Mostrando entradas con la etiqueta desarrollo sustentable. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta desarrollo sustentable. Mostrar todas las entradas
El impacto de la expansión agrícola en el NOA
16:40 | 
Publicado por
Eco Sitio |
En 30 años, el NOA podría inundarse con agua salada
Fecha de Publicación: 14/07/2012
Fuente: Info Campo
Provincia/Región: NOA
Investigadores de la Fauba advierten sobre el impacto de la expansión agrícola. El ascenso de las napas en el este de Salta podría causar anegamientos, salinizar los suelos y hacerlos improductivos.
Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad.
Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.
Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió.
“Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
.
Fecha de Publicación: 14/07/2012
Fuente: Info Campo
Provincia/Región: NOA
Investigadores de la Fauba advierten sobre el impacto de la expansión agrícola. El ascenso de las napas en el este de Salta podría causar anegamientos, salinizar los suelos y hacerlos improductivos. Los cambios generados en el uso del suelo por la expansión de la frontera agrícola están acelerando procesos que en la naturaleza demoraron miles de años en manifestarse y que hoy comienzan a amenazar seriamente su productividad.
Dos estudios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierten sobre las consecuencias del desmonte en Cuyo y en el NOA, vinculadas con ascenso de las napas freáticas y a la salinización de los suelos. En Australia ya se perdió el 10% del área agrícola por este fenómeno, que en sólo 30 años podría llevar a que parte del noroeste argentino, donde hoy se produce alimentos, se inunde con agua salada.
Los estudios, que también involucran a la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), se concentran en planicies semiáridas de las regiones Espinal y Chaco, en las provincias de San Luis, donde apareció un nuevo río de la noche a la mañana, con cauces de 10 metros de ancho y 5 de profundidad, y del este de Salta, donde el desmonte y la siembra de cultivos (principalmente la de soja) crecieron de manera exponencial en los últimas años.
“El reemplazo de la vegetación semiárida por agricultura de secano genera mayor humedad en el suelo, lavado de sales de los perfiles y un posible ascenso de los niveles freáticos”, resumió Celina Santoni, quien estudió el tema en su tesis de posgrado en la Escuela para Graduados de la FAUBA, bajo la dirección de Esteban Jobbágy, pionero en la investigación de este proceso desde el Grupo de Estudios Ambientales de la UNSL e investigador del Conicet.
Los trabajos, que también financiados por el Instituto Interamericano de Para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y el Conicet, e involucraron la participación de José Paruelo, Gervasio Piñeiro, Victoria Marchesini, Laura Amdan y otros investigadores de las cátedras de Ecología y Métodos Cuantitativos de la FAUBA.
Según Jobbágy, el Nuevo Río (como se lo denominó en la provincia cuyana) es una señal temprana de los grandes cambios provocados en el uso de la tierra: “Los sedimentos pasaron allí 9 mil años sin sufrir incisiones ni procesos parecidos. Pero desde los ´70, los niveles freáticos subieron hasta 10 metros y, de la noche a la mañana (realmente, no metafóricamente), el ascenso de las napas generó una ruptura por donde corre el agua en forma permanente, aun en la estación seca”. ¿Qué cambió en estos años para generar tal impacto? “Lo que resulta único del presente es el disturbio agrícola: 90% de la cuenca esta desmontada”, aseguró el investigador.
“Los bosques secos en estas condiciones de clima suelen alojar naturalmente una enorme cantidad de sales en el suelo muy profundo, a más de dos metros de profundidad. Esto es el resultado del consumo exhaustivo de agua que hace la vegetación natural y que lleva a que se acumulen sales en profundidad por siglos o milenios, y que las napas freáticas se mantengan profundas. La agricultura cambia esta condición, generando fugas de agua en profundidad. Con el tiempo esto lava las sales, las transporta a la napa, eleva su nivel y, en muchos casos, causa salinidad en superficie cuando las napas entran en contacto con la atmosfera”, explicó.
En Australia existe un antecedente denominado dryland salinity que provocó al ascenso de los niveles freáticos, con aguas totalmente salinizadas, producto del lavado de las sales acumuladas naturalmente en los suelos en profundidad. El resultado final son grandes hectáreas de suelos inundados con aguas salinas o suelos totalmente salinizados e improductivos. Esto ocurrió después de más de 100 años de uso agrícola de las tierras, que originalmente tenían bosques de eucaliptos.
“Asociamos esa situación con lo ocurrido en San Luis, en la cuenca del Nuevo Río (una de las más antiguas deforestadas en el país, con 70 años de historia agrícola), donde ya se perdieron muchas hectáreas de tierras y la salinización de napas superficiales es un problema incipiente”, apuntó Santoni. Sin embargo, el ascenso de niveles freáticos no causó anegamientos y salinización como en Australia, sino la ruptura del terreno por un proceso particular: “Se trata de una cuenca con pendientes más altas que las típicas de nuestras llanuras y con sedimentos eólicos muy nuevos y, creemos, susceptibles a la ruptura por napas que fluyen a mayor velocidad”, dijo Jobbágy.
En el NOA, las investigaciones arrojaron coincidencias con San Luis, Australia y otras planicies semiáridas de Estados Unidos, según Amdan, quien estudió las consecuencias del desmonte sobre la recarga de agua subterránea y la salinización de suelos en Salta. Su trabajo se presentó junto a otras tesis coordinadas de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para evaluar el impacto ambiental acumulativo del desmonte en cuatro departamentos del este salteño (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria), que en las últimas tres décadas tuvieron el mayor crecimiento agrícola del país, en detrimento del bosques.
“El desmonte cambió radicalmente el sistema radicular”, dijo Amdan, y explicó que las raíces de la soja (el cultivo extensivo más difundido en el este de Salta) no logran absorber la lluvia como lo hacían los árboles. Esto hace que el agua atraviese todo el perfil del suelo y transporte las sales acumuladas por milenios hasta las napas. Si el monocultivo de soja persiste, con el tiempo las napas comienzan a ascender con las sales, hasta llegar a la superficie. Y esto podría suceder, según las conclusiones de Amdan, en un período de entre 30 y 100 años, según la edad del desmonte, la cobertura y el manejo agronómico. En el caso de las pasturas, que se siembran como alimento para el ganado, el proceso podría demorar hasta 250 años.
“El problema está identificado, tenemos evidencias in situ y experiencia de otras regiones similares sobre cómo es la dinámica del proceso y sus posibles consecuencias. La señal en Salta es fuerte y las consecuencias son severas. No podemos sentarnos a esperar de brazos cruzados para ver cómo el sistema resuelve naturalmente el cambio”, advirtió.
