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Bergman se despachó contra Gualeguaychú
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Bergman: que Entre Ríos controle su ambiente antes de quejarse por Botnia
Fecha de Publicación: 18/10/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El ministro nacional pasó por la provincia y dejó un mensaje al gobierno de Bordet, que le reclama que monitoree el aire en Gualeguaychú. “Hacete cargo, controlá tus recursos naturales y el gobierno nacional va a ayudarte”, lanzó.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, estuvo en Feliciano por la campaña electoral y dejó fuertes definiciones sobre la relación con el gobierno provincial en materia política pero principalmente en cuanto a su área específica. En síntesis, reclamó que la Provincia se encargue de su parte en el control del medioambiente antes de exigirle medidas a la Nación.
Días atrás, la Secretaría de Ambiente provincial acordó con universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú solicitar a la cartera de Bergman más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la pastera UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", expresó el secretario Horacio Melo.
"Hacete cargo, fiscalizá, auditá, controlá"
En su visita a Feliciano, el rabino ministro dejó su respuesta. Lo hizo explicando la “pirámide ambiental”, que “empieza en el municipio, sigue en la provincia y termina en la Nación. La primer pregunta no es qué le piden a la Nación. En la coparticipación no es solo plata: también es de responsabilidades”, desafió en una entrevista radial.
Además, Bergman dejó sentado un cruce particular para el jefe comunal de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el ‘último intendente K de Entre Ríos’. Arrojó el ministro que “no podés tener al intendente de Gualeguaychú gritando con respecto a las papeleras y no se hace cargo de sus cloacas ni sus parques industriales”, apuntando a las denuncias por contaminación en la ciudad del sur entrerriano.
Botnia: "se tiró nafta y se llevó al pueblo a cortar un puente"
Respecto del tema central en materia ambiental en la provincia, el rechazo a las papeleras, Bergman propuso que “cumplamos con el fallo (de La Haya), porque estamos discutiendo sin haber cumplido”. En ese marco apuntó al kirchnerismo y cuestionó que “el mismo gobierno tiró nafta al conflicto y llevó a todos los gobernadores y al pueblo a cortar un puente, sin hacer las gestiones internacionales para resolver el problema”
El rabino que perdió la memoria
“Y nunca mostrando los datos”, advirtió. “Ahora se terminó. El año pasado publicamos un informe de los últimos cinco años de la CARU y acordamos con Uruguay un trabajo bilateral. Eso significa monitorear y medir, y con los resultados, desde el punto de vista técnico y científico, no ideológico, discutir políticamente que desde ningún punto de vista se pueden hacer actividades productivas que contaminen el río”, indicó.
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Fecha de Publicación: 18/10/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El ministro nacional pasó por la provincia y dejó un mensaje al gobierno de Bordet, que le reclama que monitoree el aire en Gualeguaychú. “Hacete cargo, controlá tus recursos naturales y el gobierno nacional va a ayudarte”, lanzó.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, estuvo en Feliciano por la campaña electoral y dejó fuertes definiciones sobre la relación con el gobierno provincial en materia política pero principalmente en cuanto a su área específica. En síntesis, reclamó que la Provincia se encargue de su parte en el control del medioambiente antes de exigirle medidas a la Nación.
Días atrás, la Secretaría de Ambiente provincial acordó con universidades y ONG’s ambientalistas de Gualeguaychú solicitar a la cartera de Bergman más acción para el monitoreo de aire transfronterizo por emisiones aéreas de la pastera UPM ex Botnia. "La provincia viene colaborando en este tema pero el gobierno nacional es quien tiene las competencias por tratarse de una cuestión binacional", expresó el secretario Horacio Melo.
"Hacete cargo, fiscalizá, auditá, controlá"
En su visita a Feliciano, el rabino ministro dejó su respuesta. Lo hizo explicando la “pirámide ambiental”, que “empieza en el municipio, sigue en la provincia y termina en la Nación. La primer pregunta no es qué le piden a la Nación. En la coparticipación no es solo plata: también es de responsabilidades”, desafió en una entrevista radial.
Además, Bergman dejó sentado un cruce particular para el jefe comunal de Gualeguaychú, Martín Piaggio, el ‘último intendente K de Entre Ríos’. Arrojó el ministro que “no podés tener al intendente de Gualeguaychú gritando con respecto a las papeleras y no se hace cargo de sus cloacas ni sus parques industriales”, apuntando a las denuncias por contaminación en la ciudad del sur entrerriano.
Botnia: "se tiró nafta y se llevó al pueblo a cortar un puente"
Respecto del tema central en materia ambiental en la provincia, el rechazo a las papeleras, Bergman propuso que “cumplamos con el fallo (de La Haya), porque estamos discutiendo sin haber cumplido”. En ese marco apuntó al kirchnerismo y cuestionó que “el mismo gobierno tiró nafta al conflicto y llevó a todos los gobernadores y al pueblo a cortar un puente, sin hacer las gestiones internacionales para resolver el problema”
El rabino que perdió la memoria
“Y nunca mostrando los datos”, advirtió. “Ahora se terminó. El año pasado publicamos un informe de los últimos cinco años de la CARU y acordamos con Uruguay un trabajo bilateral. Eso significa monitorear y medir, y con los resultados, desde el punto de vista técnico y científico, no ideológico, discutir políticamente que desde ningún punto de vista se pueden hacer actividades productivas que contaminen el río”, indicó.
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Renovables: segirá por 5 años el arancel cero a importaciones
Extendieron hasta 5 años el arancel cero a importaciones para equipos de renovables
Fecha de Publicación: 15/10/2017
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
A través de un decreto, firmado en conjunto por los ministerios de Hacienda, Producción y Energía, el Gobierno extendió los beneficios impositivos para la compra de equipos destinados a la producción de energía verde.
Era algo que se esperaba. A menos de 10 días para que finalice el plazo de presentación de ofertas para entrar en el Renovar 2, el Gobierno nacional publicó hoy la extensión de los beneficios impositivos para la importación de equipos a utilizarse en la producción de energía verde.
A través del decreto 814/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, la administración nacional definió un listado de bienes que quedarán excluidos de pagar tributos a la importación si tienen como fin su utilización para la construcción de plantas de energías renovables.
La normativa establece plazos y beneficios impositivos diferenciados, a saber:
* Hasta 12 meses con arancel 0% para la importación de "generador fotovoltaico sin incluir estructuras de soporte ni máquinas y aparatos mecánicos con función propia".
* Hasta 60 meses (5 años) con arancel 14% a la importación de "Aerogenerador de potencia superior a 700 kW".
* Hasta 60 meses (5 años) con arancel 0% a la importación de productos de EVA (etil vinil acetato), PET (tereftalato de polietileno) y otros 39 productos (ver el detalle al final de esta nota).
El esquema arancelario que imponía alícuota de 0% a la importación de equipos para la producción de energías limpias estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y la extensión de ese plazo era una decisión que esperaba el mercado y que el Gobierno ya había anunciado que otorgaría.
Ahora, con la publicación de este decreto, se estableció un nuevo régimen con arancel cero a partir del 1 de enero de 2018 y hasta 2023 en el caso de los plazos máximos.
"Es un esquema de incentivos para favorecer la integración local"
Desde la administración nacional le dijeron a Cronista.com que las exenciones impositivas tienen como objetivo incentivar la producción local de equipos que se utilicen en las plantas de energías renovables.
Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio Producción de la Nación, aseguró en diálogo con este medio que "una parte de los objetivos de la ley 27.191 es la promoción de la fabricación local de algunos componentes de equipos tanto eólicos como solar fotovoltaicos y eso está atado a algunos mecanismos de incentivo".
"El esquema arancelario completa el esquema de incentivos para favorecer la integración local pero que depende muy claramente, sobre todo en el caso de eólico, de que haya fabricantes internacionales que vengan a la Argentina", indicó Drucaroff.
El funcionario nacional contó que hay por lo menos dos empresas multinacionales que estarían interesadas por establecerse en la Argentina para hacer el ensamblado de los equipos, ya que detectaron mercado a futuro, debido a las normativas vigentes y la manera en la que la administración nacional está licitando la producción de energía a partir de fuentes limpias.
"Hay espacio para al menos dos plantas para ensamblaje de góndola, que es el componente en donde está el generador", detalló Drucaroff y remarcó que el ensamblaje en el país "tiene la ventaja de que hay componentes locales que fabrican pymes argentinas, como transformadores, así como también la fundición y el mecanizado de alguna pieza".
"Ellos tendrían que entregar este tipo de componentes fabricados en Argentina en 2020, con lo cual tienen tiempo de hacer una planta. Obviamente va a depender de que estos fabricantes que quieren venir sean exitosos en la venta de proyectos", aseguró el funcionario, minutos después de terminar su exposición en el Congreso AIREC que se desarrolló la semana pasada en el hotel Hilton.
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Fecha de Publicación: 15/10/2017
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Nacional
A través de un decreto, firmado en conjunto por los ministerios de Hacienda, Producción y Energía, el Gobierno extendió los beneficios impositivos para la compra de equipos destinados a la producción de energía verde.
Era algo que se esperaba. A menos de 10 días para que finalice el plazo de presentación de ofertas para entrar en el Renovar 2, el Gobierno nacional publicó hoy la extensión de los beneficios impositivos para la importación de equipos a utilizarse en la producción de energía verde.
A través del decreto 814/2017, publicado hoy en el Boletín Oficial, la administración nacional definió un listado de bienes que quedarán excluidos de pagar tributos a la importación si tienen como fin su utilización para la construcción de plantas de energías renovables.
La normativa establece plazos y beneficios impositivos diferenciados, a saber:
* Hasta 12 meses con arancel 0% para la importación de "generador fotovoltaico sin incluir estructuras de soporte ni máquinas y aparatos mecánicos con función propia".
* Hasta 60 meses (5 años) con arancel 14% a la importación de "Aerogenerador de potencia superior a 700 kW".
* Hasta 60 meses (5 años) con arancel 0% a la importación de productos de EVA (etil vinil acetato), PET (tereftalato de polietileno) y otros 39 productos (ver el detalle al final de esta nota).
El esquema arancelario que imponía alícuota de 0% a la importación de equipos para la producción de energías limpias estaba vigente hasta el 31 de diciembre de este año, y la extensión de ese plazo era una decisión que esperaba el mercado y que el Gobierno ya había anunciado que otorgaría.
Ahora, con la publicación de este decreto, se estableció un nuevo régimen con arancel cero a partir del 1 de enero de 2018 y hasta 2023 en el caso de los plazos máximos.
"Es un esquema de incentivos para favorecer la integración local"
Desde la administración nacional le dijeron a Cronista.com que las exenciones impositivas tienen como objetivo incentivar la producción local de equipos que se utilicen en las plantas de energías renovables.
Sergio Drucaroff, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio Producción de la Nación, aseguró en diálogo con este medio que "una parte de los objetivos de la ley 27.191 es la promoción de la fabricación local de algunos componentes de equipos tanto eólicos como solar fotovoltaicos y eso está atado a algunos mecanismos de incentivo".
"El esquema arancelario completa el esquema de incentivos para favorecer la integración local pero que depende muy claramente, sobre todo en el caso de eólico, de que haya fabricantes internacionales que vengan a la Argentina", indicó Drucaroff.
El funcionario nacional contó que hay por lo menos dos empresas multinacionales que estarían interesadas por establecerse en la Argentina para hacer el ensamblado de los equipos, ya que detectaron mercado a futuro, debido a las normativas vigentes y la manera en la que la administración nacional está licitando la producción de energía a partir de fuentes limpias.
"Hay espacio para al menos dos plantas para ensamblaje de góndola, que es el componente en donde está el generador", detalló Drucaroff y remarcó que el ensamblaje en el país "tiene la ventaja de que hay componentes locales que fabrican pymes argentinas, como transformadores, así como también la fundición y el mecanizado de alguna pieza".
"Ellos tendrían que entregar este tipo de componentes fabricados en Argentina en 2020, con lo cual tienen tiempo de hacer una planta. Obviamente va a depender de que estos fabricantes que quieren venir sean exitosos en la venta de proyectos", aseguró el funcionario, minutos después de terminar su exposición en el Congreso AIREC que se desarrolló la semana pasada en el hotel Hilton.
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El cuento de la economía verde en Córdoba
El cuento de la economía verde en Córdoba
Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: Agencia Alai Amlatina - Por Jorge Foa Torres
Provincia/Región: Nacional
Adil Najam (investigador de la Universidad de Boston) señala que la expansión de la causa ambiental en los países del Sur durante los años 80 y especialmente los 90 tuvo como pilar: … la emergencia de una comunidad epistémica ambiental en el Sur [que] es en parte el resultado del bombardeo de programas educacionales y de capacitación inspirados en el Norte que han tenido el efecto de cooptar una generación entera de intelligentsia hacia una mirada mayormente del Norte de la cuestión ambiental (2005: 315).
