Preocupa la deforestación por el agronegocio en Argentina

Fecha de Publicación: 15/07/2022
Fuente: TV Pública
Provincia/Región: Nacional


Argentina está entre los 10 países que más desmontaron en las últimas tres décadas: se estima que se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques. Científicos del CONICET alertan por la destrucción de bosques nativos y cuentan a la expansión de la frontera agrícola como el principal factor.
Desde hace ya varios años la Argentina se encuentra en emergencia forestal. Y más allá de los números internos, el problema de la pérdida de bosques nativos en el país ya se expuso en el marco internacional.
El avance de la frontera agropecuaria aumenta la destrucción de bosques y los conflictos territoriales entre pueblos originarios y empresarios, los cuales compran fincas que, históricamente, pertenecen a territorio indígena y las deforestan, en su mayor parte para ganadería intensiva y cultivo de soja transgénica.
De acuerdo al monitoreo de la organización Greenpeace, durante la cuarentena en 2020, a pesar de que el desmonte es una actividad que estuvo suspendida durante el ASPO, en cuatro provincias del norte argentino fueron arrasadas casi 50 mil hectáreas de bosques.
En Salta se desmontaron 12.863 hectáreas, 19.673 en Santiago del Estero, 6.109 en Chaco y 10.011 en Formosa. Estas cuatro provincias concentran el 80% de la deforestación en Argentina.
La organización ambientalista aseguró que durante 2021 se deforestaron 110.180 hectáreas de bosques nativos en el norte argentino, superficie equivalente a cinco veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires

“Pampeanización” y frontera agrícola
Con respecto a las causas de la deforestación, las principales son la expansión y la diversificación agropecuaria, en especial la agricultura y la ganadería intensivas. En menor medida, la agricultura de subsistencia, los incendios, el sobrepastoreo, el desarrollo de infraestructura y la sobreexplotación de los recursos forestales.
Nuestro país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de nuestra superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño.
Muchos de los grandes productores agropecuarios no son de la región chaqueña: provienen de la región pampeana (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) y en algunos casos del exterior.
En vez de adaptarse a las limitaciones y las posibilidades que les brinda el ecosistema chaqueño para producir, deciden transformarlo, destruyéndolo.
Esta “pampeanización” del Gran Chaco se produce, fundamentalmente, porque el precio de una hectárea en el norte oscila entre los 300 y 500 dólares (con bosques), mientras que en la zona pampeana su valor ronda entre los 10 mil y 15 mil dólares.
La ampliación de la frontera agrícola y la cría intensiva de ganado, en detrimento de los bosques, deja tras de sí terrenos áridos y desérticos.
La Ley de Bosques es el principal instrumento de política publica del que se vale Argentina para conservar sus bosques. Antes de su sanción, se desmontaban a razón de 300.000 hectáreas por año. Ese número disminuyó en forma notoria durante los últimos tres años: 190.589 hectáreas en 2014; 157.947 hectáreas durante 2015; y 136.473 hectáreas en 2016. Con todo, Argentina permanece entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo, con 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos. La misma superficie que toda República Checa.
Cabe recordar que la ley estableció tres áreas con criterios distintos de conservación. Se trata de las categorías: I (rojo), bosques nativos de alto valor de conservación, que no deben transformarse; II (amarillo), de mediano valor de conservación, con posibilidad de llevar a cabo aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y III (verde), de bajo valor de conservación, lo que permite su transformación parcial o total.
Sin embargo, Greenpeace destacó en su informe que, a pesar de la disminución de la deforestación, en 2019 un tercio de los desmontes se produjeron en bosques protegidos por la normativa nacional de bosques (clasificados en las Categorías I – Rojo y II – Amarillo), alcanzando las 27.704 hectáreas (Santiago del Estero 18.679 ha, Chaco 7.683 ha, Salta 1.326 ha, Formosa 16 ha). En estas cuatro provincias que enmarcan esta región, se habían perdido 112.766 hectáreas en 2018 y 172.639 hectáreas en 2017.
Los bosques son fundamentales para la regulación hídrica; la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua; la fijación de carbono; la diversificación y belleza del paisaje, además de la defensa de la identidad cultural.
La deforestación, por su parte, ocasiona la pérdida de biodiversidad, la reducción en la capacidad de mitigar el cambio climático, genera cambios hidrológicos con mermas en la capacidad productiva de los suelos y aumento del riesgo de inundaciones; y en general la disminución en la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
Además, el modelo productivo que reemplaza al bosque por pasturas o cultivos anuales está vinculado con la pérdida de empleo rural, la concentración de la tierra y la migración de la población rural hacia los centros urbanos.
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Afirman que la Sociedad Rural quiere desmontar el 50% de sus fincas

Fecha de Publicación: 07/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El titular de la Secretaria de Ambiente, José Aldazábal, afirmó que las intenciones fueron negadas en tres ocasiones por las autoridades de la Nación.
La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.

Una de las provincias más deforestadas
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Advierten que la Sociedad Rural Salteña presiona al gobierno por más desmontes

Fecha de Publicación: 02/06/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


En medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la ONG Greenpeace advierte que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50% de la superficie de sus fincas.
Esta demanda se hace también ante la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques.
Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación.
Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original.
La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20.
Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Chaco y Salta: al desamparo del desarrollo

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Chaco - Salta


Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local, pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
“Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico, para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las poblaciones locales de comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en Antropología, Malena Castilla, coautora, junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), en el cual dan cuenta de las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en las provincias de Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región.
“Las líneas de investigación presentadas en el artículo tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos, que venimos llevando adelante cada una de nosotras y con otros compañeros y compañeras de los institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, que es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Uno de los ejes centrales de este trabajo da cuenta del acaparamiento de tierras y otros recursos como el agua (que en muchos lugares es escasa) y la deforestación, que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria, bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, por ejemplo, entre 1998 y 2018, la pérdida de bosques nativos en la Argentina fue de alrededor de 6.500.000 hectáreas (ha). Lo más preocupante de ese dato es que el 43% de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Específicamente, el 87% de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). De igual modo, en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha en el Chaco y las 35.606 ha en Salta.
“Tampoco se cumple la Ley de Biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones, por ejemplo. Esto es un problema, porque las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo que avanza. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado o esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.
El otro eje central que observa esta publicación se refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias, no solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares, en los que no hay otra fuente de agua potable, ya sea por alto contenido de arsénico o porque son salobres.
Al respecto, el artículo advierte que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.
La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales que muchas veces acompañan estos procesos, con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios, en detrimento de las comunidades rurales y campesinas locales. Al respecto, por ejemplo, menciona un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano, anunciado por el Gobierno nacional en el año 2015, con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones, mediante el cual se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias, pero las obras no han alcanzado a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.
“Todas estas conflictividades que emergen en el territorio son el resultado de políticas que se fueron implementando y se siguen implementando, muchas veces a partir de los intereses de los empresarios del agronegocio, que tienden a aumentar o a buscar el aumento de la productividad en detrimento de las poblaciones indígenas o campesinas”, comenta Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA).
Otro caso que menciona el trabajo es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en el año 2000 y que busca alcanzar la integración y el desarrollo en la región del Gran Chaco, que abarca a cinco países. Su contracara es una distribución absolutamente inequitativa para las poblaciones locales, principalmente indígenas y pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario, sino también imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas tradicionales.
“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla y agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias de este modelo. Al respecto, la publicación especifica que, entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7% y 40,2% respectivamente, pero mientras que la población urbana aumentó 55% en Chaco y 54,6% en Salta (cifras que aumentan en los departamentos agrícolas: +97,3% en Anta, por ejemplo), en ámbitos rurales descendió a un -62,2% en Chaco y -16,3% en Salta.
Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo, de la mano de los incendios, por ejemplo, o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de una falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.
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Advierten sobre la pérdida de aves en las sierras de Córdoba

