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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
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Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Entre Ríos: sociedad se organiza contra los agrotóxicos
Contra los agrotóxicos, en la calle y en tribunales
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Multarán a empresa que quemaba bidones de agroquímicos
Multarán a empresa agroindustrial por cometer una falta ambiental gravísima
Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Fecha de Publicación: 05/02/2018
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
Un equipo de la Secretaría de Ambiente de la provincia realizaba un recorrido de rutina y una fogata de grandes dimensiones llamó su atención. Tras conducir la movilidad hasta el lugar, los inspectores se dieron cuenta que lo que estaban quemando eran residuos de agroquímicos altamente tóxicos, en un pozo que habían cavado en la tierra con una retroexcavadora. Como esto está prohibido por ley labraron un acta de infracción y ahora la derivarán a la Justicia de Paz, tal como indica el procedimiento. Esto sucedió en una empresa agroindustrial ubicada en Sarmiento, al límite de San Juan y Mendoza. Se estima, según dijeron desde la repartición, que las multas que se aplican en estos casos van de los 10 mil pesos hasta los 2 millones de pesos. La gravedad de la infracción es tan importante que las autoridades dicen que no es usual hacer multas por esta clase de delitos.
El hecho ocurrió el viernes pasado, pero salió a la luz ayer. Las imágenes que tomó Ambiente del operativo son impactantes. En ellas se puede ver varios vehículos cargados de envases vacíos de distintos agroquímicos de alto nivel de toxicidad que se usan en el rubro agroindustrial. Si bien desde la Secretaría no quisieron revelar el nombre de la empresa que cometió la infracción, dijeron que se trata de un emprendimiento que está justo en el límite entre San Juan y Mendoza. "No es usual esta clase de delito, que según la ley entra en la esfera Penal por su gravedad. Una vez multamos a una empresa por algo similar. Pero esta quema es muy grave", dijo José Luis Espinoza, director de Gestión Ambiental, quien no dio a conocer el nombre de la empresa.
Una vez que las actas lleguen a la Justicia de Paz de Sarmiento, se determinará cómo seguirá el caso. Según Espinoza, ya hicieron una infracción por la misma causa, pero en 9 de Julio. El letrado de ese juzgado se declaró incompetente y pasó al fuero Penal porque quemar residuos peligrosos, como envases de agroquímicos, es considerado un delito penal por el alto grado de contaminación que provoca en el terreno en el que se realiza y en las personas que pueden estar cerca del lugar o manipulando estos objetos. Más allá de esto, Ambiente colocará una multa y ahora evalúan cuál será el monto.
"Esta empresa no tiene multas anteriores, pero quemar y enterrar los recipientes de agroquímicos es algo que realiza con frecuencia. Lo que estamos seguros es que la multa no será la mínima", aseguró Espinoza, quien agregó que el procedimiento correcto para tratar esta clase de residuos es realizarles un triple lavado, guardarlos en contenedores especiales y luego son retirados por operadores que son los que reciclan estos envases. Jamás pueden ser quemados. La ley provincial 522-L es la que adhiere a la ley nacional 24.051, que establecen las normas generales para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.
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Cóndores envenenados: se entrega el puestero prófugo
Se entregó el puestero que estaba prófugo tras la muerte de 34 cóndores en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
El segundo puestero que tenía pedido de captura por el envenenamiento de los 34 cóndores ocurrido en la localidad de Los Molles, cerca del centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, a 420 kilómetros al sur de la capital de Mendoza, se entregó esta mañana en la Unidad Fiscal de Malargüe.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
En los procedimientos los efectivos policiales hallaron carbofurano granulado, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, que se comercializa mediante la marca Furadan y con el que fueron envenenadas las aves y otros animales.
Por el hecho ya habían detenido al puestero Nivaldo Baigorria, de 65 años, a quien por su estado de salud le concedieron prisión domiciliaria.
Rojas estaba en calidad de prófugo, pero en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confiaron a Télam que el hombre había llevado a sus cabras de veraneada a un paraje cordillerano alejado, por lo que estaban esperando que baje al llano.
Esta mañana, acompañado por una abogada, Rojas se entregó ante el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la investigación, se negó a declarar y solicitó prisión domiciliaria alegando ataques de pánico.
Giaroli dispuso que al ahora detenido mañana se le practiquen estudios médicos para verificar su estado de salud y disponer el lugar de su arresto, y una vez que eso quede definido se lo someterá a declaración indagatoria.
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Fecha de Publicación: 30/01/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
El segundo puestero que tenía pedido de captura por el envenenamiento de los 34 cóndores ocurrido en la localidad de Los Molles, cerca del centro invernal Valle de Las Leñas, en el departamento de Malargüe, a 420 kilómetros al sur de la capital de Mendoza, se entregó esta mañana en la Unidad Fiscal de Malargüe.
Fuentes judiciales precisaron que se trata de Ramón Navarro Rojas, de 67 años, quien tenía un pedido de captura desde el martes pasado luego del allanamiento policial a dos puestos de la zona.
En los procedimientos los efectivos policiales hallaron carbofurano granulado, uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos, que se comercializa mediante la marca Furadan y con el que fueron envenenadas las aves y otros animales.
Por el hecho ya habían detenido al puestero Nivaldo Baigorria, de 65 años, a quien por su estado de salud le concedieron prisión domiciliaria.
Rojas estaba en calidad de prófugo, pero en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial confiaron a Télam que el hombre había llevado a sus cabras de veraneada a un paraje cordillerano alejado, por lo que estaban esperando que baje al llano.
Esta mañana, acompañado por una abogada, Rojas se entregó ante el fiscal Javier Giaroli, a cargo de la investigación, se negó a declarar y solicitó prisión domiciliaria alegando ataques de pánico.
Giaroli dispuso que al ahora detenido mañana se le practiquen estudios médicos para verificar su estado de salud y disponer el lugar de su arresto, y una vez que eso quede definido se lo someterá a declaración indagatoria.
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Demuestran que el glifosato no se degrada en la tierra
El glifosato no se degrada, se acumula en la tierra argentina
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Nacional
Un estudio del CONICET, publicado en la revista internacional Environmental Pollution, reveló que el peligroso herbicida glifosato se acumula en los campos argentinos, sobre todo en Entre Ríos. La exagerada cantidad utilizada supera la capacidad de degradación de la tierra.
“Dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los microorganismos encargados de su degradación, el producto no hace más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que esto implica“, revela la investigación publicada por la revista internacional y realizada por científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), según un articulo del periodista Patricio Eleisegui, autor del libro ‘Envenenados‘, quien accedió a esta nueva evidencia.
Recordemos que recientemente otro artículo había demostrado que además de afectar la biodiversidad del bosque nativo, el veneno creado por Monsanto está generando su némesis: especies nativas resistentes al mismo herbicida, utilizado por el sector agropecuario argentino en cantidades alarmantes.
El artículo de Eleisegui continúa así: “La investigación citada señala entre sus resultados que ‘bajo las prácticas actuales, las tasas de aplicación son más altas que las tasas de disipación'”. Para luego resaltar que “por lo tanto, glifosato y AMPA -su metabolito- deben ser considerados pseudo persistentes”.
El estudio en cuestión, sujeto a muestras tomadas durante 2015 de distintos lotes ubicados en el distrito de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, sostiene que la concentración de glifosato constatada en esa zona se encuentra entre las más altas a nivel mundial. El equipo de científicos también ubicó rastros del herbicida en aguas de superficie, aunque a niveles más bajos que los comprobados en el suelo.
Damián Marino, doctor en Química y uno de los especialistas del CONICET que coordinó la experiencia, consultado por este medio explicó que, en concreto, el monitoreo demuestra que “el glifosato no desaparece” en tanto “se vuelca en el ambiente más herbicida de lo que la naturaleza puede llegar a degradar“.