Es que a contramano de lo que suele ser difundido por medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, la cuestión ambiental ha estado marcada desde su emergencia en los años 60 por el antagonismo Norte-Sur. Es decir, por la disputa en torno al sentido de los problemas ambientales y su relación con la desigualdad del sistema político-económico internacional, la pobreza en los países del Sur, el rol de los Estados en la política ambiental, el papel de las corporaciones transnacionales, los mecanismos de financiamiento, la transferencia de tecnologías y la heterogeneidad estructural de las economías de los países menos desarrollados.
En los últimos días, la Fundación Advanced Leadership ha anunciado la visita del ex Presidente de los EE. UU. Barack Obama a Córdoba en el marco de la Cumbre de Economía Verde a realizarse los días 5 y 6 de octubre en nuestra ciudad. El propósito del evento es capacitar a 300 líderes de opinión argentinos a los fines de formar “una nueva generación de líderes que se comprometan con el concepto de la economía verde, de la economía sustentable, y entiendan que tiene sentido para Argentina y para las provincias apostar por la economía verde desde un punto de vista competitivo, de desarrollo económico” (Juan Verde, La Nación, 14 de agosto de 2017).
El concepto de economía verde, como cualquier otro, posee un importante nivel de ambigüedad. No obstante, existe cierto consenso de que el mismo está fundamentalmente vinculado a la promoción del crecimiento económico global mediante la modernización productiva orientada a economías bajas en carbono. La competitividad, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son también elementos nodales de esta noción.
No obstante, desde América Latina en los últimos años se han hecho esfuerzos por formular posturas críticas a la economía verde advirtiendo que, por un lado, “si el sistema de relaciones comerciales Norte-Sur se mantiene inalterado (…) el concepto de Economía Verde puede desembocar en el aumento del proteccionismo de los países del Norte sobre los productos agrícolas que vienen del Sur” (Serrano Mansilla y Carrillo, 2011: 19). Por otro, que los mecanismos financieros y de transferencia de tecnologías implicados en tal concepto pueden conducir, tanto a nuevas formas de injerencia de organismos multilaterales en los estados latinoamericanos, como así también a un nuevo ciclo de endeudamiento “verde” de los países de la región.
En una línea aún más crítica, se ha afirmado que “[la] economía verde aparece como respuesta a la crisis climática, pero constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur” (Arkonanda y Santillana, 2011: 42).
Desde el análisis político, podemos afirmar que la causa ambiental ha estado fundacionalmente marcada por el antagonismo Norte-Sur antes que por cualquier proteccionismo aséptico o puramente técnico. Por lo tanto, la formación en cuestiones de política ambiental no debe pasar por alto estas disputas que, lejos de confinarse al campo de las relaciones internacionales, se desencadenan en nuestros territorios. Caso contrario, correremos el riesgo de subordinarnos nuevamente, como señala Najam, a las estrategias de cooptación de los Países del Norte.
Como se ha afirmado en otros trabajos, desde los años 90 Córdoba ha sido un caso testigo en América Latina en la implementación de políticas ambientales de marcado corte neoliberal, específicamente las referidas a residuos peligrosos, en el marco de la instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina (Foa Torres, 2016, 2017). La gravísima situación ambiental de nuestra provincia no es ajena a los modelos neoliberales de gobernanza ambiental llevados adelante en las últimas décadas, sino un efecto del mismo.
En tal contexto, los supuestos “beneficios ecológicos” que conllevaría la economía verde, no deben hacernos perder de vista las raíces políticas, económicas e ideológicas de la causa ambiental y, más precisamente, el carácter neocolonial que ha asumido en las últimas décadas promoviendo la profundización de las asimetrías entre países y hacia dentro de nuestros territorios, a través de procesos de transnacionalización, concentración y centralización de nuestras economías.
Referencias:
Arkonada, K. y Santillana, A. (2011): “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”, en: El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, Quito.
Foa Torres, Jorge (2016): “Lógica de la gestión ambientalmente adecuada y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: el tema emblemático de las políticas de residuos peligrosos en Argentina en los años 90”, en: Revista Luna Azul, n° 42, pp. 293-318.
Foa Torres, Jorge (2017): Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba, CEA-UNC, en prensa.
La Nación, 14 de Agosto de 2017, “Barack Obama vendrá a Córdoba en octubre para participar de la Cumbre Economía Verde 2017”, recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2053132-barack-obama-vendra-a-cordoba-en-octubre-para-participar-de-la-cumbre-economia-verde-2017
Najam, Adil (2005): “Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation to Engagement”, en: International Environmental Agreements, 5, pp. 303-321.
Serrano Mansilla, A. y Carrillo, Sergio (2011): La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Quito.
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Fecha de Publicación: 10/10/2017
Fuente: Agencia Alai Amlatina - Por Jorge Foa Torres
Provincia/Región: Nacional
Adil Najam (investigador de la Universidad de Boston) señala que la expansión de la causa ambiental en los países del Sur durante los años 80 y especialmente los 90 tuvo como pilar: … la emergencia de una comunidad epistémica ambiental en el Sur [que] es en parte el resultado del bombardeo de programas educacionales y de capacitación inspirados en el Norte que han tenido el efecto de cooptar una generación entera de intelligentsia hacia una mirada mayormente del Norte de la cuestión ambiental (2005: 315).
Es que a contramano de lo que suele ser difundido por medios de comunicación y organizaciones del tercer sector, la cuestión ambiental ha estado marcada desde su emergencia en los años 60 por el antagonismo Norte-Sur. Es decir, por la disputa en torno al sentido de los problemas ambientales y su relación con la desigualdad del sistema político-económico internacional, la pobreza en los países del Sur, el rol de los Estados en la política ambiental, el papel de las corporaciones transnacionales, los mecanismos de financiamiento, la transferencia de tecnologías y la heterogeneidad estructural de las economías de los países menos desarrollados.
En los últimos días, la Fundación Advanced Leadership ha anunciado la visita del ex Presidente de los EE. UU. Barack Obama a Córdoba en el marco de la Cumbre de Economía Verde a realizarse los días 5 y 6 de octubre en nuestra ciudad. El propósito del evento es capacitar a 300 líderes de opinión argentinos a los fines de formar “una nueva generación de líderes que se comprometan con el concepto de la economía verde, de la economía sustentable, y entiendan que tiene sentido para Argentina y para las provincias apostar por la economía verde desde un punto de vista competitivo, de desarrollo económico” (Juan Verde, La Nación, 14 de agosto de 2017).
El concepto de economía verde, como cualquier otro, posee un importante nivel de ambigüedad. No obstante, existe cierto consenso de que el mismo está fundamentalmente vinculado a la promoción del crecimiento económico global mediante la modernización productiva orientada a economías bajas en carbono. La competitividad, la innovación y el fomento del espíritu emprendedor son también elementos nodales de esta noción.
No obstante, desde América Latina en los últimos años se han hecho esfuerzos por formular posturas críticas a la economía verde advirtiendo que, por un lado, “si el sistema de relaciones comerciales Norte-Sur se mantiene inalterado (…) el concepto de Economía Verde puede desembocar en el aumento del proteccionismo de los países del Norte sobre los productos agrícolas que vienen del Sur” (Serrano Mansilla y Carrillo, 2011: 19). Por otro, que los mecanismos financieros y de transferencia de tecnologías implicados en tal concepto pueden conducir, tanto a nuevas formas de injerencia de organismos multilaterales en los estados latinoamericanos, como así también a un nuevo ciclo de endeudamiento “verde” de los países de la región.
En una línea aún más crítica, se ha afirmado que “[la] economía verde aparece como respuesta a la crisis climática, pero constituye una nueva estrategia de acumulación y ampliación de mercados esta vez, verdes. El capitalismo verde se asienta sobre un nuevo pacto colonial, que pretende transferir la responsabilidad de la crisis climática a los países del Sur” (Arkonanda y Santillana, 2011: 42).
Desde el análisis político, podemos afirmar que la causa ambiental ha estado fundacionalmente marcada por el antagonismo Norte-Sur antes que por cualquier proteccionismo aséptico o puramente técnico. Por lo tanto, la formación en cuestiones de política ambiental no debe pasar por alto estas disputas que, lejos de confinarse al campo de las relaciones internacionales, se desencadenan en nuestros territorios. Caso contrario, correremos el riesgo de subordinarnos nuevamente, como señala Najam, a las estrategias de cooptación de los Países del Norte.
Como se ha afirmado en otros trabajos, desde los años 90 Córdoba ha sido un caso testigo en América Latina en la implementación de políticas ambientales de marcado corte neoliberal, específicamente las referidas a residuos peligrosos, en el marco de la instauración del patrón de desarrollo sustentable en América Latina (Foa Torres, 2016, 2017). La gravísima situación ambiental de nuestra provincia no es ajena a los modelos neoliberales de gobernanza ambiental llevados adelante en las últimas décadas, sino un efecto del mismo.
En tal contexto, los supuestos “beneficios ecológicos” que conllevaría la economía verde, no deben hacernos perder de vista las raíces políticas, económicas e ideológicas de la causa ambiental y, más precisamente, el carácter neocolonial que ha asumido en las últimas décadas promoviendo la profundización de las asimetrías entre países y hacia dentro de nuestros territorios, a través de procesos de transnacionalización, concentración y centralización de nuestras economías.
Referencias:
Arkonada, K. y Santillana, A. (2011): “Ecuador y Bolivia frente a la colonialidad del capitalismo verde”, en: El cuento de la economía verde, América Latina en movimiento, Quito.
Foa Torres, Jorge (2016): “Lógica de la gestión ambientalmente adecuada y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: el tema emblemático de las políticas de residuos peligrosos en Argentina en los años 90”, en: Revista Luna Azul, n° 42, pp. 293-318.
Foa Torres, Jorge (2017): Lógica del riesgo y patrón de desarrollo sustentable en América Latina: políticas de gestión ambientalmente adecuada de residuos peligrosos en la ciudad de Córdoba, CEA-UNC, en prensa.
La Nación, 14 de Agosto de 2017, “Barack Obama vendrá a Córdoba en octubre para participar de la Cumbre Economía Verde 2017”, recuperado de: http://www.lanacion.com.ar/2053132-barack-obama-vendra-a-cordoba-en-octubre-para-participar-de-la-cumbre-economia-verde-2017
Najam, Adil (2005): “Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation to Engagement”, en: International Environmental Agreements, 5, pp. 303-321.
Serrano Mansilla, A. y Carrillo, Sergio (2011): La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Quito.
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Desplazan a Bergman del control de incendios forestales
A Bergman se le quemaron los papeles
Fecha de Publicación: 28/09/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Presidente le recortó las funciones al ministro que en los últimos tiempos dio más que hablar por sus fotos disfrazado de planta y con un LED comprado en Chile que por su gestión. El combate de los incendios forestales, para los que Bergman dijo que la única solución era rezar, pasó a manos de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Con las sierras cordobesas aún en su máxima alerta, nuevos focos de incendio en Catamarca y El Chalten y el recuerdo del verano pasado en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, donde el fuego arrasó más de un millón y medio de hectáreas, el Gobierno tomó una decisión clave para enfrentar el combate del fuego en el próximo verano: le quitó dicha responsabilidad al ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Al parecer, el hombre que se disfrazó de planta, que trajo dos televisores LED de Chile y que había augurado que “lo más útil que podemos hacer es rezar” para combatir los incendios no estuvo a la altura de las llamas y ahora la línea de fuego estará bajo control de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el Gobierno le asignó al Ministerio de Seguridad las tareas de respuesta operativa del combate del fuego, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Mantuvo, en cambio, bajo la órbita de Bergman, "lo concerniente a la protección y preservación del medio ambiente del daño generado por los incendios".
“No vengo a actuar. Vine a dar aliento a los brigadistas que combaten los incendios”, fue la respuesta que dio, en enero pasado, el ministro de Ambiente a la prensa cuando retornó de sus vacaciones y fue directo a La Adela, el epicentro de los incendios forestales que se propagaron por las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires y quemaron más de medio millón de hectáreas de bosques.
La actitud del ministro para enfrentar las llamas no era una novedad. Ya lo había advertido un año atrás cuando frente a una drástica reducción del presupuesto del área dijo que “lo más útil” para enfrentar la temporada de incendios “es rezar”. En esa misma oportunidad, y siguiendo la línea de lo espiritual y lo esotérico, Bergman calificó la extensión descomunal de los incendios como parte de “una profecía apocalíptica”.
Las críticas le llegaron también por la actuación –mal y tarde- de su cartera. “El primer avión hidrante (el único) llegó el 1º de enero y cuando la situación era crítica”, se había quejado Juan Barrionuevo, intendente de La Adela. Según la información publicada por el Ministerio de Modernización, Bergman utilizó en su primer año de gestión apenas el 51 por ciento del presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el que ahora pasará a la órbita de Bullrich. Por la subejecución presupuestaria, diputados de la oposición llegaron a pedir la renuncia del ministro.