Fecha de Publicación: 12/01/2022
Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Provincia/Región: Córdoba


Una investigación del Instituto Gulich, realizada con imágenes satelitales y datos a campo, determinó cómo los cambios en el uso del suelo, por la deforestación, los incendios y la urbanización, afectaron la biodiversidad en las últimas tres décadas.
Los cambios en la estructura y en la cobertura de los suelos producidos en los últimos 30 años en las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, por la urbanización, el desmonte, los incendios y la invasión de árboles exóticos, estarían afectando a las comunidades de aves, especialmente a las denominas especialistas de bosque, que dependen de los recursos que brindan las especies vegetales nativas. Esta tendencia podría acentuarse en los próximos años, a menos que se pongan en marcha estrategias de manejo para conservar y restaurar el monte, y se implementen medidas de planeamiento urbano.
Estas son algunas de las principales conclusiones a las que arribó una investigación del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich (IG), creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Los estudios estuvieron a cargo de la becaria doctoral de CONICET Luna Silvetti, bajo la dirección de Laura Bellis (CONICET) y Gregorio Gavier (INTA), en el marco del Doctorado de Ciencias Biológicas, de la UNC, con lugar de trabajo en el Instituto Gulich.
El trabajo contempló tres grupos de aves residentes de las sierras de Córdoba, según sus hábitos más característicos: las especialistas de bosques (como el carpintero negro y el anambé común) que habitan principalmente en montes nativos; especies de arbustal (como el corbatita común y el pepitero de collar), que frecuentan hábitats más abiertos; y las aves generalistas (como el chingolo y el benteveo), que se adaptan a cualquier ambiente, ya sea urbano o de bosque.
“Evaluamos cómo se modificó la configuración y la estructura del paisaje en los últimos 30 años, mediante la realización de tres mapas de cobertura correspondientes a los años 1989, 2004 y 2019, en base a imágenes captadas por los satélites Sentinel 2 y Landsat 5. Luego analizamos cómo esos cambios afectaron la biodiversidad, con el aporte de datos tomados a campo”, explicó Silvetti.
Para obtener información a campo se realizaron diferentes puntos de muestreos en las zonas de bosque, entre las localidades de Bajo de Olmos y La Calera. Allí se registró la cantidad y variedad de especies de aves, y se tomaron datos de la estructura del bosque y de la cantidad de especies nativas, así como de la cobertura del dosel (capa superior de un bosque) y del suelo, entre otros aspectos. “El objetivo era complementar los datos locales de la vegetación que tomamos a campo, con información a gran escala de los mapas satelitales de cobertura, a partir de la cual podemos observar el contexto”, detalló. Además destacó los aportes de los becarios Mauro González, Cecilia Fernández y Jimena Albornoz, del IG, entre otros que colaboraron en los estudios.

Resultados
Entre las principales conclusiones de la investigación, se advierte que las especies especialistas de bosques, que son muy sensibles al disturbio humano y a los cambios en el uso del suelo, disminuyeron su presencia en zonas de las sierras donde se expanden los conglomerados urbanos y donde el bosque nativo fue desplazado por especies exóticas, como el Siempreverde y la Acacia Negra.
“El avance de estas especies vegetales invasoras modificó la cobertura y la estructura del bosque, disminuyendo el estrato medio (sotobosque) y haciéndolo más cerrado, dificultando el ingreso de la luz y el acceso a recursos que son básicos para estas aves. Estos cambios no sólo han perjudicado la presencia de aves especialistas, sino también las de arbustal, ya que se alimentan y nidifican en arbustos del estrato medio del bosque, siendo un hábitat clave para su supervivencia. En cuando a las generalistas, si bien se benefician con la presencia de bosque nativo, no se ven tan afectados por otros tipos de cobertura e incluso podrían aumentar su presencia porque se adaptan fácilmente a cualquier tipo de ambiente y a los recursos que pueden aportar”, informó Silvetti.
La investigación también tuvo en cuenta la “deuda de extinción”, un concepto de la Ecología referido al tiempo en el que las especies responden a un cambio en la configuración del paisaje. “Muchas veces hay especies que, pese a un disturbio, no desaparecen inmediatamente, sino que tienen un retraso de tiempo hasta extinguirse a nivel local. Estas extinciones futuras se lo denomina deuda de extinción y lo podemos determinar de acuerdo a si estas especies responden mejor a la configuración del paisaje pasado o del actual. Si responden al paisaje actual, significaría que están en equilibrio. Si en cambio responden mejor al pasado, significa que potencialmente podrían extinguirse localmente, incluso si no hubiera nuevos disturbios”, explicó.
En relación a este aspecto, las especies especialistas de bosque estarían en una deuda de extinción porque responderían mejor a paisajes pasados. “En el mapa de cobertura de 2004 se observa que los bosques estaban más conectados a lo largo del corredor de las Sierras Chicas. Hoy sigue habiendo bosque, pero los incendios, el crecimiento de los árboles exóticos y de la urbanización, provocaron que se vayan generando parches de bosque nativo cada vez más alejados entre sí, y eso ha perjudicado a algunas especies de aves que necesitan grandes extensiones de bosque”, indicó. “Sucede que estas especies de animales se movilizan bastante. Las aves paseriformes (un gran orden de aves que abarca más de la mitad de las especies de aves del mundo) que habitan en la zona, por ejemplo, tienen un radio de acción acotado en época reproductiva (en primavera y verano), cuando están enfocados en la construcción del nido y búsqueda de alimento. Pero en invierno, esa área aumenta a casi 80 hectáreas a la redonda”, agregó.
El objetivo final de este trabajo es generar una propuesta para las Sierras Chicas que ayude a evitar una mayor pérdida a futuro de estas comunidades de aves. La idea es elaborar mapas con escenarios de aquí a 15 y a 30 años y proponer estrategias de manejo para frenar o revertir la situación actual de pérdida de biodiversidad, con un plan de ordenamiento territorial que contemple la conservación y restauración del bosque nativo, tratando de evitar la expansión de especies exóticas y la urbanización no planificada en el monte.

Un aporte de los satélites a la biología
“Cuando empecé a estudiar Biología en la UNC sólo me imaginaba realizando trabajos a campo porque, hasta ese momento, no conocía cómo funcionaban las imágenes satelitales. Luego me acerqué a esta herramienta por mi profesora Bellis y la incluimos en mi plan de trabajo para la tesis”, recordó Silvetti. Actualmente realiza la investigación con base en imágenes satelitales y datos tomados a campo.
“La información satelital es un gran aporte que se complementa con el trabajo de campo, porque permite observar el entorno del paisaje”, afirmó. Ahora, con la constelación de satélites SAOCOM en órbita, prevé ampliar sus estudios con información radar, para realizar una clasificación más exacta de la cobertura y la densidad de los bosques. “Será útil, por ejemplo, para determinar la altura de los bosques, en algunas zonas de las sierras a las que se me hizo imposible acceder para tomar datos a campo”, adelantó.
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Cumbre de cambio climático: Argentina, entre la neutralidad de carbono y el metano de las vacas

Fecha de Publicación: 01/11/2021
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


