, contaminación urbana, y falta de espacios verdes.
–Mencionó al cambio climático, ¿cómo afectan las lluvias a la dinámica del agua en estos barrios?
–Hay un aumento de lluvias de mayor intensidad. Los arroyos están en zonas de baja pendiente y escurren lentamente el agua. Las viviendas está muy próximas a los arroyos, esto aumenta la exposición a las crecidas. Además, como al arroyo va a parar basura, esa agua que ingresa a las casas causa enfermedades. Las personas deben estar más informadas de cómo actuar frente a esos fenómenos climáticos y saber organizarse de modo sustentable.
–¿A qué se refiere con saber organizarse?
–Mejorar la organización de los vecinos para que con las empresas locales y el municipio hagan frente a los problemas, con más comunicación entre ellos, más formación. Nuestra universidad está trabajando para ofrecer soluciones. Por eso estamos preparando un congreso para fin de año sobre agua y territorio, y hemos lanzamos hace unos días un nuevo programa de estudios.
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Fecha de Publicación: 06/07/2016
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Una investigación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dirigida por Alejandro Crojethovich, estudia los conflictos asociados a los arroyos que cruzan Florencio Varela y Berazategui. “El objetivo es que los vecinos pasen de la vulnerabilidad a la organización”, explica el especialista.
Para quienes transitan el conurbano en auto, los arroyos pueden parecer invisibles. Sin embargo, lejos del asfalto, quienes viven en los barrios más vulnerables, sienten a los arroyos como una presencia inquietante. Alejandro Crojethovich, estudioso de la ecología urbana de la región metropolitana, doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Complutense de Madrid, investigador de la Licenciatura en Gestión Ambiental del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) investigó, junto a un equipo, diversos aspectos de la vida al borde de arroyos que surcan los partidos de Florencio Varela y Berazategui, en el sur del Gran Buenos Aires: los usos que les dan los vecinos, la problemática de las industrias y el rol de la provincia y municipios. “El objetivo del proyecto es mejorar el vínculo con el agua y generar una utilización sustentable de este recurso vital. Para eso es clave mejorar la organización de los vecinos”, explicó en diálogo con Página/12.
–¿Qué es lo que estudiaron?
–Hemos estudiado de modo integral la gestión del recurso hídrico en la región del conurbano sur de Buenos Aires, considerando al ambiente como un sistema complejo formado por la interacción entre el medio biofísico, la organización social, la economía, la producción, la tecnología y la gestión institucional. Analizamos la vulnerabilidad social hídrica y la organización que puede emerger de los comportamientos entre la comunidad, el sector productivo y la administración local. A partir del marco teórico de la ecología urbana, la sustentabilidad en la ciudad es una propiedad emergente de las interrelaciones entre tres subsistemas: el social, el económico y el ecológico.
–Difícil dimensionar la complejidad de semejante objeto de estudio…
–El desarrollo urbano se ha convertido en unos de los grandes desafíos de la humanidad. Una de cada diez personas vive en urbes. En el área de estudio que abarca Florencio Varela y Berazategui viven 750 mil personas. Trabajamos tres años, nos centramos en el arroyo San Juan, que abarca los barrios de Villa Vatteone y Villa San Luis, de Florencio Varela, y está al noroeste de un curso de agua más grande que es el arroyo Las Conchitas. Nace en la zona rural de Varela y desemboca en el Río de la Plata. Si bien no es un arroyo muy extenso, el estudio sirve de ejemplo de una realidad mucho más amplia.
–Días atrás la ONU dio a conocer un preocupante informe sobre los males vinculados al agua contaminada a nivel global, dijeron que hoy muere más gente como consecuencia del agua que por efecto de toda formas de violencia.
–Sí, la importancia de un problema la determina la cantidad de gente afectada, puede decirse que en nuestro país los problemas ambientales urbanos son los que a más gente afectan directamente. Es un tema de justicia social, ya que al hablar de un ambiente saludable nos referimos a las condiciones de vida, al estado de la vivienda, la ubicación de zonas residenciales con respecto a las industriales, disponibilidad de espacios verdes y recreativos. Esas cosas marcan las diferencias entre las zonas ricas y las pobres en nuestras ciudades.
–¿Estudiaron si estaba contaminado el arroyo?
–Sí, se hicieron muestreos de agua, relevamos las condiciones de infraestructura, encuestamos a los vecinos para conocer las percepciones e imaginarios sociales, su uso doméstico, la relación del recurso hídrico con actividades agropecuarias, todo con el objetivo de proponer desde la universidad estrategias y acciones de manejo y gestión del territorio.
–¿Con qué procedimiento midieron la calidad del agua?
–Fuimos a los arroyos, recogimos el agua y en el día se realizaron análisis químicos para medir el DQO, demanda química de oxígeno, que da una idea de la cantidad de oxígeno en el agua, conductividad para conocer la presencia de sales, y si en la zona hay descargas de productos químicos y PH.
–¿Qué problemas encontraron en relación al uso de los arroyos?
–Básicamente encontramos que el arroyo no brinda ningún beneficio de importancia para el vecino, que lo ve más bien como un problema, como agua que está ahí, contaminada. Planteamos que debería haber algún tipo de saneamiento para utilizar la ribera de los arroyos como lugar de esparcimiento, hoy está asociado a problemas como inundaciones, acumulación de basura y contaminación.
–¿Cuál es la causa de esa contaminación?
–El arroyo está contaminado en muchos lados por falta de cloacas. La causa está en los problemas de infraestructura. También encontramos que no hay una buena relación entre el tejido empresarial local y los vecinos. Una situación que podría ser beneficiosa, está olvidada. Nosotros como universidad podemos ser un puente de contacto para empezar a mejorar la situación.
–¿Las empresas cercanas lo contaminan?
–La relación va desde el no uso, hasta un tipo de uso contaminante; pero esta es una situación que se puede revertir. Hay ejemplos en muchas partes que indican que podría haber un uso beneficioso para las empresas. Mejorar la situación del agua puede significar mejorar la productividad y competitividad de las empresas que utilizan el agua y tener una imagen mejor frente a la sociedad local.
–¿Cuáles con los próximos pasos?
–El diagnóstico de las otras cuencas de Varela y Berazategui, y a la vez avanzar con talleres, reuniendo a vecinos, a industrias y al municipio para ver, con los resultados que tenemos, qué podemos empezar a mejorar. El uso del agua es como un disparador de una serie de cuestiones que tienen que ver con enfermedades hídricas y falta de infraestructura. Ya sabemos los problemas que hay, ahora avanzamos hacia una gestión sustentable.
–¿Cómo fueron recibidos ustedes cuando llegaron a hacer sus estudios?
– El tejido social ha reaccionado muy positivamente, los vecinos se han mostrado muy atentos. Con los municipios tenemos buena relación, desde el área ambiental de nuestra carrera con las áreas de ambiente municipales. Esto tiene que ver con una serie de preocupaciones y acciones de la gestión municipal vinculadas con el cambio climático. Con respecto a las empresas hemos encontrado pocas empresas en la cuenca del San Juan como para empezar a establecer una relación. Ahora vamos a empezar a relacionarnos de manera más firme.
–En líneas generales, ¿cuáles considera los principales temas ambientales pendientes?
–Hay muchos, algunos tienen más prensa que otros. Nuestro país, que a pesar de su tamaño, más del 90 por ciento de la población vive en ciudades, diría que los temas ambientales urbanos deberían ser prioritarios, como disponibilidad de agua de calidad y sistemas cloaca-les, gestión de los residuos, contaminación urbana, y falta de espacios verdes.
–Mencionó al cambio climático, ¿cómo afectan las lluvias a la dinámica del agua en estos barrios?
–Hay un aumento de lluvias de mayor intensidad. Los arroyos están en zonas de baja pendiente y escurren lentamente el agua. Las viviendas está muy próximas a los arroyos, esto aumenta la exposición a las crecidas. Además, como al arroyo va a parar basura, esa agua que ingresa a las casas causa enfermedades. Las personas deben estar más informadas de cómo actuar frente a esos fenómenos climáticos y saber organizarse de modo sustentable.
–¿A qué se refiere con saber organizarse?
–Mejorar la organización de los vecinos para que con las empresas locales y el municipio hagan frente a los problemas, con más comunicación entre ellos, más formación. Nuestra universidad está trabajando para ofrecer soluciones. Por eso estamos preparando un congreso para fin de año sobre agua y territorio, y hemos lanzamos hace unos días un nuevo programa de estudios.
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Por Decreto Macri modifica la Ley de Tierras
El Gobierno modificó la Ley de Tierras para facilitar la compra a extranjeros
Fecha de Publicación: 03/07/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Nacional
A través de un decreto, la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011 volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros
El Gobierno modificó ayer por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que impuso el kirchnerismo en 2011.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, aseguró hoy que la nueva reglamentación de la denominada Ley de Tierras, la número 26.737, busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas cuando se legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
"El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país", indicó Borrelli.
El funcionario explicó que "se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias".
Por su parte, la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, María Cristina Brunet, aseguró que con la nueva reglamentación los trámites en ese organismo "serán más cortos y expeditivos", y destacó que "se trabajará intensamente con todas las jurisdicciones y los actores del sistema para incorporar mayor tecnología para la obtención del certificado de habilitación".
La Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011, tuvo por finalidad establecer límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales en la Argentina, disponiendo el artículo 5º que a través de un reglamento se determinase los requisitos a observar por las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de tal ley.
Según explicaron voceros del Ministerio de Justicia, "el Decreto 274/12 cumplió en forma parcial e incompleta con ello, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el comercio e inversiones inmobiliarias", y remarcaron que "el nuevo Código Civil y Comercial en el 2015 produjo nuevas lagunas regulatorias".
"Entre las graves omisiones, no se definió el modo de computar la superficie de tierras rurales en los casos de dominio desmembrado, es decir, cuando existe usucapión, alquiler, usufructo (hoy también derecho de superficie), entre otros", precisaron las fuentes ministeriales.
Remarcaron que en la reglamentación anterior "tampoco se consideraron los casos de adquisiciones en ejecuciones hipotecarias, concursos y quiebras, adjudicaciones por partición de condominio y divorcios, transmisiones de tierras rurales a herederos forzosos".
Al respecto, indicaron que con el Decreto 820/16, publicado ayer en el Boletín Oficial, "esos casos se aclaran, así como en qué supuestos debe solicitarse certificado y en cuales no".
"A veces, la propia duda, originaba extensos trámites carentes de sentido por parte de los inversionistas y escribanos actuantes", puntualizaron desde el Ministerio.
También destacaron que con la nueva regulación "se define cómo computar las adquisiciones de tierras rurales, cuando ellas se producen con motivo de transferencias de paquetes accionarios y en qué plazo transferir".
Además indicaron que "se consideran los casos de las uniones convivenciales", y añadieron que "se fijan reglas precisas para cumplir con la Ley 26.737".
"Se soluciona la cuestión de cómo estimar las equivalencias respecto de la zona núcleo, en función de los límites fijados para cada tipo de explotación, municipio, departamento y provincia y se solicita a los gobiernos provinciales o al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, en caso de falencia o renuencia de aquella, que determine esas equivalencias", explicaron desde Justicia.
