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Así es el negocio de los desmontes en la Argentina
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Tierra devastada: de Ushuaia a La Quiaca, el negocio de los desmontes en la Argentina
Fecha de Publicación: 09/12/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Un informe de El Investiga retrata una situación alarmante: miles de hectáreas son arrasadas año tras año. La tala afecta el medio ambiente y provoca la extinción de especies exóticas.
La imagen es aterradora: miles de hectáreas de tierra arrasada, un golpe a la ecología y el medio ambiente de la Argentina y el mundo. Los desmontes se replican en distintos puntos del país, una problemática que parece no tener solución y que se agrava con el paso del tiempo. Es que pese a la Ley de Bosques, se registra una intensa actividad de deforestación que no discrimina territorio alguno: la situación se expande de La Quiaca a Ushuaia.
Un informe de El Investiga retrató esta alarmante situación, en la que se entremezcla la decisión del hombre de avanzar sobre la tierra con la inacción de una ley nacional que encuentra límites en las provincias, que tienen la potestad final sobre sus tierras. Son justamente estos gobiernos los que autorizan -de manera legal- una tala que avanza y nada parece detenerla.
Las imágenes registradas en el interior de los bosques de Salta y Ushuaia exponen cómo se deforesta en zonas prohibidas. La ley, sancionada en 2017, obligó a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), es decir, una categorización de sus territorios: rojo (sector de muy alta conservación); amarillo (no puede desmontarse pero puede utilizarse la tierra de manera sustentable); verde (muy bajo nivel de conservación lo que permite la tala).
Pero la normativa no siempre se respeta y el resultado está a la vista.
Salta, tierra arrasada
Bosque adentro, pleno Chaco salteño. Solo unas horas al volante y ya aparecen las primeras señales de lo que está por venir: terreno desolado. El ruido de las topadoras que avanzan sobre un predio de 3000 hectáreas en el departamento de Anta comienza a escucharse.
Se trata de un desmonte legal, que fue autorizado por la provincia en 2007, aunque se frenó en 2018 a raíz de la Resolución 56/2018, del entonces ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que instó a Salta a dejar sin efecto los permisos de tala. Pero en 2019 las autoridades locales revocaron la medida.
El predio está emplazado en una región ubicada a solo 500 kilómetros de Salta capital, que de acuerdo a la Ley de Bosques es una zona amarilla, en donde no se deberían talar árboles.
Las cámaras de El Investiga registraron esta práctica. De hecho, las máquinas están a la vista de cualquiera, no se ocultan.
Así actúan las topadoras en Salta
Rumbo al este el escenario es aún peor. Más desmontes, nuevas irregularidades. Y una naturaleza que sufre el avance desmedido del hombre. Otra zona amarilla, otro sector que no se debería tocar. Un desmonte legal, pero criminal: los árboles nativos caen como papel. Las cadenas gigantes arrasan con todo. Los pájaros vuelan desconcertados ante el avance de las topadoras. Los animales autóctonos mueren.
El terreno debe quedar liso, llano, listo para una posible producción de soja o cría de ganado bovino. La madera, tal vez, encuentre destino comercial.
Un vecino de la zona muestra su preocupación por los cambios climáticos que se registran en la zona en los últimos años. "A veces hay vientos fuertes, los calores son terribles, insoportables, cambios muy bruscos en la zona. Se fue notando. Hay animales que fueron afectados, además de los que matan. Destrozan la naturaleza", narra.
Juan Carlos Travela, de la Agencia de Promoción Científica, explica la importancia de estas tierras para la Argentina: "Dadas sus características, su vegetación, El Impenetrable podría ser el pulmón de la Argentina tranquilamente. Se avanza con el desmonte en una de las zonas más pobres del país".
La ruta del desmonte
En el sur del país la situación no es diferente. Allí, la deforestación se produce por una polémica obra que busca unir Ushuaia con Puerto Almanza, un poblado hacia el este. Se trata, en realidad, de un camino turístico que destruye la naturaleza a la vera del Canal de Beagle.
Son 132 kilómetros financiados por el gobierno de Tierra del Fuego que atravesarán bosques nativos. Se trata de un cuestionado proyecto si se tiene en cuenta que ambas ciudades ya se conectan a través de la ruta nacional 3 y la provincial "J".
Tierra arrasada a la vera del Canal de Beagle
El camino paralelo bordeará el mar, una obra vial que derriba árboles de más de 500 años de antigüedad, un verdadero patrimonio de la naturaleza. "Este es el único lugar del país donde el bosque se une con el mar, es muy particular, mixto, andinopatagónico que tiene representadas casi todas las especies vegetales. Se encuentra casi en el mismo estado antes de la llegada de los europeos", cuenta a El Investiga, Abel Sberna, ambientalista.
El sendero en pocos meses se convertirá en cemento. Incluso el trazado de la ruta pasará por la histórica Estancia Harberton, declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. "Es tristísimo, impactante, lo miro y no lo puedo creer. Hay tramos de la ruta que tienen 21 metros de ancho. Una autopista en el medio del bosque", se lamenta Abby Goodall.
El Investiga dialogó con el ministro de Obras y Servicios Público de Tierra del Fuego, Luis Vázquez, que argumentó los motivos por los que se lleva adelante la obra. "El corredor del Beagle es estratégica, hace años que se planifica y por muchos motivos se postergó. Se hizo una audiencia pública, con el tiempo correspondiente, todo aquel que quiso participar se anotó, se presentaron, el fueguino se presentó y manifestó la necesidad de una ruta".
Luego de que el gobierno de Tierra de Fuego aprobó el estudio ambiental, la empresa constructora comenzó a trabajar. Los trabajos están divididos en tres tramos, dos cerrados por cuestiones administrativas. Pero uno que avanza a paso firme.
Al igual que en Salta, la decisión final sobre las tierras quedó en manos de la Provincia que dio luz verde al proyecto. La normativa aprobada en 2007 ampara a los bosques pero los gobiernos locales dictan resoluciones y contra resoluciones. Así, mientras las leyes van y vienen, los árboles mueren y desaparecen.
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Fecha de Publicación: 09/12/2019
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional
Un informe de El Investiga retrata una situación alarmante: miles de hectáreas son arrasadas año tras año. La tala afecta el medio ambiente y provoca la extinción de especies exóticas.
La imagen es aterradora: miles de hectáreas de tierra arrasada, un golpe a la ecología y el medio ambiente de la Argentina y el mundo. Los desmontes se replican en distintos puntos del país, una problemática que parece no tener solución y que se agrava con el paso del tiempo. Es que pese a la Ley de Bosques, se registra una intensa actividad de deforestación que no discrimina territorio alguno: la situación se expande de La Quiaca a Ushuaia.
Un informe de El Investiga retrató esta alarmante situación, en la que se entremezcla la decisión del hombre de avanzar sobre la tierra con la inacción de una ley nacional que encuentra límites en las provincias, que tienen la potestad final sobre sus tierras. Son justamente estos gobiernos los que autorizan -de manera legal- una tala que avanza y nada parece detenerla.
Las imágenes registradas en el interior de los bosques de Salta y Ushuaia exponen cómo se deforesta en zonas prohibidas. La ley, sancionada en 2017, obligó a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), es decir, una categorización de sus territorios: rojo (sector de muy alta conservación); amarillo (no puede desmontarse pero puede utilizarse la tierra de manera sustentable); verde (muy bajo nivel de conservación lo que permite la tala).
Pero la normativa no siempre se respeta y el resultado está a la vista.
