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Ley de Semillas: criminalización de las semillas criollas
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Organizaciones hacen planteos sobre la nueva Ley de Semillas
Fecha de Publicación: 14/10/2017
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional
Consideran que el proyecto en discusión tiene falencias graves y que admite la criminalización de las semillas criollas.
Organizaciones sociales y políticas plantearon cuestionamientos al proyecto de Ley de Semillas que se está analizando en el ámbito del Congreso nacional, ya que consideran que hay una serie de limitaciones en torno a la alternativa del guardado de semillas y la criminalización del uso de semillas criollas.
Lo hicieron frente a la reunión que llevará adelante el cuerpo de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que se realizará este jueves 12 de octubre con la idea de avanzar en la modificación de la normativa actual.
Las organizaciones rechazaron de manera contundente cualquier avance en el tratamiento de la modificación de la Ley de Semillas tal como se plantea desde la Comisión de Agricultura, como ya lo expusieron en la consulta pública efectuada
Consideran que hay una fuerte limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores y surge del proyecto una criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios.
"Avanzar con estos proyectos significará una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo de la que los legisladores que avalen el cambio serán responsables y por la que deberán rendir cuentas en el futuro", expresaron en un documento.
Reafirmaron principios irrenunciables para el abordaje de una ley, como es el rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas, ya que son una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtenner patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
Además, pretenden garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones y promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
La multisectorial denominada "NO a la Ley Monsanto de Semillas" la constituyen GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP.
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Fecha de Publicación: 14/10/2017
Fuente: CBA24
Provincia/Región: Nacional
Consideran que el proyecto en discusión tiene falencias graves y que admite la criminalización de las semillas criollas.
Organizaciones sociales y políticas plantearon cuestionamientos al proyecto de Ley de Semillas que se está analizando en el ámbito del Congreso nacional, ya que consideran que hay una serie de limitaciones en torno a la alternativa del guardado de semillas y la criminalización del uso de semillas criollas.
Lo hicieron frente a la reunión que llevará adelante el cuerpo de asesores de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que se realizará este jueves 12 de octubre con la idea de avanzar en la modificación de la normativa actual.
Las organizaciones rechazaron de manera contundente cualquier avance en el tratamiento de la modificación de la Ley de Semillas tal como se plantea desde la Comisión de Agricultura, como ya lo expusieron en la consulta pública efectuada
Consideran que hay una fuerte limitación de la posibilidad de guardar semillas por parte de los agricultores y surge del proyecto una criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios.
"Avanzar con estos proyectos significará una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo de la que los legisladores que avalen el cambio serán responsables y por la que deberán rendir cuentas en el futuro", expresaron en un documento.
Reafirmaron principios irrenunciables para el abordaje de una ley, como es el rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas, ya que son una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtenner patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
Además, pretenden garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones y promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
La multisectorial denominada "NO a la Ley Monsanto de Semillas" la constituyen GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Subversión, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP.
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Otra escuela fumigada
Fumigaron otra vez cerca de la escuela de la maestra enferma por glifosato
Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer al mediodía, docentes y alumnos de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” percibieron un fuerte olor, presuntamente de un agroquímico, que vendría de un campo fumigado ese día. Es el mismo establecimiento educativo donde enfermó por culpa del glifosato Estela Lemes.
Ayer al mediodía, la rutina de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” quedó alterada cuando el portero del establecimiento comenzó a percibir un fuerte olor, supuestamente de algún agroquímico, que comenzó a impregnar el lugar. Inmediatamente, alertó a los docentes y, como medida de precaución, juntaron a todos los chicos dentro de una misma aula y se encerraron.
El olor se mantuvo por un lapso de unos siete minutos y, lógicamente, causó temor a los maestros y alumnos, sobre todo porque son conscientes de los daños que pueden ocasionar las fumigaciones: desde septiembre de 2012, la directora Estela Lemes sufre de problemas neurológicos debido a los insecticidas y al glifosato que ingresaron a su organismo producto de una fumigación ilegal.
Martín Márquez, de Lemes al frente del colegio, le contó a ElDía lo que vivieron ayer al mediodía: “Sentimos un olor muy fuerte que traía el viento: una ráfaga que encendió una luz de alerta. Hablamos con un vecino que también lo sintió, pero no pudimos divisar en las cercanías la presencia de maquinarias agrícolas fumigando”.
Inmediatamente, Márquez se puso en contacto con la Brigada de Abigeato, quienes le informaron había un avión trabajando en la zona, a unos dos kilómetros de la escuela, pero que había presentado todos los papeles y que estaba todo en regla. “Me dijeron que no me preocupara y que el olor no iba a producir consecuencia física”, afirmó el maestro, que remarcó su disconformidad por la respuesta recibida por la policía rural.
Según la reglamentación, los productores que decidan fumigar un campo, deben avisar con 48 horas de antelación. Y aunque la distancia de 2 kilómetros está en el rango permitido para realizar tereas con agroquímicos, los días ventosos está prohibido.
“Este hecho no tiene que pasar desapercibido y se debe investigar la procedencia del olor que invadió el lugar durante siete minutos”, resaltó el maestro, que en los 12 años que lleva como docente más de una vez debió enfrentarse con los que estaban trabajando con agroquímicos cerca de una escuela para pedirles que paren con lo que estaban haciendo.
La escuela “Bartolito Mitre” tiene una matrícula de 100 alumnos, la mayoría provenientes del barrio Totó Irigoyen y de las familias que viven en la zona de Costa Uruguay Sur. Es una escuela Nina donde se dictan clases en horas de la mañana, se almuerza al mediodía y durante la tarde dicta diferentes talleres, cubriendo la jornada escolar la franja horaria desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
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Fecha de Publicación: 09/10/2017
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos
Ayer al mediodía, docentes y alumnos de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” percibieron un fuerte olor, presuntamente de un agroquímico, que vendría de un campo fumigado ese día. Es el mismo establecimiento educativo donde enfermó por culpa del glifosato Estela Lemes.
Ayer al mediodía, la rutina de la Escuela nº66 “Bartolito Mitre” quedó alterada cuando el portero del establecimiento comenzó a percibir un fuerte olor, supuestamente de algún agroquímico, que comenzó a impregnar el lugar. Inmediatamente, alertó a los docentes y, como medida de precaución, juntaron a todos los chicos dentro de una misma aula y se encerraron.
El olor se mantuvo por un lapso de unos siete minutos y, lógicamente, causó temor a los maestros y alumnos, sobre todo porque son conscientes de los daños que pueden ocasionar las fumigaciones: desde septiembre de 2012, la directora Estela Lemes sufre de problemas neurológicos debido a los insecticidas y al glifosato que ingresaron a su organismo producto de una fumigación ilegal.
Martín Márquez, de Lemes al frente del colegio, le contó a ElDía lo que vivieron ayer al mediodía: “Sentimos un olor muy fuerte que traía el viento: una ráfaga que encendió una luz de alerta. Hablamos con un vecino que también lo sintió, pero no pudimos divisar en las cercanías la presencia de maquinarias agrícolas fumigando”.
Inmediatamente, Márquez se puso en contacto con la Brigada de Abigeato, quienes le informaron había un avión trabajando en la zona, a unos dos kilómetros de la escuela, pero que había presentado todos los papeles y que estaba todo en regla. “Me dijeron que no me preocupara y que el olor no iba a producir consecuencia física”, afirmó el maestro, que remarcó su disconformidad por la respuesta recibida por la policía rural.
Según la reglamentación, los productores que decidan fumigar un campo, deben avisar con 48 horas de antelación. Y aunque la distancia de 2 kilómetros está en el rango permitido para realizar tereas con agroquímicos, los días ventosos está prohibido.
“Este hecho no tiene que pasar desapercibido y se debe investigar la procedencia del olor que invadió el lugar durante siete minutos”, resaltó el maestro, que en los 12 años que lleva como docente más de una vez debió enfrentarse con los que estaban trabajando con agroquímicos cerca de una escuela para pedirles que paren con lo que estaban haciendo.
La escuela “Bartolito Mitre” tiene una matrícula de 100 alumnos, la mayoría provenientes del barrio Totó Irigoyen y de las familias que viven en la zona de Costa Uruguay Sur. Es una escuela Nina donde se dictan clases en horas de la mañana, se almuerza al mediodía y durante la tarde dicta diferentes talleres, cubriendo la jornada escolar la franja horaria desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde.
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El agro dice que no emite, que es secuestrador de CO2
Cambio climático: para la Sociedad Rural, se secuestra más carbono que el que se emite
Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
"Aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor", dijo la entidad.
Según el último inventario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el segundo emisor de carbono de la Argentina es el agro. En este cálculo, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Sin embargo, una presentación realizada el miércoles pasado en un seminario conjunto de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puso reparos sobre ese dato. La investigación considera que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que no estaría haciendo un balance que contemple el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional. El estudio también abarca a Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los autores de la investigación fueron los Dres. Ernesto Viglizzo y Florencia Ricard. Ernesto Viglizzo asesora en temas ambientales a GPS (Grupo de Países Productores del Sur) y a la SRA. Es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Investigador Principal del CONICET y ex investigador del INTA.
“El sector rural está generando un crédito de carbono que no está contemplado en los inventarios”, aseguró Viglizzo frente a técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agroindustria, entidades rurales y referentes de la organización civil en temas ambientales.
Según su investigación, “aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor. La clave no está en la biomasa aérea, sino en la raíces”. Utilizando grandes bases de datos, Viglizzo y Ricard estimaron, por un lado, el secuestro anual de carbono en la biomasa de raíces de esos biomas, y por el otro, las fugas respiratorias que ocurren en esa fracción de biomasa, la cual es afectada por factores como la temperatura y la intensidad de pastoreo.
“Como el balance es claramente positivo, ese crédito de carbono alcanzaría los 178 millones de toneladas al año, que cubriría el 179% de la emisión de gases de efecto invernadero de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto, si tal estimación fuera aceptada, la Argentina podría entrar en la categoría de país Carbono Neutro”, afirmó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, destacó: “Es necesario que las acciones para revertir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero contribuyan a la seguridad alimentaria y a reducir el hambre en el mundo”, y agregó: “Para diseñar esa estrategia, tenemos que cooperar para que el diagnóstico atienda todas las opciones de análisis y sea lo más completo posible”.
Por su parte, la Ministro Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó: “Tenemos una oportunidad para analizar cómo contabilizamos las emisiones y secuestros y contrastar con las metodologías que se vienen usando. El IPCC es el órgano que valida las metodologías para medir las emisiones y capturas de carbono en suelo”, y agregó: “Es importante en este sentido que la investigación del Dr. Viglizzo se difunda a nivel interno a fin de tener un consenso que pueda ser presentado a nivel internacional”. Además, planteó que un ámbito propicio para hacer escuchar esta posición será la próxima reunión de la Cumbre del Cambio Climático en noviembre, en Bonn, Alemania.
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Fecha de Publicación: 07/10/2017
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional
"Aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor", dijo la entidad.
Según el último inventario del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el segundo emisor de carbono de la Argentina es el agro. En este cálculo, la producción agropecuaria es responsable del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la actividad con mayor incidencia en el resultado final.
Sin embargo, una presentación realizada el miércoles pasado en un seminario conjunto de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Dirección General de Asuntos Ambientales del ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, puso reparos sobre ese dato. La investigación considera que la medición solo toma en cuenta las emisiones, y que no estaría haciendo un balance que contemple el secuestro de carbono que hace la producción agropecuaria nacional. El estudio también abarca a Uruguay, Paraguay y Brasil.
Los autores de la investigación fueron los Dres. Ernesto Viglizzo y Florencia Ricard. Ernesto Viglizzo asesora en temas ambientales a GPS (Grupo de Países Productores del Sur) y a la SRA. Es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, Investigador Principal del CONICET y ex investigador del INTA.
“El sector rural está generando un crédito de carbono que no está contemplado en los inventarios”, aseguró Viglizzo frente a técnicos de la Cancillería, el Ministerio de Ambiente, Agroindustria, entidades rurales y referentes de la organización civil en temas ambientales.
Según su investigación, “aunque la ganadería es un importante emisor de carbono, el secuestro de pasturas, bosques, arbustales y pastizales que integran los planteos ganaderos nacionales es mucho mayor. La clave no está en la biomasa aérea, sino en la raíces”. Utilizando grandes bases de datos, Viglizzo y Ricard estimaron, por un lado, el secuestro anual de carbono en la biomasa de raíces de esos biomas, y por el otro, las fugas respiratorias que ocurren en esa fracción de biomasa, la cual es afectada por factores como la temperatura y la intensidad de pastoreo.
“Como el balance es claramente positivo, ese crédito de carbono alcanzaría los 178 millones de toneladas al año, que cubriría el 179% de la emisión de gases de efecto invernadero de otros sectores de la economía nacional. Por lo tanto, si tal estimación fuera aceptada, la Argentina podría entrar en la categoría de país Carbono Neutro”, afirmó.
El presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, destacó: “Es necesario que las acciones para revertir el cambio climático y reducir los gases de efecto invernadero contribuyan a la seguridad alimentaria y a reducir el hambre en el mundo”, y agregó: “Para diseñar esa estrategia, tenemos que cooperar para que el diagnóstico atienda todas las opciones de análisis y sea lo más completo posible”.
Por su parte, la Ministro Marcia Levaggi, directora general de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, afirmó: “Tenemos una oportunidad para analizar cómo contabilizamos las emisiones y secuestros y contrastar con las metodologías que se vienen usando. El IPCC es el órgano que valida las metodologías para medir las emisiones y capturas de carbono en suelo”, y agregó: “Es importante en este sentido que la investigación del Dr. Viglizzo se difunda a nivel interno a fin de tener un consenso que pueda ser presentado a nivel internacional”. Además, planteó que un ámbito propicio para hacer escuchar esta posición será la próxima reunión de la Cumbre del Cambio Climático en noviembre, en Bonn, Alemania.