Pusieron de relieve que con las modificaciones introducidas por el Decreto 820/16 "se resuelve el grave problema respecto del mapa de identificación de cursos de agua específica, estableciendo plazos".
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Fecha de Publicación: 03/07/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Nacional
A través de un decreto, la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011 volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros
El Gobierno modificó ayer por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que impuso el kirchnerismo en 2011.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, aseguró hoy que la nueva reglamentación de la denominada Ley de Tierras, la número 26.737, busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas cuando se legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
"El reglamento, en los límites que le fija la ley, allana y favorece el camino a las inversiones extranjeras productivas, virtuosas y a largo plazo, en el país", indicó Borrelli.
El funcionario explicó que "se pondrá bajo estudio de la Nación y de las provincias el sistema de equivalencias actualmente vigente ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias".
Por su parte, la directora del Registro Nacional de Tierras Rurales, María Cristina Brunet, aseguró que con la nueva reglamentación los trámites en ese organismo "serán más cortos y expeditivos", y destacó que "se trabajará intensamente con todas las jurisdicciones y los actores del sistema para incorporar mayor tecnología para la obtención del certificado de habilitación".
La Ley de Tierras, sancionada el 22 de diciembre de 2011, tuvo por finalidad establecer límites a la titularidad por parte de extranjeros de tierras rurales en la Argentina, disponiendo el artículo 5º que a través de un reglamento se determinase los requisitos a observar por las personas físicas y jurídicas extranjeras para acreditar el cumplimiento de las disposiciones de tal ley.
Según explicaron voceros del Ministerio de Justicia, "el Decreto 274/12 cumplió en forma parcial e incompleta con ello, no previendo situaciones que surgen frecuentemente en el comercio e inversiones inmobiliarias", y remarcaron que "el nuevo Código Civil y Comercial en el 2015 produjo nuevas lagunas regulatorias".
"Entre las graves omisiones, no se definió el modo de computar la superficie de tierras rurales en los casos de dominio desmembrado, es decir, cuando existe usucapión, alquiler, usufructo (hoy también derecho de superficie), entre otros", precisaron las fuentes ministeriales.
Remarcaron que en la reglamentación anterior "tampoco se consideraron los casos de adquisiciones en ejecuciones hipotecarias, concursos y quiebras, adjudicaciones por partición de condominio y divorcios, transmisiones de tierras rurales a herederos forzosos".
Al respecto, indicaron que con el Decreto 820/16, publicado ayer en el Boletín Oficial, "esos casos se aclaran, así como en qué supuestos debe solicitarse certificado y en cuales no".
"A veces, la propia duda, originaba extensos trámites carentes de sentido por parte de los inversionistas y escribanos actuantes", puntualizaron desde el Ministerio.
También destacaron que con la nueva regulación "se define cómo computar las adquisiciones de tierras rurales, cuando ellas se producen con motivo de transferencias de paquetes accionarios y en qué plazo transferir".
Además indicaron que "se consideran los casos de las uniones convivenciales", y añadieron que "se fijan reglas precisas para cumplir con la Ley 26.737".
"Se soluciona la cuestión de cómo estimar las equivalencias respecto de la zona núcleo, en función de los límites fijados para cada tipo de explotación, municipio, departamento y provincia y se solicita a los gobiernos provinciales o al Consejo Interministerial de Tierras Rurales, en caso de falencia o renuencia de aquella, que determine esas equivalencias", explicaron desde Justicia.
Pusieron de relieve que con las modificaciones introducidas por el Decreto 820/16 "se resuelve el grave problema respecto del mapa de identificación de cursos de agua específica, estableciendo plazos".
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Pueblos jujeños atropellados por las mineras
Comunidad Aborigen denuncia que una minera avanza sobre su territorio por un aval otorgado por Fellner
Fecha de Publicación: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Fecha de Publicación: 08/02/2016
Fuente: Jujuy al Día
Provincia/Región: Jujuy
En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Flores, integrante y vocera de la Comunidad Aborigen “Las Capillas”, se refirió a la lucha que llevan adelante ante el avance de una empresa minera en su territorio gracias a un permiso que les fue otorgado por el ex gobierno de Eduardo Fellner.
Además resaltó el rápido accionar en su defensa del propio Gobernador Gerardo Morales quien les otorgó la personería jurídica, trámite que esperaban terminar desde hace dos años y que, según comentaron, en esta nueva gestión de gobierno demoró tres días.
En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Gabriela Flores explicó su presencia en el hall del Palacio de Tribunales, “el motivo por el que estamos acá es porque queremos reclamar los derechos que nos corresponden como comunidad, porque todos pertenecemos a la comunidad aborigen Las Capillas y llegamos a esta instancia porque la compañía minera Piuquén, que tiene como encargado a Juan José Correa, quiere despojarnos de nuestras tierras alambrando hectáreas que son zonas de pastoreo”.
“Ellos quieren poner plantines de eucaliptos y presentaron a Medioambiente un proyecto para forestar y la gestión anterior se lo aprobó. Por eso presentamos una medida cautelar contra esta compañía y a pesar de eso, más todas las denuncias que hacemos, ellos siguen y ahora empezaron a alambrar y desmontar los bosques nativos”.
Acerca de los perjuicios y riesgos que corren con el avance de esta empresa, Flores expresó “somos alrededor de 30 familias, en unas tierras a unos 37 kilómetros de Palpalá sobre ruta 20, y si corremos muchos riesgos ya que hubo un intento de desalojo y denuncias contra la gente de la comunidad porque dicen que somos usurpadores, intrusos, que hace poco que estamos ahí cuando no es así, se ha realizado una inspección ocular y pericias de los ranchos que tienen más de 100 años y además sufrimos una serie de atropellos y amenazas que ya vienen de hace años”.
Agregó “también nos perjudica porque los árboles que se cortaron son natitos y medicinales y que la gente utiliza como churqui, tusca, y ahí dentro de esos nuevos alambrados corren los arroyos de donde beben agua nuestros animales”.
“Además entre esos árboles que están cortando las vacas van a parir, porque ahí se protegen, los animales se esconden para parir y dejarnos sin arboles ni campos nos perjudica mucho en ese sentido porque las vacas ‘mal paren’ y pueden morir”.
JUJUY AL DIA® consultó a la integrante de la Comunidad de Las Capillas si esta situación fue denuncia ante el anterior gobierno y ante la nueva gestión a cargo de Gerardo Morales, a lo que afirmó “sí, lo denunciamos antes, pero nos tenían dando vuelta, nos decían que nos quedemos tranquilos pero siguieron avanzando”.
“Pero con el gobierno actual fue distinto, solo con decirle que el Gobernador nos recibió y en menos de tres días nos dieron la personería jurídica que hace más de dos años que la tramitamos, estamos muy agradecidos por esos, nos abrieron las puertas de Casa de Gobierno porque venimos luchando hace bastante y ahora nos respalda el señor Gobernador”.
“También la señora Natalia Sarapura nos ayudó y estamos agradecidos con el gobernador que está comprometido con nosotros y las comunidades. Nos dijo que no nos va a soltar la mano, ojala se cumpla”.
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Manaos usurpa tierras del Mocase
¿Vamos manaos? ¿Tomá lo mejor de tu país? Qué ironía.
Fecha de Publicación: 17/01/2016
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
Manaos quiere apropiarse de la tierra campesina e indígena del Mocase. Pero no lo vamos a permitir.
Ya van más de dos años con la sombra de Palermo y Francescoli en el alero de nuestros ranchos. Mientras la empresa se posiciona como una bebida nacional y popular y el Chaqueño Palaveccino se hace el gracioso, el encargado de Manaos, Orlando Canido acompañado por sicarios armados y amenaza a las familias campesinas mientras activa topadoras que ya han volteado 500 Ha de monte nativo donde viven muchas familias campesinas.
Denunciamos también a Claudia Díaz, comisionada de Pozo del Toba, que hace la vista gorda y toma una postura favorable a la empresa Manaos.
Utilizan bandas armadas, como lo hacía Jorge Ciccioli en Monte Quemado. Salen al cruce de mujeres y niños en los caminos que hay en la zona, cuando se dirigen a la escuela o al almacén o están acompañando a las chivas, y aparecen estos grupos armados amedrentando, amenazando y tirando tiros al aire. Parece de película pero no lo es.
Esto pasa en la argentina del 2016. Esto es manaos.
En el 2011 denunciamos los ataques de los sicarios de Jorge Ciccioli, nadie hizo nada y nos asesinaron a Cristian, en el 2012 volvimos a denunciar las amenazas en la zona y le cortaron el cuello al compañero Miguel Galván. Decimos que lo asesinaron contándole el cuello.
Hoy el MOCASE-VC vuelve a denunciar esta zona caliente y anticiparse a los hechos. No queremos nuevamente tener que lamentar otro asesinato.
El MOCASE-VC ha propuesto que la Mesa de diálogo (auspiciada por Francisco y avalada por todo el espectro político) de la secretaría de agricultura familiar es el espacio para llegar a acuerdos justos. Convocamos a la empresa Manaos a participar de la próxima reunión de la mesa de diálogo.
Y Solicitamos a todos los consumidores de esa bebida como también a las figuras públicas que publicitan la marca, que lo piensen bien la próxima vez. El MOCASE-VC fiel a su historia no se va dejar amedrentar por unos empresarios patoteros, ni por mafiosos, ni por sicarios de la soja.
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Fecha de Publicación: 17/01/2016
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
Manaos quiere apropiarse de la tierra campesina e indígena del Mocase. Pero no lo vamos a permitir.
Ya van más de dos años con la sombra de Palermo y Francescoli en el alero de nuestros ranchos. Mientras la empresa se posiciona como una bebida nacional y popular y el Chaqueño Palaveccino se hace el gracioso, el encargado de Manaos, Orlando Canido acompañado por sicarios armados y amenaza a las familias campesinas mientras activa topadoras que ya han volteado 500 Ha de monte nativo donde viven muchas familias campesinas.
Denunciamos también a Claudia Díaz, comisionada de Pozo del Toba, que hace la vista gorda y toma una postura favorable a la empresa Manaos.
Utilizan bandas armadas, como lo hacía Jorge Ciccioli en Monte Quemado. Salen al cruce de mujeres y niños en los caminos que hay en la zona, cuando se dirigen a la escuela o al almacén o están acompañando a las chivas, y aparecen estos grupos armados amedrentando, amenazando y tirando tiros al aire. Parece de película pero no lo es.
Esto pasa en la argentina del 2016. Esto es manaos.
En el 2011 denunciamos los ataques de los sicarios de Jorge Ciccioli, nadie hizo nada y nos asesinaron a Cristian, en el 2012 volvimos a denunciar las amenazas en la zona y le cortaron el cuello al compañero Miguel Galván. Decimos que lo asesinaron contándole el cuello.
Hoy el MOCASE-VC vuelve a denunciar esta zona caliente y anticiparse a los hechos. No queremos nuevamente tener que lamentar otro asesinato.