El país podría anunciar su plan de “carbono cero” para 2050. Sin embargo, aún no está claro cómo reducirá las emisiones ganaderas, el sector local con más impacto en el cambio climático.
La COP26 será la primera cumbre formal sobre crisis climática en la que participará la gestión de Alberto Fernández. Los expertos plantean cierta incertidumbre sobre cuál será su posición.
Lo cierto es que el país está arrinconado entre dos paredes. De un lado, su promesa de transformarse en una nacional carbono neutral para 2050. Del otro, la presión internacional para que reduzca sus emisiones, a pesar de no ser una de las naciones más contaminantes (figura 30º a nivel mundial en la actualidad).
Pero todo esto significaría sacrificar dos pilares del desarrollo nacional: el yacimiento Vaca Muerta y la ganadería. Esta último es el sector que más impacta en el cambio climático. Las vacas emiten metano, un gas de efecto invernadero (GEI) 28 veces más nocivo que el dióxido de carbono (CO2) de los autos. El 21,8 por ciento de las emisiones GEI nacionales provienen de la ganadería, mientras que el transporte genera el 13,8 por ciento.
“Alcanzar la neutralidad de carbono no es compatible con el plan ganadero del país. Este plan prevé un aumento en las cabezas de ganado para los próximos años, pero es imposible lograr la descarbonización con ese camino”, asegura Catalina Gonda, del área de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn).
Christopher Kiessling, investigador posdoctoral de políticas climáticas del Conicet en la Universidad Católica de Córdoba, coincide: “Es un punto muy tenso dentro del gobierno y a lo largo de la historia Argentina. No será fácil la resolución. Hay presiones desde los sectores agropecuarios del país, pero también los jóvenes reclaman acción climática e incluso un cambio en la dieta de los argentinos”.
Gonda explica que se pueden tomar medidas para que la ganadería sea menos contaminante como mejoras en el manejo veterinario y cambios en la dieta de los animales. “Pero si agregamos más vacas, es inevitable que aumenten las emisiones de metano. Y la realidad es que deben bajar todos los GEI para alcanzar la neutralidad del carbono y mantener a la Tierra en un límite climático seguro”, explica.

Presiones argentinas
Días atrás trascendió que Argentina y Brasil presionaron en la ONU para que en uno de los documentos oficiales sobre cambio climático no figure la necesidad de reducir el consumo de carne como una medida para bajar las emisiones de GEI.
El borrador del informe afirmaba que las dietas a base de vegetales pueden reducir las emisiones de GEI hasta en un 50 por ciento en comparación con la dieta occidental media. Nuestro país también pidió que en el informe no figuren otras acciones contra la ganadería como la posibilidad de un impuesto sobre la carne roja y a la iniciativa “lunes sin carne”.
Hace unos días, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto con organizaciones agropecuarias defendieron el sector. “Existe evidencia científica de que la captura y secuestro de carbono del sistema productivo extensivo-pastoril compensa largamente las emisiones”, señala el documento.

Neutralidad y deuda externa
Argentina todavía no presentó el plan de mitigación para reducir emisiones del sector agropecuario y es algo que tampoco se va a dar a conocer este año. Sin embargo, sí se espera que el país presente la hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono desde 2050.
Esto significa que a partir de esa fecha el saldo de emisiones GEI debería ser cero, entre los que expulsa y lo que captura en la atmósfera.
Para Gonda será el anuncio argentino más esperado. “Es casi seguro que el presidente va a hacer énfasis en el financiamiento climático, en especial, para la adaptación a sus consecuencias, tema que siempre ha sido una prioridad para el país”, detalla.
Para Kiessling hay más presión hacia Argentina para que mejore su ambición climática aunque históricamente ha tenido menos responsabilidad. “Se están buscando resultados para lograr la meta del Acuerdo de París. La comunidad internacional cree que Argentina puede llevar acciones realizables, frente a otros países en donde el panorama es más complejo”, detalla.
Ambos expertos creen que la postura nacional será: “Más ambición pero a cambio de dinero”. “Lo más probable es que Argentina ponga sobre la mesa la deuda externa. Un especie de canje de deuda por acción ambiental. Este planteo no es tan nuevo, pero creo que excede la COP26″, asegura Kiessling.
Gonda explica que es un discurso repetido por Fernández en varios foros climáticos informales. “Es probable que lo vuelva a mencionar en la COP26. Pero no hay claridad sobre cómo podría insertarse en el marco de las negociaciones del Acuerdo de París”, asegura.
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Domínguez destacó el rol de la ganadería y "el compromiso con la tierra" que tiene Argentina

Fecha de Publicación: 21/10/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca participó de un encuentro con entidades agropecuarias donde acordaron redactar un documento de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, destacó este martes el valor de la ganadería local y relativizó su impacto en relación al medio ambiente al señalar que "extensiva es altamente segura en términos sanitarios, eficiente en materia ambiental y de bienestar animal". Asimismo, resaltó "el compromiso muy especial con la tierra” que tiene Argentina.
El funcionario participó de un encuentro con entidades agropecuarias y de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) en el cual acordaron la redacción de un documento conjunto en materia de sostenibilidad del sistema productivo argentino y sus desafíos de cara a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2021.
Pese a las críticas realizadas por organizaciones ambientalistas, que sostienen el fuerte impacto de la ganadería en la generación de gases de efecto invernadero, que en las últimas décadas contribuyeron al aumento de las temperaturas en el planeta, el funcionario sostuvo que "todas las medidas y definiciones de gestión tomadas por este ministerio se basan en la opinión de referentes e instituciones técnicas y académicas de prestigio".
El ministro nacional, quien asumió días después de la derrota del Frente de Todos en las primarias de septiembre y retomó parte de la agenda que había impulsado el saliente Luis Basterra, remarcó que su vocación está "en el diálogo constante, como hemos demostrado, tanto a nivel nacional como internacional".
En ese sentido, Domínguez subrayó que desde su cartera "se viene desarrollando una política activa de apoyo a los productores para impulsar la producción cárnica y el aumento del stock ganadero". "Como afirma el Presidente, ese es el camino para garantizar el consumo nacional y el aumento de las exportaciones", agregó.

Agenda
Por la tarde, Domínguez visitó la localidad bonaerense de Laprida, donde participó de la inauguración de un Centro de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios junto al intendente Pablo Torres. Desde allí, retomó sus definiciones acerca de la posición argentina para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26.
En ese marco, el ministro destacó “todo lo que Argentina ha hecho en materia de Siembra Directa" e indicó que "nuestros productores se adelantaron 30 años a lo que nos reclaman hoy las naciones más desarrolladas en nombre del medio ambiente".
"Lo que en realidad oculta este reclamo son barreras fitosanitarias para nuestra producción", continuó.
Domínguez resaltó "el compromiso muy especial con la tierra” que tiene la Argentina y recordó que "fue un argentino, el Papa Francisco, el que habló del cuidado de la tierra en la Encíclica Laudato Si".
Por ello, planteó que "hay capacidades que hay que liberar" y convocó a sostener un diálogo como propuso el presidente Alberto Fernández en torno a "defender el recurso más importante que tenemos los humanos que es la tierra" y a "escribir nuestra propia historia en función de nuestros propios intereses nacionales”. "Porque muchas veces de tanto mirar lo que no es nuestro dejamos de valorar nuestras propias cosas, nuestras propias capacidades", lamentó.
Finalmente, afirmó que "no importa cómo piensa cada uno; lo importante es lo cada uno puede puede aportar desde su lugar para hacer un destino mejor". "Se lo merece la Argentina con todas las capacidades que tiene", concluyó.
En Laprida, además, Domínguez recorrió una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad y mantuvo un encuentro con representantes de la Cooperativa Obrera y de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop). También visitó la Escuela Agraria donde encabezó una charla abierta con productoras y productores y la comunidad educativa y que contó con la participación del titular de la Sociedad Rural de Laprida, Luis Crippa. Recibió, además, un reconocimiento como Huésped de Honor de la ciudad.
En el cierre de su agenda por la actividad, se reunió con los intendentes Pablo Torres (Laprida), Esteban Acerbo (Daireaux), Roberto Álvarez (Tres Lomas), Marcelo Santillán (González Chávez). Participó, además, el senador bonaerense Alfredo Fisher.
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El lobby ganadero llega a Córdoba para presionar por una nueva Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 24/09/2021
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Córdoba