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Fecha de Publicación: 28/09/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El Presidente le recortó las funciones al ministro que en los últimos tiempos dio más que hablar por sus fotos disfrazado de planta y con un LED comprado en Chile que por su gestión. El combate de los incendios forestales, para los que Bergman dijo que la única solución era rezar, pasó a manos de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Con las sierras cordobesas aún en su máxima alerta, nuevos focos de incendio en Catamarca y El Chalten y el recuerdo del verano pasado en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, donde el fuego arrasó más de un millón y medio de hectáreas, el Gobierno tomó una decisión clave para enfrentar el combate del fuego en el próximo verano: le quitó dicha responsabilidad al ministro de Ambiente, Sergio Bergman. Al parecer, el hombre que se disfrazó de planta, que trajo dos televisores LED de Chile y que había augurado que “lo más útil que podemos hacer es rezar” para combatir los incendios no estuvo a la altura de las llamas y ahora la línea de fuego estará bajo control de la cuestionada ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), publicado esta mañana en el Boletín Oficial, el Gobierno le asignó al Ministerio de Seguridad las tareas de respuesta operativa del combate del fuego, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR). Mantuvo, en cambio, bajo la órbita de Bergman, "lo concerniente a la protección y preservación del medio ambiente del daño generado por los incendios".
“No vengo a actuar. Vine a dar aliento a los brigadistas que combaten los incendios”, fue la respuesta que dio, en enero pasado, el ministro de Ambiente a la prensa cuando retornó de sus vacaciones y fue directo a La Adela, el epicentro de los incendios forestales que se propagaron por las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires y quemaron más de medio millón de hectáreas de bosques.
La actitud del ministro para enfrentar las llamas no era una novedad. Ya lo había advertido un año atrás cuando frente a una drástica reducción del presupuesto del área dijo que “lo más útil” para enfrentar la temporada de incendios “es rezar”. En esa misma oportunidad, y siguiendo la línea de lo espiritual y lo esotérico, Bergman calificó la extensión descomunal de los incendios como parte de “una profecía apocalíptica”.
Las críticas le llegaron también por la actuación –mal y tarde- de su cartera. “El primer avión hidrante (el único) llegó el 1º de enero y cuando la situación era crítica”, se había quejado Juan Barrionuevo, intendente de La Adela. Según la información publicada por el Ministerio de Modernización, Bergman utilizó en su primer año de gestión apenas el 51 por ciento del presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el que ahora pasará a la órbita de Bullrich. Por la subejecución presupuestaria, diputados de la oposición llegaron a pedir la renuncia del ministro.
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Ambiente presente en la COP13 en China
Lucha contra la desertificación: Ambiente celebra la COP13 en China
Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, formó parte de la 13ª Conferencia de las Partes 13 (COP13) que se llevó a cabo en Ordos, China. El encuentro es establecido por la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) como el órgano decisorio supremo.
Durante la jornada, Moreno explicó que “en Argentina, la política ambiental es de una importancia creciente entre las prioridades nacionales”. Y explicó que “en 2015 se ha creado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que entre sus primeras medidas, ha ideado diferentes instrumentos que, directa e indirectamente, aportan a generar un contexto favorable para abordar los desafíos de la Lucha contra la Desertificación”.
De esta manera, el secretario se refirió al trabajo de la cartera ambiental argentina y detalló cuatro “instrumentos de políticas, que brindarán las herramientas básicas para la discusión e implementación de una política para la lucha contra la desertificación y la atención de situaciones de sequía, a escala nacional”: la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la generación del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, la creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático y el trabajo del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, un sistema interinstitucional de evaluación y vigilancia de las variables ambientales y socioeconómicas relacionadas a la desertificación y degradación de tierras.
La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) llamada oficialmente “Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la Desertificación en los países gravemente afectados por la sequía y la desertificación, en particular en Africa”, es un acuerdo internacional adoptado en París el 17 de junio de 1994. Actualmente, la convención ha sido ratificada por más de 190 países, marcando un hito en la toma de conciencia internacional sobre la importancia de los problemas relacionados con la desertificación.
La convención tiene por objetivo luchar contra la desertificación y atenuar los efectos de la sequía en los países gravemente afectados por la desertificación. Recalca que las poblaciones que sufren directamente la desertificación y conocen la fragilidad de sus ecosistemas mejor que nadie, deben estar en estrecha relación y pleno conocimiento de las decisiones que influenciarán sus modos de vida.
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Fecha de Publicación: 16/09/2017
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, formó parte de la 13ª Conferencia de las Partes 13 (COP13) que se llevó a cabo en Ordos, China. El encuentro es establecido por la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) como el órgano decisorio supremo.
Durante la jornada, Moreno explicó que “en Argentina, la política ambiental es de una importancia creciente entre las prioridades nacionales”. Y explicó que “en 2015 se ha creado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que entre sus primeras medidas, ha ideado diferentes instrumentos que, directa e indirectamente, aportan a generar un contexto favorable para abordar los desafíos de la Lucha contra la Desertificación”.
De esta manera, el secretario se refirió al trabajo de la cartera ambiental argentina y detalló cuatro “instrumentos de políticas, que brindarán las herramientas básicas para la discusión e implementación de una política para la lucha contra la desertificación y la atención de situaciones de sequía, a escala nacional”: la creación del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la generación del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, la creación del Observatorio Nacional de Cambio Climático y el trabajo del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, un sistema interinstitucional de evaluación y vigilancia de las variables ambientales y socioeconómicas relacionadas a la desertificación y degradación de tierras.
La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) llamada oficialmente “Convención de las Naciones Unidas sobre la Lucha contra la Desertificación en los países gravemente afectados por la sequía y la desertificación, en particular en Africa”, es un acuerdo internacional adoptado en París el 17 de junio de 1994. Actualmente, la convención ha sido ratificada por más de 190 países, marcando un hito en la toma de conciencia internacional sobre la importancia de los problemas relacionados con la desertificación.
La convención tiene por objetivo luchar contra la desertificación y atenuar los efectos de la sequía en los países gravemente afectados por la desertificación. Recalca que las poblaciones que sufren directamente la desertificación y conocen la fragilidad de sus ecosistemas mejor que nadie, deben estar en estrecha relación y pleno conocimiento de las decisiones que influenciarán sus modos de vida.
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Un texto educativo repudiado
Repudio al convenio educativo entre el Gobierno de San Juan y la Barrick
Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: San Juan
El objetivo es “establecer un plan de acción” para mejorar la calidad educativa. La asamblea “Jáchal No se Toca” denunció “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”.
La asamblea “Jáchal No se Toca” de San Juan difundió que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería invitaron a la firma de un convenio multilateral entre el Ejecutivo provincial y las compañías “Minera Argentina Gold S.R.L” y “Barrick Exploraciones Argentina” para aportar una mejoría en la calidad educativa.
Desde ya que el acuerdo, que se pautó para la semana pasada en el Ministerio de Minería sanjuanino, fue rechazado por la Asamblea y sostuvieron que hay un “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”, “por más que nos contamine y sin pensar en fortalecer esta conciencia del cuidado del medio ambiente”.
Saúl Ceballos, miembro de “Jáchal No se Toca”, explicó que “de esta forma quieren volver a ganarse la licencia social que perdieron”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, sostuvo: “Una licencia social que está quebrada por derrames, las sucesivas mentiras de la Barrick Gold como del Gobierno de San Juan” y también responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por no cumplir el “Código de Minería”, que impediría el funcionamiento de la megaminera.
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Fecha de Publicación: 09/09/2017
Fuente: Plural Noticias
Provincia/Región: San Juan
El objetivo es “establecer un plan de acción” para mejorar la calidad educativa. La asamblea “Jáchal No se Toca” denunció “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”.
La asamblea “Jáchal No se Toca” de San Juan difundió que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería invitaron a la firma de un convenio multilateral entre el Ejecutivo provincial y las compañías “Minera Argentina Gold S.R.L” y “Barrick Exploraciones Argentina” para aportar una mejoría en la calidad educativa.
Desde ya que el acuerdo, que se pautó para la semana pasada en el Ministerio de Minería sanjuanino, fue rechazado por la Asamblea y sostuvieron que hay un “adoctrinamiento para cuidar a la megaminería”, “por más que nos contamine y sin pensar en fortalecer esta conciencia del cuidado del medio ambiente”.
Saúl Ceballos, miembro de “Jáchal No se Toca”, explicó que “de esta forma quieren volver a ganarse la licencia social que perdieron”. En diálogo con FRECUENCIA ZERO, sostuvo: “Una licencia social que está quebrada por derrames, las sucesivas mentiras de la Barrick Gold como del Gobierno de San Juan” y también responsabilizó a la gestión de Mauricio Macri por no cumplir el “Código de Minería”, que impediría el funcionamiento de la megaminera.
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Denuncian 'cajoneo' de la Ley de Delitos Forestales
La diputada Burgos está cajoneando la Ley de Delitos Forestales
Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Fecha de Publicación: 08/09/2017
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Nacional
La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.
“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.
“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015: se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300 mil hectáreas al año. Datos oficiales confirman que, desde la sanción de la Ley de Bosques (año 2007) hasta fines de 2016 se deforestaron 2,4 millones de hectáreas, de las cuales más de 750 mil eran bosques protegidos. Un reciente informe de Greenpeace estima que al menos el 42% de los desmontes realizados en el primer semestre del año fueron ilegales.
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Nonogasta inaugura planta de tratamiento de cromo
Casas destacó el trabajo para que curtiembre solucione sus problemas ambientales
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Independiente de La Rioja Digital
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador Sergio Casas expresó, tras constatar el funcionamiento de los filtros de la prensa de cromo que permitirán que la curtiembre ya no contamine más con efluentes con cromo, que "esto nos costó mucho tiempo, difícilmente alguna otra empresa en el país tenga este tipo de tecnología para que el agua que se obtiene pueda ser destinada al riego forestal sin contaminación de cromo".
El mandatario resaltó que "como Estado estamos haciendo todo lo posible por cuidar las fuentes laborales, a la vez que reclamamos con energía a la Nación para que cambie las políticas de importaciones en materia textil y del calzado y es algo que seguiremos solicitando con empresarios y trabajadores, con todos los riojanos unidos, nadie defenderá por nosotros las cosas que no sepamos defender".
"Este es un hecho histórico, el pueblo de Nonogasta se puede quedar tranquilo que el agua que sale no contamina. Y les pidió a los grupos que se manifiestan que busquen los peritos para tomar las muestras necesarias para que se queden satisfechos", enfatizó.
Además expresó que "la democracia se cultiva con más democracia, no con marchas que no tienen sentido, en el Famatina no se está haciendo nada y esto es un ejemplo a nivel país".
En tanto que el diputado nacional Beder Herrera destacó que "este es el día más importante desde que se instaló la curtiembre de Nonogasta" y recordó que "hemos llegado a tener 170 lagunas, donde iba el agua con un contenido salino y de cromo muy alto, por suerte por la grasa y el pello del cuero se evitó que se contaminen las napas, aunque es algo discutible, ahora con la planta de tratamiento, de 170 se redujeron a 40 las lagunas y dentro de poco no habrá ninguna".
El legislador explicó que "la máquina compacta el lodo con cromo y permite que el agua que se desecha tenga cero contaminación de cromo, quisiera saber si las otras empresas del país tienen esta calidad. La planta de procesamiento del agua de la empresa es una de las mejores del país" y señaló que "este logro es algo que ha costado mucho tiempo para concretar, vino bien también que la justicia saque muestras del agua, pero ahora deberían sacar de nuevo".
"El agua tratada se puede usar para regar y lo que queda la empresa lo vende a otras empresas que están dedicadas a comprar esos barros de cromo que lo reutilizan", indicó y consideró que "las napas están sanas, ahora esas lagunas se están secando y esas zonas se pueden reforestar. Se terminó la contaminación, es la gran noticia que tiene La Rioja".
Beder Herrera manifestó que "estas máquinas son alemanas y no fueron fáciles de conseguir y tuvo que venir personal especializado para colocarlas", tras lo que puso en valor que "la empresa siempre ha colaborado, con gente, cemento".
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Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: El Independiente de La Rioja Digital
Provincia/Región: La Rioja
El gobernador Sergio Casas expresó, tras constatar el funcionamiento de los filtros de la prensa de cromo que permitirán que la curtiembre ya no contamine más con efluentes con cromo, que "esto nos costó mucho tiempo, difícilmente alguna otra empresa en el país tenga este tipo de tecnología para que el agua que se obtiene pueda ser destinada al riego forestal sin contaminación de cromo".
El mandatario resaltó que "como Estado estamos haciendo todo lo posible por cuidar las fuentes laborales, a la vez que reclamamos con energía a la Nación para que cambie las políticas de importaciones en materia textil y del calzado y es algo que seguiremos solicitando con empresarios y trabajadores, con todos los riojanos unidos, nadie defenderá por nosotros las cosas que no sepamos defender".
"Este es un hecho histórico, el pueblo de Nonogasta se puede quedar tranquilo que el agua que sale no contamina. Y les pidió a los grupos que se manifiestan que busquen los peritos para tomar las muestras necesarias para que se queden satisfechos", enfatizó.
Además expresó que "la democracia se cultiva con más democracia, no con marchas que no tienen sentido, en el Famatina no se está haciendo nada y esto es un ejemplo a nivel país".