El MOCASE-VC ha propuesto que la Mesa de diálogo (auspiciada por Francisco y avalada por todo el espectro político) de la secretaría de agricultura familiar es el espacio para llegar a acuerdos justos. Convocamos a la empresa Manaos a participar de la próxima reunión de la mesa de diálogo.
Y Solicitamos a todos los consumidores de esa bebida como también a las figuras públicas que publicitan la marca, que lo piensen bien la próxima vez. El MOCASE-VC fiel a su historia no se va dejar amedrentar por unos empresarios patoteros, ni por mafiosos, ni por sicarios de la soja.
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Neuquén: Juicio a mapuches por defenderse
Juicio a mapuches acusados de agresiones en defensa de tierras originarias
Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2015
Fuente: ADN
Provincia/Región: Neuquén
Ayer se inició el juicio contra Relmu Ñamku, mujer referente de la comunidad mapuche Winkul Newen, acusada de “tentativa de homicidio”. Además, también imputan a Martin Maliqueo y Mauricio Rain, integrantes de la misma comunidad. Verónica Pelayes, la víctima, es oficial de justicia, y no concurre a las audiencias hasta que llegue su turno de declarar como testigo. En el jurado también hay miembros de pueblos originarios.
La comunidad mapuche argumenta que el hecho se produjo en una movilización en el año 2012 para defender tierras originarias, ante el avance de las topadoras de la empresa Apache, que explota hidrocarburos en la zona.
De acuerdo a estos relatos, la oficial de justicia, Verónica Pelayes, acudió ante la toma mapuche a presentar una cédula judicial cuando se originaron algunas pedradas donde resultó lastimada la funcionaria pública.
La fiscal Sandra González Taboada, es quien acusa a Relmu Ñamku por el delito de “tentativa de homicidio”, y relató ante el jurado que “Pelayes recibió todo tipo de insultos y, cuando intentaba retirarse, Relmu se acercó a la ventanilla del auto y le arrojó una piedra de gran tamaño que le produjo graves lesiones en el rostro”.
Desde la comunidad señalaron que “la fiscal Taboada está pidiendo 15 años de prisión en un juicio que tuvo todo tipo de manipulaciones e irregularidades que la fiscalía hizo para que la carátula que en un principio era por “lesiones” pase a “tentativa de homicidio”. Nuestra comunidad viene resistiendo hace décadas a las empresas petroleras, que han producido derrames, fugas de gas e incontables delitos al medio ambiente que afectan directamente a los habitantes”.
Relmu Ñamku, expresó que “nunca quisimos lastimar a nadie, no supimos que había alguien herido hasta que llegó un oficial con la denuncia. Nosotros nos defendimos en nuestra propia casa al avance de una topadora que quería pasar sobre nuestra familia”.
Los defensores de los tres integrantes de la comunidad Winkul Newen, Darío Kosovsky y Emanuel Alfredo Roa Moreno, replicaron diciendo que “nadie quiso matar a Verónica Pelayes. No vamos a negar que los integrantes de la comunidad tiraran piedras, pero no con la intención de lastimar gravemente. Les pido que se saquen las anteojeras y vean el contexto en el que ocurrieron los hechos, esta comunidad sufre a diario por los derrames y el accionar de las empresas que sólo dejan contaminación en sus casas”.
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Campesinos de usurpación absueltos en Córdoba
Absuelven a campesinos acusados de usurpación
Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ayer se leyeron los alegatos y la sentencia en la causa que se tramitaba en el Tribunal de Deán Funes, y que cuyo juicio habría sido suspendido en noviembre.
El Tribunal de Deán Funes, a cargo del juez Abraham Elías, absolvió ayer al mediodía a los campesinos Miguel Rojas y Sebastián Ramírez, que habían sido acusados de usurpar tierras en la Comunidad Los Pozos.
En horas de la mañana se había dado lectura a los alegatos en este juicio que ya había sido suspendido en tres oportunidades, y que conllevó 10 audiencias más una inspección ocular en la comunidad rural ubicada a 87 kilómetros de Sebastián Elcano.
En esa oportunidad, la Fiscalía, a cargo de Hernán Funes, solicitó la absolución de los imputados, en tanto que la parte quellante pidió la máxima pena para Miguel Rojas y la absolución de Sebastián Ramírez, por la usurpación de campo en tierras donde residen 30 familias de campesinos.
En diálogo con LA MAÑANA, Gastón Farías, activista de la Ucan (Unión Campesina del Norte), elogió la actuación del fiscal Hernán Funes y dijo que “su participación fue fundamental en esta sentencia”.
Farías precisó que en los alegatos se “pidió la absolución de Sebastián Ramírez, que es quien vive en los campos supuestamente usurpados, mientras que solicitaron la pena máxima a Rojas que es quien tenía un preacuerdo ancestral con los padres de Figueroa (el querellante en la causa) en cuyas tierras vivían sus padres”.
Según relató, muchas organizaciones se hicieron presentes ayer frente a los tribunales de Deán Funes para acompañar a las familias de la comunidad rural Los Pozos.
“Lo que quedó en claro es que detrás del querellante había intereses económicos porque en un momento llamaron a las familias a negociar y vinieron representantes de una firma dedicadas a bienes y raíces de Córdoba”, detalló Farías.
El militante del Movimiento Campesino destacó el precedente que sienta el fallo del juez Abraham Elías para otros procesos judiciales que se siguen en la Provincia por usurpación y que afectan a comunidades enteras de familias campesinas que producen esas tierras, con un estilo de vida autónomo, sustentable, y que no encajan en los cánones del agronegocio y el desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, la abogada defensora de los campesinos, Victoria Gauna, sostuvo a radio Nacional que tras una larga audiencia de alegatos, se le dio reconocimiento a la forma del uso del territorio en esta zona de la provincia de Córdoba, de uso común sin alambre.
El caso
El juicio contra dos productores campesinos acusados de usurpar campos en la zona de Los Pozos, comenzó a fines de marzo pasado. Si bien en su momento estaba previsto para noviembre del año pasado, había sido reprogramado debido a inundaciones en la provincia.
La comunidad de Los Pozos se ubica al norte de la Laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba. Son cerca de 30 familias las que habitan esos campos de uso común desde hace varias décadas.
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Fecha de Publicación: 20/06/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Ayer se leyeron los alegatos y la sentencia en la causa que se tramitaba en el Tribunal de Deán Funes, y que cuyo juicio habría sido suspendido en noviembre.
El Tribunal de Deán Funes, a cargo del juez Abraham Elías, absolvió ayer al mediodía a los campesinos Miguel Rojas y Sebastián Ramírez, que habían sido acusados de usurpar tierras en la Comunidad Los Pozos.
En horas de la mañana se había dado lectura a los alegatos en este juicio que ya había sido suspendido en tres oportunidades, y que conllevó 10 audiencias más una inspección ocular en la comunidad rural ubicada a 87 kilómetros de Sebastián Elcano.
En esa oportunidad, la Fiscalía, a cargo de Hernán Funes, solicitó la absolución de los imputados, en tanto que la parte quellante pidió la máxima pena para Miguel Rojas y la absolución de Sebastián Ramírez, por la usurpación de campo en tierras donde residen 30 familias de campesinos.
En diálogo con LA MAÑANA, Gastón Farías, activista de la Ucan (Unión Campesina del Norte), elogió la actuación del fiscal Hernán Funes y dijo que “su participación fue fundamental en esta sentencia”.
Farías precisó que en los alegatos se “pidió la absolución de Sebastián Ramírez, que es quien vive en los campos supuestamente usurpados, mientras que solicitaron la pena máxima a Rojas que es quien tenía un preacuerdo ancestral con los padres de Figueroa (el querellante en la causa) en cuyas tierras vivían sus padres”.
Según relató, muchas organizaciones se hicieron presentes ayer frente a los tribunales de Deán Funes para acompañar a las familias de la comunidad rural Los Pozos.
“Lo que quedó en claro es que detrás del querellante había intereses económicos porque en un momento llamaron a las familias a negociar y vinieron representantes de una firma dedicadas a bienes y raíces de Córdoba”, detalló Farías.
El militante del Movimiento Campesino destacó el precedente que sienta el fallo del juez Abraham Elías para otros procesos judiciales que se siguen en la Provincia por usurpación y que afectan a comunidades enteras de familias campesinas que producen esas tierras, con un estilo de vida autónomo, sustentable, y que no encajan en los cánones del agronegocio y el desarrollo inmobiliario.
En ese sentido, la abogada defensora de los campesinos, Victoria Gauna, sostuvo a radio Nacional que tras una larga audiencia de alegatos, se le dio reconocimiento a la forma del uso del territorio en esta zona de la provincia de Córdoba, de uso común sin alambre.
El caso
El juicio contra dos productores campesinos acusados de usurpar campos en la zona de Los Pozos, comenzó a fines de marzo pasado. Si bien en su momento estaba previsto para noviembre del año pasado, había sido reprogramado debido a inundaciones en la provincia.
La comunidad de Los Pozos se ubica al norte de la Laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba. Son cerca de 30 familias las que habitan esos campos de uso común desde hace varias décadas.
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Lago Escondido: promueven agilizar la causa del acceso
Piden intervenir por el acceso a Lago Escondido
Fecha de Publicación: 29/04/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Fecha de Publicación: 29/04/2015
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
Los abogados ambientalistas quieren constituirse como "amigos del tribunal" en la causa que lleva más de nueve años sin definición para agilizar una solución definitiva.
Ante la prolongada indefinición del mandamus interpuesto por la senadora Magdalena Ordada para garantizar el libre acceso al Lago Escondido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pidió ser aceptado como "Amicus Curiaer" (amigos del tribunal) para dar nuevo impulso a la causa.
La presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicial por el presidente de la organización, Enrique Viale, señala como "un verdadero retroceso jurídico" que "no se brinde debido cumplimiento" a las sentencia dictada en 2009 que ordenó a la provincia la reapertura del camino desde Tacuifi.
Esa decisión generó una extensa polémica pública que quedó empantanada incluso en el plano judicial con la presentación de caminos alternativos, disculpas de orden presupuestario y un sinnúmero de recursos pendientes de solución hasta la fecha.
Viale recordó que la sentencia "no hace otra cosa que revalidar la posibilidad de utilizar un simple camino preexistente ("Tacuifí"), y del cual los vecinos han venido haciendo utilización históricamente".
El abogado advirtió que "consolidar ese criterio jurídico constituiría un retroceso inaceptable en materia ambiental" y reiteró que "los lagos navegables, sus lechos y sus márgenes, pertenecen al dominio público del estado y, por tanto, todos los habitantes tienen un derecho de uso y goce sobre los mismos".
Los abogados ambientalistas buscan dar renovado impulso al expediente, que tuvo escaso avance tras la designación del juzgado Civil 3 como tribunal de ejecución de sentencia. "El hecho de restringir las condiciones de acceso al espejo de agua público Lago Escondido, permitiendo que sólo accedan al mismo montañistas aguzados o personas con altos recursos, importante tiempo disponible y guía especializada implicaría una importante discriminación hacia más del 90 por ciento de los habitantes de la República", señaló la organización.
