Perdida de biodiversidad en los departamentos de Orán y San Martín

Fecha de Publicación: 23/02/2023
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Más de cien mil hectáreas vegetales resultaron degradadas por el fuego. Otras quince mil fueron definitivamente transformadas por permisos de desmonte.
El año 2022 fue excepcional en cuanto a incendios forestales en la provincia de Salta. La superficie vegetal afectada por el fuego, principalmente durante los meses de agosto y diciembre, superó las cien mil hectáreas.
Este cálculo se desprende de informes que regularmente elabora el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y se denominan “Reporte técnico de ocurrencia”. El conteo de hectáreas quemadas arrojó un total estimado de 100.682, que se ubicaron principalmente en el departamento Orán. En escala descendente, le siguieron las jurisdicciones de General San Martín, Metán, Capital y Chicoana. Los reportes consultados corresponden a octubre y diciembre que arrojaron resultados definitivos de hectáreas quemadas a medida que los incendios eran clasificados por el SNMF como extinguidos.
Solo en Salta, la superficie calculada según datos del SNMF durante el segundo semestre del año pasado, no se aleja demasiado de las 95.000 hectáreas calculadas por Greenpeace. La ONG las reportó en un informe publicado recientemente en el que analizó el proceso de deforestación en el norte argentino en 2022.
Ese proceso de pérdida de masa vegetal, particularmente de bosques y su biodiversidad, es un fenómeno en desarrollo que –en la perspectiva de la ONG- tiene dos grandes motores. Por un lado, el avance de la frontera agropecuaria para “ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa”, cita Greenpeace; por otro, los incendios forestales.
En Salta durante 2022, mayoritariamente en los departamentos de Orán y San Martín, el fuego degradó más de cien mil hectáreas, el combo se completó con alrededor de 15.230 hectáreas que obtuvieron permiso de desmonte también durante el año pasado. Ambas cifras elevan el total anual de cobertura vegetal degradada o totalmente transformada, a casi 116.000 hectáreas. Para encontrar un momento con una deforestación similar, hay que regresar al período comprendido entre 2007 y 2011.
El informe de Greenpeace para el norte argentino brindó algunas otras reflexiones puntuales. Primero, tras quince años de la implementación de la Ley de Bosques (26.331) sancionada a finales de 2007, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN). Detalló que esto tuvo un efecto sobre la cobertura vegetal y su biodiversidad, porque los OTBN prohibieron “los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales” al dividir la superficie en categorías (rojo, amarillo y verde). Sin embargo, en el caso de los ordenamientos de Salta y el Chaco, Greenpeace fue muy crítica: “fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte”. Punto seguido, señaló que desde 2014 “se evidencia una disminución de la deforestación”, y agregó que “en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales”, un dato tangible en otra serie estadística.

Fuego y topadoras
En el informe de Greenpeace, el total calculado de hectáreas de bosques degradados producto del desmonte o el fuego, no discrimina según porcentaje de bosque nativo, arbustal, pastizal u otras coberturas vegetales. En cambio, ese dato sí aparece en la serie histórica disponible para consulta en datos abiertos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación.
La información estadística abarca los años que van de 1995 hasta 2021 y para el caso puntual de la provincia de Salta arroja algunas conclusiones. Los años en que se perdió mayor cantidad de especies arbóreas nativas por efecto de los incendios forestales van de 1996 a 2010. Es un período que se superpone a los años en que se registraron mayor cantidad de permisos de desmonte en Salta (2007 a 2011). Desmontes e incendios comparten Orán y General San Martín, dos jurisdicciones del norte salteño que registraron una notoria extensión de la frontera agrícola en esos años, y que en 2022 padecieron los incendios más feroces.
“En forma preliminar, la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas”, mencionó Greenpeace al final del informe. En el proceso, solamente Salta supera el 50 por ciento. “Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales, y los responsables rara vez son obligados a reforestar”, advirtió. Agregó también que “en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios”. Para la ONG, la actual emergencia climática como de biodiversidad advierten que es gigantesca la presión antrópica del modelo socioeconómico sobre el entorno natural. Y en este caso, la provincia de Salta ocupó el primer puesto en el norte argentino. “Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, concluyó el informe.
Los incendios forestales en Salta durante el año pasado afectaron seriamente el área de la Biósfera de Yungas, también sus zonas de amortiguación. De hecho, a través de los reportes de  incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se pudo establecer que los incendios que comenzaron después del feriado de octubre de 2022 y que se ubicaron al oeste de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, implicaron la pérdida de 27.981 hectáreas dentro del área de reserva de Biósfera de Yungas. Cuando comenzaron los incendios en agosto de 2022, en la zona de Colonia Santa Rosa, las llamas consumieron 30.047 hectáreas, siempre dentro de la misma zona de reserva declarada por la UNESCO en 2002. Entre El Oculto e Isla de Cañas, por la ruta provincial 18, los incendios forestales degradaron 2375 hectáreas más de bosque nativo. En esa región se encuentran los ayllus de la Comunidad Kolla Tinkunaku, cuyos miembros de organizaron para combatir las llamas.
Fuera del área de Reserva de Biósfera siempre destacó un incendio que nunca fue reportado por las autoridades provinciales. Las consultas realizadas en aquel momento arrojaron que la ausencia de datos sobre esa masa ígnea en Ballivián se debió a que ese municipio del departamento San Martín no cuenta con un cuartel de bomberos. El área boscosa afectada por las llamas se extiende al norte del cruce de las rutas nacionales 50 y 34. Los incendios forestales fueron detectados por los satélites y del análisis de los reporte del SNMF se desprende que allí se quemaron -al menos-  25.285 hectáreas de bosques nativos.
El informe final de 2022 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recién estará disponible en mayo próximo. Seguramente arrojará más precisiones sobre la verdadera dimensión de la pérdida de bosque nativo en los incendios forestales en Salta en 2022.
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A.Del Valle: desmonte destruyó fajas ecológicas en un tramo del A° Alegre

Fecha de Publicación: 18/02/2023
Fuente: Portal Misiones
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología de la Provincia intervino ante un desmonte detectado en  un lote privado conocido como “el barrio de los europeos”, situado en el acceso a Picada Libertad, lindante con el arroyo Alegre, en Aristóbulo del Valle. La situación fue advertida en principio por vecinos que administran un predio agroecológico situado al otro lado del arroyo.
Los funcionarios de Ecología pudieron apreciar que el desmonte contrapone abiertamente los términos de la LEY XVI – Nº 53 de protección de recursos hídricos, ya que se destruyó por completo hasta los bosques protectores del arroyo, denominados “fajas ecológicas”.
El desmonte se perpetró semanas atrás y arrasó con especies nativas fundamentales para la protección de un cauce de agua de suma importancia para los municipios de Aristóbulo del Valle y Salto Encantado, ya que es justamente el arroyo Alegre el que abastace del recurso vital para su potabilización y posterior consumo de la ciudadanía.
En el lugar desmontado, se prevé la ampliación de un predio de viviendas y una suerte de granja. El responsable del emprendimiento es el arquitecto mendocino Carlos Romeo.
Las fajas ecológicas, son las franjas de bosques nativos que interconectan a los bosques protectores y permiten, en forma conjunta, la formación de un sistema de defensa ecológica básica. Según la ley, las fajas ecológicas deben tener un ancho mínimo según el tamaño del predio. En este caso, el desmonte fue total y llega hasta el borde del arroyo.
“Resulta indignante la impunidad absoluta con la que destruyeron el monte, en tiempos en que la sequía vuelve urgente la necesidad de preservar el monte nativo y cuidar al máximo los recursos hídricos” manifestó uno de los vecinos del lugar.
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Desmontes e incendios en el norte. La pérdida de bosques nativos superaría las 200.000 hectáreas en 2022

Fecha de Publicación: 13/02/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Así surge de un informe de seguimiento de Greenpeace Argentina y se acerca a los datos preliminares del Ministerio de Ambiente de la Nación; la extensión dañada equivale a 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires
Con los desmontes y los incendios que el año pasado arrasaron bosques nativos protegidos en el norte, el país habría perdido más de 200.000 hectáreas de esos ecosistemas de alto valor en biodiversidad y equilibro ambiental, de acuerdo con un informe de Greenpeace Argentina.
Eso equivale a una superficie 10 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, según advierten desde la ONG, y sucede a 15 años de la sanción de la ley que garantiza su conservación y limita su uso.
Mientras que los incendios avanzaron sobre unas 120.000 hectáreas en Salta y Jujuy, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), los desmontes para el corrimiento de la frontera agropecuaria lo hicieron sobre 112.545 hectáreas en zonas protegidas de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, que concentran la mayor parte (75%) de la deforestación en el territorio nacional.
“Si sumáramos el área afectada por incendios, preliminarmente se podría estimar que la pérdida de bosques por desmontes e incendios en el norte del país en 2022 superará las 200.000 hectáreas. Esto, si finalmente el dato oficial de los incendios se termina de confirmar con un ajuste de cuánto corresponde a bosques, pastizales y humedales”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.