Salta, tierra arrasada
Bosque adentro, pleno Chaco salteño. Solo unas horas al volante y ya aparecen las primeras señales de lo que está por venir: terreno desolado. El ruido de las topadoras que avanzan sobre un predio de 3000 hectáreas en el departamento de Anta comienza a escucharse.
Se trata de un desmonte legal, que fue autorizado por la provincia en 2007, aunque se frenó en 2018 a raíz de la Resolución 56/2018, del entonces ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que instó a Salta a dejar sin efecto los permisos de tala. Pero en 2019 las autoridades locales revocaron la medida.
El predio está emplazado en una región ubicada a solo 500 kilómetros de Salta capital, que de acuerdo a la Ley de Bosques es una zona amarilla, en donde no se deberían talar árboles.
Las cámaras de El Investiga registraron esta práctica. De hecho, las máquinas están a la vista de cualquiera, no se ocultan.
Así actúan las topadoras en Salta
Rumbo al este el escenario es aún peor. Más desmontes, nuevas irregularidades. Y una naturaleza que sufre el avance desmedido del hombre. Otra zona amarilla, otro sector que no se debería tocar. Un desmonte legal, pero criminal: los árboles nativos caen como papel. Las cadenas gigantes arrasan con todo. Los pájaros vuelan desconcertados ante el avance de las topadoras. Los animales autóctonos mueren.
El terreno debe quedar liso, llano, listo para una posible producción de soja o cría de ganado bovino. La madera, tal vez, encuentre destino comercial.
Un vecino de la zona muestra su preocupación por los cambios climáticos que se registran en la zona en los últimos años. "A veces hay vientos fuertes, los calores son terribles, insoportables, cambios muy bruscos en la zona. Se fue notando. Hay animales que fueron afectados, además de los que matan. Destrozan la naturaleza", narra.
Juan Carlos Travela, de la Agencia de Promoción Científica, explica la importancia de estas tierras para la Argentina: "Dadas sus características, su vegetación, El Impenetrable podría ser el pulmón de la Argentina tranquilamente. Se avanza con el desmonte en una de las zonas más pobres del país".
La ruta del desmonte
En el sur del país la situación no es diferente. Allí, la deforestación se produce por una polémica obra que busca unir Ushuaia con Puerto Almanza, un poblado hacia el este. Se trata, en realidad, de un camino turístico que destruye la naturaleza a la vera del Canal de Beagle.
Son 132 kilómetros financiados por el gobierno de Tierra del Fuego que atravesarán bosques nativos. Se trata de un cuestionado proyecto si se tiene en cuenta que ambas ciudades ya se conectan a través de la ruta nacional 3 y la provincial "J".
Tierra arrasada a la vera del Canal de Beagle
El camino paralelo bordeará el mar, una obra vial que derriba árboles de más de 500 años de antigüedad, un verdadero patrimonio de la naturaleza. "Este es el único lugar del país donde el bosque se une con el mar, es muy particular, mixto, andinopatagónico que tiene representadas casi todas las especies vegetales. Se encuentra casi en el mismo estado antes de la llegada de los europeos", cuenta a El Investiga, Abel Sberna, ambientalista.
El sendero en pocos meses se convertirá en cemento. Incluso el trazado de la ruta pasará por la histórica Estancia Harberton, declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. "Es tristísimo, impactante, lo miro y no lo puedo creer. Hay tramos de la ruta que tienen 21 metros de ancho. Una autopista en el medio del bosque", se lamenta Abby Goodall.
El Investiga dialogó con el ministro de Obras y Servicios Público de Tierra del Fuego, Luis Vázquez, que argumentó los motivos por los que se lleva adelante la obra. "El corredor del Beagle es estratégica, hace años que se planifica y por muchos motivos se postergó. Se hizo una audiencia pública, con el tiempo correspondiente, todo aquel que quiso participar se anotó, se presentaron, el fueguino se presentó y manifestó la necesidad de una ruta".
Luego de que el gobierno de Tierra de Fuego aprobó el estudio ambiental, la empresa constructora comenzó a trabajar. Los trabajos están divididos en tres tramos, dos cerrados por cuestiones administrativas. Pero uno que avanza a paso firme.
Al igual que en Salta, la decisión final sobre las tierras quedó en manos de la Provincia que dio luz verde al proyecto. La normativa aprobada en 2007 ampara a los bosques pero los gobiernos locales dictan resoluciones y contra resoluciones. Así, mientras las leyes van y vienen, los árboles mueren y desaparecen.
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bosques nativos,
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Se conocieron las bases de cambio de la 7.722 mendocina
Ley 7.722: estos son los cambios que propone el gobierno
Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma".
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma".
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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Movilización contra la mina de litio Antofagasta de la Sierra
Convocatoria al Juzgado de Minas
Fecha de Publicación: 05/12/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La asamblea antiextractivista "Valle en movimiento" convocó para hoy a partir de las 10.30, a una movilización frente al Juzgado Electoral y de Minas, en la calle Maipú de esta Capital, para reclamar por la explotación del litio en Antofagasta de la Sierra, con la consigna "No hay licencia social", en alusión a los dichos del juez Guillermo Cerda, quien consideró que la actividad no podría desarrollarse sin un acuerdo con los pueblos.
"Nos movilizamos frente al Juzgado de Minas, con intervenciones artísticas para repudiar la judicialización de la digna protesta de nuestros compañeros defensores de la madre tierra. Por el agua, el territorio y la autodeterminación de los pueblos. No hay licencia social para las mineras", expresaron en la convocatoria que realizaron por las redes sociales, a la que adhirieron miembros de los "Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autoderminación".
En este sentido, tomaron las palabras del juez Cerda, que había señalado que "no puede haber minería sin licencia social", y aseguraron que en Antofagasta de la Sierra los pobladores se oponen a la actividad.
"Tanto los vecinos y vecinas como la comunidad indígena Atacameños del Altiplano se oponen a la construcción del acueducto y no van a permitir la realización de perforaciones que extraerán 260.000 litros de agua por hora del Río Los Patos", cuestionaron. Dos integrantes de esa comunidad fueron detenidos la semana pasada por amenazas.
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Fecha de Publicación: 05/12/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
La asamblea antiextractivista "Valle en movimiento" convocó para hoy a partir de las 10.30, a una movilización frente al Juzgado Electoral y de Minas, en la calle Maipú de esta Capital, para reclamar por la explotación del litio en Antofagasta de la Sierra, con la consigna "No hay licencia social", en alusión a los dichos del juez Guillermo Cerda, quien consideró que la actividad no podría desarrollarse sin un acuerdo con los pueblos.
"Nos movilizamos frente al Juzgado de Minas, con intervenciones artísticas para repudiar la judicialización de la digna protesta de nuestros compañeros defensores de la madre tierra. Por el agua, el territorio y la autodeterminación de los pueblos. No hay licencia social para las mineras", expresaron en la convocatoria que realizaron por las redes sociales, a la que adhirieron miembros de los "Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autoderminación".
En este sentido, tomaron las palabras del juez Cerda, que había señalado que "no puede haber minería sin licencia social", y aseguraron que en Antofagasta de la Sierra los pobladores se oponen a la actividad.
"Tanto los vecinos y vecinas como la comunidad indígena Atacameños del Altiplano se oponen a la construcción del acueducto y no van a permitir la realización de perforaciones que extraerán 260.000 litros de agua por hora del Río Los Patos", cuestionaron. Dos integrantes de esa comunidad fueron detenidos la semana pasada por amenazas.