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Condena a implicados en fumigación a escuela rural
Condenaron a un productor, un empresario y un piloto por fumigar una escuela rural con agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Es histórico. Por primera vez la Justicia argentina dispuso una serie de condenas por la pulverización aérea con agroquímicos sobre un colegio, la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos.
En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional para acortar las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a los tres procesados a 18 meses de prisión. Se trata del dueño de la empresa fumigadora, Erminio Bernardo Rodríguez, el propietario del campo, José Mario Honecker, y el piloto César Martín Visconti.
El 4 de diciembre de 2014, en pleno horario de clase y sin aviso previo, el avión de la empresa Villaguay Aero Litoral SA que piloteaba Visconti aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero a la escuela rural de Santa Anita. En el colegio estaban la directora Mariela Leiva y cinco alumnos. De manera casi instantánea, la docente y sus estudiantes empezaron a sentirse mal. Mareos, dolores de cabeza y de estómago, vómitos, irritaciones en la nariz y los ojos… los agroquímicos los habían intoxicado.
Fue la propia Leiva la que impulsó la denuncia con el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que inició la campaña "Paren de Fumigar las escuelas". En el medio, sufrió amenazas. "Callate la boca, porque si no la vas a pasar mal", le advirtieron.
Para sorpresa de muchos, la investigación avanzó y el 22 de septiembre empezó el juicio oral que hoy terminó con la inédita condena por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". El fallo, del que aún no se conocen los argumentos, lleva la firma de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La pena de 18 meses de prisión impuesta a los tres acusados coincide con el pedido de la fiscalía. El piloto, además, deberá cumplir con una inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
Al pedir la pena, el fiscal Fernando Lombardi subrayó que no se cumplió con las 48 horas de preaviso ni se llenaron las planillas con indicaciones, y destacó que la empresa no estaba habilitada, el avión fumigador no estaba registrado en Entre Ríos y no había un ingeniero al momento de la aplicación de los agroquímicos. Son, en suma, muchos de los problemas que los críticos de la actividad suelen resaltar.
Pese que se trata de una pena baja que no será de cumplimiento efectivo, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados celebró la sentencia, ya que "marca un precedente jurídico".
En esa sintonía, el sindicato AGMER consideró que la resolución "sienta un precedente a nivel provincial y nacional, y es un aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales que ponen en peligro la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente".
También la docente celebró la decisión. "Estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia. Buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho", dijo Leiva a Radio Máxima.
No obstante, consideró que la pena fue baja. "Yo hubiese preferido que fuera el máximo para estos casos, que es de tres años, pese a que no iban a cumplirlos en una cárcel. Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", evaluó.
A su vez, lamentó que la Justicia no haya logrado determinar el nivel de intoxicación y las consecuencias que sufrieron ella y sus alumnos. "En un primer momento nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos", concluyó.
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Fecha de Publicación: 05/10/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Es histórico. Por primera vez la Justicia argentina dispuso una serie de condenas por la pulverización aérea con agroquímicos sobre un colegio, la escuela rural Nº 44 de Santa Anita, Entre Ríos.
En medio del debate por los cambios que impulsa el Gobierno nacional para acortar las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos, el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay condenó a los tres procesados a 18 meses de prisión. Se trata del dueño de la empresa fumigadora, Erminio Bernardo Rodríguez, el propietario del campo, José Mario Honecker, y el piloto César Martín Visconti.
El 4 de diciembre de 2014, en pleno horario de clase y sin aviso previo, el avión de la empresa Villaguay Aero Litoral SA que piloteaba Visconti aplicó agroquímicos en un campo de arroz lindero a la escuela rural de Santa Anita. En el colegio estaban la directora Mariela Leiva y cinco alumnos. De manera casi instantánea, la docente y sus estudiantes empezaron a sentirse mal. Mareos, dolores de cabeza y de estómago, vómitos, irritaciones en la nariz y los ojos… los agroquímicos los habían intoxicado.
Fue la propia Leiva la que impulsó la denuncia con el apoyo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), que inició la campaña "Paren de Fumigar las escuelas". En el medio, sufrió amenazas. "Callate la boca, porque si no la vas a pasar mal", le advirtieron.
Para sorpresa de muchos, la investigación avanzó y el 22 de septiembre empezó el juicio oral que hoy terminó con la inédita condena por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa". El fallo, del que aún no se conocen los argumentos, lleva la firma de los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas.
La pena de 18 meses de prisión impuesta a los tres acusados coincide con el pedido de la fiscalía. El piloto, además, deberá cumplir con una inhabilitación por el tiempo que dure la condena.
Al pedir la pena, el fiscal Fernando Lombardi subrayó que no se cumplió con las 48 horas de preaviso ni se llenaron las planillas con indicaciones, y destacó que la empresa no estaba habilitada, el avión fumigador no estaba registrado en Entre Ríos y no había un ingeniero al momento de la aplicación de los agroquímicos. Son, en suma, muchos de los problemas que los críticos de la actividad suelen resaltar.
Pese que se trata de una pena baja que no será de cumplimiento efectivo, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados celebró la sentencia, ya que "marca un precedente jurídico".
En esa sintonía, el sindicato AGMER consideró que la resolución "sienta un precedente a nivel provincial y nacional, y es un aliento a los docentes y ciudadanos que presencian este tipo de actividades ilegales que ponen en peligro la salud de los estudiantes y trabajadores, a realizar la denuncia pertinente".
También la docente celebró la decisión. "Estamos muy satisfechos, es increíble esta sentencia. Buscábamos que se sentara un precedente, pese al tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el hecho", dijo Leiva a Radio Máxima.
No obstante, consideró que la pena fue baja. "Yo hubiese preferido que fuera el máximo para estos casos, que es de tres años, pese a que no iban a cumplirlos en una cárcel. Pero más allá de esto, lo importante es el precedente que se está sentando y por eso hay que alentar a todos los vecinos y a los docentes a que denuncien esta clase de hechos", evaluó.
A su vez, lamentó que la Justicia no haya logrado determinar el nivel de intoxicación y las consecuencias que sufrieron ella y sus alumnos. "En un primer momento nos extrajeron muestras de sangre y de orina y Criminalística de la Policía de Entre Ríos dijo que no tenía los medios para realizar los análisis para saber si tenemos agrotóxicos en nuestros cuerpos", concluyó.
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En 80 años Santa Fe pierde el 82% de sus bosques
Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos en los últimos 80 años
Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Fecha de Publicación: 04/10/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El fenómeno se dio por la expansión de la frontera agropecuaria desde 1935. La ley de bosques, una vez más, desfinanciada.
En sólo 80 años, la provincia de Santa Fe perdió el 82 por ciento de sus bosques nativos, un proceso feroz originado en la expansión sin control de la frontera agropecuaria en una de las zonas con tierras más ricas del país. El fuerte desequilibrio ecosistémico que generó semejante mutilación del capital natural de la región se expresa hoy en inundaciones inéditas y erosión de los suelos, según interpretó Carlos Chiarulli, subdirector provincial de Recursos Naturales.
"Santa Fe pasó de tener casi seis millones de hectáreas de bosques en 1935 a apenas 840 mil en 2002, según datos generados por los censos nacionales agropecuarios realizados desde Nación en esos años", señaló el funcionario, quien aclaró que si hoy la provincia registra aproximadamente 1,2 millón de hectáreas de bosques es porque desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) cambiaron la definición de bosque hace algunos años.
En ese marco, se vuelve prioritario que el gobierno nacional asigne correctamente los fondos que la ley de bosques estipula para la protección de esos ecosistemas, algo que no cumplió ni la gestión de Cristina Fernández ni la actual de Mauricio Macri.
Así lo denunció esta semana la fundación Vida Silvestre, que reveló que el proyecto de presupuesto nacional para el año que viene prevé 550 millones de pesos para la preservación de los bosques nativos, apenas el 6.5 por ciento de lo estipulado por la propia ley de bosques.
Estos datos ratifican que la no defensa del bosque nativo es una lamentable política de Estado nacional, ya que el kirchnerismo y el macrismo actuaron de idéntica manera: entre 2010 y 2017, los bosques recibieron 2.481 millones de pesos en vez de 27.440 millones, un 9 por ciento de lo estipulado por la norma.
"Estamos exigiendo que se cumpla con la ley y se respeten los montos; tendrían que ser 8 mil millones y no 550, una cifra irrisoria" dijo Chiarulli, para agregar que el problema es que sobre las áreas que ocupan los bosques confluyen otros intereses de corte productivista. "Acá no se trata de algo lírico, de salvar un arbolito, porque los bosques cumplen servicios ambientales irremplazables" aclaró el funcionario.
En Santa Fe existen desde hace 10 años 663 mil hectáreas protegidas o catalogadas como "rojas", donde la tala está prohibida, un territorio que comprende sobre todo el valle de inundación del río Paraná y que representa el 5 por ciento de la superficie total de la provincia.
Además, existe 1,2 millón de hectáreas que están en zona "amarilla", donde también está prohibida la tala pero se autoriza un uso sustentable del recurso, siempre que no haya modificaciones en el uso del suelo.
A diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, en Santa Fe no hay áreas bajo la categoría verde (la más permisiva), lo que se explica —según Chiarulli— por la enorme pérdida de bosques de los últimos 80 años. "Perdimos el 82 por ciento de los bosques desde 1935 y eso repercute en lo que pasa en la provincia respecto a inundaciones, pérdida de fertilidad del suelo y problemas en la dinámica hídrica, todo derivado del cambio en el uso del suelo".
Los pastizales naturales del sur de la bota corrieron igual suerte que los bosques y fueron reemplazados por cultivos: "Si el pastizal evotranspiraba 10 meses al año, un cultivo evotranspira 3 meses, lo que genera un gran excedente hídrico que hace subir las napas" explicó. Y recordó que en 2017 la provincia recibió 16 millones para planes de manejo que respeten las condiciones de sustentabilidad en las franjas "amarillas": "Es una cifra irrisoria en relación a los bosques que habría que conservar", dijo.
En Santa Fe, la mayoría de los planes que se presentan y que se aprueban son para uso ganadero del suelo: "se permite un aprovechamiento más intensivo pero dentro de determinadas pautas, no se puede cambiar de bosque a agricultura y por eso la ganadería suele ser la mejor opción".
Todavía falta
Para muchos, la defensa de los bosques es un lujo que un país que necesita crecer no puede darse. Y aunque se trata de una visión completamente errada, no es fácil cambiar el chip tanto de productores como de profesionales, formados durante décadas en paradigmas ciento por ciento productivistas.
"En el último año se presentaron 95 planes y hubiera sido interesante tener muchos más. Nosotros ejecutamos todo el dinero que viene en función de los planes que tenemos, venimos creciendo y nos va a faltar dinero", expresó Chiarulli, quien reconoció que en Santa Fe recién ahora —a partir de problemas como las inundaciones— se empezó a tener mayor conciencia de la importancia de los bosques.
"Al principio encontramos mucha resistencia por parte de los productores y de las industrias que usan leña, y también nos encontramos con que faltan profesionales con ese perfil de manejo de bosques", agregó el funcionario.
"Todo es nuevo, la formación forestal tampoco está orientada al manejo de los bosques nativos, todavía falta" subrayó.
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Demuestran impacto en la salud de agroquímicos en frutas
Los frutos del veneno
Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Nexciencia (UBA)
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Un estudio científico efectuado en una importante zona frutícola del Alto Valle, en las provincias de Río Negro y Neuquén, prueba que los plaguicidas que allí se utilizan impactan en los bebés nacidos de madres que, durante el tercer trimestre de su embarazo, residieron en áreas expuestas a la fumigación.
La economía del Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén depende, en gran medida, de su producción frutícola. Con la finalidad de evitar las pérdidas de productividad que ocasionan los insectos, esta actividad económica va acompañada por la pulverización de cientos de toneladas anuales de plaguicidas, cuya aplicación se efectúa a lo largo de octubre, noviembre y diciembre.
“La particularidad que tiene esta región es que las viviendas de las poblaciones rurales están muy próximas a los emprendimientos frutícolas. Además, la época de aplicación de los plaguicidas coincide con la época de mayores vientos”, señala María Gabriela Rovedatti, del Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas de Exactas UBA, una de las autoras del estudio que acaba de publicarse en la revista científica Environmental Science and Pollution Research.
“Es el primer estudio que analiza la sangre del cordón umbilical de bebés nacidos de mujeres que residen en estas poblaciones rurales, y encontramos alteraciones bioquímicas que indican un impacto de los plaguicidas”, revela Rovedatti.
Madres sanas
El trabajo científico incluyó a 151 mujeres saludables de entre 16 y 35 años de edad que estaban cursando el tercer trimestre de su embarazo. Para descartar otros factores que pudieran influir en el estudio, se excluyó a las fumadoras, a aquellas que sufrían alguna enfermedad crónica y a las que desarrollaron alguna complicación durante la gestación.
Por la misma razón, las mujeres incluidas en el estudio eran todas del mismo grupo étnico (latinas) y formaban parte de un hogar de ingresos económicos medios. Asimismo, fueron seleccionadas solamente aquellas que parieron un solo bebé, nacido saludable y a término, en un hospital público.
Para el análisis, fueron divididas en tres grupos. Por un lado, aquellas que residen en áreas rurales y que cursaron su tercer trimestre de embarazo durante la época de fumigación. Por otro lado, las residentes rurales cuyo último trimestre de gestación no coincidió con el período de pulverización. Finalmente, el tercer grupo estaba conformado por mujeres que residen en la ciudad de Neuquén y que nunca habían estado expuestas a los plaguicidas.
“El análisis de la sangre del cordón umbilical muestra, en el caso de las residentes rurales, que los glóbulos rojos son más frágiles y que hay mayor daño en el ADN de los linfocitos”, informa Rovedatti.
Según la investigadora, “ya se sabe que este tipo de plaguicidas atraviesan la placenta y llegan al feto. Estos resultados, junto con los de trabajos nuestros anteriores, dan indicios de que esta población está siendo impactada por los plaguicidas por el solo hecho de residir en esas zonas rurales”.