La Mesa de Enlace Nacional desembarcará este miércoles en Córdoba para reunirse con el gobernador Juan Schiaretti, en el Centro Cívico, en busca de dos objetivos: presionar al Gobierno Nacional para levantar las restricciones a la carne y reclamar una actualización provincial de la Ley de Bosques para que sea más permisiva.
La intención de las entidades del agro es buscar apoyo del mandatario para presionar al Gobierno Nacional y que se levanten las restricciones a las exportaciones de carne vacuna. Vale recordar que los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura de la Nación prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo la medida que limita los embarques de carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado.
También se espera que Schiaretti avale el reclamo de la Mesa respecto a una baja gradual de las retenciones y la discusión de la nueva ley de biocombustibles.
Pero además de estos temas puntuales del sector, el diario La Voz del Interior sostiene que los productores locales quieren sumar el reclamo de una actualización de la Ley de Bosques, para beneficiar aún más la actividad ganadera en la provincia.
Hace años que el negocio ganadero es identificado como uno de los responsables de los incendios en la provincia, ya sea para ampliar la frontera ganadera en lugares con vegetación nativa (y que por el clima, no es apta para la soja) o bien por los incendios que productores ganaderos realizan de manera deliberada para renovar las pasturas.
Como bien informa el medio Sala de Prensa Ambiental, las fronteras ganaderas en el norte de Córdoba se van corriendo a fuerza de desmontes químicos ilegales, “transformando extensiones de bosques nativos protegidos por ley en campos desérticos para las vacas de los grandes empresarios y, aunque está expresamente prohibida en toda la provincia, esta práctica arrincona a los ecosistemas y sigue su impiadosa carrera en la región más pobre del territorio cordobés”.
Irónicamente, el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez, se quejó recientemente de la Ley de Bosques y expresó que “la imposibilidad de intervenir los bosques es uno de los factores que desencadena incendios”.
En similar sintonía, opinó el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, quien declaró que “pueden haber ocurrido presiones ideológicas, pero sin respaldo científico, que pesaron al momento de armar el mapa actualmente vigente, que deja en rojo a zonas donde se podrían practicar intervenciones sin afectar el ambiente”.
Luego de un año récord en el que se quemaron más de 350 mil hectáreas en la provincia de Córdoba, pareciera que el gobierno de Hacemos por Córdoba está dispuesto a ceder ante el lobby ganadero y favorecer aún más la destrucción del ecosistema cordobés.
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Acción plurinacional y audiencia autoconvocada contra el acuerdo porcino: “No queremos este modelo productivo ni con China ni con nadie”

Fecha de Publicación: 28/08/2021
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional


A un año del inicio de los reclamos en contra de la instalación de megafactorías en Argentina para exportar cerdo al gigante asiático, organizaciones ambientalistas siguen exigiendo información y alertando por sus efectos sanitarios, hídricos y socioambientales.
La pandemia, la crisis hídrica, el desmonte. Ambientalistas de todo el país advierten sobre los riesgos de la instalación de megafactorías de producción de carne porcina que conllevan el uso de miles y miles de litros de agua, generan mayor destrucción de bosques y son foco de enfermedades. A un año exacto del inicio de los reclamos para obtener información sobre el acuerdo porcino con China, este 25 de agosto se realiza una acción de protesta plurinacional: “No queremos este modelo productivo ni con China ni con nadie”.
“Hace un año que estamos exigiendo información pública sobre este tema. El 25 de agosto de 2020 llevamos el primer pedido a Casa Rosada y empezamos a hacer trámites de pedido de acceso a la información a cuatro ministerios: Cancillería, Ambiente, Agricultura y Producción. Ya son más de 50 expedientes con respuestas del tipo ‘no tenemos la menor idea, pregunten a Cancillería’, y ahí responden con el link de un tuit donde desmienten la existencia del acuerdo firmado. Ya sabemos que aún no está firmado, por eso pedimos información sobre las negociaciones, y no la dan”, planteó Flavia Broffoni, activista, politóloga y co-fundadora del movimiento “ecológico, social y apartidario de desobediencia civil” Rebelión o Extinción Argentina (XR Argentina). La protesta se replica en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, desde las 14, los reclamos se concentran frente a la Embajada de China. A nivel internacional acompaña por ejemplo México, “que tiene el historial más fuerte de instalación de este tipo de megafactorías. Y casi todas las provincias van a tener puntos de encuentro para ir a manifestarse”.
“Es una realidad que la capacidad de producción de porcinos en Argentina va a aumentar. Están diciendo ‘con China no firmamos’, pero la discusión es cómo producir porcinos en el país. Ese es el reclamo: no podemos producir así, es el caldo de cultivo de pandemias. En este contexto de pandemia, es instalar un perfil de producción que genera resistencias antimicrobianas. No queremos este modelo productivo ni con China ni con nadie”, remarcó Broffoni. Agregó que “el eje del reclamo está vinculado a la salud socioambiental, pero además cada galpón consume un millón y medio de litros de agua por día, en un contexto de crisis hídrica total. No tenemos agua para las personas y vamos a instalar granjas que consumen esa cantidad”.
Desde Chaco, el agua es uno de los factores que más preocupa. Así como el desmonte. “Sobre todo tenemos la información que llega de los territorios: la organización Somos Monte Chaco está viendo hoteles llenos de funcionarios chinos. Esa circulación está ocurriendo. En la urbanidad nos dicen que el acuerdo no avanza, pero allá están tirando árboles para meter granjas”, denunció Broffoni. Bicicleteadas, caminatas y volanteadas son algunas de las actividades de esta jornada de protesta en esa provincia, la más directamente afectada por el tema hasta ahora.
Débora Páez, de Somos Monte Chaco, advirtió que “acá ya está firmado. (Jorge) Capitanich puso en Instagram que él no firmó ningún acuerdo que perjudique el ambiente. Pero salió públicamente afirmando el acuerdo porcino. Y no nos quieren dar ninguna información. La abogada de la organización hizo pedidos judiciales y hay pocas respuestas. Por ejemplo no sabemos los lugares que se usarán, si hay estudios ambientales”. Según un comunicado oficial de la gobernación publicado hace un mes, Capitanich mantuvo una videoconferencia con el embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, y habló entre otras cosas sobre inversiones en la producción avícola y porcina. “Capitanich anticipó que el primer embarque de exportación podría darse entre agosto y septiembre próximo a través de las empresas chaqueñas que ya están trabajando en el rubro”, decía la publicación.
“En algunas localidades los vecinos ya sospechan que los intendentes también firmaron –alertó Páez- Por ejemplo, en El Espinillo. Incluso las autoridades les pidieron a las comunidades que cedan parte de sus territorios, que no se pueden vender. Han visto movimientos raros y han realizado cortes de ruta. Les dicen que quieren usar sus tierras para producción de frutas, pero quieren saber si también es por el acuerdo porcino”.
La integrante de Somos Monte resaltó que el rechazo está “basado en experiencias en otros países, como Estados Unidos y México. Esas megafactorías dejaron desastres a nivel ecológico, contaminando agua, tierra. Necesitarían desmontar como ya lo vienen haciendo para producir más soja y maíz para los cerdos. Y quieren usar litros de agua que acá ya no tenemos. En el interior nunca hubo, la gente toma agua contaminada y quieren ahora usar miles y miles de litros de agua para cerdos. No les importa que no haya agua potable y que esté la bajante de los ríos”. Organizaciones como Greenpeace también advirtieron que “de concretarse la instalación de granjas industriales de cerdos con destino a China, habrá más deforestación en el norte del país”.

