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Barrick, glaciares deteriorados y las escusas
08:52 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Barrick atribuye deterioro de los glaciares de Pascua Lama al cambio climático
Fecha de Publicación: 18/02/2013
Fuente: La Tercera (Chile)
Provincia/Región: San Juan
En un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Copiapó, la compañía asegura que el polvo sobre los glaciares y el derretimiento de los hielos es fruto del calentamiento global y que no se debe al proyecto minero.
El derretimiento que están mostrando los glaciares ubicados en las cercanías del proyecto Pascua Lama y la capa de polvo en su superficie se deben al calentamiento global, al cambio climático y a las desfavorables condiciones de la zona donde se ubica la iniciativa. Esos fueron los principales argumentos que la canadiense Barrick presentó a la Corte de Apelaciones de Copiapó a mediados de enero. La minera no sólo está preocupada por el alza de costos del proyecto Pascua Lama, cuya inversión prevista llega a US$ 8.500 millones. También enfrenta un recurso de protección que presentaron en su contra, en septiembre de 2012, ocho de las 10 comunidades diaguitas del Valle del Huasco, zona donde se está construyendo este primer proyecto binacional de oro y cobre. Las comunidades acusan que la firma está afectando el derecho a la vida debido a que ha perjudicado los glaciares el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona.
Además, a fines de octubre de 2012 Sernageomin paralizó temporalmente los trabajos de movimientos de tierra, perforaciones y tronaduras de la iniciativa, debido a incumplimientos a la ley de seguridad minera. Según la entidad, los trabajos estaban causando un alto nivel de polución que afecta la salud de sus trabajadores. La compañía aún no ha reanudado el movimiento de tierras, pero sigue la construcción de otras partes del proyecto. Esta semana informó que a diciembre la construcción de Pascua Lama tenía un avance de 40% y que ha ejecutado inversiones por US$ 4.200 millones.
La minera también enfrenta otros tres procesos sancionatorios por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama, entidad que solicitó sanciones a la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) por incumplir en el plan de monitoreo de glaciares. En visitas de inspección, la DGA de Atacama detectó que la superficie de los glaciares está cubierta por material particulado.
Pascua Lama será el primer gran proyecto de oro del país. Ubicado entre Chile y Argentina, el yacimiento tiene reservas por cerca de 18 millones de onzas de oro y se estima que en el primer quinquenio producirá al año de 800 a 850 mil onzas de oro. El cobre será un subproducto de esa explotación principal.
La defensa de la compañía
Barrick no se ha referido explícitamente al tema de los glaciares. El jueves, en su entrega de resultados anuales, sólo recordó que tiene “procesos legales y regulatorios en curso”, pero sostuvo que la suspensión de labores decretada por Sernageomin no alterará el cronograma del proyecto. Así, mantiene su pronóstico de comenzar a operar el yacimiento en el segundo semestre de 2014. De todos modos, en un comunicado indicó que “los resultados de estos procesos son inciertos. Continuaremos evaluando los impactos potenciales sobre los tiempos de la primera producción de oro”.
Donde sí se pronunciaron fue en el extenso informe que presentaron ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el cual José Antonio Urrutia, abogado de la compañía, afirma que Barrick “rechaza desde ya las acusaciones de intervención o destrucción de los cuerpos de hielo”.
La defensa de la empresa agrega que demostrará “categóricamente y con abundante cantidad de estudios científicos y especializados en la materia, que se vienen realizando hace más de 10 años”, que la evolución natural de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza “no tienen su explicación en las actividades desarrolladas por Pascua Lama, sino que obedecen a una multiplicidad de factores climáticos, geográficos y técnicos”. Añade que la disminución del tamaño de los cuerpos de hielo no ha afectado al recurso hídrico de la zona, ya que el aporte de los glaciares a los cauces es muy bajo respecto de la cantidad de aguas disponibles en la cuenca del río Huasco.
Según Barrick, más de 20 estudios científicos presentados en el proceso de evaluación ambiental de 2006 constataron que los factores que alimentan a los glaciares, como la caída de nieve y las bajas temperaturas, han sido afectados por el cambio climático, reduciendo la acumulación de hielo y aumentando progresivamente el derretimiento de los glaciares. La firma agrega que el proceso de calentamiento global ha afectado desde siempre a los glaciares, lo que quedó de manifiesto en un estudio de Golder Associates de 2002. Dice ese reporte: “En el transcurso de las dos décadas, los glaciares involucrados con el proyecto Pascua Lama han estado experimentando una contracción en su superficie y volumen. En particular, entre los años 1981 y 2000, los glaciares que tienen una superficie menor a 30 hectáreas han reducido su área en más de 50%”.
Otro estudio de 2005, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (Ceaza), comparte esa visión: “Los glaciares han mostrado en los últimos 50 años un franco deterioro (...) Esto demuestra que los glaciares pueden actuar más efectivamente como reservas hídricas temporales, pero su existencia es más dependiente de los cambios ambientales”.
Junto con esto, Barrick menciona el estudio realizado en octubre de 2012 por BGC Ingeniería Limitada, donde se ratifican los argumentos anteriores. “La evolución del glaciar Esperanza obedece al calentamiento global producto del efecto invernadero que se está produciendo en todo el mundo y también por el área en que se ubica el proyecto”, indica.
Pascua Lama está a más de 4.500 metros de altura, con altas crestas que se erosionan por vientos de más de 300 kilómetros por hora. “Esto produce el desprendimiento natural de material particulado que va depositándose finalmente en la superficie de los glaciares”, dice Barrick.
Mejoras al plan
Debido a la naturaleza del área donde se ubica el proyecto, Barrick reconoce dificultades con la ejecución del monitoreo de glaciares. “La implementación del plan ha tenido muchas dificultades debido principalmente a las extremas condiciones meteorológicas del sector y la compleja geografía del lugar”, señala.
Ante esto, la minera está mejorando el programa, lo que es analizado en paralelo por la DGA. La firma lleva más de un año trabajando en estas mejoras, las que deben contemplar un reordenamiento de las tareas específicas para reducir el número de mediciones in situ y automatizar el proceso. Barrick explica que el seguimiento exige muchos datos que deben ser sacados de lugares de difícil acceso. “El esfuerzo humano que se requiere es muy alto y, por ende, es muy difícil cumplir a plenitud todas las medidas solicitadas”, sostiene la empresa en su recurso judicial.
Barrick agrega que existe conciencia en que el plan puede ser perfectible, y añade que este afán por mejorar es una muestra plausible de sus esfuerzos por cumplir lo que dispone la autoridad ambiental. “Esto impide concluir que la compañía haya incurrido en actos u omisiones ilegales”, argumenta.
El proceso legal está en receso por el feriado judicial de febrero y se retomará en marzo. Para ese mes se espera que Sernageomin entregue un informe más completo sobre su medida de suspensión de obras y, además, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita un pronunciamiento solicitado por la Corte de Apelaciones respecto de los procesos de sanción que formuló el año pasado a la minera canadiense.
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Fecha de Publicación: 18/02/2013
Fuente: La Tercera (Chile)
Provincia/Región: San Juan
En un informe enviado a la Corte de Apelaciones de Copiapó, la compañía asegura que el polvo sobre los glaciares y el derretimiento de los hielos es fruto del calentamiento global y que no se debe al proyecto minero.El derretimiento que están mostrando los glaciares ubicados en las cercanías del proyecto Pascua Lama y la capa de polvo en su superficie se deben al calentamiento global, al cambio climático y a las desfavorables condiciones de la zona donde se ubica la iniciativa. Esos fueron los principales argumentos que la canadiense Barrick presentó a la Corte de Apelaciones de Copiapó a mediados de enero. La minera no sólo está preocupada por el alza de costos del proyecto Pascua Lama, cuya inversión prevista llega a US$ 8.500 millones. También enfrenta un recurso de protección que presentaron en su contra, en septiembre de 2012, ocho de las 10 comunidades diaguitas del Valle del Huasco, zona donde se está construyendo este primer proyecto binacional de oro y cobre. Las comunidades acusan que la firma está afectando el derecho a la vida debido a que ha perjudicado los glaciares el Toro 1, Toro 2 y Esperanza, y contaminado los recursos hídricos de la zona.
Además, a fines de octubre de 2012 Sernageomin paralizó temporalmente los trabajos de movimientos de tierra, perforaciones y tronaduras de la iniciativa, debido a incumplimientos a la ley de seguridad minera. Según la entidad, los trabajos estaban causando un alto nivel de polución que afecta la salud de sus trabajadores. La compañía aún no ha reanudado el movimiento de tierras, pero sigue la construcción de otras partes del proyecto. Esta semana informó que a diciembre la construcción de Pascua Lama tenía un avance de 40% y que ha ejecutado inversiones por US$ 4.200 millones.
La minera también enfrenta otros tres procesos sancionatorios por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama, entidad que solicitó sanciones a la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) por incumplir en el plan de monitoreo de glaciares. En visitas de inspección, la DGA de Atacama detectó que la superficie de los glaciares está cubierta por material particulado.
Pascua Lama será el primer gran proyecto de oro del país. Ubicado entre Chile y Argentina, el yacimiento tiene reservas por cerca de 18 millones de onzas de oro y se estima que en el primer quinquenio producirá al año de 800 a 850 mil onzas de oro. El cobre será un subproducto de esa explotación principal.
La defensa de la compañía
Barrick no se ha referido explícitamente al tema de los glaciares. El jueves, en su entrega de resultados anuales, sólo recordó que tiene “procesos legales y regulatorios en curso”, pero sostuvo que la suspensión de labores decretada por Sernageomin no alterará el cronograma del proyecto. Así, mantiene su pronóstico de comenzar a operar el yacimiento en el segundo semestre de 2014. De todos modos, en un comunicado indicó que “los resultados de estos procesos son inciertos. Continuaremos evaluando los impactos potenciales sobre los tiempos de la primera producción de oro”.
Donde sí se pronunciaron fue en el extenso informe que presentaron ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, en el cual José Antonio Urrutia, abogado de la compañía, afirma que Barrick “rechaza desde ya las acusaciones de intervención o destrucción de los cuerpos de hielo”.
La defensa de la empresa agrega que demostrará “categóricamente y con abundante cantidad de estudios científicos y especializados en la materia, que se vienen realizando hace más de 10 años”, que la evolución natural de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza “no tienen su explicación en las actividades desarrolladas por Pascua Lama, sino que obedecen a una multiplicidad de factores climáticos, geográficos y técnicos”. Añade que la disminución del tamaño de los cuerpos de hielo no ha afectado al recurso hídrico de la zona, ya que el aporte de los glaciares a los cauces es muy bajo respecto de la cantidad de aguas disponibles en la cuenca del río Huasco.
Según Barrick, más de 20 estudios científicos presentados en el proceso de evaluación ambiental de 2006 constataron que los factores que alimentan a los glaciares, como la caída de nieve y las bajas temperaturas, han sido afectados por el cambio climático, reduciendo la acumulación de hielo y aumentando progresivamente el derretimiento de los glaciares. La firma agrega que el proceso de calentamiento global ha afectado desde siempre a los glaciares, lo que quedó de manifiesto en un estudio de Golder Associates de 2002. Dice ese reporte: “En el transcurso de las dos décadas, los glaciares involucrados con el proyecto Pascua Lama han estado experimentando una contracción en su superficie y volumen. En particular, entre los años 1981 y 2000, los glaciares que tienen una superficie menor a 30 hectáreas han reducido su área en más de 50%”.
Otro estudio de 2005, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Aridas (Ceaza), comparte esa visión: “Los glaciares han mostrado en los últimos 50 años un franco deterioro (...) Esto demuestra que los glaciares pueden actuar más efectivamente como reservas hídricas temporales, pero su existencia es más dependiente de los cambios ambientales”.
Junto con esto, Barrick menciona el estudio realizado en octubre de 2012 por BGC Ingeniería Limitada, donde se ratifican los argumentos anteriores. “La evolución del glaciar Esperanza obedece al calentamiento global producto del efecto invernadero que se está produciendo en todo el mundo y también por el área en que se ubica el proyecto”, indica.
Pascua Lama está a más de 4.500 metros de altura, con altas crestas que se erosionan por vientos de más de 300 kilómetros por hora. “Esto produce el desprendimiento natural de material particulado que va depositándose finalmente en la superficie de los glaciares”, dice Barrick.
Mejoras al plan
Debido a la naturaleza del área donde se ubica el proyecto, Barrick reconoce dificultades con la ejecución del monitoreo de glaciares. “La implementación del plan ha tenido muchas dificultades debido principalmente a las extremas condiciones meteorológicas del sector y la compleja geografía del lugar”, señala.
Ante esto, la minera está mejorando el programa, lo que es analizado en paralelo por la DGA. La firma lleva más de un año trabajando en estas mejoras, las que deben contemplar un reordenamiento de las tareas específicas para reducir el número de mediciones in situ y automatizar el proceso. Barrick explica que el seguimiento exige muchos datos que deben ser sacados de lugares de difícil acceso. “El esfuerzo humano que se requiere es muy alto y, por ende, es muy difícil cumplir a plenitud todas las medidas solicitadas”, sostiene la empresa en su recurso judicial.
Barrick agrega que existe conciencia en que el plan puede ser perfectible, y añade que este afán por mejorar es una muestra plausible de sus esfuerzos por cumplir lo que dispone la autoridad ambiental. “Esto impide concluir que la compañía haya incurrido en actos u omisiones ilegales”, argumenta.
El proceso legal está en receso por el feriado judicial de febrero y se retomará en marzo. Para ese mes se espera que Sernageomin entregue un informe más completo sobre su medida de suspensión de obras y, además, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emita un pronunciamiento solicitado por la Corte de Apelaciones respecto de los procesos de sanción que formuló el año pasado a la minera canadiense.
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Los glaciares son hielos de nadie
Glaciares: no hay inventario oficial y las mineras siguen sin control
Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Cristina la vetó en 2008, casi como un gesto de gentileza a la presión para que no existiera ejercida por las mineras que operan en el país, pero la ley de glaciares terminó por ser sancionada y promulgada, a su pesar, el 28 de octubre de 2010. Desde entonces, su aplicación es deuda: primero la frenó la Barrick, en fuero judicial, y ahora, tras un fallo de la Corte que ratificó su vigencia, es el Gobierno quien dilata su aplicación.