Niños en riesgo
Desde hace ya varios años, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) estudia los efectos de las fumigaciones sobre las poblaciones rurales del Alto Valle. Hasta que se mudó a Buenos Aires, Rovedatti formó parte de esa institución y participó de numerosos talleres educativos sostenidos por la UNCo, que estaban enfocados en informar para la prevención de conductas de riesgo.
“No se puede tener resultados que afectan a una población y no hacer nada con ellos”, acota la investigadora.
Para elaborar los contenidos de los talleres, encuestaron a los pobladores rurales: “Encontramos que el 80% de las mujeres no sabía cuál era la época de aplicación de los plaguicidas y que un porcentaje alto comía las frutas directamente del árbol cuando todavía estaban contaminadas”, ilustra.
Por su menor tamaño corporal, para la misma cantidad de plaguicida, los niños tienen mayor riesgo de intoxicarse que los adultos: “La encuesta mostró que, por desconocimiento de los riesgos, durante el tiempo de fumigación las madres dejaban jugar a los chicos afuera y colgaban la ropa de los niños en el exterior. Además, los chicos se bañaban en los canales de riego, que son los desagües de los plaguicidas”.
Además de Rovedatti, el trabajo de investigación lo firman María Quintana, Berta Vera, Gladis Magnarelli y Natalia Guiñazú, todas ellas investigadoras de la UNCo.
“Sabemos que los resultados de nuestras investigaciones pueden afectar intereses que tienen que ver con la producción frutícola y con la comercialización de plaguicidas”, dice Rovedatti. “Pero además de pensar en aumentar la producción, tenemos que cuidar a las personas, sobre todo a los chicos y a las embarazadas que son más vulnerables”, opina.
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Fecha de Publicación: 30/09/2017
Fuente: Nexciencia (UBA)
Provincia/Región: Río Negro - Neuquén
Un estudio científico efectuado en una importante zona frutícola del Alto Valle, en las provincias de Río Negro y Neuquén, prueba que los plaguicidas que allí se utilizan impactan en los bebés nacidos de madres que, durante el tercer trimestre de su embarazo, residieron en áreas expuestas a la fumigación.
La economía del Alto Valle de las provincias de Río Negro y Neuquén depende, en gran medida, de su producción frutícola. Con la finalidad de evitar las pérdidas de productividad que ocasionan los insectos, esta actividad económica va acompañada por la pulverización de cientos de toneladas anuales de plaguicidas, cuya aplicación se efectúa a lo largo de octubre, noviembre y diciembre.
“La particularidad que tiene esta región es que las viviendas de las poblaciones rurales están muy próximas a los emprendimientos frutícolas. Además, la época de aplicación de los plaguicidas coincide con la época de mayores vientos”, señala María Gabriela Rovedatti, del Laboratorio de Toxicología de Mezclas Químicas de Exactas UBA, una de las autoras del estudio que acaba de publicarse en la revista científica Environmental Science and Pollution Research.
“Es el primer estudio que analiza la sangre del cordón umbilical de bebés nacidos de mujeres que residen en estas poblaciones rurales, y encontramos alteraciones bioquímicas que indican un impacto de los plaguicidas”, revela Rovedatti.
Madres sanas
El trabajo científico incluyó a 151 mujeres saludables de entre 16 y 35 años de edad que estaban cursando el tercer trimestre de su embarazo. Para descartar otros factores que pudieran influir en el estudio, se excluyó a las fumadoras, a aquellas que sufrían alguna enfermedad crónica y a las que desarrollaron alguna complicación durante la gestación.
Por la misma razón, las mujeres incluidas en el estudio eran todas del mismo grupo étnico (latinas) y formaban parte de un hogar de ingresos económicos medios. Asimismo, fueron seleccionadas solamente aquellas que parieron un solo bebé, nacido saludable y a término, en un hospital público.
Para el análisis, fueron divididas en tres grupos. Por un lado, aquellas que residen en áreas rurales y que cursaron su tercer trimestre de embarazo durante la época de fumigación. Por otro lado, las residentes rurales cuyo último trimestre de gestación no coincidió con el período de pulverización. Finalmente, el tercer grupo estaba conformado por mujeres que residen en la ciudad de Neuquén y que nunca habían estado expuestas a los plaguicidas.
“El análisis de la sangre del cordón umbilical muestra, en el caso de las residentes rurales, que los glóbulos rojos son más frágiles y que hay mayor daño en el ADN de los linfocitos”, informa Rovedatti.
Según la investigadora, “ya se sabe que este tipo de plaguicidas atraviesan la placenta y llegan al feto. Estos resultados, junto con los de trabajos nuestros anteriores, dan indicios de que esta población está siendo impactada por los plaguicidas por el solo hecho de residir en esas zonas rurales”.
Niños en riesgo
Desde hace ya varios años, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) estudia los efectos de las fumigaciones sobre las poblaciones rurales del Alto Valle. Hasta que se mudó a Buenos Aires, Rovedatti formó parte de esa institución y participó de numerosos talleres educativos sostenidos por la UNCo, que estaban enfocados en informar para la prevención de conductas de riesgo.
“No se puede tener resultados que afectan a una población y no hacer nada con ellos”, acota la investigadora.
Para elaborar los contenidos de los talleres, encuestaron a los pobladores rurales: “Encontramos que el 80% de las mujeres no sabía cuál era la época de aplicación de los plaguicidas y que un porcentaje alto comía las frutas directamente del árbol cuando todavía estaban contaminadas”, ilustra.
Por su menor tamaño corporal, para la misma cantidad de plaguicida, los niños tienen mayor riesgo de intoxicarse que los adultos: “La encuesta mostró que, por desconocimiento de los riesgos, durante el tiempo de fumigación las madres dejaban jugar a los chicos afuera y colgaban la ropa de los niños en el exterior. Además, los chicos se bañaban en los canales de riego, que son los desagües de los plaguicidas”.
Además de Rovedatti, el trabajo de investigación lo firman María Quintana, Berta Vera, Gladis Magnarelli y Natalia Guiñazú, todas ellas investigadoras de la UNCo.
“Sabemos que los resultados de nuestras investigaciones pueden afectar intereses que tienen que ver con la producción frutícola y con la comercialización de plaguicidas”, dice Rovedatti. “Pero además de pensar en aumentar la producción, tenemos que cuidar a las personas, sobre todo a los chicos y a las embarazadas que son más vulnerables”, opina.
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El agronegocio sigue fumigando escuelas
Denuncian fumigaciones en tres escuelas rurales de la provincia
Fecha de Publicación: 27/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La multisectorial Paren de Fumigarnos afirmó que los colegios sufrieron aspersiones con productos químicos en los últimos días
El problema de escuelas fumigadas con agroquímicos atraviesa toda la zona productiva agrícola de la Argentina. Si bien el foco de atención está puesto en estos últimos días en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) donde se desarrolla un inédito juicio por intoxicación de una maestra y cinco alumnos ocurrida en diciembre de 2014 (ver aparte), en la provincia de Santa Fe también se multiplican las denuncias por aspersiones sin control cerca de establecimientos educativos.
Así lo expresó Carlos Manessi, de la multisectorial Paren de Fumigarnos, quien informó que durante los últimos días se recibieron tres denuncias de escuelas rurales de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe que fueron afectadas por fumigaciones, que son muy frecuentes cuando empieza la primavera y los productores "limpian" los campos con productos químicos para preparara la siembra de la soja.
"Notamos una preocupación grande en vecinos de la provincia porque llegó el momento en el que se prepara el terreno para la siembra de la soja y eso requiere lo que se llama barbecho químico, un verdadero cocktail de agrotóxicos que le echan a la tierra para limpiarla", explicó el ambientalista.
De acuerdo a Manessi al menos tres escuelas rurales notificaron problemas con fumigaciones en estos días: una en el núcleo rural 1.580 de Paraje Campo el 94, distrito Colonia Durán (localidad ubicada en el noreste de la provincia, cerca de Romang), otra en Arroyo Leyes y otra más cerca de Laguna Paiva, a pocos kilómetros al norte de la capital provincial.
"Nos enteramos de una denuncia de maestros sobre fumigaciones en Colonia Durán con todos los chicos adentro y tenemos otra de Arroyo Leyes donde están fumigando muy cerca de la escuela Nº 30 de esa localidad", agregó el referente social, quien valoró el hecho de que ahora "cada vez más vecinos tienen conciencia de que lo que se usa para fumigar es veneno".
Manessi agregó que "es increíble la utilización de químicos en este país, nadie tiene cuidado y piensan que es agua bendita y no lo es, es veneno".
Respecto del marco regulatorio provincial para las fumigaciones con agroquímicos, recordó que la actual ley es del año 1995, anterior incluso a la autorización de las semillas transgénicas que fue en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem: "las leyes son anteriores al modelo sojero, por eso no contempla situaciones como las que vemos hoy".
Areas de resguardo
En ese sentido destacó que desde Paren de Fumigarnos presentaron un proyecto de ley para modificar la legislación existente con la idea de defender "el sentido común", e instaurar áreas de resguardo alrededor de las poblaciones de 1.500 metros y la prohibición total de las fumigaciones aéreas, cuya deriva —razonó Manessi— "es incontrolable".
Además, desde la multisectorial se solidarizaron con los docentes y con los alumnos de la Escuela Nº 44 de la localidad de Entre Ríos de Santa Anita (fumigada en 2014) y criticaron el comunicado de la Mesa de Enlace entrerriana, que salió a presionar a la Justicia el mismo día que comenzó el juicio por la intoxicación.
"La tristemente célebre Mesa de Enlace intenta otra demostración a través de un comunicado público dirigido al tribunal interviniente, cuando comienza otro juicio por fumigaciones con agrotóxicos sobre una escuela basándose exclusivamente en los dichos del imputado y cuestionando actuaciones de profesionales y médicos", manifiesta el texto de la multisectorial Paren de Fumigarnos.
"Expresamos nuestra solidaridad con los alumnos y docentes de la escuela de Santa Anita así como de todos sus pares cotidianamente fumigados, rechazando enérgicamente los intentos injerencistas que pretenden situarse por encima de la ley", concluye el comunicado del grupo ambientalista.
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Fecha de Publicación: 27/09/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
La multisectorial Paren de Fumigarnos afirmó que los colegios sufrieron aspersiones con productos químicos en los últimos días
El problema de escuelas fumigadas con agroquímicos atraviesa toda la zona productiva agrícola de la Argentina. Si bien el foco de atención está puesto en estos últimos días en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) donde se desarrolla un inédito juicio por intoxicación de una maestra y cinco alumnos ocurrida en diciembre de 2014 (ver aparte), en la provincia de Santa Fe también se multiplican las denuncias por aspersiones sin control cerca de establecimientos educativos.
Así lo expresó Carlos Manessi, de la multisectorial Paren de Fumigarnos, quien informó que durante los últimos días se recibieron tres denuncias de escuelas rurales de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe que fueron afectadas por fumigaciones, que son muy frecuentes cuando empieza la primavera y los productores "limpian" los campos con productos químicos para preparara la siembra de la soja.
"Notamos una preocupación grande en vecinos de la provincia porque llegó el momento en el que se prepara el terreno para la siembra de la soja y eso requiere lo que se llama barbecho químico, un verdadero cocktail de agrotóxicos que le echan a la tierra para limpiarla", explicó el ambientalista.
De acuerdo a Manessi al menos tres escuelas rurales notificaron problemas con fumigaciones en estos días: una en el núcleo rural 1.580 de Paraje Campo el 94, distrito Colonia Durán (localidad ubicada en el noreste de la provincia, cerca de Romang), otra en Arroyo Leyes y otra más cerca de Laguna Paiva, a pocos kilómetros al norte de la capital provincial.
"Nos enteramos de una denuncia de maestros sobre fumigaciones en Colonia Durán con todos los chicos adentro y tenemos otra de Arroyo Leyes donde están fumigando muy cerca de la escuela Nº 30 de esa localidad", agregó el referente social, quien valoró el hecho de que ahora "cada vez más vecinos tienen conciencia de que lo que se usa para fumigar es veneno".
Manessi agregó que "es increíble la utilización de químicos en este país, nadie tiene cuidado y piensan que es agua bendita y no lo es, es veneno".
Respecto del marco regulatorio provincial para las fumigaciones con agroquímicos, recordó que la actual ley es del año 1995, anterior incluso a la autorización de las semillas transgénicas que fue en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem: "las leyes son anteriores al modelo sojero, por eso no contempla situaciones como las que vemos hoy".
Areas de resguardo
En ese sentido destacó que desde Paren de Fumigarnos presentaron un proyecto de ley para modificar la legislación existente con la idea de defender "el sentido común", e instaurar áreas de resguardo alrededor de las poblaciones de 1.500 metros y la prohibición total de las fumigaciones aéreas, cuya deriva —razonó Manessi— "es incontrolable".
Además, desde la multisectorial se solidarizaron con los docentes y con los alumnos de la Escuela Nº 44 de la localidad de Entre Ríos de Santa Anita (fumigada en 2014) y criticaron el comunicado de la Mesa de Enlace entrerriana, que salió a presionar a la Justicia el mismo día que comenzó el juicio por la intoxicación.
"La tristemente célebre Mesa de Enlace intenta otra demostración a través de un comunicado público dirigido al tribunal interviniente, cuando comienza otro juicio por fumigaciones con agrotóxicos sobre una escuela basándose exclusivamente en los dichos del imputado y cuestionando actuaciones de profesionales y médicos", manifiesta el texto de la multisectorial Paren de Fumigarnos.
"Expresamos nuestra solidaridad con los alumnos y docentes de la escuela de Santa Anita así como de todos sus pares cotidianamente fumigados, rechazando enérgicamente los intentos injerencistas que pretenden situarse por encima de la ley", concluye el comunicado del grupo ambientalista.
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Los agroquímicos siguen matando
Una mandarina envenenada
Fecha de Publicación: 26/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La noticia podría ser la versión cruda de un cuento de los hermanos Grimm. Una niña y un niño salen de su casa y caminan juntos por senderos rurales. A su alrededor está ese verde que es a la vez vivo y leve como la luz de las seis de la tarde. Rocío tiene 12 años y va a tomar su primera comunión. Su sobrino, Damián, tiene 10 y pidió acompañarla. Los dos andan con la mirada brillante y el corazón agitado, porque a sólo 15 cuadras está la capilla.
