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La Pampa: proyecto para regular plaguicidas no agricolas
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Berhongaray elevó un proyecto de ley para regular el uso de plaguicidas
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
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Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Martín Berhongaray, diputado provincial por el Frepam, ingresó al cuerpo legislativo provincial un proyecto de ley que busca dar un marco regulatorio al uso y venta de plaguicidas y tener así un control sobre este tipo de productos químicos que, sin el debido cuidado, pueden ser perjudiciales para la salud de los vecinos como para el medioambiente.
La utilización de plaguicidas de uso domiciliario, como así también otros productos químicos que sin el debido cuidado pueden ser nocivos tanto a la salud humana como así también al medio ambiente, es un tema recurrente en la agenda socioambiental argentina que, en los últimos años, también comenzó a hacer eco en las discusiones políticas de diferentes niveles del Estado.
La falta de regulación sobre la cantidad de insumos químicos que se utilizan para controlar las plagas y la preocupación expresada por vecinos y organizaciones ambientalistas respecto a las consecuencias sobre la salud de los pesticidas reactualizaron también el debate a nivel legislativo.
En ese contexto, el diputado provincial por el radicalismo, Martín Berhongaray ingresó a la Cámara de Diputados de nuestra provincia un proyecto de ley destinado a regular las tareas vinculadas a la venta y aplicación de plaguicidas en áreas urbanas así como en los establecimientos que lo requieran para el control de plagas dentro de los ejidos urbanos.
Según señaló el propio legislador, “se trata de una regulación pendiente en La Pampa, de extrema necesidad”. En la elaboración del mismo, trabajaron junto a Berhongaray el ingeniero Federico Ingentron junto a miembros de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave).
Urgencia.
La urgencia del tratamiento de este tipo de normativas se debe a que todos los plaguicidas -tanto agrícolas como domiciliarios- presentan un cierto grado de toxicidad, por lo que requieren de un manejo responsable para no generar daños ya que lejos de lo que muchos piensan, que este tipo de productos aunque sean de uso hogareño no significa que esté libre de todo riesgo.
Como consecuencia, es que los gobiernos provinciales tienen la responsabilidad de regular la comercialización y aplicación de éstos dentro sus jurisdicciones. En este sentido, La Pampa cuenta con legislación respecto a la utilización de agroquímicos, pero ésta centra su atención sobre los productos plaguicidas químicos o biológicos de uso agropecuario, sin realizar definiciones claras sobre los productos para el control de plagas urbanas.
En este sentido, el proyecto presentado por el legislador provincial busca el resguardo de la salud humana a través de la regulación de las tareas relacionadas a la venta o aplicación de plaguicidas que puedan comprometer la calidad de vida de la población o el medio ambiente.
Puntos.
Como puntos destacados dentro de la normativa, el proyecto propone la creación de una entidad encargada de velar por el control, el cual tendrá en sus manos el deber de llevar adelante un registro de personas físicas y jurídicas relacionadas al expendio y aplicación de plaguicidas, así como también de los productos químicos habilitados como prohibidos.
Por otro lado, estimula la creación de un registro de asesores fitosanitarios, quienes serán los encargados de asesorar a los usuarios directos sobre todo lo referido al uso seguro y eficaz, a la manipulación y a las medidas de seguridad toxicológicas y eco-toxicológicas.
Sanciones.
Esta iniciativa también contempla una serie de sanciones que se aplicarán en caso de que no se cumpla algún punto del marco normativo. De esta manera, propone que la autoridad de aplicación, previo sumario administrativo, podrá aplicar a los sujetos: llamado de atención, apercibimiento, multa, decomiso de los productos, suspensión o baja del registro, inhabilitación temporal o permanente, clausura parcial o total de locales y depósitos y el secuestro de los equipos de aplicación.
¿Qué son?
Los plaguicidas o pesticidas son las sustancias utilizadas para atraer, repeler, controlar o eliminar a organismos vivos que dañen a los vegetales o sus productos, ectoparásitos (pulga, garrapata, etc.) o vectores de enfermedades que afecten al hombre o los animales (mosquitos, vinchucas, roedores, etc.), en viviendas, núcleos urbanos o locales de trabajo, según determinó la Coordinación de Políticas Socioambientales de la Nación.
Los más utilizados en el hogar son los que actúan sobre los insectos (insecticidas y repelentes) y sobre roedores (rodenticidas). Los plaguicidas se comercializan en aerosoles, líquidos termo evaporables, tabletas, espirales y cremas, generalmente listos para su uso aunque algunos requieren su dilución en agua. Los repelentes, en forma de lociones, cremas, aerosoles o vaporizadores. Los plaguicidas no son sustancias inocuas. Muchos de ellos son agresivos para la salud humana y contaminan el ambiente. Las personas se exponen a través del aire, del agua y del alimento que consumen, la ropa, los utensilios domésticos y las herramientas de trabajo.
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Fipronil mata 500 colmenas en localidad cordobesa
Un insecticida, la causa de la muerte de 500 colmenas en Porteña
Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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Fecha de Publicación: 26/01/2019
Fuente: AgroVoz
Provincia/Región: Córdoba
Los análisis del Senasa confirmaron la presencia de Fipronil en las abejas. El Inta también había encontrado en las muestras el mismo producto.
Luego de tres meses, el Senasa informó las causas de la muerte de abejas en la zona de Porteña, en el departamento San Justo.
En septiembre de 2018, un grupo de apicultores había denunciado la muerte de alrededor de 500 colmenas. Los análisis, tanto del Inta como del Senasa, demostraron la presencia de Fipronil, un insecticida de uso agrícola con presencia en dosis letal para las abejas.
Fueron cuatro los apicultores afectados, con pérdidas que –según sus evaluaciones– superaron los 2,5 millones de pesos.
“Los hallazgos de Fipronil y su metabólico (fipronil Sulfona) se constata con valores que exceden más que significativamente a la DL50 de contacto de las abejas”, precisa el informe entregado por el Senasa a dos de los apicultores afectados.
Intoxicación
En su informe del 17 de diciembre, el Senasa aclara que el Fipronil es un compuesto no utilizado por los apicultores por lo que debe considerárselo como una sustancia presente en el medio ambiente donde ellas realizan los vuelos de forrajeo circundantes al apiario, ocasión en la cual las abejas tomaror contacto con esa sustancia.
La DL50 brinda información sobre la dosis que provoca la muerte del 50 por ciento de la población expuesta a un determinado compuesto en un periodo determinado.
"En base al resultado obtenido es posible considerar que la magnitud de la dosis de Fipronil a la que las abejas estuvieron expuestas causó el despoblamiento de las colmenas en forma abrupta y agua, en coincidencia con lo manifestado con los productores (sospecha de intoxicación por plaguicidas) y con lo visualizados en los registros fotográficos y fílmicos aportados", sostiene el informe del Senasa.
El 2 de octubre, y a partir de un pedido realizados por la Sociedad Argentina de Apicultores, el Inta evaluó las muestras remitidas por los apicultores afectados y el resultado de los análisis también fue la presencia de Fipronil.
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agricultura industrial,
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contaminación,
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Organizaciones contra la resolución de Agroindustria
Ciento de organizaciones le exigen a Vidal dejar sin efecto una resolución del Ministerio de Agroindustria
Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Fecha de Publicación: 18/01/2019
Fuente: Políticia Argentina
Provincia/Región: Buenos Aires
El primero de enero entró en vigencia una medida que autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires. Denuncian que “su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integración física de las personas”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y cientos de organizaciones le exigen la gobernadora María Eugenia Vidal que deje sin efecto la resolución 246-MAGP-18, emitida por el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
La resolución que entró en vigencia el 1º de enero de 2019 “autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la provincia de Buenos Aires, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades, a zonas residenciales que se encuentran en el campo, y a poblaciones dispersas; sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”.