Esto último, la acumulación, también es consecuencia del amplio paquete de plaguicidas que pulverizan los productores más allá del citado glifosato. Marino lo explica con claridad: “Todo lo que se aplica en el campo no ha hecho más que degradar a los microorganismos que se podrían encargar de hacer desaparecer al glifosato. Hoy por hoy, estas opciones de degradación están tan afectadas que casi no operan. El sistema de producción rompió al sistema que limpia. Y continúa echando más glifosato que antes“.
A tono con lo anterior, vale decir que Argentina aparece hoy, como el país con mayor consumo de glifosato en el planeta, siempre en términos de cantidad de población. Así, mientras que naciones como Estados Unidos -uso anual de 136 millones de litros- promedian 0,42 litros del herbicida por habitante, Argentina -187 millones- ostenta una pauta de 4,3 litros por cada persona que puebla nuestra geografía. Siempre en términos anuales, claro.
“El glifosato y el AMPA muestran afinidad por las matrices sólidas, esto es, suelo y sedimentos. No se detectó concentración en aguas subterráneas“, concluye el estudio, que además recomienda “una revisión de las prácticas actuales de gestión agrícola con el fin de detener la acumulación constatada”, y exige una “reevaluación de riesgo toxicológico dadas las concentraciones (de glifosato) encontradas”.
“Hay un uso y un abuso del suelo, con una micro fauna afectada y una carga de químicos de uso permanente. El estudio no hace más que reafirmar que tenemos glifosato en todas partes y cada vez en mayor cantidad“, concluyó Marino.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que existe evidencia suficiente para relacionar al glifosato con, precisamente, la proliferación del cáncer.
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Tras la muerte de cóndores piden trazabilidad de agrotóxicos
Ambientalistas piden ley de trazabilidad para agrotóxicos por la muerte de 34 cóndores en Mendoza
Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: Agencia Télam
Provincia/Región: Mendoza
Esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción", aseguró el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome.
La fundación Cullunche, con 25 años de trayectoria en la protección ambiental en Mendoza, aseguró hoy que no cejará hasta lograr "una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena" de los agrotóxicos, tras la muerte de 34 cóndores envenenados con esos productos en Malargüe.
"Es una pérdida enorme", afirmó la presidenta de la entidad, Jennifer Ibarra, al manifestar su tristeza por lo ocurrido con los 34 ejemplares en Los Molles, casi todos adultos, porque además "los pichones mueren de hambre en los nidos" al no regresar sus padres con la comida que salieron a buscar.
Ibarra coincidió con el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome, en que, con esas muertes, esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción".
"Mi apreciación al respecto es de profunda tristeza e indignación, porque esto es un retroceso muy grande para la conservación de la fauna y de los cóndores en Argentina", afirmó.
La ambientalista sumó la reciente muerte de los 34 cóndores a las 32 registradas en todo el país durante 2017: "En estos últimos 13 meses hemos volado de la faz de la tierra 66 ejemplares", lamentó.
"Los de Mendoza para colmo fueron todos adultos, o sea que vamos a tener un impasse muy importante, importantísimo, de nacimientos, porque un cóndor tiene la edad fértil entre los 8 y 10 años, dos años demora hasta que nace y queda terminado un pichón. Esto -remarcó- es una pérdida importante".
Además, dijo, "hay pichones que quedaron solos en los nidos y seguramente ya han muerto de hambre, porque los padres han muerto yendo a buscar la comida".
Sobre los agrotóxicos
Esta pérdida, dijo, "es también turística, porque muchos extranjeros vienen a Mendoza a ver cóndores y va a costar ahora hacer avistajes, no solo aquí sino también en Chile y en provincias aledañas como Neuquén, San Juan, La Rioja y hasta en la Catamarca" pues "en un día vuelan entre 200 a 300 kilómetros".
La dirigente conservacionista manifestó: "Es realmente muy triste lo que ha pasado y además es gravísimo y fuera de la ley esto de estar diseminando en el piso y en el agua agrotóxicos, que no se deberían poder comprar libremente".
"Vamos a trabajar hasta el final en una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena, que la persona que compré un agrotóxico deba tener prescripción de un agrónomo", dijo Ibarra al referirse a las sustancias que suelen usar en el campo para eliminar pumas y otros animales silvestres depredadores del ganado.
Hallazgo y detenciones
Los cóndores, 20 machos y 14 hembras, fueron hallados a unos 3.000 metros de altura en Los Molles -paraje cercano al centro invernal Las Leñas-, amontonados y parcialmente quemados en un área pequeña en la que también había un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a un caso de envenenamiento
Este martes detuvieron a un hombre y otro se fugó, en allanamientos a dos puestos en Los Molles y El Sosneado en los que encontraron veneno fosforado, según la inspección ocular realizada por los bomberos.
Una especie amenazada
Los análisis para determinar qué sustancia mató a los animales y si es compatible con la secuestrada en los puestos demorará como mínimo entre 15 a 20 días, estimaron.
"No es el puma ni el zorro" el culpable "de todos los males de los puesteros. Son el último eslabón de una serie de infortunios y de malas políticas respecto a la producción, dijo Ibarra al señalar que tampoco "la forma de controlar es tirando veneno al ambiente".
Ibarra consideró que Argentina tiene una población importante de cóndores en buenas condiciones, que estimó de entre 2.000 y 2.500 ejemplares, a diferencia de otros países andinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
No obstante, sostuvo que en este caso "se han transgredido las leyes de ambiente, de protección de la fauna " y la que en Mendoza reconoce al cóndor como "monumento natural provincial".
"No nos podemos dar el lujo de hacer desaparecer esta especie, por lo que yo creo que esto tiene que ser castigado como corresponde", dijo la presidenta de Cullunche.
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Fecha de Publicación: 29/01/2018
Fuente: Agencia Télam
Provincia/Región: Mendoza
Esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción", aseguró el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome.
La fundación Cullunche, con 25 años de trayectoria en la protección ambiental en Mendoza, aseguró hoy que no cejará hasta lograr "una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena" de los agrotóxicos, tras la muerte de 34 cóndores envenenados con esos productos en Malargüe.
"Es una pérdida enorme", afirmó la presidenta de la entidad, Jennifer Ibarra, al manifestar su tristeza por lo ocurrido con los 34 ejemplares en Los Molles, casi todos adultos, porque además "los pichones mueren de hambre en los nidos" al no regresar sus padres con la comida que salieron a buscar.
Ibarra coincidió con el director del Programa de Conservación del Cóndor Andino, Luis Jacome, en que, con esas muertes, esta especie "amenazada" en el país puede pasar a la categoría de "en peligro de extinción".
"Mi apreciación al respecto es de profunda tristeza e indignación, porque esto es un retroceso muy grande para la conservación de la fauna y de los cóndores en Argentina", afirmó.
La ambientalista sumó la reciente muerte de los 34 cóndores a las 32 registradas en todo el país durante 2017: "En estos últimos 13 meses hemos volado de la faz de la tierra 66 ejemplares", lamentó.
"Los de Mendoza para colmo fueron todos adultos, o sea que vamos a tener un impasse muy importante, importantísimo, de nacimientos, porque un cóndor tiene la edad fértil entre los 8 y 10 años, dos años demora hasta que nace y queda terminado un pichón. Esto -remarcó- es una pérdida importante".
Además, dijo, "hay pichones que quedaron solos en los nidos y seguramente ya han muerto de hambre, porque los padres han muerto yendo a buscar la comida".