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7.722: ya hay un borrador para modificarla
Suarez ya envió al PJ el proyecto para modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.
Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.
Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Ahora proponen una consulta popular vinculante por la 7.722
Proponen una asamblea popular para tratar la reforma de la Ley 7.722
Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.
Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.
El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.
La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.
Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.
El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.
La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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Neuquén: la modificación a Ley de Bosques trabada
Se traba en Neuquén polémica modificación a Ley de Bosques impulsada por Gutiérrez
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén
Oposición no daba al oficialismo de MPN votos en Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto antes del recambio legislativo. Críticas de grupos ambientalistas, académicos y grupos mapuches a la iniciativa.
Pese a la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de acelerar el tratamiento de la Ley de Bosques para reordenar las áreas protegidas de Neuquén antes del recambio legislativo, el oficialismo del MPN no contó con los votos necesarios en comisiones y el proyecto quedará en stand by, hasta que asuman los nuevos diputados provinciales, en medio de críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades mapuches.
Se trata de una revisión de la Ley 2780, sancionada en 2011, y en el marco de los pedidos de actualización de una ley nacional. Sin embargo, por tratarse de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, sensible para diferentes actores, la modificación se ha ido demorando. Ahora, el Ejecutivo que comanda Gutiérrez buscaba un tratamiento express, pero la oposición no le dio los votos en la Comisión de Medio Ambiente. Con lo cual, los tiempos se encaminan para que sean la nueva composición de la Legislatura la que defina la cuestión, ya que el proyecto no perderá estado parlamentario.
El proyecto define áreas en rojo, amarillo y verde, en donde las rojas son las de máxima protección, y donde no puede haber desarrollos con fines económicos. Si bien estas áreas crecen en el proyecto, también hay un crecimiento de las áreas amarillas, donde ONGs advierten que en verdad se busca impulsar emprendimientos inmobiliarios en las zonas de los centro invernales.
Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de ski de Caviahue son eje de disputa. Por un lado, las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. Sin embargo, la oposición pide que se realicen audiencias públicas con ambientalistas y comunidades originarias para avanzar con la aprobación. Y Gutiérrez quiere tratar la modificación cuanto antes.
El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. Reclamos que en Neuquén también aparecen áreas de Vaca Muerta y puntos con valor turístico. En ese sentido, también los grupos mapuches se oponían al tratamiento express.
Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por "la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios". Y agregan que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.
Asimismo, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA manifestó en un texto que un “sugestivo apuro” por tratar la modificación. Y alertó sobre “el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches” en Cerro Bayo y Cerro Chapelco “donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. De la misma manera, Greenpeace también expresó su “profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén”.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Neuquén
Oposición no daba al oficialismo de MPN votos en Comisión de Medio Ambiente para tratar el proyecto antes del recambio legislativo. Críticas de grupos ambientalistas, académicos y grupos mapuches a la iniciativa.
Pese a la decisión del gobernador Omar Gutiérrez de acelerar el tratamiento de la Ley de Bosques para reordenar las áreas protegidas de Neuquén antes del recambio legislativo, el oficialismo del MPN no contó con los votos necesarios en comisiones y el proyecto quedará en stand by, hasta que asuman los nuevos diputados provinciales, en medio de críticas de grupos ambientalistas, académicos y comunidades mapuches.
Se trata de una revisión de la Ley 2780, sancionada en 2011, y en el marco de los pedidos de actualización de una ley nacional. Sin embargo, por tratarse de un reordenamiento territorial de los bosques nativos, sensible para diferentes actores, la modificación se ha ido demorando. Ahora, el Ejecutivo que comanda Gutiérrez buscaba un tratamiento express, pero la oposición no le dio los votos en la Comisión de Medio Ambiente. Con lo cual, los tiempos se encaminan para que sean la nueva composición de la Legislatura la que defina la cuestión, ya que el proyecto no perderá estado parlamentario.
El proyecto define áreas en rojo, amarillo y verde, en donde las rojas son las de máxima protección, y donde no puede haber desarrollos con fines económicos. Si bien estas áreas crecen en el proyecto, también hay un crecimiento de las áreas amarillas, donde ONGs advierten que en verdad se busca impulsar emprendimientos inmobiliarios en las zonas de los centro invernales.
Chapelco, Cerro Bayo y la última pista de ski de Caviahue son eje de disputa. Por un lado, las cortas temporadas invernales llevaron a que para hacer rentables los medios de elevación las empresas necesiten extenderse a nuevos desarrollos. Sin embargo, la oposición pide que se realicen audiencias públicas con ambientalistas y comunidades originarias para avanzar con la aprobación. Y Gutiérrez quiere tratar la modificación cuanto antes.
El segundo punto de tensión está ligado a las comunidades mapuches y sus reclamos por las tierras ancestrales. Reclamos que en Neuquén también aparecen áreas de Vaca Muerta y puntos con valor turístico. En ese sentido, también los grupos mapuches se oponían al tratamiento express.
Sobre esto último, investigadores de la Universidad Nacional de Comahue difundieron un comunicado en el que expresan preocupación por "la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios". Y agregan que es “llamativo en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas”.
Asimismo, Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA manifestó en un texto que un “sugestivo apuro” por tratar la modificación. Y alertó sobre “el nivel de disputa con diversos actores locales y las comunidades mapuches” en Cerro Bayo y Cerro Chapelco “donde el interés para emprendimientos inmobiliarios es evidente”. De la misma manera, Greenpeace también expresó su “profunda preocupación por el proyecto de modificación de la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Neuquén”.
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Salta: vertedero judicializado sin nada resuelto
Confirman que la trinchera IV del vertedero no se habilitará este año
Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Fecha de Publicación: 30/11/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Hubo una audiencia por la acción colectiva que iniciaron vecinos por la posible contaminación del relleno sanitario San Javier. También se supo que a la geomembrana la instalará la próxima gestión.
En la denuncia de fondo de los vecinos de la zona sudeste de la capital, quienes presentaron un amparo colectivo contra la Municipalidad de Salta y Agrotécnica Fueguina no hay nada resuelto. A poco más de dos años de iniciado ese proceso judicial, que se supone que debe ser expeditivo, el juez a cargo de la causa, Marcelo Domínguez, todavía no pudo determinar si el vertedero San Javier contamina o no. Tampoco pudo lograr que la actual gestión municipal cumpla con uno de sus principales pedidos, que es la habilitación de la trinchera IV del relleno sanitario.
Esa certeza de que nada cambia, por ahora, fue la que quedó tras la audiencia informativa que se realizó ayer a la mañana en la Ciudad Judicial. La jornada fue convocada por el titular de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y participaron representantes del Ejecutivo comunal, de la empresa a cargo de la higiene urbana de la ciudad y los vecinos que iniciaron la acción colectiva en agosto de 2017.
El 25 de septiembre pasado venció el plazo de cuatro meses que el magistrado Domínguez le había dado a la Municipalidad para que presente informes sobre el impacto ambiental del vertedero y el avance de los procesos para la compra de una geomembrana (una especie de tela plástica) para cubrir la base de la trinchera IV y evitar que la basura contamine las napas freáticas o el río arenales.
Recién ayer los representantes comunales brindaron respuestas a los pedidos del juez.
En cuanto a la geomembrana, se terminó por confirmar que la actual gestión municipal, que vence el 9 de diciembre, no la instalará. El director de Servicios Públicos, Normando Zúñiga, explicó que ya se concretó la licitación para la compra de ese producto y ahora están a la espera de que el Tribunal de Cuentas apruebe el proceso de contratación de la empresa que resultaría adjudicataria. Luego de ese trámite, detalló que la contratista tendría 45 días para instalar el producto, que en marzo pasado, previa devaluación, salía $25 millones.