En un comunicado explican que además permite “fumigar con agrotóxicos las reservas naturales y los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar, y asearse”.
“El único límite a la aplicación de agrotóxicos es el horario escolar. Vale decir, que si los niños y niñas ingresan a la escuela a las 7.45 am, la resolución 246-MAGP18 autoriza a fumigar los alrededores del establecimiento educativo hasta las 7.44 am”, señalan en otra parte del documento.
Asimismo, aseguran que el contenido de la resolución firmada por Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria y ex gerente de la división Semillas de Monsanto, es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente.
Por último, afirman que debilita aún más el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos porque delega esa tarea a los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos.
“Desde las organizaciones firmantes nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria”, concluye.
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Uso indiscriminado de agroquímicos en Buenos Aires
Veneno en la tierra: la Provincia autorizó el uso indiscriminado de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Fecha de Publicación: 10/01/2019
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: Buenos Aires
El actual ministro de Agroindustria bonaerense y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, habilitó el uso de estos venenos en todo el territorio.
La provincia de Buenos Aires emitió una resolución que entrará en vigencia el jueves próximo y que autoriza la fumigación con agrotóxicos en toda el territorio bonaerense, legalizando la aplicación de estos venenos en lotes linderos a las ciudades.
Contra esta norma se expresaron organizaciones y personalidades señalando que "busca promover el modelo de agronegocios basados en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medio ambiente y la soberanía alimentaria".
Uno de los aspectos que resaltan las ONG;s y personalidades es que quien tuvo a cargo la medida, el Ministro de Agroindustria de la provincia, Leonardo Sarquís, es uno de los Ceo de Monsanto, más precisamente exgerente de la división Semillas.
En ese sentido, criticaron que la medida porque "no especifica ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población".
Además la resolución autoriza a fumigar con agrotóxicos a las reservas naturales y a los márgenes de arroyos, ríos y lagos, de donde proviene el agua que muchas personas utilizan a diario para cocinar, lavar y asearse.
También la norma debilita el control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados.
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Duro comunicado de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú
Asamblea Ambiental Gualeguaychú: “Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia”
Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Fecha de Publicación: 08/01/2019
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores -entre ellos Juan José Bahillo, Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda- y a los titulares de Producción y Ambiente de la provincia. También se refieren -aunque sin mencionar su nombre- al Intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto. Además, hacen foco en el accionar en materia ambiental de los Gobiernos provincial -particularmente en la figura del Gobernador Bordet- y en el orden municipal, en lo referido a la situación de la Planta de Efluentes Cloacales y el Ecoparque. El texto completo del documento es el siguiente:
Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia
La Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú se dirige a la Opinión Pública
1. BOTNIA
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray Bentos.
Al respecto, en junio de este año, la Asamblea Ciudadana Ambiental alertó a las autoridades de la Cancillería Argentina y de la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son los desechos industriales que dicha futura planta arrojará al río Negro, curso que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de aumentar el grado de contaminación en el río Uruguay con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de 2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente: “Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa y en el marco del actual PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la implantación futura de plantas de celulosa” sobre el río Uruguay, hecho que ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual, misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta de que una segunda pastera de Botnia termine instalándose Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más, la Asamblea Ciudadana advirtió con mucha antelación, profusa documentación y datos técnicos que la posibilidad de que Botnia II se instale a orillas del río Negro uruguayo es técnica y ambientalmente imposible. Las autoridades nacionales, a través de la CARU deberían informar que temperamento adoptarán ante el severo alerta planteado y actuar a tiempo, porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al respecto.
2. MONITOREO DEL AIRE
Por otra parte, la Asamblea Ciudadana Ambiental desde hace más de dos años, viene realizando un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana Ambiental reafirma que hasta que no se demuestre que alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan y establecen perímetros de seguridad en las fumigaciones terrestres y aéreas alrededor de escuelas y poblaciones rurales y cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que a la responsable del Consejo General de Educación de la provincia, no se le haya escuchado una sola manifestación pública durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente son fumigados.
También resulta vergonzoso que el Senador Departamental de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda y el Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace para que se reglamente con un Decreto del gobernador Bordet el fallo judicial emitido por el Superior Tribunal respecto a las fumigaciones. En la parte resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los tres Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en su voto particular llega a exhortar al Poder Legislativo a sancionar una nueva ley en materia de agrotóxicos que sustituya la actual que rige en Entre Ríos. Si se produjera alguna norma regulatoria respecto de la sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia, los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad, que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos pasteras que están activas en Uruguay. La vergonzante derogación de esa ley, impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los intereses de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) y vender fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la industria maderera entrerriana, la incorporación de valor agregado y la construcción de viviendas están a la vista de todos. Sobran los dedos de una mano para contabilizar los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250 casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia es impresentable y los responsables de dichos organismos, Barbieri y Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por Ordenanza a los infractores. Asimismo aún no se ha reglamentado la Ordenanza, también ya aprobada, que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos. Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando a acuerdos con plazos determinados, dando tiempo a los productores para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES
Otra de las cuestiones muy preocupante es el lamentable estado de funcionamiento de la Planta de Efluentes Cloacales, que es una de las causas más importantes de la contaminación del río Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015, reconoció que el funcionamiento de la planta no era el adecuado. Pero pese a los Convenios firmados con Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse, renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES PIG
Celebramos la concreción de la nueva planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo de los vecinos del Barrio Don Pedro quienes lograron que interviniera la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría General de la Nación, en mayo de 2015, reveló que existieron irregularidades atribuibles a la anterior gestión municipal y que nunca se investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de su operación y ahora será necesario que la Municipalidad negocie un nuevo crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál será el accionar concreto que llevarán a cabo para lograr que el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
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Buenos Aires: oposición preocupada por las fumigaciones
La oposición cuestionó resolución sobre aplicación de agroquímicos en la Provincia
Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Fecha de Publicación: 07/01/2019
Fuente: Infocielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mediante un comunicado, diputados de Unidad Ciudadana rechazaron la resolución del Ministerio de Agroindustria bonaerense, la cual determina que a partir de enero regirán nuevas pautas para la aplicación de fitosanitarios.
"Entendemos que la utilización de agroquímicos en la producción agropecuaria es una práctica necesaria para la obtención de mejores rindes, pero creemos imperioso que las normas que regulan su aplicación sean lo suficientemente claras y taxativas para evitar su uso inapropiado, minimizando la posibilidad de contaminación de áreas sensibles, de manera de preservar la salud de la población bonaerense", sostiene un proyecto de declaración de diputados bonaerenses de Unidad Ciudadana.
Los legisladores rechazan la resolución que entró en vigencia este 1° de enero y piden al Ejecutivo bonaerense que la deje sin efecto porque la misma no establece "presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana".
La mencionada resolución, la cual firmaron cerca de 30 municipios, establece que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento en lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales. Sin embargo, el cuestionamiento pasa porque estos 12 principios y 23 recomendaciones no tienen en su escrito las distancias concretas de prohibición.
En ese sentido, el diputado bonaerense Mariano Pinedo destacó que desde su espacio político están desarrollando acciones de rechazo y repudio en todos los municipios del interior y avanzarán con una presentación judicial para que se impida de inmediato su aplicación. "Si vivís en un barrio lindero a un potrero o mandas a tus hijos a una escuela rural, te pueden fumigar hasta en la puerta. Eso dice la resolución de María Eugenia Vidal que pedimos se deje sin efecto. Cuidemos la salud, el medio ambiente y el alimento. Las personas están primero", escribió en cuenta de Twitter.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Buenos Aires: nueva normativa de agrotóxicos a medida de...