Como si fuera parte de la misma magia, a los pocos metros ven en el suelo una mandarina madura y ni lo dudan: fruta, y así regalada como del cielo. Rocío la pela, la parte en mitades, la comen. Pero enseguida se pone raro. Les pasa a los dos: se marean, tiemblan, los ojos se les hinchan como si las pupilas fueran a salírseles en punta. Rocío convulsiona, pierde el conocimiento, cae. Damián avanza como puede a pedir ayuda, pero ya no hay nada que hacer. El veneno que tenía la fruta la mató como hubiera hecho con los pájaros a los que estaba destinado. El final por ahora es ése. No hay hadas ni encantos rotos. Ojalá continúe y haya al menos condenados. Es poco probable. El de Rocío, la niña de Corrientes envenenada con Furadán, un producto que se supone prohibido para muchos usos, pero que se consigue hasta por Internet, es un nombre nuevo en el relato de terror que es nuestro sistema de producción de alimentos. Producimos comida utilizando venenos. Y los venenos están diseñados para matar lo que estorba: hongos, plantas, insectos, animales. Por supuesto no están destinados a matar niños, al menos no, desde que las compañías que los fabrican abandonaron su participación en el negocio bélico post-Vietnam. Pero a veces pasa: con Rocío pasó. También con Nicolás Arévalo, un niño de cuatro años que tuvo la mala idea de pasearse por dentro de una tomatera que había sido regada con Endosulfán. O con Ezequiel Ferreyra, que a los siete años "trabajaba" para un productor de huevos en Buenos Aires manipulando distintos insecticidas. Pasa también cuando los aviones fumigan escuelas y la salud a los niños se les erosiona hasta que enferman. Red de escuelas fumigadas. Red de pueblos fumigados. Red de médicos de pueblos fumigados. El tendido de redes que empieza cuando empieza el campo debería parar el mundo que así como está sólo amenaza con romperse todo.
"Los agroquímicos no son necesarios para satisfacer la demanda de alimentos. Es simplemente un mito": con esa contundencia se presentó hace unos meses el informe de la relatora del derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver. Allí los expertos exponen cómo los agroquímicos destruyen la salud, la naturaleza y la comida, mientras sólo sirven para nutrir negocios. "Una amenaza contra los derechos humanos", sentencian, y proponen la agroecología como el futuro posible, si queremos tener uno. Pero, claro, también advierten sobre la presión que ejercen los fabricantes sobre los gobiernos y la comunidad científica. Un combo eficaz que sostiene lo insostenible, mientras construye nuevas tramas que superan las fantasías más perversas de los hermanos Grimm.
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Fecha de Publicación: 26/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La noticia podría ser la versión cruda de un cuento de los hermanos Grimm. Una niña y un niño salen de su casa y caminan juntos por senderos rurales. A su alrededor está ese verde que es a la vez vivo y leve como la luz de las seis de la tarde. Rocío tiene 12 años y va a tomar su primera comunión. Su sobrino, Damián, tiene 10 y pidió acompañarla. Los dos andan con la mirada brillante y el corazón agitado, porque a sólo 15 cuadras está la capilla.
Como si fuera parte de la misma magia, a los pocos metros ven en el suelo una mandarina madura y ni lo dudan: fruta, y así regalada como del cielo. Rocío la pela, la parte en mitades, la comen. Pero enseguida se pone raro. Les pasa a los dos: se marean, tiemblan, los ojos se les hinchan como si las pupilas fueran a salírseles en punta. Rocío convulsiona, pierde el conocimiento, cae. Damián avanza como puede a pedir ayuda, pero ya no hay nada que hacer. El veneno que tenía la fruta la mató como hubiera hecho con los pájaros a los que estaba destinado. El final por ahora es ése. No hay hadas ni encantos rotos. Ojalá continúe y haya al menos condenados. Es poco probable. El de Rocío, la niña de Corrientes envenenada con Furadán, un producto que se supone prohibido para muchos usos, pero que se consigue hasta por Internet, es un nombre nuevo en el relato de terror que es nuestro sistema de producción de alimentos. Producimos comida utilizando venenos. Y los venenos están diseñados para matar lo que estorba: hongos, plantas, insectos, animales. Por supuesto no están destinados a matar niños, al menos no, desde que las compañías que los fabrican abandonaron su participación en el negocio bélico post-Vietnam. Pero a veces pasa: con Rocío pasó. También con Nicolás Arévalo, un niño de cuatro años que tuvo la mala idea de pasearse por dentro de una tomatera que había sido regada con Endosulfán. O con Ezequiel Ferreyra, que a los siete años "trabajaba" para un productor de huevos en Buenos Aires manipulando distintos insecticidas. Pasa también cuando los aviones fumigan escuelas y la salud a los niños se les erosiona hasta que enferman. Red de escuelas fumigadas. Red de pueblos fumigados. Red de médicos de pueblos fumigados. El tendido de redes que empieza cuando empieza el campo debería parar el mundo que así como está sólo amenaza con romperse todo.
"Los agroquímicos no son necesarios para satisfacer la demanda de alimentos. Es simplemente un mito": con esa contundencia se presentó hace unos meses el informe de la relatora del derecho a la alimentación de las Naciones Unidas, Hilal Elver. Allí los expertos exponen cómo los agroquímicos destruyen la salud, la naturaleza y la comida, mientras sólo sirven para nutrir negocios. "Una amenaza contra los derechos humanos", sentencian, y proponen la agroecología como el futuro posible, si queremos tener uno. Pero, claro, también advierten sobre la presión que ejercen los fabricantes sobre los gobiernos y la comunidad científica. Un combo eficaz que sostiene lo insostenible, mientras construye nuevas tramas que superan las fantasías más perversas de los hermanos Grimm.
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El agronegocio "presente" en juicio por escuela fumigada
Juicio por la escuela fumigada: la Mesa de Enlace manifestó su “preocupación” y defendió el uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 20/09/2017
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está desarrollando el primer juicio por la fumigación de una escuela en la provincia. Este caso puede sentar un precedente que limite la práctica agropecuaria con tóxicos para aumentar su rentabilidad. Esto motivó la reunión y posterior redacción de un comunicado por parte de la Mesa de Enlace, donde las entidades manifestaron su "preocupación" por el devenir del juicio que investiga la fumigación de la Escuela N° 44 “República Argentina” en la zona de Santa Anita, allá por el 2014. Las entidades agrarias aseguraron que "de acuerdo a lo informado por el productor (imputado), se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica". La Mesa de Enlace teme por un precedente que ponga en jaque el modelo productivo a base de la fumigación con veneno. Posan la discusión sobre los buenos y malos usos de los tóxicos.
Las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) se reunieron este lunes en Paraná con motivo del comienzo del juicio y emitieron un comunicado con un claro mensaje a la justicia provincial.
No son parte del juicio, pero de manera corporativa expresaron su “preocupación” por el proceso que se desarrollará esta semana y remarcaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”, ninguneando así la investigación preparatoria que durante dos años llevó adelante la Fiscalía y que motivó el pedido de remisión a juicio oral.
Según el comunicado, las entidades agropecuarias “ven con preocupación” el juicio iniciado. Afirmaron que “de acuerdo a lo informado por el productor (imputado), se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”.
Sin embargo, según el testimonio de la maestra que denunció el hecho, "no se recibió ninguna notificación de que se iba a hacer alguna fumigación, no hubo receta agronómica. La Policía dijo que no hubo presentaciones (permisos) y la Municipalidad aseguró que no hubo aviso previo de esa fumigación".
A pesar de los hechos contundentes, las entidades del campo señalaron que “la empresa que la realizó se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes”.
Finalmente advirtieron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.
Entre los testimonios aportados por la Fiscalía, se encuentra el de los profesionales del hospital donde fueron atendidos los alumnos y la maestra intoxicados, un perito agrónomo nombrado por la Fiscalía y un investigador del Conicet que constató mediante estudios de aire que “la escuela está expuesta a la contaminación”.
Los denunciantes, las víctimas de la fumigación y las organizaciones ambientales que respaldan esta lucha estarán acompañados en esta etapa por las “Madres de Ituzaingó”.
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Fecha de Publicación: 20/09/2017
Fuente: Análisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está desarrollando el primer juicio por la fumigación de una escuela en la provincia. Este caso puede sentar un precedente que limite la práctica agropecuaria con tóxicos para aumentar su rentabilidad. Esto motivó la reunión y posterior redacción de un comunicado por parte de la Mesa de Enlace, donde las entidades manifestaron su "preocupación" por el devenir del juicio que investiga la fumigación de la Escuela N° 44 “República Argentina” en la zona de Santa Anita, allá por el 2014. Las entidades agrarias aseguraron que "de acuerdo a lo informado por el productor (imputado), se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica". La Mesa de Enlace teme por un precedente que ponga en jaque el modelo productivo a base de la fumigación con veneno. Posan la discusión sobre los buenos y malos usos de los tóxicos.
Las entidades rurales que integran la Mesa de Enlace de Entre Ríos (Federación Agraria Argentina -FAA-, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos -FARER-, Sociedad Rural y la Federación de Cooperativas -FEDECO-) se reunieron este lunes en Paraná con motivo del comienzo del juicio y emitieron un comunicado con un claro mensaje a la justicia provincial.
No son parte del juicio, pero de manera corporativa expresaron su “preocupación” por el proceso que se desarrollará esta semana y remarcaron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”, ninguneando así la investigación preparatoria que durante dos años llevó adelante la Fiscalía y que motivó el pedido de remisión a juicio oral.
Según el comunicado, las entidades agropecuarias “ven con preocupación” el juicio iniciado. Afirmaron que “de acuerdo a lo informado por el productor (imputado), se trató de una aplicación realizada con control profesional, para la cual se disponía de la receta agronómica”.
Sin embargo, según el testimonio de la maestra que denunció el hecho, "no se recibió ninguna notificación de que se iba a hacer alguna fumigación, no hubo receta agronómica. La Policía dijo que no hubo presentaciones (permisos) y la Municipalidad aseguró que no hubo aviso previo de esa fumigación".
A pesar de los hechos contundentes, las entidades del campo señalaron que “la empresa que la realizó se encontraba totalmente en regla, cumpliendo con las normas vigentes”.
Finalmente advirtieron que “es necesario que se pueda dilucidar con elementos técnicos certeros las afectaciones denunciadas por la docente”.
Entre los testimonios aportados por la Fiscalía, se encuentra el de los profesionales del hospital donde fueron atendidos los alumnos y la maestra intoxicados, un perito agrónomo nombrado por la Fiscalía y un investigador del Conicet que constató mediante estudios de aire que “la escuela está expuesta a la contaminación”.
Los denunciantes, las víctimas de la fumigación y las organizaciones ambientales que respaldan esta lucha estarán acompañados en esta etapa por las “Madres de Ituzaingó”.
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Proyecto para limitar las fumigaciones en poblaciones
Pretenden penalizar las fumigaciones próximas a una población
Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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Fecha de Publicación: 05/09/2017
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Nacional
El Diputado Nacional Julio Solanas presentó un Proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal por el que “será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigaciones aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de dos mil metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, instituciones escolares y centros de salud”.
De esta manera y según el proyecto de Solanas, se condenarán las fumigaciones que afecten la vida de la población mediante la “utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agropecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando de forma significativa y duradera zonas geográficas en detrimento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal.”
La propuesta de Solanas es una respuesta a los reclamos y pedidos de distintas poblaciones rurales, afectadas por el avance indiscriminado de insalubres formas de producción agrícola. Por estas razones, el diputado explica que “Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de contar con instrumentos penales de protección del medio ambiente.” Y rescata del derecho internacional el concepto de delito de ecocidio entendido como tal “al que daña gravemente o destruye el medio ambiente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas de los que dependen determinados grupos humanos”.
“Sin lugar a dudas esto nos lleva a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo”, sostuvo el legislador.
“Es por ello, que consideramos necesario establecer nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preservación de un ambiente sano”, argumentó Solanas.
En los fundamentos del proyecto, el Diputado manifiesta que resulta imprescindible “trabajar en un nuevo encuadramiento legal con el fin de proteger la vida, la salud de cada habitante en lo que hace al derecho de gozar de un ambiente sano, lo cual requiere de esta Honorable Cámara consagrar la utilización del derecho penal como respuesta a estos hechos lesivos”.
“Entendemos oportuno la inclusión de este delito en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública, incorporando la responsabilidad de las personas jurídicas de forma independiente de la responsabilidad individual de los directivos que pudieran haber participado en la conducta lesiva”, concluyó el legislador. ()
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Zona protegida de Chaco sigue deforestándose
Se multiplican los desmontes en zona protegida del Chaco
Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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Fecha de Publicación: 04/09/2017
Fuente: Chaco Hoy
Provincia/Región: Chaco
Al cierre de esta nota desmontaron más de 600 hectáreas en zona protegida por la Ley de Bosques. Por la falta de un buen Mapa de Zonificación del OTBN, realidad que no es casual ni accidental, se torna un poco dificultoso la ubicación del predio. Sin embargo, las imágenes satelitales secuenciadas comprueban que se deforestó en Zona Amarilla, lo que no es una novedad sino que es un fenómeno recurrente que se multiplica porque los desmontes clandestinos o autorizados por la Dirección de Bosques -a través del programa de Cambio de Uso de Suelo- se concentran en la región norte de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, en pleno Impenetrable chaqueño.