Domínguez no pecó de ingenuo sobre esa promesa y advirtió al final de la audiencia que posiblemente la habilitación de la trinchera IV se demore aún más.
"Asumo una realidad -dijo el juez-, el cambio de gestión municipal, y más allá de la continuidad jurídica del Estado, puede generar que haya una dilación en el tiempo. Preguntar cuándo va estar la geomembrana me parece aventurado. Cualquier manifestación al respecto pecaría de poco seria porque no van a ser ustedes (le espetó a los funcionarios) los que van a tener que llevar adelante esa instalación".
Estudios
Sobre los estudios de impacto ambiental en el vertedero hubo una controversia entre los denunciantes y los acusados, que derivó, una vez más, en que no se asuma si es que existe contaminación en la finca San Javier.
Zúñiga aseguró que esta vez sí terminaron los informes y los documentos se encuentran en etapa de "evaluación".
"Durante todo este año hemos realizado todos los estudios preliminares con relación a la construcción del San Javier cuatro, algunos ya estaban y faltaban otros para la instalación de la geomembrana, Se realizaron estudios de suelo, hidrogeológicos y de impacto ambiental", aseguró el funcionario.
Después presentó al técnico de la Municipalidad con especialidad en Química, Carlos Bonín, quien afirmó que en base a los resultados del monitoreo ambiental que se realiza de manera periódica en el vertedero desde hace nueve años puede certificar que no existe contaminación en el lugar.
Fue rebatido por Lucas Seghezzo, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Conicet y docente de la UNSa. El académico sostuvo en la audiencia que en el vertedero ocurre todo lo contrario de lo que afirma la comuna.
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Juez ava la licencia social excluyente en minería
Cerda dijo que no puede haber minería sino cuenta con licencia social
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social. Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero inmiscuirme en temas de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más. Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora se está conversando y ya está encausada la situación", afirmó.
Código
El magistrado se refirió también al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo e introduciendo todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar su mandato queríamos entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras del Código anterior que tiene ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó el magistrado.
Según comentó, se introdujo la tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Consideró que se necesita el apoyo mayoritario de la población para desarrollar Agua Rica.
El juez electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, fue contundente al señalar que no se puede desarrollar la minería sino hay consenso social. Y puntualmente consideró que el proyecto Agua Rica no podrá concretarse si antes no tiene el respaldo de la mayoría de la población.
"No puede haber minería sino hay licencia social, si el pueblo no está de acuerdo en su mayoría- porque obviamente uno no pretende la unanimidad. La licencia social es un requisito fundamental", dijo el magistrado al referirse a la necesidad de que cualquier proyecto minero tenga consenso.
Cerda recordó que lleva 35 años como juez de Minas y fue quien suspendió la actividad minera cuando en febrero de 2015 se produjo una revuelta en contra de la explotación en Andalgalá.
El magistrado señaló que idénticas condiciones son necesarias para la explotación de Agua Rica. "La licencia social es fundamental, no podemos iniciar ninguna actividad sino tenemos el consenso social", reiteró en declaraciones radiales.
La Perla del Oeste vive un intenso debate por el futuro de la minería. Está en vigencia una ordenanza que la prohibe y también hay una acción de amparo presentada en la Justicia que todavía espera la sentencia final.
Cerda se refirió también al conflicto que se vivió en Antofagasta de la Sierra con la familia Morales, cuando fue desalojada por una orden de la Fiscalía de Belén al impedir que se abra un camino para el paso del tránsito pesado por sus terrenos. "Lo de Antofagasta fue un problema por la falta de comunicación y de diálogo que suscitó este gran inconveniente con la familia. No quiero inmiscuirme en temas de justicia penal, pero me parece que este inconveniente podría haberse evitado en la medida que se hubiera podido conversar más. Yo creo que con el diálogo se evitaba este problema serio. Por suerte, creo que ahora se está conversando y ya está encausada la situación", afirmó.
Código
El magistrado se refirió también al Código de Procedimientos Mineros que el viernes pasado se entregó a la gobernadora Lucía Corpacci.
El anteproyecto fue redactado por el Consejo Asesor Minero y se elevará a la Legislatura provincial para su debate.
" Estuvimos debatiendo e introduciendo todas las reformas que hacían falta al viejo Código para adecuarlo a los tiempos que vivimos. Al finalizar su mandato queríamos entregarle el anteproyecto por el que estuvimos trabajando", sostuvo.
"El código consiste en actualizar un montón de figuras del Código anterior que tiene ya 52 años de vigencia y que hacía falta adecuarlo al siglo XXI ", explicó el magistrado.
Según comentó, se introdujo la tecnología para concretar los procesos mineros, "que es importante porque le da celeridad al trámite y por supuesto al empresario minero le permite hacer más rápido los pedidos de concesiones, haciendo hincapié en la cuestión ambiental".
En ese marco puntualizó que la normativa contempla todos los requerimientos para el cuidado del medio ambiente que antes no eran exigibles, por cuanto recién se pusieron en vigencia a partir del desarrollo de la minería a gran escala.
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Mendoza obliga a registrar el uso de agroquímicos
A partir de diciembre es obligatorio registrar la compra - venta y uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Juticia frena explotación agrícola en isla entrerriana
Frenaron definitivamente explotación sojera y maicera en zona de islas protegida
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde 2008, la multinacional mantenía la explotación ilegal en la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Había intervenido el humedal con un terraplén de 19 kilómetros y un drenaje. Levantó silos y un enorme galpón para sus maquinarias. La máxima instancia judicial entrerriana le bajó el pulgar
La multinacional holandesa Bema Agri comenzó hace años a explotar territorio del humedal del Paraná, más precisamente las islas entrerrianas frente a Rosario y la región, para lo cual intervino con terraplenes, drenajes y rellenos poniendo en serio riesgo al frágil ecosistema insular, regulador del clima en la zona y fuente de biodiversidad. Las denuncias contra la incursión productiva intensiva en un ambiente que no la soporta fueron impulsadas principalmente por organizaciones y colectivos ecologistas. Difusión por redes sociales y algunos medios de comunicación, más presentaciones ante Tribunales, hicieron un ruido que destapó los oídos de las autoridades con jurisdicción en la zona, las de la Municipalidad de Victoria. El Ejecutivo local accionó para que cesara la actividad, ilegal por asentarse en áreas protegidas. Aunque obtuvo un fallo favorable en las primeras instancias, la firma apeló con un recurso que rechazó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Entre Ríos en un dictamen que se conoció este viernes y que pone punto final a la controversia, habilitando la recuperación de los terrenos invadidos.
El STJ entrerriano rechazó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por Bema Agri BV. La causa contra la firma holandesa es por la construcción de un muro de contención de 19 kilómetros de extensión en una isla del Delta, en jurisdicción de Victoria. Esa obra se complementa con un canal interior de drenaje, combo de intervenciones destinado a permitir una explotación agropecuaria intensiva.
Una década de ilegalidad y daño ambiental
Bema Agri había construido un dique en campos de islas del departamento Victoria, en la zona de la isla Irupé, sobre el arroyo Los Laureles. Desde 2008 venía realizando prácticas prohibidas: construcción de terraplenes para cercar superficie donde sembró soja y maíz. Allí habían montado una infraestructura con galpones para la maquinari y silos.