Sobre los agrotóxicos
Esta pérdida, dijo, "es también turística, porque muchos extranjeros vienen a Mendoza a ver cóndores y va a costar ahora hacer avistajes, no solo aquí sino también en Chile y en provincias aledañas como Neuquén, San Juan, La Rioja y hasta en la Catamarca" pues "en un día vuelan entre 200 a 300 kilómetros".
La dirigente conservacionista manifestó: "Es realmente muy triste lo que ha pasado y además es gravísimo y fuera de la ley esto de estar diseminando en el piso y en el agua agrotóxicos, que no se deberían poder comprar libremente".
"Vamos a trabajar hasta el final en una ley de trazabilidad que contemple hasta el último eslabón de la cadena, que la persona que compré un agrotóxico deba tener prescripción de un agrónomo", dijo Ibarra al referirse a las sustancias que suelen usar en el campo para eliminar pumas y otros animales silvestres depredadores del ganado.
Hallazgo y detenciones
Los cóndores, 20 machos y 14 hembras, fueron hallados a unos 3.000 metros de altura en Los Molles -paraje cercano al centro invernal Las Leñas-, amontonados y parcialmente quemados en un área pequeña en la que también había un puma, cabras y ovejas, por lo que los investigadores apuntaron rápidamente a un caso de envenenamiento
Este martes detuvieron a un hombre y otro se fugó, en allanamientos a dos puestos en Los Molles y El Sosneado en los que encontraron veneno fosforado, según la inspección ocular realizada por los bomberos.
Una especie amenazada
Los análisis para determinar qué sustancia mató a los animales y si es compatible con la secuestrada en los puestos demorará como mínimo entre 15 a 20 días, estimaron.
"No es el puma ni el zorro" el culpable "de todos los males de los puesteros. Son el último eslabón de una serie de infortunios y de malas políticas respecto a la producción, dijo Ibarra al señalar que tampoco "la forma de controlar es tirando veneno al ambiente".
Ibarra consideró que Argentina tiene una población importante de cóndores en buenas condiciones, que estimó de entre 2.000 y 2.500 ejemplares, a diferencia de otros países andinos como Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
No obstante, sostuvo que en este caso "se han transgredido las leyes de ambiente, de protección de la fauna " y la que en Mendoza reconoce al cóndor como "monumento natural provincial".
"No nos podemos dar el lujo de hacer desaparecer esta especie, por lo que yo creo que esto tiene que ser castigado como corresponde", dijo la presidenta de Cullunche.
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¿Una Ley de Presupuestos Mínimos para fumigaciones?
El Gobierno busca reglamentar las fumigaciones en las que se utilicen agroquímicos
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: Nacional
Frente a la falta de generar un verdadero debate respecto del uso agroquímicos en el Parlamento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agroindustria avanzan en la reglamentación para el reordenamiento y control de las fumigaciones tanto aéreas como terrestres que permita buscar coincidencias de "pautas comunes", en todo el país ante las "inconsistencias" que se imponen en provincias y municipios. Para eso, en febrero se invitará a las autoridades del interior del país a que acerquen las distintas prácticas que se utilizan para que sean plasmadas en una resolución a publicar en dos meses, y en donde se le pedirá a los gobernadores ser parte de la misma.
Según pudo saber BAE Negocios a partir de fuentes de ambas carteras, es que en dos semanas se convocará por un lado al Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y al Consejo Federal Agropecuario (CFA), a los cuales se les presentará un borrador de lo quiere el Ejecutivo respecto de las fumigaciones.
Para esto habrá que acercar las normas que tengan en cada jurisdicción con el fin de llegar a un mayor consenso. "No se trata de los metros en las fumigaciones sino todas las definiciones al respecto. Densidad de población, mensuras, parámetros para fijar las distancias, qué técnicas se usan para la aplicación tanto en la manipulación del operario como en la maquinaria llamese, nivel de control y monitoreo", resaltaron desde Medio Ambiente.
El borrador que fue diseñado por los técnicos de ambas carteras y que tiene definiciones "en general", pero que buscar aplicar "políticas de estado a partir de estándares" basadas en las buenas prácticas agrícolas (BPA); tendrá por otro lado limitaciones mínimas y donde los municipios podrán legislar hacia arriba, pero estarán impedidos de hacerlo para abajo.
Sin embargo, fuentes de Agroindustria reconocieron que todavía falta coincidir en las zonas de amortiguamiento, las cuales siguen en "discusión" ya que también se propone retirar las zonas de exclusión como concepto de reaseguro; esto significa que, directamente, no se podrá fumigar.
Lo que se busca "es que las provincias tengan una referencia de lo que hay que hacer y siempre y cuando quieran abrir sus respectivas legislaciones para que luego éstas la trasladen a los municipios", afirmaron desde Paseo Colón al 900.
Si hay una negativa por parte de los gobernadores, "avisaremos a los vecinos de cada jurisdicción que sus representantes no quieren adherir lo que significa que no buscan normalizar la situación", resaltaron en Medio Ambiente.
Respecto de los controles, ambas fuentes coincidieron en la necesidad de que cada jurisdicción tome el verdadero poder de policía invirtiendo en personal idóneo que haga cumplir las leyes. "Esto quiere decir que si un avión fumiga sobre una escuela, cuando el piloto baja, va preso porque es un delito penal", subrayaron desde la cartera medioambiental.
Además, remarcaron que así como hay una trazabilidad en los alimentos, esto mismo se puede trasladar a los aplicadores, como puede ser colocando un GPS a los aviones. De esta forma se valida el efecto de los agroquímicos sobre la salud de la gente.
Lo que quiere el Gobierno es que haya una referencia que hoy no la existe y principalmente presionar, si se quiere, al productor a estar bajo la lupa del Estado para que insista con las BPA, generando así una cadena de confianza que va desde la puesta de un asesor presente en el campo hasta personal tecnificado para el manejo de las máquinas y productos agroquímicos.
Nuevo paradigma
Los ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología trabajan junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), para que el campo vaya hacia la química verde. En ese sentido buscan reemplazar el uso del paraquat, un herbicida que elimina las malezas por otro de origen orgánico como es el ácido pelargónico que se encuentra en el reino animal y vegetal. Los técnicos locales buscan extraerlo del girasol para de esa forma ofrecer un reemplazo sustentable.
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Fumigaciones en Córdoba resistidas y reprimidas
La policía cordobesa, del lado de los sojeros
Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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Fecha de Publicación: 26/01/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Córdoba
Sofía Gatica fue arrestada ayer en la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Fue liberada tras una manifestación de apoyo, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
Sofía Gatica, conocida activista en contra del uso de agroquímicos, fue detenida ayer por la policía cordobesa cuando intentaban impedir las fumigaciones masivas ilegales en el campo junto a otros vecinos de la localidad de Dique Chico, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Después de numerosas manifestaciones públicas que pidieron su excarcelación, fue liberada por la tarde de ayer, aunque continúa imputada por violación de la propiedad privada y resistencia contra la autoridad.
A través de un comunicado, los vecinos autoconvocados de Dique Chico denunciaron la detención y resaltaron que el productor Alejandro Dalmasso estaba violando la resolución 242/201, que prohibía las fumigaciones a 1000 metros de la zona urbanizada. A pesar de que a fin de año, la Justicia otorgó una medida cautelar para que los sojeros pudieran continuar con su actividad, esta se había interrumpido por la feria judicial. “La Justicia dejó en claro que no podían fumigar hasta febrero y luego de presentar libretas fitosanitarias y autorizaciones de ganadería y agricultura de la provincia”, alertaron en el escrito.
Sin embargo, los vecinos afirmaron que los productores siguieron adelante con sus planes, incumpliendo las resoluciones judiciales. “Se precipitaron, no respetaron los tiempos judiciales. La soja se les estaba llenando de maleza y fueron a fumigar”, acusaron en el documento.