“Entendemos que el modelo productivo presiona para obtener una rentabilidad máxima inmediata, pero el costo a largo plazo puede ser tan alto que no haya retorno posible y la pérdida de productividad, así como la capacidad de producir alimentos, sean netas”, concluyó Amdan.
Por esta razón, los investigadores se concentran en remediar o frenar el proceso y proponer sistemas alternativos de manejo del suelo que, sin limitar las producciones agrícolas típicas de ambientes semiáridos y las tendencias productivas actuales, retrasen o anulen el efecto de recarga subterránea y la salinización del agua y los suelos, antes que sea demasiado tarde.
.
Etiquetas:
Argentina no quiere la "economía verde"
La Argentina: no a la "economía verde"
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca.
"Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
.
Fecha de Publicación: 19/06/2012
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Mientras Brasil trabaja contra el reloj para impedir que sucumba la Cumbre de la Tierra Río+20 , la delegación argentina que llegará mañana a esta ciudad tiene una posición tomada: dirá que no a la "economía verde". Así lo confirmaron fuentes oficiales, días antes de arribar a la ciudad carioca."Estamos camino a una guerra comercial -sostuvo Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación-. Detrás del concepto «economía verde», que los países centrales promueven como eje del modo productivo del nuevo milenio, se esconden trampas de diferentes colores: con la excusa del control ambiental, algunas empresas se volverán certificadoras y otras dirán qué productos consumir bajo ciertos estándares de producción".
La drástica posición argentina es la que suscribe el G-77, un paraguas bajo el cual están varios países emergentes, entre ellos Brasil y la India, a la que también se ha sumado China. El argumento critica especialmente el establecimiento del etiquetado de los productos y la huella de carbono (la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto) como medidor de sustentabilidad.
La Argentina también está en contra de la propuesta de gobernanza mundial traducida en la transformación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en una agencia autónoma. Es que el Gobierno interpreta como una amenaza a la soberanía la imposición de estándares que deban cumplir todos los países. China, el mayor contaminador del mundo, también suscribe a esta tesis, y Estados Unidos, distante de la agenda ambiental, nunca estuvo en un lugar más cómodo, ya que dejó de ser el malo de la película.
La postura oficial generó un quiebre con las organizaciones ambientalistas argentinas. Después de que Révora las acusara de defender "intereses imperialistas", Greenpeace respondió con críticas a la política ambiental nacional y recibió adhesiones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y de Los Verdes.
"No se entiende la negativa del Estado argentino. No se puede negar que hay que cambiar el modelo económico. Todavía no está definido el concepto de «economía verde», pero lo peor que se puede hacer es ni siquiera discutirlo. Este es el ámbito donde se pueden insertar los cambios. Además, la Argentina defiende el desarrollo sustentable mientras no puede justificar que no lo aplica. Está muy bien defender la soberanía, pero no hay que olvidar las responsabilidades que eso conlleva", indicó María Eugenia Di Paola, de FARN, que participa de la cumbre.
"Como organización ambientalista no podemos adherir a una posición de gobierno que enumera como logros leyes y programas ambientales que son una conquista de la sociedad civil a través de sus demandas públicas frente a diferentes gobiernos y al sector corporativo, pero que hoy son sistemáticamente ignoradas. Leyes como la de protección de bosques nativos, de protección de glaciares, de promoción de las energías renovables, de gestión de residuos, entre otras, hoy no son respetadas, ya sea por su vaciamiento económico, su falta de implementación, la falta de reglamentación de artículos clave o la falta de promoción", indicó Greenpeace Argentina en un comunicado. Juan Carlos Villalonga, de Los Verdes, agregó: "Es muy reduccionista pensar que una agencia pueda solamente generar barreras paraarancelarias. Hay distintas ideas de estructura. Todos estaríamos muchísimo peor si no existiera un espacio supranacional al que recurrir".
Más de 300 diplomáticos brasileños trabajan en el documento final, cuyo borrador cambió completamente. Las metas y los objetivos desaparecieron y se ha convertido en un compromiso más general. A pesar de que en el primer borrador no aparecía la minería como una industria para dar apoyo, fue incorporada. El agregado no fue vetado por los países desarrollados, pero tampoco por los países en desarrollo. En la redacción del documento no se incluye el impacto social que pueden tener los emprendimientos.
Mañana llegarán aquí los jefes de Estado. Y el viernes debería ser firmado el compromiso final. Ese día se sabrá si sólo se trata de un enunciado de buenas intenciones.
.
La política argentina ante Río+20
“Quieren trasladar su crisis a nuestros países”
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: Página/12 - Edición del 10/06/2012
Provincia/Región: Nacional
Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”.
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.
A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.
“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.
–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?
–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.
–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?
–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.
–Los países centrales no aceptan eso.
–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.
–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.
–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.
–¿En qué consiste esa trampa?
–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.
Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.
–¿Cuáles serían las consecuencias?
–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.
–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?
–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.
–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?
–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.
–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?
–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.
–¿En qué consiste ese principio?
–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.
–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?
–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.
–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?
–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.
–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.
–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.
–¿Ustedes qué proponen en cambio?
–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.
–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?
–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.
–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?
–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.
–Entonces no van a hablar de minería.
–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.
.
Fecha de Publicación: 14/06/2012
Fuente: Página/12 - Edición del 10/06/2012
Provincia/Región: Nacional
Río de Janeiro será el escenario de la disputa entre países centrales y en desarrollo sobre conceptos ambiguos como “economía verde”.
La cumbre ambiental Río+20, que en unos días concentrará en la capital carioca a presidentes y funcionarios de casi doscientos países, será escenario de una nueva disputa entre las naciones centrales y el grupo de países emergentes o en vías de de-sarrollo, nucleados en el G-77 más China. Uno de los ejes de la controversia es el concepto de “economías verdes” que, para el gobierno argentino y sus socios de América latina, es una suerte de trampa tendida por las potencias y sus aliados para poner freno a las exportaciones cuando no cumplen con ciertos parámetros “verdes”. El otro foco de conflicto es la posible creación de una agencia internacional, que tendría el poder de policía para hacer cumplir con indicadores y premisas, inspecciones que los países interpretan como la antesala a restricciones comerciales.
A diez días de la firma del documento, todavía no hay consenso. Los diplomáticos trabajan contra reloj: hace una semana las delegaciones estuvieron reunidas en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, y esta semana volverán a encontrarse en Río de Janeiro. El documento que redactaron dos funcionarios de la ONU designados por Ban Ki-moon tiene ochenta páginas y muchos de sus párrafos son cuestionados por los representantes de los países en desarrollo. Estos diplomáticos están ante una doble presión: no ceder en la defensa de sus intereses estratégicos y, a la vez, no hacer fracasar la cumbre, que pretende avanzar sobre los logros obtenidos hace 20 años en otra cumbre, en esa misma ciudad. El desafío se multiplica para el gobierno de Brasil, también crítico del documento, por su condición de anfitrión.