En tanto que el diputado nacional Beder Herrera destacó que "este es el día más importante desde que se instaló la curtiembre de Nonogasta" y recordó que "hemos llegado a tener 170 lagunas, donde iba el agua con un contenido salino y de cromo muy alto, por suerte por la grasa y el pello del cuero se evitó que se contaminen las napas, aunque es algo discutible, ahora con la planta de tratamiento, de 170 se redujeron a 40 las lagunas y dentro de poco no habrá ninguna".
El legislador explicó que "la máquina compacta el lodo con cromo y permite que el agua que se desecha tenga cero contaminación de cromo, quisiera saber si las otras empresas del país tienen esta calidad. La planta de procesamiento del agua de la empresa es una de las mejores del país" y señaló que "este logro es algo que ha costado mucho tiempo para concretar, vino bien también que la justicia saque muestras del agua, pero ahora deberían sacar de nuevo".
"El agua tratada se puede usar para regar y lo que queda la empresa lo vende a otras empresas que están dedicadas a comprar esos barros de cromo que lo reutilizan", indicó y consideró que "las napas están sanas, ahora esas lagunas se están secando y esas zonas se pueden reforestar. Se terminó la contaminación, es la gran noticia que tiene La Rioja".
Beder Herrera manifestó que "estas máquinas son alemanas y no fueron fáciles de conseguir y tuvo que venir personal especializado para colocarlas", tras lo que puso en valor que "la empresa siempre ha colaborado, con gente, cemento".
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El agronegocio y la minería indican los contenidos educativos
Un alerta para la educación ambiental
Fecha de Publicación: 30/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Advierten sobre el avance de las empresas de agroquímicos y mineras en los contenidos educativos.
Las empresas de agroquímicos y las corporaciones mineras también definen qué se enseña y aprende en materia de educación ambiental en las escuelas argentinas. El hecho es advertido con preocupación por educadoras del Taller Ecologista, una ONG que hace más de 30 años trabaja en defensa del ambiente.
A fines de marzo pasado, se firmó un compromiso sobre educación ambiental entre el Consejo Federal de Educación (organismo que reúne a todos los ministros del área del país) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Si bien es un acuerdo de voluntades, que contempla principios básicos, deja abierta la puerta para que los intereses de las transnacionales mineras y agrícolas incidan en los contenidos escolares. "Es que hay dos formas de entender la educación ambiental: una es cuestionando en forma radical el modelo de desarrollo que sostiene que estamos en una crisis civilizatoria y otro pensando que los conflictos ambientales son consecuencia de un modelo de desarrollo que con tecnología lo podemos solucionar", dicen las profesoras Claudia Costinovsky, Nora Schiaffino y Evangelina Corradi del Taller Ecologista, adhiriendo a la primera visión que responde a un enfoque latinoamericanista.
Así planteado este acuerdo, tan amplio sin precisiones con una visión maquillada, deja en manos de las empresas —señalan las docentes— la capacitación docente y los contenidos de enseñanza de la educación ambiental. Es decir, empresas productoras de agroquímicos como Monsanto, Bayer o Basf tienen voz autorizada para incidir en lo que aprenden los chicos. De hecho recuerdan que desde hace varios años funciona en varias provincias del país el Aula Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). "Lo bueno es que esta iniciativa no entra en Santa Fe ya que la provincia adhiere al modelo de producción agroecológica", destacan las docentes al tiempo que dicen que "igual hay estar atentos porque si antes las empresas se metían sin permiso, ahora tendrían pleno aval desde estos acuerdos".
Acuerdos preocupantes
La desconfianza de las docentes del Taller Ecologista tiene sus fundamentos. El 2 de julio pasado un informe del diario Tiempo Argentino ("Vía libre para que las mineras y agroquímicas generen contenidos educativos") alertaba sobre el acuerdo firmado entre el ex ministro Esteban Bullrich y el titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile, "para fortalecer la educación agraria", incluyendo en ese compromiso a más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que sean "fuente de capacitación" para escuelas rurales. También se observa sobre el acuerdo del presidente Mauricio Macri con 14 gobernadores sobre el nuevo Acuerdo Federal Minero. El punto 3 del acuerdo, titulado "Aspectos educativos y formativos", fue elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y los ministerios de Educación y Energía (a cargo de Juan José Aranguren). Tal como indica Tiempo Argentino: "Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico —lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad—, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera»."
Rol docente
Las integrantes del Taller Ecologista sostienen que no hay que quedarse solo en la denuncia de estos convenios donde las corporaciones mineras y de los agroquímicos avanzan sobre los contenidos escolares, sino que se puede hacer más. "Las decisiones sobre la currícula las tiene el docente y les compete al colectivo institucional. Es una barbaridad que a las decisiones curriculares las tome el mercado", opina Claudia Costinovsky como integrante del Taller Ecologista y profesora de teoría del currículo en la formación docente.
Junto a sus colegas considera que hay que alentar al docente en su rol de constructor de contenidos. Invitando también a comprometerse, a relevar las problemáticas de cada contexto. "Realidades que los docentes conocen muy bien, porque —citan como ejemplo— han fumigado alrededor de las escuelas con los chicos en los recreos".
Materiales y acompañamiento
Desde el área de Ecoeducación del Taller Ecologista, ofrecen a los docentes acercarse a este espacio, en el que se ofrece acompañamiento al trabajo educativo. El espacio funciona todos los viernes de 17 a 19, en San Martín 536 4to. piso oficina 5. "Nos juntamos con los docentes, hablamos sobre libros, materiales de apoyo en torno a la educación ambiental", explican. También se puede consultar en www.tallerecologista.org.ar
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Fecha de Publicación: 30/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Advierten sobre el avance de las empresas de agroquímicos y mineras en los contenidos educativos.
Las empresas de agroquímicos y las corporaciones mineras también definen qué se enseña y aprende en materia de educación ambiental en las escuelas argentinas. El hecho es advertido con preocupación por educadoras del Taller Ecologista, una ONG que hace más de 30 años trabaja en defensa del ambiente.
A fines de marzo pasado, se firmó un compromiso sobre educación ambiental entre el Consejo Federal de Educación (organismo que reúne a todos los ministros del área del país) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Si bien es un acuerdo de voluntades, que contempla principios básicos, deja abierta la puerta para que los intereses de las transnacionales mineras y agrícolas incidan en los contenidos escolares. "Es que hay dos formas de entender la educación ambiental: una es cuestionando en forma radical el modelo de desarrollo que sostiene que estamos en una crisis civilizatoria y otro pensando que los conflictos ambientales son consecuencia de un modelo de desarrollo que con tecnología lo podemos solucionar", dicen las profesoras Claudia Costinovsky, Nora Schiaffino y Evangelina Corradi del Taller Ecologista, adhiriendo a la primera visión que responde a un enfoque latinoamericanista.
Así planteado este acuerdo, tan amplio sin precisiones con una visión maquillada, deja en manos de las empresas —señalan las docentes— la capacitación docente y los contenidos de enseñanza de la educación ambiental. Es decir, empresas productoras de agroquímicos como Monsanto, Bayer o Basf tienen voz autorizada para incidir en lo que aprenden los chicos. De hecho recuerdan que desde hace varios años funciona en varias provincias del país el Aula Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). "Lo bueno es que esta iniciativa no entra en Santa Fe ya que la provincia adhiere al modelo de producción agroecológica", destacan las docentes al tiempo que dicen que "igual hay estar atentos porque si antes las empresas se metían sin permiso, ahora tendrían pleno aval desde estos acuerdos".
Acuerdos preocupantes
La desconfianza de las docentes del Taller Ecologista tiene sus fundamentos. El 2 de julio pasado un informe del diario Tiempo Argentino ("Vía libre para que las mineras y agroquímicas generen contenidos educativos") alertaba sobre el acuerdo firmado entre el ex ministro Esteban Bullrich y el titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile, "para fortalecer la educación agraria", incluyendo en ese compromiso a más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que sean "fuente de capacitación" para escuelas rurales. También se observa sobre el acuerdo del presidente Mauricio Macri con 14 gobernadores sobre el nuevo Acuerdo Federal Minero. El punto 3 del acuerdo, titulado "Aspectos educativos y formativos", fue elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y los ministerios de Educación y Energía (a cargo de Juan José Aranguren). Tal como indica Tiempo Argentino: "Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico —lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad—, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera»."
Rol docente
Las integrantes del Taller Ecologista sostienen que no hay que quedarse solo en la denuncia de estos convenios donde las corporaciones mineras y de los agroquímicos avanzan sobre los contenidos escolares, sino que se puede hacer más. "Las decisiones sobre la currícula las tiene el docente y les compete al colectivo institucional. Es una barbaridad que a las decisiones curriculares las tome el mercado", opina Claudia Costinovsky como integrante del Taller Ecologista y profesora de teoría del currículo en la formación docente.
Junto a sus colegas considera que hay que alentar al docente en su rol de constructor de contenidos. Invitando también a comprometerse, a relevar las problemáticas de cada contexto. "Realidades que los docentes conocen muy bien, porque —citan como ejemplo— han fumigado alrededor de las escuelas con los chicos en los recreos".
Materiales y acompañamiento
Desde el área de Ecoeducación del Taller Ecologista, ofrecen a los docentes acercarse a este espacio, en el que se ofrece acompañamiento al trabajo educativo. El espacio funciona todos los viernes de 17 a 19, en San Martín 536 4to. piso oficina 5. "Nos juntamos con los docentes, hablamos sobre libros, materiales de apoyo en torno a la educación ambiental", explican. También se puede consultar en www.tallerecologista.org.ar
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Preparatoria para la cumbre mundial del clima en Alemania
Se reunió el Gabinete Nacional de Cambio Climático de cara a la cumbre mundial del clima en Alemania
Fecha de Publicación: 28/08/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gabinete Nacional de Cambio Climático realizó la segunda reunión de ministros del año en Casa Rosada, con el objetivo de realizar un balance del plan de trabajo previsto para este año y definir las acciones próximas de cara a la Conferencia de la ONU sobre cambio climático COP23 a realizarse en Bonn Alemania, del 7 al 16 de noviembre de 2017. Estuvieron presentes los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Energía y Minería, Juan José Aranguren, de Salud, Jorge Lemus, y el secretario del Interior, Sebastián García de Luca; junto a otros representantes de las carteras de Agroindustria, Relaciones Exteriores y Culto; Educación y Deportes; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Hacienda; Finanzas; y Defensa, y Turismo, que también componene el gabinete.
Los ministros coordinaron las acciones que serán presentadas en la COP23 como estrategia para atraer financiamiento climático. A su vez, desde el grupo de sustentabilidad y cambio climático se debatieron los lineamientos de preparación para la presidencia del G20, donde los ejes que primarán serán la adaptación al cambio climático a través de la educación, el empleo y la infraestructura.
La reunión sirvió también para actualizar información sobre la actividad y posiciones consensuadas del nuevo bloque regional de negociaciones —en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático— que desde principio de año integra Argentina junto a Brasil y Uruguay (Grupo ABU).
En la reunión de trabajo también se revisaron los avances de los planes de acción para alcanzar la meta de reducción de emisiones de dióxido de carbono en 2030 —cercana a las 100 millones de toneladas— que comprometió Argentina a través de su Contribución Nacional a fines de 2016. Estos planes de acción se definen a través de nueve mesas temáticas que se reúnen periódicamente y que durante el primer semestre 2017 han incluido más de 15 reuniones y 600 actores involucrados para analizar la implementación de medidas relacionadas con cambios en la matriz energética, la eficiencia energética en la industria y residencial, el transporte y el cambio modal, la construcción sustentable, planes de aprovechamiento forestal y el manejo silvopastoril, entre otros.
Asimismo, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, adelantó dos importantes herramientas de gestión para la adaptación y mitigación del cambio climático que está desarrollando la cartera de Ambiente, que serán de utilidad para la planificación de las políticas públicas e inversión, así como para el sector privado, educadores y científicos.
La primera de ellas es el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático que permite proyectar a escala de departamento aquellos sitios que presentarán mayor variación climática y vulnerabilidad socio ambiental en los próximos años en materia de salud, ambiente, desarrollo social, infraestructura y obra pública. Sus datos se logran mediante la vinculación de diferentes escenarios proyectados —al 2039— de condiciones climáticas, como precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas o días de heladas, con diferentes capas de vulnerabilidad social como mayor población de ancianos o niños, o condiciones habitacionales.
La segunda herramienta se trata de la Plataforma online del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/ que presenta datos del segundo Reporte Bienal de Actualización (BUR). La plataforma permite visualizar de manera dinámica, atractiva y sencilla cómo evolucionaron las emisiones de 1990 a 2014 y muestra su desagregación de acuerdo a los diferentes sectores de la economía donde se generan. Presenta adicionalmente material explicativo y gráfico vinculado al inventario.
Contexto
El Gabinete Nacional de Cambio Climático fue creado en julio de 2016 por decreto presidencial (891/16) y está formado por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía y Minería, Producción, Agroindustria, Transporte, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto, Educación y Deportes, Ciencia, Técnica, Tecnología e Innovación Productiva, Interior, Obras Públicas y Vivienda, Hacienda, Finanzas y Cultura, al que se han sumado Defensa, Salud, Turismo y Seguridad.