La norma tenía por objeto preservar a los glaciares como reservas de agua y prohíbe cualquier actividad sobre su superficie. Para eso ordenaba la realización de un inventario de todas las masas de hielo y áreas periglaciares del país. Definía un plazo de 180 días para la realización del relevamiento, y nombraba al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), con sede en Mendoza, como autoridad de aplicación.
Más de dos años después, el Ianigla no consigue explicar por qué todavía no se terminó de hacer el inventario, lo que permite a las megamineras seguir operando sin restricciones. Pero además son las mismas autoridades del organismo las que vienen promoviendo cambios en el mecanismo establecido por la ley para hacer el conteo.
El diputado Julio Martínez (UCR-La Rioja) aseguró a Clarín que no existe presupuesto para que este año se concrete el inventario. “Darle presupuesto –explicó– significa que el Ianigla tenga plata para contratar técnicos, comprar vehículos y equipamiento adecuado para subir a la montaña. Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares. Y el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos”.
Pero ocurre algo más. Martínez dice que se está liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites (ver recuadro). “Están dejando a Beder Herrera y a Gioja hacer el inventario, los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares. O a Corpacci, que reprimió por pedido de Bajo La Alumbrera’”, dice.
El Ianigla es una unidad del Conicet en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan.
Clarín pidió una entrevista con su titular, el geólogo Ricardo Villalba. Pero la petición fue enviada a canales burocráticas y el diálogo no se concretó. Sectores del ambientalismo vienen denunciando una sospechosa cercanía entre funcionarios del instituto con lobbistas del sector minero: una posible incompatibilidad de funciones, al menos ética.
La vicepresidente del Ianigla, Claudia Viviana Rubinstein, doctora en Geología, está casada con el geólogo Martín Carotti. Carotti estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja y es señalado por los asambleístas de Famatina y Chilecito como quien colaboró en las tareas de inteligencia que derivaron en el armado de listas negras de manifestantes antimineros en diciembre de 2011.
Rubinstein, según un informe de las Asambleas Ciudadanas La Rioja, sería socia de su esposo en la compra-venta de propiedades mineras. Diferentes documentos lo certifican, y también Rubistein.
Clarín mantuvo este diálogo con la funcionaria: –Circula un informe en el que se la involucra a usted y a su marido en negocios mineros.
–Yo no estoy involucrada. Estoy difamada.
–¿Tiene algún tipo de negocio?
–Los cateos que tengo con mi marido los tengo, pero son otras cuestiones, que ya expliqué en su momento ….
–¿Qué es un cateo?
–Un cateo es un permiso de exploración de yacimientos. Eso cualquiera lo puede tener. Vaya a la Secretaría Minería y fíjese quién tiene cateos.
–¿Su marido es empleado de Osisko?
–No, fue consultor.
–¿En qué etapa está el inventario de glaciares? –Se está haciendo.
- ¿Pero dónde podemos acceder a esa información?
–La información está, pero lo que pasa es que no tiene por qué llegar a los medios.
–¿Por qué la aplicación de la ley se demora? Ya pasaron los 180 días de plazo para hacer el inventario.
–Para que las cosas se pongan en marcha hay que pasar un tiempo.
Después de este diálogo, Martín Carotti, se comunicó con Clarín y dijo que tanto él como su mujer son objeto de una campaña difamatoria. “En cuanto a mi supuesto trabajo como “lobbista”, en realidad me dedico al diseño de contenidos técnicos de comunicación minera –explicó–. Claro, no cuento con la simpatía de los ambientalistas”.
También ofreció la dirección de su blog, donde reconoce que trabajó para Osisko en la época de los conflictos del Famatina y que es socio de su esposa en propiedades mineras. “Somos socios por relación conyugal, todo contrato de exploración debe ser firmado por ambos”, explica y aclara que “las escasas propiedades mineras vigentes a su nombre y los contratos firmados en calidad de cónyuge, son anteriores a su función en la vicedirección del instituto”.
El mes pasado se cumplió el primer aniversario del corte ambientalista al pie del Famatina, en La Rioja. Entonces los manifestantes expresaron que no dejarían pasar a nadie que no sea del Ianigla para hacer el inventario demorado de glaciares que exige la ley. Huelen que algo, del mecanismo establecido, no termina de quedar claro, y tienen razones para sospechar.
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Fecha de Publicación: 10/02/2013
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Cristina la vetó en 2008, casi como un gesto de gentileza a la presión para que no existiera ejercida por las mineras que operan en el país, pero la ley de glaciares terminó por ser sancionada y promulgada, a su pesar, el 28 de octubre de 2010. Desde entonces, su aplicación es deuda: primero la frenó la Barrick, en fuero judicial, y ahora, tras un fallo de la Corte que ratificó su vigencia, es el Gobierno quien dilata su aplicación.La norma tenía por objeto preservar a los glaciares como reservas de agua y prohíbe cualquier actividad sobre su superficie. Para eso ordenaba la realización de un inventario de todas las masas de hielo y áreas periglaciares del país. Definía un plazo de 180 días para la realización del relevamiento, y nombraba al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla), con sede en Mendoza, como autoridad de aplicación.
Más de dos años después, el Ianigla no consigue explicar por qué todavía no se terminó de hacer el inventario, lo que permite a las megamineras seguir operando sin restricciones. Pero además son las mismas autoridades del organismo las que vienen promoviendo cambios en el mecanismo establecido por la ley para hacer el conteo.
El diputado Julio Martínez (UCR-La Rioja) aseguró a Clarín que no existe presupuesto para que este año se concrete el inventario. “Darle presupuesto –explicó– significa que el Ianigla tenga plata para contratar técnicos, comprar vehículos y equipamiento adecuado para subir a la montaña. Son 11 provincias argentinas y casi 4 mil kilómetros de Cordillera donde hay que ir a buscar glaciares. Y el Ianigla no tiene posibilidad de hacerlo porque carece de medios económicos”.
Pero ocurre algo más. Martínez dice que se está liberando a las provincias la potestad de contar los glaciares dentro de sus límites (ver recuadro). “Están dejando a Beder Herrera y a Gioja hacer el inventario, los mismos gobernadores que dicen que no hay glaciares. O a Corpacci, que reprimió por pedido de Bajo La Alumbrera’”, dice.
El Ianigla es una unidad del Conicet en la que participan además la Universidad Nacional de Cuyo y los Gobiernos de Mendoza y San Juan.
Clarín pidió una entrevista con su titular, el geólogo Ricardo Villalba. Pero la petición fue enviada a canales burocráticas y el diálogo no se concretó. Sectores del ambientalismo vienen denunciando una sospechosa cercanía entre funcionarios del instituto con lobbistas del sector minero: una posible incompatibilidad de funciones, al menos ética.
La vicepresidente del Ianigla, Claudia Viviana Rubinstein, doctora en Geología, está casada con el geólogo Martín Carotti. Carotti estuvo al frente de la Asesoría de Relaciones con la Comunidad de la empresa Minera El Portal / OSISKO Mining en La Rioja y es señalado por los asambleístas de Famatina y Chilecito como quien colaboró en las tareas de inteligencia que derivaron en el armado de listas negras de manifestantes antimineros en diciembre de 2011.
Rubinstein, según un informe de las Asambleas Ciudadanas La Rioja, sería socia de su esposo en la compra-venta de propiedades mineras. Diferentes documentos lo certifican, y también Rubistein.
Clarín mantuvo este diálogo con la funcionaria: –Circula un informe en el que se la involucra a usted y a su marido en negocios mineros.
–Yo no estoy involucrada. Estoy difamada.
–¿Tiene algún tipo de negocio?
–Los cateos que tengo con mi marido los tengo, pero son otras cuestiones, que ya expliqué en su momento ….
–¿Qué es un cateo?
–Un cateo es un permiso de exploración de yacimientos. Eso cualquiera lo puede tener. Vaya a la Secretaría Minería y fíjese quién tiene cateos.
–¿Su marido es empleado de Osisko?
–No, fue consultor.
–¿En qué etapa está el inventario de glaciares? –Se está haciendo.
- ¿Pero dónde podemos acceder a esa información?
–La información está, pero lo que pasa es que no tiene por qué llegar a los medios.
–¿Por qué la aplicación de la ley se demora? Ya pasaron los 180 días de plazo para hacer el inventario.
–Para que las cosas se pongan en marcha hay que pasar un tiempo.
Después de este diálogo, Martín Carotti, se comunicó con Clarín y dijo que tanto él como su mujer son objeto de una campaña difamatoria. “En cuanto a mi supuesto trabajo como “lobbista”, en realidad me dedico al diseño de contenidos técnicos de comunicación minera –explicó–. Claro, no cuento con la simpatía de los ambientalistas”.
También ofreció la dirección de su blog, donde reconoce que trabajó para Osisko en la época de los conflictos del Famatina y que es socio de su esposa en propiedades mineras. “Somos socios por relación conyugal, todo contrato de exploración debe ser firmado por ambos”, explica y aclara que “las escasas propiedades mineras vigentes a su nombre y los contratos firmados en calidad de cónyuge, son anteriores a su función en la vicedirección del instituto”.
El mes pasado se cumplió el primer aniversario del corte ambientalista al pie del Famatina, en La Rioja. Entonces los manifestantes expresaron que no dejarían pasar a nadie que no sea del Ianigla para hacer el inventario demorado de glaciares que exige la ley. Huelen que algo, del mecanismo establecido, no termina de quedar claro, y tienen razones para sospechar.
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Debate sobre la Ley de Glaciares
La Ley de Glaciares calienta el debate
Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La plena aplicación de la norma aprobada en 2010 enfrenta a quienes impulsan la minería con quienes buscan resguardar los recursos hídricos. Argumentos de uno y otro lado se cruzaron en una conferencia en la Cámara de Diputados.
La aplicación de la Ley de Glaciares sigue generando un intenso debate entre sus defensores y las empresas mineras. Si bien la norma ya tiene plena vigencia después de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a una serie de medidas cautelares, aún aguarda definición por parte del tribunal sobre la cuestión de fondo, que es si afecta o no potestades provinciales. Ayer, la Comisión de Minería de Diputados organizó una disertación a cargo de dos prestigiosos científicos. Criticaron que “no está claro si la norma busca proteger un recurso hídrico”, mientras que legisladores de provincias mineras enfatizaron que “se busca impedir la actividad sin un criterio científico”. Defensores de la ley resaltan que se está avanzando en el inventario sobre los glaciares y que la norma protegerá, una vez que entre en ejecución, sólo las zonas que tengan impacto sobre los cursos de agua.
En julio, la Corte revocó los amparos que impedían la plena vigencia de la ley, presentados por Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Mineras Argentinas y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de San Juan. Las medidas cautelares habían sido dictadas por el juez sanjuanino Miguel Angel Gálvez. Con su decisión, el máximo tribunal permitió el inicio de la confección de un inventario de la zona glacial y periglacial, ahora protegidas por la ley.
La aplicación de la ley es un tema de extrema sensibilidad para las empresas. El núcleo del conflicto es la zona periglacial. “No toda esa área tiene hielo e impacto hídrico. Cuando el suelo está a una temperatura igual o inferior a los cero grados, puede estar congelado cuando hay agua, pero puede no haberla. En el primer caso, puede ser estable, es decir que no aporta agua a las cuencas. Si está descargando, sí aporta agua”, explicó ayer Pablo Wainstein, experto en hidrología glacial de la Universidad de Calgary, en Canadá. El científico chileno agregó que los glaciares de escombros, formaciones de hielo cubiertas, pueden o no aportar recursos hídricos; si lo hacen “se degradan muy lentamente”, y agregó que una cuenca típica con hielo “tiene una contribución hídrica mínima”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado.
“No está claro que la legislación busque proteger una condición térmica o un recurso hídrico”, concluyó Wainstein. “Si en el área periglacial no hay hielo, ¿cuál es la razón para impedir una actividad?”, se preguntó el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Martín Dedeu. En el mismo sentido se manifestaron Daniel Tomas, titular de la Comisión de Minería de Diputados y legisladores de provincias mineras.
Fuentes oficiales, sin embargo, señalan que las empresas buscan recrear una situación de restricción total a la actividad que no es así. En diálogo con este diario, funcionarios vinculados con la ejecución del inventario sobre los glaciares recuerdan que el artículo 1º de la ley establece que el objeto es proteger los glaciares y el ambiente periglacial para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. El artículo 2º advierte que “se considera el área periglacial en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.
Con la definición del área a proteger en función del recurso hídrico, aseguran, será el inventario a nivel nacional el que defina el límite para la actividad. La provincia de San Juan, junto a la Universidad Nacional del distrito, La Rioja, Catamarca y Mendoza están en la tarea de conformar ese inventario, bajo la coordinación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. La Secretaría de Medio Ambiente, autoridad de aplicación de la ley, está puliendo un informe sobre los avances del informe.
Por su parte, el geólogo canadiense Matthias Jakob explicó que el 95 por ciento del aumento en la temperatura global está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. “Los glaciares retrocedieron en todo el mundo, y el derretimiento se aceleró desde los ’ 90”, explicó. Jakob y Wainstein reconocieron la importancia de tener un inventario sobre los glaciares.
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Fecha de Publicación: 21/11/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
La plena aplicación de la norma aprobada en 2010 enfrenta a quienes impulsan la minería con quienes buscan resguardar los recursos hídricos. Argumentos de uno y otro lado se cruzaron en una conferencia en la Cámara de Diputados.La aplicación de la Ley de Glaciares sigue generando un intenso debate entre sus defensores y las empresas mineras. Si bien la norma ya tiene plena vigencia después de que la Corte Suprema de Justicia no diera lugar a una serie de medidas cautelares, aún aguarda definición por parte del tribunal sobre la cuestión de fondo, que es si afecta o no potestades provinciales. Ayer, la Comisión de Minería de Diputados organizó una disertación a cargo de dos prestigiosos científicos. Criticaron que “no está claro si la norma busca proteger un recurso hídrico”, mientras que legisladores de provincias mineras enfatizaron que “se busca impedir la actividad sin un criterio científico”. Defensores de la ley resaltan que se está avanzando en el inventario sobre los glaciares y que la norma protegerá, una vez que entre en ejecución, sólo las zonas que tengan impacto sobre los cursos de agua.