“En esta negociación, la Argentina ha encontrado aliados importantes, como la India y Egipto, que se sumaron a los socios del Mercosur”, dijo la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, una de las negociadoras argentinas, en una entrevista con Página/12.
–A días de la cumbre, ¿qué consensos y qué diferencias hay entre los países?
–El documento para Río+20 se viene trabajando desde hace muchos meses y, como no se ha avanzado en el consenso entre los países centrales y los del G-77 más China, en estos días se estuvo viendo si se cerraba un acuerdo. El G-77 más China, que son 132 países sobre un total de 193, que tiene a la mayoría de la población mundial e incluye a países emergentes como China, India y Brasil, ha estado trabajando muchos meses en este documento. Hasta ahora, no hay consenso. Evidentemente, el documento que va a salir no será un documento que refleje nuestra posición y si no nos refleja, cada país hará sus reservas.
–¿Cuáles son los grandes ejes de la divergencia?
–La gran divergencia es que los países centrales están planteando el concepto de “economía verde” como el nuevo paradigma ambiental para salvar el planeta. Nosotros planteamos que no hay una definición de economía verde, por lo tanto, no podemos apoyar algo que se desconoce. No estamos de acuerdo en sustituir el concepto de desarrollo sustentable, que es mucho más ambicioso y que implica un cambio en el modelo de producción y consumo que nos ha provocado esta crisis ambiental. Como G-77 planteamos que ese cambio lo deben liderar los países centrales, que son los que han impuesto ese modelo global de consumo y de producción insustentable, que se basa en una falacia: que los recursos naturales son infinitos. Producimos y consumimos como si fuéramos a tener una cantidad infinita de agua, de petróleo, de tierra.
–Los países centrales no aceptan eso.
–Ese es el problema central: los países centrales no asumen su responsabilidad primaria. Lo que plantean es que los costos de la crisis ambiental, por ser planetaria, los tenemos que asumir todos por igual. Países pobres, en desarrollo y ellos. Cuando son ellos los que han causado esta crisis ambiental.
–No admiten que la responsabilidad no es la misma para todos.
–En el plenario, plantearon borrar el principio de responsabilidades comunes y diferenciadas. No-sotros, como G-77 más China, tenemos premisas que no son negociables. Una es ésa, la otra es nuestra soberanía respecto del manejo de nuestros recursos naturales. No vamos a delegar el control ambiental a ninguna agencia globalizada que nos imponga lo que tenemos que hacer con nuestros recursos naturales ni parámetros de cumplimiento. Porque esto de la economía verde es una trampa.
–¿En qué consiste esa trampa?
–Ellos pretenden poner indicadores y parámetros para la producción de bienes y servicios y aquel que no los cumpla, no va a poder exportar.
Por supuesto que eso nadie lo dice. El planteo de ellos es un planteo naïf: vamos a salvar el planeta.
–¿Cuáles serían las consecuencias?
–Una gran parte de los países centrales está queriendo trasladar su crisis a los países en desarrollo utilizando el tema ambiental. Si exigen el cumplimiento de estos parámetros que quieren imponer con la economía verde, va a haber una transferencia enorme de recursos de los países en desarrollo a los desarrollados, porque los que tienen la tecnología son ellos, y nos van a obligar a comprar la tecnología y a endeudarnos. Nuestro planteo de desarrollo sustentable implica la erradicación de la pobreza nosotros, como países latinoamericanos, tenemos mucho que mostrar en Río: cómo hemos bajado los niveles de pobreza, al contrario de los países desarrollados, donde en este momento va creciendo la pobreza.
–Nuestros países han disminuido los niveles de pobreza, pero ¿se han desarrollado en forma sustentable?
–En este momento, no hay ningún país que pueda plantear que tiene un desarrollo sustentable, es nuestra utopía. Se plantea que otro tipo de desarrollo es posible. Porque el desarrollo sustentable implica que produzcamos en forma eficiente, con un uso muy racional de nuestros recursos, y consumamos en función de nuestras necesidades básicas, no permitiendo el derroche. Lo que vemos es que en nuestros países hay sectores de la población que tienen que aumentar su consumo pero también hay un sector importante que tiene que evitar despilfarrar recursos naturales a través de consumo insustentable. Por ejemplo, cuando se compran productos que tienen una vida útil muy corta o que requieren un uso intensivo de electricidad o de materias primas.
–Si el modelo económico argentino permitió aumentar el consumo, ¿podemos decir entonces que este modelo es sustentable?
–No, nadie dice eso. Lo que tenemos en la Argentina es una réplica del modelo impuesto en el planeta y que nosotros no lo vamos a poder cambiar si no lo cambian ellos, que son los que tienen el gran poder económico. Por eso, el G-77, cuando se habla de economía verde, le plantea a los países centrales que ellos lideren este cambio de modelo de producción y consumo. Nosotros no lo vamos a poder liderar porque no tenemos ni tecnología ni capacidad financiera. Sí tenemos que darle buen nivel de vida a un porcentaje importante de la población, que es una prioridad de este Gobierno.
–¿Qué balance hace de los veinte años transcurridos desde la cumbre de Río ’92?
–Para nosotros, ha habido más falencias que logros. Porque los principios rectores de Río ’92 no han sido cumplidos por los países desarrollados, la transferencia de tecnología y apoyo financiero a los países en desarrollo. Y ahora lo quieren eliminar. Ahora no hablan de transferencia de tecnología, no hablan de apoyo financiero y quieren eliminar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es el leitmotiv de la convención y que planteamos que deben mantenerse.
–¿En qué consiste ese principio?
–En que los que produjeron el fenómeno del calentamiento global de la atmósfera son los países industrializados, desde la época de la industrialización a finales del siglo XVII hasta ahora. Ahora, los países emergentes comenzaron a emitir también gases de efecto invernadero. China e India ya se están pareciendo a los países desarrollados en sus emisiones, pero es un hecho reciente. Por eso la convención dice que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas: el que causó el problema debe asumir el costo. Por eso Río ’92 fue un éxito para los países en vías de desarrollo, fue un reconocimiento de que había una crisis ambiental y que los países centrales debían asumir un compromiso porque eran los que la habían causado. Ahora, veinte años después, sin haber hecho los aportes que tendrían que haber hecho, boicoteando la convención, quieren trasladar su crisis a nuestras espaldas.
–¿Qué otros planteos llevan los países de América latina?
–Por ejemplo, cuando se habla de empleo verde, nosotros lo sustituimos por empleo decente. Porque nosotros acá tenemos empleo verde, el reciclador urbano, el cartonero que separa es empleo verde, pero no es decente. Tenemos que transformarlo en empleo formal y decente.