La Provincia ya es zona liberada para los agrotóxicos
Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Fecha de Publicación: 27/12/2018
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Buenos Aires
Una resolución firmada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, exgerente de Monsanto, habilita la fumigación en las que llama zonas de "amortiguamiento", es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales.
Durante una entrevista con el programa de radio La Red Rural, el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís, se ufanó de la novedad: "Es la primera vez que la Provincia escribe una reglamentación para controlar la aplicación de fitosanitarios". Sarquís, exgerente de la multinacional Monsanto, hablaba de la Resolución N° 246-MAGP-18, publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 17 de diciembre, por la cual se habilita la aplicación de fitosanitarios (léase fumigación con agrotóxicos) "en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento".
Para los malpensados que pudieran ver en la flamante normativa una medida (otra más) a favor de los intereses de las corporaciones del agronegocio y, por ende, en contra de la salud de los pobladores y la calidad del medio ambiente, el artículo 6 impone que "los profesionales Ingenieros Agrónomos u otro título equivalente matriculado, que intervengan en la zona de amortiguamiento deberán asistir a jornadas de actualización técnica específicas que determine la Autoridad de Aplicación".
Otra muestra de la preocupación del gobierno por el "interés común de los habitantes de la Nación" está expresado en el artículo 5 de la resolución: "La aplicación de fitosanitarios dentro de la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos, cualquiera sea la modalidad de aplicación, deberá efectuarse fuera de horario escolar". Tanta consideración conmueve.
Sarquís ya había anunciado durante los primeros días de diciembre el acuerdo de pautas de aplicación de agrotóxicos en los distintos municipios de la Provincia, basado en un informe conjunto elaborado en julio pasado por los entonces ministerios (luego rebajados a secretarías) de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria.
Algunos de los municipios que ya adhirieron a la firma de estas pautas son Ayacucho, Azul, Balcarce, Berisso, Carlos Tejedor y Chascomús. En el caso de este último distrito, fue noticia reciente la muerte de peces en los arroyos afluentes a la laguna, coincidente con la fumigación en campos de la zona. Desde la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús denunciaron que "con esta resolución se atenta contra los mismos trabajadores rurales y las familias que se encuentran en las zonas alcanzadas por los agrotóxicos".
Cancerígenas
El laboratorio de Biogeoquímica y Química Ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), junto con el defensor del Pueblo bonaerense, realizaron un relevamiento sobre la utilización de agroquímicos en la Provincia. Para eso se obtuvieron muestras de suelos y aire colectados a lo largo del territorio. El estudio confirmó que los plaguicidas aplicados en el campo llegan a las ciudades vecinas, especialmente en verano, cuando las fumigaciones son más frecuentes.
La relación entre los pesticidas usados en el campo y la proliferación de casos de cáncer fue documentada en el informe "Valoración de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la Argentina y su potencial impacto sobre la salud", financiado por el Ministerio de Salud en el año 2014.
El mismo estudio probó que el comercio de productos fitosanitarios –plaguicidas y fertilizantes– aumentó un 48,7% entre 2002 y 2008. Ese año, se comercializó un total de 225 millones de litros de estos químicos, de los cuales cerca de un 75% fueron herbicidas.
Las empresas comercializadoras de este tipo de productos (Monsanto, Syngenta, Dow AgroSciences, Bayer y Atanos) alegan que el glifosato no es perjudicial para la salud humana basándose en una supuesta "abrumadora evidencia científica", Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó ese principio activo dentro de las sustancias calificadas como "probablemente cancerígenas".
En julio de este año, científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIMA) de la UNLP detectaron la presencia de glifosato y atrazina, los dos plaguicidas que dominan el mercado argentino, en el 80% de las muestras de agua de lluvia. «
En Entre Ríos, cáncer y resistencia
En abril pasado, el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó –con nueve votos a favor y tres en contra aportados por el bloque de Cambiemos– la ordenanza que prohibió en todo el ejido de la ciudad el uso del glifosato. La medida llegó tras años de lucha y reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas que venían alertando sobre el aumento de nuevos casos de chicos con cáncer y leucemia por el riego indiscriminado del herbicida en los campos lindantes a viviendas y escuelas. Desde entonces, organizaciones de ruralistas recurrieron a la justicia presentando amparos para frenar la ordenanza por considerarla “inconstitucional”, y calificándola como una respuesta "extrema" que afectará gravemente al sector.
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Plaguicidas prohibidos en la UE pero en Argentina...
Argentina busca limitar la prohibición en el uso de agroquímicos que impuso la UE desde 2019
Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Fecha de Publicación: 24/12/2018
Fuente: BAE Negocios
Provincia/Región: Nacional
A partir del próximo año la Comunidad Europea prohibirá el uso de ciertos tipos de plaguicidas identificadas como disruptores endócrinos los cuales son causantes de enfermedades cancerígenas. En ese contexto empezó a modificar el criterio de la paleta de moléculas que se aplican en la agricultura las cuales antes eran consideradas de "riesgo" para cambiarlo por el de "peligro". Esto afectará seriamente el ingreso de los productos argentinos al viejo continente. Ante esto, las cadenas agroindustriales, productores e industria química junto al Gobierno, buscan armar una estrategia en común para llevar al Mercosur y a partir de ahí junto a otros países como EE.UU. o Australia. hacer un planteo formal ante las autoridades europeas.
Puntualmente lo que dispuso la UE, es la aplicación nuevos criterios para algunas moléculas las cuales calificó de peligrosas, por ahora no está el glifosato, en donde se encuentran algunos fungicidas necesarios en cultivos como el trigo.
"Hoy no hay remplazo posible a los productos que prohíbe la UE. Los cuales de haberlos, elevaría los costos de producción en todos los países que se verán con problemas comerciales", señaló a BAE Negocios el jefe de Gabinete de Agroindustria, Santiago Del Solar.
El funcionario sostuvo que se está hablando en el mas alto nivel de autoridades europeas explicándole la imposibilidad de la nueva reglamentación, aunque reconoció que "tampoco hay una propuesta por parte de Europa del tipo de sustancias hay que usar".
De este modo no podrán ingresar al viejo continente granos, subproductos como aceites y harinas, legumbres, hortalizas y carnes. Sobre datos del Indec en 2017, los envíos a la UE totalizaron divisas por más de u$s8.000 millones. En el total representa el 15% de los ingresos para la Argentina.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), su presidente Gustavo Idígoras afirmó a este diario que "el tema preocupa mucho el cual se viene trabajando con las demás cadenas dado que el efecto será muy negativo en materia de exportaciones a la UE, para el cual se elabora junto al Gobierno en buscar aliados con otros países".
Por lo pronto la presencia de plaguicidas se empieza a volver hoy en una condición que puede hacer que un productor o un país no ingrese a un mercado.
Para Andrés Méndez, experto en agricultura de precisión, "la Argentina se destaca en el uso de tecnología que permita realizar un mejor tratamiento de productos químicos aplicados a los cultivos. Hace varios años que en el campo se aplican sensores activos para el control de malezas selectivos donde en algunos lotes con presencia de malezas se logró disminuir en un 80% el uso de herbicidas".
El desafió de ahora en mas será producir alimentos, pero este deberá ser con sistemas sustentables en lo que hace al uso de recursos como agua, suelo, fertilizantes y agroquímicos. Tendrá que haber un ordenamiento y correcta aplicación. La Argentina deberá buscar alternativas para producir con el menor impacto posible en el medio ambiente.
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Entre Ríos se movilizó contra los agroquímicos
Organizaciones se manifestaron contra los agroquímicos y a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Con motivo de cumplirse un año de la coordinadora Basta es Basta, organizaciones ambientalistas, gremios y partidos nucleados en la entidad se manifestaron esta tarde en Casa de Gobierno para reclamar que se respete el fallo que restringe la fumigación en zona de escuelas rurales y plantear alternativas de transición hacia la agroecología, supo AIM. Del acto participaron activistas de distintos puntos de la provincia, entre ellos, Concordia, Basavilbaso, Colonia Avigdor, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José y Paraná.
Bajo la consigna de “rondar” en “este martes rebelde” se realizaron intervenciones artísticas, musicales, exposiciones de productos agroecológicos y la lectura de un documento.
En diálogo con esta Agencia, Victoria Richter, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental de Buenos Aires y Gualeguaychú y encargada del área de comunicación de la coordinadora, señaló que hoy las organizaciones se reunieron con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás: “Allí se nos dijo que se iba a sacar un decreto para limitar las distancias establecidas en el fallo de restricción. Si bien nos prometieron que van a tomar una serie de medidas y nos van a hacer participes de ellas, por otro lado dijeron que van a avanzar con este decreto, lo cual es bastante contradictorio. No obstante estamos a la expectativa de cómo van a continuar las cosas y anticipamos que vamos a dar nuestra opinión”, dijo.
Desde el departamento Colón también se hicieron presentes integrantes de la asamblea de Colón y San José también se hicieron presentes representantes de la Asamblea Barrio Perucho. Una de sus integrantes, María Fernández Benetti, destacó que en esas localidades se trabaja “sobre la liberación del periurbano”. En este sentido, la activista reveló que esa zona ha entrado en “una instancia de transición, como un logro de nuestra asamblea”. Asimismo destacó que se lograron ordenanzas por las cuales, en un término de tres años, debe haber una “una transición de lo hortícola hacia la agroecología” ya que se trata de “una zona compuesta por pequeños productores” lo que la hace “un cordón de abastecimiento muy bueno” donde muchos vecinos “ya tienen sus propias huertas”.
También, desde Concordia, Facundo Scattone, referente de la Red de Comercio Justo Piri Hué (toldos de agua en idioma charrúa) destacó a AIM que se avanza en la coordinación con diversas organizaciones en torno de la llamada Asamblea de los Pueblos Libres a travès de distintas actividades. “Entre ellas, hicimos un carnaval popular con un carro fumigador para trabajar sobre la temática y, desde Basta es basta estamos haciendo diversas actividades como alternativas para frenar el agronegocio y proponer una transición hacia la agroecología”. Asimismo, Scattone destacó el fallo que restringe las fumigaciones en un radio de mil metros de las escuelas rurales.
Más presentes
Uno de los sindicatos que participó fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El secretario general de la entidad, Marcelo Pagani, señaló a esta agencia que “Agmer ha sido parte de todo este proceso e incluso de la judicialización en la causa de las escuelas fumigadas”. Así también, Pagani indicó que el gremio partició activiamente en “el amparo y la fundamentación en el momento en que éste fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia”.
Por otra parte, Cristina Tejedor, representante del Grupo por una vida sin agrotóxicos de Concepción del Uruguay intervino en la marcha junto a un grupo muy numeroso, que pintó una bandera con la cara de Fabian Tomasi, uno de los emblemas de la concientización del peligro de los agrotóxicos. “También vamos a regalar trigo agroecologico de nuestra propia producción, ya que muchos de los que estamos en el grupo somos productores. Vinimos a invitar a todos a realizar esta actividad. Desde Concepción del Uruguay hacemos la llamada Ronda de los martes y hemos elaborado una biblioteca llamada Basquade! (en idioma charrúa significa levantarse, que reúne miles de trabajos de investigación, documentos, fallos y campamentos sanitarios, donde se prueba el daño que hacen los agrotóxicos”.
Según Tejedor, sólo la numeración del total de los títulos de esta biblioteca ocupa más de una resma. “Pretendemos que esto colabore para que la gente despierte y se de cuenta de que nos están matando y envenenando. Actualmente no hay quién niegue que los agrotóxicos hacen daño”, finalizó.
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Fecha de Publicación: 21/12/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Con motivo de cumplirse un año de la coordinadora Basta es Basta, organizaciones ambientalistas, gremios y partidos nucleados en la entidad se manifestaron esta tarde en Casa de Gobierno para reclamar que se respete el fallo que restringe la fumigación en zona de escuelas rurales y plantear alternativas de transición hacia la agroecología, supo AIM. Del acto participaron activistas de distintos puntos de la provincia, entre ellos, Concordia, Basavilbaso, Colonia Avigdor, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Gualeguaychú, Gualeguay, Colón, San José y Paraná.
Bajo la consigna de “rondar” en “este martes rebelde” se realizaron intervenciones artísticas, musicales, exposiciones de productos agroecológicos y la lectura de un documento.
En diálogo con esta Agencia, Victoria Richter, integrante de la Asociación por la Justicia Ambiental de Buenos Aires y Gualeguaychú y encargada del área de comunicación de la coordinadora, señaló que hoy las organizaciones se reunieron con el secretario de la Producción, Álvaro Gabás: “Allí se nos dijo que se iba a sacar un decreto para limitar las distancias establecidas en el fallo de restricción. Si bien nos prometieron que van a tomar una serie de medidas y nos van a hacer participes de ellas, por otro lado dijeron que van a avanzar con este decreto, lo cual es bastante contradictorio. No obstante estamos a la expectativa de cómo van a continuar las cosas y anticipamos que vamos a dar nuestra opinión”, dijo.
Desde el departamento Colón también se hicieron presentes integrantes de la asamblea de Colón y San José también se hicieron presentes representantes de la Asamblea Barrio Perucho. Una de sus integrantes, María Fernández Benetti, destacó que en esas localidades se trabaja “sobre la liberación del periurbano”. En este sentido, la activista reveló que esa zona ha entrado en “una instancia de transición, como un logro de nuestra asamblea”. Asimismo destacó que se lograron ordenanzas por las cuales, en un término de tres años, debe haber una “una transición de lo hortícola hacia la agroecología” ya que se trata de “una zona compuesta por pequeños productores” lo que la hace “un cordón de abastecimiento muy bueno” donde muchos vecinos “ya tienen sus propias huertas”.
También, desde Concordia, Facundo Scattone, referente de la Red de Comercio Justo Piri Hué (toldos de agua en idioma charrúa) destacó a AIM que se avanza en la coordinación con diversas organizaciones en torno de la llamada Asamblea de los Pueblos Libres a travès de distintas actividades. “Entre ellas, hicimos un carnaval popular con un carro fumigador para trabajar sobre la temática y, desde Basta es basta estamos haciendo diversas actividades como alternativas para frenar el agronegocio y proponer una transición hacia la agroecología”. Asimismo, Scattone destacó el fallo que restringe las fumigaciones en un radio de mil metros de las escuelas rurales.
Más presentes
Uno de los sindicatos que participó fue la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). El secretario general de la entidad, Marcelo Pagani, señaló a esta agencia que “Agmer ha sido parte de todo este proceso e incluso de la judicialización en la causa de las escuelas fumigadas”. Así también, Pagani indicó que el gremio partició activiamente en “el amparo y la fundamentación en el momento en que éste fue apelado ante el Superior Tribunal de Justicia”.
Por otra parte, Cristina Tejedor, representante del Grupo por una vida sin agrotóxicos de Concepción del Uruguay intervino en la marcha junto a un grupo muy numeroso, que pintó una bandera con la cara de Fabian Tomasi, uno de los emblemas de la concientización del peligro de los agrotóxicos. “También vamos a regalar trigo agroecologico de nuestra propia producción, ya que muchos de los que estamos en el grupo somos productores. Vinimos a invitar a todos a realizar esta actividad. Desde Concepción del Uruguay hacemos la llamada Ronda de los martes y hemos elaborado una biblioteca llamada Basquade! (en idioma charrúa significa levantarse, que reúne miles de trabajos de investigación, documentos, fallos y campamentos sanitarios, donde se prueba el daño que hacen los agrotóxicos”.
Según Tejedor, sólo la numeración del total de los títulos de esta biblioteca ocupa más de una resma. “Pretendemos que esto colabore para que la gente despierte y se de cuenta de que nos están matando y envenenando. Actualmente no hay quién niegue que los agrotóxicos hacen daño”, finalizó.
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Paraná pide 'unas fiestas sin agrotóxicos'
Reclamarán en Paraná por 'unas fiestas sin agrotóxicos'
Fecha de Publicación: 18/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La concentración está convocada para el martes a las 18 en la plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
Desde la Coordinadora Provincial por una vida sin Agrotóxicos en Entre Rios "Basta es Basta" confirmaron que el martes a las 18 comenzará la concentración en la plaza Mansilla de Paraná frente a la Casa de Gobierno.
La protesta que tiene como uno de los principales objetivos conseguir una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, se realizará con actividades culturales, una muestra de fotos y una feria con productores agroecológicos de la región. Entre ellos ya confirmaron la presencia los integrantes de la experiencia santafesina Desvío a la Raíz.
La instalación de las imágenes, curadas por Daniela Verzeñassi, servirá para mostrar a los productores agroecológicos, o que están en la transición, y los resultados positivos en cuanto al rinde que, en definitiva es lo que más le interesa al modelo de agronegocios.
"A un año de la conformación de la Coordinadora seguimos luchando por el cambio de modelo productivo en Entre Ríos", detalló a UNO Verzeñassi que como integrante del Foro Ecologista y activista del Basta Es Basta reconoció la ansiedad por conocer qué es lo que dirá el Decreto que firmará el gobernador entrerriano.
A un año de la creación de la Coordinadora Basta es Basta, el martes levantarán las banderas que buscan frenar las fumigaciones con agrotóxicos en los campos entrerrianos. "Luchamos por un territorio libre de venenos, un nuevo modelo productivo, la ley de agroecología, la declaración de la emergencia ambiental y sostener el fallo que protege a las escuelas rurales".
Provincial
Desde la Coordinadora anunciaron en un comunicado oficial que le pedirán al gobernador Bordet que "decrete la transición a la Agroecología, el respeto al Amparo que protege a las escuelas rurales, el cuidado de nuestra salud, de la biodiversidad y el futuro del campo y de la vida rural en Entre Ríos".
El martes desde las 18 estarán presentes los pequeños y medianos productores "porque esta agricultura sin gente con uso intensivo de venenos que cotizan en dólares, el impagable impuesto inmobiliario rural, la pérdida de la productividad de los suelos erosionados y empobrecidos debido al monocultivo, agravado por la tremenda deforestación, también los afecta y los dejará afuera empobrecidos y enfermos cuando les hayan vendido la última semilla", sentenciaron.
El pedido, que para muchos ya es un ruego, al Gobierno de la Provincia que "inicie una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados en iniciar una transición en los modos de producir y no apenas con el sector empresarial interesado en conservar el mismo modelo de negocios".
La concentración llega en un momento donde deberían estar celebrando la sentencia judicial "ejemplar" que no solo privilegia a los niños y docentes rurales sino que genera la oportunidad de iniciar un cambio de matriz productiva.
"Realizaremos la entrega de nuestros aportes al poder legislativo para que avance hacia la pronta sanción de los proyectos en tratamiento que resultan necesarios, urgentes y posibles, sobre emergencia sanitaria y de fomento de la agroecología", adelantaron los integrantes de la Basta es Basta.
Los militantes por la salud de las personas y el ambiente, en la previa, compartieron estas frases para que se repliquen en la jornada que culminará con la 49 Ronda de los Martes:
Hay Alternativa, Agroecología.
Por un campo con escuelas, con gurises y alimentos sanos
Entre Ríos merece otro futuro, cambiemos el presente.
Por nuestra Soberanía Alimentaria y nuestras semillas libres.
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Fecha de Publicación: 18/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La concentración está convocada para el martes a las 18 en la plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
Desde la Coordinadora Provincial por una vida sin Agrotóxicos en Entre Rios "Basta es Basta" confirmaron que el martes a las 18 comenzará la concentración en la plaza Mansilla de Paraná frente a la Casa de Gobierno.
La protesta que tiene como uno de los principales objetivos conseguir una audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, se realizará con actividades culturales, una muestra de fotos y una feria con productores agroecológicos de la región. Entre ellos ya confirmaron la presencia los integrantes de la experiencia santafesina Desvío a la Raíz.
La instalación de las imágenes, curadas por Daniela Verzeñassi, servirá para mostrar a los productores agroecológicos, o que están en la transición, y los resultados positivos en cuanto al rinde que, en definitiva es lo que más le interesa al modelo de agronegocios.
"A un año de la conformación de la Coordinadora seguimos luchando por el cambio de modelo productivo en Entre Ríos", detalló a UNO Verzeñassi que como integrante del Foro Ecologista y activista del Basta Es Basta reconoció la ansiedad por conocer qué es lo que dirá el Decreto que firmará el gobernador entrerriano.
A un año de la creación de la Coordinadora Basta es Basta, el martes levantarán las banderas que buscan frenar las fumigaciones con agrotóxicos en los campos entrerrianos. "Luchamos por un territorio libre de venenos, un nuevo modelo productivo, la ley de agroecología, la declaración de la emergencia ambiental y sostener el fallo que protege a las escuelas rurales".
Provincial
Desde la Coordinadora anunciaron en un comunicado oficial que le pedirán al gobernador Bordet que "decrete la transición a la Agroecología, el respeto al Amparo que protege a las escuelas rurales, el cuidado de nuestra salud, de la biodiversidad y el futuro del campo y de la vida rural en Entre Ríos".
El martes desde las 18 estarán presentes los pequeños y medianos productores "porque esta agricultura sin gente con uso intensivo de venenos que cotizan en dólares, el impagable impuesto inmobiliario rural, la pérdida de la productividad de los suelos erosionados y empobrecidos debido al monocultivo, agravado por la tremenda deforestación, también los afecta y los dejará afuera empobrecidos y enfermos cuando les hayan vendido la última semilla", sentenciaron.
El pedido, que para muchos ya es un ruego, al Gobierno de la Provincia que "inicie una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados en iniciar una transición en los modos de producir y no apenas con el sector empresarial interesado en conservar el mismo modelo de negocios".
La concentración llega en un momento donde deberían estar celebrando la sentencia judicial "ejemplar" que no solo privilegia a los niños y docentes rurales sino que genera la oportunidad de iniciar un cambio de matriz productiva.
"Realizaremos la entrega de nuestros aportes al poder legislativo para que avance hacia la pronta sanción de los proyectos en tratamiento que resultan necesarios, urgentes y posibles, sobre emergencia sanitaria y de fomento de la agroecología", adelantaron los integrantes de la Basta es Basta.
Los militantes por la salud de las personas y el ambiente, en la previa, compartieron estas frases para que se repliquen en la jornada que culminará con la 49 Ronda de los Martes:
Hay Alternativa, Agroecología.
Por un campo con escuelas, con gurises y alimentos sanos
Entre Ríos merece otro futuro, cambiemos el presente.
Por nuestra Soberanía Alimentaria y nuestras semillas libres.
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BA reglamentará las fumigaciones (con poca proteción)
Buenos Aires: dictarán una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que conduce Leonardo Sarquís, emitirá una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos en los municipios con actividad agropecuaria.
La norma, que se dará a conocer próximamente, será para que unos 128 municipios donde se realizan actividades productivas puedan incorporar lo que se establecerá en materia de uso de estos productos.
"Es la primera vez que desde la provincia se realiza un documento de este estilo. Es una resolución para cuidar la salud de la población. Un decálogo que está firmado y avalado por mí", explicó a LA NACION Sarquís. La norma se oficializará antes del 15 de diciembre próximo y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.
Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con las zonas de amortiguamiento para las aplicaciones. Sobre este tema, el director provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales bonaerense, Luis Herrera, explicó: "Es una normativa que se deberá cumplir a partir del 1° de enero donde se establece como zonas de amortiguamiento determinados lotes lindantes con áreas urbanas, residenciales, donde hay escuelas, etcétera. En esas zonas los productores y aplicadores deberán prever determinadas cuestiones tecnológicas y meteorológicas a la hora de aplicar".
Además, el funcionario agregó que los usuarios que apliquen agroquímicos en esos lotes en áreas residenciales "deberán contratar a un profesional".
Según Sarquís, la base para la resolución fue tomada del informe que en conjunto elaboraron las carteras del gobierno nacional de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria en julio de este año, con un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios, resultado de un trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
"Son conceptos que van de la mano: sobre ese informe final nuestro equipo de la Dirección de Fiscalización tomó un decálogo de recomendaciones para que los municipios tengan en cuenta. Para los usuarios no es una sugerencia, es una obligación. Estamos invitando a los distritos a llegar a un convenio para ejercer el control de aquellos lotes que consideren oportunos. Así, ellos podrán auditar el lote que crean necesario: oficiarán como nuestros ojos. El municipio que se adhiera contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio para fiscalizar el uso de fitosanitarios en su localidad", explicó Sarquís.
Para la aplicación de agroquímicos muchos municipios bonaerenses tienen sus propias normativas. La cartera provincial busca "complementar y homologar" el correcto uso de estos productos. "De los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 se dedican a la actividad agroindustrial. De ese total, 70 tienen normativas municipales distintas", afirmaron desde la cartera.
Cursos para aplicadores de Buenas Prácticas Agrícolas
El Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires comenzó con un programa de capacitación para aplicadores de productos de control urbano de plagas en junio de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Esa capacitación ya alcanzó a unos 75 municipios.
"Los asistentes rinden un examen final y, si aprueban, reciben un carnet habilitante para la aplicación en el territorio provincial. Actualmente sumamos 3500 operarios capacitados (todos evaluados) con un porcentaje de aprobados del 87%. Al principio la jornada duraba 140 horas teóricas y prácticas y luego lo fuimos ajustando. Hoy dura en promedio doce horas (siete teóricas y cinco prácticas). Nos quedan 53 municipios para completar los 128 que componen la provincia", afirmaron en la cartera agroindustrial.
Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Crédito: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
El entrenamiento está a cargo de miembros de la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, que viajan a los distintos distritos. El aplicador se inscribe y realiza un curso teórico-práctico de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Al finalizarlo se le otorga un carnet que lo habilita para aplicar. La semana pasada, por ejemplo, 50 operarios lo recibieron en General Pinto. También en General Villegas, Rojas y Necochea. "Si no tenés ese carnet, no podés aplicar", explicaron desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
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Fecha de Publicación: 05/12/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que conduce Leonardo Sarquís, emitirá una resolución con pautas para la aplicación de agroquímicos en los municipios con actividad agropecuaria.
La norma, que se dará a conocer próximamente, será para que unos 128 municipios donde se realizan actividades productivas puedan incorporar lo que se establecerá en materia de uso de estos productos.
"Es la primera vez que desde la provincia se realiza un documento de este estilo. Es una resolución para cuidar la salud de la población. Un decálogo que está firmado y avalado por mí", explicó a LA NACION Sarquís. La norma se oficializará antes del 15 de diciembre próximo y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019.
Uno de los puntos principales del documento tiene que ver con las zonas de amortiguamiento para las aplicaciones. Sobre este tema, el director provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de Recursos Naturales bonaerense, Luis Herrera, explicó: "Es una normativa que se deberá cumplir a partir del 1° de enero donde se establece como zonas de amortiguamiento determinados lotes lindantes con áreas urbanas, residenciales, donde hay escuelas, etcétera. En esas zonas los productores y aplicadores deberán prever determinadas cuestiones tecnológicas y meteorológicas a la hora de aplicar".
Además, el funcionario agregó que los usuarios que apliquen agroquímicos en esos lotes en áreas residenciales "deberán contratar a un profesional".
Según Sarquís, la base para la resolución fue tomada del informe que en conjunto elaboraron las carteras del gobierno nacional de Salud, Ciencia, Medio Ambiente y Agroindustria en julio de este año, con un documento con principios y recomendaciones para la aplicación de fitosanitarios, resultado de un trabajo elaborado durante 90 días por un equipo interministerial.
"Son conceptos que van de la mano: sobre ese informe final nuestro equipo de la Dirección de Fiscalización tomó un decálogo de recomendaciones para que los municipios tengan en cuenta. Para los usuarios no es una sugerencia, es una obligación. Estamos invitando a los distritos a llegar a un convenio para ejercer el control de aquellos lotes que consideren oportunos. Así, ellos podrán auditar el lote que crean necesario: oficiarán como nuestros ojos. El municipio que se adhiera contará con la ayuda y la asistencia del Ministerio para fiscalizar el uso de fitosanitarios en su localidad", explicó Sarquís.
Para la aplicación de agroquímicos muchos municipios bonaerenses tienen sus propias normativas. La cartera provincial busca "complementar y homologar" el correcto uso de estos productos. "De los 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, 128 se dedican a la actividad agroindustrial. De ese total, 70 tienen normativas municipales distintas", afirmaron desde la cartera.
Cursos para aplicadores de Buenas Prácticas Agrícolas
El Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires comenzó con un programa de capacitación para aplicadores de productos de control urbano de plagas en junio de 2015 en la ciudad de Chivilcoy. Esa capacitación ya alcanzó a unos 75 municipios.
"Los asistentes rinden un examen final y, si aprueban, reciben un carnet habilitante para la aplicación en el territorio provincial. Actualmente sumamos 3500 operarios capacitados (todos evaluados) con un porcentaje de aprobados del 87%. Al principio la jornada duraba 140 horas teóricas y prácticas y luego lo fuimos ajustando. Hoy dura en promedio doce horas (siete teóricas y cinco prácticas). Nos quedan 53 municipios para completar los 128 que componen la provincia", afirmaron en la cartera agroindustrial.
Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Aplicadores recibiendo su carnet habilitador en Necochea Crédito: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires
El entrenamiento está a cargo de miembros de la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, que viajan a los distintos distritos. El aplicador se inscribe y realiza un curso teórico-práctico de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Al finalizarlo se le otorga un carnet que lo habilita para aplicar. La semana pasada, por ejemplo, 50 operarios lo recibieron en General Pinto. También en General Villegas, Rojas y Necochea. "Si no tenés ese carnet, no podés aplicar", explicaron desde el Ministerio de Agroindustria bonaerense.
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Más que preocupante pérdida de abejas en el país
Argentina ya pierde un 30% de las colonias de abejas por año
Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Fecha de Publicación: 28/11/2018
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
El uso de agroquímicos, el monocultivo y el cambio climático afectan la salud de estos insectos. Como consecuencia, baja la elaboración de miel.
Argentina es el segundo productor mundial de miel. Pero pronto podría perder este lugar. Según datos del Centro de Investigación de Abejas Sociales (CIAS), muere el 30% de las colonias de abejas que los apicultores deben reponer todos los años, a causa de una serie de factores que las hace más vulnerables a enfermedades. Dada la importancia de estos insectos en la reproducción de los vegetales, la disminución de su número podría afectar además los cultivos de alimentos. “Las poblaciones de abejas y de polinizadores naturales están en declive, es un problema mundial”, le dijo a PERFIL Martín Eguaras, doctor en biología y codirector del CIAS de Mar del Plata. Según el experto esto se debe a una serie de fenómenos como “parásitos que se han tornado más virulentos por un abuso de los agrotóxicos que estresan a las abejas, les hacen bajar las defensas y las enfermedades las afectan más”.
Los investigadores llegaron a esa conclusión en base a análisis de abejas cuya muerte había sido causada por pesticidas. “Hay agroquímicos –agregó Eguaras– que se usan en nuestro país que en Europa están prohibidos porque se ha demostrado que matan a las abejas que están en vuelo”.
Para evitar el contacto de plaguicidas con las abejas, antes de la aplicación se debe avisar al apicultor para que retire las colmenas de la zona o para que las cierre durante 48 horas en función de la
persistencia de la sustancia química. “En otros casos, cuando la abeja va a las flores, si hay agroquímicos, los pueden tomar del néctar o del polen que terminan llevando a la colmena”, señaló Eguaras, investigador del Conicet.
Efecto.
En el Laboratorio de Insectos Sociales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA estudian la biología de la abeja y su comportamiento social y de recolección de alimentos, y en las
investigaciones observaron que “algunos herbicidas como el glifosato tienen un efecto negativo en las abejas como dificultades para aprender un olor floral y que lo puedan vincular con un alimento determinado; aprender a orientarse en un ambiente nuevo; y para desarrollarse en los estadios iniciales”, indicó el investigador Walter Farina, a cargo del mencionado laboratorio.
Farina destacó que las consecuencias no son menores ya que “un tercio de la producción agrícola mundial de alimentos depende de organismos polinizadores que pasan el polen de una flor macho a una flor hembra”.
Además, el investigador remarcó que la abeja de la miel es el principal polinizador y agregó que “si hay menos abejas cada vez vamos a tener menos probabilidades de que se polinicen los cultivos que son alimentos para todo el mundo”.
En Argentina el CIAS estima que hay entre cuatro y tres millones y medio de colmenas comerciales, concentradas en la región de la Pampa Húmeda, en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. Según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en 2017 se exportaron cerca de 68.300 toneladas de miel a Estados Unidos, Japón y países de Europa. Los registros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura colocan al país como segundo productor mundial.
Sin embargo, el monocultivo afecta a esta industria además de a la biodiversidad. “Al haber menos especies vegetales hay menos producción de miel. La soja es un cultivo que no produce el néctar para generar miel”, aclaró Eguaras. Según el biólogo, en los últimos años se observa una merma importante en la cantidad de producción de miel en toda la Pampa Húmeda. “Los apicultores comentan que mientras años atrás una colmena daba 40 kilos, hoy les da 20”, advirtió Eguaras. Para evitar enfermedades en las abejas, el CIAS elabora plaguicidas naturales en base a aceites esenciales para que utilicen productores.
Premian proyecto de polinización
No todas las flores producen frutos de la calidad y el tamaños deseados. ¿Cómo mejorar la cadena productiva de la polinización? ¿Cómo aumentar la producción de alimentos? Estas son las preguntas que llevaron a Agustín Sáez, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, Pedro Negri, investigador del Conicet y Matías Viel, licenciado en Administración de Empresas, a crear Beeflow. “Es una empresa de base científica que busca mejorar la polinización y así la producción y calidad de la fruta y, a la vez, salvaguardar la población de abejas ya que los ambientes agrícolas son ambientes poco amigables con las abejas, se aplican muchos agroquímicos y eso genera mucha mortalidad”, explicó Sáez a PERFIL.
Por su impacto el proyecto fue ganador del concurso Samsung Innova, que premia los mejores emprendimientos del país. “Generamos un cambio muy importante con el kiwi. Es un cultivo poco atractivo para las abejas. Se polinizaba manualmente cada flor para que dé el fruto. A través de la biotecnología ‘manejamos’ a las abejas para que hagan ese trabajo. Así pudimos duplicar y hasta triplicar la producción”, sostuvo Sáez. Para esto utilizan dos tecnologías, una molécula orgánica que mejora el sistema inmunológico de las abejas para que trabajen y se desarrollen mejor, y otra que modifica el comportamiento forrajeo de las abejas cuando van a buscar polen y néctar y las direcciona al cultivo focal que se quiere polinizar. “El efecto de esas moléculas desaparece a las dos
semanas. Esas dos tecnologías se aplican a través del alimento y no tienen impacto ni en la colmena ni en el cultivo”.
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Entre Ríos: sigue la presión para fumigar en cualquier lado
Productores confían que Bordet resolverá políticamente el conflicto por los fitosanitarios
Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Fecha de Publicación: 26/11/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace Gualeguaychú informó a AIM que acordó con el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, un decreto reglamentario que pondrá fin al conflicto por la aplicación de fitosanitarios en inmediaciones de escuelas rurales. El fallo de la corte deja sin producir a miles de productores y frena el cultivo en alrededor de 300 mil hectáreas.
En el marco de la visita del gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, a Gualeguaychú, integrantes de la Mesa de Enlace local se reunieron con el mandatario entrerriano a los efectos abordar la problemática que enfrentan los productores luego que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), prohibiera las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil y tres mil metros de distancia –según el tipo de pulverización- de las escuelas rurales.
Los dirigentes rurales valoraron el hecho de haber podido hablar sin intermediarios con el gobernador y expresaron: “Pudimos plantear la situación que atraviesan miles de productores y en este sentido, encontramos similar preocupación en Bordet, quién comentó que su gobierno se encuentra en constante contacto con la secretaría de Agroindustria de la Nación por este y otros temas”.
En tanto, los ruralistas -quienes estuvieron acompañados por el senador nacional, Alfredo De Ángeli y su par departamental, Nicolás Mattiauda-, aseguraron que el gobernador se “comprometió” a firmar la semana entrante el decreto reglamentario que establecerá las normativas para las fumigaciones con agroquímicos en toda la provincia, hecho que subsanará el vacío legal existente en este particular.
Además, señalaron que plantearon al gobernador “la imperiosa necesidad de que el Estado entrerriano sea eficiente en los controles a los productores ya que la Secretaría de la Producción no contaría hoy con la logística necesaria para esa tarea. Y en ese punto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, presente en la reunión, se comprometió a abocar móviles de otras reparticiones a tal efecto a la brevedad para ser eficiente en el contralor”.
Por último, destacaron que “la ausencia de una norma moderna y las falencias en el control son déficits del Estado y debe ser resuelto con carácter de urgente. Es imposible producir en este estado de incertidumbre y el gobernador debe poner límite a tanta precariedad en las formas de producción. Ojalá la semana que viene, el decreto reglamentario sea un paso fundamental para la normalización de la actividad agrícola”, finalizaron.
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Entre Ríos va a la CSJ para fumigar cerca de escuelas
Entre Ríos recurrió a la Corte Suprema por una prohibición a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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Fecha de Publicación: 18/11/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En Entre Ríos estiman que entre 300.000 y 350.000 hectáreas se dejarían de sembrar por la restricción judicial
El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, interpuso esta mañana un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante una prohibición judicial para la aplicación de fitosanitarios cerca de las escuelas rurales.
El mes pasado, la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que prohibió aplicar fitosanitarios en un radio de entre 1000 y 3000 metros, en forma terrestre y aérea respectivamente, alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia. No hizo lugar a una apelación planteada por el gobierno de Entre Ríos. La decisión de la Justicia llegó tras una acción de amparo ambiental colectivo impulsado por el Foro Ecologista de Paraná (FEP) y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
En diálogo con LA NACION, Rodríguez Signes se mostró preocupado por el impacto económico del fallo en su provincia. Además, indicó que, desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos principales de su defensa es que la sentencia de primera instancia conculca el principio de división de poderes y afecta directamente los derechos de los productores. "Por esto el proceso tiene falencias importantes", dijo.
"No se podía sustanciar por vía de una acción de amparo por la complejidad del asunto. Asimismo, afectó a 45.000 productores que no fueron parte del proceso y, por último, el juez de primera instancia al dictar sentencia invadió competencias del Poder Legislativo porque en vez de resolver el caso concreto dictó una norma jurídica de carácter abstracto y general", remarcó el funcionario judicial.
"Soy consciente que el tema ambiental es una materia muy sensible, pero pretendíamos que se tramitara ante el Poder Legislativo o a través de las secretarías de Ambiente y de Producción de la provincia", añadió.
En tanto, los productores piden que el Estado provincial acelere sus acciones y presente informes requeridos sobre la aplicación de fitosanitarios por el juez Oscar Daniel Benedetto, el magistrado del fallo inicial.
"Nos preocupa cierta inacción del gobierno, necesitamos soluciones urgentes", indicó Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
El viernes pasado, los productores se reunieron en un campo en Gualeguaychú y elaboraron un documento para presentar al gobernador Gustavo Bordet.
Para Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la situación "se resuelve con un decreto reglamentario" que introduzca a los establecimientos educativos rurales en la ley ya existente que no los tenía incluidos.
"Además, la documentación que debe presentar el Gobierno al juez existe; son 33 jornadas de estudios técnicos que muestran cómo es la deriva en la aplicación de los fitosanitarios", expresó. Agregó: "El sector está convulsionado, por eso pedimos una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Bordet".
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La Pampa: pulverizadores no pueden ingresar a los pueblos
Prohibieron el ingreso de pulverizadores a los 80 pueblos de la provincia
Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Diario Textual (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.
“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías, de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.
El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.
También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.
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Fecha de Publicación: 16/11/2018
Fuente: Diario Textual (La Pampa)
Provincia/Región: La Pampa
El Gobierno provincial, luego del reclamo de ambientalistas, decidió prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos a las 80 localidades de la provincia.
“Con el fin de asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental, las Subsecretarías, de Ambiente y de Asuntos Agrarios de la Provincia, dispusieron prohibir el ingreso de máquinas y equipos de aplicación de agroquímicos en radios urbanos y el almacenamiento de bidones y/o recipientes de agroquímicos en sitios no autorizados en zonas urbanas”, informó el Gobierno.
El subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, y el subsecretario de Asuntos Agrarios, Alexis Benini, en las disposiciones conjuntas N°1/18 y 2/18, dispusieron “prohibir el ingreso, guarda y/o depósito de equipos y máquinas en uso, que se emplean para la aplicación agrícola terrestre y/o aérea de agroquímicos a las ciudades y comisiones de fomento” de La Pampa.
El ingreso solo será permitido cuando no puedan repararse fuera del radio urbano. Pero deberán estar previamente lavadas y debiendo contar con la pertinente certificación del asesor técnico fitosanitario.
También se prohibió en todo el territorio provincial el almacenamiento de bidones y recipientes de agroquímicos llenos (sin usar), en uso o vacíos, en sitios no autorizados ubicados en zonas urbanas, suburbanas y toda otra que determinen las autoridades de aplicación para asegurar la salud de la población y la preservación de la calidad ambiental.
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Quedó en firme la prohibición de fumigar las escuelas
La Justicia dejó firme la 'prohibición de fumigar las escuelas'
Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Fecha de Publicación: 03/11/2018
Fuente: Noticia Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos falló a favor de los ambientalistas. No se puede fumigar en inmediaciones de escuelas rurales. Otro fallo histórico en defensa del medio ambiente.
De esta manera se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno en la apelación a la sentencia de la Sala ll de la Cámara Segunda de Paraná.
En un extenso fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el máximo órgano judicial resolvió confirmar la sentencia de la Cámara Segunda de Paraná, Sala II presidida por Oscar Daniel Benedetto y de esta manera quedó prohibido todo tipo de fumigación aérea (tres mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales.
Según la sentencia firmada por Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, se rechazó la nulidad solicitada por el gobierno provincial en su apelación pero se hizo lugar parcialmente a lo expuesto por el Consejo General de Educación (CGE) en cuanto a la condena contra el organismo para que plante barreras vegetales "y confirmar el resto de la sentencia dictada". Es decir, salvo por la imposición para que el CGE se encargue de la protección en los alrededores de las instituciones, la prohibición de la fumigación de las escuelas quedó firme.
Es otro fallo histórico a favor de la lucha ambiental y la defensa de la vida impulsada por la Coordinadora Basta es Basta. El amparo ambiental firmado por el Foro Ambiental y AGMER obtuvo luz verde en el máximo tribunal de Justicia.
La decisión del máximo órgano judicial de la provincia se tomó este lunes 29 de octubre en la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, en los autos caratulados “Foro Ecologista de Paraná y Otra c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y Otros s/Acción de Amparo”. El voto fundamentado fue el de Miguel Giorgio.
Las cuestiones planteadas para resolver en la sentencia fueron dos: si existe nulidad y qué cabe resolver. Sobre el primer punto para desentrañar, el juez consideró que “en un examen ex officio de las actuaciones y de acuerdo al planteo central que han formulado las partes, no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de causal alguna que genere esa consecuencia procesal”. Al pronunciamiento adhirieron los dos vocales Mizawak y Carubia.
Sobre la segunda cuestión a resolver, Giorgio recordó el fallo de Benedetto en la Cámara Segunda de Paraná. En esa instancia, además de las limitaciones ratificadas se exhortó al Estado provincial para que, a través de sus reparticiones “efectúe en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse”. “Condenar al Estado provincial y al Consejo General Educación (CGE) a que en el plazo de dos (2) años contados desde la presente, procedan a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento cincuenta metros (150 mts.) de todas las escuelas rurales de la Provincia, con las especificaciones detalladas en los considerandos. Suspender de inmediato las aplicaciones de productos fitosanitarios en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, en horario de clases, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones”.
Agregó Giorgio que “contra ese pronunciamiento se interpuso recurso de apelación” porque la “sentencia no respetó el principio de congruencia”. En el mismo recurso se aludió “a la Ley de Plaguicidas Nº 6599” y se manifestó que “es la Secretaría de Producción y no su representado quien se encuentra legitimado para llevar adelante las medidas dispuestas”. Asimismo se refirió a “la existencia de prueba suficiente que acredita que su representada lleva adelante programas de formación de docentes ante esta temática, como así también la difusión del Protocolo de Acción ante Pulverizaciones”.
El fiscal Adjunto de la Fiscalía de Estado de la provincia, Sebastián M. Trinadori, sumó argumentos a esa apelación. Dijo que “la cantidad de hectáreas que resultan improductivas considerando que de acuerdo al informe del Consejo General de Educación, existen 832 escuelas primarias y 137 secundarias que se encuentran en ámbitos rurales”. Se reconoció también “la importancia de adoptar medidas tendientes al cuidado de la salud de la población pero entendiendo que la vía del amparo no es la adecuada debido a la complejidad técnica y jurídica del caso”, entre otros argumentos del fiscal Adjunto del Estado.
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Otra muestra del desastre de las fumigaciones periurbanas
Sastre: el dramático pedido de una madre para frenar las fumigaciones
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Agrotóxicos: la ONU indica que hay que aplicar la precaución
La ONU exigió al país una regulación más rigurosa del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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