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Chaco: confirman cautelar por desmontes
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Confirman la medida cautelar que suspendió desmontes en “Zona Amarilla” en el Chaco
Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.
El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.
No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Fecha de Publicación: 03/01/2020
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
Lo resolvió la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial en un fallo dictado a fines de noviembre. Así, ratificó la medida del juez Julián Flores, quién hizo lugar al planteo de la Defensoría del Pueblo del Chaco pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
Un fallo de segunda instancia confirmó la suspensión de los permisos para desmontes en “zona amarilla” otorgados por el gobierno del Chaco hasta tanto se resuelva una acción de amparo mediante la cual la Defensoría del Pueblo del Chaco pidió que se declaren nulos todos esos permisos por violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Así, se confirma la resolución de primera instancia del titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 de Resistencia, Julián Flores, quién había hecho lugar a la medida cautelar innovativa del ombudsman provincial pero que aún no se expidió sobre la cuestión de fondo.
La sentencia, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 27 de noviembre pasado, y lleva las firmas de los camaristas Fernando Heñin y Diego Derewicki. Confirma, así, la medida dictada por el juez Flores mientras se sustancia la acción de amparo sobre la que el juez de primera instancia deberá expedirse.
En la presentación realizada por la Defensoría del Pueblo del Chaco se señalaba que por el decreto Nº 298/19 se habían derogado tres disposiciones de la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco para “regular las presentaciones y evaluación de las solicitudes de revisión de categorías de conservación predial” -eufemismo técnico para referirse a los desmontes-. El decreto del por entonces gobernador Domingo Peppo buscaba crear un ámbito para garantizar la participación ciudadana y así recibir los aportes de las organizaciones ambientalistas. Sin embargo, esa resolución no había suspendido los desmontes por lo que solicitó a la justicia provincial la suspensión de esos permisos ya otorgados.
El fallo de Cámara
En sus fundamentos, el fallo de la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones recalca que la ley 26.331 señala en uno de sus artículos que no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos en las categorías I (Rojo) y II (amarillo). También subraya cuáles son los requisitos a cumplir por quienes soliciten autorización para manejo sostenible de bosques nativos clasificados en las categorías II (Amarillo) y III (Verde) y que tales planes de acción deberán elaborarse de acuerdo a la reglamentación que para cada región y zona establezca la Autoridad de Aplicación. En el caso del Chaco, esta recae en la Subsecretaría de Recursos Naturales, siempre dependiente del Ministerio de Producción, algo cuestionado por las organizaciones ambientalistas que reclaman que la conservación de los bosques nativos quede bajo el ámbito de las áreas de Ambiente.
El fallo de Cámara advirtió una contradicción en cuanto a la apelación de la medida cautelar por parte de la Fiscalía de Estado, teniendo en cuenta que el propio Poder Ejecutivo había anulado el decreto 233/17 por lo que, según los camaristas, “válido es suponer que lo motiva, o la insuficiencia de tal normativa o su no adecuación a los presupuestos mínimos estipulados en las normas superiores”.
No retroceder
Por otro lado, la sentencia de la Cámara subrayó que “no puede soslayarse que la modificación de las leyes ambientales en modo alguno puede implicar un retroceso en los niveles de protección existentes, sino que debe propender a incrementarlos, puesto que cualquier disminución en la protección colisionaría directamente con los principios ambientales de ‘no regresión ambiental’, ‘equidad intergeneracional’, ‘precautorio’, de ‘progresividad’ y de ‘sustentabilidad'”. En ese contexto, también citaron una resolución del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMa), la 236/12, que puntualiza que “los cambios de zonificación prediales deberán ser concedidos solamente para casos excepcionales y nunca ser de aplicación general y sistemática, debiendo manejarse un criterio coherente con el principio de no regresividad en materia ambiental”.
Por último, los camaristas descartaron que con la medida judicial se afecten los derechos de terceros, es decir, de aquellos propietarios de predios rurales que habían solicitado los permisos de desmonte, y también señalaron que la Fiscalía de Estado no contaba con legitimación para presentarse en defensa de derechos de terceros.
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Un triunfo contra la megaminería
Derogaron la ley que permitía el uso de tóxicos para la minería en Mendoza
Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
La Legislatura mendocina dejó sin efecto la ley 9209 y restauró la vigencia de la 7722. Los manifestantes que se habían movilizado una vez más en defensa del agua a la espera de la derogación celebraron el freno a la explotación minera contaminante.
La Legislatura de Mendoza derogó la ley 9209 , que habilitaba la minería contaminante-- y restauró la vigencia de la 7722. La derogación fue producto de las masivas protestas en rechazo al uso de cianuro y otros químicos peligrosos y fue celebrada por los manifestantes que también hoy se convocaron en defensa del agua a la espera de que los legisladores cumplieran la marcha atrás que el gobernador Rodolfo Suárez había anunciado el último viernes.
El debate arrancó temprano en el Senado mendocino. Con 34 votos a favor y dos en contra, esa Cámara dio media sanción al proyecto de derogación de la ley 9209. Las legisladoras que votaron en contra de la derogación fueron Gladys Ruiz (UCR) e Hilda Quiroga (Frente Elegí). Ambas son de Malargüe, la ciudad en la que la presión de las mineras viene siendo fuerte para que quede excluida de los alcances de la ley 7722 en caso de que se restaure de modo definitivo.
Tras la media sanción en el Senado, el texto fue girado de inmediato a Diputados. En menos de dos horas de debate esa Cámara sancionó la derogación.
Fuera de la Legislatura una concentración con la consigna “Mendoza despertó”, convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), siguió con atención las sesiones especiales. Los mendocinos que esperaron el resultado definitivo con bombos, redoblantes, pancartas y banderas celebraron la sanción de la derogación. La Legislatura estaba vallada y con un fuerte operativo policial.
El viernes el gobernador Rodolfo Suárez anunció que derogaría la ley que habilitaba el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro en la actividad. Lo hizo ante la fuerte presión de la ciudadanía mendocina, que de plano rechazó la introducción de la minería contaminante en esa provincia.
El último domingo un histórico banderazo fue parte de la espera de la derogación. Sucedió con mucha potencia en los departamentos del Valle de Uco y en Kilómetro 0, en la ciudad; también en Maipú, Malargüe, San Rafael, Luján, Potrerillos, Alvear y Las Heras. Miles de mendocinos se movilizaron con la bandera nacional, con la intención de mostrar que este es un conflicto en que “no hay grietas” ni “colores políticos” dentro de la comunidad. Suscita preocupación el destino del departamento de Malargüe, donde es fuerte la presión de las mineras para quedar por fuera de los alcances de la 7722 (para desarrollar proyectos mineros aunque sin cianuro) que esta tarde quedaría restaurada.
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Fecha de Publicación: 31/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
La Legislatura mendocina dejó sin efecto la ley 9209 y restauró la vigencia de la 7722. Los manifestantes que se habían movilizado una vez más en defensa del agua a la espera de la derogación celebraron el freno a la explotación minera contaminante.
La Legislatura de Mendoza derogó la ley 9209 , que habilitaba la minería contaminante-- y restauró la vigencia de la 7722. La derogación fue producto de las masivas protestas en rechazo al uso de cianuro y otros químicos peligrosos y fue celebrada por los manifestantes que también hoy se convocaron en defensa del agua a la espera de que los legisladores cumplieran la marcha atrás que el gobernador Rodolfo Suárez había anunciado el último viernes.
El debate arrancó temprano en el Senado mendocino. Con 34 votos a favor y dos en contra, esa Cámara dio media sanción al proyecto de derogación de la ley 9209. Las legisladoras que votaron en contra de la derogación fueron Gladys Ruiz (UCR) e Hilda Quiroga (Frente Elegí). Ambas son de Malargüe, la ciudad en la que la presión de las mineras viene siendo fuerte para que quede excluida de los alcances de la ley 7722 en caso de que se restaure de modo definitivo.
Tras la media sanción en el Senado, el texto fue girado de inmediato a Diputados. En menos de dos horas de debate esa Cámara sancionó la derogación.
Fuera de la Legislatura una concentración con la consigna “Mendoza despertó”, convocada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), siguió con atención las sesiones especiales. Los mendocinos que esperaron el resultado definitivo con bombos, redoblantes, pancartas y banderas celebraron la sanción de la derogación. La Legislatura estaba vallada y con un fuerte operativo policial.
El viernes el gobernador Rodolfo Suárez anunció que derogaría la ley que habilitaba el uso de sustancias químicas como el ácido sulfúrico y el cianuro en la actividad. Lo hizo ante la fuerte presión de la ciudadanía mendocina, que de plano rechazó la introducción de la minería contaminante en esa provincia.
El último domingo un histórico banderazo fue parte de la espera de la derogación. Sucedió con mucha potencia en los departamentos del Valle de Uco y en Kilómetro 0, en la ciudad; también en Maipú, Malargüe, San Rafael, Luján, Potrerillos, Alvear y Las Heras. Miles de mendocinos se movilizaron con la bandera nacional, con la intención de mostrar que este es un conflicto en que “no hay grietas” ni “colores políticos” dentro de la comunidad. Suscita preocupación el destino del departamento de Malargüe, donde es fuerte la presión de las mineras para quedar por fuera de los alcances de la 7722 (para desarrollar proyectos mineros aunque sin cianuro) que esta tarde quedaría restaurada.