Tanto Gatica, Premio Medioambiental Goldman en 2012, como los vecinos estaban intentando evitar que nuevamente Dalmasso fumigara el campo de la entrada al pueblo, cercano a la escuela Bernardo de Monteagudo a la que asisten los niños de la localidad. En el documento, los vecinos autoconvocados resaltaron que ellos son “los afectados ambientales más vulnerables de este modelo de mala muerte”. “En ese marco se llevaron detenida a la compañera Sofía Gatica, referente indiscutida de la lucha contra los agrotóxicos”, explicaron en el comunicado, en el que convocaban a otras organizaciones a repudiar la situación
El abogado cordobés, Carlos “Chuzo” González Quintana, informó luego que a las 15 horas de ayer liberaron finalmente a Gatica, pero la Policía mantuvo las imputaciones. “Vamos a defenderla en esta nueva instancia judicial que su acción contra los agroquímicos le pone frente a su camino… en definitiva Sofía acumula casi una decena de causas en diferentes jurisdicciones del país por no claudicar en su consecuente lucha de años”, escribió en su página de Facebook.
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1.500 las hectáreas afectadas en Chaco con el 2.4D
Se elevan a 1.500 las hectáreas afectadas por herbicidas hormonales
Fecha de Publicación: 24/01/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Productores y técnicos consultados confirmaron a que suman 1.500 hectáreas de algodón afectadas, en distinto grado, por el efecto de la expansión de un potente pesticida que podría ser 2.4D, implantados en la zona de Los Frentones por el productor Nicolas Uzelak
El caso fue dado a conocer a través de la denuncia de una productora difundida por NORTE que expone un informe al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de controles estatales y de la necesidad del cumplimiento efectivo de la receta agronómica.
Uzelak ya había tenido un episodio similar años atrás, en un campo cercano. Hizo la denuncia policial y actuaron las autoridades del área correspondiente, aplicando la multa al productor que uso el pesticida prohibido. Ahora, vuelve a suceder un acontecimiento similar que viola las leyes vigentes y los productores de la zona temen que haya más problemas no solo para los productores agrícolas sino también para los ganaderos.
El informe señala que se elevan a 1.500 el total de la superficie implantada fueron afectadas aparentemente por el uso indebido por parte de vecinos del plaguicida hormonal que aún no se sabe si puede ser 2.4 D en formulación Ester u otro como el Paraquat 27,6 cuya acción es poco afectada por lluvias inmediata a la aplicación. Así lo denunció ante NORTE el productor Nicolas Uzelak, que tiene su lote implantado con algodón a la altura del kilómetros 264 de la Ruta Nacional Nº 16 al oeste de Los Frentones, en el departamento Almirante Brown, y las hojas presenta la forma de “pata de rana”, razón por la cual consideran que se trata de 2.4D.
La aplicación de este potente pesticida –cuya aplicación se encuentra prohibida en el Chaco por ley desde el mes de agosto hasta fines de marzo–, habría sido utilizada por vecinos al campo de Uzelak en lotes de girasol.
De acuerdo a la información dada por el productor, se trata de una superficie implantada con el cultivo de algodón que abarcó unas 1.500 hectáreas que se vieron afectadas con deformaciones en las tres a cuatro hojas del extremo apical como así también de las pequeñas ramas laterales con alargamiento de hojas, enrutamiento, deformación de nervaduras y pequeños pimpollos con la consiguiente pérdida de los mismos.
Esta sintomatología es coincidente con la producida por herbicidas hormonales cuyo principio activo es 2.4D y por distribución en la totalidad del lote, con sectores con mayor afectación se puede deducir que se trata de una deriva de aplicaciones realizadas en lotes cercanos a esta parcela por este herbicida en formulación ester, la cual se encuentra prohibida en el Chaco por ley, en la franja de siete meses desde agosto a marzo.
Que dice el gobierno
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica realizó tareas de inspección en un predio de cultivo algodonero de Los Frentones cuyo propietario denunció que fue afectado por aplicaciones de herbicidas en lotes aledaños. Los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control llegaron al lugar para constatar la posible infracción a la Ley Nº 2026-R (agroquímicos).
La subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi recordó que todos los productos fitosanitarios deben adquirirse y aplicarse con receta agronómica, suscripta por un ingeniero agrónomo. “La fiscalización es un pilar fundamental para aplicar y controlar las leyes ambientales, se inspeccionan a expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres como lo establece la Ley Nº 2026-R (ex Ley 7032)”, indicó.
Además, los bidones vacíos de fitosanitarios tienen un único destino autorizado; antes de ser retirados para su reciclado deben pasar por un proceso de triple lavado y perforado, dado que no pueden ser comercializados, enterrados o quemados. No pueden ser reutilizados, menos aún para transportar agua, por los perjuicios a la salud que podría acarrear dicha práctica. Se debe solicitar el retiro a empresas recicladoras, actividad que no genera gastos para el productor y con el otorgamiento de un manifiesto de validez oficial.
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica recuerda que, la norma vigente antes mencionada, pertenece al ámbito provincial y toda persona física o jurídica que se enmarque en los registros de la ley deberá tramitar su inscripción ante esta dependencia. Por consultas, se podrán realizar personalmente en la Oficina Nº 22 del piso 9 de Casa de Gobierno o llamar al teléfono 3624-4448089.
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Fecha de Publicación: 24/01/2018
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco
Productores y técnicos consultados confirmaron a que suman 1.500 hectáreas de algodón afectadas, en distinto grado, por el efecto de la expansión de un potente pesticida que podría ser 2.4D, implantados en la zona de Los Frentones por el productor Nicolas Uzelak
El caso fue dado a conocer a través de la denuncia de una productora difundida por NORTE que expone un informe al respecto, sobre todo en cuanto a la ausencia de controles estatales y de la necesidad del cumplimiento efectivo de la receta agronómica.
Uzelak ya había tenido un episodio similar años atrás, en un campo cercano. Hizo la denuncia policial y actuaron las autoridades del área correspondiente, aplicando la multa al productor que uso el pesticida prohibido. Ahora, vuelve a suceder un acontecimiento similar que viola las leyes vigentes y los productores de la zona temen que haya más problemas no solo para los productores agrícolas sino también para los ganaderos.
El informe señala que se elevan a 1.500 el total de la superficie implantada fueron afectadas aparentemente por el uso indebido por parte de vecinos del plaguicida hormonal que aún no se sabe si puede ser 2.4 D en formulación Ester u otro como el Paraquat 27,6 cuya acción es poco afectada por lluvias inmediata a la aplicación. Así lo denunció ante NORTE el productor Nicolas Uzelak, que tiene su lote implantado con algodón a la altura del kilómetros 264 de la Ruta Nacional Nº 16 al oeste de Los Frentones, en el departamento Almirante Brown, y las hojas presenta la forma de “pata de rana”, razón por la cual consideran que se trata de 2.4D.
La aplicación de este potente pesticida –cuya aplicación se encuentra prohibida en el Chaco por ley desde el mes de agosto hasta fines de marzo–, habría sido utilizada por vecinos al campo de Uzelak en lotes de girasol.
De acuerdo a la información dada por el productor, se trata de una superficie implantada con el cultivo de algodón que abarcó unas 1.500 hectáreas que se vieron afectadas con deformaciones en las tres a cuatro hojas del extremo apical como así también de las pequeñas ramas laterales con alargamiento de hojas, enrutamiento, deformación de nervaduras y pequeños pimpollos con la consiguiente pérdida de los mismos.
Esta sintomatología es coincidente con la producida por herbicidas hormonales cuyo principio activo es 2.4D y por distribución en la totalidad del lote, con sectores con mayor afectación se puede deducir que se trata de una deriva de aplicaciones realizadas en lotes cercanos a esta parcela por este herbicida en formulación ester, la cual se encuentra prohibida en el Chaco por ley, en la franja de siete meses desde agosto a marzo.