En julio, la Corte revocó los amparos que impedían la plena vigencia de la ley, presentados por Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Mineras Argentinas y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de San Juan. Las medidas cautelares habían sido dictadas por el juez sanjuanino Miguel Angel Gálvez. Con su decisión, el máximo tribunal permitió el inicio de la confección de un inventario de la zona glacial y periglacial, ahora protegidas por la ley.
La aplicación de la ley es un tema de extrema sensibilidad para las empresas. El núcleo del conflicto es la zona periglacial. “No toda esa área tiene hielo e impacto hídrico. Cuando el suelo está a una temperatura igual o inferior a los cero grados, puede estar congelado cuando hay agua, pero puede no haberla. En el primer caso, puede ser estable, es decir que no aporta agua a las cuencas. Si está descargando, sí aporta agua”, explicó ayer Pablo Wainstein, experto en hidrología glacial de la Universidad de Calgary, en Canadá. El científico chileno agregó que los glaciares de escombros, formaciones de hielo cubiertas, pueden o no aportar recursos hídricos; si lo hacen “se degradan muy lentamente”, y agregó que una cuenca típica con hielo “tiene una contribución hídrica mínima”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Eva Perón del Senado.
“No está claro que la legislación busque proteger una condición térmica o un recurso hídrico”, concluyó Wainstein. “Si en el área periglacial no hay hielo, ¿cuál es la razón para impedir una actividad?”, se preguntó el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros, Martín Dedeu. En el mismo sentido se manifestaron Daniel Tomas, titular de la Comisión de Minería de Diputados y legisladores de provincias mineras.
Fuentes oficiales, sin embargo, señalan que las empresas buscan recrear una situación de restricción total a la actividad que no es así. En diálogo con este diario, funcionarios vinculados con la ejecución del inventario sobre los glaciares recuerdan que el artículo 1º de la ley establece que el objeto es proteger los glaciares y el ambiente periglacial para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos”. El artículo 2º advierte que “se considera el área periglacial en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”.
Con la definición del área a proteger en función del recurso hídrico, aseguran, será el inventario a nivel nacional el que defina el límite para la actividad. La provincia de San Juan, junto a la Universidad Nacional del distrito, La Rioja, Catamarca y Mendoza están en la tarea de conformar ese inventario, bajo la coordinación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet. La Secretaría de Medio Ambiente, autoridad de aplicación de la ley, está puliendo un informe sobre los avances del informe.
Por su parte, el geólogo canadiense Matthias Jakob explicó que el 95 por ciento del aumento en la temperatura global está asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. “Los glaciares retrocedieron en todo el mundo, y el derretimiento se aceleró desde los ’ 90”, explicó. Jakob y Wainstein reconocieron la importancia de tener un inventario sobre los glaciares.
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Sin garantías para los glaciares de San Juan
Ambientalistas advierten sobre la falta de garantías en las auditorías de glaciares de la provincia de San Juan
Fecha de Publicación: 05/11/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas alertaron sobre la falta de transparencia y garantías en el proceso que se lleva delante, de acuerdo a la Ley de Glaciares, para realizar el inventario de glaciares en zonas afectadas por proyectos mineros.
Los ambientalistas denunciaron en un documento conjunto la necesidad de incorporar un auditor externo al relevamiento que está realizando el ejecutivo provincial, como se establece en la legislación, teniendo en cuenta que el gobierno de San Juan negó sistemáticamente la presencia y afectación de glaciares en las zonas mineras, y es quien autorizó los proyectos metalíferos a cielo abierto que se desarrollan en ambiente periglacial.
“En San Juan, quieren mandar al lobo a contar las ovejas; el gobierno está realizando la auditoría que marca la ley sin ningún tipo de participación externa que brinde seriedad y garantice transparencia al proceso.” expresó Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace.
Las organizaciones destacan la importancia de que todo el proceso de auditorías y elaboración del inventario de glaciares sea realizado en forma absolutamente confiable, para poder proteger hoy, y a futuro, los recursos hídricos de la cordillera.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N°26.639) estipula, en su artículo 15, que las empresas ubicadas en zona glaciar y periglacial deben someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales actuales y potenciales generados por su actividad.
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Fecha de Publicación: 05/11/2012
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: San Juan
Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas alertaron sobre la falta de transparencia y garantías en el proceso que se lleva delante, de acuerdo a la Ley de Glaciares, para realizar el inventario de glaciares en zonas afectadas por proyectos mineros. Los ambientalistas denunciaron en un documento conjunto la necesidad de incorporar un auditor externo al relevamiento que está realizando el ejecutivo provincial, como se establece en la legislación, teniendo en cuenta que el gobierno de San Juan negó sistemáticamente la presencia y afectación de glaciares en las zonas mineras, y es quien autorizó los proyectos metalíferos a cielo abierto que se desarrollan en ambiente periglacial.
“En San Juan, quieren mandar al lobo a contar las ovejas; el gobierno está realizando la auditoría que marca la ley sin ningún tipo de participación externa que brinde seriedad y garantice transparencia al proceso.” expresó Gonzalo Strano, coordinador de la Campaña de Glaciares de Greenpeace.
Las organizaciones destacan la importancia de que todo el proceso de auditorías y elaboración del inventario de glaciares sea realizado en forma absolutamente confiable, para poder proteger hoy, y a futuro, los recursos hídricos de la cordillera.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N°26.639) estipula, en su artículo 15, que las empresas ubicadas en zona glaciar y periglacial deben someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales actuales y potenciales generados por su actividad.
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Hielos de la Patagonia sufren el cambio climático
Los hielos continentales de la Patagonia sufren cambios drásticos
Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Patagonia
Investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Terrestres en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York (USA), y de la Universidad de Chile observaron un deshielo en Campo de Hielo Sur de la Patagonia.
Sus concluciones provienen del desarrollo de una nueva manera de usar los mapas topográficos digitales obtenidos por un satélite de la Nasa.
La pérdida de volumen de hielo sufrida por este campo de hielo entre los años 2000 y 2012 ha sido 50% más rápida que la sufrida durante el periodo 1975-2000, según un nuevo análisis de modelos de elevación digitales.
Entre 2000 y 2012, el campo de hielo, aproximadamente 3 veces más grande que el estado Rhode Island, y ubicado en el tramo sur de la Cordillera de los Andes, en la zona fronteriza entre Chile y Argentina, perdió volumen rápidamente en muchos de sus más grandes glaciares de desagüe.
El análisis ldel equipo de Michael Willis, Andrew Melkonian y Matthew Pritchard, de la Universidad de Cornell; y Andrés Rivera, de la Universidad de Chile, revela que, en muchos casos, la reducción del volumen de hielo se extendió hasta las zonas más altas del campo de hielo.
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Fecha de Publicación: 11/10/2012
Fuente: La Voz
Provincia/Región: Patagonia
Investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Terrestres en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York (USA), y de la Universidad de Chile observaron un deshielo en Campo de Hielo Sur de la Patagonia.Sus concluciones provienen del desarrollo de una nueva manera de usar los mapas topográficos digitales obtenidos por un satélite de la Nasa.
La pérdida de volumen de hielo sufrida por este campo de hielo entre los años 2000 y 2012 ha sido 50% más rápida que la sufrida durante el periodo 1975-2000, según un nuevo análisis de modelos de elevación digitales.
Entre 2000 y 2012, el campo de hielo, aproximadamente 3 veces más grande que el estado Rhode Island, y ubicado en el tramo sur de la Cordillera de los Andes, en la zona fronteriza entre Chile y Argentina, perdió volumen rápidamente en muchos de sus más grandes glaciares de desagüe.
El análisis ldel equipo de Michael Willis, Andrew Melkonian y Matthew Pritchard, de la Universidad de Cornell; y Andrés Rivera, de la Universidad de Chile, revela que, en muchos casos, la reducción del volumen de hielo se extendió hasta las zonas más altas del campo de hielo.
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La Rioja: el mes que viene relevarán glaciares
En octubre inician tareas para relevar glaciares en La Rioja
Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
Durante la primera jornada de la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), realizó un detallado informe del avance del inventario de glaciares en el país durante este primer año de trabajo.
El titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, explicó el trabajo que se viene desarrollando desde su área a partir de la reglamentación por decreto de la ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Asimismo informó que “durante este primer año de trabajo se realizó el fortalecimiento humano y técnico, no sólo del IANIGLA, sino de los equipos técnicos de las provincias que ya están trabajando en sus inventarios y que se encuentran bastante avanzadas en la labor, como Mendoza, Santa Cruz, Chubut, y Tucumán”.
En el caso particular de la provincia de La Rioja, que pertenece a la región Cuenca de los Andes Desérticos, Villalba explicó que “los trabajos para la realización del inventario iniciarán a partir de octubre con la capacitación del personal. Otro avance importante que debe destacarse es que el IANIGLA realizó la designación de un coordinador propio para llevar adelante el proyecto”.
Por otra parte, desde la Dirección de Normativa Legal de la Secretaría de Ambiente de la Nación se propuso una reunión entre las provincias cordilleranas y la determinación de aquellas que deben ser prioritarias para organizar el trabajo y de esta manera determinar también las necesidades técnicas y humanas.
Finalmente el secretario de Ambiente, Nito Brizuela, destacó el avance desde la Provincia respecto a lo anunciado por Villalba, “ya que La Rioja pasará a integrar el grupo de las primeras en realizar el inventario, para lo cual en los próximos días investigadores del IANIGLA estarán visitando la Provincia”.
Brizuela, adelantó que el doctor Ricardo Villalba participará de la Reunión Regional de CUYO, NOA y Córdoba que se realizará en la ciudad de La Rioja los días 15 y 16 de octubre.
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Fecha de Publicación: 28/09/2012
Fuente: El Independiente
Provincia/Región: La Rioja
Durante la primera jornada de la Asamblea del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata, Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), realizó un detallado informe del avance del inventario de glaciares en el país durante este primer año de trabajo.El titular del IANIGLA, Ricardo Villalba, explicó el trabajo que se viene desarrollando desde su área a partir de la reglamentación por decreto de la ley Nº 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
Asimismo informó que “durante este primer año de trabajo se realizó el fortalecimiento humano y técnico, no sólo del IANIGLA, sino de los equipos técnicos de las provincias que ya están trabajando en sus inventarios y que se encuentran bastante avanzadas en la labor, como Mendoza, Santa Cruz, Chubut, y Tucumán”.
En el caso particular de la provincia de La Rioja, que pertenece a la región Cuenca de los Andes Desérticos, Villalba explicó que “los trabajos para la realización del inventario iniciarán a partir de octubre con la capacitación del personal. Otro avance importante que debe destacarse es que el IANIGLA realizó la designación de un coordinador propio para llevar adelante el proyecto”.
Por otra parte, desde la Dirección de Normativa Legal de la Secretaría de Ambiente de la Nación se propuso una reunión entre las provincias cordilleranas y la determinación de aquellas que deben ser prioritarias para organizar el trabajo y de esta manera determinar también las necesidades técnicas y humanas.
Finalmente el secretario de Ambiente, Nito Brizuela, destacó el avance desde la Provincia respecto a lo anunciado por Villalba, “ya que La Rioja pasará a integrar el grupo de las primeras en realizar el inventario, para lo cual en los próximos días investigadores del IANIGLA estarán visitando la Provincia”.
Brizuela, adelantó que el doctor Ricardo Villalba participará de la Reunión Regional de CUYO, NOA y Córdoba que se realizará en la ciudad de La Rioja los días 15 y 16 de octubre.
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A dos años de la ley de glaciares
A dos años de la ley de glaciares se difundirán datos sobre el censo
Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido".
El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Fecha de Publicación: 11/09/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Para algunos legisladores nacionales por Mendoza, los avances del inventario deberían haber estado antes, mientras que para el Ianigla están en "los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido". El 30 de setiembre de 2010, luego de haber sido aprobada por unanimidad tres años antes y posteriormente vetada ese mismo año (2007), en el Congreso se aprobaba por segunda vez la Ley de Protección de Glaciares.
Una de las tareas que se fijaba era la realización urgente de un itinerario de zonas glaciares y periglaciares en la Cordillera de los Andes para determinar en qué áreas de la cordillera podían autorizarse y desarrollarse emprendimientos mineros, de infraestructura y arquitectura y en cuáles no.
En coincidencia con el segundo aniversario de la sanción de la normativa, el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -ente que coordina la realización del estudio a nivel nacional-, Ricardo Villalba destacó que a fines de mes se presentarán los primeros resultados, datos y estadísticas del censo nacional en el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) al tiempo que resaltó que "se están cumpliendo los tiempos que se habían previsto, incluso más rápido de lo que habíamos pensado".
Para los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición, es "preocupante" que este primer informe se difunda recién a dos años de la sanción de la ley y podría haberse hecho mucho más a esta altura.
Historia
Luego de ser vetada por el Gobierno nacional, la ley que establecía la protección de glaciares y periglaciares en 2007, se aprobó en 2010 la norma N° 26.639 de "Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial", similar a su antecesora y esta vez con un acuerdo entre todos los partidos.
Entre sus artículos, esta legislación establece que es necesario definir cuáles son las áreas glaciares y periglaciares al tiempo que define qué actividades están prohibidas y para eso establece la creación de un inventario nacional de glaciares.
"La ley prohíbe la esparsión y liberación de sustancias contaminantes en glaciares y periglaciares, al tiempo que restringe las construcciones de obras arquitectónicas y de infraestructura así como también la explotación minera e hidrocarburífera, además de la instalación de actividades industriales", destacó Mariana Juri, diputada nacional mendocina por la UCR y una de las legisladoras que manifestó su preocupación por la demora de la implementación de la ley y la presentación de los resultados del censo de glaciares.