La comuna de Victoria ordenó el cese de la actividad, pero la firma recurrió a la Justicia desconociendo la potestad del municipio.
Bema Agri BV se constituyó en la Argentina entre fines de 2005 y principios de 2006. Está inscripta en la Afip como explotador de las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El gobierno entrerriano la intimó en 2009 a informarle sobre “cualquier actividad que estuviera desarrollando sobre la zona del Delta, debiendo presentar toda documentación habilitante y estudio de impacto ambiental hechos”. La holandesa respondió cuatro años después, en febrero de 2013, para blanquear una “obra de hidráulica de defensa de inundación para producción agrícola con rotación de cultivos y engorde de bovinos bajo sistema tradicional”. Continuó con las dilaciones y las actividades ilegales. Cuando levantó los silos y un enorme galpón, los colectivos ambientalistas renovaron las denuncias, ya con inocultables muestras de las violaciones jurídicas.
Hito en la jurisprudencia ambiental
Jorge Daneri, abogado de la Unidad de Vinculación Ecologista (UVE) de la Fundación de La Hendija, calificó la decisión judicial como “un hito central en una jurisprudencia que subraya la necesidad de atender muy especialmente la defensa de los humedales, frente a proyectos de agricultura extensiva o intervenciones inmobiliarias, como sucedió en el Caso Amarras, en Gualeguaychú”.
La causa, de acuerdo a lo que informa el portal Verde, está caratulado “Bema Agri B.V c/ la Municipalidad de Victoria y Estado Provincial (Contencioso Administrativo)”.
La sentencia del máximo organismo judicial ratifica lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná en julio de 2018. Entonces, los jueces Marcelo Baridón, Gisela Schumacher y Hugo González Elías no habían admitido la acción promovida por la empresa holandesa, que pretendía desarrollar actividades agrícolas en amplias extensiones con diques y terraplenes. El dato más grave: intervino un Área Natural Protegida por una ordenanza municipal y una ley provincial.
Daneri insistió en que el TSJ ratificó así “una jurisprudencia cada vez más sólida en defensa del sistema de humedales del Delta argentino, que da enorme valor a dos leyes de Áreas Naturales Protegidas Provinciales y a la norma constitucional entrerriana fruto de la reforma de 2008, que salvaguarda el sistema de humedales y sus ecosistemas asociados (leyes 9.485 y 9.718)”.
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Neuquén: quieren modificar ley de Bosques para más loteos
La nueva ley de Bosques habilitará loteos en nueve áreas de montaña de Neuquén
Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Fecha de Publicación: 28/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Organizaciones socioambientales cuestionaron los cambios propuestos por el Poder Ejecutivo y advirtieron que libera zonas de cerro Bayo y Chapelco para desarrollos inmobiliarios. El oficialismo busca aprobarlo en los primeros días de diciembre.
El proyecto de modificación de la ley de Bosques que presentó el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, habilitará la transformación de al menos nueve puntos clave en San Martín de los Andes y Villa La Angostura que ahora podrían ser explotados con fines inmobiliarios. Esa es la conclusión de las organizaciones socioambientales que participaron de los talleres para la actualización de la ley 2780 y que denuncian una “desprotección” de las zonas montañosas.
Si bien los cuatro mapas que el gobierno adjuntó al proyecto para su análisis en la Legislatura no permiten distinguir en detalle la afectación por localidad, en los presentados en los talleres de San Martín y La Angostura se pueden comparar los cambios propuestos en las categorías de riesgo.
Según planteó uno de los integrantes de la asamblea socioambiental de San Martín de los Andes, Marcelo Fernández, con estos cambios, de las 140 hectáreas en el cerro Chapelco pasarían a verde “las 75 hectáreas que están más abajo, pegadas al Complejo Las Pendientes”. Cuestionó que “el espíritu de la ley permite aumentar el status de conservación, no bajarlo”.
Ayer también se pronunció la seccional Sur de ATE a través de un comunicado en el que manifestaron su “repudio y rechazo” al proyecto. Denunciaron que intenta “modificar las restricciones que la norma establece para el avance del negocio inmobiliario en Chapelco y Cerro Bayo al cambiar las categorías de preservación”.
Según el proyecto presentado por Gutiérrez, la cobertura total de superficie de bosque nativo cuando se aprobó la ley en 2012 era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. La categoría que más hectáreas incorporó fue la de color rojo, cuyo incrementó sería del 86%. Sin embargo, también lo hizo la verde, de menor protección, que se elevó por encima del 43%. En cambio, la amarilla cayó un 33%.
Eso es, en parte, porque la ley vigente contenía algunas categorías “intermedias” como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Los opositores al proyecto indicaron también que unas 900 hectáreas quedaron sin categoría y, por tanto, “desprotegidas”.
El objetivo del oficialismo es aprobar la modificación de la ley de Bosques en las sesiones del 4 y 5 de diciembre, las últimas del año. El miércoles, los diputados del Movimiento Popular Neuquino lograron aprobar una moción de preferencia para apurar su tratamiento, lo que generó críticas de casi todo el arco opositor por querer forzar un debate “exprés” para una norma de alta complejidad.
El proyecto deberá pasar por la comisión de Medio Ambiente el próximo miércoles, donde el MPN sólo tiene asegurados siete de los ocho votos que necesita para emitir despacho.
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Salta: audiencia por el basural de San Javier
Nueva audiencia por la contaminación en el vertedero San Javier
Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Fecha de Publicación: 27/11/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
La empresa que recolecta y trata los residuos salteños deberá presentar los estudios de impacto ambiental y dar cuenta del cumplimento de sus obligaciones contractuales.
Hoy se realizará una audiencia pública convocada por el juez Marcelo Domínguez, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en el marco de la causa por contaminación del vertedero San Javier iniciada por denuncia de vecina Jorgelina Franco, del barrio Solidaridad.
En la audiencia se evaluará el grado de cumplimiento de la Municipalidad de Salta y de la empresa Agrotécnica Fueguina con respecto a la resolución cautelar dictada por el juez en abril de este año, que emplazaba al Ejecutivo Municial para que en cuatro meses presentara la evaluación de impacto ambiental sobre la prefactibilidad, factibilidad y diseño de la construcción del Módulo IV del vertedero San Javier, así como el avance del proceso licitatorio de compra y colocación de la geo membrana destinada a cubrir la base de esta Trinchera.
La audiencia está convocada a partir de las 9, en el Salón de Grandes Juicios.
La demanda por contaminación presentada por Franco señala incumplimientos varios de parte de la empresa concesionaria, contratada en 1999.
Según Franco, que fue concejala del Partido Obrero, Agrotécnica no realizó las inversiones obligatorias y en las zonas cercanas al relleno sanitario los vecinos conviven con "olores nauseabundos, distintos tipos de alimañas e insectos, sufriendo enfermedades infecciosas que provocan pérdida de cabello y granos cómo consecuencia de la contaminación ambiental".
Desde la empresa, Lucía Barcia, directora ejecutiva de la firma de la familia García, aseguró que en una década de trabajo en el lugar, "ni un solo empleado tuvo enfermedades de origen bacteriano, virales, respiratorias o producto de la contaminación", con lo que considera que no hay prueba suficiente de los vínculos entre lo que sucede en el vertedero y lo que les pasa a los vecinos.
"La gente que trabaja en el relleno no tiene enfermedades relacionadas con el relleno, ¿cómo puede haber personas que viven cerca y tienen enfermedades que dicen que están vinculadas con el relleno? En 10 años, ningún empleado se enfermó y ellos están adentro. Nunca se agarraron enfermedades virósicas, ni bacterianas, ni respiratorias. Nada. A mi me importa mucho la gente, esta es una empresa con un capital humano importante. Ninguno tiene enfermedades", dijo la abogada.