Que dice el gobierno
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica realizó tareas de inspección en un predio de cultivo algodonero de Los Frentones cuyo propietario denunció que fue afectado por aplicaciones de herbicidas en lotes aledaños. Los inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control llegaron al lugar para constatar la posible infracción a la Ley Nº 2026-R (agroquímicos).
La subsecretaria de Ambiente Claudia Terenghi recordó que todos los productos fitosanitarios deben adquirirse y aplicarse con receta agronómica, suscripta por un ingeniero agrónomo. “La fiscalización es un pilar fundamental para aplicar y controlar las leyes ambientales, se inspeccionan a expendedores de agroquímicos, aplicadores aéreos y terrestres como lo establece la Ley Nº 2026-R (ex Ley 7032)”, indicó.
Además, los bidones vacíos de fitosanitarios tienen un único destino autorizado; antes de ser retirados para su reciclado deben pasar por un proceso de triple lavado y perforado, dado que no pueden ser comercializados, enterrados o quemados. No pueden ser reutilizados, menos aún para transportar agua, por los perjuicios a la salud que podría acarrear dicha práctica. Se debe solicitar el retiro a empresas recicladoras, actividad que no genera gastos para el productor y con el otorgamiento de un manifiesto de validez oficial.
El Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica recuerda que, la norma vigente antes mencionada, pertenece al ámbito provincial y toda persona física o jurídica que se enmarque en los registros de la ley deberá tramitar su inscripción ante esta dependencia. Por consultas, se podrán realizar personalmente en la Oficina Nº 22 del piso 9 de Casa de Gobierno o llamar al teléfono 3624-4448089.
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Más denuncias de fumigaciones sobre una escuela
Denuncian fumigaciones ilegales sobre una escuela
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Santa Fe: denunciar fumigaciones puede ser peligroso
Denuncian una persecución a ambientalistas en Alvear
Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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Fecha de Publicación: 19/01/2018
Fuente: Rosario Plus
Provincia/Región: Santa Fe
Una docente y activista de Alvear denunció que desde hace varios años los vecinos que se oponen a la fumigación con agroquímicos en la zona son perseguidos y amenazados. "Hace 4 años que venimos haciendo denuncias en la comuna de Alvear porque nos están matando con los venenos", afirmó Andrea Druetta, en diálogo con Sí 98.9. "Tenemos agroquímicos en sangre, se nos murieron varios familiares y estamos luchando por nuestros hijos", agregó.
La mujer, que hace varios años que vive en Alvear, comentó que fue docente de la escuela Gendarme Argentino, pero cuando empezó a denunciar los envenenamientos la obligaron a desvincularse de la institución. "Hicimos los análisis de agua y estaba totalmente contaminada, cuando llevé los informes a la escuela de la zona me amenazaron", dijo.
El relato de esta maestra recobró vigencia a partir del caso ocurrido el lunes en una finca rural de esa localidad al sur de Villa Gobernador Gálvez, en el que un niño de dos años murió luego de ingerir una galletita untada con un pesticida que el padre había destinado a envenenar ratas.
En cuanto a la respuesta de las autoridades municipales y provinciales, la activista manifestó que a pesar de las pruebas que presentaron los vecinos, nunca se intentó restringir las fumigaciones. "La comuna nos quiso comprar para que no digamos nada", denunció.
"La gente se sigue muriendo de cáncer, lupus y otras enfermedades terminales", indicó Andrea y acotó: "En el pueblo es terrible el uso indebido e indiscriminado de agroquímicos".
Además, la docente puso en duda que el producto ingerido por el menor de dos años que falleció este lunes en Alvear haya sido veneno para ratas. "En el pueblo no hay ratas, ni cucarachas ni ranas, porque el veneno que están poniendo mata a todo", afirmó.
"No tiene antídoto lo que tenemos, por más que nos vayamos lo llevamos con nosotros", concluyó.
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En Córdoba "duermen" una decena de causas ambientales
Una decena de causas ambientales espera resolución en la Justicia de Córdoba
Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Fecha de Publicación: 17/01/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Córdoba
Muchas investigaciones llevan 10 años en los tribunales sin que se concrete el juicio oral. La “causa madre de barrio Ituzaingó” es una de las más antiguas y desde hace dos años se encuentra en la Cámara 7ª. El debate fue postergado en varias oportunidades y se espera que se realice este año. Una fiscalía especializada en esta materia sigue siendo materia pendiente
Las causas ambientales en Córdoba no forman parte de la agenda de persecusión penal del Ministerio Público. Así lo refleja el resultado de las investigaciones que circulan en tribunales a la espera de un juicio oral. La mayoría de ellas fue impulsada -en muchos casos de oficio- por el fiscal de Instrucción Carlos Matheu.
La más emblemática es la conocida como “causa madre de barrio Ituzaingó”. La investigación comenzó hace nueve años y hace más de dos que se encuentra en la Cámara Séptima del Crimen a la espera del debate, cuyo inicio fue anunciado y postergado en varias oportunidades.
Se espera que el juicio se concrete luego de la feria judicial. En el debate se buscará establecer si la aplicación de agrotóxicos causó la muerte de 272 personas. Son seis los imputados bajo la acusación de contaminación dolosa ambiental continuada. Ellos son: el productor agropecuario Francisco Parra, el aeroaplicador Edgardo Pancello, los hermanos empresarios Javier y Fernando Amuchástegui (directivos de la firma Tecnocampo), la ingeniera agrónoma, que trabaja en dicha firma, Alejandra Mendizábal Pizarro y Gustavo Alejandro Amaya, también aviador.
En el caso de que Parra y Pancello resulten culpables deberán cumplir una pena efectiva, habida cuenta de que ya recibieron una condena por la Cámara 1 ª del Crimen: 3 años de prisión condicional por las fumigaciones en ese barrio.
Pero las causas por contaminación ambiental no se reducen a barrio Ituzaingó. En 2009, la contaminación de frutas y verduras en el Mercado de Abasto llevó al fiscal Carlos Matheu a imputar al propio intendente Daniel Giacomino, quien fue acusado por el delito de abuso de autoridad y distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud.
También fue acusado el por entonces director de Ferias y Mercados del municipio, Nicolás García, a quien se lo acusó de omisión de deberes de funcionario público y venta o distribución culposa de mercadería peligrosa para la salud. En la misma resolución, Matheu imputó a los quinteros Roberto Maestre y Daniel García. Completan la lista de imputados Jorge Gerhauser, de la Coordinación General de la Regional Córdoba del Servicio Nacional de Sanidad Agralimentaria (Senasa) y otra autoridad de éste. Sobre ambos pesa la imputación de omisión de los deberes de funcionario público. La causa fue elevada a juicio en 2009 pero el debate oral no tiene fecha cierta.
Otros casos
En 2015, la Justicia abrió por primera vez en Argentina y América una causa para determinar la existencia de contaminación atmosférica en un sector del microcentro de la ciudad de Córdoba, por las emisiones de residuos tóxicos de vehículos diésel.
El resultado fue la imputación de 14 conductores a quienes se acusó de contaminación dolosa. La causa también fue elevada a juicio y lleva varios años a la espera del debate oral.
En el mismo año, 53 empleados de la planta cloacal municipal Bajo Grande fueron imputados por paralizar las actividades y causar la contaminación del río Suquía. El expediente se encuentra a la espera de una resolución de un juzgado de Control.
Otra causa de gran repercusión pública fue la denominada “Buspack”. En 2016, el entonces fiscal Matheu imputó a 41 empleados que trabajaban para dicha empresa de barrio Empalme, por presuntamente contaminar el ambiente al arrojar desechos, entre ellos, hidrocarburos.