Del mismo modo, Juri y su par, Enrique Vaquié, hicieron una presentación exigiendo que se expongan públicamente los avances del Inventario Nacional de Glaciares, en especial lo referido a Mendoza. En este apartado se refirieron al Ianigla, que -de acuerdo a la ley- es el encargado de coordinar el censo de glaciares.
"Es entendible que argumenten que esto se demora, pero ya llevamos dos años desde que se aprobó la ley y no se conoce ningún resultado. Incluso creo que las conclusiones y datos deberían exponerse públicamente justamente para bajar el enojo público y se pueda tener un debate en serio sobre la minería. ¿Cómo vamos a debatir el tema en serio si todavía no sabemos en qué lugares se puede y en cuáles no?", sostuvo la legisladora.
Reclamó que los resultados deberían presentarse en el Congreso, de forma pública (como lo establece la ley) y también en Mendoza, ya que la provincia aportó fondos para financiar el inventario en esta jurisdicción.
Al respecto, Ricardo Villalba destacó que se está cumpliendo con los tiempos previstos y resaltó que a fin de mes se conocerán los primeros resultados del censo.
"Cuando los legisladores me consultaron, yo les estuve contando en qué se ha trabajado y cómo se va avanzando. No todo depende de nosotros, porque somos la institución que está coordinando el inventario. A fin de mes se van a presentar los primeros resultados en el Consejo Federal de Medio Ambiente, del que van a participar los secretarios de Ambiente de todo el país. Ahí vamos a a exponer sobre los avances con el inventario y liberar información y datos precisos. Pero nada se está demorando intencionalmente ni más de lo previsto. Se está trabajando en un buen tiempo", contó Villalba, quien indicó que probablemente el fuerte de las críticas tenga como destinataria a la Secretaría de Ambiente de la Nación, ya que es esa dependencia la que debe hacer las presentaciones.
El Ianigla está coordinando los censos en las provincias de Mendoza, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, pero el inventario se hace a lo largo de toda la cordillera y en otras provincias lo coordinan otros órganos. En San Juan, por ejemplo, la encargada es la Universidad Nacional de San Juan.
Los otros pendientes
Además de mostrarse preocupados por la demora en la realización del inventario, los legisladores radicales por Mendoza también advirtieron que tampoco se cumplieron las cláusulas transitorias fijadas hasta tanto esté listo el censo.
"Justamente, pensando en la demora, en la 26.639 se fijó una cláusula para que a los 60 días de aprobada la ley se presentara al menos el cronograma para la ejecución del inventario y que de inmediato (entiéndase en no más de 180 días) se haya empezado a hacer el censo en las zonas prioritarias, entendiendo por éstas los lugares en los que hayan pedidos de proyectos que estarían prohibidos por la ley, tal como ocurrió en Famatina (La Rioja) con el proyecto minero. En los lugares en los que ya se estuviera trabajando, como ocurre en San Juan que el emprendimiento minero ya está instalado, la cláusula establecía que debía hacerse una auditoría ambiental que reflejara el impacto. Ninguna de esas cosas se cumplieron", acusó Juri.
Mientras, en Famatina, el juez Carlos Díaz falló hace poco más de un mes que no podría comenzar la actividad hasta tanto no esté el inventario, en San Juan el Gobierno de esa provincia interpuso una medida cautelar para poder continuar con la actividad en sus emprendimientos (Veladero y Pascua Lama, donde ya habían empezado) sin que se haga el inventario ni la presentación de impacto ambiental. Pero fue la Justicia la que rechazó la cautelar y no autorizó (al menos en la teoría) a que los emprendimientos sigan avanzando hasta tanto no estén concluidos los informes.
"Insistimos que con información se contribuye a calmar el enojo y la violencia social. No hace falta seguir jugando a las escondidas y menos con estos temas", sentenciaron los legisladores.
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Científicos trabajan en el inventario de glaciares
Científicos argentinos trabajan en el inventario nacional de glaciares
Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Fecha de Publicación: 06/09/2012
Fuente: No a la Mina - Agencia - Instituto Leloir
Provincia/Región: Nacional
Establecido por la Ley de Glaciares, será útil para establecer medidas de manejo y adaptación frente a una eventual escasez hídrica en zonas áridas del oeste del país. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.Cada cinco años la Argentina contará con un inventario nacional de glaciares. Así lo establece la ley nacional 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, más conocida como Ley de Glaciares, reglamentada en el país a fines de febrero de 2011. Y los trabajos ya están en marcha.
"Conocer el número, área y distribución espacial de los cuerpos de hielo no sólo brinda una estimación de las reservas hídricas en estado sólido existentes en las diferentes cuencas andinas, sino también información básica para conocer la capacidad reguladora de dichos cuerpos sobre los caudales en distintas condiciones climáticas", indicó a la Agencia CyTA Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET. El IANIGLA, junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, es responsable del inventario y monitoreo del estado de los glaciares.
De acuerdo a Villalba, el relevamiento es fundamental a la hora de establecer medidas de manejo y adaptación frente a eventos de escasez hídrica en zonas áridas del oeste argentino.
Para realizar el inventario de los glaciares, los investigadores del IANIGLA analizan imágenes satelitales y realizan periódicamente relevamientos y determinaciones de campo junto con mediciones de GPS.
Aunque todavía no se presentaron los resultados, diversos estudios indican que la gran mayoría de los glaciares estudiados en los Andes de Argentina han sufrido un franco retroceso durante el último siglo, en sintonía con lo observado en otras regiones montañosas del planeta.
"En promedio, los glaciares de seis áreas de estudio en los Andes patagónicos han perdido alrededor del 10 por ciento de su superficie entre 1984 y 2004", indicó Villalba.
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Solicitan inventario de glaciares en Neuquén
Solicitan inventario de glaciares
Fecha de Publicación: 23/08/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la provincia”.
La Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura neuquina emitió ayer un despacho por unanimidad respecto del proyecto de declaración que estipula que la Cámara “vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds), realice en forma urgente el Inventario Nacional de Glaciares, estableciendo como prioridad a las provincias patagónicas”.
El proyecto fue presentado por la diputada Beatriz Kreitman (ARI-Coalición Cívica) y acompañado por el diputado Jesús Escobar (Libres del Sur) como primer paso en la discusión del proyecto 7.267, impulsado en su momento por la ex legisladora Paula Sánchez y retomado en esta gestión.
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la Provincia”.
El propósito, se explicó, es “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.
El proyecto original fue modificado levemente (se quitó parte del artículo 1 y la totalidad del artículo 2) y acompañado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y los diputados de los bloques aliados.
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Fecha de Publicación: 23/08/2012
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la provincia”.
La Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura neuquina emitió ayer un despacho por unanimidad respecto del proyecto de declaración que estipula que la Cámara “vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (Sayds), realice en forma urgente el Inventario Nacional de Glaciares, estableciendo como prioridad a las provincias patagónicas”.
El proyecto fue presentado por la diputada Beatriz Kreitman (ARI-Coalición Cívica) y acompañado por el diputado Jesús Escobar (Libres del Sur) como primer paso en la discusión del proyecto 7.267, impulsado en su momento por la ex legisladora Paula Sánchez y retomado en esta gestión.
La iniciativa tiene por objeto “la protección de los glaciares y del ambiente periglacial ubicados en el territorio de la Provincia”.
El propósito, se explicó, es “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”.
El proyecto original fue modificado levemente (se quitó parte del artículo 1 y la totalidad del artículo 2) y acompañado por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y los diputados de los bloques aliados.
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Jujuy avanza en el Inventario Provincial de Glaciares
Concluirán el Inventario Provincial de Glaciares
Fecha de Publicación: 25/07/2012
Fuente: El Pregón
Provincia/Región: Jujuy
La Secretaría de Gestión Ambiental y la Universidad Nacional de Jujuy firmaron un convenio para proceder a la conclusióndel Inventario Provincial de Glaciares, en continuidad con las actividades iniciadas en 2010, las cuales permitieron relevar aproximadamente el 80% de los glaciares en la provincia.
Participaron del acto de firma del acuerdo, el vicegobernador de la Provincia, a cargo del Ejecutivo, Guillermo Jenefes el jefe de Gabinete de Ministros, Armando Berruezoel secretario de Gestión Ambiental, Daniel Roisinblit;l rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Enrique Arnau; coordinador de Asuntos Políticos Institucionales de la Gobernación, Daniel Ibáñez; yrofesionales de la UNJu.
El convenio establece un acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy para obtener asesoramiento en el diseño e implementación del Inventario Provincial de Glaciares, mediante el aporte de dos profesionales y tres técnicos, en coordinación con la Secretaría de Gestión Ambiental, la cual asumirá los gastos que requieran las actividades a campo y la información necesaria para el desarrollo del estudio.
El relevamiento incluye el ambiente glaciar, los glaciares descubiertos y cubiertos, y el ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos, conforme a las definiciones legales, indicando la información necesaria para la adecuada protección, control y monitoreo: la cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares. Los glaciares son de gran importancia para la regulación del ciclo hídrico de Jujuy, por lo cual es esencial conocer su ubicación y distribución para realizar monitoreos periódicos y preservarlos.
Roisinblit manifestó que, en esa segunda etapa, la UNJu está aportando los recursos humanos profesionales y técnicos, los cuales asistirán al desarrollo de la implementación en campo y la Secretaría de Gestión Ambiental aportará los recursos económicos y el equipamiento necesario para hacer el relevamiento de los glaciares de la provincia. “Quedaron pendientes para relevar las zonas de más difícil acceso, para lo cual es muy importante que nos acompañe el clima, ya que hay momentos del año en que no se puede acceder a estos lugares por el riesgo de tormentas eléctricas, por lo que iniciaremos las actividades en agosto”, enfatizó.
Arnau, por su parte, expresó que “seguimos trabajando con la provincia para realizar la segunda etapa del inventario de los glaciares, lo cual es muy importante y estratégico para Jujuy”. “Queda la realización de un 20 por ciento para terminar los trabajos definitivos y estimamos que en seis meses vamos a finalizar todo el inventario”, añadió.
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Fecha de Publicación: 25/07/2012
Fuente: El Pregón
Provincia/Región: Jujuy
La Secretaría de Gestión Ambiental y la Universidad Nacional de Jujuy firmaron un convenio para proceder a la conclusióndel Inventario Provincial de Glaciares, en continuidad con las actividades iniciadas en 2010, las cuales permitieron relevar aproximadamente el 80% de los glaciares en la provincia.
Participaron del acto de firma del acuerdo, el vicegobernador de la Provincia, a cargo del Ejecutivo, Guillermo Jenefes el jefe de Gabinete de Ministros, Armando Berruezoel secretario de Gestión Ambiental, Daniel Roisinblit;l rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Enrique Arnau; coordinador de Asuntos Políticos Institucionales de la Gobernación, Daniel Ibáñez; yrofesionales de la UNJu.
El convenio establece un acuerdo entre el Gobierno de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy para obtener asesoramiento en el diseño e implementación del Inventario Provincial de Glaciares, mediante el aporte de dos profesionales y tres técnicos, en coordinación con la Secretaría de Gestión Ambiental, la cual asumirá los gastos que requieran las actividades a campo y la información necesaria para el desarrollo del estudio.
El relevamiento incluye el ambiente glaciar, los glaciares descubiertos y cubiertos, y el ambiente periglacial, los glaciares de escombros activos, conforme a las definiciones legales, indicando la información necesaria para la adecuada protección, control y monitoreo: la cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares. Los glaciares son de gran importancia para la regulación del ciclo hídrico de Jujuy, por lo cual es esencial conocer su ubicación y distribución para realizar monitoreos periódicos y preservarlos.
Roisinblit manifestó que, en esa segunda etapa, la UNJu está aportando los recursos humanos profesionales y técnicos, los cuales asistirán al desarrollo de la implementación en campo y la Secretaría de Gestión Ambiental aportará los recursos económicos y el equipamiento necesario para hacer el relevamiento de los glaciares de la provincia. “Quedaron pendientes para relevar las zonas de más difícil acceso, para lo cual es muy importante que nos acompañe el clima, ya que hay momentos del año en que no se puede acceder a estos lugares por el riesgo de tormentas eléctricas, por lo que iniciaremos las actividades en agosto”, enfatizó.
Arnau, por su parte, expresó que “seguimos trabajando con la provincia para realizar la segunda etapa del inventario de los glaciares, lo cual es muy importante y estratégico para Jujuy”. “Queda la realización de un 20 por ciento para terminar los trabajos definitivos y estimamos que en seis meses vamos a finalizar todo el inventario”, añadió.
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Glaciares: la Corte pone las cosas en su lugar
Glaciares: la Corte pone las cosas en su lugar
Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal revocó la medida cautelar por la cual se suspendía la ley promulgada en octubre de 2010
El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar dictada por el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez, por la que suspendía la aplicación de la ley de glaciares promulgada en octubre de 2010.
La medida había sido requerida por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas SA (Emasa) y otorgada por el juez de la provincia cuyana, con el objetivo de suspender la aplicación de varios artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. En síntesis, se suspendió la aplicación de los artículos que definen los glaciares, los que ordenan la realización del Inventario Nacional de Glaciares, los que prohíben actividades que impliquen la destrucción de glaciares y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. El fundamento de la medida otorgada por el juez de San Juan era que la ley de glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa y Emasa", quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita, protegidos por nuestra Constitución.
La Corte dispuso el levantamiento de la medida cautelar y su pedido de ampliación, señalando la inexistencia de gravámenes y efectos irreparables para los intereses de las empresas en el caso de aplicarse la ley de glaciares, cuyo objetivo es, justamente, preservar los glaciares como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
No podemos dejar de remontarnos al contexto del año 2008 cuando, por unanimidad de ambas cámaras, se aprobó una ley que establecía la protección de los glaciares y periglaciares, es decir, también el entorno de esa formación natural; la realización de un inventario, y la prohibición de actividades que puedan afectarlos, como dispersión de contaminantes, actividades industriales, mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba además que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y establecía fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que en aquel momento manifestaba que ya existía legislación en la materia, y que el gobierno ya había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. El texto del veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, los legisladores de las provincias cordilleranas habían votado la ley.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo legislativo absoluto con que contó el proyecto.