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Ante la prolongada indefinición del mandamus interpuesto por la senadora Magdalena Ordada para garantizar el libre acceso al Lago Escondido, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas pidió ser aceptado como "Amicus Curiaer" (amigos del tribunal) para dar nuevo impulso a la causa.
La presentación realizada ante el Superior Tribunal de Justicial por el presidente de la organización, Enrique Viale, señala como "un verdadero retroceso jurídico" que "no se brinde debido cumplimiento" a las sentencia dictada en 2009 que ordenó a la provincia la reapertura del camino desde Tacuifi.
Esa decisión generó una extensa polémica pública que quedó empantanada incluso en el plano judicial con la presentación de caminos alternativos, disculpas de orden presupuestario y un sinnúmero de recursos pendientes de solución hasta la fecha.
Viale recordó que la sentencia "no hace otra cosa que revalidar la posibilidad de utilizar un simple camino preexistente ("Tacuifí"), y del cual los vecinos han venido haciendo utilización históricamente".
El abogado advirtió que "consolidar ese criterio jurídico constituiría un retroceso inaceptable en materia ambiental" y reiteró que "los lagos navegables, sus lechos y sus márgenes, pertenecen al dominio público del estado y, por tanto, todos los habitantes tienen un derecho de uso y goce sobre los mismos".
Los abogados ambientalistas buscan dar renovado impulso al expediente, que tuvo escaso avance tras la designación del juzgado Civil 3 como tribunal de ejecución de sentencia. "El hecho de restringir las condiciones de acceso al espejo de agua público Lago Escondido, permitiendo que sólo accedan al mismo montañistas aguzados o personas con altos recursos, importante tiempo disponible y guía especializada implicaría una importante discriminación hacia más del 90 por ciento de los habitantes de la República", señaló la organización.
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Ratifican posesión de tierras a campesinos de Córdoba
Justicia garantizó la posesión de campos en comunidad La Libertad a campesinos
Fecha de Publicación: 22/04/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Fue tras el intento de ocupación del predio por parte de un grupo empresarial que compró en un remate los terrenos con 50 familias en su interior.
La Justicia ratificó ayer la posesión del campo La Libertad a las familias que viven en el, y fueron amenazadas el viernes pasado por un empresario que intentó tomar el predio de manera ilegal.
“El viernes pasado se hicieron presentes en el campo los señores Pérez, la síndica Elisa López y la oficial de Justicia de apellido Luna de los Tribunales de Cruz del Eje. Los compañeros que estaban en el campo resistieron la toma de posesión, impidiendo el ingreso a los lotes la Concepción y La Envidia, interpelaron a que la Oficial de Justicia para que diera cuenta en acta de que los poseedores no permitirían la toma de posesión de los campos”, explicó a este diario Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino.
“A pesar de la propuesta de diálogo de los vecinos para tratar de buscar solución al conflicto, por la tarde, los mismos Pérez, entraron a Puesto del Medio (es al fondo del campo) y rompieron candados, alambres y sacaron carteles”, explicó el movimiento en un comunicado.
La organización relató que “los compañeros que estaban en el lugar impidieron que ingresaran a los lotes La Concepción y La Envidia, y reclamaron a la oficial de Justicia de los tribunales de Cruz del Eje que diera cuenta en un acta que los poseedores no permitirían la usurpación”.
Al parecer, propietarios de dos estaciones de servicio de la firma Petrocrod en la ciudad de Córdoba, los Pérez exhiben títulos adquiridos en remates, en el marco de una quiebra fraudulenta y en los que “oficiales de Justicia y martilleros pretenden ignorar los derechos de las familias campesinas poseedoras”.
El juez Sergio Ruiz había prometido en su momento que se iban a garantizar los derechos de posesión de las familias campesinas dedicadas a la pequeña producción ganadera en los lotes La Guardia, La Envidia, Puesto del Medio y La Concepción, en campo La Libertad.
El juez prometió que el carácter de “ocupados” garantizaba los derechos de los pobladores pero con la autorización a la firma petrolera a tomar posesión del lugar, denota la parcialidad con la firma en contra de los edictos y las actas previas al remate.
El reconocimiento de la ocupación campesina de los lotes «La Guardia, La Envidia, Puesto del Medio y La Concepción”, hacen obligatorio un juicio reivindicativo previo.
“La comunidad vive un estado de alerta y angustia ante la inminente usurpación del campo”, señalaron.
Por ello se han establecido turnos de vigilancia y reuniones permanentes por la posible toma del campo y se ha convocado al apoyo del Movimiento Campesino y organizaciones aliadas al apoyo a la resistencia.
En tanto, el abogado del MCC llevó tranquilidad a la comunidad tras una reunión mantenida con el juez y en la cual le aseguró que el comprador del predio no puede tomar ocupación del campo, “el oficio librado especifica que no pueden intervenir el lugar cortando alambrados ni cortando candados que es lo que hicieron”.
De allí que el Movimiento evalúa iniciar acciones legales contra quienes respaldaron el accionar del viernes.
“Este fue un exceso de toma de posesión, ese día estaba la oficial de justicia haciéndole tomar posesión al empresario de manera supuestamente irregular, de allí que evaluamos hacer una denuncia penal”, añadió González.
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Fecha de Publicación: 22/04/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Córdoba
Fue tras el intento de ocupación del predio por parte de un grupo empresarial que compró en un remate los terrenos con 50 familias en su interior.
La Justicia ratificó ayer la posesión del campo La Libertad a las familias que viven en el, y fueron amenazadas el viernes pasado por un empresario que intentó tomar el predio de manera ilegal.
“El viernes pasado se hicieron presentes en el campo los señores Pérez, la síndica Elisa López y la oficial de Justicia de apellido Luna de los Tribunales de Cruz del Eje. Los compañeros que estaban en el campo resistieron la toma de posesión, impidiendo el ingreso a los lotes la Concepción y La Envidia, interpelaron a que la Oficial de Justicia para que diera cuenta en acta de que los poseedores no permitirían la toma de posesión de los campos”, explicó a este diario Joaquín González, abogado del Movimiento Campesino.
“A pesar de la propuesta de diálogo de los vecinos para tratar de buscar solución al conflicto, por la tarde, los mismos Pérez, entraron a Puesto del Medio (es al fondo del campo) y rompieron candados, alambres y sacaron carteles”, explicó el movimiento en un comunicado.
La organización relató que “los compañeros que estaban en el lugar impidieron que ingresaran a los lotes La Concepción y La Envidia, y reclamaron a la oficial de Justicia de los tribunales de Cruz del Eje que diera cuenta en un acta que los poseedores no permitirían la usurpación”.
Al parecer, propietarios de dos estaciones de servicio de la firma Petrocrod en la ciudad de Córdoba, los Pérez exhiben títulos adquiridos en remates, en el marco de una quiebra fraudulenta y en los que “oficiales de Justicia y martilleros pretenden ignorar los derechos de las familias campesinas poseedoras”.
El juez Sergio Ruiz había prometido en su momento que se iban a garantizar los derechos de posesión de las familias campesinas dedicadas a la pequeña producción ganadera en los lotes La Guardia, La Envidia, Puesto del Medio y La Concepción, en campo La Libertad.
El juez prometió que el carácter de “ocupados” garantizaba los derechos de los pobladores pero con la autorización a la firma petrolera a tomar posesión del lugar, denota la parcialidad con la firma en contra de los edictos y las actas previas al remate.
El reconocimiento de la ocupación campesina de los lotes «La Guardia, La Envidia, Puesto del Medio y La Concepción”, hacen obligatorio un juicio reivindicativo previo.
“La comunidad vive un estado de alerta y angustia ante la inminente usurpación del campo”, señalaron.
Por ello se han establecido turnos de vigilancia y reuniones permanentes por la posible toma del campo y se ha convocado al apoyo del Movimiento Campesino y organizaciones aliadas al apoyo a la resistencia.
En tanto, el abogado del MCC llevó tranquilidad a la comunidad tras una reunión mantenida con el juez y en la cual le aseguró que el comprador del predio no puede tomar ocupación del campo, “el oficio librado especifica que no pueden intervenir el lugar cortando alambrados ni cortando candados que es lo que hicieron”.
De allí que el Movimiento evalúa iniciar acciones legales contra quienes respaldaron el accionar del viernes.
“Este fue un exceso de toma de posesión, ese día estaba la oficial de justicia haciéndole tomar posesión al empresario de manera supuestamente irregular, de allí que evaluamos hacer una denuncia penal”, añadió González.
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La Ley de Tierras solo se cumple parcialmente
Piden que ocho provincias cumplan con la Ley de Tierras
Fecha de Publicación: 07/04/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
La normativa nacional, que fue promulgada hace tres años, limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional. Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales dieron como ejemplo preocupante a nuestra provincia.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair) solicitó el cumplimiento de los tiempos de ejecución por parte de las provincias de la Ley de Tierras, que fue promulgada hace tres años y que limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional y obliga a las autoridades a informar la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En un comunicado firmado por su presidente, Cristian Baláustegui, la Cair advirtió sobre el “incumplimiento en los tiempos de ejecución” por parte de ocho provincias de la Ley de Tierras y su decreto reglamentario a más de tres años de su promulgación.
“Aún existen ocho provincias, (Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, y San Juan) que no han cumplimentado la presentación de sus Equivalencias ante el Consejo Interministerial”, indicó la Cámara.
Detalló que “mientras estas provincias siguen incumpliendo los tiempos que marca la Ley, la Nación pierde la posibilidad de recibir inversiones productivas al sector agropecuario, perjudicando gravemente la realización de operaciones inmobiliarias rurales con extranjeros”.
“No debemos olvidar, que según la mencionada Ley vigente, todavía hay disponibles para la venta a inversores extranjeros más de 24 millones de hectáreas en todo el país”, añadió.
La Cámara dio el ejemplo de la provincia de Córdoba, que dispone de una superficie rural de 16 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 1,04% está en mano de extranjeros.
“Esto da como resultado que bastante más de 2,2 millones de hectáreas podrían aún ser comercializadas con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”, indica el comunicado.
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Fecha de Publicación: 07/04/2015
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Nacional
La normativa nacional, que fue promulgada hace tres años, limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional. Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales dieron como ejemplo preocupante a nuestra provincia.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair) solicitó el cumplimiento de los tiempos de ejecución por parte de las provincias de la Ley de Tierras, que fue promulgada hace tres años y que limita la venta a extranjeros al 15% del territorio nacional y obliga a las autoridades a informar la cantidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En un comunicado firmado por su presidente, Cristian Baláustegui, la Cair advirtió sobre el “incumplimiento en los tiempos de ejecución” por parte de ocho provincias de la Ley de Tierras y su decreto reglamentario a más de tres años de su promulgación.
“Aún existen ocho provincias, (Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca, y San Juan) que no han cumplimentado la presentación de sus Equivalencias ante el Consejo Interministerial”, indicó la Cámara.
Detalló que “mientras estas provincias siguen incumpliendo los tiempos que marca la Ley, la Nación pierde la posibilidad de recibir inversiones productivas al sector agropecuario, perjudicando gravemente la realización de operaciones inmobiliarias rurales con extranjeros”.