Entre los acusados figuran tres directivos de la firma, encargada de la limpieza y mantenimiento de las unidades de transporte de media y larga distancias de Córdoba.
En esta causa, Matheu – quien ahora preside una fundación dedicada a combatir estos delitos- pidió constituirse como querellante, planteo que fue rechazado en una primera instancia y apelado por el ex funcionario.
El caso de la imputación de los dueños de una curtiembre por la supuesta contaminación con una sustancia cancerígena en la zona de Camino a Chacra de la Merced es otra de las investigaciones que siguen pendientes de resolución en tribunales.
Contaminación en hospitales
La última investigación que instruyó Matheu antes de dejar su cargo fue la denuncia por contaminación de sábanas en los hospitales públicos de Córdoba.
Allí, el por entonces fiscal resolvió imputar a cuatro personas, entre ellas el director de Compras del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Córdoba, José María Cittadini. También acusó a los dueños del lavadero Magic Clean SRL, Jorge Salavagione y su hermano, Marcelo, ambos acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa reiterada en calidad de coautores; Carlos Pérez, directivo de la mencionada firma; y el mencionado director de compras del Ministerio de Salud, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y contaminación ambiental en calidad de partícipe necesario.
A raíz de la partida del fiscal, la causa quedó paralizada.
- Primera condena. En septiembre de 2017, la Corte Suprema confirmó la condena a los aeroaplicadores por las fumigaciones en barrio Ituzaingó. El caso tuvo repercusión nacional.
- Investigaciones. El por entonces fiscal Carlos Matheu inició de oficio numerosas investigaciones por delitos ambientales y elevó varias causas a juicio.
- Designación fallida. En junio de 2016, el fiscal General Alejandro Moyano anunció la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales. Designó a Matheu pero luego el nombramiento no se concretó.
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Con agroquímicos asesinaron a Don Diógenes
La triste historia de Don Diógenes, el abuelo que murió tras ser rociado con agroquímicos en el patio de su casa
Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Fecha de Publicación: 16/01/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Santa Fe
No pararon de fumigar. Aunque a Don Diógenes lo habían "bañado" en agroquímicos dos veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, estuvo internado en terapia intensiva hasta que el lunes murió. Se sumó así a esa lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina -quita de retenciones mediante- volvió a crecer en 2017 el uso de agroquímicos.
Diógenes Omar Chapelet tenía ocho hijos. Vivía en un pequeño caserío a tres kilómetros y medio de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene dos mil habitantes. Alrededor de su casa hay dos campos. Uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faletto. Esos terrenos habrían estado fumigando el "mosquito" que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio. Quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí, los síntomas no pararon de empeorar.
El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agroquímicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva. Los vecinos atestiguan que las fumigaciones en el campo de Faletto continuaron.
"Empezó haciendo broncoespasmos, que es un signo de inflamación de las vías respiratorias por un agente irritativo, como los agrotóxicos. A partir de allí, ese cuadro inicial se fue agravando. Después hizo una petequia, que son esas manchas rojas que se ven en las fotos; son vasos capilares que se rompen porque están debilitados. Al final hizo una púrpura, ya que empezó a tener una falla a nivel globular. Y terminó con una falla multisistémica", explicó a Infobae el médico y profesor Damián Verzeñassi. La secuencia fue confirmada por un médico del hospital de San Justo en el que Diógenes pasó sus últimos días.
En el medio hubo una denuncia policial. Quizás por eso el 13 de diciembre Falleto se hizo presente en la casa de Diógenes junto al técnico fitosanitarista Horacio Pennino. El episodio lo contó en la revista Crisis el periodista Ricardo Serruya, uno de los primeros que se interesó en el caso. Lo relató así: "Más que un técnico que iba a supervisar, Pennino, que es ingeniero agrónomo y forma parte del Ministerio de Producción de la provincia, se pareció a un representante de los dueños de los campos linderos. Él, cuya función es tomar este tipo de denuncias, no pudo responder las preguntas que familiares le hicieron y se retiró ofuscado con los hijos y la esposa de Diógenes porque se negaron a firmar un acuerdo para que se siga fumigando". Lo que siguió fueron amenazas a la familia Chapelet. Es el abecé del que se queja en los pueblos fumigados.
Indignados, dos hijos de Diógenes que trabajan como ladrilleros en Marcelino Escalada buscaron apoyo en la Fundación Muyuqui, de San Justo, que se opone al uso de agroquímicos y promueve la agroecología. Mientras seguían las fumigaciones en los alrededores de la casa de los Chapelet, la ONG organizó una charla el 29 de diciembre en la que disertó Daniel Verzeñassi, el padre de Damián. "Hubo algo de tensión, porque fueron ingenieros agrónomos y el propio Faletto, y estaban a la defensiva. Pero también hubo cierto acuerdo en que esto no puede seguir así. Creo que muchos de esos ingenieros empezaron a tomar algo de conciencia a medida que escuchaban los argumentos", recordó el ambientalista Patricio Acuña, ante la consulta de este medio.
Faletto, al parecer, se comprometió a impulsar una ordenanza para alejar las fumigaciones de las casas. En el pueblo dicen que tiene miedo. Tiene motivos: el fiscal Guillermo Persello, de San Justo, ya investiga el caso. Y hay un grupo de abogados esperando la decisión de la familia para impulsar la causa y aportar pruebas.
Esta semana se conoció el caso de un niño que murió en Alvear, también en Santa Fe, luego de comer -supuestamente- una galletita envenenada. El parte oficial no tardó en informar que ingirió un raticida y que en la casa de la víctima había un bidón con la inscripción Furfarm. En Google casi no hay rastros de ese nombre, aunque una búsqueda más exhaustiva sirvió para arrojar algo de luz: es un agroquímico hecho a base de carbofurano, uno de los pesticidas más tóxicos y que se conoce por la marca comercial Furadán. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Mburucuyá, Corrientes. La fruta tenía Furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte, que falleció poco después, camino al hospital.
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Entre Ríos: manifestación contra proyecto sobre agroquímicos
Concentración frente a la Casa Gris para repudiar proyecto sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Entre Ríos: marchan por la nueva Ley de Agroquímicos
Organizaciones marcharán el lunes para exigir que Diputados no apruebe la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 07/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ambientalistas, sociales y políticas consensuaron un documento en rechazo a los cambios a la Ley de Fitosanitarios que, entre otras medidas, reduce de 3.000 a 500 metros la distancia de fumigaciones aéreas con ciertos químicos entre los que se encuentra el glifosato. El próximo lunes a las 19:30 se movilizarán para exigir a los diputados provinciales que no avalen con su voto el proyecto aprobado por el Senado que, advirtieron, “es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana”, supo AIM.
La preocupación de diversos sectores sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana y el medioambiente comenzó a acentuarse a partir de la seguidilla de muertes por leucemia ocurridas durante el mes de noviembre: Lucas de sólo dos años en Rosario del Tala, Antonella (ocho) en Gualeguaychú, Agustín (15) en Crespo y Yamila (18) en Basavilbaso. Bajo la consigna “Basta es basta”, cientos de personas y decenas de organizaciones marcharon a Casa de Gobierno para exigir una legislación que proteja la salud humana y del medioambiente y políticas que apunten a poner fin al actual modelo de producción agrícola, con alta dependencia de insecticidas y herbicidas.
Pero la inquietud no terminó ese día. A la sucesión de muertes, incremento de la cantidad de casos de cáncer, fumigaciones en proximidades de escuelas y poblaciones, se le sumó la aprobación, sobre tablas, sin debate en comisión, de una legislación más laxa que reduce las distancias para las fumigaciones aéreas y lleva de 3.000 a 500 metros la pulverización con fitosanitarios de las clases toxicológicas tres y cuatro.