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Hoy se derogaría la rechazada nueva ley minera de Mendoza
La Legislatura de Mendoza tratará la derogación de la ley de mineria
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Mendoza
Los senadores y diputados mendocinos tratarán este lunes en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara el viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.
El proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzará a tratarse partir de las 9 en el Senado y después, pasadas las 11, en la Cámara de Diputados.
El tratamiento legislativo para aprobar la derogación de la ley 9.209, y de esta manera restablecer la vigencia de la Ley 7.722, se da luego de que el gobernador Suárez (UCR) anunciara el viernes pasado, tras las protestas en contra de la normativa, que impulsaba la derogación de la norma recientemente aprobada por los legisladores.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: Noticias Urbanas
Provincia/Región: Mendoza
Los senadores y diputados mendocinos tratarán este lunes en sesión especial la derogación de la reciente Ley 9.209 que establecía modificaciones a la Ley 7.722, permitiendo el uso de sustancias químicas para la explotación minera, luego de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara el viernes que enviaría un proyecto para restablecer la vigencia de la anterior norma.
El proyecto para dejar sin efecto la norma que habilitaba el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el ácido sulfúrico, comenzará a tratarse partir de las 9 en el Senado y después, pasadas las 11, en la Cámara de Diputados.
El tratamiento legislativo para aprobar la derogación de la ley 9.209, y de esta manera restablecer la vigencia de la Ley 7.722, se da luego de que el gobernador Suárez (UCR) anunciara el viernes pasado, tras las protestas en contra de la normativa, que impulsaba la derogación de la norma recientemente aprobada por los legisladores.
Suárez, en conferencia de prensa, señaló que “para la exploración minera se necesitaban dos condiciones. Por un lado que se hiciera con estrictos controles y por el otro con el consenso social y esa licencia social no existe en Mendoza”.
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Kicillof también piensa en los agrotóxicos para su agenda
Agroquímicos, en la agenda 2020 de Kicillof
Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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Fecha de Publicación: 30/12/2019
Fuente: ABC Saladillo
Provincia/Región: Buenos Aires
Desde el equipo del gobernador bonaerense anunciaron que se trabajará para establecer pautas de fumigación para los distritos. En la actualidad, no hay una legislación que establezca los sistemas y cada comuna determina los parámetros para la aplicación de fitosanitarios. En ello trabaja el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante una visita a la localidad de Bolívar, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, mantuvo una serie de reuniones en las que avanzó en importantes anuncios. Vale recordar que, Rodríguez fue el encargado de organizar el encuentro entre el hoy gobernador, Axel Kicillof, y la sociedad rural de Bragado allá por febrero de este año donde comenzó a tomar forma la candidatura del ex ministro de Economía.
En definitiva, uno de los hombres que pertenecen al riñón del ex diputado nacional adelantó que la aplicación de los fitosanitarios en el territorio bonaerense será uno de los principales temas de la agenda de la cartera agropecuaria. Casi a la par de la búsqueda de la reactivación de la producción a través de créditos especiales.
De esa manera, Rodríguez anunció que en materia de agroquímicos se “avanzará en generar un espacio en donde podamos incorporar el conocimiento del INTA, universidades y otras organizaciones, con el objetivo de llevar adelante una serie de recomendaciones hacia los municipios sobre las pautas que deberían tenerse”.
Cabe recordar que, como informó LaTecla.info en sus informes especiales, desde hace varios años ya, el glifosato, por caso, pasó a ser la estrella de los agroquímicos en los campos argentinos y su aplicación desmedida trae consecuencias fatales para la sociedad. Vale recordar el emblemático caso de Pergamino, con vecinos afectados de cáncer en unas escasas cuadras de distancia.
En ese sentido, el ministerio de Agroindustria bonaerense que conducía Leonardo Sarquis en la era Cambiemos, ensayó una resolución, sin consenso legislativo, pero debió dar marcha atrás ante la presión judicial.
Conforme lo detallado en su momento, a finales de 2018, desde la cartera se buscó generar una alternativa mientras diputados y senadores avanzan en consensos para legislar sobre la aplicación de fitosanitarios. Lo cierto es que, en los cajones de la Legislatura ni siquiera duerme un proyecto de Ley relacionado a la problemática.
La resolución oficial fue dejada sin efecto una vez que la abogada Florencia Casamiquela, en representación de escuelas rurales de Chivilcoy, presentó un amparo por la fumigación cerca de zonas urbanas y establecimientos educativos. Dicho punto es el que presenta el mayor de los conflictos a la hora de avanzar en una solución a la aplicación de fitosanitarios. Es que, desde sectores productores buscan libertad plena a la hora de aplicar herbicidas sobre las plantaciones. Incluso, una vez que la Provincia dio marcha atrás con la resolución que permitía fumigar cerca de zonas urbanas y escuelas, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), pusieron el grito en el cielo y reclamaron “que tomen el toro por las astas”. Claro, la medida firmada por Sarquis que quedó sin efecto era a gusto de los productores.
Con dicho panorama, Casamiquela remarcó a LaTecla.info que «hacer frente a la problemática supone, en principio, asumir la problemática reconociendo que nuestra provincia se está fumigando indiscriminadamente afectando severamente la salud y la vida de los bonaerenses». De esa manera, subrayó: «Debemos tener voluntad y decisión política para regular la aplicación de fitosanitarios, el mundo entero avanza en esta sintonía. Nuestra provincia no puede seguir regresivamente manteniendo la desregulación, y la política no puede mirar para un costado».
«Establecer límites de respeto a las poblaciones rurales, establecimientos educativos y cursos de agua, acompañado de mecanismos de compensación son indispensables a la hora de garantizar modelos productivos que no afecten ni el derecho a la vida, ni el derecho a la salud, ni el derecho a un medio ambiente sustentable, y que a su vez sea rentable, seguro y saludable tanto para quien los produce como para quien los consume», subrayó la abogada y candidata a diputada bonaerense de Consenso Federal por la Cuarta Sección.
Así, sostuvo que con políticas públicas se puede avanzar en un control. Actualmente, “el contralor está en manos de los municipios, delegando el poder de policía y no tienen el poder suficiente para hacerlo”.
Uno de los casos testigos de la Provincia es el de San Antonio de Areco, que junto con Bolívar, se convirtieron en los primeros distritos en generar ordenanzas que regularicen la aplicación. “Hace 4 años que esta prohibida la fumigación aérea y no hemos tenido ningún problema con eso. Siempre hay puja de intereses con productores y no son todos iguales. Quienes más reaccionaron fueron los grandes, pero hoy convivimos con eso y nadie dejó de producir”, lanzó a este medio, el intendente Francisco Durañona.
En ese marco, sostuvo que “si de verdad queremos promover el arraigo, hay que regular el uso del suelo para el hábitat y la producción, regular la aplicación de agroquímicos con sus límites y prohibiciones, garantizar cinturones y zonas verdes para la agricultura familiar natural, y garantizar propiedad de los predios a los pequeños y medianos productores familiares”.
En tanto, después de la marcha atrás de Agroindustria, y en el contexto de un año en clave electoral, la cartera que conduce Sarquis direccionó su trabajo en materia preventiva y fiscalizadora.
De esa manera, al tiempo que destacan que quienes deben llevar las riendas son los gobiernos municipales, detallaron que se realizaron 211 cursos de capacitación a operarios y se entregaron más de 7 mil carnets habilitantes, además de unas 500 fiscalizaciones. Asimismo, en el equipo provincial destacan la creación de un laboratorio para controlar la plaga de “tucuras”, que deriva en la disminución del uso de agroquímicos.
En definitiva, la aplicación a fitosanitarios no cuenta con una legislación provincial y los distritos están a la suerte de las políticas que puedan –o quieran – impulsar. Mientras, los productores aprovechan el vacío legal para continuar con la utilización desmedida en detrimento de los vecinos. En ese marco, Kicillof puso los fitosanitarios en la agenda 2020.
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El Palomar sigue generando acciones en la justicia
Cierre definitivo de El Palomar
Fecha de Publicación: 28/12/2019
Fuente: diario1588.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Solicitaron el cierre definitivo del aeropuerto El Palomar tras una nueva denuncia. Fue hecha por el grupo de vecinos que logró un amparo para limitar las operaciones nocturnas. El aeropuerto ubicado en El Palomar sumó una nueva denuncia debido a presunto exceso en límites de ruido que están permitidos. La denuncia fue hecha por los vecinos y presentada ante la jueza Martina Forns. En la nueva presentación se pide la clausura del lugar y que se terminen los vuelos comerciales. Hace algunos meses se habían suspendido los vuelos nocturnos. El abogado que presentó los primeros amparos, Lucas Marisi, expresó que “los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la ANAC falsificaron los límites máximos de ruido para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la población”. En cuanto a las denuncias presentadas, la de exceso de límites sonoros se hizo por última vez el 17 de diciembre. Los vecinos pudieron constatar por los últimos informes de mediciones de ruido que las mediciones fueron alteradas.