Desde 2001, la multinacional minera Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso y sin antecedentes en el mundo: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, que involucra a la provincia de San Juan y a Chile. El emprendimiento ha despertado las críticas de entidades ambientalistas de ambos países por el peligro que podrían correr los glaciares y la zona periglaciar. Incluso afirman que la actividad derrocha millones de litros de agua, que podría contaminar el ambiente de manera irreversible y que la riqueza que se genera no queda en el país, porque las empresas tienen numerosas exenciones impositivas.
Como se recordará, el veto presidencial agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Sin desconocer que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, esta actividad no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles que posee nuestro país.
Nuevamente la Corte Suprema -con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- ha cumplido un rol fundamental en materia ambiental, como lo ha hecho en otras oportunidades.
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Fecha de Publicación: 12/07/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal revocó la medida cautelar por la cual se suspendía la ley promulgada en octubre de 2010
El pasado 3 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la medida cautelar dictada por el juez federal de San Juan Miguel Angel Gálvez, por la que suspendía la aplicación de la ley de glaciares promulgada en octubre de 2010.
La medida había sido requerida por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentina SA (Beasa) y Exploraciones Mineras Argentinas SA (Emasa) y otorgada por el juez de la provincia cuyana, con el objetivo de suspender la aplicación de varios artículos de la ley para el emprendimiento minero Pascua Lama. En síntesis, se suspendió la aplicación de los artículos que definen los glaciares, los que ordenan la realización del Inventario Nacional de Glaciares, los que prohíben actividades que impliquen la destrucción de glaciares y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental. El fundamento de la medida otorgada por el juez de San Juan era que la ley de glaciares creaba "un estado de intranquilidad e incertidumbre para las empresas Beasa y Emasa", quienes verían afectado su patrimonio y su derecho a ejercer toda industria lícita, protegidos por nuestra Constitución.
La Corte dispuso el levantamiento de la medida cautelar y su pedido de ampliación, señalando la inexistencia de gravámenes y efectos irreparables para los intereses de las empresas en el caso de aplicarse la ley de glaciares, cuyo objetivo es, justamente, preservar los glaciares como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
No podemos dejar de remontarnos al contexto del año 2008 cuando, por unanimidad de ambas cámaras, se aprobó una ley que establecía la protección de los glaciares y periglaciares, es decir, también el entorno de esa formación natural; la realización de un inventario, y la prohibición de actividades que puedan afectarlos, como dispersión de contaminantes, actividades industriales, mineras, petrolíferas y obras de infraestructura inadecuadas. Determinaba además que toda actividad no prohibida que allí se hiciera requería una evaluación de impacto ambiental y establecía fuertes sanciones en casos de incumplimiento.
La ley fue vetada por el Poder Ejecutivo, que en aquel momento manifestaba que ya existía legislación en la materia, y que el gobierno ya había tomado medidas respecto de la cuestión ambiental. El texto del veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, cuestionó que la ley "no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades", y admitió que "gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada" porque afectaría inversiones y puestos de trabajo. Sin embargo, los legisladores de las provincias cordilleranas habían votado la ley.
El veto presidencial sorprendió debido al apoyo legislativo absoluto con que contó el proyecto.
Desde 2001, la multinacional minera Barrick procura concretar un proyecto mucho más ambicioso y sin antecedentes en el mundo: la explotación de un yacimiento más grande, el de Pascua Lama, a 5000 metros de altura en la Cordillera, que involucra a la provincia de San Juan y a Chile. El emprendimiento ha despertado las críticas de entidades ambientalistas de ambos países por el peligro que podrían correr los glaciares y la zona periglaciar. Incluso afirman que la actividad derrocha millones de litros de agua, que podría contaminar el ambiente de manera irreversible y que la riqueza que se genera no queda en el país, porque las empresas tienen numerosas exenciones impositivas.
Como se recordará, el veto presidencial agregaba que la ley "podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas", lo cual "daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente".
Sin desconocer que los minerales y los metales hacen una gran contribución a la economía y a la sociedad, esta actividad no puede realizarse a costa de poner en riesgo el futuro de uno de los recursos más frágiles que posee nuestro país.
Nuevamente la Corte Suprema -con los votos de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda- ha cumplido un rol fundamental en materia ambiental, como lo ha hecho en otras oportunidades.
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Denuncian que la minería ya daño glaciares
Denuncian que la minería ya ha provocado daños en glaciares
Fecha de Publicación: 09/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Abogados ambientalistas aseguran que en los proyectos de Veladero y Pascua Lama se han afectado campos de hielo. Desde el 3 de julio pasado las mineras deben adecuarse a la Ley de Glaciares.
El desarrollo de proyectos mineros sobre los glaciares y el ambiente periglacial cordillerano provocó "grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversible", aseguró hoy Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
"La actividad se realiza sobre glaciares y el ambiente periglacial, en flagrante violación de la Ley de Glaciares", opinó Viale.
El abogado ambientalista señaló que esta situación se da desde que en noviembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández, por medio del decreto 1.837, vetó la denominada Ley de Glaciares votada en forma unánime por el Congreso Nacional y promulgada dos años después tras modificaciones en el texto original.
"Desde el veto presidencial, en los proyectos de Veladero y Pascua-Lama (San Juan), se han cometido grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversibles", afirmó.
Viale indicó que ambos emprendimientos "están operando sobre glaciares y ambiente periglacial tal como se desprende de los Informes Impacto Ambiental realizados por la propia empresa" a cargo de las iniciativas.
La empresa minera Barrick, a cargo de los proyectos mineros en la Cordillera, dijo días atrás que sus "actividades no se realizan en glaciares" y "cumple en todo con sus respectivas aprobaciones ambientales, incluyendo la legislación provincial para la protección" de los hielos cordilleranos, señaló el vicepresidente regional de Asuntos Corporativos de Barrick para Sudamérica, Rodrigo Jiménez Castellanos.
El 3 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia la Ley de Glaciares, que protege reservorios de agua y limita desde las zonas periglaciares la actividad minera a cielo abierto, considerada contaminante, al revocar medidas cautelares dictadas en San Juan que frenaban su aplicación.
Los informes de las compañías mineras, dijo Viale, "confiesan que su actividad se realiza sobre glaciares y ambiente periglacial". "Por eso su empeño en quitarle validez a la norma, porque saben que están violando la ley", señaló el abogado.
Al respecto, Viale recordó que varias organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, presentaron sendos pedidos a la Corte Suprema para que ordene el "inmediato cese" de los trabajos de Veladero y Pascua Lama, éste último proyecto encarado en forma conjunta entre la Argentina y Chile.
La resolución tomada días atrás por el máximo tribunal también ordenó el inicio del inventario de glaciares.
El relevamiento, que abarcará a las zonas "prioritarias" cordilleranas, "no pueden demorar más de 180 días, atento lo establecido en el artículo 15 de la norma", resaltó Viale.
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Fecha de Publicación: 09/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan
Abogados ambientalistas aseguran que en los proyectos de Veladero y Pascua Lama se han afectado campos de hielo. Desde el 3 de julio pasado las mineras deben adecuarse a la Ley de Glaciares. El desarrollo de proyectos mineros sobre los glaciares y el ambiente periglacial cordillerano provocó "grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversible", aseguró hoy Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
"La actividad se realiza sobre glaciares y el ambiente periglacial, en flagrante violación de la Ley de Glaciares", opinó Viale.
El abogado ambientalista señaló que esta situación se da desde que en noviembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández, por medio del decreto 1.837, vetó la denominada Ley de Glaciares votada en forma unánime por el Congreso Nacional y promulgada dos años después tras modificaciones en el texto original.
"Desde el veto presidencial, en los proyectos de Veladero y Pascua-Lama (San Juan), se han cometido grandes daños ambientales, muchos de ellos de carácter irreversibles", afirmó.
Viale indicó que ambos emprendimientos "están operando sobre glaciares y ambiente periglacial tal como se desprende de los Informes Impacto Ambiental realizados por la propia empresa" a cargo de las iniciativas.
La empresa minera Barrick, a cargo de los proyectos mineros en la Cordillera, dijo días atrás que sus "actividades no se realizan en glaciares" y "cumple en todo con sus respectivas aprobaciones ambientales, incluyendo la legislación provincial para la protección" de los hielos cordilleranos, señaló el vicepresidente regional de Asuntos Corporativos de Barrick para Sudamérica, Rodrigo Jiménez Castellanos.
El 3 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia puso en vigencia la Ley de Glaciares, que protege reservorios de agua y limita desde las zonas periglaciares la actividad minera a cielo abierto, considerada contaminante, al revocar medidas cautelares dictadas en San Juan que frenaban su aplicación.
Los informes de las compañías mineras, dijo Viale, "confiesan que su actividad se realiza sobre glaciares y ambiente periglacial". "Por eso su empeño en quitarle validez a la norma, porque saben que están violando la ley", señaló el abogado.
Al respecto, Viale recordó que varias organizaciones ambientales, entre ellas Greenpeace, presentaron sendos pedidos a la Corte Suprema para que ordene el "inmediato cese" de los trabajos de Veladero y Pascua Lama, éste último proyecto encarado en forma conjunta entre la Argentina y Chile.
La resolución tomada días atrás por el máximo tribunal también ordenó el inicio del inventario de glaciares.
El relevamiento, que abarcará a las zonas "prioritarias" cordilleranas, "no pueden demorar más de 180 días, atento lo establecido en el artículo 15 de la norma", resaltó Viale.
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Glaciares:Gobierno Sanjuanino insiste
Ley de Glaciares: insisten con que es inconstitucional
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El fiscal de Estado sanjuanino dijo que el rechazo de la cautelar que frenaba la norma era previsible y consideró que la Corte no se ha expedido sobre la cuestión de fondo.
El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, consideró ayer "previsible" que la Corte Suprema rechazara la cautelar que frenó la Ley de Glaciares y advirtió que resta que el alto tribunal "se expida sobre el tema de fondo, el planteo de inconstitucionalidad".
En ese marco, dijo que el gobierno sanjuanino "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria" y sostuvo que las empresas del sector desarrollan sus tareas en el marco de las normas previstas.
La legislación que preserva glaciares y zonas periglaciares fue destacada por especialistas y grupos ecologistas por evitar emprendimientos en nacientes de agua, pero el gobierno del kirchnerista José Luis Gioja, que defiende la minería como pilar del desarrollo, cuestionó la ley y empresas del sector llevaron el caso a la justicia en ese distrito.
El fiscal de Estado señaló que en el fallo de la Corte que revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares "solamente se ha resuelto la cautelar".
"Todavía falta que se expida sobre el tema de fondo, que es el planteo de inconstitucionalidad", apuntó el funcionario sanjuanino en declaraciones a radio Light.
De Sanctis consideró "previsible" la resolución del alto tribunal, pero acotó que el gobierno local "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria".
En ese contexto, aclaró que la ley de protección de glaciares "aún no está operativa y San Juan está más avanzada que todos en cuanto a los glaciares".
"No hay motivos para sentirse atemorizados", dijo el fiscal, y pidió distinguir entre "la espuma y el escandalete mediático que levanta esto y la actitud de algunos sectores ambientalistas extremos, de lo que es lo jurídico".
De Sanctis indicó que la Corte "no ha dicho ?paren las rotativas, dejen de producir', sino que ha dicho que si todavía no se arranca ni siquiera con el inventario de glaciares, mal se puede suspender la ley, con lo cual va a haber mucho estrépito, se van a decir muchas cosas, pero no hay peligro jurídico alguno".
Además, defendió a la empresa que tiene a su cargo los mayores proyectos mineros metalíferos en la provincia, Barrick, al señalar que en la mina Veladero y en el proyecto binacional Pascua Lama "han cumplido con todos los requerimientos legales y se encuentran encuadrados en la ley".
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, dijo al diario Tiempo de San Juan que la decisión de la Corte Suprema "no perjudica a la actividad minera en la provincia".
"Creo que no nos afectará porque no estamos cometiendo ningún delito. El problema era la definición de periglaciar y glaciar y acá las mineras no están afectando los glaciares, por eso creo que no habrá problemas", señaló Bergé.
Las mineras
Por su parte, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros, salió expresar que el fallo no afecta a la actividad y que la provincia ya tiene su relevamiento propio de glaciares.
Según publica el sitio on line de Diario de Cuyo, el comunicado de la entidad asegura que "este veredicto no afecta a la actividad minera ni a los emprendimientos mineros en marcha en la provincia de San Juan debido a que en la misma ya existe un inventario provincial de glaciares que cumple con la legislación vigente en materia medioambiental, tal y como lo especifican las leyes de la provincia de San Juan".
Además, aclara la comunicación oficial que "hay tranquilidad por parte de todos los socios que conforman la CEPSM en relación a la polémica suscitada por el fallo anteriormente mencionado".
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“Garantizar la participación”
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El senador Daniel Filmus opinó que se debe “empezar a hacer el inventario de glaciares” en los lugares donde hay algún tipo de explotación. Tras el fallo de la Corte, el legislador anunció un proyecto para hacer “consultas vinculantes”.
“Hay que empezar a realizar el inventario de glaciares que manda la ley por aquellos lugares donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”, evaluó ayer el senador Daniel Filmus (FpV), autor del proyecto de la Ley de Glaciares cuya aplicación en San Juan avaló la Corte Suprema, como informó ayer este diario. En diálogo con Página/12, Filmus interpretó como “altamente positivo” que la Secretaría de Ambiente haya girado los recursos para iniciar esa “primera etapa, de elaboración de inventario de glaciares y periglaciares”. En tanto, y para completar el seguimiento de la sustentabilidad de los emprendimientos económicos en relación con los territorios y las comunidades que los habitan, el senador adelantó que “ahora queremos avanzar en la discusión de otra ley, que garantice la participación comunitaria vinculante en estos emprendimientos”, que ya se encuentra en elaboración.