“No debemos olvidar, que según la mencionada Ley vigente, todavía hay disponibles para la venta a inversores extranjeros más de 24 millones de hectáreas en todo el país”, añadió.
La Cámara dio el ejemplo de la provincia de Córdoba, que dispone de una superficie rural de 16 millones de hectáreas, de las cuales sólo el 1,04% está en mano de extranjeros.
“Esto da como resultado que bastante más de 2,2 millones de hectáreas podrían aún ser comercializadas con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”, indica el comunicado.
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Nativos de Salta contra política territorial
El Consejo de Participación Indígena rechaza creación de Unidad Provincial de Relevamiento Territorial
Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Fecha de Publicación: 17/12/2014
Fuente: Argenpress
Provincia/Región: Salta
En un documento El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA de la Provincia de Salta, expresa su rechazo ante la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI), por la cual el Gobierno provincial, de forma unilateral, según los representantes indígenas decidió centralizar las gestiones cuando se trata de cumplir con una acción que el CPI ya lleva realiza. Mientras las especulaciones y negocios inmobiliarios en tierras originarias se acrecientan en esta provincia.
El actual gobierno de Salta, y las anteriores administraciones han demostrado no ser confiable para los más desprotegidos. La apropiación sobre tierras originarias y del fisco se mantiene desde la época de Robustiano Patrón Costas, en esta provincia de raigambre feudal. El avance de 400 mil hectáreas de desmonte en tierras donde habitaban pueblos originarios y pequeños campesinos es el caso testigo de la continuidad de este modelo de apropiación del estado por grupos económicos concentrados.
La desconfianza de las comunidades originarias sobre el gobierno de Urtubey se enmarca en el 2009, cuando este inicio un proceso participativo con el objeto de elaborar el ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) establecido en la ley nacional. Durante este proceso que contó con la participaron de comunidades originarias, y campesinos criollos, los más afectados por el desmonte, se estableció una zonificación consensuada en un mapa, que no fue respetado, y que finalmente dejó casi 1.300.000 hectáreas en categoría roja; 5.400.000 hectáreas en categoría amarilla; y 1.600.000 hectáreas en categoría verde, aptas para el desmonte.
El acuerdo establecido durante el proceso participativo, entre el estado provincial, Comunidades originarias y campesinos criollos fue quebrantado por el gobierno de Urtubey.
La Agencia de Noticias Copenoa reproduce el Documento de rechazo la creación de la Unidad Ejecutora Provincial de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (UEPReTeCI) enviado a nuestra redacción por El Consejo de Participación Indígena.
CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA DE SALTA
DOCUMENTO DE POSICIONAMIENTO POLITICO ANTE EL DECRETO PROVINCIAL Nº 3.505/14
Salta, 10 de diciembre de 2014
El Cuerpo del CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INDÍGENA en la Provincia de Salta, consiente de los Derechos Indigenas de base colectiva, contemplados en la CONSTITUCION NACIONAL, y LA LEY 26.160 Venimos por este medio a rechazar categóricamente el Decreto Provincial Nº 3.505/14 tanto en la parte enunciativa, en los considerandos y su parte resolutiva. Teniendo en cuenta que los mismos son interpretaciones parciales, y violatorias a los derechos consagrados en nuestro marco legal vigente.
Ya que dicho decreto desconoce la Ley Fundamental de la República Argentina, como lo es Constitución Nacional en su Artículo 75 inciso 17, como fuente y marco legal de los Derechos Colectivos Indigenas en Argentina.
Que desconoce la Ley 26.160 y sus prorrogas, 26.554 y 26.894 de ORDEN PUBLICO Y de CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y EFECTIVO en todo el territorio nacional. Dicha Ley establece la participación plena y efectiva de los Pueblos Originarios y sus Comunidades en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas a través del Consejo de Participación Indígena CPI.
Que desconoce el Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007 REGLAMENTACION DE LA LEY 26.160 DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESION Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ORIGINARIAS DEL Art. 2º designar al INAI organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, como Autoridad de aplicación de la Ley 26.160 Que habiéndose cumplido el mandato del Art. 3º del Decreto Presidencial PEN Nº 1122/2007, “El INAI aprobara los programas que fueren menester para la correcta implementación del Relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por comunidades indígenas del país”.
En este sentido el decreto provincial Nº3505/14 no tiene en cuenta el artículo 3º del
DECRETO PEN 1122/2007
“Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y la participación del Consejo de participación Indígena CPI en la elaboración y ejecución de los mismos, en orden de asegurar el derecho constitucional a participar en la gestión de los intereses que los afecten”.
Que desconoce y viola la Ley Nacional Nº 24.071 ratificación del CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) que establece el DERECHO A LA CONSULTA Y PREVIA E INFORMADA; “Art. 6 los gobiernos deberán consultar a los Pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones participativas, cada vez que estos prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
“Art. 13 los gobiernos deben respetar las culturas y los valores de los Pueblos interesados y su relación con las tierras o territorios que ocupan”…” el concepto tierra debe incluir el concepto de territorios, que incluye la totalidad del habitad de las regiones que los Pueblos Interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
Que no observa las orientaciones de la DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES.
Es un instrumento Jurídico del Derecho Internacional, que incluyen nuevos enfoques en el marco de los Derechos Indigenas, que reflejan las voluntades de los Estados en cuanto a una Política Indígena de reivindicación y reparación histórica de los Pueblos Originarios. Que las misma una herramienta orientativa de los principios y criterios que los Estados deben tener al aplicar los derechos de Pueblos Originarios.
“Que la Declaración de la ONU, se refiere textualmente a la Participación de los Pueblos Indigenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva, en un sistema de gobierno democrático”
Que la Declaración de la ONU recomienda a los Estados obtener el CONSENTIMIENTO LIBRE PREVIO E INFORMADO de los Pueblos Indigenas.
Por todo lo expresado, el Cuerpo de CPI;
I. Los representantes del CPI presentes en el marco de la reunión de la Unidad Provincial, decide realizar como medida de protesta un “silencio simbólico” de dos horas en la jornada del día de la fecha, en total repudio de los contenidos del decreto provincial Nº 3.505/14 y hasta tanto se haga presente la Sra. Ministro de
Derechos Humanos
II. El Cuerpo de CPI solicita por intermedio de la Sra. Ministra de Derechos Humanos audiencia sumarísima con el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta.
III. Repudiar enérgicamente la finalidad política del decreto provincial Nº 3.505/14 ya que existe una superposición de objetivos y de tareas como así también de equipos y técnicos. El cual ya fue conformado legalmente a través de los Convenios Marco y específicos para la aplicación de la Ley 26.160, con la participación de la Nación a través del INAI, y de la Provincia a través del Ministerio de Derechos Humanos, y del Cuerpo del CPI en representación de los Pueblos Originarios, que es el Equipo Técnico Operativo (ETO) que viene realizando los relevamientos según la planificación de la Unidad Provincial (UP).
IV. El cuerpo de CPI deja categóricamente aclarado que la presente medida no significa la interrupción parcial o completa del proceso de relevamiento territorial. Por el contrario exigirá la continuidad del Programa de Relevamiento en curso. Como así también ratificamos la legitimidad y el trabajo del actual convenio en vigencia, y las acciones del ETO concretadas hasta el presente.
V. Que dicha medida será comunicada a todos los medios tanto escritos como audiovisuales de la provincia de Salta.
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Un crimen casi impune, del campesino Cristian Ferreyra
Un disparo sin autor intelectual
Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
El tribunal oral de primera nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Jorge Ciccioli, el empresario acusado de ser el autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, quien recibió un disparo de escopeta al resistir un desalojo en sus tierras. Los jueces condenaron a 10 años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez. El Mocase protesta frente al juzgado.
El fallo, dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, en el norte provincial, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, generó protestas entre familiares y allegados a la víctima, ya que la pena solicitada contra Juárez era mayor y se esperaba una condena contra el empresario Ciccioli.
Cristian "Cacho" Ferreyra, de 23 años, dirigente del movimiento Mocase-Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 de un balazo de itaka frente a la vivienda de otro integrante de esa agrupación, en el paraje santiagueño Campo de Mayo. Juárez fue encontrado culpable como autor material del hecho, cometido cuando llegó al lugar a exigirles el desalojo del campo que supuestamente había comprado Ciccioli.
El Mocase sostienen una larga lucha en la provincia para evitar el desalojo de campesinos de las tierras, que son desmontadas por grandes empresarios para el cultivo de soja.
El tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, condenó a Juárez a 10 años de prisión, mientras el fiscal Guillermo Lozano había pedido una pena de 14 años y seis meses y la querella a 25 años. En cambio, decidió absolver a Ciccioli, para quien trabajaba Juárez en el momento del crimen, cuando el fiscal había reclamado una pena de cinco años y la querella de 16.
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Fecha de Publicación: 11/12/2014
Fuente: Página 12 / Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Santiago del Estero
El tribunal oral de primera nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Jorge Ciccioli, el empresario acusado de ser el autor intelectual del asesinato del campesino Cristian Ferreyra, quien recibió un disparo de escopeta al resistir un desalojo en sus tierras. Los jueces condenaron a 10 años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez. El Mocase protesta frente al juzgado.
El fallo, dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, en el norte provincial, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación, generó protestas entre familiares y allegados a la víctima, ya que la pena solicitada contra Juárez era mayor y se esperaba una condena contra el empresario Ciccioli.
Cristian "Cacho" Ferreyra, de 23 años, dirigente del movimiento Mocase-Vía Campesina, fue asesinado el 16 de noviembre de 2011 de un balazo de itaka frente a la vivienda de otro integrante de esa agrupación, en el paraje santiagueño Campo de Mayo. Juárez fue encontrado culpable como autor material del hecho, cometido cuando llegó al lugar a exigirles el desalojo del campo que supuestamente había comprado Ciccioli.
El Mocase sostienen una larga lucha en la provincia para evitar el desalojo de campesinos de las tierras, que son desmontadas por grandes empresarios para el cultivo de soja.
El tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray, condenó a Juárez a 10 años de prisión, mientras el fiscal Guillermo Lozano había pedido una pena de 14 años y seis meses y la querella a 25 años. En cambio, decidió absolver a Ciccioli, para quien trabajaba Juárez en el momento del crimen, cuando el fiscal había reclamado una pena de cinco años y la querella de 16.
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Juzgan a campesinos en Córdoba, la soja puede más
Comienza hoy juicio que podría terminar con campesinos en prisión
Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Las familias comuneras se vieron afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) convocó a la ciudadanía a acompañar a la comunidad de Los Pozos en el comienzo de un juicio en Deán Funes, que puede terminar con integrantes de la misma en prisión y sentar un precedente adverso a las posesiones de cientos de pequeños ganaderos del norte provincial.
"El agronegocio y la especulación inmobiliaria se corren a los márgenes" y avanzan sobre campos comuneros en el área de los bañados de Río Dulce y Mar Chiquita, señaló un comunicado del MCC y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
Situada al norte de la laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba, la comunidad de Los Pozos está conformada por más de 50 familias que habitan desde hace muchas décadas y sucesivas generaciones campos de uso común, donde crían vacas, cabras y ovejas como principal actividad productiva.