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Fecha de Publicación: 28/12/2019
Fuente: diario1588.com
Provincia/Región: Buenos Aires
Solicitaron el cierre definitivo del aeropuerto El Palomar tras una nueva denuncia. Fue hecha por el grupo de vecinos que logró un amparo para limitar las operaciones nocturnas. El aeropuerto ubicado en El Palomar sumó una nueva denuncia debido a presunto exceso en límites de ruido que están permitidos. La denuncia fue hecha por los vecinos y presentada ante la jueza Martina Forns. En la nueva presentación se pide la clausura del lugar y que se terminen los vuelos comerciales. Hace algunos meses se habían suspendido los vuelos nocturnos. El abogado que presentó los primeros amparos, Lucas Marisi, expresó que “los funcionarios del Ministerio de Transporte y de la ANAC falsificaron los límites máximos de ruido para ocultar el daño ambiental y el impacto acústico sobre la población”. En cuanto a las denuncias presentadas, la de exceso de límites sonoros se hizo por última vez el 17 de diciembre. Los vecinos pudieron constatar por los últimos informes de mediciones de ruido que las mediciones fueron alteradas.
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Victoria parcial para el ambiente en Mendoza
El gobierno de Mendoza suspendió la polémica reglamentación minera
Fecha de Publicación: 27/12/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador Suárez finalmente oyó los reclamos populares y suspendió la reglamentación de la modificación a la ley que regula la actividad en la provincia. Llamó al "diálogo".
"Existe la posibilidad de una consulta popular vinculante, aunque esperamos no llegar a esa instancia", fueron las palabras con las que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, comunicó la suspensión de la polémica reglamentación de la ley 7.722 que regula la actividad minera en la provincia y que con los últimos cambios parece hecha a pedido de las grandes empresas del sector.
El anuncio del mandatario provincial fue durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la polémica reforma, que provocó un descontento social que derivó en multitudinarias manifestaciones no solo en Mendoza sino también en distintos puntos del país. La situación se volvió violenta cuando días atrás la policía local reprimió a quienes protestaban.
Entre otros puntos que hicieron estallar el repudio a la modificación de la norma (aprobada el martes de la semana pasada por todas las bancadas de la legislatura provincial) se destaca el que permite el uso de sustancias tóxicas en la explotación minera.
Pese al rechazo generalizado, el gobernador remarcó su posición ampliamente favorable al permiso otorgado a las mineras. “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. ¿Por qué no se hizo antes? Participé en siete debates, lo dije en cada pueblo, la gente votó pero hay una realidad y es muy fácil inculcar miedo. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”, disparó el mandatario, claramente posicionado del lado de las mineras.
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Fecha de Publicación: 27/12/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Mendoza
El gobernador Suárez finalmente oyó los reclamos populares y suspendió la reglamentación de la modificación a la ley que regula la actividad en la provincia. Llamó al "diálogo".
"Existe la posibilidad de una consulta popular vinculante, aunque esperamos no llegar a esa instancia", fueron las palabras con las que el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, comunicó la suspensión de la polémica reglamentación de la ley 7.722 que regula la actividad minera en la provincia y que con los últimos cambios parece hecha a pedido de las grandes empresas del sector.
El anuncio del mandatario provincial fue durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la polémica reforma, que provocó un descontento social que derivó en multitudinarias manifestaciones no solo en Mendoza sino también en distintos puntos del país. La situación se volvió violenta cuando días atrás la policía local reprimió a quienes protestaban.
Entre otros puntos que hicieron estallar el repudio a la modificación de la norma (aprobada el martes de la semana pasada por todas las bancadas de la legislatura provincial) se destaca el que permite el uso de sustancias tóxicas en la explotación minera.
Pese al rechazo generalizado, el gobernador remarcó su posición ampliamente favorable al permiso otorgado a las mineras. “Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo para que la gente se informe, para que dé información genuina. ¿Por qué no se hizo antes? Participé en siete debates, lo dije en cada pueblo, la gente votó pero hay una realidad y es muy fácil inculcar miedo. Vamos a invitar a todas las entidades a que opinen. Aquí viven mis hijos, mis nietos y lo que más quiero es cuidar el agua”, disparó el mandatario, claramente posicionado del lado de las mineras.
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La Pampa lista para debatir una nueva Ley de Agroquímicos
Ya está el texto para la nueva Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».
Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».
Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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Fecha de Publicación: 26/12/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, ya terminó con la tarea de elaboración de la nueva ley de agroquímicos provincial. Así lo confirmó el titular de la cartera, Ricardo Moralejo, quien señaló que, cuando se retomen las actividades en la Cámara de Diputados, elevarán el proyecto para su tratamiento.
El proceso de elaboración de una nueva ley de agroquímicos para la provincia de La Pampa, que se viene desarrollando desde marzo de este año, finalmente llegó a su fin. La novedad fue confirmada a LA ARENA por el ministro Moralejo, quien afirmó que «el proyecto, desde el Ejecutivo, está terminado y está para elevarlo». Esto, según indicó el funcionario, ocurrirá cuando se reanuden las actividades en la Cámara de Diputados.
Tal como había anticipado este diario, entre los cambios que se prevén con el proyecto de una nueva normativa, y que sería una actualización de la actual ley 1173, el Ejecutivo provincial busca obtener «una acción mucho más rápida y efectiva».
Postergación.
Si bien la idea era presentarlo en el mes de noviembre, el trámite legislativo se pospuso para el 2020 ¿La razón? El cambio de composición de la Legislatura. Desde el Ministerio de Producción consideraron respetuoso que los legisladores y legisladoras que asumieron tengan tiempo de analizarla y luego tratarla.
Por estos motivos, esperarán hasta el 1 de marzo, día en el que se reanudarán las actividades en la Cámara de Diputados y se dará inicio formalmente al año legislativo, para elevar el proyecto. «Cuando vuelva la Legislatura lo vamos a enviar, pero ya está elaborado», precisó el funcionario.
En esa línea, el ministro Moralejo insistió en que «desde el Ministerio ya se ha formalizado el proyecto y está siguiendo el tramite administrativo de elevación para que pueda ser tratado».
Acción más rápida.
La intención del Gobierno provincial de avanzar en una nueva normativa fue anunciada por el propio Moralejo, durante el discurso que brindó en la inauguración de la Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, que se desarrolló en octubre de este año.
En aquel momento, y ante la consulta de este diario, Moralejo había adelantado que «la idea es que sea mucha más dinámica en la aplicación de la norma», y como ejemplo mencionó los controles de envases, de productos y de depósitos.
A su vez, había señalado que la necesidad de una nueva normativa se fundamenta en la necesidad de «tener una acción mucho menos burocrática». En ese sentido, consideró que la ley 1173 de agroquímicos, que actualmente rige en territorio pampeano, «no es mala» pero es necesaria «una actualización para hacerla más dinámica en la acción».
«Vamos a seguir trabajando con los artículos que están y adecuación de algunos. La idea es que sea dinámica en la aplicación», había enfatizado Moralejo.
Entre los cambios, el proyecto busca que se «identifique mejor los organismos competentes y le dé atribuciones más concretas. Eso nos va a permitir tener una acción mucho más rápida y efectiva».
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Mendoza: nueva ley de minería promulgada
Tras los incidentes en una marcha, el Gobierno de Mendoza promulgó la nueva ley de minería
Fecha de Publicación: 25/12/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Mendoza
Pese a las manifestaciones de los últimos días en contra de la iniciativa aprobada por la Legislatura, la medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia
El gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
Mientras algunos ciudadanos protestaron en contra de las modificaciones, otros marcharon a favor de la nueva normativa y de la actividad minera. La mayor concentración de este grupo se vio en el puente del río Malargüe, de la homónima localidad, donde por la tarde del lunes hubo cerca de dos kilómetros de autos encolumnados.
Además los empresarios del sector condenaron lo que calificaron como “manifestaciones intimidatorias y delictivas” por parte de quienes rechazan la medida y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.
Entre otras cosas, la ley también flexibiliza la legislación que estaba vigente en esta materia ya que permite el uso de sustancias como el cianuro, aunque mantiene la prohibición sobre el mercurio.
Por otra parte, establece que “en todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local”.
También crea una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, encargada de “el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas”.
Por último, la ley también agregó un artículo que ordena que “todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables” y la contratación de mano de obra de la zona.
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Fecha de Publicación: 25/12/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Mendoza
Pese a las manifestaciones de los últimos días en contra de la iniciativa aprobada por la Legislatura, la medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia
El gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
Mientras algunos ciudadanos protestaron en contra de las modificaciones, otros marcharon a favor de la nueva normativa y de la actividad minera. La mayor concentración de este grupo se vio en el puente del río Malargüe, de la homónima localidad, donde por la tarde del lunes hubo cerca de dos kilómetros de autos encolumnados.
Además los empresarios del sector condenaron lo que calificaron como “manifestaciones intimidatorias y delictivas” por parte de quienes rechazan la medida y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.
Entre otras cosas, la ley también flexibiliza la legislación que estaba vigente en esta materia ya que permite el uso de sustancias como el cianuro, aunque mantiene la prohibición sobre el mercurio.
Por otra parte, establece que “en todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local”.
También crea una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, encargada de “el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas”.
Por último, la ley también agregó un artículo que ordena que “todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables” y la contratación de mano de obra de la zona.