Una audiencia autoconvocada
Ante la falta de información oficial, las y los ambientalistas optaron por generar una audiencia pública autoconvocada. Está pautada para los próximos 16 y 17 de septiembre, aunque podría ser necesario extenderla. Porque sólo en las primeras tres horas desde la apertura de las inscripciones, el lunes último, se anotaron más de 300 personas para participar. “El 76% son mujeres, 10% disidencias. La mayoría, independientes”, destacó Flavia Broffoni, autora de Extinción (Sudamericana, 2021) y una de las impulsoras de la iniciativa.
“El tema del acuerdo porcino movilizó mucha gente autoconvocada. Nadie llevó una bandera concreta: hay mucha participación y quienes formamos parte de organizaciones decidimos dejar espacio y que pueda ser lugar de expresión de una ciudadanía más real que el activismo duro”, dijo la especialista en relación a la audiencia autoconvocada, que tendrá “transmisión en vivo igual que una audiencia pública convocada por Estado”. Para anotarse: https://audienciaspublicas.com/
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Avanza un acuerdo con China para favorecer la producción y exportación de cerdos

Fecha de Publicación: 14/07/2021
Fuente: Cronista
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno trabaja para firmar en septiembre con Xi Jinping el contrato que ya está en borrador para desplegar una millonaria inversión. Se busca enviar 900.000 toneladas anuales de carne de cerdo.
El gobierno argentino tiene avanzado un memorándum de entendimiento con China, destinado a desplegar una millonaria inversión del gigante asiático en la Argentina, para desarrollar granjas de producción porcina. El objetivo es exportar unas 900.000 toneladas de carne por año a Beijing.
Según confirmaron fuentes diplomáticas, la Argentina y China trabajan con el objetivo de firmar en septiembre el acuerdo, que se trabajó en una mesa interministerial (Agricultura, Producción, Cancillería y Medio Ambiente) y que se concretará con las contrapartes chinas.
En el borrador del memorándum al que accedió El Cronista se detalla que "la Argentina tendrá competitividad y potencial como jugador global para desarrollar la sección descriptiva general de las capacidades, potencialidad y horizonte de la producción de carne porcina frente a inversores extranjeros interesados, detallando características, requisitos básicos, estándares y umbrales mínimos que deben tenerse en cuenta".
A la vez, entre los requisitos para las inversiones chinas en las granjas de producción porcina y el "modelo priorizado" se destaca que esta quedará dividida en dos partes principales: inversión y exportación. El marco general en el que se da en este documento la Argentina se le informa al inversor de China los parámetros de las actividades comerciales básicas, acciones sugeridas y conocimientos básicos desde el abordaje de un inversor extranjero para desplegar su capital, operar su producción y comercializar.
En el documento se detallan los términos en los que Argentina va a aceptar las inversiones. Esto es: desde el tamaño mínimo (y máximo) de las granjas porcinas, pasando por la normativa laboral obligatoria, hasta la capacidad mínima frigorífica obligatoria para cada establecimiento. Al especificar el perfil exigido para desarrollar las granjas con capital chino la Argentina pidió al gobierno de Xi Jinping que la pretensión es desplegar "granjas de economía circular, maximizando contenido nacional en su construcción y operación".
También se detalla a los inversores extranjeros el esquema de "modelo de producción priorizado" así como la ubicación geográfica de las granjas, la logística, el tratamiento de desecho y efluentes, la energía y el tipo de faena en los frigoríficos.
El acuerdo procura evitar que haya cuestionamientos de "sectores ambientalistas o productores locales que temen por los efectos que pudiera tener un crecimiento rampante de la oferta".
No obstante, la difusión de este entendimiento ya generó reacciones negativas. Ante ellas, anoche la Cancillería dijo en un tuit que la información sobre el acuerdo con China es "falsa" y "no tiene asidero".
Por otra parte, según pudo constatar El Cronista en los registros a los que tuvo acceso, el Ministerio de Producción está trabajando con los Bancos Argentinos (BICE y Nación) y los de China (ICBC y CDB) para desarrollar una línea de créditos flexibles para el sector.
Si bien no hay detalles de los montos a invertir, se estima que instalarán en una primera etapa unas 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdos cada una, para satisfacer la creciente demanda de China de esta carne.
El Gobierno busca duplicar el número de 350.000 cerdos que hay hoy en el país y se impulsaría la producción de 700.000 toneladas anuales en lo inmediato y de 900.000 por año en un cuatrienio. La idea que se trabajó en el memorándum es que cada granja sea una instalación integrada, desde el procesamiento de granos para alimentación animal hasta la cría de cerdos, matadero y envasado para la exportación a China.
En la última entrevista que concedió a El Cronista, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja dijo que a raíz del déficit de proteína de cerdo que existe en el mercado asiático y en el chino, en particular, como consecuencia de la peste porcina africana el gobierno argentino identificó oportunidades en la exportación de carne porcina hacia dicho destino. Hasta ahora los dos principales proveedores de carne porcina de China son España y Alemania, que se encuentran afectados por la peste porcina.
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Lo que mata es el extractivismo

Fecha de Publicación: 29/03/2021
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: Nacional


El trabajo “Cuerpo-Territorio” da cuenta de diez problemas ambientales de Argentina y Sudamérica y sus impactos en la salud. Agronegocio, incendios, feedlots, megaminería, explotaciones forestales y fracking, entre otras actividades, y sus consecuencias sanitarias.
María del Carmen Seveso nació en Maciel (Santa Fe). Estudió medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en 1977 se mudó al Chaco. Trabajó en hospitales y clínicas de Resistencia y Roque Sáenz Peña. Sus especialidades son la Toxicología y la Terapia Intensiva, entre otras. “Siempre me interesaron las enfermedades de los que trabajan, me parece algo muy injusto que se enfermen trabajando”, dice.
Cargada de esa sensibilidad, en el Chaco dedicó su vida a denunciar los efectos de los agrotóxicos en la salud de la población. Explica que en esa provincia la red de centros de salud tiene una buena distribución geográfica. Pero que los servicios no lo son tanto. Entonces, apenas un caso se complica, lo mandan a Resistencia o Roque Sáenz Peña, donde ella trabajó durante décadas. De ese modo, pudo conocer de qué se enferma la población de casi toda la provincia.
Desde hace años, junto a otros médicos e integrantes de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, visitan pueblos y campos, relevan casos, hacen investigaciones y denuncian el efecto del modelo de producción agroindustrial basado en transgénicos y fumigaciones con agrotóxicos: cáncer, malformaciones, problemas respiratorios, en el sistema nervioso y en el sistema endocrino, entre muchos otros.
Su tarea fue siempre a contracorriente en una provincia donde tanto funcionarios públicos como buena parte del sistema de salud mira hacia otro lado, calla y oculta. “Nos da mucha bronca”, afirma. “En general, los servicios de salud no profundizan, no tocan al paciente, no le preguntan nada (menos aún visitan los lugares donde viven). Entonces las personas vuelven a su lugar de origen sin haber resuelto su problema.”
Lo que ocurre en el Chaco ocurre en todo el país. Los problemas de salud vinculados a la contaminación y a las actividades industriales o extractivas no son detectados, menos aún denunciados, por la mayor parte de los profesionales y trabajadores de la salud.