El desmonte se ejecutó en el campo que, según la ficha del Instituto de Colonización, figura a nombre de Héctor Alfredo Giongo, dueño de la Parcela 229, Circunscripción V del Departamento Almirante Brown. En la zona se afirma que trabaja el campo su hija, Melisa Giongo, que casualmente es la esposa del abogado Victor Hugo Paoletti, quién asesora a la Asociación de Productores Forestales, a su vez hijo del antiguo explotador forestal y recurrente intendente de la locadlidad de Los Frentones, Pedro Orestes Paoletti
La investigación en terreno del Centro Mandela se inició el 17 de junio pasado. El desmonte comenzó en la mitad sur del campo, a la vista de todos los que circulan por la Picada YPF. A pesar de ser obligatorio, no se exhibe en la tranquera del campo desmontado el cartel en donde se debe reflejar la autorización que obligatoriamente debe otorgar la Dirección de Bosques para que se realice un desmonte, con los datos indispensables como son la superficie a deforestar, el técnico responsable de los “trabajos”, la empresa de desmonte, el número de expediente y la disposición que otorga el permiso a los fines de que el desmonte sea legal.
La faltan de exhibición del cartel permite presumir que el desmonte sería ilegal o clandestino dado que la tranquera del campo está ubicada sobre una de las Picadas YPF, la que arranca en la localidad de Los Frentones, de modo tal de que la falta del cartel pone en evidencia lo ocurrido.
Queman los restos forestales de los desmontes
Es notable la cantidad de quemas de restos forestales en la región ubicada al norte de la localidad de Pampa del Infierno, Los Frentones y Río Muerto, a pesar de que están expresamente prohibidos en el artículo 15 de la Ley de Bosques y en el artículo 3 de la Ley 26.562 de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema. Se multiplicaron los desmontes en esa amplia zona, invadiendo el área protegida (Zona Amarilla), en la que no se debe desmontar. La imagen que sigue refleja los incendios y quemas a 72 horas del cierre de esta nota. Los incendios están perfectamente detectados y localizados en el sitio http://fires.globalforestwatch.org/map/#activeLayers=viirsFires%2CactiveFires%2CboundingBoxes&activeBasemap=topo&x=-62&y=-26&z=11
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La pampa húmeda bajo el agua
Las inundaciones afectan casi un tercio de la producción agropecuaria
Fecha de Publicación: 02/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según un informe de Carbap, lo sufren amplias regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba y de Santa Fe; allí se realiza el 25% de la agricultura y se encuentra el 26% del ganado vacuno del país
Las inundaciones que sufre buena parte de la pampa húmeda afectan casi un tercio de la producción agropecuaria: concretamente, el 25% de la agricultura y el 26% del ganado vacuno del país. Además, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el 60% de la producción lechera está hoy en las regiones inundadas o anegadas, al igual que un porcentaje similar del rodeo vacuno.
Los datos se desprenden de un trabajo que acaba de terminar la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a partir de un relevamiento de imágenes satelitales de la última semana y con datos de producción que realizó Pablo Ginestet, un experto que integra el consejo directivo de esa entidad.
El informe alerta que está comprometida una parte importante de la producción, de cara a la nueva campaña agrícola que empezará el mes próximo con el maíz y que continuará en octubre con la soja. En cuanto al trigo, por las inundaciones no se pudieron sembrar 150.000 hectáreas y hubo pérdidas superiores a las 80.000 hectáreas en lotes que ya estaban implantados, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Fernando Alzueta, presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, aportó un dato que evidencia el drama de ese partido: en los últimos 40 años tuvieron 16 inundaciones. "Cada dos años y medio perdés todo", dijo Laura Hernández, productora de la zona. Y agregó que la situación genera "desgaste psíquico y emocional".
El trabajo de Carbap analizó una superficie de algo más de 21,7 millones de hectáreas, que abarcan gran parte de la provincia de Buenos Aires, los partidos del nordeste de La Pampa y los del sur de esa provincia que limitan con Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Santa Fe.
La situación es dramática en la mayor parte de la denominada cuenca del Salado, desde la desembocadura de ese río en la bahía de Samborombón, atravesando toda esa región, hasta La Pampa y Córdoba. "Parte de esas zonas, como el partido de General Villegas, vienen en problemas desde hace más de 15 meses", destaca el trabajo. Sobre el volumen de hectáreas analizadas, 5,5 millones están inundadas y/o anegadas. Es el 26% de la superficie de la región considerada.
Pero, además de lo que está bajo el agua o con serios problemas de anegamientos, el trabajo detectó también la superficie que no tiene piso, por estar altas las napas, y donde no se puede realizar ninguna clase de labor. En números, la superficie en esas condiciones suma 2,5 millones de hectáreas. De este modo, entre la superficie inundada y la que no tiene piso hay 8 millones de hectáreas afectadas.
En el último ciclo agrícola, en el área complicada se plantaron 7,2 millones de hectáreas con los cultivos de soja, girasol, maíz, trigo y cebada. Eso representó el 23% de la agricultura nacional y es ése justamente el porcentaje del área para agricultura que hoy tiene interrogantes de cara a la nueva campaña. "De continuar las precipitaciones por encima de la media, la situación se seguirá agravando. Si bien los pronósticos auguran un escenario de precipitaciones algo más bajas que lo normal, la situación actual no nos permite ser optimistas", explicó Ginestet en el trabajo.
Considerando la superficie comprometida para la agricultura, agregó que la actual situación hídrica en el país "pone un gran manto de duda sobre la posibilidad de llevar a cabo esos cultivos este año".
"En promedio, más del 25% de la producción agrícola nacional se encuentra en la zona afectada, siendo el maíz, con el 30% de la superficie potencial (1,47 millones de hectáreas), el que podría verse más perjudicado", consigna el trabajo de Carbap.
Respecto de la ganadería, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe reúnen 32,6 millones de cabezas vacunas. De ellas, en las zonas inundadas hay 14,1 millones de cabezas, el 43% de la hacienda de todas esas provincias o el 26% del rodeo nacional, que alcanza un total de 53,5 millones de cabezas.
Entre las regiones, sobresale el impacto en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 63% de su rodeo sobre tierras inundadas o anegadas. "El rodeo ganadero de la provincia de Buenos Aires se encuentra ante un potencial daño de impacto severo; 12 de los 18 millones de cabezas de la provincia se encuentran en el área inundada", señala el informe.
La cuenca baja del Salado, que alberga un porcentaje importante del rodeo de cría de la provincia y del país, se encuentra en la zona afectada. Y el ganado que está en esas zonas "está en la etapa de parición, por lo que se está definiendo la producción potencial del año próximo, que seguramente tendrá un impacto negativo en la tasa de destete de 2018", señala el informe de Carbap.
En el caso de la lechería, se observa que otra vez es crítico el panorama en Buenos Aires. De 2485 tambos, un 60% (1498) está en la zona afectada. En tanto, de sus 467.625 vacas en ordeñe, el 67% se encuentra en la región comprometida por el agua.
Caminos rurales
Entre los partidos inundados, en las últimas semanas la situación se agravó en Bolívar. Allí, según la productora Laura Hernández, del 70% de las 500.000 hectáreas del partido que estaban inundadas hace quince días ahora se llegó prácticamente al ciento por ciento.
En esa ciudad, la semana pasada los productores hicieron una movilización hasta el centro cívico y dejaron un petitorio al jefe comunal, Eduardo "Bali" Bucca, reclamando por los caminos rurales (de lo que se informa por separado).
Entre otros temas, el informe de Carbap se detiene sobre la infraestructura en toda la región inundada de las cuatro provincias. Dice que hay 15.000 kilómetros de caminos cortados o intransitables. Al respecto, habla de "la nula inversión en infraestructura hídrica de las ultimas décadas, en una zona altamente productiva". Y agrega: "Es necesario que las obras que están comenzando y por comenzar se mantengan en ritmo apropiado por los próximos años para tratar de mitigar el impacto de estos eventos, que cada año se vuelven más frecuentes".
El trabajo alerta que en la pampa húmeda, por las inundaciones, "mucha gente" tuvo que mudarse a los centros urbanos y "varias escuelas rurales están cerradas momentáneamente", con chicos que no pueden concurrir a clases.
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Fecha de Publicación: 02/09/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Según un informe de Carbap, lo sufren amplias regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba y de Santa Fe; allí se realiza el 25% de la agricultura y se encuentra el 26% del ganado vacuno del país
Las inundaciones que sufre buena parte de la pampa húmeda afectan casi un tercio de la producción agropecuaria: concretamente, el 25% de la agricultura y el 26% del ganado vacuno del país. Además, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el 60% de la producción lechera está hoy en las regiones inundadas o anegadas, al igual que un porcentaje similar del rodeo vacuno.
Los datos se desprenden de un trabajo que acaba de terminar la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) a partir de un relevamiento de imágenes satelitales de la última semana y con datos de producción que realizó Pablo Ginestet, un experto que integra el consejo directivo de esa entidad.
El informe alerta que está comprometida una parte importante de la producción, de cara a la nueva campaña agrícola que empezará el mes próximo con el maíz y que continuará en octubre con la soja. En cuanto al trigo, por las inundaciones no se pudieron sembrar 150.000 hectáreas y hubo pérdidas superiores a las 80.000 hectáreas en lotes que ya estaban implantados, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Fernando Alzueta, presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, aportó un dato que evidencia el drama de ese partido: en los últimos 40 años tuvieron 16 inundaciones. "Cada dos años y medio perdés todo", dijo Laura Hernández, productora de la zona. Y agregó que la situación genera "desgaste psíquico y emocional".
El trabajo de Carbap analizó una superficie de algo más de 21,7 millones de hectáreas, que abarcan gran parte de la provincia de Buenos Aires, los partidos del nordeste de La Pampa y los del sur de esa provincia que limitan con Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Santa Fe.
La situación es dramática en la mayor parte de la denominada cuenca del Salado, desde la desembocadura de ese río en la bahía de Samborombón, atravesando toda esa región, hasta La Pampa y Córdoba. "Parte de esas zonas, como el partido de General Villegas, vienen en problemas desde hace más de 15 meses", destaca el trabajo. Sobre el volumen de hectáreas analizadas, 5,5 millones están inundadas y/o anegadas. Es el 26% de la superficie de la región considerada.
Pero, además de lo que está bajo el agua o con serios problemas de anegamientos, el trabajo detectó también la superficie que no tiene piso, por estar altas las napas, y donde no se puede realizar ninguna clase de labor. En números, la superficie en esas condiciones suma 2,5 millones de hectáreas. De este modo, entre la superficie inundada y la que no tiene piso hay 8 millones de hectáreas afectadas.
En el último ciclo agrícola, en el área complicada se plantaron 7,2 millones de hectáreas con los cultivos de soja, girasol, maíz, trigo y cebada. Eso representó el 23% de la agricultura nacional y es ése justamente el porcentaje del área para agricultura que hoy tiene interrogantes de cara a la nueva campaña. "De continuar las precipitaciones por encima de la media, la situación se seguirá agravando. Si bien los pronósticos auguran un escenario de precipitaciones algo más bajas que lo normal, la situación actual no nos permite ser optimistas", explicó Ginestet en el trabajo.
Considerando la superficie comprometida para la agricultura, agregó que la actual situación hídrica en el país "pone un gran manto de duda sobre la posibilidad de llevar a cabo esos cultivos este año".
"En promedio, más del 25% de la producción agrícola nacional se encuentra en la zona afectada, siendo el maíz, con el 30% de la superficie potencial (1,47 millones de hectáreas), el que podría verse más perjudicado", consigna el trabajo de Carbap.
Respecto de la ganadería, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe reúnen 32,6 millones de cabezas vacunas. De ellas, en las zonas inundadas hay 14,1 millones de cabezas, el 43% de la hacienda de todas esas provincias o el 26% del rodeo nacional, que alcanza un total de 53,5 millones de cabezas.
Entre las regiones, sobresale el impacto en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 63% de su rodeo sobre tierras inundadas o anegadas. "El rodeo ganadero de la provincia de Buenos Aires se encuentra ante un potencial daño de impacto severo; 12 de los 18 millones de cabezas de la provincia se encuentran en el área inundada", señala el informe.
La cuenca baja del Salado, que alberga un porcentaje importante del rodeo de cría de la provincia y del país, se encuentra en la zona afectada. Y el ganado que está en esas zonas "está en la etapa de parición, por lo que se está definiendo la producción potencial del año próximo, que seguramente tendrá un impacto negativo en la tasa de destete de 2018", señala el informe de Carbap.
En el caso de la lechería, se observa que otra vez es crítico el panorama en Buenos Aires. De 2485 tambos, un 60% (1498) está en la zona afectada. En tanto, de sus 467.625 vacas en ordeñe, el 67% se encuentra en la región comprometida por el agua.
Caminos rurales
Entre los partidos inundados, en las últimas semanas la situación se agravó en Bolívar. Allí, según la productora Laura Hernández, del 70% de las 500.000 hectáreas del partido que estaban inundadas hace quince días ahora se llegó prácticamente al ciento por ciento.
En esa ciudad, la semana pasada los productores hicieron una movilización hasta el centro cívico y dejaron un petitorio al jefe comunal, Eduardo "Bali" Bucca, reclamando por los caminos rurales (de lo que se informa por separado).
Entre otros temas, el informe de Carbap se detiene sobre la infraestructura en toda la región inundada de las cuatro provincias. Dice que hay 15.000 kilómetros de caminos cortados o intransitables. Al respecto, habla de "la nula inversión en infraestructura hídrica de las ultimas décadas, en una zona altamente productiva". Y agrega: "Es necesario que las obras que están comenzando y por comenzar se mantengan en ritmo apropiado por los próximos años para tratar de mitigar el impacto de estos eventos, que cada año se vuelven más frecuentes".
El trabajo alerta que en la pampa húmeda, por las inundaciones, "mucha gente" tuvo que mudarse a los centros urbanos y "varias escuelas rurales están cerradas momentáneamente", con chicos que no pueden concurrir a clases.
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Hasta la FAO advierte sobre el agronegocio y sus impactos
La FAO advierte que las malas prácticas agrícolas están contaminando las aguas
Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El uso inadecuado de los pesticidas y otros químicos en el sector primario están contaminando las aguas y representan una amenaza para la economía y la salud de miles de millones de personas
Es la principal conclusión de un nuevo informe del Instituto Internacional para la Gestión del Agua (IWMI) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de la celebración de la Semana Mundial del Agua.