La medida tomó a muchos por sorpresa y dio lugar a una urgente convocatoria a una asamblea ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados tratara el proyecto esta semana y le diera sanción definitiva.
Aunque la Cámara Baja suspendió su sesión, el tratamiento del proyecto es cuestión de tiempo y quienes se oponen a la norma no bajaron la guardia. Por eso convocan a una concentración para el próximo lunes a las 19:30 en Santa Fe y Laprida, a metros de Casa de Gobierno, para exigir a los diputados que no aprueben la iniciativa del senador Mario Torres.
En el documento firmado hasta el momento por unas 30 organizaciones -aunque sigue sumando avales- expresaron su “total rechazo” al proyecto aprobado y “absoluto repudio al accionar de los senadores entrerrianos”, por haber votado el texto sobre tablas, sin debate en comisión y sin consulta a los diversos actores involucrados.
“El proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno; mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes”, alertaron los firmantes del documento.
Asimismo, señalaron que este químico “degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
Además de calificar como “ilegítimo” el tratamiento del proyecto, denunciaron su “inconstitucionalidad” por considerarlo “violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado”, establecidos en las constituciones nacional y provincial y en diversos pactos y convenciones internacionales.
Otro de los puntos cuestionados es la exclusión del Consejo Provincial Fitosanitario “a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana”, dejando afuera “a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-” y alertaron sobre la inexistencia “en el horizonte legislativo (de) la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos”.
En ese contexto bregaron por la no sanción del proyecto aprobado en el Senado y demandaron ser convocados “a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos”.
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Fecha de Publicación: 07/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ambientalistas, sociales y políticas consensuaron un documento en rechazo a los cambios a la Ley de Fitosanitarios que, entre otras medidas, reduce de 3.000 a 500 metros la distancia de fumigaciones aéreas con ciertos químicos entre los que se encuentra el glifosato. El próximo lunes a las 19:30 se movilizarán para exigir a los diputados provinciales que no avalen con su voto el proyecto aprobado por el Senado que, advirtieron, “es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana”, supo AIM.
La preocupación de diversos sectores sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana y el medioambiente comenzó a acentuarse a partir de la seguidilla de muertes por leucemia ocurridas durante el mes de noviembre: Lucas de sólo dos años en Rosario del Tala, Antonella (ocho) en Gualeguaychú, Agustín (15) en Crespo y Yamila (18) en Basavilbaso. Bajo la consigna “Basta es basta”, cientos de personas y decenas de organizaciones marcharon a Casa de Gobierno para exigir una legislación que proteja la salud humana y del medioambiente y políticas que apunten a poner fin al actual modelo de producción agrícola, con alta dependencia de insecticidas y herbicidas.
Pero la inquietud no terminó ese día. A la sucesión de muertes, incremento de la cantidad de casos de cáncer, fumigaciones en proximidades de escuelas y poblaciones, se le sumó la aprobación, sobre tablas, sin debate en comisión, de una legislación más laxa que reduce las distancias para las fumigaciones aéreas y lleva de 3.000 a 500 metros la pulverización con fitosanitarios de las clases toxicológicas tres y cuatro.
La medida tomó a muchos por sorpresa y dio lugar a una urgente convocatoria a una asamblea ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados tratara el proyecto esta semana y le diera sanción definitiva.
Aunque la Cámara Baja suspendió su sesión, el tratamiento del proyecto es cuestión de tiempo y quienes se oponen a la norma no bajaron la guardia. Por eso convocan a una concentración para el próximo lunes a las 19:30 en Santa Fe y Laprida, a metros de Casa de Gobierno, para exigir a los diputados que no aprueben la iniciativa del senador Mario Torres.
En el documento firmado hasta el momento por unas 30 organizaciones -aunque sigue sumando avales- expresaron su “total rechazo” al proyecto aprobado y “absoluto repudio al accionar de los senadores entrerrianos”, por haber votado el texto sobre tablas, sin debate en comisión y sin consulta a los diversos actores involucrados.
“El proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno; mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes”, alertaron los firmantes del documento.
Asimismo, señalaron que este químico “degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
Además de calificar como “ilegítimo” el tratamiento del proyecto, denunciaron su “inconstitucionalidad” por considerarlo “violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado”, establecidos en las constituciones nacional y provincial y en diversos pactos y convenciones internacionales.
Otro de los puntos cuestionados es la exclusión del Consejo Provincial Fitosanitario “a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana”, dejando afuera “a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-” y alertaron sobre la inexistencia “en el horizonte legislativo (de) la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos”.
En ese contexto bregaron por la no sanción del proyecto aprobado en el Senado y demandaron ser convocados “a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos”.
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Entre Ríos: normativa de Agroquímicos “regresiva”
Ley de Agroquímicos: para el Foro Ecologista la normativa impulsada es “regresiva”
Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Denuncian afección de niña de dos años por agroquímicos
Nena de dos años afectada por agroquímicos
Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
La pequeña estaría siendo seriamente perjudicada por la presencia cerca de su vivienda de agrotóxicos. La menor sufrió graves descomposturas y debió ser internada en dos oportunidades. El hecho ya fue denunciado.
Una nena de dos años estaría siendo seriamente afectada por la presencia cerca de su vivienda de agroquímicos. La menor, oriunda de Bernardo de Irigoyen, sufrió descomposturas graves para su edad, consistentes en vómitos y debilitamiento general y debió ser internada en dos oportunidades.
Al respecto, Roberto Schiozzi, presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) reveló que "no es la primera vez que internan a la menor, en el mes de agosto esta chiquita estuvo internada en el Hospital de Niños un mes, su cuerpito se estaba desecando, la piel estaba toda erosionada, gracias a Dios se salvó, esto como consecuencia de dos depósitos que hay cerca de su casa, donde se manipulan agroquímicos y se lavan fumigadores, dentro de un barrio Fonavi, no estamos hablando de una zona agrícola, en pleno centro del pueblo".
"El 11 de diciembre como centro ecológico hicimos una presentación al nuevo presidente comunal donde solicitamos que esos dos depósitos se trasladen fuera del radio urbano, como mínimo manda la ley 2 mil metros de un lugar habitado, el 22 de diciembre vuelven a fumigar y la nena se vuelve a descomponer muy mal, el mismo presidente comunal la traslada a Barrancas, estuvo internada desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche", añadió Schiozzi.
Además, el presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, explicó que "la pediatra de la pequeña asegura que son problemas por los agrotóxicos, se hace una denuncia penal en Bernardo de Irigoyen, mostrando todas las pruebas. Hay también una persona mayor que está infectada pero no quiso darse a conocer ni intervenir".
Para finalizar, Schiozzi manifestó que "estamos esperando hasta el próximo año, vamos a volver con el presidente comunal para saber qué decisiones tomó. Hay una sola respuesta que es que el depósito se tiene que ir porque van a matar gente. La pediatra les dijo a los padres de la nena que de acá ya viene el cáncer. Tenemos que tomar conciencia el depósito que esté ahí o que esté a 2 mil metros es lo mismo, simplemente que a la distancia que se va a llevar no tenemos el peligro de infectar a las personas
Vamos a volver a reunirnos para saber qué determinaciones se tomaron y qué tiempo tienen para retirar es de ahí (el depósito) y de lo contrario vamos a ir a la fiscalía".
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Fecha de Publicación: 03/01/2018
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
La pequeña estaría siendo seriamente perjudicada por la presencia cerca de su vivienda de agrotóxicos. La menor sufrió graves descomposturas y debió ser internada en dos oportunidades. El hecho ya fue denunciado.