Cuerpo-Territorio
La relación extractivismo-salud es el eje del último trabajo realizado por el grupo  Iconoclasistas junto al  Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Se trata de un póster “Cuerpo-Territorio”, en el que se representan diez problemáticas socioambientales en la Argentina y Sudamérica y sus consecuencias para la salud. Las actividades seleccionadas son la agroindustrial, feedlots, incendios, megaminería, explotaciones forestales, fracking, salmoneras, hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos. También se incluye la violencia armada, a través de un caso colombiano.
La ilustración (que puede  descargarse desde el sitio web de la Fundación Rosa Luxemburgo) es el resultado de relevamientos e investigaciones bibliográficas realizados por los participantes del curso “Introducción al análisis de los procesos de salud en contextos de extractivismos”, dictado en forma virtual por el Inssa durante 2020. Participaron trabajadores de la salud e integrantes de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Ecuador y Chile, entre otros países.
El mapa cuerpo-territorio muestra, por ejemplo, cómo la contaminación producida por la cría intensiva de ganado en feedlots puede generar inflamación en la piel, problemas respiratorios o enfermedades zoonóticas, entre otras. O que la extracción de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica (fracking) puede causar distintos tipos de cáncer. Cada caso corresponde a un área geográfica determinada, que está representada en el póster.
“El curso estaba pensado para trabajadores de salud. A raíz de que participaron personas del campo de salud pero también de organizaciones sociales y otros sectores, queríamos tener un material que nos permitiera tener llegada específicamente al sector sanitario”, explicó Gabriel Keppl, médico y docente de la UNR.
Keppl advierte que la medicina tradicional o hegemónica no suele vincular los problemas ambientales con los problemas de salud. “Con este póster buscamos mostrar esa vinculación que muchas veces permanece invisibilizada o que ni siquiera surge como pregunta o como posibilidad”, sostiene. “Por el momento es sólo el póster. Lo que estamos haciendo ahora en una segunda etapa es planificar talleres o actividades específicas para poder trabajarlo.”

La formación de los médicos
¿Por qué se necesita sensibilizar a los profesionales de la salud? ¿No es evidente la realidad como para que médicos y trabajadores de salud puedan notarlo?
“A los médicos y médicas que ingresan a trabajar en el sistema de salud, sea el sistema público o privado, en realidad lo que se les exige es otra cosa”, sostiene Keppl. “Si lo único que les van a exigir es resolver problemas de salud individuales difícilmente estas cuestiones vinculadas a la salud socioambiental sean una preocupación o tengan herramientas para trabajarlas”, explica. Y aporta un ejemplo: “Muchas veces se reconoce el aumento de casos de una determinada enfermedad vinculada a alguna fuente de contaminación, pero cuando llega la hora de la acción concreta se quedan en la prescripción individual de algún tratamiento o de algún diagnóstico”.
Señala que lo que falta es articular esa parte de los procesos biológicos individuales con procesos más generales como pueden ser estas cuestiones socioambientales.
¿Por qué ocurre esto? “Está todo muy cooptado por el discurso médico hegemónico sostenido por la industria farmacéutica. Entonces, lo más probable es que un congreso de psiquiatría organizado por un laboratorio para mostrar los últimos desarrollos farmacológicos tenga los cupos llenos. Y cuando proponés una actividad vinculada a los temas socioambientales, hay menos gente, cuesta un poco más. Pero en el último tiempo es está cambiando”, señala Keppl.

Una sola salud
Carolina Cazaux es médica, estudió en Buenos Aires y vive en Lago Puelo, Chubut, una región azotada por los últimos incendios forestales y por la amenaza de la megaminería. Participó del taller virtual del Inssa y considera fundamental cambiar la formación de los trabajadores de la salud para generar un pensamiento crítico. “Es necesario poder entender que los procesos de cómo se enferma una población necesariamente tienen que ver con las actividades que se realizan, con los hábitos culturales, con los vínculos. Si pensamos en la salud como un tejido social que tiene que estar sano, fortalecido, necesitamos que haya gente capacitada para trabajar desde esa perspectiva”, afirma.
Señala que la formación que predomina en las facultades de medicina es la contraria. “Es una cerrera mercantilista, fragmentada, que disocia. Se enseña a diagnosticar enfermedades y prescribir tratamientos.” Considera que para los trabajadores de la salud, lo más cómodo es seguir esa línea, no cuestionar. “Poner en duda esa formación, ese sistema de creencias, genera conflicto”.
Así lo vivieron más de una vez en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR los integrantes del Instituto de Salud Socioambiental. Uno de los casos más graves ocurrió en 2016, cuando autoridades de la Universidad de Rosario clausuraron con cadenas la oficina donde se guardaban las encuestas y resultados de los campamentos sanitarios realizados por estudiantes de medicina en pueblos fumigados.
Damián Verzeñassi -médico y docente, director del Inssa y quien estuvo a cargo de los campamentos sanitarios hasta 2019- explica por qué es importante incorporar la salud socioambiental en la formación. “Si asumimos que la salud de los seres humanos no puede ser entendida en forma descontextualizada o como un elemento ajeno a la salud de los territorios, la formación de los trabajadores tiene que ayudar a comprender esa relación, porque es clave para entender los procesos de salud y enfermedad”, señala.
Detalla que la salud socioambiental pone la mirada en la intersección entre la salud colectiva y la ecología política latinoamericana. “Para nosotros es muy importante porque brinda herramientas no sólo teóricas, sino también metodológicas. Y es fundamental porque nos permite recuperar algo que las facultades se encargan de hacernos perder, que es la capacidad de relacionar, de mirar integralmente y de comprender que la vida es gracias a los procesos y que los procesos son gracias a las relaciones”, destaca. Por eso, sostiene, los conceptos de la salud de los ecosistemas y la salud socioambiental son clave para entender lo que sucede con las poblaciones.

El silencio es complicidad
Desde el Chaco, María del Carmen Seveso reconoce que parte del problema es el paradigma hegemónico de la medicina. “La mayoría de los profesionales de la salud están esquematizados. Si empiezan a denunciar casos como las enfermedades por agrotóxicos pierden la estabilidad, se les desordena lo que aprendieron”, señala. “Pero tienen mucha responsabilidad, cuánto se podría haber evitado si más médicos denunciaran los casos.”
Reconoce, asimismo, que denunciar es comprometedor y en algunos casos, genera problemas laborales. “En los pueblos los intendentes son los dueños de los campos de soja. Y hasta a veces son médicos también”, advierte. “Hubo casos de pediatras de hospitales públicos que recibieron amenazas por denunciar que los chicos estaban afectados por las fumigaciones.”
Jubilada pero activa, Seveso publicó el año pasado el libro  “Resistiendo al modelo agrobiotecnológico. Para evitar la complicidad de las víctimas”, en el que sistematiza datos y casos relevados durante sus años de trabajo. Se entusiasma con la difusión de estos temas e insiste en la necesidad de dar herramientas para que “la gente se pueda defender”.
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Vaca Narvaja se refirió a la instalación de granjas y exportación de cerdos a China: “Argentina tiene mucho potencial”