Coincidencias
Para el informe de este año, la organización recurrió a los datos del SNMF, a ajustar de acuerdo con la posibilidad o no de recuperación, pero que ya indican que gran parte de la zona incendiada es casi todo bosque ­–95.000 hectáreas en Salta y 25.000 en Jujuy en la selva de yungas–. Esto lo combinó con el análisis anual de los datos de desmonte generados por el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y el Instituto Geográfico Nacional, con imágenes satelitales mensuales del Servicio Geológico de los Estados Unidos.
Aun cuando la estimación de Greenpeace Argentina de 112.545 hectáreas perdidas es un 6,5% mayor que el valor preliminar para 2022 de 105.616 hectáreas que está analizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la cartera a cargo de Juan Cabandié indicaron: “Los valores de superficie de pérdida de bosque nativo en las provincias incluidas en el análisis [de Greenpeace Argentina] son similares a las obtenidas por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) que gestiona este ministerio”.
A la vez, agregaron: “Coincidimos en la necesidad de incrementar las sanciones en los incumplimientos de la Ley N°26.331 [de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos] y en que la incorporación del delito penal por deforestación sería un avance en este sentido”.
La norma, de 2007, delega en las provincias la clasificación de sus bosques nativos, de acuerdo con criterios de sustentabilidad ambiental y en tres categorías (roja, amarilla y verde) si se puede o no desmontar o modificar de alguna manera y, si es así, si se debe recuperar. Este ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) tienen que actualizarlo cada cinco años. De acuerdo con ese OTBN, en la mayoría de las zonas forestales (80%) de todo el país está prohibido el desmonte (categoría roja y amarilla).

Concentrados
El 75% de los desmontes para ampliar la frontera agropecuaria se concentra en las cuatro provincias del norte bajo monitoreo. “Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios”, precisa Greenpeace Argentina.
En los últimos 30 años, el seguimiento indica que se perdieron 8.000.000 de hectáreas de bosques. “La Argentina se encuentra en emergencia forestal”, ya había alertado Giardini en diálogo con LA NACIÓN hace cuatro años.
En el nuevo informe, que está disponible acá, los mapas, acompañados de fotografías, ubican la pérdida acumulada el año pasado: fueron 38.492 hectáreas en Santiago del Estero, 36.159 en Chaco, 22.664 en Formosa y 15.230 en Salta. En tanto, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fueron, respectivamente: 33.427, 32.442, 24.204 y 15.543. “Los datos finales de la superficie de pérdida de bosque nativo en 2022 -aclararon desde la cartera ambiental- surgirán del monitoreo anual que realiza la Dirección Nacional de Bosques, cuya metodología se aplica desde 1998 y permite la comparación entre años, que se encuentra en desarrollo”.
Los datos oficiales para el monitoreo de la pérdida de bosque nativo, según se explicó, surgen del SAT a través del procesamiento automatizado de imágenes satelitales cada 15 días que se obtienen de las misiones Sentinel y el Landsat 8. Las alertas generadas se validan y cruzan con los registros de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que se define por ley y registros nacionales.
“Se generan reportes que son enviados a cada provincia con las alertas y el requerimiento de información sobre la legalidad de cada evento de deforestación (si estaba autorizado o no, instrumento que autoriza el desmonte, número de expediente y medidas a tomar en caso de los eventos ilegales, entre otros datos)”, se detalló sobre cómo se controla la implementación de la norma que protege un ecosistema de alto valor para el país.

En riesgo
“En nuestros bosques nativos, hay varias especies en peligro en extinción y el equilibrio ambiental tiene que ver con el equilibrio de las especies. Cuando se pierde una, aparecen desequilibrios en el ecosistema y el bosque, como tal, es frágil. Hay alimentos, madera, medicinas que provienen de ahí y lo estamos destruyendo”, dijo Giardini, que recorrió las áreas deforestadas.
Recordó, a la vez, que la destrucción de los bosques contribuye con la crisis climática. “La Argentina está entre los países con niveles más altos de deforestación”, indicó. Además, estos ecosistemas funcionan como “esponjas naturales”, lo que ayuda a la regulación hídrica con la protección del suelo. Citó un estudio del INTA que demostró que una hectárea de bosque chaqueño absorbe 10 veces más lluvia que una hectárea con soja.
¿Se puede recuperar un área de bosque deforestada? Sí, de acuerdo con Giardini. Si no se interviene en el corto plazo, según continuó, el suelo sin nutrientes y expuesto a la erosión por el sol o la lluvia (hídrica) o la salinización, ya es difícil de recuperar.
“El bosque es más que árboles –insistió en diálogo con LA NACIÓN–. Es una conjunción también de plantas y arbustos en convivencia de una enorme variedad de especies animales. Su destrucción puede subir 2°C la temperatura local, más allá de la crisis climática global.”

Cuánto dinero se asigna a proteger los bosques
$6237 millones fue la asignación presupuestaria en 2022 a la Ley N°26.331. En 2019, había sido de $596 millones
$6944 millones en concepto de fondos y bienes es lo que la Nación le transfirió a las provincias este año. En 2019, había sido $264 millones
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El Gobierno de Chubut sospecha de la intencionalidad del incendio forestal en el parque Los Alerces

Fecha de Publicación: 11/02/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Chubut


El fuego se propagó y también se encuentra afectado el Lago Cholila. Hasta el momento, la superficie afectada supera los 1.400 hectáreas
El pasado sábado por la noche se detectó un incendio forestal en el Parque Los Alerces, Chubut, y debido a las condiciones adversas se propagó a afectando más de 1400 hectáreas. Ahora, el fuego llegó al Lago Cholila y se encuentra cerca de una zona urbanizada, de manera que no descartan posibles evacuaciones en caso de agravarse la situación. Desde el gobierno nacional, se advirtió que existen evidencias de que el incendio habría sido intencional.
Mientras se propagan las llamas, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni informó que existen datos que indicarían la intencionalidad del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces. “Por ese motivo ya cursamos convocatoria a los peritos de la Policía Federal Argentina para que comiencen a trabajar para determinar el origen del mismo”, indicó el mandatario provincial.
Debido a la magnitud del incendio, el gobernador sostuvo que además de incorporar un helicóptero, también se sumaron 30 brigadistas de distintas partes del país. “Todo el recurso humano y material está a disposición del siniestro ígneo”, señaló. De esa manera, ya son más de 250 personas abocadas al operativo para combatir el incendio.
Desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se advirtió que el incendio forestal en Chubut “sigue activo y demanda un intenso despliegue en terreno”. Por tal motivo, sobre la zona operan medios aéreos aportados por el SNMF, entre ellos un Chinook (helicóptero con una capacidad de 10.000 litros), un avión hidrante, un avión anfibio, un helicóptero con helibalde y un avión observador.
En el lugar también están trabajando autobombas, camión cisterna, maquinaria vial, topadora cargadoras, motoniveladoras, camión regador, camión multipropósito, carretón. El director de Lucha contra Incendios Forestales de Parques Nacionales, Ariel Amtahuer destacó a Télam que “el incendio, en comparación a los días anteriores, está mejor. No se pueden hablar de sectores contenidos debido a que existen sectores con puntos calientes”.
De acuerdo a lo informado por Amtahuer, de las 1.400 hectáreas afectadas, 350 se encuentran dentro del área del Parque Nacional los Alerces, de manera que se controla su expansión por medio de satélites. Aún así, el fuego sigue avanzando y ya afecta al Lago Cholila donde las llamas se encuentran cerca de un barrio. Por tal motivo, los especialistas mantienen un análisis permanente ante la posibilidad de tener que evacuar a los habitantes de la zona.
Rubén Oliva, presidente de la Federación Bomberos Voluntarios de Chubut advirtió que en “Cholila está muy complicada la situación” y si bien “se trabaja con todo lo que hay pero no es suficiente”. Además, se alertó que “hay un barrio muy cerca, el fuego se está acercando a ese lugar y está complicado”.
Si bien aún no se evacuó a la gente, “de continuar las condiciones se tendrá que evacuar. Se va a evaluar la situación con personal de Bosques de la provincia, ellos están dirigiéndose al lugar”, indicó el titular de la Federación de Bomberos Voluntarios a Todo Noticias.
Pese a los intensos trabajos que se hacen en la zona, las condiciones climáticas no son favorables. “Se espera un poco de viento y lluvia que nos podría ayudar pero no más de 5 mm lo que se espera”, planteó Amtahuer. A ello, se suma que el país se encuentra en el cuarto año de “sequía pronuncia y continúa con una falta de precipitaciones muy marcada”, afirmó el viceministro de Ambiente de Nación, Sergio Federovisky.
Por tal motivo, ante la constante sequía se produce lo que técnicamente se conoce como combustible sobre el suelo, es decir, gran cantidad de materia orgánica y hojas secas que contribuyen a una rápida propagación del fuego y que en muchos casos, resulta complejo de apagar con recursos humanos.
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Argentina impulsa la trazabilidad de la soja para garantizar deforestación cero