El trabajo del Gabinete en 2016 se centró en la revisión de la Contribución Nacional de Argentina, la cual fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas en noviembre de 2016 en la cumbre de cambio climático COP 22. La revisión incluyó un trabajo de articulación, consenso y validación política y técnica de medidas de mitigación y adaptación, a través de reuniones de ministros, reuniones técnicas y temáticas.
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Fecha de Publicación: 28/08/2017
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gabinete Nacional de Cambio Climático realizó la segunda reunión de ministros del año en Casa Rosada, con el objetivo de realizar un balance del plan de trabajo previsto para este año y definir las acciones próximas de cara a la Conferencia de la ONU sobre cambio climático COP23 a realizarse en Bonn Alemania, del 7 al 16 de noviembre de 2017. Estuvieron presentes los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; de Transporte, Guillermo Dietrich; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Energía y Minería, Juan José Aranguren, de Salud, Jorge Lemus, y el secretario del Interior, Sebastián García de Luca; junto a otros representantes de las carteras de Agroindustria, Relaciones Exteriores y Culto; Educación y Deportes; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Hacienda; Finanzas; y Defensa, y Turismo, que también componene el gabinete.
Los ministros coordinaron las acciones que serán presentadas en la COP23 como estrategia para atraer financiamiento climático. A su vez, desde el grupo de sustentabilidad y cambio climático se debatieron los lineamientos de preparación para la presidencia del G20, donde los ejes que primarán serán la adaptación al cambio climático a través de la educación, el empleo y la infraestructura.
La reunión sirvió también para actualizar información sobre la actividad y posiciones consensuadas del nuevo bloque regional de negociaciones —en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático— que desde principio de año integra Argentina junto a Brasil y Uruguay (Grupo ABU).
En la reunión de trabajo también se revisaron los avances de los planes de acción para alcanzar la meta de reducción de emisiones de dióxido de carbono en 2030 —cercana a las 100 millones de toneladas— que comprometió Argentina a través de su Contribución Nacional a fines de 2016. Estos planes de acción se definen a través de nueve mesas temáticas que se reúnen periódicamente y que durante el primer semestre 2017 han incluido más de 15 reuniones y 600 actores involucrados para analizar la implementación de medidas relacionadas con cambios en la matriz energética, la eficiencia energética en la industria y residencial, el transporte y el cambio modal, la construcción sustentable, planes de aprovechamiento forestal y el manejo silvopastoril, entre otros.
Asimismo, el subsecretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Carlos Gentile, adelantó dos importantes herramientas de gestión para la adaptación y mitigación del cambio climático que está desarrollando la cartera de Ambiente, que serán de utilidad para la planificación de las políticas públicas e inversión, así como para el sector privado, educadores y científicos.
La primera de ellas es el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático que permite proyectar a escala de departamento aquellos sitios que presentarán mayor variación climática y vulnerabilidad socio ambiental en los próximos años en materia de salud, ambiente, desarrollo social, infraestructura y obra pública. Sus datos se logran mediante la vinculación de diferentes escenarios proyectados —al 2039— de condiciones climáticas, como precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas o días de heladas, con diferentes capas de vulnerabilidad social como mayor población de ancianos o niños, o condiciones habitacionales.
La segunda herramienta se trata de la Plataforma online del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
https://inventariogei.ambiente.gob.ar/ que presenta datos del segundo Reporte Bienal de Actualización (BUR). La plataforma permite visualizar de manera dinámica, atractiva y sencilla cómo evolucionaron las emisiones de 1990 a 2014 y muestra su desagregación de acuerdo a los diferentes sectores de la economía donde se generan. Presenta adicionalmente material explicativo y gráfico vinculado al inventario.
Contexto
El Gabinete Nacional de Cambio Climático fue creado en julio de 2016 por decreto presidencial (891/16) y está formado por los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía y Minería, Producción, Agroindustria, Transporte, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto, Educación y Deportes, Ciencia, Técnica, Tecnología e Innovación Productiva, Interior, Obras Públicas y Vivienda, Hacienda, Finanzas y Cultura, al que se han sumado Defensa, Salud, Turismo y Seguridad.
El trabajo del Gabinete en 2016 se centró en la revisión de la Contribución Nacional de Argentina, la cual fue presentada ante la Convención Marco de Naciones Unidas en noviembre de 2016 en la cumbre de cambio climático COP 22. La revisión incluyó un trabajo de articulación, consenso y validación política y técnica de medidas de mitigación y adaptación, a través de reuniones de ministros, reuniones técnicas y temáticas.
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Aranguren y Marcolini imputados por las represas
Imputaron a Juan José Aranguren y a un alto funcionario del Ministerio de Energía y Minería por un conflicto de intereses en torno a las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 22/08/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
El subsecretario de Energía Hidroeléctrica dirige la empresa de capital estatal que realizó el estudio de impacto ambiental. Y tiene acciones en la consultora que realizó la evaluación anterior
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó hoy al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quienes habían sido denunciados por conflicto de intereses en torno al estudio de impacto ambiental de la represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, de Santa Cruz.
La denuncia fue impulsada por el senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale el 11 de julio. De acuerdo al escrito que presentaron y al que Infobae tuvo acceso, Marcolini fue el encargado en el Ministerio de Energía y Minería de recibir y aprobar el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. Además, de acuerdo a su declaración jurada, el funcionario tiene $657.017,53 en acciones de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado.
"Resulta objeto de esta investigación la 'incompatibilidad' en la que habría incurrido Marcolini al intervenir en función de su cargo en la ejecución del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz'", indicó la fiscal en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos.
En concreto, Ochoa pidió que se investiguen los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó el abogado Viale a Infobae.
Desde el gobierno, sin embargo, se defendieron en un comunicado presentado tres días después de la denuncia. "No existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la ley 25.188", señalaron.
"Nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. Eso no significa que el Estado 'apruebe' su propio estudio, como erróneamente señala la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia", agregó la cartera que conduce Aranguren.
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Fecha de Publicación: 22/08/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
El subsecretario de Energía Hidroeléctrica dirige la empresa de capital estatal que realizó el estudio de impacto ambiental. Y tiene acciones en la consultora que realizó la evaluación anterior
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó hoy al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, quienes habían sido denunciados por conflicto de intereses en torno al estudio de impacto ambiental de la represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, de Santa Cruz.
La denuncia fue impulsada por el senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale el 11 de julio. De acuerdo al escrito que presentaron y al que Infobae tuvo acceso, Marcolini fue el encargado en el Ministerio de Energía y Minería de recibir y aprobar el estudio de impacto ambiental de las represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. Además, de acuerdo a su declaración jurada, el funcionario tiene $657.017,53 en acciones de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado.
"Resulta objeto de esta investigación la 'incompatibilidad' en la que habría incurrido Marcolini al intervenir en función de su cargo en la ejecución del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz'", indicó la fiscal en un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Ramos.
En concreto, Ochoa pidió que se investiguen los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó el abogado Viale a Infobae.
Desde el gobierno, sin embargo, se defendieron en un comunicado presentado tres días después de la denuncia. "No existe transgresión alguna por parte del ingeniero Marcolini de las normas sobre conflictos de intereses establecidas en la ley 25.188", señalaron.
"Nada impide al Estado Nacional desarrollar el estudio ambiental a través de una entidad propia especializada y con la colaboración de expertos en la materia. Eso no significa que el Estado 'apruebe' su propio estudio, como erróneamente señala la denuncia, sino que, como en toda actuación estatal, toma en consideración la información y documentación emitida por las áreas técnicas especializadas, creadas para ese fin, para que luego tome la decisión quien tenga la competencia como autoridad en la materia", agregó la cartera que conduce Aranguren.
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legislación y derecho ambiental,
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Santa Cruz
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La increíble manera que se aprueban transgénicos en el país
De ambos lados del mostrador
Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”.
Los integrantes de la Conabia
Los integrantes de la Conabia, espacio clave en la aprobación de transgénicos son Gabriela Levitus, Carlos Francia, Demién Bellido, Marcelo Criscuolo, Carlos Bonfiglio, Fabiana Malacarne, Miguel Rapela, Juan Carlos Fonzi, Abelardo Portugal, Julián Zimmermann, María Celia Etchart, Nora Uberti Manassero, Mauro Meier, Luis Negruchi, Alejandro Petek, Carlos Robertson Lavalle, Bernardo Debenedetti, Mariano Devoto, Sandra Sharry, Andrés Venturino, Lucas Lieber, Hugo Permingeat, Adrián Mutto Silvia Mundo, Sara Maldonado, Jorge Zavala, Gustavo Schrauf, Miguel Galvagno, Juan Fernandino, Fernando Bravo Almonacid, Silvia Lede, Teresa Velich, Eliana Tomchinsky, Luis Dóvalo, Santiago Dalessio, Silvio Cravero, Gabriela Calamante, Federico Hozbor, Nicolás Mucci, Elba Pagano, Dalia Lewi, Ramón Sanguinetti, Juan Dotta, Paula Bonastre, Bernardo Alonso, Marcelo Sánchez, Silvia Passalcqua, Ana Vicario, Mariano Podworny y Monica Pequeño Araujo.
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Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”.
Los integrantes de la Conabia
Los integrantes de la Conabia, espacio clave en la aprobación de transgénicos son Gabriela Levitus, Carlos Francia, Demién Bellido, Marcelo Criscuolo, Carlos Bonfiglio, Fabiana Malacarne, Miguel Rapela, Juan Carlos Fonzi, Abelardo Portugal, Julián Zimmermann, María Celia Etchart, Nora Uberti Manassero, Mauro Meier, Luis Negruchi, Alejandro Petek, Carlos Robertson Lavalle, Bernardo Debenedetti, Mariano Devoto, Sandra Sharry, Andrés Venturino, Lucas Lieber, Hugo Permingeat, Adrián Mutto Silvia Mundo, Sara Maldonado, Jorge Zavala, Gustavo Schrauf, Miguel Galvagno, Juan Fernandino, Fernando Bravo Almonacid, Silvia Lede, Teresa Velich, Eliana Tomchinsky, Luis Dóvalo, Santiago Dalessio, Silvio Cravero, Gabriela Calamante, Federico Hozbor, Nicolás Mucci, Elba Pagano, Dalia Lewi, Ramón Sanguinetti, Juan Dotta, Paula Bonastre, Bernardo Alonso, Marcelo Sánchez, Silvia Passalcqua, Ana Vicario, Mariano Podworny y Monica Pequeño Araujo.
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A la justicia por incumplir con la Ley de Glaciares
Justicia argentina cita a tres exsecretarios de Ambiente tras derrames de Barrick Gold
Fecha de Publicación: 10/08/2017
Fuente: Sputnik
Provincia/Región: Nacional
El juez argentino Sebastián Casanello llamó a declarar a tres de secretarios de Ambiente de la gestión anterior y a otras cuatro personas por incumplir la Ley de Glaciares debido a tres derrames cometidos desde 2015 por la minera canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste).
El magistrado citó a los secretarios de Ambiente de la anterior gestión "Juan José Mussi (2010-2013), Omar Judis (2013-2015) y Sergio Lorusso (2015)", comentaron a Sputnik fuentes judiciales.
Entre el 12 y el 28 de este mes también deberán comparecer ante el juez tres administradores de Parques Nacionales y uno de los actuales integrantes de la Comisión Directiva del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba, encargado de realizar un inventario de los glaciares.
El juez también solicitó a la Auditoría General de la Nación un informe para que dictamine si las actuales autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente cumplen con la Ley 26.630, vigente desde 2010, que prohíbe la explotación minera sobre ambientes glaciares y periglaciales, y que prevé la creación de un inventario de glaciares y del ambiente periglacial que los rodea.
El magistrado otorgó dos meses de plazo al Departamento de Control de Gestión Ambiental del organismo con "todo lo obrado por parte de las autoridades nacionales a partir de enero de 2016".
El magistrado observó que "no sólo no se cumplió con dicho plazo, sino que a la fecha –más de seis años después- la provincia de San Juan no ha sido inventariada en su totalidad".
Contexto
En la causa se investiga si Barrick Gold ha violado la ley de protección de zonas glaciares y preglaciares a raíz de los vertidos de agua cianurada de la empresa y dado que explota los yacimientos mineros en Veladero y Pascua Lama, dos parajes ubicados en zona de glaciares y preglaciares.
La causa se inició por una denuncia de la Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en el caso, después de que se produjeran al menos tres derrames desde septiembre de 2015 en la mina aurífera Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, provincia de San Juan.
La investigación de estos incidentes quedó a cargo de la justicia provincial de San Juan.
Pero en paralelo, Casanello comenzó a investigar la supuesta responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad ante la falta de control de la explotación del yacimiento Veladero.
Tras una suspensión temporal ordenada por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, Barrick Gold volvió a sus actividades en la mina el 4 de octubre de 2016, 24 días después de provocar un tercer derrame.
El suceso más grave ocurrió el 12 de septiembre de 2015, cuando la rotura de un caño ocasionó el vertido de cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
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Fecha de Publicación: 10/08/2017
Fuente: Sputnik
Provincia/Región: Nacional
El juez argentino Sebastián Casanello llamó a declarar a tres de secretarios de Ambiente de la gestión anterior y a otras cuatro personas por incumplir la Ley de Glaciares debido a tres derrames cometidos desde 2015 por la minera canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan (oeste).