Fecha de Publicación: 04/03/2021
Fuente: Agrofy News
Provincia/Región: Nacional


El embajador argentino en China destacó las relaciones comerciales entre ambos países y se refirió a la posibilidad de exportar carne porcina.
China es el segundo socio comercial de Argentina y durante la pandemia se volvió en un actor fundamental. El país asiático además de importar soja, se convirtió en el principal comprador de carne vacuna.
En este sentido, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, destacó que el comercio con el país asiático viene en aumento. En este sentido, argumentó que se debe al incremento de la exportación de carne bovina.
China atraviesa una situación crítica en su oferta de proteínas debido a la fiebre porcina africana. Esto generó una fuerte demanda internacional para abastecer su mercado local.
Ante esta situación, Vaca Narvaja, explicó a Radio 10: “Argentina tiene mucho potencial en la exportación de cerdos, porque exportaríamos más carne por esta demanda insatisfecha”. Al mismo tiempo, expresó que si el país amplía la capacidad productiva de cerdos las exportaciones aumentarían enormemente.
En este punto, el embajador señaló que Argentina tiene determinadas ventajas frente a otros países. “El país cuenta con cuestiones muy interesantes como el precio del maíz, que el cerdo se alimenta en un 70 % de maíz, la tierra, la tecnificación argentina, los estándares sanitarios, y la región nuestra no tiene la fiebre porcina africana”, agregó el diplomático.
Luego, Vaca Narvaja se refirió al desacople de precios internos y los efectos de exportar. “Si uno exporta mucha carne bovina, esto puede afectar los precios internos, por lo cual si uno trabaja sobre este sector y amplía la capacidad productiva yo creo que puede mejorar el tema precios en la exportación de carne bovina”, argumentó.
Por otra parte, Sabino comentó que se está trabajando en la instalación de granjas porcinas. En este sentido, explicó que en un primer momento los Ministerios de Relaciones Exteriores, Agricultura, Producción y Medio Ambiente están armando un plan federal para promover el sector.
De esta manera, están diagramando que con la inyección de incentivos se instalen nuevas granjas y se amplíen las existentes. Vaca Narvaja destacó que se trata de un plan federal que busca llevar esta iniciativa a las provincias.
“Nosotros no tenemos desarrollado el sector en escala y el plan contempla que uno tenga una dinámica de ingreso de divisas”, sostuvo. También destacó que por las particularidades de la producción de cerdo se generaría una dinámica de exportación mucho más interesantes.
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Documental sobre megagranjas porcinas muestra cómo será el futuro de Argentina

Fecha de Publicación: 11/01/2021
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional

Se trata de "Una laguna negra", filmado en la Península de Yucatán,  México. Allí operan 257 granjas porcinas que contaminan los cenotes, la única fuente de agua potable de la zona. Entrevista con sus realizadores.
Uno de los principales desafíos para el 2021 de las organizaciones ambientalistas en Argentina es evitar el acuerdo con china que prevé la instalación de granjas porcinas en el país. La iniciativa, que surgió el año pasado, para producir y exportar carne de cerdo genera preocupación por el impacto que puede tener sobre el medio ambiente. En ese contexto, el estreno de este documental mexicano cobra relevancia porque muestra lo que podría ocurrir en Argentina si estas granjas comienzan a operar.
Se trata de /Una laguna negra/, un documental estrenado ayer (disponible en la cuenta de Facebook Una Laguna Negra, que muestra la situación que viven los pobladores de la Península de Yucatán en México. Allí seinstalaron 257 granjas en las que se crían cerdos para luego sacrificarlos y exportar su carne.

Una Laguna Negra
El documental es una producción independiente que contó con el apoyo de la Comunidad Cinematográfica de Yucatán. PERFIL dialogó con su directora, Maricarmen Sordo, y con el periodista que realizó la investigación, Patricio Eleisegui, quienes explicaron cómo surgió la idea del proyecto y qué problemáticas existen en Yucatán. “Para Argentina, va a ser una película de terror futurista. Lo que estamos contando acá, en cinco años lo vamos a estar haciendo en Argentina si no se para el proyecto de construir estas granjas”, indicó Eleisegui.
Antes de empezar con este documental, seguí el acuerdo con China. Y me acuerdo de haber hablado con productores porcinos en Argentina y me decían que el modelo a copiar era el mexicano. Este es el modelo mexicano. Es insostenible porque depreda el medio ambiente, se apropia de los recursos, genera disputas en torno a la tierra, etc. Lo que hacen en Yucatán es una depredación total. Si es intensivo es imposible que no tenga impacto en el medio ambiente. Y es un modelo que se basa en el agua. Por lo tanto, en Argentina se van a instalar en lugar de fácil acceso al agua. Y acá en México lo que hacen es utilizar esos lugares, vaciar los recursos y cuando el agua ya está podrida del todo, se mudan a otro pueblo. Lo están negociando también en Uruguay. Cualquier lugar que les salga barato, lo van a utilizar.

— ¿Qué ocurre en Yucatán con estas granjas?
E: Gracias a distintos estudios, uno hecho por Greenpeace, se sabe que hay más de 250 granjas en toda la península. Alrededor de 220 están en Yucatán, porque es la mayor reserva de agua que queda, y cerca de 40 están instaladas directamente en reservas naturales. O sea que desde el inicio violan todas las normativas que hay en cuenta a lo ambiental. También encontramos que han recibido permisos irregulares y habilitaciones provisorias. Es más, esta compañía tiene miles de cerdos, puede llegar a sacrificar dos millones de animales por año, y tiene el status de producción semi intensiva. En los papeles son catalogados como una granja pequeña o un productor chico.
SORDO: La situación de contaminación es grave. Estudios hechos por Greenpeace muestran que hay contaminación en los cenotes (cavernas con agua cristalina que se filtran por el suelo y están conectadas entre sí) que sobrepasa lo permitido para el consumo humano. Son la única fuente de agua potable en Yucatán porque no hay ríos ni  tras fuentes de agua potable. Si se contamina, como comienza a ocurrir, la situación se agrava. Y también hay problemas con cuestiones laborales ancestrales. Un ejemplo es la apicultura que en los últimos años se vio afectada por la llegada de esta empresa. Las poblaciones de abejas bajaron y también hay plagas de moscas que atentan contra la  roducción. Además, los vecinos ven que en las temporadas de lluvia cada vez es más difícil que se seque el agua y que cada vez cuesta más que las inundaciones se sequen.
E: Cuando hacen la instalación de la granja, se hace un desmonte total de la zona y comienza la utilización de agrotóxicos para controlar el crecimiento de especies locales. Después hacen una modificación total del ambiente. Con respecto a lo que dijo Maricarmen, ellos construyeron caminos internos y así cortaron el curso natural del agua, que se acumula mucho en la temporada de lluvias. Entoncesahora se inundan los pueblos todos los años.

—¿La empresa tomó alguna medida de seguridad con respecto al medio ambiente?
E: El principal foco de contaminación es la excreta del cerdo. Un cerdo más o menos defeca el 50% de lo que come y estamos hablando de cerdos que comen todo el día. Supuestamente iban a procesar todo esto en piletas con tamaños de canchas de fútbol donde, en teoría, luego obtienen agua pura. Pero la realidad es que se comprobó que no hicieron esto. Construyeron cañerías que se meten en la selva y tiran todo en el monte. Son miles y miles de litros que se descartan ahí todos los días y que generan un desastre ambiental.

—¿Es algo que podría ocurrir en Argentina?
E: Sí, claro que sí. Cuando empezamos con los primeros contactos pregunté cuál era el mensaje para Argentina. Y todos dijeron: “Por favor, eviten que se consoliden”. Porque una vez que la granja se instaló y empezó a aportar regalías a la caja política, no se va más. Lo que hay que evitar en Argentina es que se instalen. El modelo no es sustentable de ninguna manera. Es intensivo, a bajo costo y requiere grandes cantidades de agua. Y como toda empresa busca crecimiento todos los años. Por lo tanto, cada año la situación ambiental es peor. La realidad es que con el volumen de animales que trabajan, más de 15 mil por granja, hace imposible que sea sustentable porque la cantidad de residuos es inmanejable. No hay manera de reciclarlo y por otro lado a estas empresas no les importa hacerlo.