Con respecto al incumplimiento de obligaciones del contrato, entre los que se señala la falta del perímetro forestado que debería tener el predio donde se encuentran las trincheras, Barcia aseguró que en "no tuvimos suerte con los árboles". "Hicimos una plantación con una ingeniera ambiental forestal. Plantamos todos los árboles y no proliferaron, este verano vamos a cambiar las especies. Hubo buen perímetro, pero se murieron los árboles", dijo en entrevista con Salta/12.
Con respecto a la denuncia de Franco, la ejecutiva sostuvo que las denuncias tienen origen incierto y que, por otro lado, todos los rellenos sanitarios "son perfectibles". "Este es un relleno sanitario perfectible, mejorable, con un programa de mejoras continuas, pero es un relleno sanitario, con normas de rellenos sanitarios, es un lujo que la ciudad de Salta sea una de las pocas del país con un relleno sanitario, entonces más allá de los condimentos políticos, o las intencionalidades de los denunciantes, y nosotros quedamos en el medio. Los datos que denuncian no están contrastados empíricamente", aseguró.
Desde el PO, principal impulsor de la denuncia, la concejala Cristina Foffani aseguró que la empresa recibe "casi tres millones de pesos por día" y que la última gestión del intendente Gustavo Sáenz no la obligó a realizar las inversiones necesarias "para que cumpla con su obligación de depositar la basura en un relleno sanitario". "Fueguina se lleva la cuarta parte del presupuesto anual del municipio y está provocando una brutal contaminación", señala la concejala.
Foffani se refirió al contrato que en la última redeterminación de precios abona honorarios por $70.548.785 a Agrotécnica Fueguina, un total que representa unos 2,3 millones de pesos por día y que en diciembre próximo se actualizará de manera retroactiva hasta marzo de 2019.
"Es un importe muy bajo comparado con otras ciudades. Lo podemos soportar porque es una empresa familiar", señaló por su parte Barcia y agregó que, de ese monto, solo una parte se dedica al relleno.
La discusión por la geomembrana
Entre los temas centrales de la denuncia se encuentra la compra de una geomembrana para proteger de posibles filtraciones de líquidos lixiviados en la Trinchera IV, una inversión que ronda los ocho millones de dólares y que ni el municipio ni la empresa están dispuestos a realizar.
Según Barcia, esa compra debe hacerla la ciudad, pero el Tribunal de Cuentas rechazó el decreto de Sáenz que ordenaba la compra de la geomembrana por tratarse de una obligación de la empresa contratada.
De esta manera, la apertura de la nueva trinchera se sigue postergando, mientras los camiones siguen "rellenando" la Trinchera I, colapsada y reabierta también con autorización de la comuna. "Esto es un relleno de cuidado. Se sigue rellenando por autorización de la Municipalidad, el municipio lo autorizó. No es difícil reabrir trincheras", aseguró Barcia y señaló que se están realizando los estudios de impacto ambiental para la apertura de la nueva trinchera, que podría ponerse a funcionar en los próximos meses. "Si me preguntan por qué no se abrió antes la nueva trinchera, no lo sé", agregó.
"Nosotros hacemos todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de rellenos sanitarios de tratamientos físicos de lixiviados y de la planta de gas. Suficiente no es nada, pero hacemos todo lo que se puede hacer. Tenemos una planta de biogás, que no hay muchas y por lo menos el 50% del metano que perfora el ozono, acá se elimina. Hay cosas para mejorar, muchísimas", dijo.
La definición sobre la situación de la contaminación en el vertedero San Javier está en manos de la justicia, mientras el contrato con Agrotécnica Fueguina entra en su tramo final y será el municipio el que defina su continuidad o un nuevo llamado a licitación para la gestión del servicio más costoso que debe afrontar la ciudad.
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Mendoza: comunas rechazan actividad minera en sus zonas
Los jefes comunales también quieren zonificar la minería
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Media sanción en Santa Fe a cambio de ley de agroquímicos
Diputados aprobó otro cambio en la ley de agroquímicos de Santa Fe
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y dio media sanción a un proyecto para modificar la ley provincial 11.273, que regula el uso de productos fitosanitarios en la región, y ampliar los límites para la fumigación. Además, la iniciativa propone sanciones más severas para los infractores.
Tras obtener media sanción este jueves por la tarde en la Cámara Baja, la propuesta quedó en manos de los senadores santafesinos.
Entre los principales cambios a la normativa vigente, se encuentra la ampliación de los límites para la fumigación terrestre y aérea en áreas urbanas. En el primer caso, la distancia en las zonas urbanas pasaría de 500 metros a 1.000 metros, y en el segundo de 3.000 a 5.000 metros.
"Consideramos que es un avance en relación a la actual ley vigente en la provincia y si bien no llena todas nuestras expectativas, estamos contentos con el avance logrado", indicaron desde la multisectorial Paren de Fumigarnos, a través de un comunicado, y agregaron: "Ahora este proyecto pasa a la Cámara de Senadores, donde seguiremos al pie del cañón para que sea aprobado definitivamente".
Además de las limitaciones más rigurosas, el proyecto contempla sanciones más severas para los infractores y la conformación de un órgano de aplicación de sanciones que involucre a más de un Ministerio (actualmente el control está en manos de Producción, con la mosificación se sumarían Ambiente y Salud).
En tanto, la nueva regulación eliminaría las excepciones a los municipios o comunas que cuentan con ordenanzas que permitan la aplicación de algunos productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros.
Hasta el momento, en Santa Fe rige la Ley Provincial 11273 de Productos Fitosanitarios, la cual establece en su capítulo 11, de sanciones y prohibiciones, lo siguiente:
ARTÍCULO 33. Prohíbese la aplicación aérea de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 3.000 metros de las plantas urbanas. Excepcionalmente podrán aplicarse productos de clase toxicológica C o D dentro del radio de 500 metros, cuando en la jurisdicción exista ordenanza municipal o comunal que lo autorice, y en los casos que taxativamente establecerá la reglamentación de la presente. Idéntica excepción y con iguales requisitos podrán establecerse con los productos de clase toxicológica B para ser aplicados en el sector comprendido entre los 500 y 3.000 metros.
ARTÍCULO 34. Prohíbese la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicológica A y B dentro del radio de 500 metros de las plantas urbanas. La aplicación por este medio de productos de clase toxicológica C y D se podrá realizar dentro del radio de los 500 metros y conforme a la reglamentación.
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Jugada del gobierno a favor de Bayer-Monsanto
Semillas: caído el proyecto de ley, buscan reflotar una norma de 2006
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Tras la pérdida de estado parlamentario del proyecto oficial para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, en la cadena agroindustrial hay expectativas, y a la vez temores, sobre los pasos que podría dar el Gobierno en esta materia en los próximos días.
Según contaron a LA NACION referentes del sector, autoridades del Ministerio de Agricultura de la Nación les hicieron saber dos cosas. Por un lado, se buscaría reflotar, con cambios, una resolución de 2006 que dispuso que los agricultores solo podían utilizar semillas propias para hacer la misma superficie que implantaron con semillas certificadas en el ciclo anterior.
Por otra parte, podría modificarse el actual sistema ligado a Bolsatech para el análisis de tecnologías en semillas de soja.