El aumento de la producción de alimentos se ha logrado en las últimas décadas mediante el uso intensivo de fertilizantes químicos y pesticidas, un mercado que mueve cada año más de 35 mil millones de dólares
El informe señala que este rubro crece con rapidez en países como Argentina, Malasia, Sudáfrica y Pakistán.
"Estamos viendo que en las economías emergentes se está empezando a hacer un uso elevado de pesticidas que en otros sitios están prohibidos, mientras que en países desarrollados se han prohibido los pesticidas más peligrosos", dijo Javier Mateo-Sagasta, experto del IWMI.
Y precisó que en países en desarrollo todavía se usan pesticidas prohibidos y no se sabe cómo almacenarlos bien. "De repente, los contenedores con restos de esos pesticidas se limpian en los ríos. Está empezando a ser un problema serio", indicó.
Extracciones de agua
En la mayoría de países ricos y muchos emergentes, la agricultura, responsable del 70 por ciento de las extracciones de agua en el mundo, ha superado a la industria y los centros urbanos como el principal factor en la degradación de las aguas debido al vertido de químicos, materia orgánica, sedimentos, nitratos, patógenos y otras sustancias.
Según el informe, el 38 por ciento de las masas de agua en la Unión Europea (UE) están bajo la presión de la contaminación agrícola; en Estados Unidos la agricultura es la principal causa de polución en ríos y arroyos, la segunda en humedales y la tercera en lagos; y en China esta actividad está detrás de casi todas las aguas subterráneas contaminadas por nitrógeno.
En la ganadería, el principal problema deriva de la incorrecta gestión de los excrementos de los animales, que contienen patógenos y una importante carga de materia orgánica que, si acaba en los ríos, consume el oxígeno que hay disuelto, entre otros muchos problemas asociados a la explotación intensiva industrial.
Algo parecido ocurre en la acuicultura con el exceso de nutrientes y materia orgánica que se da cuando hay una parte de los alimentos balanceados que no se comen los peces y que acaba contaminando las aguas.
Nuevos contaminantes
El estudio también se hace eco de los nuevos contaminantes que en los últimos veinte años han surgido en forma de medicinas para animales como antibióticos, vacunas y hormonas para el crecimiento, las cuales pasan de las granjas a los ecosistemas y las fuentes de agua potable, y contribuyen a un aumento de las bacterias resistentes a los antimicrobianos.
Los expertos recomiendan, entre otras medidas, optimizar y limitar la utilización de químicos en los cultivos para reducir el riesgo de contaminación de las aguas, establecer zonas de protección alrededor de las explotaciones agrícolas y sistemas de riego eficientes que permitan recoger las aguas vertidas.
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Fecha de Publicación: 01/09/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El uso inadecuado de los pesticidas y otros químicos en el sector primario están contaminando las aguas y representan una amenaza para la economía y la salud de miles de millones de personas
Es la principal conclusión de un nuevo informe del Instituto Internacional para la Gestión del Agua (IWMI) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de la celebración de la Semana Mundial del Agua.
El aumento de la producción de alimentos se ha logrado en las últimas décadas mediante el uso intensivo de fertilizantes químicos y pesticidas, un mercado que mueve cada año más de 35 mil millones de dólares
El informe señala que este rubro crece con rapidez en países como Argentina, Malasia, Sudáfrica y Pakistán.
"Estamos viendo que en las economías emergentes se está empezando a hacer un uso elevado de pesticidas que en otros sitios están prohibidos, mientras que en países desarrollados se han prohibido los pesticidas más peligrosos", dijo Javier Mateo-Sagasta, experto del IWMI.
Y precisó que en países en desarrollo todavía se usan pesticidas prohibidos y no se sabe cómo almacenarlos bien. "De repente, los contenedores con restos de esos pesticidas se limpian en los ríos. Está empezando a ser un problema serio", indicó.
Extracciones de agua
En la mayoría de países ricos y muchos emergentes, la agricultura, responsable del 70 por ciento de las extracciones de agua en el mundo, ha superado a la industria y los centros urbanos como el principal factor en la degradación de las aguas debido al vertido de químicos, materia orgánica, sedimentos, nitratos, patógenos y otras sustancias.
Según el informe, el 38 por ciento de las masas de agua en la Unión Europea (UE) están bajo la presión de la contaminación agrícola; en Estados Unidos la agricultura es la principal causa de polución en ríos y arroyos, la segunda en humedales y la tercera en lagos; y en China esta actividad está detrás de casi todas las aguas subterráneas contaminadas por nitrógeno.
En la ganadería, el principal problema deriva de la incorrecta gestión de los excrementos de los animales, que contienen patógenos y una importante carga de materia orgánica que, si acaba en los ríos, consume el oxígeno que hay disuelto, entre otros muchos problemas asociados a la explotación intensiva industrial.
Algo parecido ocurre en la acuicultura con el exceso de nutrientes y materia orgánica que se da cuando hay una parte de los alimentos balanceados que no se comen los peces y que acaba contaminando las aguas.
Nuevos contaminantes
El estudio también se hace eco de los nuevos contaminantes que en los últimos veinte años han surgido en forma de medicinas para animales como antibióticos, vacunas y hormonas para el crecimiento, las cuales pasan de las granjas a los ecosistemas y las fuentes de agua potable, y contribuyen a un aumento de las bacterias resistentes a los antimicrobianos.
Los expertos recomiendan, entre otras medidas, optimizar y limitar la utilización de químicos en los cultivos para reducir el riesgo de contaminación de las aguas, establecer zonas de protección alrededor de las explotaciones agrícolas y sistemas de riego eficientes que permitan recoger las aguas vertidas.
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agricultura industrial,
agroquímicos,
contaminación,
Nacional,
recursos hídricos
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El agronegocio y la minería indican los contenidos educativos
Un alerta para la educación ambiental
Fecha de Publicación: 30/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Advierten sobre el avance de las empresas de agroquímicos y mineras en los contenidos educativos.
Las empresas de agroquímicos y las corporaciones mineras también definen qué se enseña y aprende en materia de educación ambiental en las escuelas argentinas. El hecho es advertido con preocupación por educadoras del Taller Ecologista, una ONG que hace más de 30 años trabaja en defensa del ambiente.
A fines de marzo pasado, se firmó un compromiso sobre educación ambiental entre el Consejo Federal de Educación (organismo que reúne a todos los ministros del área del país) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Si bien es un acuerdo de voluntades, que contempla principios básicos, deja abierta la puerta para que los intereses de las transnacionales mineras y agrícolas incidan en los contenidos escolares. "Es que hay dos formas de entender la educación ambiental: una es cuestionando en forma radical el modelo de desarrollo que sostiene que estamos en una crisis civilizatoria y otro pensando que los conflictos ambientales son consecuencia de un modelo de desarrollo que con tecnología lo podemos solucionar", dicen las profesoras Claudia Costinovsky, Nora Schiaffino y Evangelina Corradi del Taller Ecologista, adhiriendo a la primera visión que responde a un enfoque latinoamericanista.
Así planteado este acuerdo, tan amplio sin precisiones con una visión maquillada, deja en manos de las empresas —señalan las docentes— la capacitación docente y los contenidos de enseñanza de la educación ambiental. Es decir, empresas productoras de agroquímicos como Monsanto, Bayer o Basf tienen voz autorizada para incidir en lo que aprenden los chicos. De hecho recuerdan que desde hace varios años funciona en varias provincias del país el Aula Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). "Lo bueno es que esta iniciativa no entra en Santa Fe ya que la provincia adhiere al modelo de producción agroecológica", destacan las docentes al tiempo que dicen que "igual hay estar atentos porque si antes las empresas se metían sin permiso, ahora tendrían pleno aval desde estos acuerdos".
Acuerdos preocupantes
La desconfianza de las docentes del Taller Ecologista tiene sus fundamentos. El 2 de julio pasado un informe del diario Tiempo Argentino ("Vía libre para que las mineras y agroquímicas generen contenidos educativos") alertaba sobre el acuerdo firmado entre el ex ministro Esteban Bullrich y el titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile, "para fortalecer la educación agraria", incluyendo en ese compromiso a más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que sean "fuente de capacitación" para escuelas rurales. También se observa sobre el acuerdo del presidente Mauricio Macri con 14 gobernadores sobre el nuevo Acuerdo Federal Minero. El punto 3 del acuerdo, titulado "Aspectos educativos y formativos", fue elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y los ministerios de Educación y Energía (a cargo de Juan José Aranguren). Tal como indica Tiempo Argentino: "Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico —lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad—, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera»."
Rol docente
Las integrantes del Taller Ecologista sostienen que no hay que quedarse solo en la denuncia de estos convenios donde las corporaciones mineras y de los agroquímicos avanzan sobre los contenidos escolares, sino que se puede hacer más. "Las decisiones sobre la currícula las tiene el docente y les compete al colectivo institucional. Es una barbaridad que a las decisiones curriculares las tome el mercado", opina Claudia Costinovsky como integrante del Taller Ecologista y profesora de teoría del currículo en la formación docente.
Junto a sus colegas considera que hay que alentar al docente en su rol de constructor de contenidos. Invitando también a comprometerse, a relevar las problemáticas de cada contexto. "Realidades que los docentes conocen muy bien, porque —citan como ejemplo— han fumigado alrededor de las escuelas con los chicos en los recreos".
Materiales y acompañamiento
Desde el área de Ecoeducación del Taller Ecologista, ofrecen a los docentes acercarse a este espacio, en el que se ofrece acompañamiento al trabajo educativo. El espacio funciona todos los viernes de 17 a 19, en San Martín 536 4to. piso oficina 5. "Nos juntamos con los docentes, hablamos sobre libros, materiales de apoyo en torno a la educación ambiental", explican. También se puede consultar en www.tallerecologista.org.ar
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Fecha de Publicación: 30/08/2017
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Nacional
Advierten sobre el avance de las empresas de agroquímicos y mineras en los contenidos educativos.
Las empresas de agroquímicos y las corporaciones mineras también definen qué se enseña y aprende en materia de educación ambiental en las escuelas argentinas. El hecho es advertido con preocupación por educadoras del Taller Ecologista, una ONG que hace más de 30 años trabaja en defensa del ambiente.
A fines de marzo pasado, se firmó un compromiso sobre educación ambiental entre el Consejo Federal de Educación (organismo que reúne a todos los ministros del área del país) y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Si bien es un acuerdo de voluntades, que contempla principios básicos, deja abierta la puerta para que los intereses de las transnacionales mineras y agrícolas incidan en los contenidos escolares. "Es que hay dos formas de entender la educación ambiental: una es cuestionando en forma radical el modelo de desarrollo que sostiene que estamos en una crisis civilizatoria y otro pensando que los conflictos ambientales son consecuencia de un modelo de desarrollo que con tecnología lo podemos solucionar", dicen las profesoras Claudia Costinovsky, Nora Schiaffino y Evangelina Corradi del Taller Ecologista, adhiriendo a la primera visión que responde a un enfoque latinoamericanista.
Así planteado este acuerdo, tan amplio sin precisiones con una visión maquillada, deja en manos de las empresas —señalan las docentes— la capacitación docente y los contenidos de enseñanza de la educación ambiental. Es decir, empresas productoras de agroquímicos como Monsanto, Bayer o Basf tienen voz autorizada para incidir en lo que aprenden los chicos. De hecho recuerdan que desde hace varios años funciona en varias provincias del país el Aula Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa). "Lo bueno es que esta iniciativa no entra en Santa Fe ya que la provincia adhiere al modelo de producción agroecológica", destacan las docentes al tiempo que dicen que "igual hay estar atentos porque si antes las empresas se metían sin permiso, ahora tendrían pleno aval desde estos acuerdos".
Acuerdos preocupantes
La desconfianza de las docentes del Taller Ecologista tiene sus fundamentos. El 2 de julio pasado un informe del diario Tiempo Argentino ("Vía libre para que las mineras y agroquímicas generen contenidos educativos") alertaba sobre el acuerdo firmado entre el ex ministro Esteban Bullrich y el titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Buryaile, "para fortalecer la educación agraria", incluyendo en ese compromiso a más de 45 empresas de agronegocios y entidades del sector para que sean "fuente de capacitación" para escuelas rurales. También se observa sobre el acuerdo del presidente Mauricio Macri con 14 gobernadores sobre el nuevo Acuerdo Federal Minero. El punto 3 del acuerdo, titulado "Aspectos educativos y formativos", fue elaborado entre la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) y los ministerios de Educación y Energía (a cargo de Juan José Aranguren). Tal como indica Tiempo Argentino: "Explica que «con el objetivo de que la comunidad educativa reciba conocimientos sobre la actividad minera y estos tengan fundamento científico —lo que contribuirá a una mejor y certera información de la sociedad—, las Partes se comprometen a llevar adelante acciones con los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales para lograr la incorporación, dentro de la currícula de los niveles primario y secundario, de contenidos sobre: a) la constitución geológica del territorio nacional y provincial; b) los productos mineros que se generan en el país y en las provincias, su utilización en la vida cotidiana; c) la importancia del sector minero en la economía nacional y regional; y d) la regulación ambiental de la actividad minera»."
Rol docente
Las integrantes del Taller Ecologista sostienen que no hay que quedarse solo en la denuncia de estos convenios donde las corporaciones mineras y de los agroquímicos avanzan sobre los contenidos escolares, sino que se puede hacer más. "Las decisiones sobre la currícula las tiene el docente y les compete al colectivo institucional. Es una barbaridad que a las decisiones curriculares las tome el mercado", opina Claudia Costinovsky como integrante del Taller Ecologista y profesora de teoría del currículo en la formación docente.
Junto a sus colegas considera que hay que alentar al docente en su rol de constructor de contenidos. Invitando también a comprometerse, a relevar las problemáticas de cada contexto. "Realidades que los docentes conocen muy bien, porque —citan como ejemplo— han fumigado alrededor de las escuelas con los chicos en los recreos".
