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Restaurarán cuenca de Catamarca
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Financiamiento para restaurar la cuenca del río El Abra
Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2018
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Mañana se firmará en Casa Rosada un convenio en el marco del “Programa Nacional de Restauración de Cuencas mediante Reforestación”, que financia el PNUD, organismo dependiente de las Naciones Unidas, donde se fijó como una de las prioridades a nivel nacional, la cuenca del Río Salí o Dulce, del que Catamarca forma parte.
Al encuentro asistirá el secretario de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Rosales, junto a funcionarios y responsables de proyectos de las otras provincias intervinientes en este programa.
Catamarca presentó un proyecto relativo a la reforestación de la cuenca del Río El Abra, en el departamento Santa Rosa, en el sector del pueblo de La Bajada. Este sector se tomó como prioritario a trabajar, porque es donde hubo mayores inconvenientes en los procesos de erosión, sedimentación e inundación, por las crecidas del Río El Abra.
Para ello, la Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró un proyecto, a través de la Dirección Provincial de Bosques Nativos, para ser ejecutado por el “Consorcio de Cooperación del Río El Abra”, en virtud que los procesos erosivos que se pretenden detener, se dan mayoritariamente en los campos de productores de la zona de influencia de los miembros de este consorcio.
Este proyecto incluye diversas etapas que irán avanzando y cumpliendo los objetivos. La primera es reforestación de las cabeceras de cárcavas, mediante ejemplares provenientes del Vivero Provincial de la Secretaría de Ambiente, para frenar la erosión hídrica que se produce todos los años, la limpieza de un tramo del cauce del Río El Abra y la formación de un vivero para producir las plantas que se necesitarán en las etapas siguientes, en los planes de reforestación.
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Futuro puente Santa Fe-Paraná sin muchos datos ambientales
Vecinos de la Costa quieren conocer el impacto del futuro puente Santa Fe-Paraná
Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Activistas de la Coordinadora del corredor costero entregaron una carta formal con la petición a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura de la provincia de Santa Fe.
Haciendo ejercicio del derecho de requerir información pública y acceder a ella –de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675 y decretos provinciales N° 0692/2009 y N° 1774/2009– activistas de la Coordinadora de la Costa, integrada por vecinas y vecinos de la costa santafesina y organizaciones sociales e instituciones de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes (vecinal Colastiné Sur, vecinal de Colastiné Norte, vecinal de Alto Verde, vecinal Villa California, Club Social y Deportivo Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas de Rincón, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío, Cultural de la Costa y Tramas Derecho en Movimiento) presentaron cartas formales a los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura exigiendo datos en miras a la concreción de una futura conexión vial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En ese texto entregado a las autoridades, al que UNO tuvo acceso, se asevera que "de acuerdo a los muy escasos datos que se brindaron en anuncios públicos sobre esta obra, queda claro que las obras impulsadas impactan ambiental y socialmente en las localidades de pertenencia de nuestras organizaciones", y en esa línea los integrantes de las mencionadas organizaciones reclaman con urgencia contar con información respecto de:
1) Número/s de expediente/s administrativo/s donde tramita la proyección de la obra con copia íntegra de este, incluyendo dictámenes, mapas, planos y/o cualquier otra actuación obrante en el mismo o en expediente vinculado y/o anexo respecto de: a) traza designada para la futura conexión vial; b) características del puente principal, con ubicación de cabeceras y puentes secundarios; c) características y conexiones del puente con las rutas; d) características de obras conexas y/o accesorias al puente principal.
2) Términos de referencia, bases y condiciones que surgen del pliego licitatorio de la obra nombrada.
3) Estudio de Impacto Ambiental, Hídrico y Urbano y estudio de Impacto Ambiental e Hídrico Acumulativo de las obras proyectadas para la traza elegida.
4) Evaluación Ambiental e Hídrico Estratégica que involucra al proyecto integral de conexión interprovincial.
5) Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto.
6) Estudios de evaluación de inundaciones.
7) Estudios de impacto hídrico y socio-espacial que la obra referida desplegará sobre la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas tales como San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santo Tomé y Recreo.
"No estamos en contra del puente, sino de la supuesta traza elegida, ya que entendemos que es una traza modificada que nadie sabe cuál es y tememos que pueda estar a una distancia menor de la permitida para una obra en relación al Túnel Subfluvial", explicó en diálogo con UNO, Antonio Yapur, uno de los referentes de la coordinadora, quien aseguró que esperan pronto tener alguna respuesta al respecto.
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Fecha de Publicación: 15/06/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
Activistas de la Coordinadora del corredor costero entregaron una carta formal con la petición a las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura de la provincia de Santa Fe.
Haciendo ejercicio del derecho de requerir información pública y acceder a ella –de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, Ley General del Ambiente N° 25.675 y decretos provinciales N° 0692/2009 y N° 1774/2009– activistas de la Coordinadora de la Costa, integrada por vecinas y vecinos de la costa santafesina y organizaciones sociales e instituciones de la ciudad de Santa Fe, San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes (vecinal Colastiné Sur, vecinal de Colastiné Norte, vecinal de Alto Verde, vecinal Villa California, Club Social y Deportivo Arroyito Seco, Proyecto Revuelta, Arenas de Rincón, Partido Vecinos, Espacio Comunitario El Baldío, Cultural de la Costa y Tramas Derecho en Movimiento) presentaron cartas formales a los ministerios de Medio Ambiente e Infraestructura exigiendo datos en miras a la concreción de una futura conexión vial entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
En ese texto entregado a las autoridades, al que UNO tuvo acceso, se asevera que "de acuerdo a los muy escasos datos que se brindaron en anuncios públicos sobre esta obra, queda claro que las obras impulsadas impactan ambiental y socialmente en las localidades de pertenencia de nuestras organizaciones", y en esa línea los integrantes de las mencionadas organizaciones reclaman con urgencia contar con información respecto de:
1) Número/s de expediente/s administrativo/s donde tramita la proyección de la obra con copia íntegra de este, incluyendo dictámenes, mapas, planos y/o cualquier otra actuación obrante en el mismo o en expediente vinculado y/o anexo respecto de: a) traza designada para la futura conexión vial; b) características del puente principal, con ubicación de cabeceras y puentes secundarios; c) características y conexiones del puente con las rutas; d) características de obras conexas y/o accesorias al puente principal.
2) Términos de referencia, bases y condiciones que surgen del pliego licitatorio de la obra nombrada.
3) Estudio de Impacto Ambiental, Hídrico y Urbano y estudio de Impacto Ambiental e Hídrico Acumulativo de las obras proyectadas para la traza elegida.
4) Evaluación Ambiental e Hídrico Estratégica que involucra al proyecto integral de conexión interprovincial.
5) Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción, operación y mantenimiento del megaproyecto.
6) Estudios de evaluación de inundaciones.
7) Estudios de impacto hídrico y socio-espacial que la obra referida desplegará sobre la ciudad de Santa Fe y localidades aledañas tales como San José del Rincón, Arroyo Leyes, Santo Tomé y Recreo.
"No estamos en contra del puente, sino de la supuesta traza elegida, ya que entendemos que es una traza modificada que nadie sabe cuál es y tememos que pueda estar a una distancia menor de la permitida para una obra en relación al Túnel Subfluvial", explicó en diálogo con UNO, Antonio Yapur, uno de los referentes de la coordinadora, quien aseguró que esperan pronto tener alguna respuesta al respecto.
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Restauración hidrológica de turberas en el sur
Logran la restauración hidrológica de humedales impactados por actividades productivas
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: Argentina Investiga
Provincia/Región: Tierra del Fuego
La Universidad Nacional de Tierra del Fuego llevó adelante el primer Proyecto de Restauración Hidrológica de Turberas que se realizó en el país. Destacan el valor ecológico de esta acción de mitigación
Los humedales constituyen ecosistemas muy valiosos, desde un punto de vista hidrológico, ecológico y económico. Además de los servicios ambientales que cumplen, como la regulación del ciclo del agua y la fijación del carbono atmosférico, son componentes paisajísticos, constituyen reservas de aguas para distintos usos y tienen valor productivo.
Las turberas son humedales característicos de Tierra del Fuego que cubren una extensión del 13% del territorio de la Provincia. En muchos de estos casos han sido intervenidas e impactadas para la explotación de turba por parte de establecimientos que operan bajo concesiones mineras. El drenaje de las turberas es una práctica normalmente implementada para facilitar la explotación; estos drenajes suelen quedar abiertos luego de la actividad extractiva, lo cual inhabilita la reinstalación de la vegetación propia de estos ecosistemas y adicionalmente da lugar a riesgos de incendio forestal, por cuanto toda turbera drenada es materia orgánica seca fácilmente combustible.
En este marco, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), conjuntamente con la Fundación Humedales, lideró un Proyecto de Restauración Hidrológica de una Turbera ubicada sobre una extensión natural de 15 hectáreas de un área protegida del centro de la Isla, que fuera abandonada en los últimos veinte años sin que se hubieran cerrado los drenajes, dando lugar así a un ambiente altamente degradado en plena reserva natural.
Los trabajos implicaron el desarrollo de experiencias de instalación de obras de cierre de los drenajes de la turbera piloto usando materiales de bajo costo, como placas de fibrocemento, madera o simplemente con relleno de turba, dependiendo de las características de las zanjas de drenaje. La eficiencia de estos bloqueos del drenaje permitió dar lugar al inicio del restablecimiento de los niveles de agua en el humedal.
El proyecto fue ganador del concurso “Proyectos de Agua 9ª Edición” organizado por Coca Cola, Fundación Vida Silvestre y la Universidad de San Andrés. Fue ejecutado con la participación de la Dirección de Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático de la Provincia de Tierra del Fuego.
El Ingeniero Rodolfo Iturraspe, docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA) de la UNTDF, en su rol de coordinador de las actividades explicó que “hemos logrado concluir con éxito este proyecto, que es la primera experiencia de restauración hidrológica de una turbera que se realiza en la Argentina, con resultados que son replicables en otros humedales drenados”.
En diálogo con Argentina Investiga, Iturraspe analizó que “esta acción de mitigación es necesaria para continuar a largo plazo los trabajos de restauración integral de estos ecosistemas naturales, ya que sabemos que una turbera demora entre 10 mil y 12 mil años en alcanzar el desarrollo que observamos en el presente”.
En ese sentido, enfatizó que “a partir de este trabajo buscamos promover un uso apropiado y responsable de las turberas. Hemos editado la ‘Guía Práctica para la obturación de drenajes en turberas intervenidas’, que se distribuirá gratuitamente, con el fin de facilitar y alentar acciones elementales tendientes a la recuperación de estos humedales por parte de los responsables de las actividades extractivas, para que los sitios intervenidos puedan regenerarse como humedales y se mitigue en alguna medida los efectos negativos que resultan de la extracción de turba’, concluyó.
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Proyectan un corredor ecológico en la Ruta 114 de Corrientes
Proyectan crear un corredor ecológico en la Ruta 114 para proteger la flora y fauna
Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Fecha de Publicación: 09/06/2018
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes
Una fundación y una empresa forestal expusieron ayer ante autoridades de La Cruz y otros privados la iniciativa para trabajar en conjunto para regular la velocidad en dicha carretera y la caza furtiva, entre otras medidas.
Se realizó ayer en La Cruz la presentación del proyecto “Aguará Guazú” para la creación de un corredor ecológico en la Ruta Provincial Nº 114, tendiente a la preservación de la fauna y la flora, y buscan sumar la participación de diferentes sectores públicos y privados.
La cita fue en la Casa de las Culturas del Municipio, en la cual el intendente Luis Calomarde, la secretaria de Educación y Cultura, Flavia Luján, entre otros, estuvieron en la presentación de la iniciativa conservacionista por parte de representantes de la fundación Hábitat y Desarrollo y la empresa forestal Masisa.
Consultado al respecto, Calomarde dijo a El Litoral que “se trata de una idea incipiente, es la primera presentación del proyecto Aguará Guazú que impulsa la fundación Hábitat y Desarrollo que trabaja con la empresa Masisa, que en nuestra zona tiene más de 20 mil hectáreas de forestación. Están planteando la posibilidad de que la Ruta (Provincial) 114 sea un corredor y junto a los propietarios de las estancias y producciones que hay en la zona, junto al Municipio, la Provincia y organismos como Senasa e Inta, trabajemos articuladamente para proteger todas las especies”.
En cuanto al alcance de dicho proyecto, indicó que “está pensado en toda la Ruta 114, entre la nacional 14 y la provincial 40, camino a los Esteros del Iberá”. Seguidamente resaltó que “afortunadamente es una zona muy conservada, tiene una riqueza importante en aves y muchas especies, así que la intención es sostener y reforzar esto”.
Tras ratificar que “es recién el inicio”, aclaró que el propósito es “concientizar a los propietarios de los campos y poder tomar medidas en común como, por ejemplo, controlar la prohibición de la caza furtiva; también se charló la posibilidad de instalar reductores de velocidad, ya que comentaron que en algunos tramos los vehículos pasan rápido. Es una ruta que se terminó de enripiar hace poco”, refirió.
Entre los inconvenientes advertidos en la zona, explicó que “es una preocupación lo de los chanchos salvajes, que están avanzando cada vez más rápido, desde la zona del (río) Miriñay hacia el Uruguay. Comen cualquier cosa que encuentran en su camino y si bien la gente suele cazarlos para chacinados, es un riesgo por la posible triquinosis”, agregó.
Tras lo cual expresó que “la fundación Hábitat y Desarrollo suele organizar cazas para estos animales, ya que al estar considerados plagas se los puede capturar y se los somete a análisis por triquinosis y en caso de estar la carne en buen estado, suelen donar a la comunidad”.
Por otro lado destacó que del cónclave participaron “representantes de la fundación Amado Bonpland y propietarios de los campos donde se encuentran los tres cerros, así que es muy positiva la posibilidad de trabajar en conjunto y que se puedan seguir sumando actores locales y de la Provincia, como el área de Recursos Naturales para proteger nuestra ecología. En una próxima reunión se continuarán sumando aportes”.
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Un chiste: Urtubey crea agencia para controlar los desmontes
Urtubey creará una agencia para controlar los desmontes ilegales
Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Fecha de Publicación: 08/06/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Salta
El gobernador Juan Manuel Urtubey anunció la creación mediante dos decretos de nuevos instrumentos legales sobre modificaciones en materia de política ambiental en la Provincia.
Desde el Centro Cívico de Grand Bourg, el mandatario presentó los Decretos 616 y 617 en los que se incorporaron nuevas áreas protegidas a la Provincia y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Salta (APAS).
El gobernador explicó que de esta manera se duplicó la superficie de áreas protegidas, que de esta manera alcanza los 3.960.000 de hectáreas, la mayor proporción de toda la Argentina y que supera ampliamente las recomendaciones de Naciones Unidas para el equilibrio del medio ambiente. "Esto nos ubica en un estatus único", dijo.
En el funcionamiento de APAS participarán organizaciones de la sociedad civil, que podrán participar en la fiscalización y control de los desmontes ilegales y talas indiscriminadas, además de la aplicación de los programas de control ambiental.
En el Decreto 616 establece la duplicaicón de la superficie del área protegida, que tiene hoy 1.590.000 hectáreas en el Sistema de Área Protegida y vamos a incorporar 1.502.959 hectáreas. El 64% son bosques nativos, y si a eso sumamos lo que significan las reservas de biósfera de las yungas y los Parques nNacionales, son 3.976.450 hectárteas de áreas protegidas y pasa a ser la provincia con mayor superficie de áreas protegidas de Argentina, superando ampliamente los estándares internacionales", dijo Urtubey.
Por su parte, APAS busca incorporar al sector privado y subsumirá todas las funciones en la fiscalizacion, control y persecución de la tala y el desmonte inegal. "Queremos que con organizaciones de la sociedad civil, instituciones y también el gobierno de la provincia, podamos no solo preservar este estándar ambiental que se adquiere sino tambien garantizar donde se hayan generado daños la mitigación, remediación y también las sanciones correspondientes".
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Etiquetas:
Desmontes,
ecosistemas,
legislación y derecho ambiental,
política ambiental,
Salta
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Acabemos con los bosques
Acabemos con los bosques
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Fecha de Publicación: 06/06/2018
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Por E. Raúl Zaffaroni
El ex juez de la Corte Suprema se pregunta para qué conservar un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir para salvarnos de una catástrofe irremediable. Una reflexión sobre la destrucción de nuestro medio ambiente por complicidad con poderes económicos que no piensan, no sienten, no planean.
1 ¿Sólo una homofonía?
El 25 de mayo, en la Catedral, se mencionó a Zaqueo. Más allá de la homofonía en nuestro castellano en que asimilamos el sonido de las dos consonantes, lo cierto es que avanza el saqueo por el mundo, bajo la autodenominación de neoliberalismo. Se había dicho antes de otra forma:Los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente. (1)
Y los declamadores vernáculos de esa visión del mundo, no se conforman con poner en crisis a nuestra sociedad, sino que también quieren hacerlo con el medio ambiente, lo que no es de extrañar, porque no son dos crisis independientes, sino que esa crisis es única: socio-ambiental. (2)
Por esa razón, no puede llamar la atención que la actual administración haya puesto a cargo de las cuestiones ambientales a un funcionario digno de todo respeto, pero que no es precisamente un experto en el tema.
2 ¿Qué pasa con los bosques salteños?
Si bien se pierde en la alucinante velocidad de las graves noticias de las últimas semanas, no es bueno dejar de lado lo que está sucediendo con los bosques naturales de Salta.
Se trata de una historia que viene de lejos, puesto que entre 2002 y 2006 se desmontaron allí casi medio millón de hectáreas. En el año 2008 la Corte Suprema hizo lugar a una cautelar que suspendió el desmonte en cuatro departamentos salteños que, justamente, eran los de mayor presencia indígena y que, por ende, les proveen de lo indispensable para su subsistencia.
Algunos desmontes continuaron ilícitamente, aunque en mucha menor medida y, muy poco después, un terrible aluvión de agua, barro y troncos, inundó y arrasó las viviendas de un tercio de la población de Tartagal, lo que –según la opinión científica más seria– se debió a la indefensión del suelo causada por la eliminación de los bosques.
En una audiencia pública en 2009, el gobierno provincial trató de que la Corte Suprema levantase la medida, con el insólito argumento de que dejaba sin trabajo a los hacheros. Pero los jueces de la Corte, por muy urbanizados que fuesen, no confundieron a unos hombres con hachas con una topadora con pala mecánica que arranca todo de raíz y, por ende, en marzo de 2009 afirmaron que los desmontes configuran una situación clara de peligro, de daño grave, porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras. Este perjuicio, de producirse, sería además irreversible.
Desde ese momento, el gobierno provincial adoptó otro camino. La Ley Nacional de Bosques (26.331) los divide en tres categorías: los de alto valor de conservación (categoría 1, rojo), mediano valor de conservación (categoría 2, amarillo) y bajo valor de conservación (categoría 3, verde). De la categoría en que se ubique el bosque, corresponderá que se habilite o no su explotación.
Esto lo resolvió en forma pragmática el gobierno provincial, mediante los decretos 2211/10 y 3136/11, proclamándose competente para que, a simple solicitud del titular de la finca, categorizase y recategorizaselos bosques a su gusto y, con este sencillo medio burló la ley nacional y desmontó nada menos que 130.000 hectáreas de bosques protegidos. En otras palabras: el zorro se autoproclamó cuidador del gallinero.
3 ¿Esto es federalismo?
En nuestra República maltrecha, si se dejase en manos de los gobernadores empobrecidos por los sucesivos ajustes nacionales el poder de decidir qué bosques deben ser protegidos, en poco tiempo buena parte de nuestro territorio se convertiría en un enorme campo de soja envenenado por agrotóxicos, sin pájaros ni especies, pero también sin los pueblos originarios sobrevivientes de los sucesivos genocidios, cuyo hábitat desaparecería con los bosques.
De esta manera, se respondería al actual unitarismo financiero habilitando un federalismo depredador o de saqueo. Cabe pensar que este no fue el federalismo de nuestros caudillos –y menos el de Güemes–, aunque sería digno del unitario Rivadavia que, si bien no trajo los restos de San Martín, le aplicó suajuste y le cortó los fondos para continuar su gesta libertadora.
Volviendo a esta historia reciente, la Auditoría General de la Nación (3)advirtió en 2017 que la provincia de Salta estaba violando la ley nacional y exigióla anulación de 32 permisos de desmontes otorgados en zonas protegidas y la recomposición de los ya ejecutados.Dijo en ese informe que en Salta se generó el marco legal para burlar no solo las disposiciones provinciales sino también las disposiciones nacionales que regulan la protección de los bosques nativos. Según consta en los registros de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Salta desde 2010 a diciembre de 2014, fecha en la que por medio del Decreto 3749/14 se suspendieron las recategorizaciones prediales, las autorizaciones otorgadas por la provincia para cambiar los valores de conservación fueron 32 fincas que en total sumaban una superficie de 144.984 ha. y abarcaron un total de 58.611 hectáreas habilitadas para ser desmontadas de las cuales un 60 por ciento, es decir 35.443 hectáreas, fueron efectivamente ejecutadas.
En vigencia de los decretos provinciales que autorizaron las 32 explotaciones ilícitas según la Auditoría, se desalojó policialmente el campamento de Greenpeace en 2014, pese a la orden contraria de la Jueza de Garantías de Tartagal. Finalmente, los decretos de 2010 y 2011 fueron derogados por el gobierno provincial en diciembre de 2017.
Ante lo informado por la Auditoría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente nacional reaccionó correctamente, declaró ilegales los 32 permisos e instó a la provincia a suspender su ejecución y a reforestar los desmontes ya realizados(4). No obstante, algunos pocos desmontes ilícitos parecen haber continuado.
4 El principio de no regresión
La Auditoría y en Ministerio actuaron conforme a lo que se llama principio de no regresión, derivado del principio de progresividad (5), lo que en palabras claras significa que se puede ir para adelante, pero no para atrás (6). Este principio se fue extendiendo a la materia ambiental, siendo recomendado por las Naciones Unidas en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012(A/66/L.56, 66/288, El futuro que queremos) (7).
La Constitución Nacional, por su parte, prescribe en el artículo 41º que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo, El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
El mismo artículo, en cuanto a la jurisdicción, dice claramente: Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
5 El principio republicano
En nuestro ordenamiento jurídico, toda norma debe interpretarse conforme al principio republicano (artículo 1º de la Constitución), que exige la racionalidad, es decir, la adecuación a un fin deducido de la razón de ser del Estado que, en primer lugar, debe asegurar la vida y la salud de sus habitantes.
Sin perjuicio de que ladeforestación -según la Organización Mundial de la Salud- es causa de la propagación de enfermedades infecciosas, los pueblos originarios, mal que les pese a algunas autoridades que prefieren tratarlos con la Gendarmería y la Prefectura, también son habitantes, por lo que esta deforestación también viola los compromisos internacionales de la Nación a su respecto y la propia letra del inc. 17º del artículo 75º de la Constitución. (8)
Dada la gravedad de estos hechos de múltiple violación normativa como la jerarquía suprema de las normas que infringen y, considerando que la destrucción de bosques es a veces irreversible, pues su restablecimiento requiere muchos años y quizá siglos, el principio republicano de gobierno (la racionalidad) impone que nadie se permita entender el párrafo del artículo constitucional sobre jurisdicciones como derogatorio de todo el texto, lo que sucedería si las provincias fuesen las encargadas de categorizar.
Obsérvese, además, que la Constitución se refiere a las jurisdicciones locales y, como es sabido, jurisdicción significa decir el derecho, o sea, que se trata de respetar la competencia de los jueces locales y no de los poderes ejecutivos, lo que no es un detalle menor a la hora de interpretar el texto. Si se lo quisiese entender como jurisdicción administrativa -expresión por demás confusa, porque se confunde con competencia- el texto estaría negando su propio contenido, porque obviamente, en las actuales circunstancias, dejaría al zorro al cuidado del gallinero.
6 Las últimas novedades
Hace pocos días el gobierno provincial y el Ministerios de Ambiente nacional firmaron un convenio marco de colaboración para la promoción de la actividad productiva sustentable de los bosques de Salta, cuyo objetivo es colaborar en tres aspectos: trabajo conjunto en la elaboración de criterios de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Salta, promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en bosques nativos ubicados en categoría amarilla (de mediano valor de conservación, categoría 2 según la Ley Nacional de Bosques, 26.331) e implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
Pero junto a este convenio -de apariencia inofensiva- se firmó un acta complementaria, con la participación de los representantes de los poderes fácticos interesados en los desmontes, que tiene por objeto -nada menos- que evaluar y verificar en 30 días, la licitud de los 32 proyectos autorizados antes en función de los decretos provincialesderogados. En otras palabras: los 32 permisos que habían sido declarados ilícitos y suspendidos por pedido del propio Ministerio de Medio ambiente nacional en razón del informe de la Auditoría General de la Nación, serán nuevamente revisados, con lo cual el Ministerio nacional da marcha atrás respecto de la medida dispuesta en los primeros días del año, dejando abierta la posibilidad de su explotación.
Se trata de un nuevo episodio insólito de manipulación de esta administración: sin la participación de los pueblos originarios ni de la población de Tartagal -que no hace muchos años sufrió la referida catástrofe aluvional-, pero en mesa con los poderes fácticos interesados en el desmonte, se abre la posibilidad (que para algunos académicos salteños es certeza) de que, con beneplácito del gobierno nacional, se entronice al zorro, pero no como cuidador, sino como dueño del gallinero.
De materializarse este riesgo y si aún quedan en pie restos de la institucionalidad abollada, cabe esperar que, cuando la cuestión llegue a la Corte Suprema, la resuelva con la misma celeridad que en 2008 y mantenga su jurisprudencia, en previsión de la depredación irrecuperable de los bosques salteños, de la vida, propiedad y vivienda de los habitantes de la zona, de sus pueblos originarios y de nuevas catástrofes locales.
En medio de los males que nos amenazan a los argentinos, vale la pena apostar a que no se haya perdido del todo la dignidad, el sentimiento humano y, sobre todo, la pulsión de supervivencia de la especie. De cualquier manera, nunca debemos olvidar que el derecho no es un conjunto de reglas lógicas en un toposuranos normativo ubicado encima del cielo de los mortales, sino que, en este mundo de los mortales, es un campo de lucha permanente y continuo.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
1) Carta Encíclica Laudato si, 56.
2) Idem, 139.
3) La auditoría es el organismo que asiste al Congreso de la Nación y que tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada (art. 85 de la Constitución Nacional).
4) Resolución 56/2018, publicada en el Boletín Oficial el 24 de enero
5) V. Peña Chacón, Mario, director “El principio de no regresión ambiental en el derecho comparado latinoamericano”, PNUD, 2013.