Como informó ayer Página/12, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que impedía la plena vigencia de la Ley de Glaciares, que limita las actividades extractivas contaminantes en beneficio de la preservación de las reservas de agua dulce. De ese modo, el máximo tribunal revirtió las medidas de la Justicia de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos clave del texto legal, a pedido de tres empresas mineras (Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno sanjuanino.
“La ley es muy precisa. Lo más importante de todo es que el gobierno nacional ya avanzó en transferir los recursos a la Secretaría de Ambiente, y a su vez la Secretaría los transfirió para comenzar esta primera etapa, que es la elaboración del inventario de glaciares y periglaciares”, evaluó el senador, autor del proyecto sancionado en 2010.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, ya lleva relevados territorios de varias provincias, señaló Filmus. “En Mendoza creo que ya están por terminarse, y en San Juan ya ha hecho estudios preliminares. El primer resultado que vamos a tener es un inventario acabado que, como dice la ley, va a haber que ir renovando, porque, como sabemos, la mayoría de los glaciares retroceden.”
Porque el último artículo de la ley, transitorio, lo señala, recordó Filmus, “hay que empezar (la elaboración del inventario) por aquellos lugares en donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”. Entonces, “se empieza por los lugares donde algún tipo de explotación, minera, petrolífera o de cualquier actividad humana, podría dañar alguna reserva de agua importante”. Una vez elaborado el inventario, se aplica el criterio establecido por la ley, según el cual “ciertas actividades están prohibidas en zona de glaciar y otras no, pero para permitirlas o no es preciso realizar primero el estudio de impacto ambiental”. “Esto da tranquilidad a quienes proyectan un emprendimiento, porque de este modo quedan delimitadas las zonas en las que se puede realizar una explotación.”
Por otro lado, el senador adelantó que en lo inmediato el objetivo es “avanzar en la discusión de otra ley, sobre participación comunitaria vinculante en caso de estos emprendimientos” para que las comunidades locales “participen de la evaluación de impacto ambiental”.
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Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El fiscal de Estado sanjuanino dijo que el rechazo de la cautelar que frenaba la norma era previsible y consideró que la Corte no se ha expedido sobre la cuestión de fondo. El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, consideró ayer "previsible" que la Corte Suprema rechazara la cautelar que frenó la Ley de Glaciares y advirtió que resta que el alto tribunal "se expida sobre el tema de fondo, el planteo de inconstitucionalidad".
En ese marco, dijo que el gobierno sanjuanino "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria" y sostuvo que las empresas del sector desarrollan sus tareas en el marco de las normas previstas.
La legislación que preserva glaciares y zonas periglaciares fue destacada por especialistas y grupos ecologistas por evitar emprendimientos en nacientes de agua, pero el gobierno del kirchnerista José Luis Gioja, que defiende la minería como pilar del desarrollo, cuestionó la ley y empresas del sector llevaron el caso a la justicia en ese distrito.
El fiscal de Estado señaló que en el fallo de la Corte que revocó las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares "solamente se ha resuelto la cautelar".
"Todavía falta que se expida sobre el tema de fondo, que es el planteo de inconstitucionalidad", apuntó el funcionario sanjuanino en declaraciones a radio Light.
De Sanctis consideró "previsible" la resolución del alto tribunal, pero acotó que el gobierno local "va a demostrar que la ley nacional es innecesaria".
En ese contexto, aclaró que la ley de protección de glaciares "aún no está operativa y San Juan está más avanzada que todos en cuanto a los glaciares".
"No hay motivos para sentirse atemorizados", dijo el fiscal, y pidió distinguir entre "la espuma y el escandalete mediático que levanta esto y la actitud de algunos sectores ambientalistas extremos, de lo que es lo jurídico".
De Sanctis indicó que la Corte "no ha dicho ?paren las rotativas, dejen de producir', sino que ha dicho que si todavía no se arranca ni siquiera con el inventario de glaciares, mal se puede suspender la ley, con lo cual va a haber mucho estrépito, se van a decir muchas cosas, pero no hay peligro jurídico alguno".
Además, defendió a la empresa que tiene a su cargo los mayores proyectos mineros metalíferos en la provincia, Barrick, al señalar que en la mina Veladero y en el proyecto binacional Pascua Lama "han cumplido con todos los requerimientos legales y se encuentran encuadrados en la ley".
El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, dijo al diario Tiempo de San Juan que la decisión de la Corte Suprema "no perjudica a la actividad minera en la provincia".
"Creo que no nos afectará porque no estamos cometiendo ningún delito. El problema era la definición de periglaciar y glaciar y acá las mineras no están afectando los glaciares, por eso creo que no habrá problemas", señaló Bergé.
Las mineras
Por su parte, la Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Mineros, salió expresar que el fallo no afecta a la actividad y que la provincia ya tiene su relevamiento propio de glaciares.
Según publica el sitio on line de Diario de Cuyo, el comunicado de la entidad asegura que "este veredicto no afecta a la actividad minera ni a los emprendimientos mineros en marcha en la provincia de San Juan debido a que en la misma ya existe un inventario provincial de glaciares que cumple con la legislación vigente en materia medioambiental, tal y como lo especifican las leyes de la provincia de San Juan".
Además, aclara la comunicación oficial que "hay tranquilidad por parte de todos los socios que conforman la CEPSM en relación a la polémica suscitada por el fallo anteriormente mencionado".
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“Garantizar la participación”
Fecha de Publicación: 05/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El senador Daniel Filmus opinó que se debe “empezar a hacer el inventario de glaciares” en los lugares donde hay algún tipo de explotación. Tras el fallo de la Corte, el legislador anunció un proyecto para hacer “consultas vinculantes”.
“Hay que empezar a realizar el inventario de glaciares que manda la ley por aquellos lugares donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”, evaluó ayer el senador Daniel Filmus (FpV), autor del proyecto de la Ley de Glaciares cuya aplicación en San Juan avaló la Corte Suprema, como informó ayer este diario. En diálogo con Página/12, Filmus interpretó como “altamente positivo” que la Secretaría de Ambiente haya girado los recursos para iniciar esa “primera etapa, de elaboración de inventario de glaciares y periglaciares”. En tanto, y para completar el seguimiento de la sustentabilidad de los emprendimientos económicos en relación con los territorios y las comunidades que los habitan, el senador adelantó que “ahora queremos avanzar en la discusión de otra ley, que garantice la participación comunitaria vinculante en estos emprendimientos”, que ya se encuentra en elaboración.
Como informó ayer Página/12, la Corte Suprema de Justicia revocó la medida cautelar que impedía la plena vigencia de la Ley de Glaciares, que limita las actividades extractivas contaminantes en beneficio de la preservación de las reservas de agua dulce. De ese modo, el máximo tribunal revirtió las medidas de la Justicia de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos clave del texto legal, a pedido de tres empresas mineras (Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold), la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno sanjuanino.
“La ley es muy precisa. Lo más importante de todo es que el gobierno nacional ya avanzó en transferir los recursos a la Secretaría de Ambiente, y a su vez la Secretaría los transfirió para comenzar esta primera etapa, que es la elaboración del inventario de glaciares y periglaciares”, evaluó el senador, autor del proyecto sancionado en 2010.
El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), dependiente del Conicet, ya lleva relevados territorios de varias provincias, señaló Filmus. “En Mendoza creo que ya están por terminarse, y en San Juan ya ha hecho estudios preliminares. El primer resultado que vamos a tener es un inventario acabado que, como dice la ley, va a haber que ir renovando, porque, como sabemos, la mayoría de los glaciares retroceden.”
Porque el último artículo de la ley, transitorio, lo señala, recordó Filmus, “hay que empezar (la elaboración del inventario) por aquellos lugares en donde se cree que algún tipo de instalación ya existente puede perjudicar el glaciar”. Entonces, “se empieza por los lugares donde algún tipo de explotación, minera, petrolífera o de cualquier actividad humana, podría dañar alguna reserva de agua importante”. Una vez elaborado el inventario, se aplica el criterio establecido por la ley, según el cual “ciertas actividades están prohibidas en zona de glaciar y otras no, pero para permitirlas o no es preciso realizar primero el estudio de impacto ambiental”. “Esto da tranquilidad a quienes proyectan un emprendimiento, porque de este modo quedan delimitadas las zonas en las que se puede realizar una explotación.”
Por otro lado, el senador adelantó que en lo inmediato el objetivo es “avanzar en la discusión de otra ley, sobre participación comunitaria vinculante en caso de estos emprendimientos” para que las comunidades locales “participen de la evaluación de impacto ambiental”.
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Ley de Glaciares: la Corte falló contra las mineras
Aval supremo a la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 04/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dispuso que debe hacerse un inventario de glaciares también en San Juan, donde la aplicación de la ley había quedado suspendida por una demanda de la Barrick Gold, el sindicato de mineros y el gobierno provincial.
La Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares que impedían la vigencia plena de la Ley de Glaciares, que pone límites a las actividades extractivas contaminantes, como la minería, para preservar las reservas de agua dulce. El fallo revierte las decisiones adoptadas por la Justicia Federal de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos claves de la norma a pedido de las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de la provincia de San Juan. Con sus demandas habían logrado eximir de controles a dos emprendimientos de extracción de oro y plata a cielo abierto en esa provincia, Veladero y Pascua Lama. La decisión del alto tribunal precisa que de ahora en más, como prevé la ley aprobada en 2010, deberá realizarse en San Juan un inventario de glaciares, tal como, se supone, se realiza en todo el país, y tendrán que ser sometidos a una auditoría de impacto ambiental los emprendimientos ubicados en áreas de posible riesgo.
Hasta ayer la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial estaba suspendida parcialmente debido a las medidas cautelares dictadas por el juez Miguel Angel Gálvez. En los hechos, la aplicación era prácticamente imposible, al menos en San Juan, porque los artículos afectados (2, 3, 5, 6, 7 y 15) son los que abarcan la definición de glaciar, la confección de un inventario nacional de glaciares, la prohibición de actividades que puedan implicar su destrucción y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades proyectadas en zonas de glaciares, así como de someter a auditoría las que ya estuvieran en ejecución al momento de la sanción de la ley. El emprendimiento minero Veladero está operativo desde 2005; Pascua Lama es un proyecto binacional (argentinochileno) en construcción.
Según la Corte, el juez sanjuanino se basó en un “fundamento contradictorio”. Por un lado, advertía que la ley “contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas” mineras “que verían afectados el patrimonio y los derechos adquiridos” y “sus derechos a ejercer industrias lícitas”. Sin embargo, acota el alto tribunal, al suspender los seis artículos la medida cautelar “neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante (las empresas)”. “El artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglacial, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por ley”, ilustra el fallo supremo.
El razonamiento de la Corte es que mal puede saber una empresa si a la larga será víctima de un eventual daño irreparable (que requiera ser protegido por una medida cautelar) si ni siquiera se ha constatado por los caminos legales si sus emprendimientos están en las zonas críticas y/o si su actividad acarrea un posible perjuicio al ambiente. “No existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como eximirla del cumplimiento de lo ordenado por la ley, que debe ser acatada hasta tanto se resuelva su validez constitucional”, advierte la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Para ellos ni siquiera hay una amenaza de un futuro efecto irreversible para las mineras. Carmen Argibay sigue de licencia por problemas de salud y Raúl Zaffaroni viajó a recibir un reconocimiento en Cuba.
Un dato curioso es que en la Barrick Gold –según sus voceros– sostiene que las explotaciones de Pascua Lama y Veladero no están en zonas de glaciares. Todo indica que se anticiparon a denuncias en su contra. También se sumaron al recurso de amparo Exploraciones Argentinas Mineras (Emasa) y el sindicato de los mineros, mientras que el gobierno de San Juan (donde se desarrolla una vasta actividad minera, con diecisiete empresas instaladas en la provincia) se presentó como parte interesada en sostener la medida cautelar concedida por el juez Gálvez. El caso llegó a la Corte por un recurso del Estado nacional. Como terceras interesadas se presentaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra y Diálogo por el Ambiente.
El juzgado de primera instancia alegaba que la Ley de Glaciares estaba reñida con la Constitución, en cuanto a que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” y que cada una dicta sus normas de protección del ambiente. Llegó a preguntarse si no hubo “presupuestos excesivos en la actividad legislativa”.
La Corte fue muy crítica con ese enfoque. Dijo que el juez federal usó criterios “dogmáticos”, que no ofreció un “remedio proporcionado” y que no tuvo en cuenta que afectaba “el principio constitucional de división de poderes”. “Los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada”, prescribió la Corte.
El fallo dice expresamente que recién una vez que se hagan el inventario de glaciares –una tarea que está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales– y la auditoría ambiental de la Barrick Gold y de Emasa, “se conocerá si la ley afecta o no los derechos” de esas firmas. Por ahora se discutió una medida preventiva. Lo que definirá la pulseada será la revisión sobre la constitucionalidad de la ley, que deberá resolver la Corte. El fallo de ayer dedica un párrafo a recordar el objetivo de la norma: “Establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial” para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de la información científica y como atractivo turístico”.
Desde sus primeras decisiones sobres el saneamiento del Riachuelo, la Corte se mostró proclive a tallar en cuestiones ambientales (especialidad de Lorenzetti) y donde el Estado ha estado ausente. También desde hace tiempo viene marcando límites al abuso de las medidas cautelares –como lo hizo al levantar la cautelar que suspendía la ley de medios– como instrumentos de algunos jueces para cuestionar leyes o medidas de gobierno y transformar medidas provisorias en sentencias anticipadas.
Más Información:
- La Nación - La Corte respaldó la plena vigencia de la ley de glaciares
- IEco-Clarín - Rechazó la Corte un pedido de la Barrick y destrabó la ley...
- Página/12 - Con beneficio de inventario
- Los Andes - La Corte falló contra las mineras y destrabó la Ley de Glaciares
- Los Andes - Barrick reiteró que su actividad no afecta glaciares
- La Voz - Ley de glaciares: la Corte revocó amparos de las mineras
- Diario Uno - La Corte revocó las cautelares impuestas por la Barrick...