Materiales y acompañamiento
Desde el área de Ecoeducación del Taller Ecologista, ofrecen a los docentes acercarse a este espacio, en el que se ofrece acompañamiento al trabajo educativo. El espacio funciona todos los viernes de 17 a 19, en San Martín 536 4to. piso oficina 5. "Nos juntamos con los docentes, hablamos sobre libros, materiales de apoyo en torno a la educación ambiental", explican. También se puede consultar en www.tallerecologista.org.ar
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Miles de hectáreas en La Pampa bajo agua
Hay 200 mil hectáreas bajo el agua en La Pampa
Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Un informe del INTA determinó que en los últimos meses la zona inundada en la provincia se redujo, todavía hay 200 mil hectáreas cubiertas de agua. Además, hay amplias zonas que están anegadas
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que hay 200 mil hectáreas con agua en superficie en la provincia de La Pampa, según el último informe del INTA. La zona con agua se redujo si se la compara con las casi 500 mil que había en abril pasado después de las intensas lluvias. A las hectáreas bajo agua hay que sumarle las zonas anegadas donde no se puede transitar porque la napa está al nivel del suelo.
El funcionario dijo que en los próximos días tendrán más precisiones a partir de que le han solicitado al INTA un nuevo muestreo satelital.
En la provincia hay 12 departamentos afectados por las inundaciones y que fueron declarados en emergencia.
“Las pérdidas son cuantiosas, es complejo su cálculo, porque hay que ver el cálculo inmediato que produjo en pérdidas productivas sino también las pérdidas que se generaron como consecuencia de las inversiones extras que hubo que hacer, remediar caminos, rutas o la asistencia los productores”, explicó el ministro en diálogo con el canal de la CPE.
A esas pérdidas hay que sumarle “la cantidad de hectáreas van a quedar sin poder se sembradas para la próxima cosecha”.
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Fecha de Publicación: 29/08/2017
Fuente: El Diario de La Pampa
Provincia/Región: La Pampa
Un informe del INTA determinó que en los últimos meses la zona inundada en la provincia se redujo, todavía hay 200 mil hectáreas cubiertas de agua. Además, hay amplias zonas que están anegadas
El ministro de la Producción, Ricardo Moralejo dijo que hay 200 mil hectáreas con agua en superficie en la provincia de La Pampa, según el último informe del INTA. La zona con agua se redujo si se la compara con las casi 500 mil que había en abril pasado después de las intensas lluvias. A las hectáreas bajo agua hay que sumarle las zonas anegadas donde no se puede transitar porque la napa está al nivel del suelo.
El funcionario dijo que en los próximos días tendrán más precisiones a partir de que le han solicitado al INTA un nuevo muestreo satelital.
En la provincia hay 12 departamentos afectados por las inundaciones y que fueron declarados en emergencia.
“Las pérdidas son cuantiosas, es complejo su cálculo, porque hay que ver el cálculo inmediato que produjo en pérdidas productivas sino también las pérdidas que se generaron como consecuencia de las inversiones extras que hubo que hacer, remediar caminos, rutas o la asistencia los productores”, explicó el ministro en diálogo con el canal de la CPE.
A esas pérdidas hay que sumarle “la cantidad de hectáreas van a quedar sin poder se sembradas para la próxima cosecha”.
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El "agronegocio" y sus "daños colaterales "
El daño colateral de los agronegocios
Fecha de Publicación: 23/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Cuando en abril de este año el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, culpó a la “soja que sembramos hasta en las macetas” por las inundaciones que afectan a la provincia de Buenos Aires, pocos lo tomaron en serio. Cinco meses después, 400 mil hectáreas están bajo el agua en el partido de Bolívar, donde la situación es “crítica”.
De acuerdo al informe satelital que el INTA le acercó a la secretaría de Asuntos Agrarios bolivariense, el 55 por ciento del partido está directamente inundado y un 30 por ciento anegado, lo cual significa que unas 425 mil hectáreas quedaron afuera del circuito productivo agrícola-ganadero.
"Venimos desde febrero con los problemas de excesos hídricos, pero nunca llegamos a esto, ahora la situación es crítica", dijo Mariano Ruiz, secretario del municipio. Ruiz detalló que "en lo que va del año llovió unos 1400 milímetros aproximadamente, cuando la media anual está entre 800 y 900 en nuestro distrito".
Las inundaciones afectaron no sólo la cosecha de girasol, sino también la de soja, y tampoco permitió cumplir el ciclo de siembra de maíz. En total, un 30 por ciento de la producción quedó descartada y literalmente bajo 50 centímetros de agua. El arroyo Villamanca, por ejemplo, está “totalmente desbordado y alcanza unos 600 metros del cauce, es una locura”.
El intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, llamó a "reflexionar sobre la necesidad de un programa de infraestructura y desarrollo hídrico en la Provincia de Buenos Aires". "Es momento de pensar sobre un plan que sea serio, contundente, que se ejecute. Estamos hablando de la obra del Plan Maestro de la Cuenca del Salado hace muchos años y está sin finalizar. No digo que eso evitaría la actual situación, sino que ayudaría a mitigar los daños", dijo Bucca en declaraciones a Radio Télam. Señaló además que "a la situación puntual se suma un elemento que llegó para quedarse, que es el cambio climático".
Sin embargo, Bucca obvió una cuestión que ya se debate incluso en el seno mismo del lobby agropecuario: ¿hasta cuándo podrá continuar este modelo de explotación de siembra directa y aplicación indiscriminada de agroquímicos, que compactan el suelo y le quitan absorción? Así lo dejó en claro Miguel Angel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, en la última edición del congreso Aapresid, a principios de mayo en la ciudad de Rosario: “Nos dijeron que estábamos bendecidos por los suelos que teníamos y nos pensamos que podíamos hacer cualquier cosa”.
Ante un público compuesto por directivos de multinacionales y productores, Taboada fue tajante: “El monocultivo deja una gran cantidad de agua ociosa. En diez años de monocultivo de soja se dejaron de consumir 5000 mm de agua. Lo que estamos haciendo con los suelos, está influenciando. Hay recarga de acuíferos y napas freáticas, salinización de suelos”.
Según el Ministerio de Agroindustria, en la Argentina se consumen 13.000 toneladas de agroquímicos por año.
Para el ingeniero agrónomo y máximo referente en agroecología en el país, Eduardo Cerdá, el problema es sistémico: “Son 25 años de un uso muy intensivo de los suelos, de falta de rotaciones, de cultivos que dañan, y eso hace que los suelos pierdan porosidad, y por ende retención de agua. Los suelos se sellan, no absorben, el agua queda en superficie y se desplaza por la pendiente hacia los lugares de menor altura”.
Cerdá calculó en un 20 por ciento la pérdida de poder de absorción del suelo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y señala como responsable a la siembra directa con agroquímicos. “Una vez consumado el desastre, reclaman obras hídricas para sacar el agua. Después vamos a tener una sequía terrible”, advirtió a Página/12.
“Hay un error en la forma de ver la agricultura: se cree que con los fertilizantes se reemplaza la fertilidad. Y no es así. Es una falsa percepción de riqueza. Es cortoplacismo, nos estamos empobreciendo, porque estamos perdiendo el recurso del suelo.No sé cuánto tiempo tardarán en recuperarse, quizá sean años. El modelo está mal concebido”, cerró.
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Fecha de Publicación: 23/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Buenos Aires
Cuando en abril de este año el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, culpó a la “soja que sembramos hasta en las macetas” por las inundaciones que afectan a la provincia de Buenos Aires, pocos lo tomaron en serio. Cinco meses después, 400 mil hectáreas están bajo el agua en el partido de Bolívar, donde la situación es “crítica”.
De acuerdo al informe satelital que el INTA le acercó a la secretaría de Asuntos Agrarios bolivariense, el 55 por ciento del partido está directamente inundado y un 30 por ciento anegado, lo cual significa que unas 425 mil hectáreas quedaron afuera del circuito productivo agrícola-ganadero.
"Venimos desde febrero con los problemas de excesos hídricos, pero nunca llegamos a esto, ahora la situación es crítica", dijo Mariano Ruiz, secretario del municipio. Ruiz detalló que "en lo que va del año llovió unos 1400 milímetros aproximadamente, cuando la media anual está entre 800 y 900 en nuestro distrito".
Las inundaciones afectaron no sólo la cosecha de girasol, sino también la de soja, y tampoco permitió cumplir el ciclo de siembra de maíz. En total, un 30 por ciento de la producción quedó descartada y literalmente bajo 50 centímetros de agua. El arroyo Villamanca, por ejemplo, está “totalmente desbordado y alcanza unos 600 metros del cauce, es una locura”.
El intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, llamó a "reflexionar sobre la necesidad de un programa de infraestructura y desarrollo hídrico en la Provincia de Buenos Aires". "Es momento de pensar sobre un plan que sea serio, contundente, que se ejecute. Estamos hablando de la obra del Plan Maestro de la Cuenca del Salado hace muchos años y está sin finalizar. No digo que eso evitaría la actual situación, sino que ayudaría a mitigar los daños", dijo Bucca en declaraciones a Radio Télam. Señaló además que "a la situación puntual se suma un elemento que llegó para quedarse, que es el cambio climático".
Sin embargo, Bucca obvió una cuestión que ya se debate incluso en el seno mismo del lobby agropecuario: ¿hasta cuándo podrá continuar este modelo de explotación de siembra directa y aplicación indiscriminada de agroquímicos, que compactan el suelo y le quitan absorción? Así lo dejó en claro Miguel Angel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, en la última edición del congreso Aapresid, a principios de mayo en la ciudad de Rosario: “Nos dijeron que estábamos bendecidos por los suelos que teníamos y nos pensamos que podíamos hacer cualquier cosa”.
Ante un público compuesto por directivos de multinacionales y productores, Taboada fue tajante: “El monocultivo deja una gran cantidad de agua ociosa. En diez años de monocultivo de soja se dejaron de consumir 5000 mm de agua. Lo que estamos haciendo con los suelos, está influenciando. Hay recarga de acuíferos y napas freáticas, salinización de suelos”.
Según el Ministerio de Agroindustria, en la Argentina se consumen 13.000 toneladas de agroquímicos por año.
Para el ingeniero agrónomo y máximo referente en agroecología en el país, Eduardo Cerdá, el problema es sistémico: “Son 25 años de un uso muy intensivo de los suelos, de falta de rotaciones, de cultivos que dañan, y eso hace que los suelos pierdan porosidad, y por ende retención de agua. Los suelos se sellan, no absorben, el agua queda en superficie y se desplaza por la pendiente hacia los lugares de menor altura”.
Cerdá calculó en un 20 por ciento la pérdida de poder de absorción del suelo en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y señala como responsable a la siembra directa con agroquímicos. “Una vez consumado el desastre, reclaman obras hídricas para sacar el agua. Después vamos a tener una sequía terrible”, advirtió a Página/12.
“Hay un error en la forma de ver la agricultura: se cree que con los fertilizantes se reemplaza la fertilidad. Y no es así. Es una falsa percepción de riqueza. Es cortoplacismo, nos estamos empobreciendo, porque estamos perdiendo el recurso del suelo.No sé cuánto tiempo tardarán en recuperarse, quizá sean años. El modelo está mal concebido”, cerró.
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Conicet prepara documento sobre agroquímicos en alimentos
Científicos preparan un documento sobre presencia de agroquímicos en los alimentos
Fecha de Publicación: 19/08/2017
Fuente: La Capital (Mar del Plata)
Provincia/Región: Nacional
Una investigadora marplatense forma parte del equipo que trabaja en el proceso de análisis e intercambio que permita obtener, para finales del año 2017, un primer documento que sirva como base para futuras legislaciones y decisiones.
La directora del grupo de “Ecotoxicología y Contaminación Ambiental” del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Iimyc, Conicet- UNMdP), Karina Miglioranza, forma parte del grupo ad-hoc Agroquímicos (GIAH-Agroquímicos) de la Red de Seguridad Alimentaria (RSA, Conicet). En ese contexto, la especialista participó de una reunión sobre residuos de agroquímicos en los alimentos, en la sede central del Conicet, junto a sus colegas de la Comisión y los integrantes del comité Asesor Permanente de la RSA, entre ellos: Senasa, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, INTI, Instituto Nacional de Alimentos-Anmat y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.
La reunión tuvo como principales objetivos identificar y consensuar un sistema de control de riesgos, intercambiar formas de tratamiento y control de cada institución e identificar representantes de los organismos de gestores de riesgo.
Es que el grupo se encuentra en el proceso de análisis e intercambio que permita obtener, para finales de este año, un primer documento en tema Agroquímicos, que sirva como base para futuras legislaciones y decisiones a tomar por los gestores del riesgo.
El encuentro se realizó en el marco de la RSA de Conicet, una unidad de referencia que desarrolla y analiza información sobre la seguridad alimentaria, brindando asistencia técnica y recomendaciones científicas sobre los riesgos existentes y emergentes.
Miglioranza compartió el encuentro con especialistas pertenecientes a Conicet en diferentes campos de la Toxicología de Plaguicidas incluyendo determinación de Residuos de Ingredientes Activos matrices ambientales y alimentos, efectos agudos y Trastornos Crónicos asociados a la exposición a plaguicidas, evaluación de Impacto Colateral (exposición y efectos) del uso de agroquímicos en poblaciones vulnerables del país (Patagonia Norte y Región Centro), evaluación de Riesgo Acumulativo de Toxicidad (coexposición a múltiples plaguicidas) y manejo Racional de Plaguicidas para reducir exposición en humanos.
El grupo se encuentra considerando todos los factores que influyen y cuáles y cuanto de los agroquímicos plaguicidas ingresan a nuestros estómagos con nuestras comidas diarias.
“Nuestro fin último es contribuir a la optimización de los sistemas de prevención de trastornos de salud debido a la exposición alimentaria a plaguicidas, como del mantenimiento de la competitividad de la producción argentina de alimentos para el mercado interno y el externo” aseveraron desde el grupo.
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Fecha de Publicación: 19/08/2017
Fuente: La Capital (Mar del Plata)
Provincia/Región: Nacional
Una investigadora marplatense forma parte del equipo que trabaja en el proceso de análisis e intercambio que permita obtener, para finales del año 2017, un primer documento que sirva como base para futuras legislaciones y decisiones.