Fecha de Publicación: 08/02/2023
Fuente: Agencia IPS
Provincia/Región: Nacional


Con mercados de exportación cada vez más exigentes como la Unión Europea y una presión social muy atenta a los criterios de sustentabilidad en la producción de alimentos, productores y comercializadores de soja de Argentina intentan avanzar hacia sistemas de trazabilidad del cultivo para garantizar que la producción provenga exclusivamente de campos libres de deforestación.
La soja es una de las mayores fuentes de proteína del sistema alimentario mundial, y tanto sus granos como sus subproductos se destinan mayoritariamente a la alimentación de animales. En Argentina es un cultivo clave y un enorme generador de divisas, ya que el país es el tercer mayor productor del mundo detrás de Estados Unidos y Brasil.
La historia de su cultivo data de principios del siglo XX, aunque su expansión ocurrió durante las últimas décadas. Mientras que en la campaña 1971/1972 se sembraron unas 80 000 hectáreas, ese número trepó a 2 millones diez años después (1981/1982), para alcanzar los 16 millones de hectáreas en 2007/2008 con precios record.
Esa expansión vino acompañada de un proceso intenso de cambio de uso del suelo que incluyó pérdida de bosques, especialmente en el bioma del Chaco argentino. Este ecosistema, el segundo más amplio de Sudamérica después del Amazonas, es uno de los 24 grandes “frentes de deforestación” a nivel global, de acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Según Greenpeace, el norte de Argentina perdió 110 000 de hectáreas de bosques en 2021. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la mitad de la deforestación en el país es ilegal: o se hace en zonas prohibidas o con “permisos flojos”.
En ese marco, avanzar con esquemas de trazabilidad que garanticen soja con deforestación cero, puede ser clave, sostiene: “El 10 % de la soja argentina viene del norte y allí hay que ver si su origen es ilegal o no. Es difícil de trazar, porque es una cadena larga y compleja y luego los puertos exportadores acumulan soja de diferentes procedencias”.

Mercados más exigentes
Sudamérica en general, y Argentina en particular, tendrán que avanzar con esquemas de trazabilidad para responder a las nuevas exigencias de Europa, uno de sus mercados de exportación. En diciembre, los legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre una normativa que intentará garantizar que todos los productos vendidos a su territorio no provengan de tierras deforestadas.
“Europa está avanzando rápido con restricciones de importaciones de productos que son hoy los grandes drivers de deforestación global: soja, carne, cacao y otros” dijo Giardini. “Si los países sudamericanos quieren mantener su modelo agroexportador, la deforestación es el principal tema a resolver en el corto plazo”, agregó.
Gustavo Idigoras es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (Ciara) y realiza el mismo diagnóstico: “Los mercados nos daban una oportunidad de desarrollar estos programas de trazabilidad como nicho de mercado, pero ya se está transformando en una condición de producción y de acceso a esos mercados y ese es un cambio trascendental”.
“Hasta ahora podíamos decidir si hacer algo o no, pero eso ya no va a existir. Si arranca Europa, siguen Estados Unidos y el Reino Unido, y atrás vienen China, India y casi todos los compradores”, agrega.
Ya existen en Argentina varias iniciativas para garantizar la trazabilidad del cultivo, tanto por parte de algunas empresas a nivel individual como otras con mirada más sectorial.
Un ejemplo a pequeña escala es el convenio entre Ucrop.it, una start-up con sede en Buenos Aires que hace seguimientos de cultivo mediante una aplicación, y la comercializadora de materias primas Viterra Argentina, que ofrece a los productores mejores precios si transparentan los datos de su producción desde la siembra hasta la cosecha en dicha aplicación.
Por otra parte, la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC), comercializadora y procesadora de soja, se comprometió a aumentar su porcentaje de producción de soja sostenible en Argentina.
En colaboración con productores locales, ha trabajado para mejorar la documentación para la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Para la temporada 2020-21, pudo certificar que 77 % de la soja procesada en el complejo General Lagos de Rosario -una de las mayores instalaciones de procesamiento de soja del mundo- era «sostenible», lo que definieron como soja producida en tierras que no han sido desmontadas al menos desde 2008.
A mayor escala, existen diferentes iniciativas de agricultura sustentable para el Gran Chaco financiadas por la Land Innovation Foundation (LIF), un fondo creado por la empresa global Cargill para buscar soluciones a la deforestación y medios de vida sostenibles.
“Nuestro objetivo es promover y apoyar soluciones innovadoras para lograr una cadena de abastecimiento de soja que sea libre de deforestación y carbono neutral”, dijo Carlos Quintela, el director de ese fondo. Cargill se ha enfrentado a reiteradas acusaciones de impulsar la deforestación y los incendios forestales, incluso en la región del Gran Chaco, como destacó un informe de 2018.
Uno de esos proyectos es desarrollado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Crea) y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) y busca avanzar hacia modelos agrícolas sustentables en todas sus dimensiones: la ambiental, la económica y la social.
El proyecto trabaja en estrecha colaboración con 100 pequeños y medianos agricultores que trabajan en 250 000 hectáreas en el Chaco, supervisando y promoviendo prácticas de intensificación sostenible que impulsen la producción en sus tierras actuales, así como la restauración de los suelos degradados.
Según explicó Federico Fritz, experto en desarrollo sustentable de CREA, esperan tener para 2024 una evaluación que les permita identificar los puntos más críticos en la producción de soja sustentable
Otro proyecto es el que lleva adelante ProYungas junto a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) en tres sitios pilotos en el Gran Chaco, que comenzó en mayo de este año y se extenderá durante 36 meses.
Entre sus objetivos están fortalecer la sinergia con las organizaciones territoriales y pasar a un desarrollo agrícola a escala del paisaje que integre los conceptos de producción y conservación.
“Buscamos una gestión del territorio pensado a la escala de paisaje, con un trabajo de medición de la huella de carbono de toda la cadena de la soja”, apuntó Sebastián Malizia, de ProYungas.

Nueva plataforma de monitoreo
El LIF también financia un ambicioso proyecto gestionado por la Ciara llamado VISEC, una plataforma de monitoreo unificado de la cadena de suministro de soja en Argentina que combina sistemas público y privado y busca poder trazar ese cultivo en áreas prioritarias de conservación en el Gran Chaco y, en última instancia, frenar la deforestación.
Lanzado en mayo de 2022, el sistema VISEC pretende reunir en una plataforma unificada los datos de seguimiento y verificación de toda la soja comercializada en Argentina, abarcando diversos parámetros y requisitos de sostenibilidad ambiental y social.
La iniciativa requerirá la participación y las contribuciones de toda la cadena de suministro, desde agricultores y comerciantes hasta las comunidades vecinas, con el objetivo de crear una base de datos transparente y de acceso público.
Para Idigoras, este programa es superador ya que va más allá de las iniciativas individuales de algunas empresas, para avanzar en un sello de deforestación cero para toda la cadena de la soja argentina.
“Ya llevamos tres años de trabajo en esta plataforma, hablamos con las entidades que representan a los 80 000 productores de soja argentina, corredores, acopiadores y cooperativas. Estamos convencidos que esto tiene que ser una acción colectiva consensuada”, dijo.
El desafío está en la implementación del sistema para cumplir lo que piden los mercados y dar “garantía real y efectiva” de trazabilidad y transparencia, sostiene Idigoras, quien apunta a lograr que todas las exportaciones de aceite, harina y porotos de soja sean 100 % libre de deforestación.
“El nivel de soja proveniente de deforestación ilegal es menor al 5% de la producción anual [en Argentina], bajo en relación a otros países. Queremos llegar al cero, por eso vamos a trabajar”, concluyó.
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Según Greenpeace, en 2022 se desmontaron más de 36 mil hectáreas en el Chaco

Fecha de Publicación: 06/02/2023
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional


Así lo revela el informe anual de la organización, donde se indica la "ilegalidad" de los desmontes ya que "se encuentran suspendidos por la justicia chaqueña desde 2020".  
El informe anual 2022 que elabora Greenpeace Argentina sobre deforestación en el norte del país indica que en esta región el desmonte alcanzó a 112.545 hectáreas, de las cuales 38.492 pertenecen a Santiago del Estero; 36.159 hectáreas al Chaco; 22.664 hectáreas a Formosa y 15.230 hectáreas a Salta.
El documento apunta a la "ilegalidad de las 36.159 hectáreas deforestadas durante 2022 en Chaco, ya que los desmontes se encuentran suspendidos por la justicia provincial desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos".
En ese sentido, la organización considera "muy preocupante el aumento de la deforestación respecto del año 2021 cuando, también ilegalmente, en la provincia de Chaco se perdieron 24.427 hectáreas de bosques nativos".
Además, califica como "grave que más del 80% de los desmontes en la provincia de Santiago del Estero fueron ilegales, ya que se realizaron en bosques clasificados en las Categorías I, Rojo y II, Amarillo, donde no está permitido".
"Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos", destaca Greenpeace en su informe anual.
Para la organización ambientalista "Argentina se encuentra en emergencia forestal", ya que "según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2021 la pérdida de bosques nativos en el país fue de cerca de 7 millones de hectáreas, una superficie similar a la de la provincia de Formosa".
Indica así que "aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa". Sobre todo –marca- en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Más de 200 mil hectáreas en el Norte
En cuanto a los incendios forestales y rurales ocurridos durante 2022, los informes oficiales que recoge Greenpeace en su reporte destacan a Salta con cerca de 95.000 hectáreas y Jujuy con aproximadamente 25.000 hectáreas quemadas.
Así, en forma preliminar, indica que "la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas sugiere que la pérdida de bosques nativos durante 2022 en el norte del país podría superar las 200.000 hectáreas".
"Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. En muchos casos es clara la complicidad de funcionarios", advierte el informe.
En esa línea, agrega: "Estamos ante una emergencia climática y de biodiversidad. Más deforestación significa más cambio climático, más inundaciones, más desertificación, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades".
Frente a esta alarmante situación, Greenpeace reclama que, en forma urgente, se prohíban y penalicen tanto los desmontes como los incendios forestales.
 
Las principales causas de la pérdida de bosques
Según Greenpeace Argentina, las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
"Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática", agrega el informe.
Recuerda, además, que "la sanción, a fines de 2007, de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas".
"Tras quince años de implementación de la normativa, todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales (Categorías I, Rojo y II, Amarillo)", resalta.
"Sin embargo –continúa-, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas clasificadas en la Categoría III, Verde, donde se permite solicitar permisos de desmonte".

Modificaciones
Por otra parte, Greenpeace sostiene que "algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte".
"Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, que según la reglamentación de la norma debe hacerse cada 5 años de manera participativa", acota el reporte.
En tanto, la organización alerta: "Si bien desde el año 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Por otra parte, en los últimos tres años aumentaron significativamente los incendios forestales".
Por último, se aclara que el presente informe "revela la superficie deforestada entre enero y diciembre de 2022 en las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta". "Es importante aclarar que no se incorporaron al relevamiento satelital las superficies de bosques nativos que fueron afectadas por incendios", concluye.

La afectación por incendios forestales
Según se desprende de los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.
Cabe aclarar que se considera incendio forestal al "fuego que se propaga libremente con efecto no deseado para la vegetación y sin estar sujeto a control humano. Cuando afecta zonas no boscosas ni aptas para la forestación, se incluye el término incendio rural, (…) afectando vegetación del tipo matorrales, arbustales y/o pastizales". Mientras que los incendios de interfase "se desarrollan en áreas contiguas urbanas-rurales o donde se entremezcla la vegetación con estructuras edilicias tales como viviendas, establecimientos agrícolas, etc".
En cuanto a las causas, se estima que "el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación".
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El gobierno de la Provincia de Buenos Aires financiará proyectos de manejo y conservación de bosques nativos

Fecha de Publicación: 07/01/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Destinará parte de su presupuesto para cumplir con la ley nacional de bosques; es la primera vez que lo hace desde su sanción hace 15 años
El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de la convocatoria para ayudar a conservar los bosques nativos. Según el anuncio, los titulares de bosques nativos, a través de un profesional habilitado, podrán solicitar fondos para formular los llamados “proyectos de formulación”. Esta herramienta les permitiría desarrollar los planes de manejo y conservación durante el plazo de un año.
El financiamiento se dirige a quienes cuenten con un predio que se encuentre incorporado en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), una norma que zonifica territorialmente a los bosques nativos existentes en cada jurisdicción según las tres categorías de conservación: roja, amarilla y verde. Aquellos podrán participar hasta el 1° de marzo a través del formulario disponible en la página web del Ministerio. En la formulación deberán describir sus bosques, la historia de uso y si se realizan actividades productivas.
“La idea es que puedan presentarse con el fin de solicitar el financiamiento para la contratación de un profesional idóneo y para la escritura de un plan de manejo o conservación. Los fondos recibidos serían para que en el plazo de un año el propietario presente el plan. Una vez aprobado, deberán presentarse en futuras convocatorias para solicitar los fondos que les permitan su concreción”, explicaron desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires a LA NACION.

¿Cómo funciona?
Los proyectos de formulación son los documentos que sintetizan la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas específicas para elaborar un plan de manejo, uno de conservación o uno de manejo y conservación. El primero tiene como objetivo asegurar que el bosque no sea sustituido y que las intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que siga manteniendo, como mínimo, los atributos de conservación. Por su parte, el segundo, deberá garantizar el mantenimiento o incremento de dichos atributos.
Mientras que los planes de manejo pueden ser presentados por titulares de bosques que se encuentren dentro de las superficies clasificadas en las categorías de conservación amarilla o verde, los planes de conservación pueden desarrollarse en bosques clasificados en cualquiera de las tres categorías. Y, por último, los planes de manejo y conservación, en establecimientos que presenten más de una.
Este anuncio se da en el marco de la ley 26.331 sancionada en 2007, también conocida como ley de bosques. Dicha normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Además, incluye un mecanismo para compensar económicamente a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos.
“El presupuesto es el 70% de los fondos de la ley de bosques. En principio, no hay un límite establecido para el financiamiento de los proyectos. La distribución del fondo es en función de la superficie del bosque y la categoría de conservación”, aclararon desde el Ministerio.
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Gran Chaco: la deforestación avanza sobre un bastión clave de la biodiversidad argentina

Fecha de Publicación: 27/12/2022
Fuente: El País (España)
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un pequeño cambio propuesto en un ley ambiental provincial podría asestar un golpe mortal al segundo pulmón verde de Sudamérica. La gestión del bosque combina impunidad con genocidio ecológico
Mientras se realizaba la COP15 para proteger la pérdida global de biodiversidad y la Unión Europea establece obligaciones legales para dejar de comerciar productos relacionados con la destrucción de los bosques, en la provincia argentina de Chaco se discute un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que pone en riesgo lo poco que resta de lo que una vez fue el Gran Chaco, el segundo pulmón sudamericano más importante después de la Amazonía.
Argentina custodia una gran biodiversidad. Por eso fue un hito la denominada Ley de Bosques Nativos, creada hace 15 años para atender la crisis que atravesaban estos ecosistemas en el país. Desde el año 2000, el bosque —presente sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa y, en menor medida, en Salta y Santiago del Estero— ha perdido más de una cuarta parte de su superficie forestal.
El OTBN chaqueño que entró en vigor en 2009 estableció tres categorías para las zonas forestales: Roja-I, para áreas de alto valor de conservación que no deben ser transformadas; Amarilla-II, de mediano valor de conservación, que pueden ser degradadas pero siempre y cuando se realicen actividades adecuadas de restauración; y Verde-III, de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas parcial o totalmente.
“El avance de la frontera económica sobre los bosques nativos se da hace décadas a través de la presión de tres sectores: el forestal maderero que extrae tanino, principalmente; el agroganadero que busca plantar soja, maíz y algodón; y el inmobiliario, que lotea los campos a través del Instituto de Colonización”, explica en entrevista a América Futura Matías Mastrángelo, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina (CONICET).
La actualización del OTBN desató la polémica ya que busca habilitar cambios de usos de suelo de categoría Amarilla-II en los departamentos de Almirante Brown, Güemes y San Martín —en el norte de la provincia—, disminuyendo así los estándares de protección vigentes sobre una región boscosa de más de 300.000 hectáreas, superficie equivalente a la mancha urbana de ciudades como Lima o Madrid.
“Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal. El hecho de que en el nuevo mapa se pintaran estos espacios en blanco, como si los bosques nunca hubieran existido, permite pensar que tampoco existió la deforestación, por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurar algo que nunca existió”, señala.
Paradójicamente, el ministerio de Ambiente de Chaco no es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, sino que esta depende del ministerio de Producción. “Igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales”, comentó Tomás Camarasa, quien está al frente de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del ministerio de Ambiente de la provincia.
A pesar de que el nuevo mapa regresivo fue elaborado por una mesa técnica en la que participaban principalmente actores del sector agro-forestal, con poca participación de los pueblos indígenas y sector científico, la movilización de ONGs como Somos Monte Chaco logró que de momento no haya fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la llamada “Ley de OTBN” en la legislatura provincial.

Parece calor, pero es desmonte
De norte a sur de la Argentina, la crisis climática se hace sentir en forma de desertificación en el Gran Chaco, olas de calor en el centro del país e incendios en Tierra del Fuego. Actualmente existe muy poca agua en el Río Bermejo que atraviesa la provincia de Chaco abasteciendo a distintos acuíferos, y la poca que resta se encuentra contaminada por la presencia de cianobacterias, otro efecto del cambio climático que ya produjo inundaciones que afectaron a localidades chaqueñas como Castelli a principio de año.
“Este año prácticamente no hubo un aporte de agua de deshielo hacia Chaco desde la sierra de Santa Victoria [en la zona norte de la provincia de Salta], que es donde nace el Río Bermejo, a causa de la poca formación de hielo por el calentamiento global”, comenta Camarasa. “Las cianobacterias son una consecuencia directa del cambio climático en la provincia, y vemos un panorama donde esto posiblemente siga en aumento. Tenemos que buscar la manera de reducir la deforestación para mitigar el impacto de la crisis climática en Chaco”.
Consultado respecto a las denuncias realizadas por parte de la sociedad civil y una reciente polémica en Twitter con Greenpeace a raíz del nuevo OTBN, el gobernador Jorge Capitanich contestó que “el gran déficit que tenemos hasta el momento para revertir esta situación es la falta de financiamiento y la falta de apoyo para conseguir esos fondos”. Y añade: “Pero creemos que estamos trabajando en la dirección correcta para consolidar alternativas que permitan proteger a los ambientes nativos con la gente adentro. Continuaremos trabajando para estar a la altura de este cambio de paradigma que entiende que ‘sin justicia ambiental no hay justicia social’, el cual es impulsado no solo desde los Gobiernos, sino principalmente de la sociedad civil y el territorio”.
Desde Buenos Aires, la directora ejecutiva de Greenpeace para región Andina, Natalia Machain, dijo que “los Gobiernos argentinos desde la década de 1990 hasta acá no tuvieron una política ambiental seria. Y hoy llegó el momento de reflexionar sobre eso. En Chaco desde 2007 a la fecha se perdieron medio millón de hectáreas, la mitad de forma ilegal e irregular. La propuesta actual del gobernador, Capitanich, consiste exactamente en eso: blanquear, perdonar todos los desmontes ilegales realizados y dar luz verde para el acabar con otro millón de hectáreas más”.

Servicios ecosistémicos o campos desiertos
El avance inmobiliario sobre el corredor biológico del Chaco seco genera “campos vencidos”, según los indígenas wichí, dado que se trata de una zona muy impredecible donde fallan los cultivos y las pasturas por falta de agua, por lo que las comunidades expulsadas del monte terminan segregadas en la periferia de los pueblos.
“La pérdida de especies de flora y fauna no solo afecta a comunidades originarias que dependen del bosque como su supermercado o farmacia. La ausencia del yaguareté, el pecarí quimilero y el tatú carreta y otras especies endémicas del Chaco y en riesgo de extinción, anula la posibilidad de un ecoturismo que atrae a visitantes de todo el planeta”, denuncia el investigador del CONICET.
El nuevo mapa propuesto para la actualización del OTBN contempla un polémico polígono denominado JUANA con espacios pintados de blanco, que para el investigador Mastrángelo es como si los bosques “nunca hubieran existido”. “Por tanto no habría sanción ni necesidad de restaurarlo. Eso no solo va en contra de la ley nacional y el principio de progresividad ambiental, sino que condona el desmonte ilegal”.
Sin embargo, la ingeniera agrónoma Julieta Rojas del INTA y el Observatorio de Degradación de Tierras y Desertificación explica que los suelos del oeste del Chaco sometidos a deforestación para uso agrícola pierden calidad física y química en un plazo muy corto de tiempo. “Principalmente carbono orgánico; se puede perder hasta en un 40%. Y es clave para mitigar el cambio climático y su pérdida acelera el calentamiento global y los procesos de desertificación. Por otro lado, los suelos deforestados se compactan respecto al monte nativo, disminuyendo así hasta cuatro veces la infiltración del suelo del monte, por lo que es más fácil que se produzcan inundaciones cuando llueve”.

Ir más allá de las ideologías estancadas
Para Mastrángelo existen actividades productivas compatibles con el mantenimiento del bosque que tienen un potencial enorme, pero nunca han recibido apoyo del Gobierno para que puedan ser llevadas a un nivel lo suficientemente beneficioso. “La apicultura, el ecoturismo y hasta la misma extracción forestal de determinadas maderas se pueden hacer de forma sostenible si se respetan los tiempos de regeneración, cosa que no hacen las empresas actualmente”, explica uno de los científicos que mejor conoce el problema socioambiental chaqueño.
Capitanich comenta que de aquí a 50 años visualiza un Chaco con plena recuperación de sus bosques nativos y ambientes degradados a través de la consolidación de mecanismos de pago por servicios ecosistémicos como el proyecto Eco-Token que, si bien es incipiente, tiene potencial de modificar sustancialmente la matriz socio-productiva de la provincia, ya que a través de un sistema de trazabilidad con blockchain podría asegurar que fondos generados vayan directamente a impactar positivamente en las comunidades locales que protegen esos bosques.
El gobernador de Chaco explica que están discutiendo reformas para endurecer sanciones y controles, y que seguirán reclamando al Gobierno nacional por la integración total del fondo para la conservación y protección del ecosistema, según lo determina la ley nacional: “De cada 1.000 hectáreas de bosque que la ley nos obliga a proteger, solo se nos asignan los fondos correspondientes a 100 de ellas, y ello convierte a la ley en un instrumento legal de prácticamente imposible cumplimiento en las 900 hectáreas restantes”.
“Argentina está inserta en un mundo acelerado y en un planeta en colapso”, concluye Machain. “Necesita estar mejor parada para lo que se viene. Hay que dar un salto de calidad en nuestro debate. Sostener que la destrucción de la naturaleza nos hará menos pobres es un argumento enlatado y falaz, pero, más que nunca, antiético, y contrario a la realidad y las leyes. Es responsabilidad del propio Estado y sus funcionarios que se completen los fondos necesarios para la protección de los bosques”.
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Desmontes en Chaco: en el Conicet denuncian que quieren deforestar un corredor biológico

Fecha de Publicación: 17/12/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Chaco


Advirtieron que el gobierno de Capitanich elevó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para eliminar la protección del Corredor Biológico del Chaco Húmedo.
En sensación térmica y materia medioambiental, Chaco arde. Greenpeace acaba de acusar al gobernador Jorge Capitanich de habilitar la deforestación de 1 millón de hectáreas de bosques nativos y de "perdonar" a quienes ya desmontaron.
Pero a esa polémica mayor por la discusión legislativa del decreto provincial 2157, que dispone un nuevo ordenamiento territorial para cumplir con la Ley de Bosques, ahora suma calor un grupo científicos del Conicet, que alertan sobre un nuevo proyecto que apunta a lo mismo: deforestar.
Es el Nº 3258 y fue presentado este martes por el diputado Juan José Bergia. Del Frente de Todos, es uno de los legisladores con más años de mandato en esa provincia.
La buena noticia para los 1.000 investigadores que en septiembre ya habían presentado una nota a Capitanich en la que expresaron la "más profunda preocupación ante la regresión ambiental de los bosques nativos" y se pusieron a disposición "para trabajar en conjunto por un avance en la conservación y el desarrollo sostenible", es que no hay fecha de tratamiento para ninguna propuesta dentro de la la llamada "Ley de OTBN". Al menos, hasta el año que viene.
¿Qué es OTBN? En el artículo 4° de la Ley 26.331 se define al Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo (OTBN) como la norma que, basada en diez criterios de sustentabilidad ambiental, zonifica territorialmente los bosques nativos en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación. Pero el alerta, para los científicos, existe si siguen presentándose planes de desmonte.
"El nuevo proyecto propone eliminar la protección de los bosques del Corredor Biológico del Chaco Húmedo. Pretende ir hacia atrás en la conservación de los bosques y eliminarlos, aún en áreas que están dentro de corredores biológicos, claves para la conservación de la biodiversidad chaqueña y, como se demostró recientemente, para algunas especies en grave peligro de extinción, como el yaguareté", explica a Clarín Micaela Camino.
Es la bióloga, investigadora y conservacionista que en abril fue distinguida en Londres con un prestigioso premio conocido como el "Oscar Verde" por su trabajo para salvaguardar el bosque del Chaco seco.
¿Cómo es esta zona y por qué es importante? Los bosques de la región chaqueña regulan lo que en la jerga ambiental se llama "sistemas ecosistémicos clave": de ellos dependemos para la regulación del clima, para garantizar la perpetuidad (fertilidad) del suelo y la perpetuación de especies animales.
"Ya estamos viendo las consecuencias en el clima", advierte la ecóloga del Conicet.
Además, ahí viven familias campesinas, indígenas y criollas. Subsisten de la naturaleza y se verán forzados a desplazarse cuando avance el desmonte. Desde lo económico, asegura que "ni siquiera es bueno para el desarollo en el corto plazo". Porque, desde la Ciencia, "ese suelo no rinde".
El "negocio", alega, no sería para el crecimiento del país sino del "sector inmobiliario" y el agronegocio exportador. "Con este tipo de iniciativas, al pasar por el legislativo y no por el Ejecutivo, se puentea la Ley de Bosques. Y lo más grave es que se está dejando afuera a la sociedad, cuando lo mejor es incluirla en las decisiones que nos afectan a todos".
Ante la pregunta de por qué es tán importante esa nueva zona en disputa en realidad, la bióloga apunta a lo más general. "Todos los bosques del chaco en este momento los necesitamos para regularnos. Para empezar, los estamos perdiendo a una de las velocidades más rápidas del mundo".
Camino, al frente de esta lucha contra la deforestación, marca una salida: "Firmar un compromiso con el sector agroproductivo industrial exportador, que dice que necesita estas zonas, aunque hay un montón ya desmontadas donde se podría sembrar, para un ordenamiento de bosques nativos, donde se pueda delimitar 'acá se puede desmontar y acá no'. En caso contrario, si ya tenés un área protegida, no se puede ir en desmedro de esa protección".

La respuesta del Gobierno chaqueño
Marta Soneira es la ministra de Estado Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia del Chaco y dice a Clarín ?que "los científicos del Conicet tienen razón".
Es un proyecto que "carece de validez", dice, porque no cumple con los requerimientos de actualización técnicos ni la normativa vigente. Es que el Estado provincial (Ejecutivo) debe elevar la propuesta de ley.
"Desde el Ministerio de Ambiente hemos remitido a secretaria general de la provincia un proyecto progresivo en favor del ambiente que aumenta las áreas protegidas, garantiza los corredores de biodiversidad del Chaco seco y Chaco húmedo y define un área específica para la producción agrícola, además incorpora categoría amarilla con mayor monitoreo y restricción de los humedales y el impenetrable chaqueño", diferencia Soneira.
En el Chaco el órgano de aplicación de la ley de protección ambiental de bosques nativos es el Ministerio de Producción Industria y Empleo. El ministerio de ambiente no tiene poder fiscalizador.
"Estamos muy preocupados por el aumento y las tasas de desmonte actuales, pese a que en la provincia rige una medida judicial que no habilita los cambios de uso de suelo. Por eso, aunque no podamos fiscalizar, igualmente hemos creado una oficina de monitoreo permanente para la detección de desmontes ilegales", cierra.
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Las deudas ambientales de Argentina en 2022: incendios y sequía intensa, conflictos con los pueblos indígenas y creciente deforestación

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Mongabay
Provincia/Región: Nacional


“La agenda ambiental también debe ser productiva. En el país y la región en la que vivimos cinco de cada diez niños y niñas están bajo niveles de pobreza. La única solución para salir de ese nivel de oprobio es la producción, pero hay que entender la necesidad de modificar métodos productivos que ya no pueden ser los del siglo XX”, dice Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, quien apunta de manera directa al eje central sobre el que ha girado prácticamente todo lo ocurrido en materia ambiental en Argentina durante el 2022.
La meta productiva responde a una razón muy concreta: Argentina debe afrontar el pago de una deuda de 44 000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), obligándose a un duro ajuste del gasto fiscal y a una desesperada recaudación de divisas a través de la exportación.
El resultado puede verse detrás de varios de los sucesos que marcaron el calendario del año. Desde la proliferación de incendios a las discusiones en torno a la tan esperada actualización del ordenamiento territorial de los bosques nativos en áreas tan sensibles y vulnerables como el Gran Chaco; y de la nueva prórroga en el tratamiento de la ley de humedales en el Congreso a la reanudación de obras de energía hidroeléctrica de elevado impacto ambiental. También están los cada vez más frecuentes conflictos con las comunidades de pueblos originarios que reclaman la devolución de sus territorios ancestrales y los constantes incentivos a los proyectos agroindustriales, ganaderos, mineros o de extracción de hidrocarburos a costa de los daños ambientales generados a diversos ecosistemas.
Además, y por tercer año consecutivo, el fenómeno climático de La Niña ha hecho sentir su influencia, extendiendo una situación de sequía que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas y la economía nacional. El último informe de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria eleva a 163 millones de hectáreas la superficie afectada por la escasez de lluvias, lo cual hace peligrar la cosecha en 3,45 millones de hectáreas de trigo. Un estudio del Movimiento CREA, organización de empresarios agropecuarios, estima en 2500 millones de dólares las pérdidas que provoca dicha situación. El déficit que produce esta falta de agua es, paradójicamente, la gota que colma el vaso de las urgencias y agita el debate entre producción (o desarrollo económico) y conservación de los espacios y recursos naturales.

Lo malo: tierra quemada y una ley que no termina de aprobarse
Entre 2021 y 2022, el fuego afectó a más 1,8 millones de hectáreas en 23 de los 24 distritos del país (solo la ciudad de Buenos Aires se mantuvo a salvo). Este año todo comenzó en enero en la provincia de Corrientes, donde los incendios arrasaron el 12 % de la superficie provincial según el informe de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se extendieron hasta diciembre, cuando ardieron más de 8000 hectáreas en Tierra del Fuego para casi duplicar en 2022 las áreas quemadas un año antes.
Las causas de semejante proliferación de incendios son múltiples y el incremento en un 3000 % del presupuesto asignado al Sistema Nacional del Manejo del Fuego se ha demostrado inútil para reducir los focos de calor y actuar en cuanto saltan las primeras chispas. El cambio climático, la disminución de la capa hídrica, escasa prevención y medios limitados para actuar en cuanto se esparcen las primeras llamas son solo algunas de las razones, aunque una destaca por sobre las demás: la intencionalidad relacionada con la quema de pastos para la actividad agropecuaria o los emprendimientos inmobiliarios.
Entre agosto y octubre, Rosario —segunda ciudad argentina por número de habitantes— quedó envuelta en gruesas nubes de humo como resultado de los fuegos encendidos en las islas del Delta del río Paraná, ubicadas en la orilla oriental del cauce fluvial. Durante varios días y según la dirección del viento, las cenizas invadieron el aire complicando la respiración y causando innumerables problemas de salud, en una situación que se viene repitiendo año tras año al llegar la temporada de renovación de los brotes que alimentan el cada vez más abundante ganado vacuno.
El crecimiento del número de cabezas y la disminución de la humedad derivan en fuegos que escapan al control. “Antes no pasaba nada por encender un fósforo, pero ahora se incendia todo por el cambio climático”, subraya Graciela Camaño, diputada nacional por la coalición opositora Consenso Federal, en diálogo con Mongabay Latam.
“Hay un entramado de mucho poder y complicidad con los tenedores de esos campos, de quienes entregan los permisos para tener ganado en ellos, de la Justicia y del poder económico que es necesario desarmar”, denuncia el ministro Cabandié. En 2020, su ministerio presentó una demanda contra algunos de los dueños de tierras donde se detectaron incendios, pero la causa se mantiene detenida en los tribunales de Entre Ríos, provincia a la que pertenecen las islas.
“El problema más grave es que año tras año se produce un impacto acumulado de los incendios”, explica Raúl Montenegro, biólogo, profesor en la Universidad de Córdoba y Premio Nobel Alternativo en 2004. “Así, en mi provincia las más de 10 000 hectáreas quemadas este año deben sumarse a las 50 000 de 2020 y 2021”, continúa Montenegro, quien añade al deterioro “los desmontes [deforestación] realizados en ese mismo tiempo y la destrucción de la biodiversidad por aplicación masiva de plaguicidas”.
Muchas otras áreas del país padecieron fuegos, pero lo acontecido en Iberá y el Delta reavivó la presión para sancionar o aprobar la muy postergada Ley de Humedales. La idea de promulgar una norma que otorgue un marco general para la protección de dichos ecosistemas (cubren el 21 % de la superficie argentina) lleva diez años de intentos frustrados y 2022 no fue la excepción. Pese a la presentación de una decena de proyectos, el tema fue sufriendo dilaciones en su tratamiento en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados.
“El agronegocio, la minería y los desarrollos inmobiliarios son los lobbies que actúan detrás de los legisladores e impiden avanzar. La explotación del litio en los salares es el tema que más preocupa a las provincias del norte; y el agronegocio, a las mesopotámicas y pampeanas”, explica Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Política del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands International.
El 10 de noviembre se logró un consenso para que el tema pueda ser debatido en las sesiones de la Cámara, pero finalmente no fue objeto de debate en sesión abierta.

Lo preocupante: proyectos económicos polémicos
“Todos celebran la aparición de los yaguaretés como algo virtuoso pero hay representantes de sectores que no vinculan su conservación con la preservación de los bosques nativos en pie. Hay que cambiar los paradigmas de producción y aprender a tener una mirada distinta”, afirma Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Chaco.
Los discursos favorables a una transformación en la manera de producir se multiplican y existen funcionarios públicos y legisladores que apoyan con decisión ese camino, pero 2022 deja demasiados ejemplos en dirección contraria que abren un panorama de preocupación. Aquí se exponen solo tres.
Primero está el proyecto de ley de fomento agroindustrial, una norma pendiente de sanción en el Congreso cuya meta declarada por el gobierno nacional en su presentación es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. La ley contemplaría, entre otras medidas, beneficios fiscales para la compra de semillas transgénicas y fertilizantes y ampliar la frontera agropecuaria para alcanzar los 200 millones de toneladas de granos de exportación. “Es un plan que sigue profundizando el modelo agroexportador y el lobby de las empresas monopólicas”, se queja Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, organización que agrupa a productores de la agricultura familiar.
El proyecto choca con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos por el país. “El aumento previsto de la producción va en franca oposición con la meta de carbono neutralidad a 2050”, asegura María Marta Di Paola, magister en Relaciones Económicas Internacionales. Los diferentes usos de la tierra representan en la actualidad el 37 % de las emisiones argentinas, de acuerdo al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 2019, último disponible, y la previsión de expandir todavía más la actividad pone en duda el cumplimiento del objetivo más allá de las promesas de la aplicación de alta tecnología para lograrlo.
Por otro lado están las polémicas prospecciones sísmicas de hidrocarburos en el Mar Argentino. Un año después de que una medida cautelar frenara el comienzo de las tareas autorizadas por el gobierno en busca de gas y petróleo a unos 300 kilómetros de las costas de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto esa sanción. “El fallo es una condena para el Mar Argentino porque ignora los fundamentos que demuestran la afectación directa de esa actividad sobre el clima, la biodiversidad marina y las comunidades”, sostiene Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de la organización Greenpeace. La decisión judicial habilita a la empresa noruega Equinor, encargada de las prospecciones, a iniciar las mismas más allá que la batalla judicial pueda proseguir en instancias superiores. El área prevista para las tareas es zona de paso durante las migraciones anuales de la ballena franca austral (Eubalaena australis), entre otras muchas especies habitantes de la plataforma.
La siguiente decisión controvertida del gobierno pasa por la reanudación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en el río Santa Cruz a partir de un reciente acuerdo entre los gobiernos de Argentina y China, país al que pertenece la principal empresa constructora. “Nunca fue una obra que tuviera urgencia energética, no es prioridad a nivel nacional y está avanzando a medias porque una de ellas —la Kirchner— se encuentra parada ya que hubo un error de cálculo al elegir el sitio de emplazamiento y deben modificarlo”, resume Sofía Nemenmann, cofundadora de la plataforma Río Santa Cruz Sin Represa.
La construcción de las represas ha sido blanco de críticas desde el primer momento, y estas se agudizaron el año pasado cuando quedó en evidencia la escasa fiabilidad de los estudios de impacto ambiental. “La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica que elabore un informe y este fue lapidario. Indica que no hay estudios idóneos acerca de las fallas geológicas que atraviesan el río ni información suficiente para considerar los efectos que sobre esas fallas puede producir el peso del agua del nuevo lago que surgirá con la represa”, señala Nemenmann.

Lo peor: la eterna marginación de los pueblos indígenas
El 4 de octubre las fuerzas federales desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de San Carlos de Bariloche. El procedimiento incluyó la detención y traslado a dependencias policiales de mujeres (una de ellas embarazada y a punto de parir) con sus hijos y terminó motivando la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad.
Varios meses antes, en Andalgalá, Catamarca, al otro extremo de la cordillera andina, la policía local reprimía con balas de goma las protestas de los vecinos contra las tareas de factibilidad del proyecto Agua Rica-MARA, una mina de cobre, oro y plata a cielo abierto sobre las faldas del cerro Aconquija a la que se oponen desde hace una década vecinos y comunidades indígenas diaguitas que habitan la zona. A su vez, en el altiplano de Jujuy la comunidad indígena Collamboy denunció la “usurpación de tierras de pastoreo tradicional” por parte de la empresa Transnacional Minera de Litio Australes S.A. y el gobierno provincial.
Una vez más, 2022 se vio salpicado de conflictos socioambientales y malas noticias provenientes de distintos puntos del país donde viven comunidades de pueblos originarios. “De norte a sur padecemos un ‘terricidio’ que asesina todo tipo de vida”, enfatiza Evis Millán, activista del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.
Con diferentes características según se trate de las regiones cordilleranas, el Chaco o las provincias del centro del país, las comunidades comparten un punto en común en sus demandas: “El modelo megaextractivo que quieren imponernos a cualquier costo no es compatible con nuestras formas de vida, donde el agua y los cerros son centrales para la producción y la vida y no mercancías para explotar”, dicen desde Catamarca los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita. “Detrás de la militarización de nuestras tierras hay intereses inmobiliarios, mineros y de la industria forestal”, denuncia Millán, integrante de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, en la Patagonia central.
Las respuestas ante una situación que no es novedosa han sido escasas. La más llamativa fue el lanzamiento en noviembre del Frente Indígena Plurinacional, una mesa de diálogo que intenta acercar a representantes de los antiguos habitantes de la Argentina y los órganos de decisión política con el objetivo de legislar “con los pueblos originarios y no para ellos”.
La iniciativa, sin embargo, cuenta con resistencias desde su nacimiento. “Se nos hace difícil creer en un Estado que desde hace siglos sigue manejando la misma política de genocidio”, apunta Evis Millán. En 2022 la lucha de los mapuches generó escaramuzas cada vez más frecuentes y violentas. Nada hace suponer que el año próximo pueda ser diferente.

Lo reiterativo: la deforestación que no cesa
El último dato oficial conocido este año, aunque relativo a 2021, fue una vez más categórico: el 54 % de las superficies deforestadas pertenecían a zonas categorizadas como “rojas” o “amarillas” según los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN) de las respectivas provincias donde sucedieron. Es decir, áreas donde está prohibido realizar algún tipo de actividad productiva o las mismas deberían realizarse sin tocar un solo árbol. En ambos casos, lugares donde deforestar está fuera de la ley.
Tal como viene sucediendo desde comienzos de este siglo la región del Chaco argentino sufre las mayores consecuencias de una práctica que ni la Ley de Bosques de 2007 ni las autoridades nacionales o locales implicadas logran detener. Este año, las mayores discusiones tuvieron lugar en la provincia del Chaco, donde después de casi una década de demora continúa sin ser actualizado el citado OTBN.
“A pesar de la sentencia judicial que ordena frenar los desmontes [deforestaciones] y solucionar los graves problemas detectados, 2022 fue el año que más deforestación registró desde 2018 y en el que más desmontes ilegales se registraron”, denunció el pasado 7 de diciembre la organización Somos Monte, luego de la presentación de una nueva propuesta de mapa de ordenamiento de bosques por parte del Estado que, en opinión de dicho colectivo, incumple con varias pautas de legitimidad.
La anterior, firmada por el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, ya había recibido una auténtica catarata de críticas. “Se reduce el valor de conservación de más de 300 000 hectáreas de bosques nativos; se permite el desmonte de hasta un 20 por ciento de las propiedades en zonas amarillas, violando la ley nacional; tampoco se sanciona a quienes deforestaron de manera ilegal ni se les obliga a restaurar el bosque; la mesa que elaboró la propuesta estaba compuesta solo por representantes industriales de los sectores agropecuario y forestal y casi no hubo consulta pública como establece la ley”, resume Matías Mastrángelo, uno de los mil científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que en noviembre elevaron una carta al mandatario provincial para solicitar que retirara su propuesta y abriera el debate a toda la sociedad.
“Hay que ser honestos. En los últimos dos años hemos tenido 26 000 hectáreas deforestadas de forma ilegal y es algo que nos preocupa”, dice Marta Soneira, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia, quien aboga por mejorar los mecanismos de control pero acepta que en el nuevo OTBN “todavía no se plantea una política de deforestación cero, aunque se aumentan las zonas rojas (de prohibición total) y amarillas (de producción ligada a conservación del ambiente nativo).
Lo que sucede en Chaco, en todo caso, no es una excepción. En Salta tampoco se ha logrado llegar a un acuerdo para actualizar el mapa con un nuevo ordenamiento y a nivel nacional el presupuesto asignado a la Ley de Bosques para 2023 es apenas de un 10,35 % de lo que establece la propia norma legal. Una demostración cabal de que para las autoridades argentinas la conservación sigue estando muy lejos de ser una prioridad.

Lo bueno: más áreas protegidas y reintroducción de especies
Un nuevo parque nacional, la ampliación de otros dos, el dictamen favorable para la creación de una cuarta área protegida que seguramente se concretará en 2023 y la aparición simultánea de dos machos adultos de yaguareté (Panthera onca) en el Chaco se convirtieron en pequeñas perlas dentro de un año particularmente difícil para la conservación en Argentina.
“La realidad es que en los últimos 20 años se sostuvo una política de Estado respecto a la creación de nuevos parques nacionales con el apoyo de todos los bloques políticos y el respaldo en base a consensos de las provincias y sus legislaturas”, sostiene Federico Granato, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), y en ese sentido destaca lo ocurrido con Ansenuza, el humedal salobre más grande del continente: “Su creación como parque es un ejemplo de cómo proceder para el nacimiento de un área protegida. Trabajamos junto con los Intendentes locales, las ONG que canalizaron los aportes de los donantes y las comunidades vinculadas al territorio y al entramado que compone su diversidad natural y cultural”, señala Granato.
Más de 300 especies de aves se reúnen cada verano en Ansenuza, un lago endorreico situado en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Su acceso al grado máximo de protección ambiental está directamente ligado a la ampliación en 8000 hectáreas del Parque Nacional Aconquija, ubicado casi 800 kilómetros al norte, en Tucumán, ya que en sus cerros nacen varios de los cauces que forman la cuenca del río Salí-Dulce, principal afluente de Ansenuza.
También el Parque Nacional Pre-Delta, en la provincia de Entre Ríos, aumentó su tamaño al añadir una barranca que ayuda a conformar corredores biológicos que permiten comunicar especies de flora y fauna de diferentes regiones ecosistémicas como la chaqueña y la selva misionera. A corto plazo se espera la aprobación de la Laguna del Palmar, junto al río Paraguay en la provincia del Chaco, como nueva área protegida; y la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, sobre el río Paraná.
Los dos yaguaretés que distintas cámaras-trampa lograron captar en el norte del Chaco fueron a su vez la gran sorpresa del año. Con una estimación de apenas unos 15 ejemplares en toda la región, la aparición de estos individuos alienta la esperanza de aumentar la presencia del tigre americano en una zona donde su papel como depredador tope resulta indispensable para el equilibrio de la biomasa.
El hallazgo del primer nido de águila viuda (Spizaetus melanoleucus) en un área protegida de Misiones; y el registro en el Parque Nacional Iguazú de un ejemplar de ala rojiza (Myiozetetes cayanensis), ave cuyo límite sur de distribución estaba hasta la fecha situado en Brasil, se suman al apartado de buenas noticias en cuanto a conservación de la biodiversidad.
Por otro lado, la presentación de la primera Estrategia Nacional sobre especies exóticas invasoras fue celebrada como un acontecimiento para quienes se dedican a combatirlas. “De norte a sur tenemos especies exóticas; empezando por el ligustro en Jujuy que empobrece la selva y le quita recursos a los pueblos indígenas hasta Tierra del Fuego, donde nos encontramos con la problemática ambiental y económica del castor y el visón americano”, señala Sergio Zalba, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en la elaboración de la estrategia.
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El Programa Provincial de Bosques Nativos fue auditado por Nación con resultados satisfactorios

Fecha de Publicación: 16/12/2022
Fuente: Gobierno de San Juan
Provincia/Región: San Juan


Diferentes trabajos desarrollados por la Secretaría de Ambiente a través de la implementación de distintos programas en materia de conservación y manejo de bosques nativos fueron evaluados.
En el marco del Programa Provincial de Bosques Nativos la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable recibió un equipo conformado por técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a fines de noviembre.
Entre las actividades que se concretaron durante la visita, se mantuvo una serie de reuniones y auditaron diferentes proyectos de manejo y conservación de bosques, en diferentes puntos de la provincia.
Uno de los objetivos de la auditoría fue compartir y discutir los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la formulación y monitoreo de planes entre personal de los organismos gubernamentales involucrados en la gestión de la Ley. Para ello, fueron visitados un proyecto del departamento Calingasta, y tres de Manejo Sustentable en el departamento 25 de Mayo. En la zona sureste de la provincia, los pobladores y técnicos manifestaron su satisfacción respecto a los beneficios económicos que brinda la Ley de Bosques y la importancia que estos aportes le significan.
El segundo gran objetivo de esta auditoría fue mantener una reunión organizada por el consejo consultivo local donde se trataron medidas para la correcta implementación del Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ para el período 2014-2016 del Fondo Verde del Clima.
En esta actividad, los auditores destacaron el vínculo generado por el Estado con los poseedores de bosque nativo y su incorporación a la nueva convocatoria de planes.
En el departamento 25 de Mayo, los equipos técnicos ambientales de la provincia y Nación, mantuvieron un encuentro con mujeres de la Cooperativa Martina Chapanay quienes expusieron la propuesta presentada y firmaron un consentimiento para que la Dirección de Bosques Nativos de la Provincia sea el equipo técnico formulador del proyecto por el Programa Productoras de Bosques Nativos.
Durante la visita realizada a la cooperativa situada en la localidad de Encón, surgieron algunas ideas sobre la importancia de generar un punto de venta que permita al emprendimiento exponer y posicionar sus productos frente a un mercado mayor.
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Chaco aprovecha el Mundial para tratar de dar luz verde al desmonte

Fecha de Publicación: 14/12/2022
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Chaco


La Legislatura chaqueña está a punto de habilitar nuevas áreas para el desmonte. “La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad”, explica Micaela Camino, bióloga, investigadora del Conicet y premio Whitley, Proyecto Quimilero.
Aprovechando el Mundial y la increíble actuación de nuestro equipo, está a punto de discutirse en la Legislatura del Chaco un proyecto de ley que pretende habilitar nuevas áreas para desmonte. O sea, bosques que hoy en día están protegidos podrían ser completamente eliminados, desmontados. Es necesario evitar que esto suceda.
La evidencia científica es suficiente para afirmar que los bosques chaqueños son clave para el mantenimiento de la biodiversidad, incluso de especies amenazadas y que son monumentos provinciales o nacionales, como el yaguareté o el pecarí quimilero. Además, estos bosques son necesarios para conservar la fertilidad de los suelos y a la regulación climática. De hecho, el fuerte calor que atravesamos estos días es en gran medida consecuencia de los bosques que perdemos en la región chaqueña y resulta claro que las consecuencias del desmonte nos afectan a todos. Avanzar con el desmonte nos pone en riesgo ambiental y climático.
 Además, familias indígenas y criollas campesinas viven en los bosques y utilizan sus maderas, forrajes, alimentos y medicinas. Estas familias son desplazadas por el avance del desmonte. Ni las familias locales ni otros sectores de la sociedad han sido consultados respecto a la propuesta de avanzar con los desmontes. Esto va contra leyes y convenios internacionales, que preveen participación social en decisiones ambientales (Ley Nacional de Bosques, acuerdo de Escazú, Convenio Internacional OIT 169 para pueblos indígenas).
En Chaco tenemos una riqueza biológica y cultural maravillosa, con el bosque seco tropical/subtropical más grande del mundo. El desarrollo verdadero solo será posible si conservamos nuestra diversidad y respetamos nuestras leyes. Por eso espero que la Legislatura de la Provincia del Chaco no de tratamiento a este proyecto de ley, que no haya más intentos de aumentar las áreas habilitadas para desmonte en la provincia y que encontremos la manera de tener cero desmontes y un verdadero desarrollo. Y, además, espero que podamos disfrutar del maravilloso mundial sin tener que salir a marcar posiciones políticas en órsay; recordando que solo en 2021 perdimos en el país unas 12 canchas de fútbol por hora pero sabiendo que podemos revertir y ganar este partido.
El Mundial es justo lo que necesitaba: sacar toda la pasión, sentir que se me va la vida si entra o no la pelota en la red. Soy investigadora científica y, al trabajar en investigaciones relacionadas a la conservación y desarrollo sustentable, muchas veces tengo que tocar temas dolorosos o preocupantes. Pero en el Mundial no. En el Mundial me prometí que iba a trabajar tranquila en mis artículos científicos, sin mayor atención a problemas urgentes y graves con los que tengo que lidiar cada día. Pensé que, solo por lo que durara el mundial podría tener ese privilegio y tomarme unos días de camiseta, alegría y pasión. Pero, lamentablemente, me encuentro nuevamente envuelta en problemas relacionados a la conservación de nuestros bosques.
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