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Mendoza: tras los cambios en la ley minera hay movilización
Masiva marcha en Mendoza contra la ley que permite usar cianuro en la minería
Fecha de Publicación: 24/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Miles de personas marcharon este domingo en distintas localidades de Mendoza en contra de la reciente modificación de una ley que prohibía desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador radical Rodolfo Suárez evite promulgar la modificación de la ley 7722, impulsada por él y aprobada el viernes en un trámite exprés con el apoyo del peronismo.
La norma habilita el uso de sustancias como el cianuro, y el ácido sulfúrico (solo limita el mercurio) que, según ambientalistas, provocará la contaminación del agua en la provincia. La minería metalífera, agregan, demanda grandes cantidades de agua, un recurso vital y escaso en la región.
Pese a que el impulso del debate contó con el aval del presidente Alberto Fernández, la votación provocó grietas dentro del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Guillermo Carmona, por ejemplo, se hizo eco de las manifestaciones y le pidió al gobernador que no promulgue la ley. "Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada", escribió Carmona en Twitter.
Más tarde, el dirigente difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio.
Los activistas de la marcha, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, tienen previsto llegar esta mañana a la Casa de Gobierno. Entre ellos estará el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, quien confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El clima tenso alrededor de la iniciativa no comenzó este domingo, sino que ya se hizo notar la semana pasada, mientras se acercaba el momento de la votación. Hubo cortes de ruta en toda la provincia.
Sin embargo, el viernes el proyecto obtuvo en el Senado 29 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados 36 apoyos y 11 rechazos.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
Durante las protestas que comenzaron la semana pasada se difundió el celular de Suárez en las redes sociales, lo que provocó que el funcionario recibiera amenazas. Hasta ahora ya hubo cuatro detenidos, según fuentes judiciales.
Pasada la medianoche los manifestantes llegaron a Luján de Cuyo. Tienen previsto dormir en la ruta nacional 40 y mañana continuar hacia la capital de Mendoza.
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Fecha de Publicación: 24/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Miles de personas marcharon este domingo en distintas localidades de Mendoza en contra de la reciente modificación de una ley que prohibía desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador radical Rodolfo Suárez evite promulgar la modificación de la ley 7722, impulsada por él y aprobada el viernes en un trámite exprés con el apoyo del peronismo.
La norma habilita el uso de sustancias como el cianuro, y el ácido sulfúrico (solo limita el mercurio) que, según ambientalistas, provocará la contaminación del agua en la provincia. La minería metalífera, agregan, demanda grandes cantidades de agua, un recurso vital y escaso en la región.
Pese a que el impulso del debate contó con el aval del presidente Alberto Fernández, la votación provocó grietas dentro del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Guillermo Carmona, por ejemplo, se hizo eco de las manifestaciones y le pidió al gobernador que no promulgue la ley. "Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada", escribió Carmona en Twitter.
Más tarde, el dirigente difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio.
Los activistas de la marcha, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, tienen previsto llegar esta mañana a la Casa de Gobierno. Entre ellos estará el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, quien confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El clima tenso alrededor de la iniciativa no comenzó este domingo, sino que ya se hizo notar la semana pasada, mientras se acercaba el momento de la votación. Hubo cortes de ruta en toda la provincia.
Sin embargo, el viernes el proyecto obtuvo en el Senado 29 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados 36 apoyos y 11 rechazos.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
Durante las protestas que comenzaron la semana pasada se difundió el celular de Suárez en las redes sociales, lo que provocó que el funcionario recibiera amenazas. Hasta ahora ya hubo cuatro detenidos, según fuentes judiciales.
Pasada la medianoche los manifestantes llegaron a Luján de Cuyo. Tienen previsto dormir en la ruta nacional 40 y mañana continuar hacia la capital de Mendoza.
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Otra limitación legal de fumigaciones en Buenos Aires
Agroquímicos: un juez prohíbe las fumigaciones a menos de 1.500 metros
Fecha de Publicación: 23/12/2019
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires
Una denuncia penal presentada en la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental derivó en una resolución judicial con impacto en todas las zonas urbanizadas del frente costero marchiquitense.
Integrantes de diversas organizaciones ambientales y residentes del partido de Mar Chiquita recibieron el aval del juez en lo Civil y Comercial, Héctor Fabián Casas, quien resolvió a favor de la petición realizada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en materia ambiental Nº 11 para detener el uso y la aplicación de agroquímicos en diversas urbanizaciones de la zona costera del distrito.
Preocupados por la ausencia de resguardo sanitario y ambiental por parte de los funcionarios públicos del municipio, desde el Poder Judicial decretaron una medida protectora inmediata y decidieron impedir que los privados continúen con las acciones contaminantes y degradantes en todo el corredor poblacional que se extiende desde Santa Clara del Mar hasta la laguna de Mar Chiquita.
Casas resolvió la cuestión tan sola una semana después de realizada la presentación, lo que para los afectados muestra lo "contundente de la realidad adversa que vivimos".
La organización comunitaria en torno a esta grave problemática se inició hace un año, cuando varios vecinos decidieron comenzar a realizar diversas acciones para cambiar la situación impuesta por los explotadores agrícola-industriales en los campos lindantes a diversos barrios y localidades, entre ellos: Playa Dorada, Santa Elena, Frente Mar, Atlántida, Santa Clara del Mar, Camet Norte, La Caleta, Mar de Cobo, La Baliza, Parque Lago y el balneario Mar Chiquita.
El juez ordenó a los demandados abstenerse de aplicar, manipular, trasladar y disponer de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuo peligroso a una distancia menor a mil quinientos metros (1.500 mts) de zonas pobladas, escuelas rurales, núcleos de viviendas habitadas, cursos de agua tales como arroyos, lagunas y el Mar Argentino, postas sanitarias, centros asistenciales, villas recreativas y deportivas.
Las miradas están puestas sobre las firmas "Los Grobo Agropecuaria S.A.", "Echevarria Santiago y Echevarria Juan Sociedad de Hecho", "Garcia Carlos Alberto y Garcia Hector Roberto Sociedad de Hecho", "29 de junio S.A.", "Espartina S.A..", "Surco Sociedad Anónima Inmobiliaria Financiera Comercial e Industria", "Ganadera San Ramon S.A.", "Toledo Adalberto Obdulio", " Lavigne Jose Maria", "Ganadera San Ramón" y "Voyaguer S.A.".
Casas también dispuso a las empresas demandadas a abstenerse de circular con los equipos de aplicación terrestre (denominados "mosquitos" o cisternas contenedoras de químicos por medios de arrastre) por centros poblados y aclaró que, en caso de tener que hacerlo por extrema necesidad, deben concretarlo sin carga, limpios y sin picos pulverizadores.
La determinación judicial deberá ser comunicada además al Instituto Provincial de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Ambiente de la Nación y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Asuntos Agrarios y Pesca de la Provincia de Buenos Aires y, en su carácter de Autoridades de Aplicación de las leyes vinculadas, a la Municipalidad de Mar Chiquita y a la Dirección de Policía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
Además, se le requirió a la Municipalidad de Mar Chiquita informar en el término de cinco días hábiles sobre la existencia de reglamentación local que regule la aplicación, manipulación, traslado y disposición de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuos peligrosos. De no existir, el poder Ejecutivo y los concejales deberán avanzar en la conformación de una ordenanza.
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Mendoza habilita la megaminería
Es ley: los diputados aprobaron los cambios en la 7722
Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La sesión especial que comenzó después de las 14 en la cámara baja para tratar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado, finalmente se aprobó por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención en Diputados.
En sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. Por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención, se aprobó en la cámara baja.
El primer turno fue para los senadores. Allí se aprobó en general y en particular la reforma de la ley 7722, que restringe la minería. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Sin embargo, en ambas fuerzas hubo votos negativos.
Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora; Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
La reforma ha generado resistencia de asambleístas que se convocaron a manifestarse en la puerta de la Legislatura, donde hubo una fuerte presencia policial y luego, los manifestantes se dirigieron al nudo vial donde realizaron cortes en el tránsito vehicular. El operativo de seguridad se diseñó con el objetivo de evitar lo que pasó el último martes, cuando manifestantes bloquearon la Casa de las Leyes y retuvieron en su interior durante horas a legisladores, periodistas y empleados legislativos.
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Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La sesión especial que comenzó después de las 14 en la cámara baja para tratar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado, finalmente se aprobó por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención en Diputados.
En sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. Por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención, se aprobó en la cámara baja.
El primer turno fue para los senadores. Allí se aprobó en general y en particular la reforma de la ley 7722, que restringe la minería. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Sin embargo, en ambas fuerzas hubo votos negativos.
Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora; Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
La reforma ha generado resistencia de asambleístas que se convocaron a manifestarse en la puerta de la Legislatura, donde hubo una fuerte presencia policial y luego, los manifestantes se dirigieron al nudo vial donde realizaron cortes en el tránsito vehicular. El operativo de seguridad se diseñó con el objetivo de evitar lo que pasó el último martes, cuando manifestantes bloquearon la Casa de las Leyes y retuvieron en su interior durante horas a legisladores, periodistas y empleados legislativos.
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Vigilia contra la modificación minera de Mendoza
Los asambleístas de Mendoza en contra de la reforma a la ley de minería
Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
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Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
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Pergamino: justicia pide informes sobre la contaminación
La Fiscalía pidió un informe urgente sobre la contaminación en Pergamino
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires
Lo solicitó el fiscal federal Matías Di Lello a la autoridad de aplicación para verificar el cumplimiento de la ley de productos fitosanitarios.