La directora del grupo de “Ecotoxicología y Contaminación Ambiental” del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Iimyc, Conicet- UNMdP), Karina Miglioranza, forma parte del grupo ad-hoc Agroquímicos (GIAH-Agroquímicos) de la Red de Seguridad Alimentaria (RSA, Conicet). En ese contexto, la especialista participó de una reunión sobre residuos de agroquímicos en los alimentos, en la sede central del Conicet, junto a sus colegas de la Comisión y los integrantes del comité Asesor Permanente de la RSA, entre ellos: Senasa, Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ministerio de Salud de la Nación, INTI, Instituto Nacional de Alimentos-Anmat y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria.
La reunión tuvo como principales objetivos identificar y consensuar un sistema de control de riesgos, intercambiar formas de tratamiento y control de cada institución e identificar representantes de los organismos de gestores de riesgo.
Es que el grupo se encuentra en el proceso de análisis e intercambio que permita obtener, para finales de este año, un primer documento en tema Agroquímicos, que sirva como base para futuras legislaciones y decisiones a tomar por los gestores del riesgo.
El encuentro se realizó en el marco de la RSA de Conicet, una unidad de referencia que desarrolla y analiza información sobre la seguridad alimentaria, brindando asistencia técnica y recomendaciones científicas sobre los riesgos existentes y emergentes.
Miglioranza compartió el encuentro con especialistas pertenecientes a Conicet en diferentes campos de la Toxicología de Plaguicidas incluyendo determinación de Residuos de Ingredientes Activos matrices ambientales y alimentos, efectos agudos y Trastornos Crónicos asociados a la exposición a plaguicidas, evaluación de Impacto Colateral (exposición y efectos) del uso de agroquímicos en poblaciones vulnerables del país (Patagonia Norte y Región Centro), evaluación de Riesgo Acumulativo de Toxicidad (coexposición a múltiples plaguicidas) y manejo Racional de Plaguicidas para reducir exposición en humanos.
El grupo se encuentra considerando todos los factores que influyen y cuáles y cuanto de los agroquímicos plaguicidas ingresan a nuestros estómagos con nuestras comidas diarias.
“Nuestro fin último es contribuir a la optimización de los sistemas de prevención de trastornos de salud debido a la exposición alimentaria a plaguicidas, como del mantenimiento de la competitividad de la producción argentina de alimentos para el mercado interno y el externo” aseveraron desde el grupo.
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La increíble manera que se aprueban transgénicos en el país
De ambos lados del mostrador
Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”.
Los integrantes de la Conabia
Los integrantes de la Conabia, espacio clave en la aprobación de transgénicos son Gabriela Levitus, Carlos Francia, Demién Bellido, Marcelo Criscuolo, Carlos Bonfiglio, Fabiana Malacarne, Miguel Rapela, Juan Carlos Fonzi, Abelardo Portugal, Julián Zimmermann, María Celia Etchart, Nora Uberti Manassero, Mauro Meier, Luis Negruchi, Alejandro Petek, Carlos Robertson Lavalle, Bernardo Debenedetti, Mariano Devoto, Sandra Sharry, Andrés Venturino, Lucas Lieber, Hugo Permingeat, Adrián Mutto Silvia Mundo, Sara Maldonado, Jorge Zavala, Gustavo Schrauf, Miguel Galvagno, Juan Fernandino, Fernando Bravo Almonacid, Silvia Lede, Teresa Velich, Eliana Tomchinsky, Luis Dóvalo, Santiago Dalessio, Silvio Cravero, Gabriela Calamante, Federico Hozbor, Nicolás Mucci, Elba Pagano, Dalia Lewi, Ramón Sanguinetti, Juan Dotta, Paula Bonastre, Bernardo Alonso, Marcelo Sánchez, Silvia Passalcqua, Ana Vicario, Mariano Podworny y Monica Pequeño Araujo.
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Fecha de Publicación: 15/08/2017
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
El organismo clave en la aprobación de semillas transgénicas está dominado por las empresas que los comercializan y por científicos afines. Los nombres de los integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología se conocieron luego de 26 años de secreto.
Luego de 26 años de funcionar en secreto, el Ministerio de Agroindustria informó quiénes integran la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina. Y se confirmaron todas las denuncias de organizaciones sociales y académicos críticos: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que los aprueban. Se trata de Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, entre otras. También son parte los empresarios del agro (Aapresid, Aacrea) y académicos con conflictos de intereses. La aprobación se basa en estudios de las mismas multinacionales (el Estado no realiza análisis propios) y los expedientes son secretos.
La Conabia fue creada en 1991 por el gobierno de Carlos Menem. En 1996 aprobó la primera semilla transgénica. En tiempo récord (81 días) dio luz verde para la soja (con uso de glifosato) que modificaría radicalmente el agro argentino.
Los distintos gobiernos evitaron informar quiénes eran los “científicos” que aprobaban los transgénicos. En junio pasado se filtró el listado de integrantes en el periódico cooperativo MU. De 34 integrantes confirmados, 26 pertenecían a las empresas o tenían conflictos de intereses. El dato fue retomada por la ONG inglesa GMWatch, traducida al inglés y distribuida en instituciones académicas de Estados Unidos y Europa. La noticia, bajo el título “La corrupción transgénica”, comenzó a circular en ámbitos científicos.
En la última reunión de Conabia fue un tema de discusión entre sus referentes. Celebraron que ningún diario de tirada nacional haya tomado el tema, decidieron hacer público el listado de integrantes (previa exclusión de los más polémicos) y comenzaron a gestar dos campañas: una caza de brujas para que no se filtre más información y, segunda, acercamiento a periodistas y medios de comunicación para mejorar su imagen mediante “publi-notas”.
La Conabia está integrada por Miguel Rapela y Fabiana Malacarne, de la Asociación de Semilleros de Argentina (ASA), donde confluyen todas las empresas multinacionales de semillas transgénicas); Gabriela Levitus de Argenbio (organización de lobby científico-político fundado por las empresas Syngenta, Monsanto, Bayer, Basf, Bioceres, Dow, Nidera y Pioneer); Alejandro Petek y Luis Negruchi (de la organización de empresarios Aapresid, espacio de lobby transgénico, hoy presentes en el Ministerio de Agroindustria), Silvia Lede (con pasado en la multinacional Basf),
Abelardo Portugal, ex presidente y referente de Aianba (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires) y parte de la organización “Maizar” (donde participan todas las empresas del sector). Aianba es auspiciada por Bayer, Dow y Monsanto.
El Ministerio de Agroindustria tuvo especial cuidado en ocultar a integrantes que hasta hace poco tiempo participaron y tuvieron influencia en la aprobación de numerosos transgénicos: Miguel Alvarez Arancedo (Monsanto), Magdalena Sosa Beláustegui (Bayer), Mirta Antongiovanni (Don Mario), Gerónimo Watson (Bioceres/Indear), Atilio Castagnaro (Estación Experimental Obispo Colombres, de los grandes ingenios azucareros de Tucumán), Alejandro Tozzini (ex Monsanto, actual de Syngenta), Gustavo Abratti (DuPont-Pioneer), Claudio Gabriel Robredo (ex Monsanto), Mauro Meier (de la Asociación de Cooperativas Argentinas).
Martín Lema, director nacional de Biotecnología desde 2011 y máxima autoridad la Conabia, cuenta con “papers científicos” firmados con las mismas empresas de debiera controlar: Monsanto, Bayer, Syngenta, Basf y Dow Agroscience.
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y su tesis doctoral aborda la situación de la Conabia. Recordó que el accionar de la Conabia tiene impacto en los territorios: masivo uso de agrotóxicos, afecciones en la salud, desmontes, desalojos de campesinos e indígenas, monocultivo.
“Que se conozcan 26 años después es una muestra clara de que funcionó en la oscuridad total. Fue eso lo que permitió la rapidez y homogeneidad en las decisiones para aprobar las semillas genéticamente modificadas, pilar fundamental del modelo de agronegocio”, afirmó Poth. La investigadora no tiene dudas de que la Conabia es “antidemocrática” y que se trata de un espacio “asociado y consustanciado con las necesidades de las grandes empresas” de semillas transgénicas y agrotóxicos.
También integran la Conabia científicos que figuran con pertenencia a instituciones públicas, pero con conflictos de intereses con las grandes empresas de semillas y agrotóxicos: Dalia Marcela Lewi, Fernando Bravo Almonacid, Mónica Liliana Pequeño Araujo, Hugo Permingeat, Lucas Lieber, Mariano Devoto, Elba María Pagano.
Poth resumió: “La Conabia es un ejemplo de conflictos de intereses, donde sus integrantes son juez y parte. Desde las cámaras empresarias que son parte del negocio y también ‘evalúan’ la inocuidad de sus semillas, hasta los investigadores de universidades públicas u organismos estatales que tienen convenios con las mismas empresas. Son un ejemplo de la ciencia al servicio del mercado”.
Fernando Cabaleiro, abogado de la ONG Naturaleza de Derechos que denunció el accionar de la Conabia, precisó ejemplos las “enormes irregularidades”: de todos los documentos de decisión emitidos no se puede deducir quiénes los suscribieron y si existieron oposiciones, en el caso de la soja “Intacta” (de Monsanto) se “desconocieron principios esenciales de la evaluación de riesgos” de organismo genéticamente modificados. La soja solo fue evaluado para la Pampa Húmeda y no en el resto de las “bioregiones” donde se siembra (NEA y NOA). Señaló que el juicio por la aprobación de la soja “Intacta” se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, que tiene muy demorado su fallo.
El organismo responsable en liberar semillas se soja, maíz, algodón, papa y caña de azúcar no cuenta con ningún científico crítico a los transgénicos. Tampoco permite la participación real de entidades de la sociedad civil. Desde 1996, la Conabia aprobó 41 transgénicos (de soja, maíz, algodón y papa). Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, Monsanto, Bayer, Indear, Dow, Tecnoplant y Pioneer y Nidera, entre otras. Las mismas empresas que dominan la Conabia y prometen que “los transgénicos son seguros”.
Los integrantes de la Conabia
Los integrantes de la Conabia, espacio clave en la aprobación de transgénicos son Gabriela Levitus, Carlos Francia, Demién Bellido, Marcelo Criscuolo, Carlos Bonfiglio, Fabiana Malacarne, Miguel Rapela, Juan Carlos Fonzi, Abelardo Portugal, Julián Zimmermann, María Celia Etchart, Nora Uberti Manassero, Mauro Meier, Luis Negruchi, Alejandro Petek, Carlos Robertson Lavalle, Bernardo Debenedetti, Mariano Devoto, Sandra Sharry, Andrés Venturino, Lucas Lieber, Hugo Permingeat, Adrián Mutto Silvia Mundo, Sara Maldonado, Jorge Zavala, Gustavo Schrauf, Miguel Galvagno, Juan Fernandino, Fernando Bravo Almonacid, Silvia Lede, Teresa Velich, Eliana Tomchinsky, Luis Dóvalo, Santiago Dalessio, Silvio Cravero, Gabriela Calamante, Federico Hozbor, Nicolás Mucci, Elba Pagano, Dalia Lewi, Ramón Sanguinetti, Juan Dotta, Paula Bonastre, Bernardo Alonso, Marcelo Sánchez, Silvia Passalcqua, Ana Vicario, Mariano Podworny y Monica Pequeño Araujo.
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Candidato a diputado contaminado con glifosato
Porteños contaminados: un candidato descubrió que tiene glifosato en sangre
Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
Enrique Viale, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en estas PASO, se hizo los estudios correspondientes y recibió la mala noticia.
Los estragos que hacen los agroquímicos en las personas que viven cerca de plantaciones agrícolas son conocidos, pese al silencio de los medios y el poderoso lobby de los laboratorios.
Sin embargo, en este caso, un candidato a diputado porteño demostró que el peligro excede a esas poblaciones ya que, a través de un análisis de sangre, descubrió que también él, viviendo en la ciudad, está contaminado.
Se trata de Enrique Viale, postulante por Proyecto Sur, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación. "Lamentablemente los resultados han arrojado presencia de glifosato, metabolito AMPA y otro tipo de venenos en mi organismo. No hay forma de quitarlos", expresó una vez recibida la mala noticia.
Y agregó: "Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad. Así que solo tiene como explicación la ingesta de alimentos". También reveló que un estudio reciente del Conicet indica que al menos el 60% de las frutas y verduras que se comercializan en la Ciudad contienen agrotóxicos.
También desde su cuenta de Twitter instó a los candidatos de las otras listas como Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau a que se sometan a los mismos exámenes médicos para determinar si también están intoxicados.
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Fecha de Publicación: 14/08/2017
Fuente: InfoNews
Provincia/Región: CABA
Enrique Viale, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en estas PASO, se hizo los estudios correspondientes y recibió la mala noticia.
Los estragos que hacen los agroquímicos en las personas que viven cerca de plantaciones agrícolas son conocidos, pese al silencio de los medios y el poderoso lobby de los laboratorios.
Sin embargo, en este caso, un candidato a diputado porteño demostró que el peligro excede a esas poblaciones ya que, a través de un análisis de sangre, descubrió que también él, viviendo en la ciudad, está contaminado.
Se trata de Enrique Viale, postulante por Proyecto Sur, quien aspira a una banca en el Congreso de la Nación. "Lamentablemente los resultados han arrojado presencia de glifosato, metabolito AMPA y otro tipo de venenos en mi organismo. No hay forma de quitarlos", expresó una vez recibida la mala noticia.
Y agregó: "Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad. Así que solo tiene como explicación la ingesta de alimentos". También reveló que un estudio reciente del Conicet indica que al menos el 60% de las frutas y verduras que se comercializan en la Ciudad contienen agrotóxicos.
También desde su cuenta de Twitter instó a los candidatos de las otras listas como Elisa Carrió, Daniel Filmus y Martín Lousteau a que se sometan a los mismos exámenes médicos para determinar si también están intoxicados.
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