La región fue castigada por inundaciones, en especial la de 2002-2003 en Mar Chiquita, pero las familias comuneras se vieron aun mucho más afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
En ese marco, fue imputado el campesino Miguel Rojas por resistir el intento de desalojarlo y luego también su yerno, relató el MCC.
El juicio contra Rojas, que comienza mañana, puede terminar en una condena que implicaría para él pena de prisión y con la que, "al mismo tiempo, se desconocería la posesión del territorio a decenas de familias que podrían correr la misma suerte en el futuro", añadió la organización.
Una sentencia adversa, advirtió el MCC, "podría destruir comunidades enteras de familias campesinas que lo único que han hecho es vivir un estilo de vida autónomo, sustentable, que no encaja en los cánones del negocio que sea hace con la tierra".
El MCC subrayó que más de 500 familias de pequeños productores, que "dan de comer a los cordobeses", hoy "exigen el respeto de sus derechos sobre el territorio" y apeló "a los tres poderes del Estado para garantizar la vida de las familias campesinas".
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Fecha de Publicación: 27/11/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
Las familias comuneras se vieron afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) convocó a la ciudadanía a acompañar a la comunidad de Los Pozos en el comienzo de un juicio en Deán Funes, que puede terminar con integrantes de la misma en prisión y sentar un precedente adverso a las posesiones de cientos de pequeños ganaderos del norte provincial.
"El agronegocio y la especulación inmobiliaria se corren a los márgenes" y avanzan sobre campos comuneros en el área de los bañados de Río Dulce y Mar Chiquita, señaló un comunicado del MCC y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC).
Situada al norte de la laguna de Mar Chiquita, en el departamento Tulumba, la comunidad de Los Pozos está conformada por más de 50 familias que habitan desde hace muchas décadas y sucesivas generaciones campos de uso común, donde crían vacas, cabras y ovejas como principal actividad productiva.
La región fue castigada por inundaciones, en especial la de 2002-2003 en Mar Chiquita, pero las familias comuneras se vieron aun mucho más afectadas cuando el avance de la soja despertó el interés de empresarios y especuladores en el territorio que poseen e hizo surgir duros conflictos por la tierra.
En ese marco, fue imputado el campesino Miguel Rojas por resistir el intento de desalojarlo y luego también su yerno, relató el MCC.
El juicio contra Rojas, que comienza mañana, puede terminar en una condena que implicaría para él pena de prisión y con la que, "al mismo tiempo, se desconocería la posesión del territorio a decenas de familias que podrían correr la misma suerte en el futuro", añadió la organización.
Una sentencia adversa, advirtió el MCC, "podría destruir comunidades enteras de familias campesinas que lo único que han hecho es vivir un estilo de vida autónomo, sustentable, que no encaja en los cánones del negocio que sea hace con la tierra".
El MCC subrayó que más de 500 familias de pequeños productores, que "dan de comer a los cordobeses", hoy "exigen el respeto de sus derechos sobre el territorio" y apeló "a los tres poderes del Estado para garantizar la vida de las familias campesinas".
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Mocase denuncia ataque de paramilitares
Los violentos son ellos: la empresa Manaos contrató paramilitares
Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
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Fecha de Publicación: 17/10/2014
Fuente: Mocase
Provincia/Región: Santiago del Estero
El día de ayer, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 contratados por la empresa Manaos a través de Orlando Canido y disparó a campesinos del MOCASE-VC en presencia de la policía de Quimilí, Santiago del Estero. La banda armada se presentó a las 6 de la mañana, desalojando a punta de pistola la carpa de resistencia que tenía la comunidad e intentó apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú, integrante del mocase vía campesina.
Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR de policía provincial se llegara al lugar.
Antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del mocase-vc que se encontraban defendiendo la posición. Cuando llegaronlos efectivos de la Getoar, se detuvo a Lachi Letonai, líder de la banda, y se secuestraron armas mientras el resto de los miembros del gupo paramilitar, entre los cuales había varios ex policías, se escaparon hacia el campo vecino de Mario Lacorte.
Hoy a la mañana, unos 60 efectivos policiales de Sgo Capital, de la brigada montada y la Getoar, han llegado para detener a los miembros de la banda armada liderada por Lachi y Pablo Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la Empresa de Gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou.
Una vez más, se muestra que mientras el campesinado y los pueblos indígenas defienden el territorio por las vías legítimas y legales, son los empresarios del Agronegocio quien quieren imponer de forma violenta su modelo de producción acaparando las tierras campesinas indígenas. Mientras se tratan de construir formas institucionales de resolver la problemática de la tierra, algunos empresarios siguen contratando bandas paramilitares.
A pocos días del juicio por el asesinato de Cristian Ferreyra, decimos una vez más que seguiremos defendiendo nuestros territorios con nuestros derechos.
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La desigualdad brutal de la distribución de las tierras
La tierra, en pocas manos
Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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Fecha de Publicación: 12/08/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Según la organización internacional Grain, en Argentina en veinte años desapareció un tercio de las chacras más pequeñas. En el mundo, el 90 por ciento de los agricultores es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra.
El 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero tiene sólo el 25 por ciento de la tierra. La agricultura campesina produce hasta 80 por ciento del alimento en los países no industrializados. Y la concentración de tierras en pocas manos es un fenómeno global. Son algunas de las conclusiones de la investigación Hambrientos de Tierra, de la organización internacional Grain. El estudio procesa información oficial y académica de las última dos décadas y ofrece una radiografía de la situación de la tierra a nivel mundial. En Argentina, en veinte años, desapareció el 33 por ciento de las chacras más pequeñas. “Es necesario y urgente revertir la tendencia actual y entregar a los pequeños agricultores los medios para alimentar al mundo”, propone la investigación.
“Los campesinos alimentan al mundo con menos de una cuarta parte de la tierra agrícola”, es el subtítulo del informe de Grain, una organización que se especializa en el análisis del modelo agropecuario y el rol de las corporaciones. En la segunda página del informe confronta contra la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO): “Inauguró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cantó las loas de los agricultores familiares pero ni una sola vez mencionó la necesidad de una reforma agraria. Por el contrario, anunció que las fincas familiares ya tenían la mayor parte de la tierra, la increíble cifra de 70 por ciento”.
El informe de Grain afirma todo lo contrario. Más del 90 por ciento de los agricultores del mundo es campesino e indígena, pero controla menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial. Y, con esa poca tierra, produce la mayor parte de la alimentación. En promedio, las fincas de los campesinos tienen sólo 2,2 hectáreas.
El trabajo ordena la información por continentes. Para América latina y el Caribe señala que las pequeñas chacras representan el 80 por ciento (17.894) del total y cuentan sólo con el 19 por ciento de la tierra cultivable (172.686 hectáreas). “Las fincas pequeñas están siendo marginadas a menos tierras”, explica la investigación y detalla que en treinta países se dan las mayores inequidades, donde los campesinos representa más del 70 por ciento de las fincas y tienen menos del diez por ciento de la tierra. De los treinta más injustos, seis son de América: Chile, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
En el apartado III el informe detalla que los campesinos e indígenas están perdiendo rápidamente fincas, mientras crecen las grandes chacras. De América latina sobresalen los casos de Argentina, que perdió más de un tercio de sus chacras entre 1988 y 2008 (sólo entre 2002 y 2008 desapareció el 18 por ciento de las pequeñas fincas). En Chile, entre 1997 y 2007, se perdió el 15 por ciento de las chacras más pequeñas. En Colombia, entre 1980 y la actualidad, los campesinos perdieron la mitad de la tierra que poseían. En Uruguay, en los últimos catorce años, desapareció el 20 por ciento de las chacras.
Carlos Vicente, uno de los investigadores del informe, remarcó que “la pérdida en Argentina de un 33 por ciento de los pequeños productores en 20 años demuestra cómo el modelo sojero ha sido depredador” y alertó que “la posibilidad de sostener una alimentación autónoma de nuestro pueblo se ve profundamente jaqueada”. Vicente revalorizó que los campesinos en Argentina tienen el 5,8 por ciento de la tierra y “siguen siendo los principales productores de alimentos del país”.
Grain establece una relación directa entre la pérdida de tierras de pequeños productores y el avance de la megaminería, el petróleo, gas y monocultivos. “La tremenda expansión de las megafincas dedicadas a los monocultivos industriales es quizás el factor más importante detrás del desalojo de los pequeños agricultores”, afirma, y detalla particularmente cuatro monocultivos: caña de azúcar, canola (colza), palma aceitera y soja. Señala que, en los últimos cincuenta años, 160 millones de hectáreas fueron ocupadas por los monocultivos. “Más y más tierra agrícola fértil es ocupada por grandes fincas que producen materias primas industriales para exportación, presionando a los pequeños productores a una siempre decreciente participación sobre la tierra”, asegura. Y advierte que, según la misma FAO, para 2050 la superficie mundial sembrada con soja aumentará un 33 por ciento; la caña de azúcar, un 28 por ciento, y la canola, un 16 por ciento.
“Con mucha rapidez estamos perdiendo fincas y campesinos por la concentración de tierra a manos de los ricos y los poderosos. Si no revertimos esta tendencia, el mundo perderá su capacidad para alimentarse a sí mismo”, advirtió Henk Hobbelink, coordinador de Grain.
La investigación alerta que la concentración de la tierra “está llegando a niveles extremos” y que esa política tiene una consecuencia directa en el número creciente de personas que pasan hambre en el mundo. “Necesitamos, en forma urgente y a una escala nunca antes vista, revisar y relanzar programas de reforma agraria y reconstitución territorial genuinos que devuelvan la tierra a manos campesinas e indígenas”, alerta Grain.
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En Córdoba hay intento de desalojo a campesinos
Campesinos resisten nuevo intento de desalojo de Ramona Bustamante
Fecha de Publicación: 22/03/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La abogada Victoria Gauna contestó hoy una demanda de desalojo en contra de la campesina Ramona Bustamante, de 87 años, el segundo intento en diez años de expulsarla del campo que habita desde que nació, en el norte de Córdoba.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC-MNCI), que integra Gauna, reclamó además una "solución política que proteja definitivamente a Ramona, el mayor símbolo de la lucha por la tierra en nuestra provincia".
"Al margen de que creemos que la jueza (Elvira Mercado de Nieto, de los Tribunales de Deán Funes) no va a ordenar el desalojo, pensamos que esto debe solucionarse políticamente para evitar que los mismos empresarios vuelvan otra vez a la carga en el futuro, con un nuevo expediente", dijo a Télam un portavoz del MCC.
Dos empresarios, los hermanos Edgardo y Juan Scaramuzza, intentaron ya hace poco más de diez años una demanda judicial para expulsar a Ramona Bustamante de la tierra que posee en el paraje Las Maravillas, en el norte cordobés."En enero pasado la plaza Próspero Molina se puso de pie en varias oportunidades para aplaudir y aclamar a esa campesina que volvía a Cosquín para reivindicar la lucha por la tierra, elevando banderas de dignidad", relató el MCC en un comunicado.
Esta presencia en el último Festival de Cosquín reprersentó la ratificación de esa lucha, cuando se cumplían diez años de una medida judicial que derivó en la destrucción de su vivienda y de su campo.
"León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Lucas Segovia y otros artistas populares se consustanciaron con esa reivindicación y el público acompañó cual tribunal popular clamando justicia para los desposeídos", apuntó la organización campesina.
El MCC subrayó que, "en términos de justicia del pueblo, no caben dudas de que Ramona jamás dejó de ser dueña de ese territorio, que se plantó como mojón ante el avance del desierto en nuestro castigado chaco cordobés".
"Pero, lamentablemente, la real realidad nos devuelve al mundo de esos edificios ocupados por toneladas de expedientes que desde el encierro urbano deciden sobre el destino vital de muchas ramonas y ramones", señaló.
El MCC recordó además que la Legislatura "sancionó la Ley 9150 que pretendía ocupar un vacío en la defensa de los poseedores ancestrales de nuestra provincia, justamente como consecuencia de la resonancia social del caso de la familia Bustamante", aunque sin efectos consistentes.
"Causa estupor que tengamos que volver a hablar de un posible desalojo a Ramona Bustamante después de diez años y que la falta de voluntad política para resolver la conflictividad por la tenencia de la tierra siga siendo una constante", apuntó.
El MCC subrayó también que "desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se llevan años intentando que el Congreso Nacional apruebe la Ley Cristian Ferreyra", de suspensión de los desalojos en todo el territorio nacional.
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Fecha de Publicación: 22/03/2014
Fuente: El Diario de Villa Carlos Paz
Provincia/Región: Córdoba
La abogada Victoria Gauna contestó hoy una demanda de desalojo en contra de la campesina Ramona Bustamante, de 87 años, el segundo intento en diez años de expulsarla del campo que habita desde que nació, en el norte de Córdoba.
El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC-MNCI), que integra Gauna, reclamó además una "solución política que proteja definitivamente a Ramona, el mayor símbolo de la lucha por la tierra en nuestra provincia".
"Al margen de que creemos que la jueza (Elvira Mercado de Nieto, de los Tribunales de Deán Funes) no va a ordenar el desalojo, pensamos que esto debe solucionarse políticamente para evitar que los mismos empresarios vuelvan otra vez a la carga en el futuro, con un nuevo expediente", dijo a Télam un portavoz del MCC.
Dos empresarios, los hermanos Edgardo y Juan Scaramuzza, intentaron ya hace poco más de diez años una demanda judicial para expulsar a Ramona Bustamante de la tierra que posee en el paraje Las Maravillas, en el norte cordobés."En enero pasado la plaza Próspero Molina se puso de pie en varias oportunidades para aplaudir y aclamar a esa campesina que volvía a Cosquín para reivindicar la lucha por la tierra, elevando banderas de dignidad", relató el MCC en un comunicado.
Esta presencia en el último Festival de Cosquín reprersentó la ratificación de esa lucha, cuando se cumplían diez años de una medida judicial que derivó en la destrucción de su vivienda y de su campo.
"León Gieco, Teresa Parodi, Víctor Heredia, Lucas Segovia y otros artistas populares se consustanciaron con esa reivindicación y el público acompañó cual tribunal popular clamando justicia para los desposeídos", apuntó la organización campesina.
El MCC subrayó que, "en términos de justicia del pueblo, no caben dudas de que Ramona jamás dejó de ser dueña de ese territorio, que se plantó como mojón ante el avance del desierto en nuestro castigado chaco cordobés".
"Pero, lamentablemente, la real realidad nos devuelve al mundo de esos edificios ocupados por toneladas de expedientes que desde el encierro urbano deciden sobre el destino vital de muchas ramonas y ramones", señaló.
El MCC recordó además que la Legislatura "sancionó la Ley 9150 que pretendía ocupar un vacío en la defensa de los poseedores ancestrales de nuestra provincia, justamente como consecuencia de la resonancia social del caso de la familia Bustamante", aunque sin efectos consistentes.
"Causa estupor que tengamos que volver a hablar de un posible desalojo a Ramona Bustamante después de diez años y que la falta de voluntad política para resolver la conflictividad por la tenencia de la tierra siga siendo una constante", apuntó.
El MCC subrayó también que "desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se llevan años intentando que el Congreso Nacional apruebe la Ley Cristian Ferreyra", de suspensión de los desalojos en todo el territorio nacional.
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Comunidad Mapuche obtiene cautelar por su territorio
Fallo histórico a favor de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas
Fecha de Publicación: 14/03/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad mapuche Las Haytekas, en cercanías de El Bolsón, obtuvo un fallo favorable de una medida cautelar en el conflicto territorial sobre 5 mil hectáreas de la comunidad, de alto valor inmobiliario y forestal, que surgió cuando en 2009 el gobierno provincial autorizó la construcción del country Solares de la Comarca y la extracción maderera a la empresa semiestatal Emforsa S.A., así como a empresas privadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ha decidido, hasta que se resuelva la cuestión de fondo que incluye la entrega del título comunitario sobre las 5 mil hectáreas, paralizar toda obra de terceros en el territorio comunitario y autorizar el uso del territorio y la explotación de los recursos naturales del lugar a la comunidad mapuche, que habita el territorio ancestralmente.
Si bien el fallo es de diciembre pasado, se conoció recientemente y comenzó su aplicación en febrero cuando, en cumplimiento de dicho fallo, el 28 pasado se decomisó la madera que una empresa privada local estaba retirando del territorio.
Comunicado Público
Autoridades y miembros de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas hacemos de público conocimiento que el pasado 17 de diciembre de 2013 la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION integrada por los Sres. Jueces: Edgardo Camperi, Juan Lagomarsino y Ruben Marigo, en Causa Caratulada “Comunidad Mapuche Las Huaytekas s/ Cautelar con Expte. Nº:00503-059-13 ha dado lugar a la medida especial de salvaguarda prevista por el art. 4 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que solicitamos oportunamente.
La medida consiste en 9 puntos que resguardan la integridad del territorio de la Comunidad, permitiendo nuestro desarrollo cultural, espiritual, económico, preservándonos de ataques de terceros, hasta tanto se dicte sentencia en la demanda principal que hemos interpuesto colectivamente contra la Provincia de Río Negro.
Esta sentencia pone de manifiesto la veracidad del reclamo territorial que venimos sosteniendo por más de un siglo las familias que hoy integramos la comunidad.
El fallo es histórico, pues se da en un juicio donde se aplica la ley integral del indígena 2287, para revisar la historia de despojos, buscar la verdad en el pasado de apropiaciones de territorio mapuche por el estado y la facilitación del acceso a otros en desmedro de los indígenas. La medida pone un freno a esos despojos, a la vez que avanza para que se nos restituyan las tierras y se nos garantice nuestra ocupación tradicional.
Lo cierto es que en los últimos 40 años casi la totalidad del territorio de la Comunidad ha sido fraccionado y entregado por la Dirección de Tierras a terratenientes y a empresarios forestales que nunca vivieron en el lugar.
Como si esto fuera poco, en el año 2009 la Dirección de Tierras, entonces a cargo de Jorge Belacín y Daniel Tait, bajo la órbita del Ministro Acattino y con un decreto del gobernador Miguel Saiz, otorgó en venta 205 hectáreas José Luis Zilberberg quien jamás ocupó ni residió en las tierras había incumplido sistemáticamente los planes forestales de la provincia.
Este mismo gobierno, sin consulta ni participación de la Comunidad e incumpliendo el procedimiento provincial de impacto ambiental, omisión de la que es responsable Oscar Echeverría, ni planos aprobados por el Municipio de El Bolsón, lo que es atribuible al entonces intendente Oscar Romera, autorizó el Proyecto a subdividir el Predio en 60 parcelas, en un Proyecto de Walter Forestier y gerenciado por Daniel Kritz, para la construcción del Consorcio Parcelario Solares de La Comarca, “country” con canchas deportivas al pie de nuestro espacio ceremonial.
Hemos demostrado que, además de ser ilegal, este Consorcio Parcelario, que en la actualidad lleva construidas alrededor de 30 cabañas, pone en grave riesgo al Cipresal de Las Huaytekas, lugar ceremonial de la comunidad. En ese mismo lugar, hace pocos días, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida Cipresal de Las Huaytekas, Gabriela Ashkar, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, amenazó con impulsar el turismo a nivel empresarial en el Cipresal de Huaytekas, habilitando para tal fin caminos públicos en el territorio de la Comunidad, sin nuestra participación ni consentimiento.
En cuanto a atropellos y violación de derechos podemos citar, entre otros, los intentos fallidos del abogado José L. Martínez Pérez para desalojar al Lof Palma; el desalojo de Delia Palma realizado por Nicolás Van Ditmar del Lago Escondido; la construcción ilegal del Barrio privado en el territorio de la comunidad; la negación de respeto de nuestros derechos territoriales por parte de la Dirección de Tierras quitándole el valor al reconocimiento del CO.DE.C.I. y la omisión de este organismo de ejercer su competencia fijada por la ley 2287, la persecución penal de varios integrantes de la Comunidad por aprovechar los recursos y ejercer nuestra ocupación tradicional.
La resolución judicial impide al gobierno provincial y a terceros seguir violando nuestros derechos a la vez que nos permite administrar y aprovechar los recursos naturales existentes en el territorio.
Cabe aclarar, que la medida ya comenzó aplicarse el día 28 de febrero pasado con la confiscación de madera aserreada y rolliza a EMFORSA, en una parcela ubicada sobre la Ruta 40 a la altura del puente del Río Foyel.
El fallo es inédito pues invierte las relaciones de poder. Es uno de los pocos reclamos judiciales desde un pueblo indígena -y no en su contra- contra una provincia y decenas de particulares para lograr el título de propiedad comunitaria, incluyendo que se restituya lo que nos fue despojado. No hay medidas en la historia de la provincia que ordenen a este entregar los recursos a los ocupantes tradicionales y prohíba dárselos a los terceros.
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Fecha de Publicación: 14/03/2014
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Río Negro
La comunidad mapuche Las Haytekas, en cercanías de El Bolsón, obtuvo un fallo favorable de una medida cautelar en el conflicto territorial sobre 5 mil hectáreas de la comunidad, de alto valor inmobiliario y forestal, que surgió cuando en 2009 el gobierno provincial autorizó la construcción del country Solares de la Comarca y la extracción maderera a la empresa semiestatal Emforsa S.A., así como a empresas privadas.
La Cámara en lo Civil y Comercial ha decidido, hasta que se resuelva la cuestión de fondo que incluye la entrega del título comunitario sobre las 5 mil hectáreas, paralizar toda obra de terceros en el territorio comunitario y autorizar el uso del territorio y la explotación de los recursos naturales del lugar a la comunidad mapuche, que habita el territorio ancestralmente.
Si bien el fallo es de diciembre pasado, se conoció recientemente y comenzó su aplicación en febrero cuando, en cumplimiento de dicho fallo, el 28 pasado se decomisó la madera que una empresa privada local estaba retirando del territorio.
Comunicado Público
Autoridades y miembros de la Comunidad Mapuche Las Huaytekas hacemos de público conocimiento que el pasado 17 de diciembre de 2013 la CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL IIIA. CIRCUNSCRIPCION integrada por los Sres. Jueces: Edgardo Camperi, Juan Lagomarsino y Ruben Marigo, en Causa Caratulada “Comunidad Mapuche Las Huaytekas s/ Cautelar con Expte. Nº:00503-059-13 ha dado lugar a la medida especial de salvaguarda prevista por el art. 4 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que solicitamos oportunamente.
La medida consiste en 9 puntos que resguardan la integridad del territorio de la Comunidad, permitiendo nuestro desarrollo cultural, espiritual, económico, preservándonos de ataques de terceros, hasta tanto se dicte sentencia en la demanda principal que hemos interpuesto colectivamente contra la Provincia de Río Negro.
Esta sentencia pone de manifiesto la veracidad del reclamo territorial que venimos sosteniendo por más de un siglo las familias que hoy integramos la comunidad.
El fallo es histórico, pues se da en un juicio donde se aplica la ley integral del indígena 2287, para revisar la historia de despojos, buscar la verdad en el pasado de apropiaciones de territorio mapuche por el estado y la facilitación del acceso a otros en desmedro de los indígenas. La medida pone un freno a esos despojos, a la vez que avanza para que se nos restituyan las tierras y se nos garantice nuestra ocupación tradicional.
Lo cierto es que en los últimos 40 años casi la totalidad del territorio de la Comunidad ha sido fraccionado y entregado por la Dirección de Tierras a terratenientes y a empresarios forestales que nunca vivieron en el lugar.
Como si esto fuera poco, en el año 2009 la Dirección de Tierras, entonces a cargo de Jorge Belacín y Daniel Tait, bajo la órbita del Ministro Acattino y con un decreto del gobernador Miguel Saiz, otorgó en venta 205 hectáreas José Luis Zilberberg quien jamás ocupó ni residió en las tierras había incumplido sistemáticamente los planes forestales de la provincia.
Este mismo gobierno, sin consulta ni participación de la Comunidad e incumpliendo el procedimiento provincial de impacto ambiental, omisión de la que es responsable Oscar Echeverría, ni planos aprobados por el Municipio de El Bolsón, lo que es atribuible al entonces intendente Oscar Romera, autorizó el Proyecto a subdividir el Predio en 60 parcelas, en un Proyecto de Walter Forestier y gerenciado por Daniel Kritz, para la construcción del Consorcio Parcelario Solares de La Comarca, “country” con canchas deportivas al pie de nuestro espacio ceremonial.
Hemos demostrado que, además de ser ilegal, este Consorcio Parcelario, que en la actualidad lleva construidas alrededor de 30 cabañas, pone en grave riesgo al Cipresal de Las Huaytekas, lugar ceremonial de la comunidad. En ese mismo lugar, hace pocos días, en el marco del Plan de Manejo del Área Protegida Cipresal de Las Huaytekas, Gabriela Ashkar, funcionaria de la Secretaría de Ambiente de Río Negro, amenazó con impulsar el turismo a nivel empresarial en el Cipresal de Huaytekas, habilitando para tal fin caminos públicos en el territorio de la Comunidad, sin nuestra participación ni consentimiento.
En cuanto a atropellos y violación de derechos podemos citar, entre otros, los intentos fallidos del abogado José L. Martínez Pérez para desalojar al Lof Palma; el desalojo de Delia Palma realizado por Nicolás Van Ditmar del Lago Escondido; la construcción ilegal del Barrio privado en el territorio de la comunidad; la negación de respeto de nuestros derechos territoriales por parte de la Dirección de Tierras quitándole el valor al reconocimiento del CO.DE.C.I. y la omisión de este organismo de ejercer su competencia fijada por la ley 2287, la persecución penal de varios integrantes de la Comunidad por aprovechar los recursos y ejercer nuestra ocupación tradicional.
La resolución judicial impide al gobierno provincial y a terceros seguir violando nuestros derechos a la vez que nos permite administrar y aprovechar los recursos naturales existentes en el territorio.
Cabe aclarar, que la medida ya comenzó aplicarse el día 28 de febrero pasado con la confiscación de madera aserreada y rolliza a EMFORSA, en una parcela ubicada sobre la Ruta 40 a la altura del puente del Río Foyel.
El fallo es inédito pues invierte las relaciones de poder. Es uno de los pocos reclamos judiciales desde un pueblo indígena -y no en su contra- contra una provincia y decenas de particulares para lograr el título de propiedad comunitaria, incluyendo que se restituya lo que nos fue despojado. No hay medidas en la historia de la provincia que ordenen a este entregar los recursos a los ocupantes tradicionales y prohíba dárselos a los terceros.
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Campesinos de El Impenetrable claman por su monte
Petitorio de los campesinos de El Impenetrable
Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Chaco
"El monte nativo está muy degradado por causa de la sequia y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. Por eso hacemos este pedido a las autoridades."
Los campesinos/as de El Impenetrable trabajamos y vivimos en condiciones muy difíciles y tenemos nuestras tierras en forma precaria. Perdimos gran parte de nuestra producción por causa de la sequía; se seco el río Bermejito, se secaron los ciénagas, lagunas, estanques y pozos; un alto porcentaje de nuestros ganados se murieron de hambre y sed.
El monte nativo está muy degradado por causa de la sequía y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. En los últimos días empezó a llover por parte, necesitamos volver a empezar, queremos desarrollarnos como cualquier chaqueño, como cualquier argentino. Necesitamos del estado provincial y nacional, por eso solicitamos a las autoridades lo siguiente:
1) El relevamiento, mensura y titularización de nuestras posesiones históricas de TIERRA. La recuperación de las TIERRAS usurpadas, y apoyo para que nuestros jóvenes accedan a la tierra.
2) Perforaciones, insumos e instalaciones, para la obtención de agua para el consumo y para la ganadería.
3) Construcción de depósitos de agua, aljibes, para las familias campesinas de los diferentes parajes.
4) Asistencia con forrajes para la ganadería campesina, de las zonas de: Comandancia Frías; Fuerte Esperanza; Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito. Y que dicha asistencia sea administrada por la UCCI – FNC.
5) Apoyo de la provincia para la realización de remates para la comercialización de la ganadería campesina.
6) Financiamiento de insumos y herramientas para la construcción de potreros y cultivo de pasturas (alambres, torniquetes, etc.).
7) Apoyo integral para el desarrollo de proyectos apícolas para 100 familias campesinas de los parajes de El Impenetrable.
8) Espacios propios (4 locales) para las familias campesinas, para el desarrollo de actividades culturales, capacitaciones, intercambios y gestiones.
9) Instalaciones comunitarias para el engorde y comercialización de la ganadería campesina, en El Sauzalito, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya.
10) Equipo de técnico interdisciplinario para la asistencia y asesoramiento a las familias campesinas (Veterinario, Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Trabajador Social).
11) Construcción de viviendas rurales para familias campesinas de los diferentes parajes.
12) Constitución de Consorcios de Servicios Rurales en: Wichi – El Pintado; Paraje Pozo El Gato; Paraje Campo Grande; Paraje Las Vertientes; Paraje Nueva Población y El Sauzal.
Lamentamos que en la reunión concretada el día de la fecha con los funcionarios y el propio gobernador de la Provincia del Chaco no encontramos voluntad para solucionar los graves problemas que padecemos en los parajes de El Impenetrable chaqueño.
Nos preocupa que los compromisos no se cumplen, y los recursos destinados a los campesinos son administrados en forma arbitraria y discriminatoria. Esperamos que el Gobierno cambie de actitud, que sea más democrático y escuche los reclamos de los trabajadores del campo arrasado por la sequía.
Raúl Cuellar
PRESINDENTE
Unión de Campesinos Criollos de El Impenetrable
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Fecha de Publicación: 22/10/2013
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
Provincia/Región: Chaco
"El monte nativo está muy degradado por causa de la sequia y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. Por eso hacemos este pedido a las autoridades."
Los campesinos/as de El Impenetrable trabajamos y vivimos en condiciones muy difíciles y tenemos nuestras tierras en forma precaria. Perdimos gran parte de nuestra producción por causa de la sequía; se seco el río Bermejito, se secaron los ciénagas, lagunas, estanques y pozos; un alto porcentaje de nuestros ganados se murieron de hambre y sed.
El monte nativo está muy degradado por causa de la sequía y la explotación irracional. Nuestra situación siempre fue complicada, pero hoy nuestra realidad económica y social es crítica. En los últimos días empezó a llover por parte, necesitamos volver a empezar, queremos desarrollarnos como cualquier chaqueño, como cualquier argentino. Necesitamos del estado provincial y nacional, por eso solicitamos a las autoridades lo siguiente:
1) El relevamiento, mensura y titularización de nuestras posesiones históricas de TIERRA. La recuperación de las TIERRAS usurpadas, y apoyo para que nuestros jóvenes accedan a la tierra.
2) Perforaciones, insumos e instalaciones, para la obtención de agua para el consumo y para la ganadería.
3) Construcción de depósitos de agua, aljibes, para las familias campesinas de los diferentes parajes.
4) Asistencia con forrajes para la ganadería campesina, de las zonas de: Comandancia Frías; Fuerte Esperanza; Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito. Y que dicha asistencia sea administrada por la UCCI – FNC.
5) Apoyo de la provincia para la realización de remates para la comercialización de la ganadería campesina.
6) Financiamiento de insumos y herramientas para la construcción de potreros y cultivo de pasturas (alambres, torniquetes, etc.).
7) Apoyo integral para el desarrollo de proyectos apícolas para 100 familias campesinas de los parajes de El Impenetrable.
8) Espacios propios (4 locales) para las familias campesinas, para el desarrollo de actividades culturales, capacitaciones, intercambios y gestiones.
9) Instalaciones comunitarias para el engorde y comercialización de la ganadería campesina, en El Sauzalito, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Misión Nueva Pompeya.
10) Equipo de técnico interdisciplinario para la asistencia y asesoramiento a las familias campesinas (Veterinario, Ing. Forestal, Ing. Agrónomo, Trabajador Social).
11) Construcción de viviendas rurales para familias campesinas de los diferentes parajes.
12) Constitución de Consorcios de Servicios Rurales en: Wichi – El Pintado; Paraje Pozo El Gato; Paraje Campo Grande; Paraje Las Vertientes; Paraje Nueva Población y El Sauzal.
Lamentamos que en la reunión concretada el día de la fecha con los funcionarios y el propio gobernador de la Provincia del Chaco no encontramos voluntad para solucionar los graves problemas que padecemos en los parajes de El Impenetrable chaqueño.
Nos preocupa que los compromisos no se cumplen, y los recursos destinados a los campesinos son administrados en forma arbitraria y discriminatoria. Esperamos que el Gobierno cambie de actitud, que sea más democrático y escuche los reclamos de los trabajadores del campo arrasado por la sequía.
Raúl Cuellar
PRESINDENTE
Unión de Campesinos Criollos de El Impenetrable
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