El magistrado citó a los secretarios de Ambiente de la anterior gestión "Juan José Mussi (2010-2013), Omar Judis (2013-2015) y Sergio Lorusso (2015)", comentaron a Sputnik fuentes judiciales.
Entre el 12 y el 28 de este mes también deberán comparecer ante el juez tres administradores de Parques Nacionales y uno de los actuales integrantes de la Comisión Directiva del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba, encargado de realizar un inventario de los glaciares.
El juez también solicitó a la Auditoría General de la Nación un informe para que dictamine si las actuales autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente cumplen con la Ley 26.630, vigente desde 2010, que prohíbe la explotación minera sobre ambientes glaciares y periglaciales, y que prevé la creación de un inventario de glaciares y del ambiente periglacial que los rodea.
El magistrado otorgó dos meses de plazo al Departamento de Control de Gestión Ambiental del organismo con "todo lo obrado por parte de las autoridades nacionales a partir de enero de 2016".
El magistrado observó que "no sólo no se cumplió con dicho plazo, sino que a la fecha –más de seis años después- la provincia de San Juan no ha sido inventariada en su totalidad".
Contexto
En la causa se investiga si Barrick Gold ha violado la ley de protección de zonas glaciares y preglaciares a raíz de los vertidos de agua cianurada de la empresa y dado que explota los yacimientos mineros en Veladero y Pascua Lama, dos parajes ubicados en zona de glaciares y preglaciares.
La causa se inició por una denuncia de la Asamblea Jáchal No Se Toca, querellante en el caso, después de que se produjeran al menos tres derrames desde septiembre de 2015 en la mina aurífera Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, provincia de San Juan.
La investigación de estos incidentes quedó a cargo de la justicia provincial de San Juan.
Pero en paralelo, Casanello comenzó a investigar la supuesta responsabilidad de funcionarios provinciales y nacionales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad ante la falta de control de la explotación del yacimiento Veladero.
Tras una suspensión temporal ordenada por el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, Barrick Gold volvió a sus actividades en la mina el 4 de octubre de 2016, 24 días después de provocar un tercer derrame.
El suceso más grave ocurrió el 12 de septiembre de 2015, cuando la rotura de un caño ocasionó el vertido de cinco millones de litros de agua cianurada sobre la cordillera y el río Jáchal, cuyas aguas desembocan en las provincias vecinas de San Luis (oeste) y Mendoza (centro-oeste).
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Triste realidad de los guardaparques misioneros
"Los recibos de sueldo de los guardaparques son certificados de pobreza"
Fecha de Publicación: 09/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Los guardianes de la selva misionera se volvieron a instalar este lunes ante la sede del Ministerio de Ecología provincial por conflictos laborales. Vendieron empanadas como "changa".
En la mañana de este lunes 7 de agosto, un conjunto de guardaparques provinciales organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Misiones inició un acampe frente al edificio del Ministerio de Ecología, desde donde ofrecen venta de empanadas para poder ayudar a los compañeros que fueron afectados por salvajes e injustificados descuentos salariales.
"Estamos aquí porque tenemos tres colegas que hace tres meses no cobran el sueldo y están en una situación desesperante. El Ministerio de Ecología les aplicó descuentos infundados, de hasta 8.000 pesos, y estos compañeros están desesperados, endeudados, es vergonzosa la manera en que se persigue a los guardaparques por cuestiones políticas", expresó uno de los delegados del sector, Javier Baez.
Con 22 años de servicio en el Sistema de Áreas Protegidas, Rolando Peña es uno de los tres guardaparques que hace tres meses no cobra un solo peso de su salario, pese a estar trabajando activamente. “Esta chicana de la patronal es una clara persecución a nuestra ideología. Yo fui trasladado tres veces en dos años y ahora me recortaron el salario. Tengo deudas con el banco, estoy realmente desesperado. Por suerte tenemos el apoyo de ATE y la solidaridad de la comunidad. Exigimos devolución inmediata de lo descontado”, enfatizó.
Otro de los delegados, Diego Ciarmiello, aportó que “tres meses de no percibir el salario es muchísimo, un problema administrativo puede ser un mes, pero tres es mucho, por eso decidimos hacer empanadas para juntar fondos para acompañar la situación de estos tres compañeros. Además tenemos otros compañeros con licencia médica que no cobran hace también más de tres meses. Siempre apostamos al diálogo y la construcción, acá no hablamos de pedido de aumento salarial, sino de 3 a 5 meses de sueldos atrasados de compañeros, eso es una vergüenza. Si es un problema administrativo donde se escudan también es una vergüenza, nosotros seguimos apostando al diálogo, para que nuestros compañeros aunque sea por planilla suplementaria perciban por lo trabajado”.
César Fariña, secretario general de ATE Misiones, recordó que “además de estar pasando por esta situación inadmisible a partir de estos descuentos, los guardaparques llevan basta2nte tiempo reclamando una recomposición salarial acorde, condiciones de trabajo dignas, contar con todos los insumos necesarios para una adecuada protección de los parques, un estatuto específico del sector y la ventana jubilatoria. Las autoridades tienen la responsabilidad de escuchar cada uno de estos reclamos genuinos, dar inmediata respuesta por los descuentos y el resto de las demandas”.
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Fecha de Publicación: 09/08/2017
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Misiones
Los guardianes de la selva misionera se volvieron a instalar este lunes ante la sede del Ministerio de Ecología provincial por conflictos laborales. Vendieron empanadas como "changa".
En la mañana de este lunes 7 de agosto, un conjunto de guardaparques provinciales organizados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Misiones inició un acampe frente al edificio del Ministerio de Ecología, desde donde ofrecen venta de empanadas para poder ayudar a los compañeros que fueron afectados por salvajes e injustificados descuentos salariales.
"Estamos aquí porque tenemos tres colegas que hace tres meses no cobran el sueldo y están en una situación desesperante. El Ministerio de Ecología les aplicó descuentos infundados, de hasta 8.000 pesos, y estos compañeros están desesperados, endeudados, es vergonzosa la manera en que se persigue a los guardaparques por cuestiones políticas", expresó uno de los delegados del sector, Javier Baez.
Con 22 años de servicio en el Sistema de Áreas Protegidas, Rolando Peña es uno de los tres guardaparques que hace tres meses no cobra un solo peso de su salario, pese a estar trabajando activamente. “Esta chicana de la patronal es una clara persecución a nuestra ideología. Yo fui trasladado tres veces en dos años y ahora me recortaron el salario. Tengo deudas con el banco, estoy realmente desesperado. Por suerte tenemos el apoyo de ATE y la solidaridad de la comunidad. Exigimos devolución inmediata de lo descontado”, enfatizó.
Otro de los delegados, Diego Ciarmiello, aportó que “tres meses de no percibir el salario es muchísimo, un problema administrativo puede ser un mes, pero tres es mucho, por eso decidimos hacer empanadas para juntar fondos para acompañar la situación de estos tres compañeros. Además tenemos otros compañeros con licencia médica que no cobran hace también más de tres meses. Siempre apostamos al diálogo y la construcción, acá no hablamos de pedido de aumento salarial, sino de 3 a 5 meses de sueldos atrasados de compañeros, eso es una vergüenza. Si es un problema administrativo donde se escudan también es una vergüenza, nosotros seguimos apostando al diálogo, para que nuestros compañeros aunque sea por planilla suplementaria perciban por lo trabajado”.
César Fariña, secretario general de ATE Misiones, recordó que “además de estar pasando por esta situación inadmisible a partir de estos descuentos, los guardaparques llevan basta2nte tiempo reclamando una recomposición salarial acorde, condiciones de trabajo dignas, contar con todos los insumos necesarios para una adecuada protección de los parques, un estatuto específico del sector y la ventana jubilatoria. Las autoridades tienen la responsabilidad de escuchar cada uno de estos reclamos genuinos, dar inmediata respuesta por los descuentos y el resto de las demandas”.
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Represas y una audiencia de forma
En septiembre, reanudarán las obras de las represas de Santa Cruz
Fecha de Publicación: 23/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Así lo prevé el gobierno nacional; con las audiencias públicas, que empezaron ayer, sólo resta un dictamen del Congreso para levantar la suspensión ordenada por la Corte en diciembre pasado
Al margen de la audiencia pública celebrada ayer en el Senado por orden de la Corte Suprema de Justicia para que 120 oradores expongan los argumentos a favor y en contra del megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, nada logrará impugnar una decisión ya tomada por el presidente Mauricio Macri. La determinación se produce en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China y de generación de 5000 empleos para la provincia de Santa Cruz.
Eso quedó claro ayer en la audiencia que continuará hoy, donde los ambientalistas volvieron a rechazar las hidroeléctricas sobre el último río de origen glaciar que corre libre hasta el Atlántico.
Las visiones son irreconciliables: donde unos ven un paraíso de biodiversidad y de servicios ambientales, otros ven oportunidades energéticas y un aporte para reducir las emisiones de carbono como alternativa a las fuentes térmicas de energía. El Gobierno también concibe las hidroeléctricas como un eslabón estratégico en una matriz diversificada, que necesita de la generación continua de energía para incrementar la producción de renovables. Así lo hicieron saber el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y su equipo, que abrieron el debate junto al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
El Gobierno apuesta a reanudar en septiembre las obras de las rediseñadas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, a un costo de US$ 4524 millones, financiadas en un 85% por China en un plazo de 83 meses. Tendrán una potencia instalada de 1310 MW y ocho turbinas. Aportarán un 4% de la demanda energética total, con la garantía -indican- de que no se verán afectados los niveles del lago Argentino ni la dinámica del glaciar Perito Moreno. El Ministerio de Ambiente, señaló Bergman, implementará un plan de mitigación y compensación para los impactos sobre el ecosistema con un presupuesto total de US$ 400 millones.
Estará orientado al frágil estuario del río, lugar de invernada del macá tobiano, un ave endémica y en peligro crítico de extinción. También, a resguardar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que quedarán sepultados bajo los dos embalses de 43.000 hectáreas.
Más allá de los avales al nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) hecho por la estatal Ebisa con el aporte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -el mismo organismo del Conicet que ya culminó el inventario de glaciares-, esa evaluación fue denunciada por presuntas irregularidades ante la justicia federal por el senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Alianza UNEN-CABA), otro de los oradores.
Contra el informe también dispararon los ambientalistas, que lo tildaron de parcial, incompleto y "hecho a medida". Esgrimieron que no evalúa la traza del nuevo tendido eléctrico que transportará la energía y que fue hecho por una empresa que depende de la cartera de Energía, que no estaba facultada para hacerlo. La aprobación vino después, según denunciaron.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, explicó las medidas de mitigación y compensación: prevén la creación de nuevas áreas protegidas en Santa Cruz en un total de 337.000 hectáreas; el desarrollo de centros ambientales de monitoreo tanto para los glaciares como para la cuenca, y otros de interpretación, estudio y rescate del patrimonio arqueológico y la eliminación de los basurales a cielo abierto, que contribuyen a la proliferación de la gaviota cocinera, principal amenaza del macá tobiano. Además, para el segundo embalse trazaron un plan de llenado de manera de evitar que se altere el flujo natural del río Santa Cruz en su tramo inferior. Buscan preservar la fragilidad de las rías en la desembocadura para resguardar al macá tobiano.
La nota de color la dio ayer el controvertido diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Defendió la instalación de las hidroeléctricas. Las alabó como generadoras de energía renovable y elogió a la administración anterior que llevó el proyecto y concretó la cuestionada central de río Turbio.
Hubo una gran sintonía entre los numerosos funcionarios santacruceños y la administración nacional en materia energética. A Andrés Napoli, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), eso no se le pasó por alto: deslizó que las represas sirvieron para cerrar la "grieta" política.
Desde el Gobierno se ocuparon de diferenciar el proyecto planteado por el kirchnerismo del actual y de enfatizar que la administración de Cambiemos lleva como bandera la lucha por el medio ambiente. Tal vez, por eso, ayer, los funcionarios de energía se mostraron como técnicos ambientales y hasta hablaron de la preservación de otras especies como la lamprea.
Hubo más oradores, tanto funcionarios como referentes de la sociedad civil, a favor del proyecto que voces disidentes. Sin embargo, el argumento de los ambientalistas apuntó al costo irreversible que significa borrar a un río del mapa para no contrariar al Estado chino.
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Fecha de Publicación: 23/07/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Santa Cruz
Así lo prevé el gobierno nacional; con las audiencias públicas, que empezaron ayer, sólo resta un dictamen del Congreso para levantar la suspensión ordenada por la Corte en diciembre pasado
Al margen de la audiencia pública celebrada ayer en el Senado por orden de la Corte Suprema de Justicia para que 120 oradores expongan los argumentos a favor y en contra del megaproyecto hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz, nada logrará impugnar una decisión ya tomada por el presidente Mauricio Macri. La determinación se produce en un contexto de crisis energética, riesgos de multas y cross default para otras obras de infraestructura financiadas por China y de generación de 5000 empleos para la provincia de Santa Cruz.