6) Para Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, lo establece el Pacto Internacional homónimo de 1966 (ratificado e incorporado a nuestra Constitución Nacional), en el párrafo 1º de su artículo 2º, como también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que lo enuncia en su articulo 26º, del siguiente modo: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
7) Dicha Resolución dice: Reconocemos que, desde 1992, en algunos aspectos de la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, los avances han sido insuficientes y se han registrado contratiempos, agravados por las múltiples crisis financieras, económicas, alimentarias y energéticas, que han puesto en peligro la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo, para lograr el desarrollo sostenible. A este respecto, es esencial que no demos marcha atrás en nuestro compromiso con los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. También reconocemos que uno de los principales problemas actuales de todos los países, especialmente de los países en desarrollo, es el impacto de las múltiples crisis que afectan al mundo hoy en día.
(8) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecte. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Innovadora protesta en Salta por los desmontes
Con una enorme puesta en escena, Greenpeace cuestionó a Urtubey en la Facultad de Derecho
Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Fecha de Publicación: 04/06/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Salta
Proyectaron imágenes con “mapping” en contra de la posibilidad de que el gobernador indulte a los responsables de desmontes en Salta.
Greenpeace volvió a cargar contra el gobernador Juan Manuel Urtubey por su política respecto a los desmontes en la provincia pero esta vez lo hizo una gran puesta en escena en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en donde el mandatario se recibió de abogado.
La presentación se realizó esta mañana y consistió en una intervención artística que involucró una proyección gigante a través de la técnica visual del “mapping” y bailarines en escena.
La fachada de casi 100 metros de ancho de la Facultad de Derecho se convirtió en un bosque que es destruido por decisión de Urtubey, es lo que reflejó la presentación.
“Nos acercamos a esta emblemática facultad, donde el gobernador Urtubey se recibió de abogado, para recordarle que los argentinos contamos con una Ley de Bosques y es responsabilidad de las autoridades protegerlos, no destruirlos. Es insólito que el gobierno de Salta prepare un indulto para los empresarios desmontadores”, sostuvo Diego Salas, director de Desarrollo de Greenpeace.
La organización ecologista exige el cumplimiento de la Ley de Bosques y de la resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que fue publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial y que declaró ilegales a los permisos de desmonte en 32 fincas salteñas que poseen bosques protegidos por la normativa nacional. Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de Salta publicó la resolución 019 en la que resolvió “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo”.
Sin embargo, según expresa el comunicado de Greenpeace, Urtubey junto a la Sociedad Rural Salteña, Prograno y Federación de Entidades Rurales Salteñas firmó un convenio hace dos semanas para evaluar, en el plazo de 30 días, si la ejecución de esos 32 permisos de desmontes en bosques protegidos por la Ley de Bosques, que fueron autorizados por la provincia, cumplen con el marco normativo.
Greenpeace afirmó que a través de sobrevuelos en la zona e imágenes satélites, comprobó que los desmontes siguen en ocurriendo en tres de las 32 fincas: las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas).
Según Greenpeace, Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) son los dueños, respectivamente.
La respuesta del Gobierno
Desde el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia dijeron a LA GACETA que se trata de una campaña de Greenpeace, ya que los cambios de uso de suelo de esos 32 lotes estaban aprobados y Nación pidió revisarlos.
El 14 de mayo, Provincia y Nación firmaron un convenio que, entre otras cosas, tiene por objeto, dentro del plazo de 30 días, evaluar y verificar si la ejecución de los proyectos autorizados oportunamente por la Provincia de Salta cumplen con el marco normativo. Esta evaluación técnica, que se realizará caso por caso, estará a cargo de la Provincia, con la colaboración de los ministerios de la Nación.
También resaltaron que el convenio prevé un trabajo conjunto en la elaboración de criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; e Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
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Ambiente y CONICET trabajaron sobre ecosistemas acuáticos
Ambiente y CONICET trabajan por la preservación de los ecosistemas acuáticos
Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, realizó la apertura del taller sobre la “Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El encuentro, que se extiende hasta el 30 de mayo, busca impulsar la creación de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. En este sentido, García Espil explicó que “la red permite desarrollar instrumentos de evaluación y monitoreo del estado de conservación de los distintos tipos de cuerpos de agua existentes en las diversas regiones de nuestro país a través de biomonitores, caudales ambientales y valores guía para proteger la biodiversidad”. “La red persigue profundizar la articulación entre las actividades del sector científico académico y las políticas públicas ambientales para la gestión ambiental del agua”, concluyó el funcionario.
Cabe recordar que, al respecto, el Plan Nacional de Agua establece instrumentos para la articulación entre el Estado nacional, las provincias, el sector privado y la sociedad, con el objetivo de lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento, la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento de la superficie bajo riego y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples.
De la misma manera, el Programa de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos desarrolla herramientas para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y su biósfera. Mediante el fortaleciendo del diagnóstico y la evaluación ambiental, busca proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, en un contexto de gobernanza que asegure el suministro, en cantidad y calidad, para uso doméstico y productivo, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la integridad ecológica de los ecosistemas.
De la actividad también participó Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos del CONICET; referentes del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA-CONICET – UNLP); del Instituto de Quìmica Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN- UBA); del Instituto Nacional de Limnologia (INALI– CONICET– UNL); Centro de investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP); Instituto de Biodiversidad Neotropical de la Universidad Nacional de Tucumán (IBN); del Museo Argentino de Ciencias Naturales, división Limnología, área ecología - CONICET (MACN); Grupo Ecología Acuática, Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía, UBA; Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); LILLO; Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC); Centro Científico Tecnológico (CENPAT); Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL); Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA e investigadores y personal técnico de la cartera de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 02/06/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, realizó la apertura del taller sobre la “Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos”, organizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
El encuentro, que se extiende hasta el 30 de mayo, busca impulsar la creación de la Red de Evaluación y Monitoreo de Ecosistemas Acuáticos. En este sentido, García Espil explicó que “la red permite desarrollar instrumentos de evaluación y monitoreo del estado de conservación de los distintos tipos de cuerpos de agua existentes en las diversas regiones de nuestro país a través de biomonitores, caudales ambientales y valores guía para proteger la biodiversidad”. “La red persigue profundizar la articulación entre las actividades del sector científico académico y las políticas públicas ambientales para la gestión ambiental del agua”, concluyó el funcionario.
Cabe recordar que, al respecto, el Plan Nacional de Agua establece instrumentos para la articulación entre el Estado nacional, las provincias, el sector privado y la sociedad, con el objetivo de lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento, la reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a los extremos climáticos, el incremento de la superficie bajo riego y el desarrollo de proyectos de propósitos múltiples.
De la misma manera, el Programa de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos desarrolla herramientas para el conocimiento, conservación y uso sustentable del agua y su biósfera. Mediante el fortaleciendo del diagnóstico y la evaluación ambiental, busca proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, en un contexto de gobernanza que asegure el suministro, en cantidad y calidad, para uso doméstico y productivo, manteniendo o mejorando al mismo tiempo la integridad ecológica de los ecosistemas.
De la actividad también participó Patricia Maccagno, directora de Convenios y Proyectos del CONICET; referentes del Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringuelet (ILPLA-CONICET – UNLP); del Instituto de Quìmica Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN- UBA); del Instituto Nacional de Limnologia (INALI– CONICET– UNL); Centro de investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP); Instituto de Biodiversidad Neotropical de la Universidad Nacional de Tucumán (IBN); del Museo Argentino de Ciencias Naturales, división Limnología, área ecología - CONICET (MACN); Grupo Ecología Acuática, Cátedra de Acuicultura de la Facultad de Agronomía, UBA; Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); LILLO; Instituto Patagónico Para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC); Centro Científico Tecnológico (CENPAT); Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL); Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, UBA e investigadores y personal técnico de la cartera de Ambiente.
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Entre Ríos: fallo favorece la limitación de las fumigaciones
Un fallo confirmó que el municipio de Victoria es competente para impedir en sus islas la agricultura intensiva
Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Fecha de Publicación: 30/05/2018
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná rechazó la demanda promovida por la firma agropecuaria Bema Agri BV y concluyó en que la Municipalidad de Victoria es competente para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones limitativas del derecho de dominio. La empresa había cuestionado las decisiones y normas municipales que le ordenaron paralizar obras hidráulicas de grandes dimensiones en la isla Irupé, situada en el distrito Islas del departamento Victoria. El tribunal tuvo en cuenta que en la zona se admite la actividad ganadera, pero se prohíbe la agricultura intensiva que implica el uso de agroquímicos y plaguicidas. También destacó que en el transcurso de la causa el Delta de Paraná fue incluido en la lista de sitios Ramsar. Los magistrados dispusieron remitir copias de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria para que se investigue si existió la comisión del delito de usurpación de aguas. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, integrada por Gisela Schumacher, Marcelo Baridón y Hugo Gonzalez Elías rechazó la demanda de la empresa Bema Agri BV, propietaria de la Isla Irupé, en el departamento Victoria, que para llevar a cabo un emprendimiento de explotación agropecuaria realizó una obra de terraplén de contención de 19 kilómetros de extensión para manejar los excesos hídricos superficiales y subterráneos en una superficie de 560 hectáreas.
La Dirección de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Victoria ordenó paralizar las obras y reintegrar la tierra removida a sus niveles naturales, pero la empresa impugnó administrativamente esa determinación, y finalmente acudió a la Justicia provincial para demandar la anulación de las decisiones y la declaración de inconstitucionalidad de ordenanzas municipales.
El fallo explicó que la Municipalidad de Victoria tiene competencia para reglamentar el uso del derecho de propiedad sobre la tierra, de modo tal de impedir la agricultura en su suelo isleño. El tribunal realizó un análisis del conjunto de normas municipales regulatorias de las competencias estatales para la reglamentación del derecho real de dominio, la planificación territorial y la protección del ambiente. Y concluyó que los municipios entrerrianos son competentes para reglamentar el derecho de propiedad mediante restricciones fundadas en razones de interés público y ambientales, a lo que añadió que en el caso en cuestión el municipio ejerció el poder de policía con razonabilidad, y en la condiciones en que fueron admitidas por la doctrina administrativista, el STJ de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La cámara resalta que la Isla Irupé se ubica dentro del Delta, zona en la cual la normativa municipal no admite el uso del suelo con destino a la agricultura y expendio de combustible. En ese sentido, señala que sí está permitida la actividad ganadera o apícola, y que ello se funda en u motivo razonable: “La presencia de ganado en el suelo insular no elimina la flora autóctona y en algunos casos la favorece, siendo su impacto negativo tolerable por el ambiente en la medida en que se gradúe y controle la intensidad de la presencia ovina”, mientras que se prohíbe la explotación agrícola intensiva que conlleva el uso de agroquímicos o plaguicidas” incompatibles con la conservación de la fauna y flora del humedal.
La decisión pone de relieve la dimensión de la cuestión ambiental en Entre Ríos y la necesidad de articular políticas activas que eviten la prolongación en el tiempo de actividades productivas legalmente prohibidas.
Además, la sentencia tiene en cuenta que durante el trámite de la causa el sector en el que se encuentra la Isla Irupé fue declarado sitio Ramsar por la autoridad de aplicación de la Convención Sobre Humedales, a pedido de la República Argentina, por lo cual las decisiones de las estatales, incluidas las judiciales, que afecten dicho espacio podrían acarrear responsabilidad frente a la comunidad internacional.
Por último, es de destacar que a pedido del Ministerio Público Fiscal, y ante la posibilidad de la comisión del delito previsto por el Código Penal en su artículo 182 (que sanciona la denominada usurpación de aguas), el Tribunal resolvió remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Victoria.
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Nuevo Sitio Ramsar en Mendoza
Argentina suma un nuevo humedal de importancia internacional: la Reserva Natural Villavicencio
Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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Fecha de Publicación: 29/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional - Mendoza
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, representado por Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, hizo entrega del Diploma de Designación de “Humedal de Importancia Internacional” (Sitio Ramsar) de la Convención sobre Humedales, a la Reserva Natural Villavicencio representada por Javier Lozada, secretario general de Danone Argentina y Cono Sur. Así, el país suma un nuevo “Sitio Ramsar”, totalizando 23 que cubren una superficie de 5.687.651 ha.
“La designación de la Reserva Natural Villavicencio como Sitio Ramsar da cuenta del compromiso de la Argentina con la conservación y uso sustentable de los humedales y del trabajo compartido entre los diferentes sectores”, señaló Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
A su vez, Javier Lozada señaló: “Estamos muy contentos que la Reserva Natural Villavicencio haya sido reconocida internacionalmente como sitio Ramsar. Refleja el trabajo diario que venimos realizando desde hace 17 años, protegiendo y conservando las riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y lugar de origen de un agua única de manantial mineral”.
La Reserva Natural Villavicencio es la única reserva privada del país que ha logrado esta certificación. Se encuentra ubicada en la localidad de Las Heras, en Mendoza, y cuenta con 62.244 hectáreas llenas de riquezas naturales, arqueológicas y científicas, y es lugar de origen de un agua única de manantial mineral.
Se estima que el 23 % del territorio nacional está ocupado por humedales. Si bien existen numerosos estudios sobre los humedales, hasta el presente no se había conformado una integración completa de los mismos. Por ello, la cartera que conduce Sergio Bergman, está liderando la realización del Inventario Nacional de Humedales (INH), una herramienta de información fundamental que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente y la Convención sobre los Humedales.
El Inventario Nacional de Humedales implica un proceso de articulación a nivel técnico, jurisdiccional, sectorial y participativo. En este sentido, se promueve una Red Federal que contribuya a entender la gran variedad de ecosistemas que involucran los humedales y su heterogeneidad, a la vez que promueva una mayor capacitación y entrenamiento para poder desarrollar esta tarea en nuestro país.
Cabe recordar que la Convención sobre los Humedales, suscripta en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, posee una Lista de Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los cuales son designados por los países parte en base a diferentes criterios ecológicos, biológicos y físicos del sitio, así como la importancia de su conservación.
Durante el encuentro también participaron Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Antonio De Nichilo, coordinador del Programa Mar y Costas; Silvina Giudici, presidente de la Fundación Villavicencio y Mauricio Pedretti, director de Compras de DANONE.
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ecosistemas,
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No habrá Dakar para Argentina en el 2019
El Rally Dakar no pasará por Argentina en 2019
Fecha de Publicación: 22/05/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez desde que está en Sudamérica, la competencia automovilística transcurrirá en un solo país que será Perú. Así lo confirmaron desde la organización del torneo.
La organización del Rally Dakar confirmó que en 2019 el recorrido tendrá una particularidad, ya que por primera vez desde que transcurre en Sudamérica se realizará en un solo país, que será Perú.
Tal como estaba pensado, la largada y la llegada del Dakar se llevarán a cabo en Lima, el 5 y el 17 de enero. El podio que le bajará el telón a la edición 2019 será el 18 de enero, día en que también se festeja el aniversario de la fundación de la capital peruana.
El día de descanso podría ser en la zona de Cusco, para la promoción turística del lugar emblemático en Perú, o en Moquegua, lugar de donde provienen los padres de Martín Vizcarra, actual presidente de Perú.
Argentina era el único país que había dicho presente en todas las ediciones desde 2009, cuando el Dakar dejó África y pasó a América del Sur. Sin embargo el próximo año no será escenario de la competencia.
Chile informó de manera oficial el fin de semana pasado, a través de su ministra de Deportes, Pauline Kantor, que no iba a estar presente en el recorrido. Y después hubo un cortocircuito entre la empresa organizadora, ASO (Amaury Sport Organisation), y el gobierno de Bolivia. Esos hechos generaron la postergación del anuncio, que estaba previsto para el lunes pasado.
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Fecha de Publicación: 22/05/2018
Fuente: La Nueva Mañana
Provincia/Región: Nacional
Por primera vez desde que está en Sudamérica, la competencia automovilística transcurrirá en un solo país que será Perú. Así lo confirmaron desde la organización del torneo.
La organización del Rally Dakar confirmó que en 2019 el recorrido tendrá una particularidad, ya que por primera vez desde que transcurre en Sudamérica se realizará en un solo país, que será Perú.
Tal como estaba pensado, la largada y la llegada del Dakar se llevarán a cabo en Lima, el 5 y el 17 de enero. El podio que le bajará el telón a la edición 2019 será el 18 de enero, día en que también se festeja el aniversario de la fundación de la capital peruana.
El día de descanso podría ser en la zona de Cusco, para la promoción turística del lugar emblemático en Perú, o en Moquegua, lugar de donde provienen los padres de Martín Vizcarra, actual presidente de Perú.
Argentina era el único país que había dicho presente en todas las ediciones desde 2009, cuando el Dakar dejó África y pasó a América del Sur. Sin embargo el próximo año no será escenario de la competencia.
Chile informó de manera oficial el fin de semana pasado, a través de su ministra de Deportes, Pauline Kantor, que no iba a estar presente en el recorrido. Y después hubo un cortocircuito entre la empresa organizadora, ASO (Amaury Sport Organisation), y el gobierno de Bolivia. Esos hechos generaron la postergación del anuncio, que estaba previsto para el lunes pasado.
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Nación y Provincias ya trabajan en la entrega de glaciares
Inventario de Glaciares: Ambiente reúne a las provincias para fortalecer la implementación de la ley
Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
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Fecha de Publicación: 21/05/2018
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó la reunión inaugural de la comisión de Glaciares del Consejo Federal de Medio ambiente (COFEMA) con el objetivo de articular el trabajo de las provincias e implementar los instrumentos de la política y gestión ambiental previstos en la Ley de Glaciares (Ley N.º 26639).
Durante el encuentro, en el que participó el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno, y el director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Javier García Espil, se compartió la información recientemente publicada en el Inventario Nacional de Glaciares y se analizaron los desafíos y capacidades institucionales que existen en las provincias para la aplicación de la ley. La cartera que encabeza Sergio Bergman puso el asesoramiento y apoyo técnico para fortalecer y profundizar las acciones de protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
En este sentido Moreno señaló que “el Inventario Nacional de Glaciares es un punto de partida de información para la toma de decisiones en lo que respecta a políticas de Estado que buscan conservar las reservas estratégicas de agua del país y, a su vez, es nuestra responsabilidad colaborar al fortalecimiento de las capacidades locales en las diferentes jurisdicciones con el fin de poner en marcha todos los instrumentos que hoy están previstos en la ley, en cabeza de las provincias, para hacer efectivo su cumplimiento". Por su parte, García Espil coincidió y argumentó: “Este desafío al que nos enfrentamos requiere evaluar las normativas locales e identificar oportunidades en pos de avanzar en la plena implementación de la ley y todos los instrumentos previstos por esta”.
Asimismo, se solicitó a los miembros de la comisión la información necesaria sobre las actividades que pudieran potencialmente afectar a los glaciares, el ambiente periglaciar o sus zonas de influencia, a los fines de cumplir con el informe que el ministro Bergman elevará al Congreso nacional. Por otro lado, la comisión de Glaciares propuso a la Asamblea del COFEMA declarar de interés federal ambiental al Inventario Nacional de Glaciares.
La comisión de Glaciares está integrada por las provincias de San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. En esta oportunidad, estuvieron presentes, los representantes de las provincias Catamarca, San Juan y Jujuy; y acompañó a los funcionarios Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente.
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Un inventario de glaciares a medida de las mineras
A veces el tamaño sí importa
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
Fecha de Publicación: 17/05/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y la Asamblea Jáchal No Se Toca criticaron el Inventario presentado por el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
Con bombos y platillos el Gobierno nacional presentó el Inventario de glaciares que realizó el Instituto Nacional de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que identificó 16.986 masas de hielo en todo el territorio y ubica a la Argentina como el segundo país del continente sudamericano (después de Chile) en términos de extensión de sus glaciares, y entre los 15 mayores a nivel mundial. Sin embargo, según denunciaron las organizaciones ambientalistas, el relevamiento, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos nacionales, no sólo “llegó con años de demora”, sino que “está incompleto”, ya que no incluyó a los glaciares menores a un kilómetro cuadrado de superficie, como los que se encuentran en las zonas de las minas Veladero y Pascua Lama (en San Juan) y por lo que el juez federal Sebastián Casanello procesó a varios funcionarios, entre ellos, a Ricardo Villalba, el ex titular del Ianigla.
Durante la presentación en Casa Rosada, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, respaldó el procedimiento utilizado por el Ianigla para hacer el Inventario ordenado por la Ley 26639 (Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial), sancionada en 2010. “Hemos ratificado el criterio técnico del Ianigla, que es el que sostiene el inventario, pero como eso está observado por la Justicia queremos ratificar que es un estándar internacional”, sostuvo Bergman, y en sintonía con lo que pide el lobby minero y algunos gobernadores advirtió que buscaran modificar la ley de glaciares: “Vamos a ir a los legisladores para que se establezca esa superficie mínima, para que sea preciso”.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que “necesitábamos saber cuántos glaciares hay para tener una política de protección” y explicó que el Inventario permitirá “definir zonas de desarrollo y zonas de protección”. Y consideró que “muchas veces se ha contrapuesto el desarrollo y el cuidado del ambiente, el desafío es achicar la brecha y encontrarnos en la verdad”.
En tanto las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y los abogados de la Asamblea Jáchal No se Toca apuntaron contra la exclusión de las masas de hielo, de acuerdo con el artículo 2 de la ley, que establece que “toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente” debe ser relevada, y reclamaron el inmediato cumplimiento de la norma.
El abogado de los asambleístas de Jáchal, Diego Seguí, dijo que “lo de Bergman es una confesión de parte, y por eso quieren flexibilizar la ley”. Y recordó que “Casanello procesó el año pasado a los ex funcionarios Omar Judis,Juan José Mussi, Sergio Lorusso y a Villalba –en una causa que se desprendió de la investigación del derrame de la Barrick Gold en Veladero en 2015– por excluir los glaciares de menos de un kilómetro cuadrado al aplicar la ley, impidiendo que pudieran ser protegidos. Es decir, el juez sostuvo que el inventario no es legal”, afirmó el letrado.
El representante del Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, dijo a PáginaI12 que “el Inventario está correcto pero incompleto. La ley es clara y afirma que todos los glaciares, cualquiera sea su forma o dimensión y estado de conservación, son objeto de protección. Aun así, con el relevamiento incompleto, el Inventario habla de glaciares y periglaciares en zonas con emprendimientos mineros, por eso exigimos la aplicación inmediata del artículo 6 de la ley, que prohíbe dicha actividad en esas zonas”.
Para la directora de Política Ambiental de FARN, Pía Marchegiani, “es positivo que estén publicados los avances del Inventario”, pero apuntó que “hay que completarlo para que se ajuste a la ley, ya que la interpretación del Ianigla es restrictiva. Y mientras se complementa, hay que hacer cumplir la ley. El Inventario es la herramienta principal pero no la única, hay proyectos en conflicto y hay que tomar decisiones. El camino es la auditoría, para ver si tienen que cesar o ser trasladados”, señaló, y advirtió que “los funcionarios tiene que dejar de ofrecer a las mineras zonas donde hay glaciares identificados, ignorando la ley, como si fueran tierra libre”.
Por su parte, el coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, Gonzalo Strano, dijo que “ninguna de las organizaciones ambientalistas fuimos a la presentación para no validar esto. Si bien no está mal, le falta una parte”, y avisó que “no vamos a permitir que se cambie ni una sola coma de la ley, que es clara y muy buena. Lo que molesta mucho es que la minería está prohibida en estas zona. Hace dos años se filtró un documento que hablaba de 44 proyectos mineros, con distintos grados de avance, sobre zonas protegidas que estaban inventariadas hasta 2016, y este número crecería si se contempla lo que dejo afuera el Inventario. Tienen que cumplir con la ley porque estamos protegiendo un recurso tan vital como el agua”.
Más Información:
- Clarín. Completan el inventario nacional de glaciares: hay 16.968 y se reaviva el debate por la minería. Lo hicieron el CONICET y el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hay 16.988 formaciones de hielo. El primer Inventario Nacional de Glaciares fue presentado oficialmente este martes. Se trata de un demorado trabajo que responde a lo dispuesto por la ley de Glaciares que fue sancionada en 2010
- Los Andes. Glaciares: el Gobierno nacional defiende la cuestionada medición del Ianigla. En la presentación del inventario, el ministro Bergman respaldó al organismo y al mendocino Ricardo Villalba, procesado por la Justicia.
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Costanera Norte: acuerdo con la UBA para gestionarla
Acuerdo para impulsar la reserva de la Costanera Norte
Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Fecha de Publicación: 12/05/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: CABA
Luego de casi seis años, ayer se celebró el tan esperado convenio entre la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires (UBA) para administrar un importante pulmón verde dentro de la Capital: la Reserva Ecológica Costanera Norte, situada a las espaldas de los pabellones de Ciudad Universitaria y con una vista privilegiada al Río de la Plata.
En 2012, la ley 4467 creó esa reserva con el objetivo de proteger la flora y la fauna existentes de la degradación y cualquier acción humana que pudiera alterar el ecosistema. La norma dio al gobierno porteño 90 días para convocar a las autoridades universitarias a firmar un convenio que resolviera las responsabilidades que cada actor tendría en la conservación del humedal y su entorno. Pero el acuerdo se demoró mucho más de lo previsto, hasta ayer.
Con las firmas del rector de la UBA, Alberto Barbieri, y del ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli, las partes se comprometieron a conformar un consejo de gestión de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte con un representante de cada parte. "Es un paso muy importante", destacó Barbieri.
Según el convenio, que tendrá 10 años de duración, la Ciudad será la encargada de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del predio, de proveer servicios de vigilancia y de guardaparques, y de la instalación de equipamiento. Los organismos oficiales que participen asumirán las erogaciones correspondientes.
La UBA, en tanto, deberá hacer un relevamiento de los recursos biológicos existentes en la reserva e informarlo al gobierno porteño dentro de los próximos 180 días corridos. Especialistas y técnicos se encargarán de asistir al Ministerio de Ambiente en la elaboración y el diseño de los proyectos para la protección, el cuidado, la conservación y el mejoramiento de la diversidad biológica del espacio verde. Según indicó Barbieri a LA NACION, solicitará colaboración a expertos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. "Paralelamente, iremos estudiando los proyectos educativos, de visitas al lugar y sobre el manejo general de la reserva", agregó.
Para la administración de la reserva se considerarán los lineamientos del plan de manejo elaborado en 2007 (actualizado según sea necesario) por la UBA, la Ciudad y diversas ONG.
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Tierra del Fuego concluye otra etapa de remediación de costas
Bahía Encerrada: Finalizó la toma de muestras en la costa para avanzar en la remediación ambiental
Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la Causa "Bahía Encerrada y contaminación difusa de la Bahía de Ushuaia", el Secretario de Medio Ambiente Damián de Marco, anunció que el miércoles último se terminó de concretar el muestreo de parámetros bacteriológicos de ambos cuerpos de agua. En esta oportunidad, el cronograma requirió la toma de cinco muestras extendidas a lo largo de cinco estaciones de muestreo costeras, iniciando el trayecto en aguas abiertas y culminando en un punto cercano al emblemático buque Saint Christopher.
De este modo, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) pudieron cumplir con uno de los requerimientos judiciales para avanzar en una solución integral a la problemática del daño ambiental costero de la ciudad de Ushuaia. Las autoridades de ambos organismos destacaron la importancia de estos trabajos e hicieron llegar su agradecimiento por el acompañamiento y participación a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente expresó que "con los resultados de este último muestreo se generará el análisis cuantitativo de los parámetros evaluados en su totalidad y se podrá dar inicio a la primera etapa del proyecto ejecutivo que nos hemos planteado para las obras necesarias de remediación y puesta en valor del área".
"Esta acción es el puntapié inicial del diagnóstico certero e histórico que era necesario establecer para la posterior toma de decisiones. Estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando desde hace un año en el marco del plan de muestreo de la causa", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 08/05/2018
Fuente: Sur54
Provincia/Región: Tierra del Fuego
En el marco de la Causa "Bahía Encerrada y contaminación difusa de la Bahía de Ushuaia", el Secretario de Medio Ambiente Damián de Marco, anunció que el miércoles último se terminó de concretar el muestreo de parámetros bacteriológicos de ambos cuerpos de agua. En esta oportunidad, el cronograma requirió la toma de cinco muestras extendidas a lo largo de cinco estaciones de muestreo costeras, iniciando el trayecto en aguas abiertas y culminando en un punto cercano al emblemático buque Saint Christopher.
De este modo, tanto la Municipalidad de Ushuaia como la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) pudieron cumplir con uno de los requerimientos judiciales para avanzar en una solución integral a la problemática del daño ambiental costero de la ciudad de Ushuaia. Las autoridades de ambos organismos destacaron la importancia de estos trabajos e hicieron llegar su agradecimiento por el acompañamiento y participación a la Prefectura Naval, la Armada Argentina y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Al respecto, el Secretario de Medio Ambiente expresó que "con los resultados de este último muestreo se generará el análisis cuantitativo de los parámetros evaluados en su totalidad y se podrá dar inicio a la primera etapa del proyecto ejecutivo que nos hemos planteado para las obras necesarias de remediación y puesta en valor del área".
"Esta acción es el puntapié inicial del diagnóstico certero e histórico que era necesario establecer para la posterior toma de decisiones. Estamos muy conformes con el trabajo que se viene desarrollando desde hace un año en el marco del plan de muestreo de la causa", concluyó el funcionario.
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Aclaran sobre el PN Patagonia
Flora y Fauna dijo que la ampliación a 500 mil hectáreas del Parque “es un número que se maneja erróneamente”
Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: El Nuevo Día
Provincia/Región: Patagonia
Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna aclaró en Radio Nuevo Día que sólo comprarán los campos que están en venta, y que la ampliación el Parque Nacional Patagonia – actualmente de 52 mil hectáreas- busca “salvar especies” en la meseta del Lago Buenos Aires.
La compra de tierras a productores del noroeste de Santa Cruz para la ampliación del Parque Nacional Patagonia busca “salvar especies”, ubicadas en la zona de la meseta del Lago Buenos Aires, según sostuvo Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna.
Un millonario suizo es quien aporta los fondos para adquirir las tierras que luego serán donadas al parque en cuestión, aunque la ampliación cuyo proyecto que sigue en comisiones de la diputada Roxana Reyes (Cambiemos)- debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.
“Tenemos una mirada desde lo biológico”, indicó Marul y que originalmente se buscaba salvar al Macá Tobiano, pero luego “otras especies que no son tan conocidas como reptiles endémicos, que están en la meseta del lago Buenos Aires, y donde el Macá tobiano nidifica”.
“Sería buenísimo que (el parque) sea un poco más grande”, y explicó que cuando son más grandes los parques “generan un movimiento económico a través del turismos responsable”.
“Es una alternativa más proponer una nueva producción para el área, contó y que “lo biológico va de la mano de social y económico, sino no tendría sentido”.
“Compramos campos que están en venta, y los que no están venta, seremos vecinos, y trabajaremos puntos en común en conflicto que tiene que ver con la especies nativas que generan conflicto en el sistema ganadero”, aclaró en diálogo con Radio Nuevo Día. En esta línea, aclaró que “las 500 mil hectáreas (para ampliar) es un números que se maneja erróneamente”.
“No se pasa por encima de la propiedad privada”, marcó y que “si nadie vende, será solo eso, más 120 mil hectáreas que compro Flora y Fauna y que va ser donada y sea de todos los argentinos, no hay nada más que eso”.
Marul opinó que “cuando se habla de pérdida de soberanía, es todo lo contario-“, ya que el parque esta ubicado en zona de frontera “para cuidar esas zonas”.
Varios diputados no están de acuerdo con extender el parque por la pérdida de jurisdicción provincial. En este punto, indicó que “si no sale la ley, no saldrá”. “Los campos de Flora y Fauna están abiertos al público y trabajaremos hasta que se apoye, lo van y decidan que es mejor un parque nacional y no que esté en manos privadas”, vertió.
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Fecha de Publicación: 07/05/2018
Fuente: El Nuevo Día
Provincia/Región: Patagonia
Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna aclaró en Radio Nuevo Día que sólo comprarán los campos que están en venta, y que la ampliación el Parque Nacional Patagonia – actualmente de 52 mil hectáreas- busca “salvar especies” en la meseta del Lago Buenos Aires.
La compra de tierras a productores del noroeste de Santa Cruz para la ampliación del Parque Nacional Patagonia busca “salvar especies”, ubicadas en la zona de la meseta del Lago Buenos Aires, según sostuvo Carolina Marul, integrante de la Fundación Flora y Fauna.
Un millonario suizo es quien aporta los fondos para adquirir las tierras que luego serán donadas al parque en cuestión, aunque la ampliación cuyo proyecto que sigue en comisiones de la diputada Roxana Reyes (Cambiemos)- debe ser aprobada por la Cámara de Diputados.
“Tenemos una mirada desde lo biológico”, indicó Marul y que originalmente se buscaba salvar al Macá Tobiano, pero luego “otras especies que no son tan conocidas como reptiles endémicos, que están en la meseta del lago Buenos Aires, y donde el Macá tobiano nidifica”.
“Sería buenísimo que (el parque) sea un poco más grande”, y explicó que cuando son más grandes los parques “generan un movimiento económico a través del turismos responsable”.
“Es una alternativa más proponer una nueva producción para el área, contó y que “lo biológico va de la mano de social y económico, sino no tendría sentido”.
“Compramos campos que están en venta, y los que no están venta, seremos vecinos, y trabajaremos puntos en común en conflicto que tiene que ver con la especies nativas que generan conflicto en el sistema ganadero”, aclaró en diálogo con Radio Nuevo Día. En esta línea, aclaró que “las 500 mil hectáreas (para ampliar) es un números que se maneja erróneamente”.
“No se pasa por encima de la propiedad privada”, marcó y que “si nadie vende, será solo eso, más 120 mil hectáreas que compro Flora y Fauna y que va ser donada y sea de todos los argentinos, no hay nada más que eso”.
Marul opinó que “cuando se habla de pérdida de soberanía, es todo lo contario-“, ya que el parque esta ubicado en zona de frontera “para cuidar esas zonas”.
Varios diputados no están de acuerdo con extender el parque por la pérdida de jurisdicción provincial. En este punto, indicó que “si no sale la ley, no saldrá”. “Los campos de Flora y Fauna están abiertos al público y trabajaremos hasta que se apoye, lo van y decidan que es mejor un parque nacional y no que esté en manos privadas”, vertió.
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Impunidad salteña para seguir con los desmontes
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”
Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Fecha de Publicación: 02/05/2018
Fuente: Greenpeace
Provincia/Región: Salta
Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras. Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques nativos.
“La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día, el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.
La organización ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy (550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano) y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
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Neuquén: Mapuches denuncian desmontes
Mapuches toman tierras en Villa La Angostura y denuncian desmontes
Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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Fecha de Publicación: 20/04/2018
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Neuquén
Integrantes de la comunidad mapuche Paicil Atriao de Villa La Angostura tomaron este fin de semana tierras privadas -de las que el basquetbolista Emanuel Ginóbili es uno de sus propietarios- para denunciar tareas de desmonte en el emplazamiento de un loteo, en un sector considerado como “bosque intangible” por la legislación nacional.
La Policía de Neuquén desplegó un operativo para evitar que se consolide la “usurpación”.
Se trata de un loteo de 22 parcelas en 87 hectáreas en la costa del lago Correntoso. Allí, según la denuncia de los mapuches, los propietarios comenzaron a trazar una calle de acceso, “volteando gran cantidad de árboles y arrasando con toda una biodiversidad de alto valor de conservación”.
La denuncia precisó que el camino preve atravesar el bosque intangible a lo largo de 2.700 metros y que ya avanzó 900 metros.
“Este territorio ancestral está siendo fuertemente castigado de forma indiscriminada por las ambiciones de empresarios mercenarios y especuladores”, señaló la comunidad. Agregó que el sector está categorizado como “Área Roja” por la Ley Nacional de Bosques, lo que le da un máximo nivel de conservación. También se quejaron de la instalación de “amarras para embarcaciones” en el lago Correntoso, “violando todo tipo de normativa”.
Puntualizaron que el sector es “un lugar importante para la actividad ganadera” a través de varias generaciones, “así como de prácticas medicinales y culturales, con hierbas únicas no encontradas en otros lados, utilizados por nuestros machis (guías médicos y espirituales)”.
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bosques nativos,
Desmontes,
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Neuquén,
política de tierras,
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Denuncian abandono de la Reserva Natural santafesina
Alertan sobre el estado de abandono de la Reserva Natural
Fecha de Publicación: 18/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Con la idea de visibilizar el virtual estado de abandono estatal de la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez, un grupo de voluntarios que desde hace años trabaja para mantener en pie el lugar convoca a una mateada que se realizará hoy, de 16.30 a 19, en la puerta del camping del Parque Regional para compartir información sobre el lugar y llamar la atención de las autoridades sobre la importancia de conservar un espacio de biodiversidad único en el sur de la provincia.
Si bien en los papeles la reserva cuenta con legislación que la protege a nivel municipal y provincial, el deterioro del puente de ingreso desde el Parque Regional hace casi dos años empeoró en el último tiempo una situación que ya era de abandono estatal. Es que sin ese puente no se puede acceder para garantizar el mantenimiento de los senderos, lo que deja ese territorio librado a posibles incendios y actos de vandalismo.
"El deterioro impide las visitas guiadas que los voluntarios Amigos de la Reserva realizábamos de forma gratuita", destacaron desde esa agrupación, quienes recordaron que la reserva "es la mayor porción del bosque de espinal que queda en el sur de Santa Fe y por lo tanto es refugio de muchas especies que se han vuelto raras en la región".
Las 134 hectáreas que posee el parque (35 que pertenecen a Rosario y 99 a Villa Gobernador Gálvez) posee una biodiversidad sorprendente por tratarse de un espacio que limita con dos grandes ciudades.
Según los ambientalistas ya se han contabilizado alrededor de 200 especies vegetales nativas, desde grandes algarrobos y molles hasta orquídeas y flores delicadas poco conocidas; más de 125 especies de aves (encontrando nuevas especies cada mes y algunas muy poco habituales en esta región); así como un sinfín de mariposas, escarabajos y otros insectos.
A principios de 2015 un grupo de vecinos autoconvocados unieron fuerzas para conformarse como "Amigos de la Reserva", con el objetivo en ese momento de frenar cesiones de terreno para iniciativas privadas, sobre todo inmobiliarias.
Uno de los principales logros de ese movimiento fue conseguir que se incluyera la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez en el decreto provincial Nº 2.143/2015 que declara la cuenca del Saladillo como "Reserva Hídrica Provincial" en su totalidad, por su importancia para regular inundaciones locales.
La reserva es uno de los pocos territorios sobrevivientes en la zona del espinal, estrechas franjas que bordeaban los arroyos y ríos de la región pampeana que prácticamente desaparecieron en las últimas décadas. "En la mayoría de los mapas de ecorregiones ya no se la tiene en cuenta y solo perdura en pequeños parches dispersos como es la reserva de Villa Gobernador Gálvez, que por ese motivo tiene un valor como reserva ecológica", explicaron los ambientalistas.
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Fecha de Publicación: 18/04/2018
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
Con la idea de visibilizar el virtual estado de abandono estatal de la reserva natural de Villa Gobernador Gálvez, un grupo de voluntarios que desde hace años trabaja para mantener en pie el lugar convoca a una mateada que se realizará hoy, de 16.30 a 19, en la puerta del camping del Parque Regional para compartir información sobre el lugar y llamar la atención de las autoridades sobre la importancia de conservar un espacio de biodiversidad único en el sur de la provincia.
Si bien en los papeles la reserva cuenta con legislación que la protege a nivel municipal y provincial, el deterioro del puente de ingreso desde el Parque Regional hace casi dos años empeoró en el último tiempo una situación que ya era de abandono estatal. Es que sin ese puente no se puede acceder para garantizar el mantenimiento de los senderos, lo que deja ese territorio librado a posibles incendios y actos de vandalismo.
"El deterioro impide las visitas guiadas que los voluntarios Amigos de la Reserva realizábamos de forma gratuita", destacaron desde esa agrupación, quienes recordaron que la reserva "es la mayor porción del bosque de espinal que queda en el sur de Santa Fe y por lo tanto es refugio de muchas especies que se han vuelto raras en la región".
Las 134 hectáreas que posee el parque (35 que pertenecen a Rosario y 99 a Villa Gobernador Gálvez) posee una biodiversidad sorprendente por tratarse de un espacio que limita con dos grandes ciudades.
Según los ambientalistas ya se han contabilizado alrededor de 200 especies vegetales nativas, desde grandes algarrobos y molles hasta orquídeas y flores delicadas poco conocidas; más de 125 especies de aves (encontrando nuevas especies cada mes y algunas muy poco habituales en esta región); así como un sinfín de mariposas, escarabajos y otros insectos.
A principios de 2015 un grupo de vecinos autoconvocados unieron fuerzas para conformarse como "Amigos de la Reserva", con el objetivo en ese momento de frenar cesiones de terreno para iniciativas privadas, sobre todo inmobiliarias.
Uno de los principales logros de ese movimiento fue conseguir que se incluyera la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez en el decreto provincial Nº 2.143/2015 que declara la cuenca del Saladillo como "Reserva Hídrica Provincial" en su totalidad, por su importancia para regular inundaciones locales.
La reserva es uno de los pocos territorios sobrevivientes en la zona del espinal, estrechas franjas que bordeaban los arroyos y ríos de la región pampeana que prácticamente desaparecieron en las últimas décadas. "En la mayoría de los mapas de ecorregiones ya no se la tiene en cuenta y solo perdura en pequeños parches dispersos como es la reserva de Villa Gobernador Gálvez, que por ese motivo tiene un valor como reserva ecológica", explicaron los ambientalistas.
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La reserva natural Campo San Juan queda en manos de nación
La EBY y Nación definieron que la reserva natural Campo San Juan no pasará a la Provincia
Fecha de Publicación: 16/04/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Finalmente, la EBY y Nación definieron que la reserva natural Campo San Juan, ubicada en Candelaria, no pasará a Provincia. La medida echa por tierra las pretensiones del gobierno misionero, que había reclamado la cesión para su manejo como área protegida a través del Ministerio de Ecología, y el predio ubicado en el sur misionero quedará en manos de Parques Nacionales.
“Yacyretá ya lo cedió a Parques Nacionales. Sólo faltaban algunas cuestiones de dominio con la Provincia. Ya está en su tramo final”, indicó el director ejecutivo de la EBY, Martín Goerling, quien comentó que estuvo charlando con el presidente Macri en su visita a Iguazú “para darle el puntapié final como para que empiecen las obras y que Misiones tenga un parque nacional más, con la importancia que eso tiene”.
Son en total 5.160 hectáreas que fueron adquiridas por la EBY en el año 2009 para la creación de una zona compensadora con fines ecológicos. La reserva integrará un corredor turístico que unirá Iguazú con los Esteros del Iberá, por lo que el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación trabajan en conjunto para darle forma a la iniciativa.
“Es una reserva de pastizales”, precisó Goerling. Se trata de un lugar importante por su biodiversidad. Por ejemplo, días atrás, allí se detectó una especie de ave que se pensaba en extinción, ya que no se la veía más. “También es un vestigio histórico para los misioneros: ahí está el cementerio que era de la ciudad de Santa Ana, hay un viejo molino. Es muy lindo el espacio y hay que preservarlo”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 16/04/2018
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones
Finalmente, la EBY y Nación definieron que la reserva natural Campo San Juan, ubicada en Candelaria, no pasará a Provincia. La medida echa por tierra las pretensiones del gobierno misionero, que había reclamado la cesión para su manejo como área protegida a través del Ministerio de Ecología, y el predio ubicado en el sur misionero quedará en manos de Parques Nacionales.
“Yacyretá ya lo cedió a Parques Nacionales. Sólo faltaban algunas cuestiones de dominio con la Provincia. Ya está en su tramo final”, indicó el director ejecutivo de la EBY, Martín Goerling, quien comentó que estuvo charlando con el presidente Macri en su visita a Iguazú “para darle el puntapié final como para que empiecen las obras y que Misiones tenga un parque nacional más, con la importancia que eso tiene”.
Son en total 5.160 hectáreas que fueron adquiridas por la EBY en el año 2009 para la creación de una zona compensadora con fines ecológicos. La reserva integrará un corredor turístico que unirá Iguazú con los Esteros del Iberá, por lo que el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación trabajan en conjunto para darle forma a la iniciativa.
“Es una reserva de pastizales”, precisó Goerling. Se trata de un lugar importante por su biodiversidad. Por ejemplo, días atrás, allí se detectó una especie de ave que se pensaba en extinción, ya que no se la veía más. “También es un vestigio histórico para los misioneros: ahí está el cementerio que era de la ciudad de Santa Ana, hay un viejo molino. Es muy lindo el espacio y hay que preservarlo”, finalizó.
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