- El Tribuno - La Corte Suprema puso en vigencia la ley de glaciares
- Terra - Corte Suprema falla contra Barrick Gold por glaciares
- Diario Norte - La Corte dejó sin efecto cautelar que amparaba a la Barrick
- Diario Río Negro - La Corte avaló la ley que protege a los glaciares
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Fecha de Publicación: 04/07/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dispuso que debe hacerse un inventario de glaciares también en San Juan, donde la aplicación de la ley había quedado suspendida por una demanda de la Barrick Gold, el sindicato de mineros y el gobierno provincial.La Corte Suprema de Justicia revocó las medidas cautelares que impedían la vigencia plena de la Ley de Glaciares, que pone límites a las actividades extractivas contaminantes, como la minería, para preservar las reservas de agua dulce. El fallo revierte las decisiones adoptadas por la Justicia Federal de San Juan, que había suspendido la aplicación de seis artículos claves de la norma a pedido de las empresas Barrick Exploraciones Argentinas, Exploraciones Argentinas Mineras y Minera Argentina Gold, además de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y el gobierno de la provincia de San Juan. Con sus demandas habían logrado eximir de controles a dos emprendimientos de extracción de oro y plata a cielo abierto en esa provincia, Veladero y Pascua Lama. La decisión del alto tribunal precisa que de ahora en más, como prevé la ley aprobada en 2010, deberá realizarse en San Juan un inventario de glaciares, tal como, se supone, se realiza en todo el país, y tendrán que ser sometidos a una auditoría de impacto ambiental los emprendimientos ubicados en áreas de posible riesgo.
Hasta ayer la Ley de Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial estaba suspendida parcialmente debido a las medidas cautelares dictadas por el juez Miguel Angel Gálvez. En los hechos, la aplicación era prácticamente imposible, al menos en San Juan, porque los artículos afectados (2, 3, 5, 6, 7 y 15) son los que abarcan la definición de glaciar, la confección de un inventario nacional de glaciares, la prohibición de actividades que puedan implicar su destrucción y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental de las actividades proyectadas en zonas de glaciares, así como de someter a auditoría las que ya estuvieran en ejecución al momento de la sanción de la ley. El emprendimiento minero Veladero está operativo desde 2005; Pascua Lama es un proyecto binacional (argentinochileno) en construcción.
Según la Corte, el juez sanjuanino se basó en un “fundamento contradictorio”. Por un lado, advertía que la ley “contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas” mineras “que verían afectados el patrimonio y los derechos adquiridos” y “sus derechos a ejercer industrias lícitas”. Sin embargo, acota el alto tribunal, al suspender los seis artículos la medida cautelar “neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante (las empresas)”. “El artículo 2º de la ley define el concepto de glaciar y ambiente periglacial, estableciendo luego la forma de individualizarlos a través de la realización de un inventario. Una vez que se haya llevado a cabo el inventario de glaciares, se conocerán con exactitud las áreas que se encuentran protegidas por ley”, ilustra el fallo supremo.
El razonamiento de la Corte es que mal puede saber una empresa si a la larga será víctima de un eventual daño irreparable (que requiera ser protegido por una medida cautelar) si ni siquiera se ha constatado por los caminos legales si sus emprendimientos están en las zonas críticas y/o si su actividad acarrea un posible perjuicio al ambiente. “No existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como eximirla del cumplimiento de lo ordenado por la ley, que debe ser acatada hasta tanto se resuelva su validez constitucional”, advierte la resolución, firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carlos Fayt. Para ellos ni siquiera hay una amenaza de un futuro efecto irreversible para las mineras. Carmen Argibay sigue de licencia por problemas de salud y Raúl Zaffaroni viajó a recibir un reconocimiento en Cuba.
Un dato curioso es que en la Barrick Gold –según sus voceros– sostiene que las explotaciones de Pascua Lama y Veladero no están en zonas de glaciares. Todo indica que se anticiparon a denuncias en su contra. También se sumaron al recurso de amparo Exploraciones Argentinas Mineras (Emasa) y el sindicato de los mineros, mientras que el gobierno de San Juan (donde se desarrolla una vasta actividad minera, con diecisiete empresas instaladas en la provincia) se presentó como parte interesada en sostener la medida cautelar concedida por el juez Gálvez. El caso llegó a la Corte por un recurso del Estado nacional. Como terceras interesadas se presentaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Amigos de la Tierra y Diálogo por el Ambiente.
El juzgado de primera instancia alegaba que la Ley de Glaciares estaba reñida con la Constitución, en cuanto a que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” y que cada una dicta sus normas de protección del ambiente. Llegó a preguntarse si no hubo “presupuestos excesivos en la actividad legislativa”.
La Corte fue muy crítica con ese enfoque. Dijo que el juez federal usó criterios “dogmáticos”, que no ofreció un “remedio proporcionado” y que no tuvo en cuenta que afectaba “el principio constitucional de división de poderes”. “Los jueces deben valorar de forma equilibrada los hechos del caso, así como las normas y principios jurídicos en juego, y resolver las tensiones entre ellos mediante una ponderación adecuada”, prescribió la Corte.
El fallo dice expresamente que recién una vez que se hagan el inventario de glaciares –una tarea que está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales– y la auditoría ambiental de la Barrick Gold y de Emasa, “se conocerá si la ley afecta o no los derechos” de esas firmas. Por ahora se discutió una medida preventiva. Lo que definirá la pulseada será la revisión sobre la constitucionalidad de la ley, que deberá resolver la Corte. El fallo de ayer dedica un párrafo a recordar el objetivo de la norma: “Establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial” para “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de la información científica y como atractivo turístico”.
Desde sus primeras decisiones sobres el saneamiento del Riachuelo, la Corte se mostró proclive a tallar en cuestiones ambientales (especialidad de Lorenzetti) y donde el Estado ha estado ausente. También desde hace tiempo viene marcando límites al abuso de las medidas cautelares –como lo hizo al levantar la cautelar que suspendía la ley de medios– como instrumentos de algunos jueces para cuestionar leyes o medidas de gobierno y transformar medidas provisorias en sentencias anticipadas.
Más Información:
- La Nación - La Corte respaldó la plena vigencia de la ley de glaciares
- IEco-Clarín - Rechazó la Corte un pedido de la Barrick y destrabó la ley...
- Página/12 - Con beneficio de inventario
- Los Andes - La Corte falló contra las mineras y destrabó la Ley de Glaciares
- Los Andes - Barrick reiteró que su actividad no afecta glaciares
- La Voz - Ley de glaciares: la Corte revocó amparos de las mineras
- Diario Uno - La Corte revocó las cautelares impuestas por la Barrick...
- El Tribuno - La Corte Suprema puso en vigencia la ley de glaciares
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- Diario Río Negro - La Corte avaló la ley que protege a los glaciares
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CSJ revoca cautelar contra la Ley de Glaciares
La Corte Suprema revocó las cautelares que impedían aplicar la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 03/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia federal de San Juan y que habían sido solicitadas por Barrick Gold y otras empresas mineras. De este modo, la ley queda vigente, por lo que deberá hacerse un inventario de glaciares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada “Ley de Glaciares” en la provincia de San Juan y, en consecuencia, dicha norma queda vigente, por lo que deberá realizarse un inventario de glaciares en todo el país, entre otras cuestiones.
Según informó el sitio cij.gov.ar, se trata de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a fin de que se suspenda la aplicación de seis artículos de la ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.
Las cautelares se referían a la definición de glaciar, a la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a la realización de un inventario, a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares, a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental .
Según el fallo de la Corte –firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda-, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.
“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras’. Sin embargo, la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante”, agrega.
El senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, uno de los impulsores de esta ley celebró la decisión de la Corte, “se ha dado un paso importantísimo para proteger los reservorios de agua en esa provincia”, definió.
“Es una decisión fundamental para que empiece la primer etapa en San Juan, la de implementación del inventario que define las zonas que hay que cuidar para preservar el agua de los glaciares. El Gobierno nacional a través de la Secretaria de Ambiente ya está trabajando en la confección del inventario en las demás provincias”, expresó.
Para Filmus, la realización del inventario de los glaciares “es el núcleo central de la ley, ya que poder contar con un inventario realizado por los científicos del CONICET y por el prestigioso director del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), Ricardo Villalba, nos permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger en todo el territorio nacional”, concluyó.
En tanto, el ex intendente y candidato a gobernador de San Juan, Alfredo Avelin, calificó el fallo como "histórico" y dijo que "permite volver a creer en la Justicia". "Ojalá que a partir de ahora se empiece a trabajar como sucede en otros países, en la prohibición del uso del cianuro y sustancias contaminates en la explotación de la megaminería metalífera", agregó Alfredo Avelín (h).
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Fecha de Publicación: 03/07/2012
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El máximo tribunal dejó sin efecto las medidas dictadas por la Justicia federal de San Juan y que habían sido solicitadas por Barrick Gold y otras empresas mineras. De este modo, la ley queda vigente, por lo que deberá hacerse un inventario de glaciares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este martes las medidas cautelares que frenaban la aplicación de la llamada “Ley de Glaciares” en la provincia de San Juan y, en consecuencia, dicha norma queda vigente, por lo que deberá realizarse un inventario de glaciares en todo el país, entre otras cuestiones.
Según informó el sitio cij.gov.ar, se trata de medidas cautelares dictadas por la Justicia federal de San Juan que habían sido requeridas por las empresas Barrick Exploraciones Argentina SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, a fin de que se suspenda la aplicación de seis artículos de la ley 26.639 para el emprendimiento minero Pascua Lama.
Las cautelares se referían a la definición de glaciar, a la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a la realización de un inventario, a la prohibición de actividades que impliquen la destrucción de glaciares, a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecución al momento de la sanción de la ley a una auditoría ambiental .
Según el fallo de la Corte –firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda-, “la decisión en recurso suspende la aplicación de la ley con un fundamento contradictorio”.
“Ello es así porque para la adopción de esta medida el a quo sostiene que la ley contiene una definición amplia, imprecisa y, por lo tanto, ‘crea un estado de intranquilidad e incertidumbre para los representantes de las empresas actoras’. Sin embargo, la medida cautelar, al suspender algunos de los artículos señalados, neutraliza los procedimientos establecidos por la propia ley para generar la precisión que requiere el peticionante”, agrega.
El senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, uno de los impulsores de esta ley celebró la decisión de la Corte, “se ha dado un paso importantísimo para proteger los reservorios de agua en esa provincia”, definió.
“Es una decisión fundamental para que empiece la primer etapa en San Juan, la de implementación del inventario que define las zonas que hay que cuidar para preservar el agua de los glaciares. El Gobierno nacional a través de la Secretaria de Ambiente ya está trabajando en la confección del inventario en las demás provincias”, expresó.
Para Filmus, la realización del inventario de los glaciares “es el núcleo central de la ley, ya que poder contar con un inventario realizado por los científicos del CONICET y por el prestigioso director del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), Ricardo Villalba, nos permitirá conocer en detalle cuáles son las reservas de agua que hay que proteger en todo el territorio nacional”, concluyó.
En tanto, el ex intendente y candidato a gobernador de San Juan, Alfredo Avelin, calificó el fallo como "histórico" y dijo que "permite volver a creer en la Justicia". "Ojalá que a partir de ahora se empiece a trabajar como sucede en otros países, en la prohibición del uso del cianuro y sustancias contaminates en la explotación de la megaminería metalífera", agregó Alfredo Avelín (h).
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A la CSJ por la Ley de Glaciares
Ambientalistas reclaman por incumplimiento de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 06/03/2012
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas pidieron a la Corte Suprema que frene el emprendimiento minero Veladero.
Las organizaciones ambientalistas Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y Diálogo por el Ambiente, presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar el cese inmediato de actividades del emprendimiento minero Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan, en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en la Ley de Glaciares ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada solicita también que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que impiden la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia, y pide que se realice en forma urgente el Inventario Nacional de Glaciares previsto por la ley, a fin de que individualice todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en la provincia de San Juan.
Este inventario debería haber comenzado precisamente en el área en que se emplaza el emprendimiento Veladero, por tratarse de un “área prioritaria” (2), en la que se realizan actividades prohibidas por el artículo 6 de la Ley, que además afectan la condición natural y las funciones de los glaciares.
En la presentación, las organizaciones piden también a la Corte que se condene a los demandados -el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias- a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
En el mes de mayo de 2011 fue presentada una demanda similar en relación al emprendimiento binacional Pascua Lama, otro proyecto de la misma empresa, y aún no ha obtenido resolución alguna por parte de la Corte Suprema.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “Zeballos, Saúl Argentino c/San Juan, Provincia de s/amparo ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Veladero en el año 2009, mucho antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
Fecha de Publicación: 06/03/2012
Fuente: Cuyo Noticias
Provincia/Región: Nacional
Organizaciones ambientalistas pidieron a la Corte Suprema que frene el emprendimiento minero Veladero.
Las organizaciones ambientalistas Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y Diálogo por el Ambiente, presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar el cese inmediato de actividades del emprendimiento minero Veladero de la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan, en cumplimiento de la Ley de Protección de Glaciares.
Según la demanda, el emprendimiento minero de la empresa Barrick Gold viola la prohibición establecida en la Ley de Glaciares ya que está desarrollando su actividad sobre glaciares y ambiente periglacial.
La demanda presentada solicita también que se disponga “la inmediata suspensión” de las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que impiden la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia, y pide que se realice en forma urgente el Inventario Nacional de Glaciares previsto por la ley, a fin de que individualice todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en la provincia de San Juan.
Este inventario debería haber comenzado precisamente en el área en que se emplaza el emprendimiento Veladero, por tratarse de un “área prioritaria” (2), en la que se realizan actividades prohibidas por el artículo 6 de la Ley, que además afectan la condición natural y las funciones de los glaciares.
En la presentación, las organizaciones piden también a la Corte que se condene a los demandados -el Estado Nacional, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold y sus subsidiarias- a realizar obras de saneamiento y recomposición del ambiente, en el área donde se encuentra el proyecto minero, por los daños ambientales ya ocasionados.
En el mes de mayo de 2011 fue presentada una demanda similar en relación al emprendimiento binacional Pascua Lama, otro proyecto de la misma empresa, y aún no ha obtenido resolución alguna por parte de la Corte Suprema.
La demanda de las organizaciones ambientalistas se enmarca en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “Zeballos, Saúl Argentino c/San Juan, Provincia de s/amparo ambiental”, donde ciudadanos sanjuaninos denunciaron el impacto ambiental del emprendimiento Veladero en el año 2009, mucho antes de la sanción de la Ley de Protección de Glaciares.
Río Negro: cruces por el freno a ley de glaciares
Fuertes cruces por el freno a ley de glaciares
Fecha de Publicación: 11/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El proyecto de Odarda fue retirado a último momento. La legisladora acusó a la UCR de pactar con el FpV.
Varios proyectos se analizaron ayer en la sesión de la Legislatura Rionegrina. Sin embargo, uno de los que más trascendencia tuvo fue el que no se trató. La decisión del parlamento de retirar del orden del día la discusión en segunda vuelta sobre la protección de la zona de glaciares y periglaciares, sobre la base de un proyecto de la legisladora Magdalena Odarda, generó fuertes cruces entre la representante del ARI y el presidente de la bancada radical, Adrián Casadei.
Odarda acusó al bloque oficialista de haber pactado con el Frente para la Victoria el retiro de ese expediente. Le requirió al radicalismo que cuando le toque ser oposición lo haga responsablemente en defensa de sus votantes y no llegando a acuerdos con quien será oficialismo desde el 10 de diciembre. Le recriminó a Casadei haber mantenido una conversación telefónica con el presidente del bloque del PJ, Carlos Peralta, la noche anterior a la sesión, para pergeñar el retiro del proyecto de su autoría.
Luego, en diálogo con la prensa, Odarda relacionó la decisión de ambos bloques mayoritarios con la pretensión del gobernador electo, Carlos Soria, de insistir en la explotación minera en zonas sensibles. Su proyecto, que ahora se debatiría el 30 de noviembre, estipula entre otras cosas, la creación de un registro de glaciares y restricciones para determinadas actividades en esas zonas y sectores aledaños.
Por otro lado, el parlamento rionegrino aprobó una comunicación dirigida a las autoridades del Banco de la Nación Argentina para que se disponga una prórroga hasta el 30 de abril de 2012 de los plazos establecidos en el Plan Especial de Cancelación de Deudas en Mora Circular 1073, cuyo vencimiento operaba hasta el 31 de octubre de 2011.
La Cámara también avaló otra iniciativa de comunicación para que la entidad bancaria encuadre su accionar para con los productores agropecuarios rionegrinos declarados en emergencia y desastre agropecuario.
Aprobó además una modificación a la ley de Bosques para establecer los lineamientos funcionales del Cuerpo de Guardias Forestales y la creación del Cuerpo de Extensionistas Forestales.
Además, se consensuó en primera vuelta la incorporación de los ramales del "Tren del Dique", "Enlace Rápido" y "La Trochita" a la comisión Interpoderes e Interestadual de seguimiento del "Tren del Valle". La legisladora Odarda, autora del proyecto junto a Fabián Gatti de Redes, explicó que la ley 4314 creó la comisión del Tren del Valle para darle vida al servicio del tren de pasajeros que une Chichinales y Senillosa, el tramo Plaza Constitución-Zapala (ex "Estrella del Valle" o "El Zapalero") y la construcción del nuevo ramal Choele Choel-San Antonio Oeste en distintas etapas de ejecución.
Fecha de Publicación: 11/11/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
El proyecto de Odarda fue retirado a último momento. La legisladora acusó a la UCR de pactar con el FpV.
Varios proyectos se analizaron ayer en la sesión de la Legislatura Rionegrina. Sin embargo, uno de los que más trascendencia tuvo fue el que no se trató. La decisión del parlamento de retirar del orden del día la discusión en segunda vuelta sobre la protección de la zona de glaciares y periglaciares, sobre la base de un proyecto de la legisladora Magdalena Odarda, generó fuertes cruces entre la representante del ARI y el presidente de la bancada radical, Adrián Casadei.
Odarda acusó al bloque oficialista de haber pactado con el Frente para la Victoria el retiro de ese expediente. Le requirió al radicalismo que cuando le toque ser oposición lo haga responsablemente en defensa de sus votantes y no llegando a acuerdos con quien será oficialismo desde el 10 de diciembre. Le recriminó a Casadei haber mantenido una conversación telefónica con el presidente del bloque del PJ, Carlos Peralta, la noche anterior a la sesión, para pergeñar el retiro del proyecto de su autoría.
Luego, en diálogo con la prensa, Odarda relacionó la decisión de ambos bloques mayoritarios con la pretensión del gobernador electo, Carlos Soria, de insistir en la explotación minera en zonas sensibles. Su proyecto, que ahora se debatiría el 30 de noviembre, estipula entre otras cosas, la creación de un registro de glaciares y restricciones para determinadas actividades en esas zonas y sectores aledaños.
Por otro lado, el parlamento rionegrino aprobó una comunicación dirigida a las autoridades del Banco de la Nación Argentina para que se disponga una prórroga hasta el 30 de abril de 2012 de los plazos establecidos en el Plan Especial de Cancelación de Deudas en Mora Circular 1073, cuyo vencimiento operaba hasta el 31 de octubre de 2011.
La Cámara también avaló otra iniciativa de comunicación para que la entidad bancaria encuadre su accionar para con los productores agropecuarios rionegrinos declarados en emergencia y desastre agropecuario.
Aprobó además una modificación a la ley de Bosques para establecer los lineamientos funcionales del Cuerpo de Guardias Forestales y la creación del Cuerpo de Extensionistas Forestales.
Además, se consensuó en primera vuelta la incorporación de los ramales del "Tren del Dique", "Enlace Rápido" y "La Trochita" a la comisión Interpoderes e Interestadual de seguimiento del "Tren del Valle". La legisladora Odarda, autora del proyecto junto a Fabián Gatti de Redes, explicó que la ley 4314 creó la comisión del Tren del Valle para darle vida al servicio del tren de pasajeros que une Chichinales y Senillosa, el tramo Plaza Constitución-Zapala (ex "Estrella del Valle" o "El Zapalero") y la construcción del nuevo ramal Choele Choel-San Antonio Oeste en distintas etapas de ejecución.
San Juan va de nuevo contra la Ley de Glaciares
La Provincia va de nuevo contra la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La Fiscalía de Estado se sumó a otro fallo que declara inconstitucional la ley nacional 26.639.
Hace exactamente un año, el juez federal Miguel Galvez suspendió la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares en San Juan, en un fallo de inconstitucionalidad pedido por el gremio minero Aoma y cámaras empresarias, y al que la provincia se sumó como ‘tercero necesario’.
Ahora, la Provincia acaba de volver a hacerse parte de otra causa contra la misma ley -la cuarta en un año-, esta vez promovida por Xstrata Pachón, según anunció ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. ‘Se trata de una causa de inconstitucionalidad pedida por la minera Xstrata en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó la medida cautelar de no innovar a fines de septiembre, y declaró la no aplicabilidad de la Ley Nacional de Glaciares, además de notificar a la provincia de comparecer como tercero necesario. El 28 de octubre pasado me hice parte como fiscal de Estado de San Juan.
Por lo tanto, la provincia ha entrado como tercero necesario en una cuarta causa contra esa ley’, informó ayer De Sanctis. Al intervenir la Provincia, la causa ahora se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá resolver el tema, igual que en los casos anteriores. Del mismo modo, San Juan insiste con sus argumentos de que la ley nacional avasalla los derechos de la provincia porque no es de presupuestos mínimos sino que se extiende a prohibir actividades en zonas y recursos que son provinciales.
El nuevo fallo de la Justicia Federal, como en los anteriores, deja sin efecto los artículos más polémicos que pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad minera: los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15 referidos a prohibiciones de realizar determinadas actividades industriales, obras públicas y mineras en ciertas zonas que no han sido delimitadas.
El primer fallo del 2 de noviembre de 2010 (Aoma y otros) emitido por el juez federal Miguel Galvez le siguieron luego otros dos similares para las mineras Barrick y Minera Argentina Gold. Ahora, el actual fue interpuesto por minera Xstrata que busca explotar cobre en la cordillera de Calingasta.
El nuevo fallo fue emitido por el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogando a su par Galvez. Un dato significativo es que con el primero de los fallos -el pedido de Aoma y otros- ya se había logrado la suspensión de la ley nacional de glaciares en todo el territorio sanjuanino, lo que hace innecesario al menos judicialmente que se sigan sumando cautelares. ‘Pero cada empresa quiere tener su propio respaldo’, graficó ayer una fuente judicial en off.
Fecha de Publicación: 02/11/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
La Fiscalía de Estado se sumó a otro fallo que declara inconstitucional la ley nacional 26.639.
Hace exactamente un año, el juez federal Miguel Galvez suspendió la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares en San Juan, en un fallo de inconstitucionalidad pedido por el gremio minero Aoma y cámaras empresarias, y al que la provincia se sumó como ‘tercero necesario’.
Ahora, la Provincia acaba de volver a hacerse parte de otra causa contra la misma ley -la cuarta en un año-, esta vez promovida por Xstrata Pachón, según anunció ayer el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. ‘Se trata de una causa de inconstitucionalidad pedida por la minera Xstrata en septiembre pasado.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó la medida cautelar de no innovar a fines de septiembre, y declaró la no aplicabilidad de la Ley Nacional de Glaciares, además de notificar a la provincia de comparecer como tercero necesario. El 28 de octubre pasado me hice parte como fiscal de Estado de San Juan.
Por lo tanto, la provincia ha entrado como tercero necesario en una cuarta causa contra esa ley’, informó ayer De Sanctis. Al intervenir la Provincia, la causa ahora se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá resolver el tema, igual que en los casos anteriores. Del mismo modo, San Juan insiste con sus argumentos de que la ley nacional avasalla los derechos de la provincia porque no es de presupuestos mínimos sino que se extiende a prohibir actividades en zonas y recursos que son provinciales.
El nuevo fallo de la Justicia Federal, como en los anteriores, deja sin efecto los artículos más polémicos que pueden poner en riesgo la continuidad de la actividad minera: los artículos números 2, 3, 5, 6, 7 y 15 referidos a prohibiciones de realizar determinadas actividades industriales, obras públicas y mineras en ciertas zonas que no han sido delimitadas.
El primer fallo del 2 de noviembre de 2010 (Aoma y otros) emitido por el juez federal Miguel Galvez le siguieron luego otros dos similares para las mineras Barrick y Minera Argentina Gold. Ahora, el actual fue interpuesto por minera Xstrata que busca explotar cobre en la cordillera de Calingasta.
El nuevo fallo fue emitido por el juez Leopoldo Rago Gallo, subrogando a su par Galvez. Un dato significativo es que con el primero de los fallos -el pedido de Aoma y otros- ya se había logrado la suspensión de la ley nacional de glaciares en todo el territorio sanjuanino, lo que hace innecesario al menos judicialmente que se sigan sumando cautelares. ‘Pero cada empresa quiere tener su propio respaldo’, graficó ayer una fuente judicial en off.
El Gobierno congeló la ley de glaciares
El Gobierno congeló la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Reclaman la aplicación de la Ley de Glaciares
Ambientalistas reclaman la aplicación de la Ley de Glaciares
Fecha de Publicación: 19/08/2011
Fuente: NCN
Provincia/Región: Nacional
La organización Conciencia Solidaria marcha hoy a las 12 a la Casa de San Juan (en Sarmiento 1251 CABA) para pedir la aplicación de la ley sancionada hace 10 meses por el Congreso, y frenada por medidas cautelares. La ONG responsabiliza al Gobernador Gioja y a la Barrick Gold.
Adriana Comerci, vocera de la campaña Los Glaciares No Se Tocan, sostuvo que “San Juan es una provincia rica en glaciares y ambientes periglaciares. Nuestras reservas de agua pura, que nutren nuestros ríos y cuencas están siendo destruidos por las megamineras como Veladero y Pascua Lama”, afirmó.
“Hay derechos jurisdiccionales afectados, provincias que reciben el agua de los glaciares cordilleranos, como La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis y Buenos Aires que también se ven afectadas si la Ley de Glaciares no se aplica en San Juan”, explicó.
Conciencia Solidaria invita a sumarse a este reclamo, “on botella o bidón de agua vacío en mano. “Los envases serán enviados al Pueblo de San Juan, hay que acopiar el agua de los glaciares que la Barrick Gold derrite y que el Gobernador José Luis Gioja entrega a la Megaminería para su derroche y contaminación irreversible." , denuncian aludiendo a la performance que se realizará.
Fecha de Publicación: 19/08/2011
Fuente: NCN
Provincia/Región: Nacional
La organización Conciencia Solidaria marcha hoy a las 12 a la Casa de San Juan (en Sarmiento 1251 CABA) para pedir la aplicación de la ley sancionada hace 10 meses por el Congreso, y frenada por medidas cautelares. La ONG responsabiliza al Gobernador Gioja y a la Barrick Gold.
Adriana Comerci, vocera de la campaña Los Glaciares No Se Tocan, sostuvo que “San Juan es una provincia rica en glaciares y ambientes periglaciares. Nuestras reservas de agua pura, que nutren nuestros ríos y cuencas están siendo destruidos por las megamineras como Veladero y Pascua Lama”, afirmó.
“Hay derechos jurisdiccionales afectados, provincias que reciben el agua de los glaciares cordilleranos, como La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis y Buenos Aires que también se ven afectadas si la Ley de Glaciares no se aplica en San Juan”, explicó.
Conciencia Solidaria invita a sumarse a este reclamo, “on botella o bidón de agua vacío en mano. “Los envases serán enviados al Pueblo de San Juan, hay que acopiar el agua de los glaciares que la Barrick Gold derrite y que el Gobernador José Luis Gioja entrega a la Megaminería para su derroche y contaminación irreversible." , denuncian aludiendo a la performance que se realizará.
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