–¿Qué frutos puede dar este consenso que hay en América latina?
–A mí me interesa la alianza que tenemos los países latinoamericanos, y también con la India y Egipto, con los que lideramos esta posición: estamos de acuerdo con el desarrollo sustentable, queremos definir los temas en forma soberana, y no tenemos que aceptar que nos impongan las prioridades de la globalización, que no están pensadas en función de nuestras necesidades. Vamos a difundir la declaración de Buenos Aires para que la gran prensa conozca nuestra posición. La gran prensa, que está globalizada y manejada por los países centrales, no conoce nuestra posición.
–Otro de los ejes de controversia es la creación de una agencia global de control ambiental.
–Los países centrales quieren crear una gran agencia en base al Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Pnuma), porque para establecer parámetros e indicadores para la producción de bienes y servicios se necesita una agencia que controle. Quieren crear una agencia con poderes para fiscalizar el cumplimiento de la economía verde.
–¿Ustedes qué proponen en cambio?
–Queremos que haya mayor sinergia entre las agencias que existen actualmente y que sea la Asamblea General y el Consejo de De-sarrollo Sustentable de Naciones Unidas un ámbito de definición y debate político. No le damos mandato al secretario general para que arme esto. Queremos el fortalecimeinto del Pnuma aumentando su membresía a todos los países. En este momento tiene solo 46 países, entre ellos la Argentina.
–¿Hay coincidencia con las ONG argentinas que van a participar de la cumbre?
–Las ONG han estado muy activas, sobre todo las que trabajan en salud y educación. Las ambientalistas son las más débiles en esto, porque siguen los lineamientos de los países centrales, porque allí tienen su base de financiamiento, y están bastante condicionadas por eso.
–¿Cuál va a ser la posición argentina respecto de las industrias extractivas, como la minería?
–En la cumbre no se debate qué actividades son sustentables y cuáles no. Todas las actividades generan impacto, la idea es que lo minimicen. Hay una impronta de ir logrando nuestro propio camino, nuestro propio desarrollo sustentable.
–Entonces no van a hablar de minería.
–Sobre la minería, le voy a decir lo que pienso. Lo que nos proponemos desde esta secretaría es fortalecer el rol del Estado en la evaluación del impacto de esta actividad. Los impactos de la minería a cielo abierto, de una hidroeléctrica, son significativos. Hay una serie de actividades que se requieren para el de-sarrollo del país, pero su localización y la tecnología que usan debe ser evaluada por el Estado para aprobarlas o no. Estamos haciendo un proyecto de ley de presupuestos mínimos de evaluación de impacto ambiental para que el Estado nacional y los provinciales podamos conjuntamente evaluar, fiscalizar y controlar estos grandes emprendimientos. Hay que aceptarlos sólo si los beneficios son mayores que los costos.
.
El día de la Tierra se celebra en 192 países
El día de la Tierra se celebra en 192 países
Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Este domingo se espera que se realicen unos 22 mil actos en el mundo. Desde hace 42 años se conmemora esta fecha con el objeto de manifestarse y reclamar por un medio ambiente sano y la biodiversidad del planeta
Este domingo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia a los problemas de superpoblación, la producción de contaminación y la biodiversidad en el planeta.
El promotor de esta celebración fue el senador estadounidense Gaylard Nelson, un activista ambiental, que gracias al apoyo de universidades, escuelas y centenares de comunidades se creó en Estados Unidos la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
La Organización de las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada año en el equinoccio de invierno, cerca del 21 de marzo.
El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra ha ayuda a las naciones a reflexionar sobre la importancia de cuidar los recursos no renovables del planeta y hacer frente a las nuevas crisis como de agua y las constantes sequías debido al cambio climático.
Este año en junio, los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro.
Durante la reunión se centrarán en dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el logro del desarrollo sostenible.
.
Fecha de Publicación: 22/04/2012
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Este domingo se espera que se realicen unos 22 mil actos en el mundo. Desde hace 42 años se conmemora esta fecha con el objeto de manifestarse y reclamar por un medio ambiente sano y la biodiversidad del planetaEste domingo se celebra en el mundo el Día Internacional de la Tierra, conmemoración realizada desde 1970 con el fin de crear conciencia a los problemas de superpoblación, la producción de contaminación y la biodiversidad en el planeta.
El promotor de esta celebración fue el senador estadounidense Gaylard Nelson, un activista ambiental, que gracias al apoyo de universidades, escuelas y centenares de comunidades se creó en Estados Unidos la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada a la protección del medio ambiente.
En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales y que se instituyeran las políticas necesarias para erradicarlos.
La Organización de las Naciones Unidas celebra el día de la Tierra cada año en el equinoccio de invierno, cerca del 21 de marzo.
El 26 de febrero de 1971, el secretario general U Thant firmó una proclamación a ese efecto. Al momento del equinoccio suena la Campana de la Paz en la sede central de la ONU en Nueva York.
El Día de la Tierra ha ayuda a las naciones a reflexionar sobre la importancia de cuidar los recursos no renovables del planeta y hacer frente a las nuevas crisis como de agua y las constantes sequías debido al cambio climático.
Este año en junio, los líderes mundiales se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en Río de Janeiro.
Durante la reunión se centrarán en dos temas principales: cómo construir una economía verde para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el logro del desarrollo sostenible.
.
Críticas al modelo extractivo
Críticas al modelo extractivo
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
Fecha de Publicación: 16/04/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Una resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias declara “discrepancias con los lineamientos generales del PEA”. Sostiene que tendrá impacto negativo al consolidar el modelo de los agronegocios y la industria extractiva.
El Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) fue presentado el año pasado por el gobierno nacional. Prevé metas productivas para los próximos diez años, entre ellas insta a aumentar un 60 por ciento la producción granaria e incorporar nuevos territorios al modelo de agronegocios. “El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata declara su discrepancia con los lineamientos generales del PEA”, destaca la resolución 048/2012 de la Facultad y advierte: “El Plan Agroalimentario tendrá un profundo y negativo impacto en el complejo sistema productivo de nuestro país, al consolidar el modelo de país agroexportador basado en la agricultura industrial, pools de siembra, agrotóxicos, monocultivos, despoblamiento rural y enormes ciudades insustentables.”
El PEA está plasmado en 160 carillas, repleto de estadísticas, cuadros y gráficos. Fue presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en septiembre ultimo en Tecnópolis. Contó con el apoyo de gobernadores y empresas del sector. En la página 15 figuran las 43 “unidades académicas” que “participan en la elaboración” del PEA, entre ellas Agronomía de La Plata –una de las referentes en la formación de profesionales e investigadores de la Argentina rural.