La resolución 338 de 2006 en su momento estableció que no se podrá emplear para uso propio más semilla de la que se sembró con productos certificados. En esa oportunidad fijó como autoridad de aplicación al Inase, pero en la cadena indican que no se terminó de implementar.
Ahora, según pudo confirmar LA NACION, el Instituto Nacional de Semillas (Inase) convocó para el próximo jueves a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde está el sector privado. Figura como tema el "proyecto de implementación de la resolución 338/2006".
Bolsatech
En 2016, tras lanzar una variedad de soja resistente a insectos, Monsanto comenzó a hacer controles propios para detectar en el grano si el productor había pagado por su tecnología. Incluso, en contratos de los agricultores con exportadores había una cláusula que habilitaba los controles.
Eso generó una fuerte disputa con entidades del agro. En ese momento, el exMinisterio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, sacó una resolución, la 207, prohibiendo los controles privados y dejando los mismos en manos del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Esa norma se prorroga todos los años.
Desde el sector privado, en ese marco se creó Bolsatech, al que adhirieron bolsas de cereales y cámaras arbitrales, para la administración, toma de muestras y gestión de datos de los análisis sobre semillas. Así, en lugar de ir a Monsanto, la información va primero al Inase.
Este último sistema se viene aplicando y, según dicen en el sector, con óptimos resultados. Sin embargo, la intención oficial sería modificarlo o darlo de baja. En las últimas horas hubo intensas negociaciones entre el sector privado y público.
"Es difícil de entender por qué a poco de cambiar el gobierno, se propone modificar un control que hace a la trazabilidad y da garantía a toda la cadena comercial", dijo un integrante de la cadena.
Según indicó, una propuesta que llegó al sector es pasar de un control del 100% a un muestreo aleatorio. "Eso es impracticable", agregó.
En sectores ligados con la exportación temen que una eventual baja del actual sistema traiga problemas con la venta al exterior de soja. Argumentan que quedaría desprotegido el marco para las empresas de tecnología y recuerdan que hoy es Bayer quien emite los certificados para la tecnología que se vende a China.
En esta línea, la fuente alertó por riesgos de "salir de un control del 100% implementado por Bolsatech con el Inase a un muestreo dirigido sin conocer los criterios. Esto podría significar que los exportadores vuelvan a tener problemas con los certificados de bioseguridad que los tienen las empresas titulares de los eventos que se usan".
Fuentes oficiales consultadas dijeron ayer que no había "nada" en relación a este último tema que circula en la cadena.
La convocatoria que se conoció del Inase dice, además de llamar al sector para abordar la resolución 338 de 2006, que se tratará la "renovación" de la resolución 207/2016, es decir la que en su momento le puso un marco a la disputa que se había generado con Monsanto.
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Neuquén: cambio en la ley de bosques que genera malestar
Gutiérrez apura en Legislatura un cambio en la ley de bosques nativos
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén
Presentó un proyecto para modificar el ordenamiento territorial en zona montañosa a menos de tres semanas de que finalicen los mandatos legislativos.
El Movimiento Popular Neuquino buscará aprobar con tratamiento exprés una modificación a la actual Ley de Bosques presentada por el gobernador Omar Gutiérrez a menos de tres semanas del cambio de gestión. Ayer consiguió que se apruebe una moción de preferencia para que se trate en las últimas sesiones del año y la votación anticipó la polémica que traerá consigo el proyecto, pues casi todos los bloques opositores plantearon su rechazo por lo intempestivo de la presentación.
Si bien desde el oficialismo fundamentaron que se trata sólo de una actualización del relevamiento territorial de bosques y aseguraron que se realizaron las consultas necesarias, el debate promete empañar el final de gestión tras un año de baja intensidad en la Cámara.
“No convirtamos en un escándalo un tema que es clave para el desarrollo turístico de la provincia y que merece ser tratado con responsabilidad”, planteó el diputado Raúl Podestá (Frente Grande), quien alertó que la modificación de la ley de bosques “no fue tratada en los consejos consultivos” de la zona. Añadió que los talleres en Villa La Angostura y en San Martín de los Andes “han sido absolutamente críticos a las modificaciones propuestas”.
Su par Guillermo Carnaghi (FpV) también cuestionó que se haga “un tratamiento exprés” y advirtió que el proyecto, entre otras cuestiones, “define si se puede lotear o no en el complejo de esquí de Chapelco”. “Requiere un trabajo profundo y de consultas”, sostuvo.
Según dijo esta semana el ministro de Producción, Facundo López Raggi, los cambios propuestos incorporan unas 50.000 hectáreas de bosques a las áreas protegidas. También argumentó que supone una actualización de los últimos cinco años y que ajusta los criterios de zonificación a la ley nacional. El proyecto modifica 15 artículos de la ley 2780 aprobada en 2011 y deroga otros dos.
Desde la oposición sugirieron que el tema debería ser tratado por la próxima gestión legislativa que comenzará el 10 de diciembre pues sólo quedan dos sesiones ordinarias antes de que finalicen los mandatos. “Es una temática compleja que no es sencilla de abordar. Lo correcto sería que lo discuta la nueva composición”, opinó Santiago Nogueira (Libres del Sur).
El apuro para tratar el proyecto también cayó mal porque la comisión de Ambiente que debería tratarlo se reunió dos veces en el año y ahora sería la encargada de debatir el proyecto en las últimas dos semanas de gestión. Su presidencia está en manos del oficialismo.
La moción de preferencia obtuvo ayer los votos del MPN, de sus aliados Susana Nieva (Adelante Neuquén) y Francisco Rols (FRIN), y de Alejandro Vidal (UCR), Gabriel Romero (Cumplir) y Juan Monteiro (Juntos por Neuquén).
Se debatirá en la comisión de Ambiente el próximo miércoles y luego pasará a la de Asuntos Constitucionales que se reúne los martes. Las últimas sesiones del año serán el 4 y 5 de diciembre.
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Detenidos por fumigar ilegalmente, detenidos
Detienen al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y a un aplicador por fumigar a 90 metros de dos escuelas
Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Fecha de Publicación: 23/11/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Ocurrió en Pergamino. El operativo fue parte de una causa originada en denuncias de los vecinos. Los detenidos utilizaban agrotóxicos que contaminó el agua del barrio.
El hecho casi no tiene antecedentes: la justicia detuvo al dueño de un campo, al ingeniero agrónomo y al aplicador por haber fumigado con agrotóxicos a 90 metros de casas y escuelas en Pergamino. El operativo fue parte de la causa originada por las denuncias de los vecinos que derivaron, primero, en el fallo que suspendió las fumigaciones en barrios donde se probó que el agua estaba contaminada y, luego, en el proceso a tres productores por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de contaminación del ambiente.
El miércoles a la mañana, una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a Marcelo Acerbo, propietario de un predio rural ubicado en el paraje J.A. de la Peña, en el partido de Pergamino; a José Luis Grattone, ingeniero agrónomo y arrendatario del campo; y a Cristian Taboada, empleado aplicador de los plaguicidas, por orden del titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, acusados de “violar las medidas precautorias dispuestas por la justicia sobre la prohibición para fumigar”
En concreto, el hecho que se les imputa es la aplicación de agrotóxicos a 90 metros de viviendas familiares y de dos establecimientos educativos: un jardín de infantes y uno de nivel medio.
Desde 2011, la abogada Sabrina Ortiz –hoy al frente de la organización Madres de Barrios Fumigados de Pergamino y querellante en la causa– viene denunciando las fumigaciones que, además de haber enfermado a toda su familia, le provocaron la pérdida de un embarazo y la obligaron a abandonar su casa.