—¿Cómo surge la idea de realizar este documental?
S: Cuando se despertó la inquietud en Argentina por la producción de cerdos, Patricio comenzó a tener contacto con personas de Yucatán porque allí hay muchas granjas. Es una actividad muy importante con empresas muy poderosas como la que señalamos. Desde Buenos Aires, él empezó a tener llamadas con los vecinos de la comunidad de Kinchil y en ese momento yo estaba pensando sobre qué tema trabajar. Me pareció que era una buena oportunidad para visibilizar lo que ocurre. Es un problema que lleva varios años y que se acalla porque los vecinos ya hicieron denuncias pero no tuvieron respuestas.
E: Hace tiempo que estoy en contacto con un periodista mexicano que se llama Robin Canul y que investiga los megaproyectos que se llevan a cabo en la Península de Yucatán porque es la última gran reserva de agua de México. Es una zona importante para la producción de transgénicos, de energía como la eólica y además están estas granjas. Cuando ocurrió el anuncio del acuerdo con China, recordé que el pueblo de Kinchil estaba sufriendo por estas granjas hace años y así llegamos hasta acá. Este pueblo es una de las bases de la empresa Kekén, que es la mayor exportadora de carne de cerdo de México e integrante de un conglomerado llamado Grupo Kuo cuyo dueño es un tipo que se sienta en la mesa de los presidentes mexicanos con Carlos Slim. Como para dar una idea de su poder.
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Los bosques desaparecidos: en los últimos 20 años la deforestación equivale a tres veces la provincia de Tucumán

Fecha de Publicación: 28/12/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


En las últimas dos décadas, sólo en el Chaco Seco argentino la destrucción fue brutal y pone a ese territorio como el segundo afectado en la cantidad de hectáreas en toda Sudamérica después del Amazonas. Un estudio pone en evidencia la aceleración de un fenómeno que no sólo afecta al ecosistema sino que impacta duramente sobre la vida de las comunidades indígenas y los pequeños productores
La expansión de la frontera agropecuaria está causando un impacto de características catastróficas en el ecosistema y la vida de las comunidades indígenas de la Argentina, particularmente por el proceso de deforestación que, por ejemplo, en la Región del Chaco Seco, en el norte del país, pone a ese territorio como el segundo afectado en cantidad de hectáreas de toda Sudamérica, después del Amazonas.
Este proceso se aceleró de manera ostensible en los últimos años, durante los cuales el porcentaje anual de pérdida de bosque nativo –respecto del total de bosque nativo remanente– aumentó en todo el territorio nacional de un 0,34% anual en 2015 a un 0,42% en 2018, lo que equivale a una superficie desmontadas de 183.368 hectáreas.
Un muy reciente estudio realizado por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) ubica a la Argentina “entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el mundo durante el período 2000-2015”. También señala que desde la sanción de la Ley de Bosques Nativos, en 2007, la pérdida de superficie boscosa en el decenio 2008-2018 fue de aproximadamente 2,8 millones de hectáreas.

Más de 100.000 hectáreas en un año
Durante el último año, la situación en la región llegó a un pico aún más alarmante: “Este proceso continuó su deterioro en el año 2019, en el que se registraron 102.023 hectáreas deforestadas, totalizándose la suma de 6.011.867 hectáreas de bosques desmontados en el Chaco Seco para el período 1996 a 2019. Es decir, 60.118,67 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi tres veces la provincia de Tucumán”, grafica el estudio de APCD.
La ecorregión del Chaco Seco abarca Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, oeste de Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca, y el oeste de Corrientes.
En el mismo sentido, el último informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible titulado “Causas e impactos de la deforestación de los bosques nativos de Argentina y propuestas de desarrollo alternativas”, señala que “desde el año 2016 la deforestación provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogeneización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales”.

El impacto social
Migraciones forzadas, pérdida de identidad individual y colectiva, desarraigo histórico y espiritual, aumento de la inequidad y de la pobreza son algunos de los efectos que la deforestación desenfrenada provoca en los habitantes de las zonas afectadas, principalmente en las comunidades indígenas.
“La destrucción del ambiente natural que suponen los bosques nativos tiene graves consecuencias para las poblaciones locales, compuestas principalmente por pueblos indígenas, familias campesinas y pequeños productores. Debido a la destrucción de su entorno, estos sectores muchas veces se ven forzados a desplazarse a grandes centros urbanos, aumentando así la concentración inequitativa de la población, los índices de pobreza y la pérdida de saberes culturales que hacen a una sociedad más diversa, justa e inclusiva”, explica a Infobae el veterinario Pablo Chianetta, uno de los autores del estudio.
En el lugar de las poblaciones desplazadas o afectadas por la deforestación y la expansión de la frontera agropecuaria se produce la aparición de nuevos actores económicos y rurales con una concepción totalmente diferente de la tierra y su relación con la vida humana. Se pasa así, de una visión de intercambio mutuamente enriquecedor de los sujetos con el entorno a una visión meramente extractiva, un verdadero saqueo de la riqueza que encierra la tierra.
“Los nuevos actores rurales que surgen luego del proceso de deforestación y reconversión de las tierras para fines de explotación agroganadera traen consigo otros criterios valorativos sobre la región, que se expresan, centralmente, en una visión reducida a lo meramente productivo. De esta manera, el ambiente se convierte solamente en un dispensario de recursos económicos que es preciso explotar con la mayor celeridad posible, sin tener en cuenta otras dimensiones que se juegan en el territorio”, describe el informe.

El caso de Formosa
El feroz avance de la frontera agropecuaria en Formosa no sólo se mide en hectáreas sino también en vidas. “Es un fenómeno que parece imparable y que afecta tanto al ecosistema como a la vida de las comunidades indígenas de todo el Chaco Argentino Paraguayo, ya que han perdido casi totalmente la posibilidad de cazar, melear (recoger miel) y pescar que han sido sus formas de subsistencia durante siglos. Y eso, finalmente, atenta contra los elementos y valores sobre los cuales se sustenta el ser indígena”, dice Chianetta a Infobae.
Si se sobrevolara el territorio formoseño el paisaje se podría describir como una enorme extensión de campos desmontados, de tierras rojizas, limitados por alambrados, entre los que subsisten, aquí y allá unas islas verdosas de bosques.
En algunas de esas islas todavía tratan de sobrevivir según sus costumbres ancestrales, diversas comunidades indígenas de las etnias wichí, qom, pilagá y nivaclé. De acuerdo con su cultura de cazadores y recolectores, durante siglos estas comunidades vivieron desplazándose por sus territorios ancestrales, según el ritmo que imponían las estaciones del año y la existencia de alimentos. Durante el verano, en las épocas de crecidas de los ríos se alejaban de sus márgenes y se asentaban en territorios interiores, mientras que en tiempos de bajantes, en los inviernos, se acercaban de nuevo cerca de las aguas para subsistir fundamentalmente de la pesca.

Pequeños productores y pobreza
Las comunidades indígenas no son el único colectivo afectado por el proceso de deforestación. En las últimas décadas, la expansión de la frontera agropecuaria afectó de manera regresiva a la diversificación productiva y, consecuentemente, a la posibilidad de supervivencia de los pequeños productores agropecuarios que históricamente tenían sus emprendimientos en las zonas deforestadas.
El informe de APCD detallar que “en el período 1988-2002, los pequeños productores agropecuarios vieron caer sus explotaciones en un 26%, porcentaje que asciende al 48% si se considera el período 1988-2018. Esto equivale a decir que casi la mitad de los pequeños productores ha desaparecido en sólo 30 años, llevando a una mayor concentración de la riqueza y aumento de las desigualdades”.
Así, la expansión irracional de la frontera agropecuaria, con la consecuente destrucción de los bosques nativos no sólo usurpa territorios a las comunidades que los habitaban desde hace siglos sino que también mata. A la tierra y a la gente.
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