En la resolución, el Consejo Superior de la Facultad identifica al “modelo dominante” en el país como “agro-minero exportador” caracterizado por “una fuerte intervención del capital financiero en la actividad, uso indiscriminado de insumos derivados del petróleo, contaminación, exclusión de pequeños productores y pérdida de biodiversidad”. Afirma que, en el modelo vigente, las ganancias “formidables son para las cada vez más grandes empresas”.
“La agricultura industrial tiene un fuerte impacto negativo sobre el ambiente, por merma de nutrientes en el suelo, reducción de biodiversidad, uso indiscriminado de agroquímicos y la introducción del riego en zonas donde el agua es un recurso escaso. Se genera un modelo de agricultura sin agricultores”, alerta la resolución.
Y precisa respecto al plan oficial que “el PEA lejos está de promover políticas que vislumbren modificaciones a las tendencias actuales del modelo productivo”, Explicita que el Gobierno pretende aumentar la superficie sembrada de 32 millones de hectáreas a 41 millones (27 por ciento más) y, en línea con organizaciones campesinas, cuestiona que “Avanzará la frontera agrícola hacia territorios donde hoy las comunidades campesinas e indígenas están resistiendo desalojos”.
“Todo indica que el modelo antes descripto tenderá a profundizarse”, advierte la Facultad. Precisa que el PEA promueve que la soja transgénica ocupe no menos del 45 por ciento de la superficie a sembrar y que el maíz sea utilizado para producción de agrocombustibles. “Ambas medidas están absolutamente enfrentadas a la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de nuestro pueblo”, asegura la resolución, fechada el 23 de marzo último (la sesión fue el 20 de diciembre), y que, en su parte resolutiva, crea una comisión interclaustro para diseñar un “PEA alternativo”.
Augusto Calandrelli, consejero superior por el claustro estudiantil, explicó que las universidades participaron de debates y realizaron propuestas para la confección del PEA, pero aclaró que “ninguno de los aspectos críticos al modelo” fueron tenidos en cuenta por “la mesa chica del Ministerio de Agricultura” que redactó el documento final. “El PEA no es una síntesis debatida con universidades ni con organizaciones de la agricultura familiar, sino que es una decisión de funcionarios del Gobierno”, explicó.
“La resolución de nuestra Facultad es un primer paso para cuestionar un modelo de producción que mantiene profundas continuidades con el neoliberalismo de los años ’90”, avisó el consejero superior. La Facultad de Agronomía de La Plata, fundada en 1906 y referente entre las casas de estudios, se sumó a las facultades que cuestionan el modelo extractivo. La Universidad Nacional de Córdoba y la de Río Cuarto alertaron, en 2009 y 2010, sobre los efectos ambientales y económicos de la megaminería. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario denunció, en marzo pasado, al modelo extractivo por sus “consecuencias comprobadas” en el ambiente y en la salud de las poblaciones. Y la Universidad de Buenos Aires también cuestionó la megaminería, el miércoles pasado, en una declaración de apoyo del Consejo Superior (el más alto espacio político de la UBA): apuntó a los efectos ambientales, pero también a la represión y violación de derechos que padecen las poblaciones que rechazan la cuestionada actividad (puntualizó casos de Catamarca y La Rioja).
“En las últimas semanas, han sido vulnerados derechos constitucionales de ciudadanos y ciudadanas de las regiones en conflicto al ser violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad del Estado en los cortes selectivos contra la Minera Alumbrera en las localidades de Belén, Amaicha del Valle y Tinogasta”, denunció la UBA y coincidió con Agronomía de La Plata respecto de los agronegocios: “Este modelo productivo extractivo-exportador está íntimamente asociado con el avance de la frontera agraria a costa del despojo de la tierra a campesinos y el desmonte y deforestación, con la utilización excesiva de agrotóxicos en las fumigaciones”.
“El que se va a acabar es el hombre”
“El que se va a acabar es el hombre”
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Acompañado por Hebe de Bonafini y Horacio González, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que, si se siguen destruyendo ríos, montañas, bosques, “el planeta no se va a acabar, el que se va a extinguir es el ser humano”.
En su libro La Pachamama y el hombre, presentado ayer en sociedad, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. En una frase que podría resumir el objetivo, la razón de ser de su obra, Zaffaroni llamó a trabajar “con inteligencia” en la búsqueda de una “convivencia amable” entre el hombre y la Pachamama, la Madre Tierra, porque si siguen depredando los ríos, las montañas y los animales que lo habitan “el planeta va a seguir viviendo, no se va a terminar, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”. La presentación del libro se hizo en la Biblioteca Nacional, con la participación en el panel de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y del sociólogo Horacio González, mientras que el humorista Miguel Rep, que acompañó el texto de Zaffaroni con sus ilustraciones, hacía dibujos relacionados con el tema que se veían en simultáneo sobre una pantalla gigante.
En su intervención, Zaffaroni afirmó que era “un enorme honor” el que le hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo al editar su libro, en conjunto con Colihue. Bonafini, al abrir el acto de presentación, recordó que en Bolivia, junto a Evo Morales, le tocó presenciar la celebración de la Pachamama, la invocación religiosa que suelen hacer los aymaras y otros pueblos originarios, en homenaje y como expresión de gratitud hacia la tierra. “El libro de Zaffaroni reivindica ese mensaje que nos dan esos pueblos y nos enseña a valorar la relación con los animales.” Emocionada, recordó que hace poco murió una perra que la acompañó “muchos años y que entendía todo lo que le hablaba. Fue compañera, sin traición ni engaño”.
González, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que la obra del ministro de la Corte tiene “una importancia política fundamental en estos momentos en que se están discutiendo problemas relacionados con la minería a cielo abierto y cuestiones relacionadas con el medio ambiente”. Sin tomar posición a favor o en contra de esos proyectos mineros, de todos modos advirtió que “las decisiones políticas que se toman a veces no tienen en cuenta que está la especie humana en riesgo si no se toman las medidas adecuadas”.
A su turno, Zaffaroni reconoció que el texto de su libro “puede parecer una locura”, pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas Constituciones de Bolivia y de Ecuador, en la que se establecen “los derechos de la naturaleza, equiparándolos con los derechos humanos”. Luego de hacer un racconto de cómo, a nivel jurídico, se ha ido cimentando, desde 1917 en adelante, la defensa de los derechos humanos, “aunque después no hagamos cumplir las leyes”, abogó por empezar a respetar los derechos de la Pachamama.
“Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que por el camino que vamos, vamos a provocar la destrucción del planeta”, pero al mismo tiempo “no se habla a fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden”. Recordó que una de las peores guerras contemporáneas, la que estalló hace años en la República de Sudán, se intensificó “por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a disputar la parte en la cual todavía se puede desarrollar la vida humana”. En ese sentido, pronosticó como posible que se produzcan conflictos bélicos similares en el futuro.