Hace unos días, Villafuerte Ruzo había procesado a tres productores por encontrarlos “a prima facie” coautores penalmente responsables del delito de “contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos”.
En la causa judicial consta también una declaración testimonial del delegado municipal de J.A de la Peña, en donde Acerbo le habría dicho que lo dejara de denunciar "porque si no iba a tomar represalias" contra su familia.
"La circunstancia apuntada se enmarca en un acontecimiento de hostigamiento o amenaza a testigo o victima que a la luz de los hechos relatados entorpece la averiguación de la verdad y denota fuertes indicios acerca del comportamiento de los imputados, dato este ultimo que oportunamente habrá de valorarse en el transcurso del proceso y en la etapa respectiva" detalló Villafuerte Ruzo en la resolución que ordenó la detención de Acerbo.
Al ingeniero agrónomo, en tanto, se le imputó “su absoluta desaprensión” al autorizar al aplicador una fumigación con venenos en un sector prohibido por la ordenanza local y "en tiempos en que se haya vigente una medida cautelar de protección a la salud, como la dictada para todo el ejido urbano de Pergamino".
Desde el juzgado de San Nicolás habían ordenado suspender la aplicación de agroquímicos en tres barrios de Pergamino, luego de que un grupo de vecinos encabezado por Ortiz denunciara los problemas de salud provocados en niños y adultos.
La decisión del juez se basó en un estudio de la Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de plaguicidas en las muestras de agua y estableció la prohibición a fumigar a menos de 1.095 metros en forma terrestre y a menos de 3.000 metros de forma aérea, respecto del casco urbano.
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Es Ley la lucha contra el cambio climático
La Cámara de Diputados sancionó la Ley de lucha contra el cambio climático
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
En la última sesión del año, la cámara de Diputados convirtió en ley la iniciativa que institucionaliza la lucha contra la crisis climática en la Argentina. El proyecto obtuvo 163 votos a favor y ninguno en contra. Además, hubo ocho abstenciones.
La norma, que fue aprobada sobre tablas y sin discusión, formaliza y da carácter de política de Estado al gabinete nacional de cambio climático, un organismo creado mediante el Decreto 891/2016.
En concreto, el gabinete funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete de ministros y es coordinado técnicamente por la secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
El cuerpo tiene la función de articular –entre las distintas áreas de gobierno– la implementación de un “Plan nacional de adaptación al cambio climático”. El Gabinete está integrado por los titulares de todos los ministerios, que representan la instancia política. El trabajo técnico, en tanto, se desarrolla a través de mesas temáticas y de puntos focales ministeriales.
Sus objetivos principales son tres: establecer estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático; promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero; y reducir la vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante la problemática.
A su vez, la ley establece la convocatoria a un Consejo Asesor Externo integrado por especialistas en la materia, quienes “asistirán en la elaboración de políticas públicas relacionadas con la Ley". También establece la obligación de los organismos del Poder Ejecutivo de aportar la información necesaria para la aplicación de la ley y establece su carácter público, y crea un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático.
El Consejo Asesor Externo deberá estar compuesto por científicos; representantes de organizaciones ambientales; comunidades indígenas, universidades; entidades académicas y empresariales; sindicatos; centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, las provincicas deberán adherir a los presupuestos mínimos establecidos por la Ley. Actualmente, la participación de las provincias se articula a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
La normativa había obtenido la media sanción del Senado en julio pasado. Fue impulsada a por el senador Fernando “Pino” Solanas y la senadora de Cambiemos, Lucila Crexell. Su propuesta recibió el enfático respaldo de los los jóvenes representantes de la Alianza por el Clima y Jóvenes por el Clima, quienes desde principio de año militaron por la sanción de la normativa mediante reuniones con legisladores y marchas en las calles.
De hecho, al celebrar la sanción de la Ley, el mismo Solanas agradeció a los grupos en sus redes sociales: “Gracias a @jovenesclimarg y la @AlianzaxelClima, a todos los que marcharon y se movilizaron durante todos estos años para hacer esto posible”, indicó.
En diálogo con Infobae, Stephanie Cabovianco, de Alianza por el Clima, destacó la sanción de la Ley:“Es un hito más en el impulso de la agenda socioambiental que los jóvenes de todo el país estamos logrando en conjunto. Celebramos el gran trabajo técnico detrás de su creación y especialmente el consenso entre los distintos espacios políticos para que sea posible. Los cambios radicales que pide la ciencia para lograr un mundo habitable requerirán de muchas instancias cómo estas a partir de ahora y en los próximos años”, indicó. La próxima convocatoria de la organización tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre, frente al Congreso.
El secretario de Ambiente, Sergio Bergman, celebró también la decisión de los legisladores. En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “¡Una noticia muy importante! Se aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos de #CambioClimático. De esta manera, se formalizará el trabajo implementado en el Gabinete Nacional de Cambio Climático, creado en 2016 y coordinado a nivel técnico por la secretaría de Ambiente”.
Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas también celebró la iniciativa y destacó el hecho de que las provincias deberán seguir la línea de la administración nacional: “Al ser una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que está basada en el artículo 41 de la Constitución Nacional, establece su obligatoriedad también para las provincias. Con esta ley van a tener que tener sí o sí políticas sobre el cambio climático".
Además, el proyecto establece expresamente el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (tanto globales como nacionales) así como el de prioridad en las políticas públicas hacia los sectores más vulnerables.”
Gabriela Cerruti, diputada del Frente para la Victoria, indicó al respecto: “Una vez más les jóvenes nos marcaron el camino. Una nueva marea verde salió a la calle, nos enseñó que el futuro es ahora y se metió en el palacio. Nos exigen que demos una respuesta y tenemos que estar a la altura, ser parte de la solución, trabajar en pos de que se comprenda que un modelo productivo sustentable es posible. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. La Ley es una excelente noticia, pero no contempla el rol de las provincias ni define fondos específicos. Esto no es un tema menor: Tenemos la obligación de garantizar que las normas puedan implementarse y convertirse efectivamente en políticas públicas concretas. Para profundizar en esta dirección, tenemos la esperanza de que la agenda ambiental sea central a partir del 10 de diciembre”.
Para Enrique Maurtua Konstantinidis, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales la sanción de la Ley “es un hito”: “Es algo fundamental, esto es un hito por la institucionalización del trabajo climático. Es importante mencionar que esta ley habrá que seguir trabajando en complementarla con otras; la crisis climática es un tema tan amplio y abarca a tantos sectores que una sola ley no los contempla. Esto se consiguió además con aportes de muchos sectores y muchos partidos y es muy valioso en un momento con el actual en donde se necesita construir consensos democráticamente”.
Los puntos centrales de la norma:
- Da un respaldo más sólido a la institucionalización del Gabinete Nacional de Cambio Climático, actualmente vigente mediante el Decreto 891/2016.
- Crea el Consejo Asesor Externo del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que deberá ser convocado por el Gabinete y cuyos miembros deberán ser: científicos, representantes de organizaciones ambientales, comunidades indígenas, universidades, entidades académicas y empresariales, sindicatos, centros de investigación públicos y privados, representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
- Establece la obligación de todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional de aportar la información necesaria para la aplicación de la Ley.
- Crea el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, para transparentar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y el monitoreo de las medidas de mitigación.
- Determina que todos los datos y documentos relacionados con la aplicación de la ley deben ser información pública ambiental, de acuerdo con las leyes 25.831 y 25.675.
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