Una nena de dos años estaría siendo seriamente afectada por la presencia cerca de su vivienda de agroquímicos. La menor, oriunda de Bernardo de Irigoyen, sufrió descomposturas graves para su edad, consistentes en vómitos y debilitamiento general y debió ser internada en dos oportunidades.
Al respecto, Roberto Schiozzi, presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, en diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) reveló que "no es la primera vez que internan a la menor, en el mes de agosto esta chiquita estuvo internada en el Hospital de Niños un mes, su cuerpito se estaba desecando, la piel estaba toda erosionada, gracias a Dios se salvó, esto como consecuencia de dos depósitos que hay cerca de su casa, donde se manipulan agroquímicos y se lavan fumigadores, dentro de un barrio Fonavi, no estamos hablando de una zona agrícola, en pleno centro del pueblo".
"El 11 de diciembre como centro ecológico hicimos una presentación al nuevo presidente comunal donde solicitamos que esos dos depósitos se trasladen fuera del radio urbano, como mínimo manda la ley 2 mil metros de un lugar habitado, el 22 de diciembre vuelven a fumigar y la nena se vuelve a descomponer muy mal, el mismo presidente comunal la traslada a Barrancas, estuvo internada desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche", añadió Schiozzi.
Además, el presidente del Centro Ecológico del Paraná de Coronda, explicó que "la pediatra de la pequeña asegura que son problemas por los agrotóxicos, se hace una denuncia penal en Bernardo de Irigoyen, mostrando todas las pruebas. Hay también una persona mayor que está infectada pero no quiso darse a conocer ni intervenir".
Para finalizar, Schiozzi manifestó que "estamos esperando hasta el próximo año, vamos a volver con el presidente comunal para saber qué decisiones tomó. Hay una sola respuesta que es que el depósito se tiene que ir porque van a matar gente. La pediatra les dijo a los padres de la nena que de acá ya viene el cáncer. Tenemos que tomar conciencia el depósito que esté ahí o que esté a 2 mil metros es lo mismo, simplemente que a la distancia que se va a llevar no tenemos el peligro de infectar a las personas
Vamos a volver a reunirnos para saber qué determinaciones se tomaron y qué tiempo tienen para retirar es de ahí (el depósito) y de lo contrario vamos a ir a la fiscalía".
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Entre Ríos aprueba una ley de agroquímicos controversial
Críticas de ambientalistas a la ley de agroquímicos que aprobó el Senado
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Gualeguaychú sigue de reuniones por el glifosato
Continúan las reuniones por el proyecto de prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Avanza la investigación de la contaminación por agrotóxicos
Agroquímicos en el río: La Justicia investiga en los campos de la zona
Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La denuncia penal se realizó hace 20 días atrás y generó conmoción en la sociedad, y temor acerca de la calidad del agua de red. Desde el Municipio aseguraron que es su deber informarle a la Justicia cada vez que se detecte un químico prohibido o que exceda los límites permitidos por la legislación.
Ahora, todo quedó en manos de la Justicia quien debe investigar y detectar al responsable de haber utilizado un producto prohibido que contaminó las aguas.
Hasta el momento las novedades son escasas, aunque desde la fiscalía a cargo de Martina Cedrés enviaron a hacer una constatación a los campos linderos a los arroyos donde fueron tomadas las muestras.
En diálogo con ElDía, la auxiliar de la Justicia informó que hasta el momento no cuenta con el informe final y explicó que “la denuncia fue hecha con las muestras que tomó el Municipio cerca del arroyo Venerato y el arroyo Gualeyán. Esto fue enviado a un laboratorio de Buenos Aires”.
Respecto al informe de los campos ubicados en cercanías donde se detectó la contaminación, Cedrés afirmó que “se busca saber cuáles son los posibles lugares en que podrían haber utilizado estos químicos”, aunque aclaró las dificultades que enfrentan: “el espacio es muy grande para trabajar; tenemos que determinar quién trabajó con esos agroquímicos”.
Además, indicó que le encomendó a la Brigada de Abigeato, “porque con las lluvias también se dificulta ingresar a algunas zonas”.
En caso que el propietario de un campo se niegue a que registren su propiedad, la fiscal necesitaría una orden judicial para allanar el sitio; en caso contrario podría presentarse con la Policía e ingresar a realizar un procedimiento.
Ahora, la Justicia investiga un delito contra la salud del medioambiente relacionado al envenenamiento de las aguas. “Si hay algún damnificado puede imputarse a alguien por lesiones o directamente por la violación a la ley de agroquímicos”, explicó Martina Cedrés.
El caso
Los primeros días de diciembre, la Dirección de Ambiente de la Municipalidad confirmó la presencia del Endosulfan, prohibido desde 2011, y de Atrazina, del que se detectaron valores por encima de lo regulado.
Realizaron la denuncia penal en la fiscalía y se presentaron los estudios con los resultados de las muestras analizadas por el laboratorio que confirmarían la presencia de estos agrotóxicos.
En los últimos muestreos realizados por especialistas de la Dirección de Ambiente se detectaron vestigios del insecticida organoclorado Endosulfán –cuya comercialización se encuentra prohibida por Senasa desde 2011 y el uso y aplicación desde 2013– en el Arroyo Venerato.
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Fecha de Publicación: 25/12/2017
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
La denuncia penal se realizó hace 20 días atrás y generó conmoción en la sociedad, y temor acerca de la calidad del agua de red. Desde el Municipio aseguraron que es su deber informarle a la Justicia cada vez que se detecte un químico prohibido o que exceda los límites permitidos por la legislación.
Ahora, todo quedó en manos de la Justicia quien debe investigar y detectar al responsable de haber utilizado un producto prohibido que contaminó las aguas.
Hasta el momento las novedades son escasas, aunque desde la fiscalía a cargo de Martina Cedrés enviaron a hacer una constatación a los campos linderos a los arroyos donde fueron tomadas las muestras.
En diálogo con ElDía, la auxiliar de la Justicia informó que hasta el momento no cuenta con el informe final y explicó que “la denuncia fue hecha con las muestras que tomó el Municipio cerca del arroyo Venerato y el arroyo Gualeyán. Esto fue enviado a un laboratorio de Buenos Aires”.
Respecto al informe de los campos ubicados en cercanías donde se detectó la contaminación, Cedrés afirmó que “se busca saber cuáles son los posibles lugares en que podrían haber utilizado estos químicos”, aunque aclaró las dificultades que enfrentan: “el espacio es muy grande para trabajar; tenemos que determinar quién trabajó con esos agroquímicos”.
Además, indicó que le encomendó a la Brigada de Abigeato, “porque con las lluvias también se dificulta ingresar a algunas zonas”.
En caso que el propietario de un campo se niegue a que registren su propiedad, la fiscal necesitaría una orden judicial para allanar el sitio; en caso contrario podría presentarse con la Policía e ingresar a realizar un procedimiento.
Ahora, la Justicia investiga un delito contra la salud del medioambiente relacionado al envenenamiento de las aguas. “Si hay algún damnificado puede imputarse a alguien por lesiones o directamente por la violación a la ley de agroquímicos”, explicó Martina Cedrés.
El caso
Los primeros días de diciembre, la Dirección de Ambiente de la Municipalidad confirmó la presencia del Endosulfan, prohibido desde 2011, y de Atrazina, del que se detectaron valores por encima de lo regulado.
Realizaron la denuncia penal en la fiscalía y se presentaron los estudios con los resultados de las muestras analizadas por el laboratorio que confirmarían la presencia de estos agrotóxicos.
En los últimos muestreos realizados por especialistas de la Dirección de Ambiente se detectaron vestigios del insecticida organoclorado Endosulfán –cuya comercialización se encuentra prohibida por Senasa desde 2011 y el uso y aplicación desde 2013– en el Arroyo Venerato.
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