Zaffaroni dejó sentado que “los valores de nuestras culturas originarias, que valoraban la tierra, siguen vivos, como siguen vivos los valores de gaia”, una cultura originaria de Grecia que también le daba el status de “humano” a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista, lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza, preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como en la Inquisición: ‘Decime lo que quiero escuchar o te reviento’”.
Fecha de Publicación: 07/02/2012
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Acompañado por Hebe de Bonafini y Horacio González, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sostuvo que, si se siguen destruyendo ríos, montañas, bosques, “el planeta no se va a acabar, el que se va a extinguir es el ser humano”.
En su libro La Pachamama y el hombre, presentado ayer en sociedad, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni hace un recorrido jurídico, filosófico y humanístico sobre la relación del hombre con la naturaleza y con el mundo animal. En una frase que podría resumir el objetivo, la razón de ser de su obra, Zaffaroni llamó a trabajar “con inteligencia” en la búsqueda de una “convivencia amable” entre el hombre y la Pachamama, la Madre Tierra, porque si siguen depredando los ríos, las montañas y los animales que lo habitan “el planeta va a seguir viviendo, no se va a terminar, pero los que no vamos a seguir viviendo somos nosotros, los seres humanos”. La presentación del libro se hizo en la Biblioteca Nacional, con la participación en el panel de Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y del sociólogo Horacio González, mientras que el humorista Miguel Rep, que acompañó el texto de Zaffaroni con sus ilustraciones, hacía dibujos relacionados con el tema que se veían en simultáneo sobre una pantalla gigante.
En su intervención, Zaffaroni afirmó que era “un enorme honor” el que le hacía la Asociación Madres de Plaza de Mayo al editar su libro, en conjunto con Colihue. Bonafini, al abrir el acto de presentación, recordó que en Bolivia, junto a Evo Morales, le tocó presenciar la celebración de la Pachamama, la invocación religiosa que suelen hacer los aymaras y otros pueblos originarios, en homenaje y como expresión de gratitud hacia la tierra. “El libro de Zaffaroni reivindica ese mensaje que nos dan esos pueblos y nos enseña a valorar la relación con los animales.” Emocionada, recordó que hace poco murió una perra que la acompañó “muchos años y que entendía todo lo que le hablaba. Fue compañera, sin traición ni engaño”.
González, director de la Biblioteca Nacional, sostuvo que la obra del ministro de la Corte tiene “una importancia política fundamental en estos momentos en que se están discutiendo problemas relacionados con la minería a cielo abierto y cuestiones relacionadas con el medio ambiente”. Sin tomar posición a favor o en contra de esos proyectos mineros, de todos modos advirtió que “las decisiones políticas que se toman a veces no tienen en cuenta que está la especie humana en riesgo si no se toman las medidas adecuadas”.
A su turno, Zaffaroni reconoció que el texto de su libro “puede parecer una locura”, pero luego dio probadas muestras de que no lo es. La idea del libro surgió de las nuevas Constituciones de Bolivia y de Ecuador, en la que se establecen “los derechos de la naturaleza, equiparándolos con los derechos humanos”. Luego de hacer un racconto de cómo, a nivel jurídico, se ha ido cimentando, desde 1917 en adelante, la defensa de los derechos humanos, “aunque después no hagamos cumplir las leyes”, abogó por empezar a respetar los derechos de la Pachamama.
“Desde hace mucho tiempo venimos diciendo que por el camino que vamos, vamos a provocar la destrucción del planeta”, pero al mismo tiempo “no se habla a fondo del problema ni se toman las medidas que corresponden”. Recordó que una de las peores guerras contemporáneas, la que estalló hace años en la República de Sudán, se intensificó “por la desertificación de una parte del territorio, lo que obligó a disputar la parte en la cual todavía se puede desarrollar la vida humana”. En ese sentido, pronosticó como posible que se produzcan conflictos bélicos similares en el futuro.
Zaffaroni dejó sentado que “los valores de nuestras culturas originarias, que valoraban la tierra, siguen vivos, como siguen vivos los valores de gaia”, una cultura originaria de Grecia que también le daba el status de “humano” a la naturaleza, a la que había que preservar y defender. “Lo que tenemos que hacer es cambiar el eje. Este libro no es ambientalista ni ecologista, lo que propone es que tenemos que dialogar con la naturaleza, preguntarle qué tratamiento hay que darles a las montañas, a los ríos, a los animales, pero debe ser un diálogo y no un interrogatorio como en la Inquisición: ‘Decime lo que quiero escuchar o te reviento’”.
Soja en Río Negro, un proyecto más que chino
Un proyecto más que chino
Fecha de Publicación: 13/12/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro
Un fallo del Superior Tribunal de Justicia rionegrino aceptó un amparo ambiental contra la sumatoria de concesiones del ahora ex gobernador Miguel Saiz en favor de una provincia china para producir soja en los valles medio e inferior del Río Negro.
El acuerdo entre el ahora ex gobernador de Río Negro y la provincia china Heilongjiang, que también incluyó a una firma estatal de ese país, volvió a foja cero. Un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial aceptó un amparo ambiental colectivo presentado por la legisladora del FpV (Movimiento Evita) Silvia Horne y dictó una medida de no innovar. En sus considerandos, demostró punto por punto que el Poder Ejecutivo provincial no sólo no había considerado los impactos ambientales de la iniciativa ni respetado ninguno de los procedimientos legales de rigor, sino que adicionalmente se había excedido en sus facultades concedentes.
El Ejecutivo provincial llevó adelante en secreto las negociaciones con China, incluso luego de las estadías del propio Saiz en el gigante asiático. Los contenidos del convenio y la sumatoria de facilidades sólo comenzaron a conocerse cuando la situación tomó estado judicial. Fue entonces cuando la provincia contrató a una consultora de prensa porteña para tratar de hacer más digeribles las concesiones. Entre ellas, siendo las más relevantes, la provincia se comprometía a facilitar el otorgamiento de 20.000 hectáreas en el Valle Inferior del Río Negro y 234.500 en Valle Medio; un total de más de un cuarto de millón de hectáreas irrigables. A ello sumaba también 3000 hectáreas para “experimentación agrícola”.
Las concesiones no eran sólo de tierras, también se acompañaba con la excepción “de todos los impuestos provinciales” y el otorgamiento de oficina y vivienda para los técnicos chinos “en el domicilio del gobierno provincial”, con equipamiento y transporte más el pago de todos los gastos durante el proceso de desarrollo de la inversión. Para completar, se cedía parte de la zona portuaria de San Antonio Este por 50 años extensibles a un siglo. Todo ello más una lista extensa de beneficios complementarios.