El titular de la Fiscalía Federal de San Nicolás, Matías Di Lello, propuso una serie de medidas en el marco del expediente en el que se prohibió fumigar en Pergamino y zonas urbanas cercanas, luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas". Entre las diligencias se destaca la producción de un informe con carácter urgente, por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279, "respecto de la situación real" de la región "en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley".
La normativa versa principalmente sobre el manejo, el transporte y la disposición final de los envases de agroquímicos como potencial contaminante del ambiente y, en este caso, de las napas freáticas que arrojaron niveles de contaminación inesperados con 18 agrotóxicos. También establece criterios y responsabilidades de los actores en la cadena de importación, venta, distribución y uso de plaguicidas, específicamente vinculados a la alta toxicidad de los productos utilizados en el sistema de cultivo agroindustrial y sus respectivos contenedores.
El escrito presentado ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet. "En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico", propuso Di Lello.
Por otra parte, ante el cambio de autoridades de los poderes ejecutivos nacionales y provinciales, el representante del MPF le solicitó al juzgado que notifique personalmente a los titulares de las áreas pertinentes "sobre la existencia de esta causa, su problemática y la necesidad de contar con su intervención efectiva en cumplimiento de los deberes que les incumben".
La medida cautelar
En septiembre de este año el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, en línea con lo postulado por la Fiscalía Federal de esa jurisdicción y dos querellas, prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite "restrictivo y de exclusión" de 1.095 metros para aplicaciones terrestres y de tres mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la ley nacional de residuos peligrosos y envenenamiento de aguas potables, que determinaron la "presencia de daño genético en los organismos de las personas", según se indicó en aquella resolución.
La medida cautelar disponía la prohibición de uso "de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como de los siguientes plaguicidas: atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato, imidacloprid, desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax; en zonas urbanas y periurbanas".
El caso de Pergamino es el primero en el país en el que la Justicia Federal intervino por la contaminación de agroquímicos e impuso límites a su utilización en zonas periurbanas. "En general, hay numerosos casos en el país en los que tomó cartas en el asunto cada sistema judicial provincial, pero nunca había participado la Justicia federal", explicó el abogado Fernando Cabaleiro, quien colaboró en la fundamentación del planteo judicial realizado por la abogada Sabrina Ortíz, a LaCapital.
En la valoración de los hechos y pruebas sobre la contaminación con agrotóxicos tanto en las personas como en el agua, debidamente acreditadas en la causa penal, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, ponderó la información de carácter científico brindada por profesionales de diversas ramas de la ciencia.
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Arcioni insiste con la minería en la meseta central
Chubut: Arcioni vuelve a la carga para habilitar la explotación minera
Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
Poco después de asumir su segundo mandato, alineado ahora con el gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, reinstaló en la agenda un debate pendiente desde hace más de 10 años en esta provincia: la posibilidad de habilitar la explotación minera en la meseta central.
"Demos la discusión que tengamos que dar, de cara a la sociedad", disparó Arcioni durante los actos oficiales del 112º aniversario del descubrimiento de petróleo, en esta ciudad. Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el nuevo secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, convocara para hoy a las provincias con potencial minero, entre ellas Chubut.
Esta provincia todavía mantiene el pago escalonado de haberes y analiza avanzar con dos endeudamientos en letras para pagar los aguinaldos y sueldos de diciembre, luego de un conflicto con los gremios estatales que con paros y protestas mantuvieron en vilo la gestión de Arcioni tras su reelección, en junio pasado.
Sin embargo, las expectativas están puestas en el último recambio presidencial y en la posibilidad de que la provincia logre resolver el pago de sueldo a estatales -principal fuente de conflicto-, y los aumentos acordados a partir de un alineamiento político con la Nación.
Hensel, exministro de Minería de San Juan y ahora designado por Fernández en la secretaría nacional, trabaja para avanzar con proyectos en provincias en las que actualmente está restringida la actividad, como Chubut y su Proyecto Navidad (plata, cobre y plomo).
En el marco de los actos en Comodoro, el ministro de Hidrocarburos local, Martín Cerdá, admitió que Chubut analiza asistir a la reunión y que existe por parte de Nación una fuerte impronta para activar proyectos mineros en la provincia.
"Recibimos el jueves último la convocatoria de Hensel. Será un contacto con los ministros de la provincias que tiene actividad minera", dijo Cerdá. Y agregó: "Por los discursos que ha brindado el Presidente, en los que dijo que iba a priorizar el sector hidrocarburífero, minero y del campo, entiendo que se va a trabajar fuerte en ese sentido y veremos nosotros como nos posicionamos a futuro".
Prohibición vigente
Una ley prohíbe en Chubut la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro, pero impone, en un debate pendiente en la Legislatura desde hace más de 10 años, la necesidad de zonificar los lugares en donde, con consenso social, se podría avanzar con proyectos mineros.
Tras la convocatoria de la Nación, Arcioni sostuvo que "Chubut está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control".
El jueves, el gobernador se refirió a la actividad extractiva y señaló que "a Comodoro Rivadavia no se le consultó en su momento si tenía que ser o no extractivo el petróleo. Al contrario, se fomentó y se apoyó, se creó YPF, se fueron fomentando discusiones, pero lo cierto es que Comodoro fue el motor productivo de nuestro país", afirmó.
Sin embargo, el debate en torno a la nueva actividad productiva deberá sortear la resistencia de grupos antimineros. En una sesión de la Legislatura, a principios de mes, alrededor de 30 manifestantes irrumpieron en una sesión donde se trataba la nueva ley de ministerios.
A la salida del recinto, el grupo se enfrentó a policías que custodiaban la salida de diputados provinciales. El juez de garantías José García abrió una investigación contra seis manifestantes, los que fueron sometidos a una audiencia de control de detención.
Se trata de Juan Gigiarey, Roberta Gogorza, los hermanos Leonardo y Noelia Silva, Jairo Epulef y Fabiana Cartolano. De ahora en adelante, la fiscalía de Rawson tiene seis meses para investigar los hechos ocurrido frente a la Legislatura local. Los incidentes dejaron varios policías heridos.
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Fecha de Publicación: 19/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Chubut
Poco después de asumir su segundo mandato, alineado ahora con el gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, reinstaló en la agenda un debate pendiente desde hace más de 10 años en esta provincia: la posibilidad de habilitar la explotación minera en la meseta central.
"Demos la discusión que tengamos que dar, de cara a la sociedad", disparó Arcioni durante los actos oficiales del 112º aniversario del descubrimiento de petróleo, en esta ciudad. Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el nuevo secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, convocara para hoy a las provincias con potencial minero, entre ellas Chubut.
Esta provincia todavía mantiene el pago escalonado de haberes y analiza avanzar con dos endeudamientos en letras para pagar los aguinaldos y sueldos de diciembre, luego de un conflicto con los gremios estatales que con paros y protestas mantuvieron en vilo la gestión de Arcioni tras su reelección, en junio pasado.
Sin embargo, las expectativas están puestas en el último recambio presidencial y en la posibilidad de que la provincia logre resolver el pago de sueldo a estatales -principal fuente de conflicto-, y los aumentos acordados a partir de un alineamiento político con la Nación.
Hensel, exministro de Minería de San Juan y ahora designado por Fernández en la secretaría nacional, trabaja para avanzar con proyectos en provincias en las que actualmente está restringida la actividad, como Chubut y su Proyecto Navidad (plata, cobre y plomo).
En el marco de los actos en Comodoro, el ministro de Hidrocarburos local, Martín Cerdá, admitió que Chubut analiza asistir a la reunión y que existe por parte de Nación una fuerte impronta para activar proyectos mineros en la provincia.
"Recibimos el jueves último la convocatoria de Hensel. Será un contacto con los ministros de la provincias que tiene actividad minera", dijo Cerdá. Y agregó: "Por los discursos que ha brindado el Presidente, en los que dijo que iba a priorizar el sector hidrocarburífero, minero y del campo, entiendo que se va a trabajar fuerte en ese sentido y veremos nosotros como nos posicionamos a futuro".
Prohibición vigente
Una ley prohíbe en Chubut la explotación minera a cielo abierto y el uso de cianuro, pero impone, en un debate pendiente en la Legislatura desde hace más de 10 años, la necesidad de zonificar los lugares en donde, con consenso social, se podría avanzar con proyectos mineros.
Tras la convocatoria de la Nación, Arcioni sostuvo que "Chubut está capacitada para desarrollar sus recursos naturales con el debido control".
El jueves, el gobernador se refirió a la actividad extractiva y señaló que "a Comodoro Rivadavia no se le consultó en su momento si tenía que ser o no extractivo el petróleo. Al contrario, se fomentó y se apoyó, se creó YPF, se fueron fomentando discusiones, pero lo cierto es que Comodoro fue el motor productivo de nuestro país", afirmó.
Sin embargo, el debate en torno a la nueva actividad productiva deberá sortear la resistencia de grupos antimineros. En una sesión de la Legislatura, a principios de mes, alrededor de 30 manifestantes irrumpieron en una sesión donde se trataba la nueva ley de ministerios.
A la salida del recinto, el grupo se enfrentó a policías que custodiaban la salida de diputados provinciales. El juez de garantías José García abrió una investigación contra seis manifestantes, los que fueron sometidos a una audiencia de control de detención.
Se trata de Juan Gigiarey, Roberta Gogorza, los hermanos Leonardo y Noelia Silva, Jairo Epulef y Fabiana Cartolano. De ahora en adelante, la fiscalía de Rawson tiene seis meses para investigar los hechos ocurrido frente a la Legislatura local. Los incidentes dejaron varios policías heridos.
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El peronismo apoyaría la reforma de la 7722
Definen apoyo a la reforma minera
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: Jornada (Mendoza)
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: Jornada (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Los principales referentes del justicialismo mendocino fijarán posición sobre el tratamiento de la reforma de la ley 7722, proyecto enviado por el gobierno de Rodolfo Suárez. Esto dará inicio al profundo debate legislativo que se espera para los próximos días.
Hoy se realizará un plenario entre las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Medioambiente y Minería (de ambas cámaras), con el objetivo de tratar la reforma de la ley minera 7722, presentada por el gobernador Rodolfo Suarez.
Se trata de una ley muy discutida durante los últimos años, ya que limita la explotación minera metalífera a cielo abierto. En este contexto, el oficialismo intentará que el tratamiento del proyecto se realice cuanto antes y no se trabe en la Legislatura.
La buena noticia para Cambia Mendoza es que el peronismo apoyaría la modificación de la 7722, aunque es posible que planteen algunas modificaciones. Es en eso en lo que están trabajando los equipos técnicos de PJ.
Entre los cambios pedirían la creación de una Policía Ambiental, y la territorialización de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
En el plenario de hoy, a realizarse en el Salón Pasos Perdidos desde las 8.30 estarán presentes Anabel Fernández Sagasti, autoridades del PJ, además de los legisladores provinciales y nacionales para expresarse sobre las modificaciones en la Ley 7722.
También se espera que el gobierno provincial envíe esta semana el proyecto del Presupuesto 2020.
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El mejoramiento del basural salteño en la nada
El depósito que sacaría al vertedero del colapso quedó en foja cero
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se dio marcha atrás con la licitación para comprar la geomembrana que permite habilitar una nueva trinchera. Hace un año que el San Javier trabaja por fuera de su capacidad. La Justicia pidió informes.
Mediante una resolución, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la compra de la geomembrana impermeabilizante que permitía habilitar la trinchera 4 del vertedero San Javier para seguir depositando la basura. Sin este nuevo espacio, el relleno sanitario seguirá trabajando por fuera de su capacidad.
El juez que lleva adelante la causa por contaminación que iniciaron los vecinos contra la empresa que está cargo del servicio, Agrotécnica Fueguina, y la Municipalidad pidió informes. Marcelo Domínguez le dio al municipio tres días hábiles para responder el pedido bajo apercibimiento o multas en caso de no contestar.
En el último boletín oficial de la gestión saencista, se dio a conocer que mediante la resolución 3.042, la subsecretaría de contrataciones dejaba sin efecto la licitación que tenía como "presupuesto oficial autorizado" más de 29 millones de pesos.
Se argumentó la resolución en un pedido expreso del subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Normando Zúñiga, de dejar sin efecto el proceso, del director general de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda que sugirió lo mismo y por un pedido de informe del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas intercede en el proceso de adquisición de la compra de la geomembrana.
En abril del 2017, dictó la resolución 5.505 con la cual pudo tirar abajo la intención de la municipalidad de hacerse cargo de la compra. En aquella oportunidad el organismo observó que "no se encuentra justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad" financiar la geomembrana;e indicó que le correspondía a Agrotécnica.
Desde aquel momento la adquisición de la geomembrana comenzó un peregrinar que se vislumbraba cerca de resolverse. A pesar de la primera observación del Tribunal de Cuentas, ante los requerimientos del juez Marcelo Domínguez, el municipio se comprometió a costear el elemento impermeabilizante y aseguró que ya estaba abierto el proceso licitatorio. Sin embargo, con esta última resolución, el proceso volvió a cero.
Desde el tribunal de Cuentas aseguraron que la observación que hicieron en esta oportunidad no tiene que ver con quién la financia sino con que las ofertas de las empresas licitantes fueron presentadas en dólares. "Nosotros en el informe planteamos que no se podía determinar el costo real de la membrana por la cotización en dólares, que se debe determinar el monto real al momento de la operatoria. Había que hacer una actualización de valores", explicó Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas.
Consultado sobre si el financiamiento de la Municipalidad de la geomembrana no iría en contra del primer cuestionamiento que hizo el Tribunal de Cuentas en 2017; el funcionario desmintió la resolución 5.505, y aseguró que en "ningún momento se planteó la compra de la geomembrana, sino la construcción del vertedero 4 que incluía el cavado, la obra completa. Estaba cotizada como una obra de la que se tenía que hacer cargo el municipio", aseveró.
Al no poder habilitar la trinchera cuatro, en 2016 se reabrió la trinchera uno, que había sido cerrada en 1999. A principios de 2018, el coordinador del vertedero, Julio Cabral, indicó que le quedaba un año de vida útil. Es decir que hace casi un año que el vertedero trabaja por fuera de su capacidad.
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Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
Se dio marcha atrás con la licitación para comprar la geomembrana que permite habilitar una nueva trinchera. Hace un año que el San Javier trabaja por fuera de su capacidad. La Justicia pidió informes.
Mediante una resolución, se dejó sin efecto el proceso de licitación para la compra de la geomembrana impermeabilizante que permitía habilitar la trinchera 4 del vertedero San Javier para seguir depositando la basura. Sin este nuevo espacio, el relleno sanitario seguirá trabajando por fuera de su capacidad.
El juez que lleva adelante la causa por contaminación que iniciaron los vecinos contra la empresa que está cargo del servicio, Agrotécnica Fueguina, y la Municipalidad pidió informes. Marcelo Domínguez le dio al municipio tres días hábiles para responder el pedido bajo apercibimiento o multas en caso de no contestar.
En el último boletín oficial de la gestión saencista, se dio a conocer que mediante la resolución 3.042, la subsecretaría de contrataciones dejaba sin efecto la licitación que tenía como "presupuesto oficial autorizado" más de 29 millones de pesos.
Se argumentó la resolución en un pedido expreso del subsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Normando Zúñiga, de dejar sin efecto el proceso, del director general de Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda que sugirió lo mismo y por un pedido de informe del Tribunal de Cuentas.
No es la primera vez que el Tribunal de Cuentas intercede en el proceso de adquisición de la compra de la geomembrana.
En abril del 2017, dictó la resolución 5.505 con la cual pudo tirar abajo la intención de la municipalidad de hacerse cargo de la compra. En aquella oportunidad el organismo observó que "no se encuentra justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad" financiar la geomembrana;e indicó que le correspondía a Agrotécnica.
Desde aquel momento la adquisición de la geomembrana comenzó un peregrinar que se vislumbraba cerca de resolverse. A pesar de la primera observación del Tribunal de Cuentas, ante los requerimientos del juez Marcelo Domínguez, el municipio se comprometió a costear el elemento impermeabilizante y aseguró que ya estaba abierto el proceso licitatorio. Sin embargo, con esta última resolución, el proceso volvió a cero.
Desde el tribunal de Cuentas aseguraron que la observación que hicieron en esta oportunidad no tiene que ver con quién la financia sino con que las ofertas de las empresas licitantes fueron presentadas en dólares. "Nosotros en el informe planteamos que no se podía determinar el costo real de la membrana por la cotización en dólares, que se debe determinar el monto real al momento de la operatoria. Había que hacer una actualización de valores", explicó Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas.
Consultado sobre si el financiamiento de la Municipalidad de la geomembrana no iría en contra del primer cuestionamiento que hizo el Tribunal de Cuentas en 2017; el funcionario desmintió la resolución 5.505, y aseguró que en "ningún momento se planteó la compra de la geomembrana, sino la construcción del vertedero 4 que incluía el cavado, la obra completa. Estaba cotizada como una obra de la que se tenía que hacer cargo el municipio", aseveró.
Al no poder habilitar la trinchera cuatro, en 2016 se reabrió la trinchera uno, que había sido cerrada en 1999. A principios de 2018, el coordinador del vertedero, Julio Cabral, indicó que le quedaba un año de vida útil. Es decir que hace casi un año que el vertedero trabaja por fuera de su capacidad.
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Mendoza: funcionario explica las "bondades" de cianuro
Un funcionario de Suarez derribó mitos de la minería: "no irá a zonas protegidas y usará el 1% del agua"
Fecha de Publicación: 14/12/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Emilio Guiñazú, el heredado Subsecretario de Energía y Minería del esquema de Cornejo, salió al cruce de los cuestionamientos del proyecto de reforma de la ley antiminera 7722. Además explicó por qué el proyecto contempla el uso de cianuro pero mantiene la prohibición sobre el uso del mercurio.
El funcionario aseguró que hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia, "que avanzarían en lugares en donde no chocarían con el ordenamiento territorial" y que de aplicarse, la minería en Mendoza "usaría el 1% del agua disponible".
A dos días de haberse conocido el proyecto de Rodolfo Suarez que ingresó a la Legislatura para reformar la ley 7722, Guiñazú salió al cruce de los detractores de la posible reforma.
"Hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia en zonas en donde sabemos que se puede trabajar, en donde la actividad va a ser bien recibida y no va a tener problemas con el ordenamiento territorial de los municipios. Hay que recordar que las comunas tienen autonomía para definir su ordenamiento y nadie va avanzar sobre lugares donde la actividad sea rechazada", remarcó.
A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la situación del posible avance de la minería en el Valle de Uco, en donde la actividad tiene un fuerte rechazo y hay una importante cantidad de zonas y parques protegidos. "Nadie plantea poner una mina arriba de la Laguna del Diamante y es frustrante que a la gente le metan miedo con ese tipo de afirmaciones", señaló apelando a una exageración.
El ínfimo uso del agua
Otro de los mitos que rebatió Guiñazú fue el del uso del agua que hace la minería, afirmando que esa cantidad "es ínfima y no compite con ningún otro uso del agua a nivel económico ni con el uso humano".
De acuerdo a sus estadísticas esa dicotomía no existe y echó mano a la experiencia sanjuanina para fundamentarlo.
"Las tres mineras de San Juan, trabajando juntas no consumen el 1% del agua, eso es 400 litros por segundo. El río Jachal es un río de 10.000 litros por segundo y no se puede medir algo que vaya por debajo de los 500 metros por segundo, lo que significa que si todas las minas de San Juan estuvieran operando juntas no te darías cuenta en el caudal del río, porque esa ínfima cantidad no se puede medir", insistió.
Acercando la posibilidad de que avancen los proyectos mineros en la provincia, Guiñazú aseguró que el problema de la falta de agua en Mendoza no está atado al posible uso que pueda hacer la minería, sino a la falta de infraestructura que podría saldarse con la inversión que deje la misma minería.
"El 95% del agua de la provincia va a la agricultura, que va a riego, con una eficiencia promedio del 50%. Nosotros haciendo pequeñas inversiones en eficiencia de riego, haríamos disponible mucha más agua que la puede consumir la minería en el escenario más optimista en 10 años. Por ahí escuché que la minería pondría en riesgo el agua de uso potable, eso es una locura, si eventualmente en algún lugar hubiese un problema de agua, no se aprobará y punto, tenemos a la gente de Irrigación y Secretaría de Ambiente para que nos informe eso", rebatió.
Por qué mercurio no y cianuro sí
Entre los cambios que preve el proyecto de reforma de la ley 7722, resalta elque modifica el artículo 1 en donde se detallaba que se prohibía el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas. En la nueva letra sólo se prohíbe el mercurio.
"El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica que tiene resultados irreversibles, una vez que entra en el medio ambiente o un ser vivo no se puede remover y tiene efectos nocivos a largo plazo. Hoy no se usa obligatoriamente, hoy hay alternativas para separar por ejemplo el oro de la tierra, hoy sólo se usa en la minería artesanal. La persona que está en contacto con eso termina terriblemente enferma", explicó Guiñazú.
Paralelamente señaló que el cianuro tiene un impacto ambiental que cuantificó como mínimo.
"El cianuro, en cambio, es noble desde el punto de vista industrial, no explota, no es cancerígeno, no es mutágeno y no es biotransmisible. Supone que un pescado se muere envenenado con cianuro, si te comes ese pescado no te pasa nada. Se diluye o desaparece en cortísimo plazo. Si algo se mezcla con solución cianurada, se deposita en forma de sal en forma inerte, el riesgo de impacto ambiental o en la salud, es mínimo o nulo",concluyó.
Una dirección con presupuesto propio
Ante el pedido del gobernador Rodolfo Suarez, ahora la nueva Dirección de Minería, que estará a cargo de Santiago Fernández, quien desarrolló un plan bien valorado en el área del petroleo.
"El gobernador nos pidió trabajar con los más altos estándares en minería y por eso vamos a tener un presupuesto específico para esa dirección con la intención de avanzar como se hizo con el petróleo", remarcó Guiñazú.
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Fecha de Publicación: 14/12/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Emilio Guiñazú, el heredado Subsecretario de Energía y Minería del esquema de Cornejo, salió al cruce de los cuestionamientos del proyecto de reforma de la ley antiminera 7722. Además explicó por qué el proyecto contempla el uso de cianuro pero mantiene la prohibición sobre el uso del mercurio.
El funcionario aseguró que hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia, "que avanzarían en lugares en donde no chocarían con el ordenamiento territorial" y que de aplicarse, la minería en Mendoza "usaría el 1% del agua disponible".
A dos días de haberse conocido el proyecto de Rodolfo Suarez que ingresó a la Legislatura para reformar la ley 7722, Guiñazú salió al cruce de los detractores de la posible reforma.
"Hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia en zonas en donde sabemos que se puede trabajar, en donde la actividad va a ser bien recibida y no va a tener problemas con el ordenamiento territorial de los municipios. Hay que recordar que las comunas tienen autonomía para definir su ordenamiento y nadie va avanzar sobre lugares donde la actividad sea rechazada", remarcó.
A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la situación del posible avance de la minería en el Valle de Uco, en donde la actividad tiene un fuerte rechazo y hay una importante cantidad de zonas y parques protegidos. "Nadie plantea poner una mina arriba de la Laguna del Diamante y es frustrante que a la gente le metan miedo con ese tipo de afirmaciones", señaló apelando a una exageración.
El ínfimo uso del agua
Otro de los mitos que rebatió Guiñazú fue el del uso del agua que hace la minería, afirmando que esa cantidad "es ínfima y no compite con ningún otro uso del agua a nivel económico ni con el uso humano".
De acuerdo a sus estadísticas esa dicotomía no existe y echó mano a la experiencia sanjuanina para fundamentarlo.
"Las tres mineras de San Juan, trabajando juntas no consumen el 1% del agua, eso es 400 litros por segundo. El río Jachal es un río de 10.000 litros por segundo y no se puede medir algo que vaya por debajo de los 500 metros por segundo, lo que significa que si todas las minas de San Juan estuvieran operando juntas no te darías cuenta en el caudal del río, porque esa ínfima cantidad no se puede medir", insistió.
Acercando la posibilidad de que avancen los proyectos mineros en la provincia, Guiñazú aseguró que el problema de la falta de agua en Mendoza no está atado al posible uso que pueda hacer la minería, sino a la falta de infraestructura que podría saldarse con la inversión que deje la misma minería.
"El 95% del agua de la provincia va a la agricultura, que va a riego, con una eficiencia promedio del 50%. Nosotros haciendo pequeñas inversiones en eficiencia de riego, haríamos disponible mucha más agua que la puede consumir la minería en el escenario más optimista en 10 años. Por ahí escuché que la minería pondría en riesgo el agua de uso potable, eso es una locura, si eventualmente en algún lugar hubiese un problema de agua, no se aprobará y punto, tenemos a la gente de Irrigación y Secretaría de Ambiente para que nos informe eso", rebatió.
Por qué mercurio no y cianuro sí
Entre los cambios que preve el proyecto de reforma de la ley 7722, resalta elque modifica el artículo 1 en donde se detallaba que se prohibía el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas. En la nueva letra sólo se prohíbe el mercurio.
"El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica que tiene resultados irreversibles, una vez que entra en el medio ambiente o un ser vivo no se puede remover y tiene efectos nocivos a largo plazo. Hoy no se usa obligatoriamente, hoy hay alternativas para separar por ejemplo el oro de la tierra, hoy sólo se usa en la minería artesanal. La persona que está en contacto con eso termina terriblemente enferma", explicó Guiñazú.
Paralelamente señaló que el cianuro tiene un impacto ambiental que cuantificó como mínimo.
"El cianuro, en cambio, es noble desde el punto de vista industrial, no explota, no es cancerígeno, no es mutágeno y no es biotransmisible. Supone que un pescado se muere envenenado con cianuro, si te comes ese pescado no te pasa nada. Se diluye o desaparece en cortísimo plazo. Si algo se mezcla con solución cianurada, se deposita en forma de sal en forma inerte, el riesgo de impacto ambiental o en la salud, es mínimo o nulo",concluyó.
Una dirección con presupuesto propio
Ante el pedido del gobernador Rodolfo Suarez, ahora la nueva Dirección de Minería, que estará a cargo de Santiago Fernández, quien desarrolló un plan bien valorado en el área del petroleo.
"El gobernador nos pidió trabajar con los más altos estándares en minería y por eso vamos a tener un presupuesto específico para esa dirección con la intención de avanzar como se hizo con el petróleo", remarcó Guiñazú.
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Cueva de las Manos: cuestionan exploración minera
Cuestionan la autorización a minera a explorar cerca de Cueva de las Manos
Fecha de Publicación: 12/12/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
El diputado Daniel Roquel (Unidos) ya trabaja para conocer detalles de la autorización a minera que le permite explorar a 17 km del sitio arqueológico. “Nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente”, expresó.
La semana pasada, bajo el título “Fallo a favor de una minera le permitiría explorar a 17 km de la Cueva de las Manos”, informábamos que la Justicia había rechazado la apelación interpuesta por una fundación, luego de que la Secretaría de Estado y Minería permitiera los trabajos de exploración a Patagonia Gold en el área denominada Cerro Bandurria.