Eso quedó claro ayer en la audiencia que continuará hoy, donde los ambientalistas volvieron a rechazar las hidroeléctricas sobre el último río de origen glaciar que corre libre hasta el Atlántico.
Las visiones son irreconciliables: donde unos ven un paraíso de biodiversidad y de servicios ambientales, otros ven oportunidades energéticas y un aporte para reducir las emisiones de carbono como alternativa a las fuentes térmicas de energía. El Gobierno también concibe las hidroeléctricas como un eslabón estratégico en una matriz diversificada, que necesita de la generación continua de energía para incrementar la producción de renovables. Así lo hicieron saber el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y su equipo, que abrieron el debate junto al titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman.
El Gobierno apuesta a reanudar en septiembre las obras de las rediseñadas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, a un costo de US$ 4524 millones, financiadas en un 85% por China en un plazo de 83 meses. Tendrán una potencia instalada de 1310 MW y ocho turbinas. Aportarán un 4% de la demanda energética total, con la garantía -indican- de que no se verán afectados los niveles del lago Argentino ni la dinámica del glaciar Perito Moreno. El Ministerio de Ambiente, señaló Bergman, implementará un plan de mitigación y compensación para los impactos sobre el ecosistema con un presupuesto total de US$ 400 millones.
Estará orientado al frágil estuario del río, lugar de invernada del macá tobiano, un ave endémica y en peligro crítico de extinción. También, a resguardar los yacimientos arqueológicos y paleontológicos que quedarán sepultados bajo los dos embalses de 43.000 hectáreas.
Más allá de los avales al nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) hecho por la estatal Ebisa con el aporte del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -el mismo organismo del Conicet que ya culminó el inventario de glaciares-, esa evaluación fue denunciada por presuntas irregularidades ante la justicia federal por el senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Alianza UNEN-CABA), otro de los oradores.
Contra el informe también dispararon los ambientalistas, que lo tildaron de parcial, incompleto y "hecho a medida". Esgrimieron que no evalúa la traza del nuevo tendido eléctrico que transportará la energía y que fue hecho por una empresa que depende de la cartera de Energía, que no estaba facultada para hacerlo. La aprobación vino después, según denunciaron.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, explicó las medidas de mitigación y compensación: prevén la creación de nuevas áreas protegidas en Santa Cruz en un total de 337.000 hectáreas; el desarrollo de centros ambientales de monitoreo tanto para los glaciares como para la cuenca, y otros de interpretación, estudio y rescate del patrimonio arqueológico y la eliminación de los basurales a cielo abierto, que contribuyen a la proliferación de la gaviota cocinera, principal amenaza del macá tobiano. Además, para el segundo embalse trazaron un plan de llenado de manera de evitar que se altere el flujo natural del río Santa Cruz en su tramo inferior. Buscan preservar la fragilidad de las rías en la desembocadura para resguardar al macá tobiano.
La nota de color la dio ayer el controvertido diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Defendió la instalación de las hidroeléctricas. Las alabó como generadoras de energía renovable y elogió a la administración anterior que llevó el proyecto y concretó la cuestionada central de río Turbio.
Hubo una gran sintonía entre los numerosos funcionarios santacruceños y la administración nacional en materia energética. A Andrés Napoli, director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), eso no se le pasó por alto: deslizó que las represas sirvieron para cerrar la "grieta" política.
Desde el Gobierno se ocuparon de diferenciar el proyecto planteado por el kirchnerismo del actual y de enfatizar que la administración de Cambiemos lleva como bandera la lucha por el medio ambiente. Tal vez, por eso, ayer, los funcionarios de energía se mostraron como técnicos ambientales y hasta hablaron de la preservación de otras especies como la lamprea.
Hubo más oradores, tanto funcionarios como referentes de la sociedad civil, a favor del proyecto que voces disidentes. Sin embargo, el argumento de los ambientalistas apuntó al costo irreversible que significa borrar a un río del mapa para no contrariar al Estado chino.
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Represas de Santa Cruz: denuncian a Marcolini
Represas de Santa Cruz: la historia del funcionario que aprobó su propio estudio de impacto ambiental
Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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Fecha de Publicación: 13/07/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Cruz - Nacional
El senador “Pino” Solanas y el abogado Enrique Viale presentaron una denuncia en Comodoro Py. El acusado es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini
El senador Fernando "Pino" Solanas y el abogado Enrique Viale denunciaron al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Marcolini, ya que es el encargado en el Estado de recibir el estudio de impacto ambiental de la represas de Santa Cruz que realizó EBISA, la empresa de capital estatal de la que es director. A su vez, Marcolini fue director de IATASA, la consultora que realizó la primera evaluación ambiental, que luego fue dejada de lado. En otras palabras, jugó a tres bandas.
La denuncia, que fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y a la que Infobae tuvo acceso, es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, y tiene en la mira al Marcolini y al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
Las represas presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz, han sido ampliamente repudiadas por el sector ambientalista desde su concepción, entre otras cosas, porque en el mundo se están cuestionando las grandes represas y temen que el impacto en el glaciar Perito Moreno afecte la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
De acuerdo a la presentación de Solanas y Viale -precandidatos a senador y diputado, respectivamente-, la primera aparición de Marcolini en esta trama fue como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, que tuvo a cargo el estudio de impacto de ambiental del viejo diseño de las represas, que luego fue reacondicionado para ser -supuestamente- más amigable con el medio ambiente.
Según su perfil de LinkedIn, todavía sigue trabajando en la empresa, aunque es posible que no lo haya actualizado. Incluso, tendría $657.017,53 en acciones de IATASA (además de otras empresas con conflictos de intereses con el Ministerio de Energía). Eso sí: su currículum oficial no menciona su paso por la consultora.
El 10 de diciembre de 2015, Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Y desde allí, el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de una sociedad anónima de capital estatal. El 99% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía y el resto, a Nucleoeléctrica Argentina SA, la compañía que produce y comercializa la energía generada por las tres centrales nucleares del país. El nombramiento de Marcolini de EBISA fue ratificado el 19 de agosto de 2016 en el Boletín Oficial.
El conflicto de intereses está a la vista: "El Director de EBISA (Jorge Marcolini) hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica (Jorge Marcolini) para que sea revisada por éste", resumieron Solanas y Viale.
Está previsto que el estudio sea debatido en una audiencia pública el 20 de julio en el Salón Azul del Senado. A partir de ahí, el Ministerio de Energía realizará un dictamen, cuya opinión cualquiera puede augurar: será favorable.
"En definitiva, el dictamen del Ministerio de Energía luego de la audiencia pública es una ficción en virtud de que se trata de un funcionario controlándose a sí mismo en relación a una evaluación que ya conoce desde el inicio del procedimiento e, incluso, de sus años como consultor privado cuando avalaba ambientalmente las represas desde IATASA", evaluaron los denunciantes.
Frente a ese conflicto de intereses, pidieron la nulidad del estudio. "El hecho de que Jorge Marcolini continúe como Subsecretario de Energía Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto 'Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz', da cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de nulidad absoluta", reflexionaron.
La conclusión del simulador de la OA es tajante: "La Ley de Ética Pública establece que debes abstenerte de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuviste vinculado en los últimos 3 años. Los actos realizados sin tu abstención serían nulos y generarían responsabilidad patrimonial y disciplinaria".
Puerta giratoria
"Este caso es un ejemplo de la famosa puerta giratoria que no resiste el más mínimo examen legal: la misma persona realizó el informe en forma privada y ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", explicó Viale a Infobae.
"Además de las clarísimas inconsistencias ambientales y económicas, el derrotero de estas represas está repleto de ilegalidades y nulidades en todo su proceso administrativo", concluyó el abogado.
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Santa Cruz
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La minería adoctrinando en las escuelas
La megaminería y su avanzada en el campo educativo
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Fecha de Publicación: 11/07/2017
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Nacional
El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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El 23 de junio culminó el proceso de negociación entre las corporaciones mineras, el Estado nacional y los estados provinciales con la rúbrica del nuevo Acuerdo Federal Minero.
En línea con la avanzada extractivista de las últimas décadas, la alianza estatal empresarial de la megaminería da la disputa en el campo educativo con la introducción de un apartado específico denominado “Aspectos educativos y formativos”. Basado en que la comunidad educativa debe recibir conocimientos sobre la actividad minera “con fundamento científico”, compromete a las partes a “llevar adelante acciones con el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y los ministerios de Educación provinciales” a los efectos de incorporar un listado de contenidos dentro de las currículas de “los niveles primario, secundario y terciario”.
¿Por qué un acuerdo minero tendría la potestad de definir qué enseñar en las escuelas? Como una provocación, y una inédita intromisión en el ámbito educativo, en el convenio se fijan los temas a ser inculcados: “La constitución geológica del territorio nacional y provincial, los productos mineros que se generan en el país y en la provincia y su utilización en la vida cotidiana, la importancia del sector minero en la economía nacional y provincial y la regulación ambiental de la actividad minera”. Esta mera enunciación expone el desconocimiento de los enfoques problematizadores y críticos de la pedagogía y transparenta una intención doctrinaria, más propia de la propaganda que de la práctica educativa.
A su vez, dicha perspectiva curricular legitimaría el accionar de las empresas mineras manteniendo ocultos no sólo los graves daños ocasionados por la megaminería, sino también los procesos de lucha y resistencia que vienen llevando a cabo las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las asambleas ambientalistas y ciudadanas, entre otros, en cada uno de los territorios. Estos saberes son absolutamente invisibilizados frente a la mirada sesgada de la corporación minera.
Asimismo en otro apartado se determina que “las partes instarán a los organismos de ciencia y tecnología que dependan de sus jurisdicciones a financiar actividades de investigación y desarrollo” para, por ejemplo, mejorar el conocimiento de los recursos mineros existentes, o sea que son los propios organismos científicos públicos los que deberán financiar los costos de las necesidades empresariales. Una vez más demuestra el carácter mercantilista y proextractivista del acuerdo delineando el lugar asignado a educación, ciencia y tecnología dentro del esquema que optimiza la maximización de las ganancias para las empresas.
Así se configura la “política de Estado minera” asignando a universidades e instituciones educativas la función de “promover y articular planes de capacitación, (...) a fin de desarrollar las capacidades requeridas por la industria minera”. El paradigma centrado en la formación de competencias restringidas a los objetivos empresariales requiere de una universidad oferente de la mano de obra que las corporaciones mineras extractivistas necesitan, y se sostiene desde argumentos absolutamente pragmáticos y utilitaristas.
Este involucramiento de los CEO empresariales mineros en educación ya tiene historia. Por ejemplo el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y director de Asuntos Corporativos de la Minera Cerro Negro reclamaba que “Los manuales de las escuelas primarias y secundarias siguen tratando a la minería como una actividad contaminante cuando el país promueve el desarrollo de la minería. Nosotros tenemos un programa de minería sustentable, que las escuelas creen esa conciencia en los jóvenes no va de la mano. Hay que romper esos esquemas y poder explicarles a los colegios y a los chicos lo que significa la minería”. Claramente el acuerdo se encamina a dar respuesta a estos requerimientos al negar los efectos de las prácticas extractivas que promueven y exhibir la actividad minera como promotora del “desarrollo sustentable”.
El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ya se expidió sobre este asunto. Denunció en una carta enviada al ministro Bullrich: “Plantear que las empresas mineras generan ‘desarrollo económico para el país’ es desconocer que esas riquezas que dicen generar no aportan a los pueblos más que contaminación, saqueo, destrucción y violación de los derechos humanos de las poblaciones en las que se encuentran los yacimientos mineros a gran escala, además de la intromisión en los territorios de los pueblos indígenas, lugar en donde se hayan los minerales que se pretenden extraer”.
Frente a los conflictos socioambientales, el acuerdo diseña como estrategia la penetración directa en los territorios, única forma de adquirir la ansiada “licencia social”. En esa línea postula “maximizar los beneficios de la actividad minera en las comunidades y poblaciones” donde se llevan a cabo estos emplazamientos, y para ello estimula y promueve todas aquellas acciones que preparen a las comunidades de forma previa. En este camino es que se prevé la intervención pedagógica en sinergia con ubicar a la escuela como el espacio privilegiado para manufacturar el consenso acerca de estos megaproyectos extractivistas.
Utilizan eufemísticamente la ideología –en el sentido de falsa conciencia– del desarrollo sustentable y el equilibrio armónico del ambiente, dando por sentado que habrá riesgos para las poblaciones, pero que la política de Estado minera intentará minimizarlos. O sea, por un lado preparan el consenso, acallan las voces y forman para quebrar la resistencia social y por el otro legitiman desde un discurso seductor con las promesas de mayor empleabilidad, en épocas de crecientes flujos de desocupación, y de una supuesta mayor responsabilidad social por parte de las empresas. Constituyéndose en una nueva pedagogía de la hegemonía, que intenta invisibilizar las irreparables heridas ambientales, los daños colaterales sociales que arrastra el modelo extractivo de megaminería.