Dicho de otra manera: el saliente gobernador rionegrino comprometía a una provincia y una empresa estatal extranjera tierras, recursos naturales, puerto y presupuesto público a cambio de que desarrollen un enclave exportador de productos primarios con nulo efecto multiplicador en el desarrollo futuro de la economía provincial. Ese acuerdo fue con ausencia de estudios de impacto ambiental sobre los desmontes de regiones semiáridas, inapropiadas para la agricultura de secano, que demandarían obras de regadío utilizando recursos estratégicos y potencialmente escasos como la extensa cuenca hidrográfica que colecta las aguas cordilleranas desde el sur de Mendoza hasta el lago Nahuel Huapi. Esas concesiones no fueron explicadas desde la perspectiva económica y ambiental.
Lo más interesante del fallo, además de sus consecuencias inmediatas de frenar el convenio, fue que desarmó y rebatió la lógica de cada una de las medidas, así como la facultad del Ejecutivo para concederlas. Sin embargo, la decisión del STJ sólo se produjo ante un cambio de clima político en la provincia.
Entre la presentación del amparo y el fallo sucedieron algunos hechos. No se cubrió la vacante de un juez cercano a la administración radical del alto tribunal que solicitó su jubilación, Luis Lutz, en tanto que un segundo magistrado también cercano al gobierno saliente, Alberto Balladini, renunció ante un potencial juicio político. La renuncia sucedió inmediatamente después de los recientes resultados electorales que llevaron a la gobernación al justicialista Carlos Soria luego de 23 años de hegemonía radical.
En consecuencia, el fallo sólo lleva la firma del único miembro remanente del STJ, Víctor Sodero Nievas, ex fallido candidato a gobernador por el justicialismo en tiempos de Carlos Menem. Si bien se hizo lugar a la medida de no innovar, el magistrado transfirió la responsabilidad de continuar con el convenio al nuevo gobernador. Tras el freno del preacuerdo realizado por Saiz, a Soria le será difícil soslayar los recaudos formales, legales e institucionales. De todas maneras, el nuevo mandatario no demostró hasta ahora ninguna voluntad de continuar las negociaciones, a la vez que, según informó la diputada Horne a este diario, los doce técnicos chinos que se encontraban en la región ya fueron llamados a su país.
Fecha de Publicación: 13/12/2011
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Río Negro
Un fallo del Superior Tribunal de Justicia rionegrino aceptó un amparo ambiental contra la sumatoria de concesiones del ahora ex gobernador Miguel Saiz en favor de una provincia china para producir soja en los valles medio e inferior del Río Negro.
El acuerdo entre el ahora ex gobernador de Río Negro y la provincia china Heilongjiang, que también incluyó a una firma estatal de ese país, volvió a foja cero. Un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial aceptó un amparo ambiental colectivo presentado por la legisladora del FpV (Movimiento Evita) Silvia Horne y dictó una medida de no innovar. En sus considerandos, demostró punto por punto que el Poder Ejecutivo provincial no sólo no había considerado los impactos ambientales de la iniciativa ni respetado ninguno de los procedimientos legales de rigor, sino que adicionalmente se había excedido en sus facultades concedentes.
El Ejecutivo provincial llevó adelante en secreto las negociaciones con China, incluso luego de las estadías del propio Saiz en el gigante asiático. Los contenidos del convenio y la sumatoria de facilidades sólo comenzaron a conocerse cuando la situación tomó estado judicial. Fue entonces cuando la provincia contrató a una consultora de prensa porteña para tratar de hacer más digeribles las concesiones. Entre ellas, siendo las más relevantes, la provincia se comprometía a facilitar el otorgamiento de 20.000 hectáreas en el Valle Inferior del Río Negro y 234.500 en Valle Medio; un total de más de un cuarto de millón de hectáreas irrigables. A ello sumaba también 3000 hectáreas para “experimentación agrícola”.
Las concesiones no eran sólo de tierras, también se acompañaba con la excepción “de todos los impuestos provinciales” y el otorgamiento de oficina y vivienda para los técnicos chinos “en el domicilio del gobierno provincial”, con equipamiento y transporte más el pago de todos los gastos durante el proceso de desarrollo de la inversión. Para completar, se cedía parte de la zona portuaria de San Antonio Este por 50 años extensibles a un siglo. Todo ello más una lista extensa de beneficios complementarios.
Dicho de otra manera: el saliente gobernador rionegrino comprometía a una provincia y una empresa estatal extranjera tierras, recursos naturales, puerto y presupuesto público a cambio de que desarrollen un enclave exportador de productos primarios con nulo efecto multiplicador en el desarrollo futuro de la economía provincial. Ese acuerdo fue con ausencia de estudios de impacto ambiental sobre los desmontes de regiones semiáridas, inapropiadas para la agricultura de secano, que demandarían obras de regadío utilizando recursos estratégicos y potencialmente escasos como la extensa cuenca hidrográfica que colecta las aguas cordilleranas desde el sur de Mendoza hasta el lago Nahuel Huapi. Esas concesiones no fueron explicadas desde la perspectiva económica y ambiental.
Lo más interesante del fallo, además de sus consecuencias inmediatas de frenar el convenio, fue que desarmó y rebatió la lógica de cada una de las medidas, así como la facultad del Ejecutivo para concederlas. Sin embargo, la decisión del STJ sólo se produjo ante un cambio de clima político en la provincia.
Entre la presentación del amparo y el fallo sucedieron algunos hechos. No se cubrió la vacante de un juez cercano a la administración radical del alto tribunal que solicitó su jubilación, Luis Lutz, en tanto que un segundo magistrado también cercano al gobierno saliente, Alberto Balladini, renunció ante un potencial juicio político. La renuncia sucedió inmediatamente después de los recientes resultados electorales que llevaron a la gobernación al justicialista Carlos Soria luego de 23 años de hegemonía radical.
En consecuencia, el fallo sólo lleva la firma del único miembro remanente del STJ, Víctor Sodero Nievas, ex fallido candidato a gobernador por el justicialismo en tiempos de Carlos Menem. Si bien se hizo lugar a la medida de no innovar, el magistrado transfirió la responsabilidad de continuar con el convenio al nuevo gobernador. Tras el freno del preacuerdo realizado por Saiz, a Soria le será difícil soslayar los recaudos formales, legales e institucionales. De todas maneras, el nuevo mandatario no demostró hasta ahora ninguna voluntad de continuar las negociaciones, a la vez que, según informó la diputada Horne a este diario, los doce técnicos chinos que se encontraban en la región ya fueron llamados a su país.