El fallo con fecha 5 de noviembre del juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, fue ante la presentación de la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo a 17 kilómetros de la Cueva de Las Manos y a 70 kilómetros de la Ruta 40.
Cuidar el ambiente- Desde la oposición, particularmente el nuevo bloque conformado en la Cámara de Diputados, ya se mostraron preocupados por este tema y seguramente harán algún pedido de informes. De hecho, previo al momento de la jura, el diputado Daniel Roquel (Unidos) indicó a TiempoSur que es uno de los primeros temas que abordará como legislador.
“Hay un tema puntual acerca de la minería, de la Cueva de las Manos, en eso creo que tenemos que ser muy cautos. Entendemos que la minería nos deja muchos recursos, pero también hace un daño enorme al medio ambiente si no se hace con cuidado”, manifestó el legislador de Juntos por el Cambio.
Sobre el permiso de cateo a Patagonia Gold, expresó: “Ya estamos estudiando y trabajando sobre qué hacer, porque nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente que tenemos, que es uno solo y lo tenemos que preservar”.
Los argumentos del juez- Es importante recordar que la resolución de Bersanelli es de segunda instancia, ya que el accionar en la Secretaría de Minería, al ser autoridad de aplicación, se entiende como la primera, en la cual el área en cuestión permitió la tarea de exploración a la empresa, que solicitó el 7 de octubre de 2015 y que fue autorizado por la Policía Minera en mayo del 2016, previa autorización del informe de impacto ambiental.
En el extenso fallo, de 30 fojas, el magistrado señaló, entre varios puntos, que “la protección del paraje alcanza un área de 600 hectáreas, con más de una zona circundante a modo de buffer, y que dicha área protegida no se encuentra alcanzada por el cateo Bandurria, no se advierte motivo para la intervención de la entidad nacional que reclama la recurrente”.
Agregó que “la relativa cercanía del paraje Cueva de las Manos” ya había sido tenida en cuenta por la Dirección General de Catastro Minero, como así también en el informe de impacto ambiental.
Y que la demandante advierte que los pozos exploratorios que se pretenden realizar “se encuentran dentro del área de máxima protección establecida por la norma y no dentro del área de Amortiguamiento”.
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Fecha de Publicación: 12/12/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Santa Cruz
El diputado Daniel Roquel (Unidos) ya trabaja para conocer detalles de la autorización a minera que le permite explorar a 17 km del sitio arqueológico. “Nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente”, expresó.
La semana pasada, bajo el título “Fallo a favor de una minera le permitiría explorar a 17 km de la Cueva de las Manos”, informábamos que la Justicia había rechazado la apelación interpuesta por una fundación, luego de que la Secretaría de Estado y Minería permitiera los trabajos de exploración a Patagonia Gold en el área denominada Cerro Bandurria.
El fallo con fecha 5 de noviembre del juez Marcelo Bersanelli, a cargo del Juzgado de Primera Instancia N°1 en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería, fue ante la presentación de la Fundación “Flora y Fauna” por la disposición que permitió a Patagonia Gold iniciar los trabajos de cateo a 17 kilómetros de la Cueva de Las Manos y a 70 kilómetros de la Ruta 40.
Cuidar el ambiente- Desde la oposición, particularmente el nuevo bloque conformado en la Cámara de Diputados, ya se mostraron preocupados por este tema y seguramente harán algún pedido de informes. De hecho, previo al momento de la jura, el diputado Daniel Roquel (Unidos) indicó a TiempoSur que es uno de los primeros temas que abordará como legislador.
“Hay un tema puntual acerca de la minería, de la Cueva de las Manos, en eso creo que tenemos que ser muy cautos. Entendemos que la minería nos deja muchos recursos, pero también hace un daño enorme al medio ambiente si no se hace con cuidado”, manifestó el legislador de Juntos por el Cambio.
Sobre el permiso de cateo a Patagonia Gold, expresó: “Ya estamos estudiando y trabajando sobre qué hacer, porque nadie se opone por oponerse, sino que se trata de cuidar lugares turísticos y el medio ambiente que tenemos, que es uno solo y lo tenemos que preservar”.
Los argumentos del juez- Es importante recordar que la resolución de Bersanelli es de segunda instancia, ya que el accionar en la Secretaría de Minería, al ser autoridad de aplicación, se entiende como la primera, en la cual el área en cuestión permitió la tarea de exploración a la empresa, que solicitó el 7 de octubre de 2015 y que fue autorizado por la Policía Minera en mayo del 2016, previa autorización del informe de impacto ambiental.
En el extenso fallo, de 30 fojas, el magistrado señaló, entre varios puntos, que “la protección del paraje alcanza un área de 600 hectáreas, con más de una zona circundante a modo de buffer, y que dicha área protegida no se encuentra alcanzada por el cateo Bandurria, no se advierte motivo para la intervención de la entidad nacional que reclama la recurrente”.
Agregó que “la relativa cercanía del paraje Cueva de las Manos” ya había sido tenida en cuenta por la Dirección General de Catastro Minero, como así también en el informe de impacto ambiental.
Y que la demandante advierte que los pozos exploratorios que se pretenden realizar “se encuentran dentro del área de máxima protección establecida por la norma y no dentro del área de Amortiguamiento”.
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Megaoperativo en Santa Fe por contaminación ambiental
Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial
Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este miércoles continúan los operativos Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas. En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este martes por la mañana personal de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en el Parque Industrial de Sauce Viejo a raíz de una investigación por presunta contaminación ambiental.
El procedimiento fue encabezado por personal de la PFA, delegación local, junto a las delegaciones de San Nicolás, Paraná, Rosario, y de otras localidades de la región.
El operativo es de una magnitud que no tiene precedentes, motivo por el cual podría durar entre dos o tres días ya que habría afectadas unas 60 empresas.
Extraoficialmente se supo este martes por la tarde que en la primera jornada de trabajo se allanaron e inspeccionaron un total de 25 empresas, de las cuales 11 dieron positivo por contaminación.
Mientras, este miércoles seguirán las tareas en el resto de los establecimientos instalados en el predio ubicado sobre la Ruta 11 frente al Aeropuerto Metropolitano.
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Fecha de Publicación: 11/12/2019
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe
En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este miércoles continúan los operativos Al menos 11 empresas dieron positivo por contaminación ambiental en el Parque Industrial En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas. En total se allanaron 25 firmas de las 60 que serán peritadas.
Este martes por la mañana personal de la Policía Federal Argentina realizó una serie de allanamientos en el Parque Industrial de Sauce Viejo a raíz de una investigación por presunta contaminación ambiental.
El procedimiento fue encabezado por personal de la PFA, delegación local, junto a las delegaciones de San Nicolás, Paraná, Rosario, y de otras localidades de la región.
El operativo es de una magnitud que no tiene precedentes, motivo por el cual podría durar entre dos o tres días ya que habría afectadas unas 60 empresas.
Extraoficialmente se supo este martes por la tarde que en la primera jornada de trabajo se allanaron e inspeccionaron un total de 25 empresas, de las cuales 11 dieron positivo por contaminación.
Mientras, este miércoles seguirán las tareas en el resto de los establecimientos instalados en el predio ubicado sobre la Ruta 11 frente al Aeropuerto Metropolitano.
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Salta: los bosques en las rutas
Los bosques nativos, en camiones sobre la ruta
Fecha de Publicación: 10/12/2019
Fuente: El Tribuno (Salta)
Provincia/Región: Salta
La tala del monte y los bosques en distintos puntos de la provincia quedan evidenciados cuando la policía secuestra grandes cantidades de madera de bosques nativos sin guías ni permisos legales.
En este contexto los diversos operativos dieron cuenta de miles de kilos de carbón vegetal y de madera en rollo, sobre todo de madera dura.
En el marco de los operativos de seguridad que se llevan a cabo en todo el territorio de la provincia, personal policial realizó diversos controles vehiculares, uno de ellos en la localidad de Morillo y otro en El Quebrachal. Se procedió al secuestro de más de 1.700 productos forestales y 22.000 kg de carbonilla vegetal.
El pasado sábado, cerca de las 2.45 de la madrugada, en inmediaciones de ruta provincial 132. altura del kilómetro 7 de la localidad de Morillo, personal de la comisaría 44 incautó de 1.700 postes de la especie de palo santo, que eran transportados en dos camiones con acoplados, y que al solicitarle la documentación correspondiente no coincidían con los datos antes descriptos.
Los postes habrían sido obtenidos ilegalmente de desmontes ilegales en el Chaco salteño que en los últimos 10 años fueron diezmadas las hectáreas de bosques nativos, las que luego de desmontadas son utilizadas para la agricultura a gran escala.
El Quebrachal
Por otra parte, en El Quebrachal a las 17.45, se realizó un control vehicular a cargo del director de Unidad Regional 5. El operativo se realizó sobre ruta 16, km 580, en cercanías al acceso a la localidad sureña, a un camión marca Scania que transportaba 22.000 kg de carbonilla vegetal, entre la caja y el acoplado, no contando con guía de transporte que avale dicho cargamento, por lo que preventivamente fue secuestrado.
De consulta judicial con la Fiscalía Penal de cada jurisdicción, procedieron a labrar acta de infracción respectiva, y al secuestro de los productos.
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