En esta “avanzada” observamos estrategias directas de intromisión en la educación viabilizadas, en este caso, por un Acuerdo Federal. Coincidimos con Mirta Antonelli, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien marca la creciente incidencia de las empresas extractivas en la educación, señalando una tendencia ya prevista en el plan estratégico comunicacional para la empresa minera en la Argentina. De todos modos resta el análisis de los poderes legislativos que tendrán que posicionarse frente a estas nuevas formas de cooptación y privatización.
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Córdoba nuevamente marchó para proteger su monte
Organizaciones ambientales marcharon en defensa de los bosques nativos
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Telam
Provincia/Región: Córdoba
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Organizaciones ambientalistas y sociales, políticas, estudiantiles, sindicales y partidarias, Pueblos Originarios y Mesa Apícola del NO. se movilizaron el miércoles en las calles céntricas de Córdoba hasta la Plaza San Martín para manifestarse en defensa al bosque nativo y reclamar una ley provincial de protección forestal.
"No a la Ley de Desmonte" es la consigna de la marcha, cuyo principal objetivo es impedir que el Gobierno y la Legislatura avancen en iniciativas parlamentarias que fomenten los desmontes y exigir que se amplíen las áreas protegidas.
"Con esta marcha ratificamos nuestra demanda de que se cumpla la ley nacional de protección de los bosques nativos, que se convoque al proceso participativo para que tanto las universidades, organizaciones civiles y demás actores ciudadanos podamos participar de esta etapa de decisión y que se desestime esta iniciativa que el oficialismo en la legislatura está sosteniendo", dijo a Télam Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo.
Durante la movilización se mantuvo una puesta artística con murgas, tambores, danzas y artistas portando muñecos gigantes con figuras de animales.
Schneider planteó que "lo que estamos sosteniendo es que el Gobierno de Córdoba y a través del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura acceda a lo que se denomina el proceso participativo, que es con el cual se debe tratar la actualización del ordenamiento del bosque nativo".
"Los legisladores quieren imponer un proyecto propio que contempla la ampliación del territorio para la explotación agropecuaria, lo que nosotros denominamos Ley de Desmontes, quieren reemplazar absolutamente toda la norma ya vigente desde 2010 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, pero sin este proceso participativo que exige la ley nacional", explicó.
Schneider contó que "durante los seis meses desde la primer marcha que efectuamos el 28 de diciembre, hemos intentado construir, accedido a todas las mesas de diálogo", a obtener la voluntad de los legisladores para cumplir lo que en realidad demanda la ley nacional 26.331.
"Esto no se ha dado: los integrantes de Unión por Córdoba se ha abroquelado en sostener que ellos deben pautar lo que sería el proceso participativo", cuestionó.
El ambientalista describió "una realidad en la que se siguen produciendo desmontes ilegales (y) se usan agrotóxicos, que es muy grave".
"Nosotros tratamos de sostener la protección, conservación o pautado sustentable de los bosques (...). La secretaría de Ambiente no está cumpliendo su función, no está controlando en función de evitar el desmonte sino que incluso ese desmonte se está dando de las formas más impactantes afectando miles de hectáreas".
Según los datos de las organizaciones ambientalistas, en la provincia de Córdoba ya se ha eliminado la inmensa mayoría de los bosques nativos originarios, que ocupaban unos 12 millones de hectáreas de las que actualmente quedan menos de 500 mil.
El pasado enero, en el contexto de protestas, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, frenó el proyecto y abrió una mesa de diálogo para consensuar un nuevo texto entre todos los sectores involucrados.
La marcha culminó en la Plaza San Martín, donde se realiza el Festival con el Canto del Monte con la participación de artistas de toda la provincia.
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La familia Macri involucrada con la minería, sin palabras
Grupo Macri: también se dedicarán a la minería
Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Nacional
La empresa Sideco decidió impulsar uno de los negocios que más auge está teniendo en el país. Hicieron una presentación en "sociedad" de la compañía ante una convención internacional que se hizo recientemente en Canadá.
Durante un encuentro internacional que se hizo en Toronto, Canáda, Franco Macri, titular de Sideco, presentó su empresa Minera Geometales S. A, la cual viene realizando tareas de exploración geológica en proyectos de oro y cobre en las propiedades que tienen en San Juan y Mendoza.
En este marco, Javier Sánchez Caballero, vicepresidente de Minera Geometales, comentó la "buena" situación por la que pasa el país en materia de inversiones mineras y explicitó el interés que tienen por obtener financiamiento en el exterior.
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Fecha de Publicación: 02/07/2017
Fuente: Política Argentina
Provincia/Región: Nacional
La empresa Sideco decidió impulsar uno de los negocios que más auge está teniendo en el país. Hicieron una presentación en "sociedad" de la compañía ante una convención internacional que se hizo recientemente en Canadá.
Durante un encuentro internacional que se hizo en Toronto, Canáda, Franco Macri, titular de Sideco, presentó su empresa Minera Geometales S. A, la cual viene realizando tareas de exploración geológica en proyectos de oro y cobre en las propiedades que tienen en San Juan y Mendoza.
En este marco, Javier Sánchez Caballero, vicepresidente de Minera Geometales, comentó la "buena" situación por la que pasa el país en materia de inversiones mineras y explicitó el interés que tienen por obtener financiamiento en el exterior.
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Riachuelo: hace 9 años el Estado incumple un fallo
Crónica de un barrio invisibilizado
Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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Fecha de Publicación: 30/06/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: CABA
La Corte Suprema dictó hace 9 años el fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. El plazo, incumplido, era julio de 2013. En la villa 21-24 sólo el 12 por ciento fue trasladado. AySA no prevé realizar obras de cloacas, desagües y agua potable.
Un hilito de agua podrida cae por una calle con pendiente de cemento nuevo, pero de mala calidad. Apenas unos metros más adelante, el hilito va perdiendo su forma hasta convertirse en un charco pestilente, negro y en partes grisáceo, que brota desde una cloaca mal hecha, rebalsada. En la villa 21-24 es media tarde y los vecinos van y vienen por sus calles y pasillos, siempre con alguna cumbia como banda de sonido detrás. En un rincón de una plaza “urbanizada”, un grupo de jóvenes juega al fútbol-tenis, mientras otros niños patean una pelota en la canchita de sintético. En otro extremo, al lado de la cámara séptica, un conjunto de juegos infantiles de madera luce abandonado y derruido.
Mario Gómez, uno de los delegados de los vecinos, se pregunta quién dejaría jugar a sus niños ahí, con el riesgo de que tropiecen y caigan directo en ese charco de composición incierta. Mario hace 40 años que vive en la villa y también se pregunta, todos los días, hasta cuándo dejarán de ser ciudadanos de segunda, con “servicios de cuarta” y una lista de promesas incumplidas que crece año a año.
Hace nueve años, la Corte Suprema de la Nación dictó un histórico fallo que ordenaba el saneamiento del Riachuelo. Miles de familias que viven en el camino de sirga y que padecen los efectos de la contaminación (un 25 por ciento de los niños tiene plomo en sangre) debían ser relocalizados por el gobierno de la Ciudad. Sin embargo, apenas el 35 por ciento de los hogares fueron reubicados. La situación es más compleja aún en la 21-24, donde sólo el 12 por ciento fue trasladado y desde 2015 todo está frenado. Desde entonces no se relocalizó ni una sola familia.
La fecha límite para terminar el trabajo era julio de 2013. Cuatro años después las perspectivas no son las mejores: apenas cinco trabajadores sociales relevan la situación de las personas afectadas en la 21-24. Todo esto a pesar de que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) calificó a esta villa como una zona de riesgo social muy alto.
Los problemas cotidianos en la 21-24 son tan básicos que cuando los vecinos escuchan al gobierno hablar de la “integración social y urbana” –así se le llama ahora a la urbanización– no pueden más que esbozar una sonrisa socarrona de desaprobación. Sin ir más lejos, la última controversia gira alrededor de una obra –contemplada también en el saneamiento del Riachuelo– para proveer de agua potable, cloacas y desa- gües pluviales a una porción de la villa, entre las calles Luna, Osvaldo Cruz, Iguazú y el camino de sirga.
Unas 28 mil personas se verían beneficiadas con una obra tan elemental como demorada. Los vecinos subsisten hoy con la provisión por parte de AySA de unos cinco mil sachets diarios de agua y con conexiones precarias, mal hechas, de desagües cloacales construidos por la nave insignia del PRO en las villas: la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), un conjunto de trabajadores precarizados que es utilizado, muchas veces, como una fuente de clientelismo macrista.
Sin embargo, una inesperada disputa pone en jaque el comienzo de las obras, que ya tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y cuya licitación fue aprobada por 290 millones de pesos. El reclamo es simple: “Pedimos que el servicio sea operado por AySA y no por la UGIS; es una obra histórica para el barrio, la estamos esperando hace 60 años, y queremos dejar de ser ciudadanos de segunda”, insiste Mario.
Hace tiempo que las reuniones para acordar los plazos de la obra, que alterará la vida del barrio durante 18 meses, terminan trabadas en el mismo punto, sin acuerdo. El Defensor General Adjunto, Luis Duacastella, quien representa a los vecinos en la ejecución del fallo de la Corte, presentó entonces una nota a la presidenta de Acumar, Gladys González, para que garantizara que los servicios públicos se brindaran “en las mismas condiciones que el resto de los habitantes de otros barrios de la ciudad. Ello implica que las obras sean aprobadas, supervisadas, operadas y mantenidas por los prestadores de servicios públicos correspondientes, en este caso la empresa AySA”.
Sin embargo, AySA se desligó del problema y ha contestado, una y otra vez, que su reglamento no le permite operar en calles informales y pasillos, es decir, las principales vías de circulación de la villa. Para Duacastella, este argumento demuestra que la visión de ghetto persiste en los funcionarios públicos. “Dicen que no tienen el equipamiento, pero se consigue: ¿cómo hacen en Europa en las ciudades medievales? ¿No tienen agua potable ni cloacas?”, pregunta. La extorsión pasa por una premisa tramposa: “Como hoy no tienen nada, los invitan a que acepten cualquier cosa y la discusión no puede ser ‘servicios malos o no servicios’, acá se tienen que tomar como lo que son: habitantes de esta ciudad”.
Al planteo se sumó el cura Lorenzo “Toto” De Vedia, de la parroquia Caacupé, una referencia ineludible de la 21-24. Sentado frente a una mesa, con la imagen de Carlos Mugica detrás, pintado de azul en una puerta, Toto dice que “si quieren (en el Gobierno) que las villas no sean más de emergencia, tienen que dejar de operar los servicios como si lo estuvieran”. “Hoy los servicios están gestionados por los vecinos y por eso no se pagan, pero el villero no es un usurpador, acá queremos pagar por los servicios pero queremos que se brinden como en el resto de la ciudad”, añade.
El reclamo es compartido por varias de las organizaciones que participan de la supervisión del saneamiento del Riachuelo y que tienen un trabajo activo en la Villa 21-24. Subida a su camioneta, Paz Ochoteco, directora Ejecutiva de la Fundación Temas, recorre el camino de sirga mientras insiste en la pregunta: “¿Me van a decir que no pueden entrar con las máquinas acá?”. Paz frena frente al Riachuelo. El sol cae en Buenos Aires y el río parece espejado y calmo. Del otro lado de la orilla, la parte renovada de la fábrica Siam disputa el cuadro con las ruinas de lo que supo ser aquella industria nacional antes de quebrar. Detrás de ella hay una hilera de monoblocks industriales a medio terminar, mientras los obreros avanzan con las obras de lo que alguna vez fue Mundo Grúa. “Todo esto pasa mientras los vecinos siguen esperando y siguen viviendo mal”, denuncia Paz.
El director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, también se sumó al reclamo de los vecinos y elevó una adhesión a la nota presentada ante las autoridades de Acumar.
Duacastella advierte que mientras el Gobierno no avanza con la mejora de las condiciones de vida de los habitantes expuestos a la contaminación del Riachuelo, los más afectados son los niños. “Son los que juegan en el piso, los que se caen en la basura, los que entran en contacto con las aguas servidas. Se hizo un solo estudio y no se hizo un seguimiento, es decir, que hay nuevos casos y no sabemos quiénes son los perjudicados”, señala. La cuestión se agrava con la misma excusa que ha dado AySA: como no opera ningún servicio en el barrio, no existen ningún control sobre lo que se consume hoy desde los grifos.
Blasia Guachire es delegada del sector conocido como San Blas. “Somos invisibles”, dice, antes de enfilar por el pasillo que la lleva hasta su casa, y que desemboca en el Riachuelo. Es una de las zonas con mayor riesgo y que debe ser relocalizada con urgencia. Como en toda esta historia de engaños y postergaciones, los vecinos de este sector están presos de una trampa. Así lo explica Blasia: “Todo el tiempo estás con miedo de gastar un peso para arreglar la casita porque te dicen que te van a relocalizar, entonces cada vez vivimos peor, sin una cosa ni la otra”.
El Riachuelo parece quieto, espeso. Blasia se pierde entre el barro que se acumula en el pasillo aunque no llueva. Estira la mano derecha para saludar y se aleja, siempre esperando, que algún día lo que le digan sea verdad.
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