Impulsan modelo de incentivos a la conservación
Casos piloto para estudiar incentivos a la conservación de ecosistemas
Fecha de Publicación: 21/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Como una forma de compatibilizar conservación y producción, se presentó el Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global”
Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global” que cuenta con la secretaría de Ambiente y el INTA como Agencias implementadoras, Los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente (PNUD y PNUMA) como encargados de la ejecución y con un financiamiento de USD 2.905.000 otorgado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF en inglés).
La presentación del proyecto, que tiene como objetivo testear sí los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos pueden ayudar a reducir los impactos por el uso extensivo de los recursos naturales, fue encabezada en representación del Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi, por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la cartera ambiental, Dra. Silvia Révora, que es a su vez Directora Nacional del programa. Révora se mostró satisfecha al destacar que el mismo “implica una alta participación ciudadana. Se va a trabajar con comités locales, con la participación de productores y con todos los actores que quieran participar” e invitó a las ONGs a que se integren. “Esperamos que esta metodología se convierta en una Política de Estado, ese es el desafío”, agregó la funcionaria.
En ese mismo sentido, el Ing. Daniel Tomasini, en representación de PNUD y PNUMA, ratificó que es un “proyecto fuertemente innovador, que estamos llevando a la realidad. El producto no va a ser una entelequia sino una producción de los locales”.
Por su parte, el vicepresidente del INTA, Ing. Luis Basterra, expresó que este programa consiste en “ponerle magnitudes al compromiso que debemos tener con el ambiente”, en una visión que “integra desarrollo y preservación” y que demuestra que “ambiente y producción no se oponen sino que generan una sinergia”.
Tendrán una importante participación los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy y Entre Ríos, en cuyas jurisdicciones se instalarán sitios piloto, abarcando diferentes ecosistemas y realidades productivas, los cuales funcionarán como demostradores a campo de los diferentes esquemas de pago ensayados.
Se entiende como servicios ecosistémicos a aquellos beneficios que se obtienen de los ecosistemas. El mecanismo de Pago por Servicios Ecosistémicos busca ofrecer un incentivo a los usuarios de la tierra para que eviten degradarlos y protejan los servicios que brindan.
Tal como explicó José Gobi, el coordinador técnico del proyecto, “los impactos sobre la provisión de los servicios ecosistémicos han sido ignorados por los tomadores de de decisiones económicas”. Se refirió a los incentivos como “un nuevo mecanismo de intervención en que los beneficiarios compensan a los proveedores por los servicios ecosistémicos a cambio de que se los sigan proveyendo”
Los sitios piloto se encuentran en Chaco, en el Centro Oeste de la Provincia, área comprendida entre Juan José Castelli, Pampa del Infierno y Parque Provincial Las Pirámides (150.000 Ha); en Formosa, Área de Ibarreta, Departamento de Patiño (150.000 Ha); en EntreRrios, Aldea Santa María (15.000 Ha); y en Jujuy, Cuenca Perico Manantiales (130.000 Ha).
Durante el acto estuvieron presentes los representantes de las provincias participantes: por Jujuy, Héctor Nuñez; por Chaco, el Ing. Miguel Brunswig, subsecretario de Recursos Naturales; por Entre Ríos el Dr. Claudio Vicente Ledesma, subsecretario de Planificación del Desarrollo y la Producción; por Formosa el Dr. Raul Omar Quintana, Ministro de la Producción y Ambiente.
Al finalizar el encuentro se procedió a la firma del acta de constitución del comité.
Fecha de Publicación: 21/09/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Como una forma de compatibilizar conservación y producción, se presentó el Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global”
Proyecto “Incentivos para la conservación de servicios ecosistémicos de importancia global” que cuenta con la secretaría de Ambiente y el INTA como Agencias implementadoras, Los Programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente (PNUD y PNUMA) como encargados de la ejecución y con un financiamiento de USD 2.905.000 otorgado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF en inglés).
La presentación del proyecto, que tiene como objetivo testear sí los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos pueden ayudar a reducir los impactos por el uso extensivo de los recursos naturales, fue encabezada en representación del Secretario de Ambiente, Dr. Juan José Mussi, por la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la cartera ambiental, Dra. Silvia Révora, que es a su vez Directora Nacional del programa. Révora se mostró satisfecha al destacar que el mismo “implica una alta participación ciudadana. Se va a trabajar con comités locales, con la participación de productores y con todos los actores que quieran participar” e invitó a las ONGs a que se integren. “Esperamos que esta metodología se convierta en una Política de Estado, ese es el desafío”, agregó la funcionaria.
En ese mismo sentido, el Ing. Daniel Tomasini, en representación de PNUD y PNUMA, ratificó que es un “proyecto fuertemente innovador, que estamos llevando a la realidad. El producto no va a ser una entelequia sino una producción de los locales”.
Por su parte, el vicepresidente del INTA, Ing. Luis Basterra, expresó que este programa consiste en “ponerle magnitudes al compromiso que debemos tener con el ambiente”, en una visión que “integra desarrollo y preservación” y que demuestra que “ambiente y producción no se oponen sino que generan una sinergia”.
Tendrán una importante participación los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy y Entre Ríos, en cuyas jurisdicciones se instalarán sitios piloto, abarcando diferentes ecosistemas y realidades productivas, los cuales funcionarán como demostradores a campo de los diferentes esquemas de pago ensayados.
Se entiende como servicios ecosistémicos a aquellos beneficios que se obtienen de los ecosistemas. El mecanismo de Pago por Servicios Ecosistémicos busca ofrecer un incentivo a los usuarios de la tierra para que eviten degradarlos y protejan los servicios que brindan.
Tal como explicó José Gobi, el coordinador técnico del proyecto, “los impactos sobre la provisión de los servicios ecosistémicos han sido ignorados por los tomadores de de decisiones económicas”. Se refirió a los incentivos como “un nuevo mecanismo de intervención en que los beneficiarios compensan a los proveedores por los servicios ecosistémicos a cambio de que se los sigan proveyendo”
Los sitios piloto se encuentran en Chaco, en el Centro Oeste de la Provincia, área comprendida entre Juan José Castelli, Pampa del Infierno y Parque Provincial Las Pirámides (150.000 Ha); en Formosa, Área de Ibarreta, Departamento de Patiño (150.000 Ha); en EntreRrios, Aldea Santa María (15.000 Ha); y en Jujuy, Cuenca Perico Manantiales (130.000 Ha).
Durante el acto estuvieron presentes los representantes de las provincias participantes: por Jujuy, Héctor Nuñez; por Chaco, el Ing. Miguel Brunswig, subsecretario de Recursos Naturales; por Entre Ríos el Dr. Claudio Vicente Ledesma, subsecretario de Planificación del Desarrollo y la Producción; por Formosa el Dr. Raul Omar Quintana, Ministro de la Producción y Ambiente.
Al finalizar el encuentro se procedió a la firma del acta de constitución del comité.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios