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Las últimas noticias del derrame de la Barrick
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Jáchal, a la espera de repuestas
Fecha de Publicación: 21/09/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - San Juan
El fin de semana transcurrió aquí con sus vecinos pensando qué pasará hoy, a cinco días de conocerse el segundo derrame en la mina de Veladero. El interrogante es si habrá anuncios del gobierno sanjuanino -que ordenó una serie de trabajos a la Barrick- y si la Justicia dispondrá medidas.
Los asambleístas pedirán al intendente Miguel Vega que reclame a la Justicia provincial tres monitoreos aguas abajo y de sedimentos."La situación es confusa; todo indica que la empresa frenó su actividad recién el viernes", dijo Saúl Zeballos a LA NACION. Quieren que el planteo lo haga la comuna "porque su abogado es el de todos los ciudadanos".
Voceros de la Barrick ratificaron que seguirán realizando los trabajos de levantamiento de paredes de contención que les indicó la provincia a través del ministro de Minería, Alberto Hensel. El funcionario dijo que los peritajes no detectaron presencia de cianuro en agua.
Sobre la instalación de cámaras de seguridad en la zona del valle de lixiviación para que la Policía Minera controle a través de ese sistema, explicaron que "no hay requerimiento formal; entendemos que será el gobierno el que las instrumente".
Desde el jueves -cuando trascendió el segundo incidente ambiental- la comunidad no abandona el debate sobre el tema. En la carpa de la asamblea "Jáchal no se toca" llegaron representantes de organizaciones de defensa del medio ambiente para apoyar su posición. Podrían, incluso, marchar a San Juan en los próximos días.
La decisión de los asambleístas es que, desde ahora, los representantes políticos que lleguen al lugar firmen un compromiso por el cierre de la mina. Fue el motivo que disparó la agresión al gobernador Sergio Uñac el viernes.
El diputado nacional sanjuanino por el Pro, Eduardo Cáceres, ratificó que en la Comisión de Minería que preside esperan el informe de los peritos que envió a Veladero la Nación para citar a de Minería. "La competencia sobre la mina es provincial, pero queremos detalles de cómo fue el proceso de información del incidente, si hubo perjuicio y si la demora en comunicarlo pudo provocar problemas a la población", planteó.
Para Cáceres -quien fue echado de la asamblea en marzo por haber integrado la comitiva que viajó a Canadá para buscar inversiones mineras- agregó: "Somos conscientes de los problemas que podrían tener los 3000 empleados de Veladero si se frena, pero también de que hay otras empresas en condiciones de llevar adelante el proyecto".
El juez provincial Pablo Oritja dispondría medidas esta semana. "No debería hablarse de derrame porque no excedió el valle", dijo la semana pasada. Su opinión no cayó bien entre los jachaleros. Muchos lo cuestionan por cómo manejó el primer vertido de cianuro, hace un año.
Los abogados de la asamblea hicieron una presentación ante el juez federal Sebastián Casanello. Diego Seguí indicó a LA NACION que la expectativa es que el juez federal ordene una auditoría en la zona para investigar si hay glaciares, tal como lo plantea la ley que rige en esa área. "El comunicado de la Barrick es una confesión explícita. Habla del «deslizamiento de un bloque de hielo» que desacopló el caño -agregó-. Admite que, como mínimo, están en zona periglaciar."
El fiscal federal de Jáchal tiene una denuncia por el segundo incidente. Desestimó el primero, in límine, por considerar que no era un problema interjurisdiccional; sólo así sería de su competencia. Aquella conducta sienta un precedente.
Por ahora, en Jáchal no hay expectativas -ni ánimos- de que lleguen funcionarios nacionales. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, estuvo en marzo y los resultados no conformaron a los asambleístas.
Más Información:
Barrick Gold frenó sus actividades en la mina Veladero
Barrick aseguró que las actividades industriales fueron detenidas
Barrick comenzó con los trabajos de remediación en Veladero pero no dio tiempos
Vecinos de Jáchal reclaman que la Barrick Gold no contamine el río que abastece a la mitad del departamento
Derrame: el Gobierno no cede ante la irregular Barrick
Uñac en Animales Sueltos: "queremos ser una provincia minera pero con mucho control ambiental"
La Barrick le pidió disculpas a San Juan
Barrick prevé reanudar tareas en Veladero en dos semanas
La Corte pidió informes a la provincia de San Juan por derrames en mina Veladero
Tras el segundo derrame de cianuro, proponen la creación de la justicia ambiental
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Fecha de Publicación: 21/09/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - San Juan
El fin de semana transcurrió aquí con sus vecinos pensando qué pasará hoy, a cinco días de conocerse el segundo derrame en la mina de Veladero. El interrogante es si habrá anuncios del gobierno sanjuanino -que ordenó una serie de trabajos a la Barrick- y si la Justicia dispondrá medidas.
Los asambleístas pedirán al intendente Miguel Vega que reclame a la Justicia provincial tres monitoreos aguas abajo y de sedimentos."La situación es confusa; todo indica que la empresa frenó su actividad recién el viernes", dijo Saúl Zeballos a LA NACION. Quieren que el planteo lo haga la comuna "porque su abogado es el de todos los ciudadanos".
Voceros de la Barrick ratificaron que seguirán realizando los trabajos de levantamiento de paredes de contención que les indicó la provincia a través del ministro de Minería, Alberto Hensel. El funcionario dijo que los peritajes no detectaron presencia de cianuro en agua.
Sobre la instalación de cámaras de seguridad en la zona del valle de lixiviación para que la Policía Minera controle a través de ese sistema, explicaron que "no hay requerimiento formal; entendemos que será el gobierno el que las instrumente".
Desde el jueves -cuando trascendió el segundo incidente ambiental- la comunidad no abandona el debate sobre el tema. En la carpa de la asamblea "Jáchal no se toca" llegaron representantes de organizaciones de defensa del medio ambiente para apoyar su posición. Podrían, incluso, marchar a San Juan en los próximos días.
La decisión de los asambleístas es que, desde ahora, los representantes políticos que lleguen al lugar firmen un compromiso por el cierre de la mina. Fue el motivo que disparó la agresión al gobernador Sergio Uñac el viernes.
El diputado nacional sanjuanino por el Pro, Eduardo Cáceres, ratificó que en la Comisión de Minería que preside esperan el informe de los peritos que envió a Veladero la Nación para citar a de Minería. "La competencia sobre la mina es provincial, pero queremos detalles de cómo fue el proceso de información del incidente, si hubo perjuicio y si la demora en comunicarlo pudo provocar problemas a la población", planteó.
Para Cáceres -quien fue echado de la asamblea en marzo por haber integrado la comitiva que viajó a Canadá para buscar inversiones mineras- agregó: "Somos conscientes de los problemas que podrían tener los 3000 empleados de Veladero si se frena, pero también de que hay otras empresas en condiciones de llevar adelante el proyecto".
El juez provincial Pablo Oritja dispondría medidas esta semana. "No debería hablarse de derrame porque no excedió el valle", dijo la semana pasada. Su opinión no cayó bien entre los jachaleros. Muchos lo cuestionan por cómo manejó el primer vertido de cianuro, hace un año.
Los abogados de la asamblea hicieron una presentación ante el juez federal Sebastián Casanello. Diego Seguí indicó a LA NACION que la expectativa es que el juez federal ordene una auditoría en la zona para investigar si hay glaciares, tal como lo plantea la ley que rige en esa área. "El comunicado de la Barrick es una confesión explícita. Habla del «deslizamiento de un bloque de hielo» que desacopló el caño -agregó-. Admite que, como mínimo, están en zona periglaciar."
El fiscal federal de Jáchal tiene una denuncia por el segundo incidente. Desestimó el primero, in límine, por considerar que no era un problema interjurisdiccional; sólo así sería de su competencia. Aquella conducta sienta un precedente.
Por ahora, en Jáchal no hay expectativas -ni ánimos- de que lleguen funcionarios nacionales. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, estuvo en marzo y los resultados no conformaron a los asambleístas.
Más Información:
Barrick Gold frenó sus actividades en la mina Veladero
Barrick aseguró que las actividades industriales fueron detenidas
Barrick comenzó con los trabajos de remediación en Veladero pero no dio tiempos
Vecinos de Jáchal reclaman que la Barrick Gold no contamine el río que abastece a la mitad del departamento
Derrame: el Gobierno no cede ante la irregular Barrick
Uñac en Animales Sueltos: "queremos ser una provincia minera pero con mucho control ambiental"
La Barrick le pidió disculpas a San Juan
Barrick prevé reanudar tareas en Veladero en dos semanas
La Corte pidió informes a la provincia de San Juan por derrames en mina Veladero
Tras el segundo derrame de cianuro, proponen la creación de la justicia ambiental
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Barrick Gold,
contaminación,
legislación y derecho ambiental,
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San Juan
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Las últimas noticias del derrame de la Barrick
San Juan no descarta cancelar la operatoria de la Barrick
Fecha de Publicación: 18/09/2016
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Lo indicó a Cadena 3 el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctics. "Nos produce mucho fastidio esto", dijo. "Tenemos otras minas que no han producido novedades tan seguido”, indicó.
El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, cuestionó en diálogo con Cadena 3 el desempeño de Barrick Gold y señaló que hay que evaluar si la minera está en condiciones de seguir operando en la provincia o no.
“Hay que mirar seriamente si Barrick (está en condiciones de seguir) porque tenemos otras minas que no han producido novedades tan seguido”, indicó.
“Hay que echar una mirada, interrogarnos y preguntarle: ‘¿Qué te pasa? ¿Te queda grande? ¿No querés? ¿No estás ajustando lo que tenés que ajustar? Fijate y, si no, que venga otro”, disparó.
Aclaró que a título personal y “como sanjuanino” quiere que “se tomen todas las medidas preventivas y traten de minimizar los inconvenientes”.
De esta manera, añadió: “Hay que ver y poner el ojo sobre la propia personalidad y modus operandi de la empresa Barrick porque nos produce muchos fastidio ya que no es necesaria la contaminación”.
Planteó que “la sola contaminación psicológica, la alteración de la paz social, el miedo de los sanjuaninos, la desconfianza y le peleas de los distintos sectores” es un escenario que los vecinos “no merecen”.
Advirtió que “esto tiene un alto precio para la Barrick”.
Sobre la notificación del accidente, De Sanctis precisó que “Barrick avisó este episodio y la Policía Minera mandó inspectores y echó un ojo en el lugar”.
“Lo que informaron es que no salió a aguas abiertas y se tomaron medidas técnicas. Luego salió la noticia”, añadió.
“Cuando el gobernador tuvo los elementos en sus manos –anoche convocó a una conferencia de prensa– avisó a los sanjuaninos y al país que suspendía de inmediato la actividad de la mina que está paralizada y en segundo lugar garantizó estabilidad de los trabajadores de Barrick y el pago de los sueldos”, añadió.
El fiscal explicó: “El juez ( Pablo Oritja) ya tenía noticias del hecho y ahora tendrá un pedido formal mío para que abra un expediente y haga actuaciones investigativas”.
Señaló que su pedido de “investigación penal” tiene “valor de denuncia penal” ya que “da noticia críminis causa del hecho que se puede constituir como delito”.
“Estos hechos pueden constituirse en delitos. Le pido al juez que los investigue, que vea cómo ha sido, qué ha fallado para ver si hay delito y si hay, que se busque a los responsables. Ese es mi disparador al juez”, añadió.
Más Información:
Barrick se defendió argumentado que siguieron los procedimientos vigentes
Barrick Gold desplazó al gerente general de la mina Veladero
Recibieron con huevazos al gobernador de San Juan tras el nuevo derrame de Barrick Gold
Derrame de Barrick Gold: diputados del PRO convocan al ministro Bergman al Congreso
Gobernador de San Juan: “Las explicaciones de Barrick no son convincentes”
Barrick asegura que el derrame no afectó el medioambiente
El gobierno de San Juan determinó que no hubo contaminación en el derrame de Cianuro
El juez Casanello ordenó procedimientos en los ministerios de Ambiente y Energía por el derrame de Veladero
¿Cuándo se levanta la suspensión de la mina Veladero?
El día del incidente en Veladero había inspectores de la Policía Minera y no se les comunicó el hecho
Si hay daño ambiental habría sanciones graves para Barrick Gold
Gobierno le exige mejoras adicionales a Barrick para levantar el cierre de la mina
Caso Barrick: Gobierno de San Juan confirmó que no hay cianuro
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Fecha de Publicación: 18/09/2016
Fuente: Cadena 3
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Lo indicó a Cadena 3 el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctics. "Nos produce mucho fastidio esto", dijo. "Tenemos otras minas que no han producido novedades tan seguido”, indicó.
El fiscal de Estado de San Juan, Guillermo De Sanctis, cuestionó en diálogo con Cadena 3 el desempeño de Barrick Gold y señaló que hay que evaluar si la minera está en condiciones de seguir operando en la provincia o no.
“Hay que mirar seriamente si Barrick (está en condiciones de seguir) porque tenemos otras minas que no han producido novedades tan seguido”, indicó.
“Hay que echar una mirada, interrogarnos y preguntarle: ‘¿Qué te pasa? ¿Te queda grande? ¿No querés? ¿No estás ajustando lo que tenés que ajustar? Fijate y, si no, que venga otro”, disparó.
Aclaró que a título personal y “como sanjuanino” quiere que “se tomen todas las medidas preventivas y traten de minimizar los inconvenientes”.
De esta manera, añadió: “Hay que ver y poner el ojo sobre la propia personalidad y modus operandi de la empresa Barrick porque nos produce muchos fastidio ya que no es necesaria la contaminación”.
Planteó que “la sola contaminación psicológica, la alteración de la paz social, el miedo de los sanjuaninos, la desconfianza y le peleas de los distintos sectores” es un escenario que los vecinos “no merecen”.
Advirtió que “esto tiene un alto precio para la Barrick”.
Sobre la notificación del accidente, De Sanctis precisó que “Barrick avisó este episodio y la Policía Minera mandó inspectores y echó un ojo en el lugar”.
“Lo que informaron es que no salió a aguas abiertas y se tomaron medidas técnicas. Luego salió la noticia”, añadió.
“Cuando el gobernador tuvo los elementos en sus manos –anoche convocó a una conferencia de prensa– avisó a los sanjuaninos y al país que suspendía de inmediato la actividad de la mina que está paralizada y en segundo lugar garantizó estabilidad de los trabajadores de Barrick y el pago de los sueldos”, añadió.
El fiscal explicó: “El juez ( Pablo Oritja) ya tenía noticias del hecho y ahora tendrá un pedido formal mío para que abra un expediente y haga actuaciones investigativas”.
Señaló que su pedido de “investigación penal” tiene “valor de denuncia penal” ya que “da noticia críminis causa del hecho que se puede constituir como delito”.
“Estos hechos pueden constituirse en delitos. Le pido al juez que los investigue, que vea cómo ha sido, qué ha fallado para ver si hay delito y si hay, que se busque a los responsables. Ese es mi disparador al juez”, añadió.
Más Información:
Barrick se defendió argumentado que siguieron los procedimientos vigentes
Barrick Gold desplazó al gerente general de la mina Veladero
Recibieron con huevazos al gobernador de San Juan tras el nuevo derrame de Barrick Gold
Derrame de Barrick Gold: diputados del PRO convocan al ministro Bergman al Congreso
Gobernador de San Juan: “Las explicaciones de Barrick no son convincentes”
Barrick asegura que el derrame no afectó el medioambiente
El gobierno de San Juan determinó que no hubo contaminación en el derrame de Cianuro
El juez Casanello ordenó procedimientos en los ministerios de Ambiente y Energía por el derrame de Veladero
¿Cuándo se levanta la suspensión de la mina Veladero?
El día del incidente en Veladero había inspectores de la Policía Minera y no se les comunicó el hecho
Si hay daño ambiental habría sanciones graves para Barrick Gold
Gobierno le exige mejoras adicionales a Barrick para levantar el cierre de la mina
Caso Barrick: Gobierno de San Juan confirmó que no hay cianuro
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Abren paso para remediar escombrera Cerro Amarillo
Habilitan un paso provisorio para sacar basura minera de San Juan
Fecha de Publicación: 17/09/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
El Gobierno nacional tomó una decisión inédita: habilitaron un paso fronterizo temporal para que una empresa minera chilena traslade la basura que arrojó en Argentina. Se trata de la mina Los Pelambres, en Chile, que arrojó residuos y montó una escombrera sin respetar el límite internacional, dejando toneladas de pasivos ambientales en San Juan. Por eso la minera Xtrata Pachón inició una demanda judicial y la empresa chilena debe sanear esos pasivos.
La Aduana habilitó por un año el paso "Escombrera Cerro Amarillo" con el único objeto de que por ese lugar se traslade la basura de la mina. Se trata de neumáticos de camiones y también el proceso del cierre del "botadero" de basura minera.
El paso provisorio se habilitará por un año y Gendarmería Nacional deberá controlar el lugar, ubicado en Calingasta, en la cordillera sanjuanina. "Habilítese el Paso Fronterizo "Escombrera Cerro Amarillo" en forma ocasional, por el término de 360 días a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Federal de San Juan N° 1 en el incidente de medidas cautelares de la causa "Xstrata Pachón S.A. c/ Minera Los Pelambres S.A. ", dice la resolución de la Aduana.
Los pasivos ambientales generaron una polémica intenrancional. En San Juan hubo problemas políticos debido al acuerdo firmado entre la empresa y el Gobierno (a través de Fiscalía de Estado) al que muchos catalogan como condescendiente con la empresa.
En 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, a cargo de la firma suiza Glencore. En el basural hay desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas y tiene unos 70 metros de altura. La mitad está del lado sanjuanino.
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Fecha de Publicación: 17/09/2016
Fuente: MDZ
Provincia/Región: San Juan
El Gobierno nacional tomó una decisión inédita: habilitaron un paso fronterizo temporal para que una empresa minera chilena traslade la basura que arrojó en Argentina. Se trata de la mina Los Pelambres, en Chile, que arrojó residuos y montó una escombrera sin respetar el límite internacional, dejando toneladas de pasivos ambientales en San Juan. Por eso la minera Xtrata Pachón inició una demanda judicial y la empresa chilena debe sanear esos pasivos.
La Aduana habilitó por un año el paso "Escombrera Cerro Amarillo" con el único objeto de que por ese lugar se traslade la basura de la mina. Se trata de neumáticos de camiones y también el proceso del cierre del "botadero" de basura minera.
El paso provisorio se habilitará por un año y Gendarmería Nacional deberá controlar el lugar, ubicado en Calingasta, en la cordillera sanjuanina. "Habilítese el Paso Fronterizo "Escombrera Cerro Amarillo" en forma ocasional, por el término de 360 días a fin de que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Federal de San Juan N° 1 en el incidente de medidas cautelares de la causa "Xstrata Pachón S.A. c/ Minera Los Pelambres S.A. ", dice la resolución de la Aduana.
Los pasivos ambientales generaron una polémica intenrancional. En San Juan hubo problemas políticos debido al acuerdo firmado entre la empresa y el Gobierno (a través de Fiscalía de Estado) al que muchos catalogan como condescendiente con la empresa.
En 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, a cargo de la firma suiza Glencore. En el basural hay desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas y tiene unos 70 metros de altura. La mitad está del lado sanjuanino.
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Otro derrame de la Barrick en la mina Veladero
Barrick confirmó otro derrame de cianuro en la mina Veladero
Fecha de Publicación: 15/09/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
El incidente fue el jueves pasado, pero trascendió en las últimas horas. La empresa informó que se produjo "por el desacople de una cañería" y que no hubo contacto "con ningún curso de agua". El Gobierno provincial ordenó anoche suspender la actividad en el yacimiento.
La minera Barrick Gold informó en las últimas horas que se produjo un nuevo derrame de cianuro en una de las cañerías que se encuentran en su yacimiento de Veladero. Según la versión de la multinacional canadiense, el hecho tuvo lugar el jueves 8 de septiembre y sin causar daños en "la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medio ambiente".
En un comunicado difundido anoche, la empresa confirmó el hecho e informó que el cianuro no hizo contacto "con ningún curso de agua ni con canales de desvío" y que se produjo por el "desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas". Además, la empresa expresó, según "investigaciones preliminares" que realizó, que el incidente se produjo "por el impacto de un trozo de hielo".
Al filo de la medianoche, en una conferencia de prensa que fue convocada por el gobierno provincial y donde no se aceptaron preguntas de los periodistas, el jefe del ejecutivo, el gobernador Sergio Uñac, informó que dispuso "detener la actividad de la mina" hasta "determinar la magnitud del incidente" y prometió que "se informará a la población de San Juan cuando estén los elementos" de la investigación que abrirá la provincia. Al mismo tiempo, el funcionario le llevó tranquilidad a los trabajadores al garantizar que le exigirá a Barrick "la intagibilidad laboral y salarial a sus trabajadores en el período que la mina esté cerrada de manera preventiva".
Luego de tomar conocimiento del alarmante incidente, los vecinos de San José de Jáchal se congregaron pasa la medianoche en la plaza San Martín y expresaron todo su enojo y preocupación frente a la municipalidad. Desde la cuenta oficial de la Asamblea Jáchal San Juan, que reclama insistentemente por la detención de la actividad minera en la zona, informaron que no levantarán el acampe hasta que se les permita participar de las comisiones de control en la mina. Para garantizar la seguridad en la zona, las fuerzas policiales custodian el edificio gubernamental.
A principio de año, la minera canadiense fue multada por 145.696.000 pesos por haber contaminado tres ríos de San Juan. La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Minería provincial, que aplicó 314 veces los cánones de los derechos mineros del Proyecto Veladero, según estipula el Código Minero. Y fue anunciada por el gobernador de la provincia, Sergio Uñac. La decisión se produjo luego de que la Justicia confirmara que la contaminación alcanzó a los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca y procesara a nueve ejecutivos de la empresa por esta causa.
El comunicado de la empresa:
"El día 8 de septiembre reportamos a las autoridades correspondientes un incidente dentro del valle de lixiviación producto del desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso. No hubo contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el desacople se habría producido por el impacto de un trozo de hielo.
Por las características del incidente no hubo amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medioambiente.
Después del incidente se han intensificado todos los monitoreos ambientales de agua superficial y subterránea en la zona, no habiéndose detectado ningún tipo de anomalías. De hecho, desde entonces Veladero continuó operando normalmente”.
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Fecha de Publicación: 15/09/2016
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan
El incidente fue el jueves pasado, pero trascendió en las últimas horas. La empresa informó que se produjo "por el desacople de una cañería" y que no hubo contacto "con ningún curso de agua". El Gobierno provincial ordenó anoche suspender la actividad en el yacimiento.
La minera Barrick Gold informó en las últimas horas que se produjo un nuevo derrame de cianuro en una de las cañerías que se encuentran en su yacimiento de Veladero. Según la versión de la multinacional canadiense, el hecho tuvo lugar el jueves 8 de septiembre y sin causar daños en "la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medio ambiente".
En un comunicado difundido anoche, la empresa confirmó el hecho e informó que el cianuro no hizo contacto "con ningún curso de agua ni con canales de desvío" y que se produjo por el "desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas". Además, la empresa expresó, según "investigaciones preliminares" que realizó, que el incidente se produjo "por el impacto de un trozo de hielo".
Al filo de la medianoche, en una conferencia de prensa que fue convocada por el gobierno provincial y donde no se aceptaron preguntas de los periodistas, el jefe del ejecutivo, el gobernador Sergio Uñac, informó que dispuso "detener la actividad de la mina" hasta "determinar la magnitud del incidente" y prometió que "se informará a la población de San Juan cuando estén los elementos" de la investigación que abrirá la provincia. Al mismo tiempo, el funcionario le llevó tranquilidad a los trabajadores al garantizar que le exigirá a Barrick "la intagibilidad laboral y salarial a sus trabajadores en el período que la mina esté cerrada de manera preventiva".
Luego de tomar conocimiento del alarmante incidente, los vecinos de San José de Jáchal se congregaron pasa la medianoche en la plaza San Martín y expresaron todo su enojo y preocupación frente a la municipalidad. Desde la cuenta oficial de la Asamblea Jáchal San Juan, que reclama insistentemente por la detención de la actividad minera en la zona, informaron que no levantarán el acampe hasta que se les permita participar de las comisiones de control en la mina. Para garantizar la seguridad en la zona, las fuerzas policiales custodian el edificio gubernamental.
A principio de año, la minera canadiense fue multada por 145.696.000 pesos por haber contaminado tres ríos de San Juan. La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Minería provincial, que aplicó 314 veces los cánones de los derechos mineros del Proyecto Veladero, según estipula el Código Minero. Y fue anunciada por el gobernador de la provincia, Sergio Uñac. La decisión se produjo luego de que la Justicia confirmara que la contaminación alcanzó a los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca y procesara a nueve ejecutivos de la empresa por esta causa.
El comunicado de la empresa:
"El día 8 de septiembre reportamos a las autoridades correspondientes un incidente dentro del valle de lixiviación producto del desacople de una cañería corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso. No hubo contacto con ningún curso de agua ni con canales de desvío. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el desacople se habría producido por el impacto de un trozo de hielo.
Por las características del incidente no hubo amenazas para la salud de los trabajadores, las comunidades, o del medioambiente.
Después del incidente se han intensificado todos los monitoreos ambientales de agua superficial y subterránea en la zona, no habiéndose detectado ningún tipo de anomalías. De hecho, desde entonces Veladero continuó operando normalmente”.
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A un año del derrame de la Barrick en Veladero
A un año del derrame de cianuro en San Juan siguen exigiendo el cierre de Veladero
Fecha de Publicación: 15/09/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
ONGs ambientalistas continúan con el reclamo de cierre del yacimiento de Barrick Gold. Piden la publicación del inventario de glaciares.
El derrame de más de un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero que opera la empresa Barrick Gold provocó la contaminación de cinco ríos sanjuaninos hace un año. A pesar de los reclamos ambientalistas, el emprendimiento sigue operando.
Mañana se cumplirá un año del derrame. Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclaman el cierre de la mina Veladero y la publicación del inventario de glaciares.
“Es vergonzoso que a un año del desastre ambiental que Barrick Gold provocó en San Juan todavía no haya medidas concretas que garanticen que no va a volver a suceder algo así. Sólo nueve ejecutivos de la empresa procesados y una multa irrisoria. Incluso, es todavía más grave que la compañía tenga la intención de comenzar nuevos emprendimientos en la zona, sin que esté publicado el inventario de glaciares estipulado por la ley”, dijo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Por otro lado, Pía Marchegiani de FARN expresó: "La situación del derrame de cianuro en Jáchal da cuenta no sólo de los serios e irreversibles impactos ambientales de este emprendimiento sino también de los graves problemas de institucionalidad asociados, como la falta de transparencia, la escasa información, en particular, la falta de intención de dar una respuesta definitiva al asunto."
A su vez, Enrique Viale, en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, manifestó: "Esta tragedia anunciada, el mayor desastre minero de la historia argentina, dejó indefenso al pueblo de Jáchal al cual le cerraron todas las vías institucionales, tanto del Gobierno Nacional como el provincial. Así garantizaron la impunidad".
Las organizaciones, además, están exigiendo la publicación del inventario dispuesto por la Ley de Glaciares, que prohíbe toda actividad extractiva sobre área glaciar y periglaciar. “Veladero opera en una clara violación de la ley, ya que se encuentra en área periglaciar. La empresa lo admitió en su informe de impacto ambiental y expertos internacionales como el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán lo demostraron”, concluyó Strano.
Las tres organizaciones apoyan el reclamo de la Asamblea del pueblo de Jáchal que pide el cierre de Veladero y la remediación del ambiente por parte de Barrick.
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Fecha de Publicación: 15/09/2016
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: San Juan
ONGs ambientalistas continúan con el reclamo de cierre del yacimiento de Barrick Gold. Piden la publicación del inventario de glaciares.
El derrame de más de un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero que opera la empresa Barrick Gold provocó la contaminación de cinco ríos sanjuaninos hace un año. A pesar de los reclamos ambientalistas, el emprendimiento sigue operando.
Mañana se cumplirá un año del derrame. Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas reclaman el cierre de la mina Veladero y la publicación del inventario de glaciares.
“Es vergonzoso que a un año del desastre ambiental que Barrick Gold provocó en San Juan todavía no haya medidas concretas que garanticen que no va a volver a suceder algo así. Sólo nueve ejecutivos de la empresa procesados y una multa irrisoria. Incluso, es todavía más grave que la compañía tenga la intención de comenzar nuevos emprendimientos en la zona, sin que esté publicado el inventario de glaciares estipulado por la ley”, dijo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
Por otro lado, Pía Marchegiani de FARN expresó: "La situación del derrame de cianuro en Jáchal da cuenta no sólo de los serios e irreversibles impactos ambientales de este emprendimiento sino también de los graves problemas de institucionalidad asociados, como la falta de transparencia, la escasa información, en particular, la falta de intención de dar una respuesta definitiva al asunto."
A su vez, Enrique Viale, en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, manifestó: "Esta tragedia anunciada, el mayor desastre minero de la historia argentina, dejó indefenso al pueblo de Jáchal al cual le cerraron todas las vías institucionales, tanto del Gobierno Nacional como el provincial. Así garantizaron la impunidad".
Las organizaciones, además, están exigiendo la publicación del inventario dispuesto por la Ley de Glaciares, que prohíbe toda actividad extractiva sobre área glaciar y periglaciar. “Veladero opera en una clara violación de la ley, ya que se encuentra en área periglaciar. La empresa lo admitió en su informe de impacto ambiental y expertos internacionales como el hidrogeólogo norteamericano Robert Morán lo demostraron”, concluyó Strano.
Las tres organizaciones apoyan el reclamo de la Asamblea del pueblo de Jáchal que pide el cierre de Veladero y la remediación del ambiente por parte de Barrick.
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Un CEO más para reactivar Pascua Lama
George Bee vuelve a San Juan, ahora para reactivar Pascua Lama
Fecha de Publicación: 04/09/2016
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El ejecutivo formó parte del exitoso equipo que puso en funcionamiento Veladero. Asumirá su nuevo cargo el 12 de septiembre.
George Bee, ejecutivo de Barrick Gold, asumirá el 12 de setiembre su cargo de vicepresidente de Pascua Lama y Desarrollo del Distrito Frontera.
La firma explicó mediante un comunicado a inversionistas que la actuación del ejecutivo tendrá su foco inmediato en hacer avanzar una opción de inicio en el proyecto Lama, el lado argentino de la paralizada iniciativa minera.
Una reciente evaluación de Barrick indica que un proyecto inicial, modesto, flexible en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede representar la mejor opción para iniciar un plan de desarrollo por etapas.
Si tiene éxito, el flujo de caja de Lama podría ser utilizado para financiar el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera.
"Del mismo modo que la mina Goldstrike se completó en etapas a lo largo del tiempo, vemos beneficios significativos al hacerlo con Pascua-Lama de la misma manera. Estamos seguros de que George tiene la capacidad de liderazgo, conocimientos técnicos y experiencia regional para desarrollar una opción de proyecto inicial convincente para Lama", dijo el presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky.
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Fecha de Publicación: 04/09/2016
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
El ejecutivo formó parte del exitoso equipo que puso en funcionamiento Veladero. Asumirá su nuevo cargo el 12 de septiembre.
George Bee, ejecutivo de Barrick Gold, asumirá el 12 de setiembre su cargo de vicepresidente de Pascua Lama y Desarrollo del Distrito Frontera.
La firma explicó mediante un comunicado a inversionistas que la actuación del ejecutivo tendrá su foco inmediato en hacer avanzar una opción de inicio en el proyecto Lama, el lado argentino de la paralizada iniciativa minera.
Una reciente evaluación de Barrick indica que un proyecto inicial, modesto, flexible en Lama, utilizando métodos de minería subterránea, puede representar la mejor opción para iniciar un plan de desarrollo por etapas.
Si tiene éxito, el flujo de caja de Lama podría ser utilizado para financiar el desarrollo adicional en ambos lados de la frontera.
"Del mismo modo que la mina Goldstrike se completó en etapas a lo largo del tiempo, vemos beneficios significativos al hacerlo con Pascua-Lama de la misma manera. Estamos seguros de que George tiene la capacidad de liderazgo, conocimientos técnicos y experiencia regional para desarrollar una opción de proyecto inicial convincente para Lama", dijo el presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky.
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Directivos de minera chilena citados por la justicia
La Justicia cita a directivos de una minera chilena por contaminar suelo argentino
Fecha de Publicación: 03/09/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas, cuando la compañía depositó escombros más allá del límite internacional, invadiendo más de 50 hectáreas en suelo argentino.
La citación es para el actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán comparecer entre el 19 y el 21 de octubre próximo ante el juzgado sanjuanino.
Se trata del caso denunciado en 2014 por la empresa Glencore, que explota la mina sanjuanina de cobre El Pachón, porque “entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles (rocas con bajo o nulo contenido de mineral) una zona en territorio argentino”.
Según la denuncia, “la escombrera tiene 1,6 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 70 metros de alto y un tercio quedó dentro del emprendimiento Pachón, es decir en suelo calingastino en San Juan".
De acuerdo a la demanda, “de las características mineralógicas del material de la escombrera analizado, es posible postular que casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas” y que en la misma se detectaron “altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre”.
Incluso se habla de que hay tiradas más de 50 cubiertas de camiones fuera de ruta de grandes dimensiones, aceites, repuestos de vehículos y materiales de difícil degradación.
En el expediente se consigna que “la escombrera les fue ganando terreno a tres lagunas ubicadas a menos de 200 metros del depósito de desechos que prácticamente desaparecieron”.
En el proceso judicial del cual el año pasado se hizo parte la provincia a través del Fiscal de Estado, Guillermo De Sactis, hay una orden del juez para que Pelambres retire los desechos, que no se cumplió, y un acuerdo firmado el 28 de abril pasado de remediación del impacto ambiental, que tampoco fue cumplido hasta ahora por la minera chilena.
En función de eso, el juez Miguel Gálvez imputó a los directivos de Pelambres por contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas. La pena prevista para el delito de contaminación puede alcanzar hasta los diez años de prisión, además de millonarias multas.
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Fecha de Publicación: 03/09/2016
Fuente: Telam
Provincia/Región: San Juan - Nacional
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
El juez federal penal de San Juan, Miguel Gálvez, citó a indagatoria a tres altas autoridades de la minera chilena Pelambres, a los que imputó por el delito de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas, cuando la compañía depositó escombros más allá del límite internacional, invadiendo más de 50 hectáreas en suelo argentino.
La citación es para el actual Gerente General de Minera Los Pelambres, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos ex Gerentes Generales, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán comparecer entre el 19 y el 21 de octubre próximo ante el juzgado sanjuanino.
Se trata del caso denunciado en 2014 por la empresa Glencore, que explota la mina sanjuanina de cobre El Pachón, porque “entre 2004 y 2011 utilizó como botadero de estériles (rocas con bajo o nulo contenido de mineral) una zona en territorio argentino”.
Según la denuncia, “la escombrera tiene 1,6 kilómetros de largo, 600 metros de ancho y 70 metros de alto y un tercio quedó dentro del emprendimiento Pachón, es decir en suelo calingastino en San Juan".
De acuerdo a la demanda, “de las características mineralógicas del material de la escombrera analizado, es posible postular que casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a producir aguas ácidas” y que en la misma se detectaron “altas concentraciones de sulfato, nitrato y cobre”.
Incluso se habla de que hay tiradas más de 50 cubiertas de camiones fuera de ruta de grandes dimensiones, aceites, repuestos de vehículos y materiales de difícil degradación.
En el expediente se consigna que “la escombrera les fue ganando terreno a tres lagunas ubicadas a menos de 200 metros del depósito de desechos que prácticamente desaparecieron”.
En el proceso judicial del cual el año pasado se hizo parte la provincia a través del Fiscal de Estado, Guillermo De Sactis, hay una orden del juez para que Pelambres retire los desechos, que no se cumplió, y un acuerdo firmado el 28 de abril pasado de remediación del impacto ambiental, que tampoco fue cumplido hasta ahora por la minera chilena.
En función de eso, el juez Miguel Gálvez imputó a los directivos de Pelambres por contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas. La pena prevista para el delito de contaminación puede alcanzar hasta los diez años de prisión, además de millonarias multas.
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Glaciar Toro 1 es afectado por la Barrick
Denuncian que un glaciar contaminado por Barrick Gold quedará afuera del inventario que presentará el Gobierno
Fecha de Publicación: 28/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los encargados de hacer el mapeo admitieron que reciben presiones, pero defendieron su trabajo
No hay paz para los glaciares. Un grupo de ambientalistas denunció que el glaciar Toro 1 -por cuya contaminación fue frenado el proyecto binacional Pascua Lama, de Barrick Gold- quedó afuera del inventario de glaciares, ya que los encargados de confeccionarlo adoptaron una serie de definiciones que no figuran en la ley.
El Ianigla es el instituto encargado de confeccionar el inventario de glaciares. Para ello, sus autoridades crearon un documento en el que decidieron que sólo incluirán las masas de hielo que cumplan ciertas características y tengan más de una hectárea, pese a que la ley 26.639 protege los glaciares "cualquiera sea su dimensión".
De esta forma, según la denuncia que hoy llegó a la Corte Suprema y a la que Infobae tuvo acceso, quedará afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama.
Lo paradójico es que justamente Pascua Lama, que está repartido entre Argentina y Chile, fue frenado por la Justicia trasandina porque, entre otras cosas, se confirmó la presencia de una capa de partículas de unos centímetros de espesor sobre los glaciares Toro 1 y Esperanza, provocada por la construcción de caminos hacia el yacimiento.
"Es decir que en el país trasandino, donde no existe ley específica de protección de glaciares, no importa su dimensión o superficie para adoptar medidas de protección sobre los mismos, y aquí, en el nuestro, donde sí existe una Ley de Glaciares y la ley no distingue superficie o dimensión, el organismo encargado de inventariarlos los excluye", concluye el escrito presentado hoy ante la Corte Suprema con la firma del abogado sanjuanino Diego Seguí, en el marco de una causa en la que se ventila el incumplimiento de la ley 26.639 en Pascua Lama, ya que el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold reconoce que su yacimiento está en zonas prohibidas por la ley.
En el Ianigla defendieron su decisión de apartarse de la ley votada por el Congreso. "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales", explicó a Infobae el coordinador del inventario, Gustavo Costas.
Los ambientalistas descreen de ese argumento, porque aseguran que basta con abrir Google Maps para saber que se pueden ver hasta las piletas de las casas y porque las limitaciones podrían salvarse con trabajo de campo.
Conscientes de esta situación, un grupo de vecinos de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de las asambleas antimineras de Mendoza se reunieron el 11 de julio con las autoridades del Ianigla para conocer su opinión. En ese encuentro, Costas y el resto de su equipo reconocieron que reciben presiones, pero defendieron su trabajo.
Algo que llamó la atención de los asambleístas y fue remarcado en el escrito es que el propio Costas aseguró que el documento del Ianigla es "como la ley", cuando no debería ser necesario aclarar que las normas las hace el Congreso.
Por otra parte, las autoridades del Ianigla insistieron con que los glaciares debían cumplir el requisito de ser un "recurso hídrico estratégico". Sin embargo, la ley en ningún momento lo menciona. Lo único que hace, en su artículo 1, es aclarar que una de las finalidades de la regulación es "preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos", aunque también enumera otros fines: cuidarlos como "fuente de información científica" y "atractivo turístico", y para "proteger la diversidad". En otras palabras, aún si no fueran un "recurso hídrico estratégico", la ley ordena que sean preservados de las actividades extractivas.
Otro tema que se discutió en la reunión con los ambientalistas fue la decisión del Ianigla de no cumplir con el primer paso que debería haber dado de acuerdo con la ley. La norma le daba 180 días al instituto para hacer un inventario de las áreas prioritarias, en particular, las que ya estaban siendo explotadas, pero nunca se cumplió. ¿La excusa? "Eso no es responsabilidad nuestra, porque ahí la Secretaría de Ambiente de la Nación fue la encargada de invitar a las provincias. En varias ocasiones envió cartas a las gobernaciones. En diciembre de 2011 sólo había contestado Tierra del Fuego diciendo que no tenían áreas prioritarias. Entonces empezamos por donde había mayor presunción de hielo", argumentaron las autoridades. La pregunta que no pudieron responder es en qué lugar de la ley dice que tenían que consultar a las provincias.
Según pudo averiguar Infobae a partir de tres fuentes, en realidad las autoridades de Ianigla prefirieron esquivar un problema, ya que al menos desde San Juan les habían dicho de manera informal que no los iban a dejar ingresar en territorios mineros. ¿Qué hicieron? Tirarle la pelota a la Secretaría de Ambiente y no ir al choque. Esto coincide con un argumento deslizado por los ambientalistas: si los satélites no bastan para ver un glaciar inferior a una hectárea, en las zonas explotadas, como en Pascua Lama o Veladero, ¿por qué no hicieron visitas de campo?
El inventario de San Juan, probablemente uno de los que más dará que hablar, ya fue enviado por el Ianigla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde se comprometieron a publicarlo este año, según le confirmó a este medio en una reciente entrevista el titular de la cartera, Sergio Bergman, aunque no dio precisiones de la fecha. El abogado Seguí asegura que lo vio y que el glaciar Toro 1 no figura. En la reunión, las autoridades del instituto les preguntaron a los asambleístas si estaban seguros y tejieron un manto de duda sobre la afirmación. Pero si se apegan a sus palabras, lo cierto es que no deberían incluirlo.
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Fecha de Publicación: 28/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los encargados de hacer el mapeo admitieron que reciben presiones, pero defendieron su trabajo
No hay paz para los glaciares. Un grupo de ambientalistas denunció que el glaciar Toro 1 -por cuya contaminación fue frenado el proyecto binacional Pascua Lama, de Barrick Gold- quedó afuera del inventario de glaciares, ya que los encargados de confeccionarlo adoptaron una serie de definiciones que no figuran en la ley.
El Ianigla es el instituto encargado de confeccionar el inventario de glaciares. Para ello, sus autoridades crearon un documento en el que decidieron que sólo incluirán las masas de hielo que cumplan ciertas características y tengan más de una hectárea, pese a que la ley 26.639 protege los glaciares "cualquiera sea su dimensión".
De esta forma, según la denuncia que hoy llegó a la Corte Suprema y a la que Infobae tuvo acceso, quedará afuera del inventario el glaciar binacional Toro 1, que tiene poco más de 700 metros cuadrados del lado argentino de la frontera y sobre el cual está diseñado el rajo del proyecto Pascua Lama.
Lo paradójico es que justamente Pascua Lama, que está repartido entre Argentina y Chile, fue frenado por la Justicia trasandina porque, entre otras cosas, se confirmó la presencia de una capa de partículas de unos centímetros de espesor sobre los glaciares Toro 1 y Esperanza, provocada por la construcción de caminos hacia el yacimiento.
"Es decir que en el país trasandino, donde no existe ley específica de protección de glaciares, no importa su dimensión o superficie para adoptar medidas de protección sobre los mismos, y aquí, en el nuestro, donde sí existe una Ley de Glaciares y la ley no distingue superficie o dimensión, el organismo encargado de inventariarlos los excluye", concluye el escrito presentado hoy ante la Corte Suprema con la firma del abogado sanjuanino Diego Seguí, en el marco de una causa en la que se ventila el incumplimiento de la ley 26.639 en Pascua Lama, ya que el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold reconoce que su yacimiento está en zonas prohibidas por la ley.
En el Ianigla defendieron su decisión de apartarse de la ley votada por el Congreso. "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales", explicó a Infobae el coordinador del inventario, Gustavo Costas.
Los ambientalistas descreen de ese argumento, porque aseguran que basta con abrir Google Maps para saber que se pueden ver hasta las piletas de las casas y porque las limitaciones podrían salvarse con trabajo de campo.
Conscientes de esta situación, un grupo de vecinos de la Asamblea Jáchal No Se Toca y de las asambleas antimineras de Mendoza se reunieron el 11 de julio con las autoridades del Ianigla para conocer su opinión. En ese encuentro, Costas y el resto de su equipo reconocieron que reciben presiones, pero defendieron su trabajo.
Algo que llamó la atención de los asambleístas y fue remarcado en el escrito es que el propio Costas aseguró que el documento del Ianigla es "como la ley", cuando no debería ser necesario aclarar que las normas las hace el Congreso.
Por otra parte, las autoridades del Ianigla insistieron con que los glaciares debían cumplir el requisito de ser un "recurso hídrico estratégico". Sin embargo, la ley en ningún momento lo menciona. Lo único que hace, en su artículo 1, es aclarar que una de las finalidades de la regulación es "preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos", aunque también enumera otros fines: cuidarlos como "fuente de información científica" y "atractivo turístico", y para "proteger la diversidad". En otras palabras, aún si no fueran un "recurso hídrico estratégico", la ley ordena que sean preservados de las actividades extractivas.
Otro tema que se discutió en la reunión con los ambientalistas fue la decisión del Ianigla de no cumplir con el primer paso que debería haber dado de acuerdo con la ley. La norma le daba 180 días al instituto para hacer un inventario de las áreas prioritarias, en particular, las que ya estaban siendo explotadas, pero nunca se cumplió. ¿La excusa? "Eso no es responsabilidad nuestra, porque ahí la Secretaría de Ambiente de la Nación fue la encargada de invitar a las provincias. En varias ocasiones envió cartas a las gobernaciones. En diciembre de 2011 sólo había contestado Tierra del Fuego diciendo que no tenían áreas prioritarias. Entonces empezamos por donde había mayor presunción de hielo", argumentaron las autoridades. La pregunta que no pudieron responder es en qué lugar de la ley dice que tenían que consultar a las provincias.
Según pudo averiguar Infobae a partir de tres fuentes, en realidad las autoridades de Ianigla prefirieron esquivar un problema, ya que al menos desde San Juan les habían dicho de manera informal que no los iban a dejar ingresar en territorios mineros. ¿Qué hicieron? Tirarle la pelota a la Secretaría de Ambiente y no ir al choque. Esto coincide con un argumento deslizado por los ambientalistas: si los satélites no bastan para ver un glaciar inferior a una hectárea, en las zonas explotadas, como en Pascua Lama o Veladero, ¿por qué no hicieron visitas de campo?
El inventario de San Juan, probablemente uno de los que más dará que hablar, ya fue enviado por el Ianigla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde se comprometieron a publicarlo este año, según le confirmó a este medio en una reciente entrevista el titular de la cartera, Sergio Bergman, aunque no dio precisiones de la fecha. El abogado Seguí asegura que lo vio y que el glaciar Toro 1 no figura. En la reunión, las autoridades del instituto les preguntaron a los asambleístas si estaban seguros y tejieron un manto de duda sobre la afirmación. Pero si se apegan a sus palabras, lo cierto es que no deberían incluirlo.
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El director de la Barrick dice que Pascua Lama sigue
Según Barrick, este año se culminará con la primera etapa de optimización de Pascua-Lama
Fecha de Publicación: 27/08/2016
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El director Ejecutivo de la empresa en Chile, afirmó que ese es el plazo previsto para que el próximo año se pueda continuar avanzando.
El director Ejecutivo de Barrick Chile, René Muga, brindó declaraciones a un medio de aquel país y aseguró que este año se terminará con la primera etapa de optimización de Pascua-Lama.
“La idea es terminar este año con la primera fase de este proceso de optimización y, por tanto, contar con elementos para que la compañía pueda ir tomando decisiones importantes a comienzos del próximo año”, dijo.
“La idea es proponer varios escenarios razonables sobre la mesa e ir evaluándolos y tener alternativas para ir tomando decisiones en el sentido en donde debe apuntar un estudio mas profundo”, agregó.
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Fecha de Publicación: 27/08/2016
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El director Ejecutivo de la empresa en Chile, afirmó que ese es el plazo previsto para que el próximo año se pueda continuar avanzando.
El director Ejecutivo de Barrick Chile, René Muga, brindó declaraciones a un medio de aquel país y aseguró que este año se terminará con la primera etapa de optimización de Pascua-Lama.
“La idea es terminar este año con la primera fase de este proceso de optimización y, por tanto, contar con elementos para que la compañía pueda ir tomando decisiones importantes a comienzos del próximo año”, dijo.
“La idea es proponer varios escenarios razonables sobre la mesa e ir evaluándolos y tener alternativas para ir tomando decisiones en el sentido en donde debe apuntar un estudio mas profundo”, agregó.
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Como sigue la causa "Los Pelambres"
Megabasurero minero en San Juan: resoluciones a favor y en contra de la empresa chilena que lo creó
Fecha de Publicación: 24/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Cuando parecía que el tema se enfriaba, el megabasurero minero creado por la empresa chilena Antofagasta Minerals del lado argentino de la cordillera volvió a ser noticia en varios frentes. Entre otras cosas, hubo avances judiciales, con una resolución que favoreció a la firma trasandina y otra que la perjudicó.
Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros, hace unos días, la Justicia Federal de San Juan rechazó un planteo de Los Pelambres, que alegó que los tribunales argentinos no tienen jurisdicción para actuar en la causa por supuesta contaminación.
La clave del rechazo está en las fechas. La empresa notificó a las autoridades de su país en septiembre de 2011 que cinco meses antes, en abril, se había dado cuenta que casi la mitad de las 105 hectáreas del botadero minero que había autorizado el gobierno chileno en su mina Los Pelambres estaban en suelo argentino. Aún así, un informe técnico elaborado por la consultora sanjuanina URS AECOM concluyó que la minera siguió depositando neumáticos gigantes y roca sin importancia comercial y potencialmente contaminante hasta enero de 2012.
La denuncia penal fue presentada en marzo del año pasado por Glencore, en cuyo yacimiento El Pachón, en Argentina, fue instalada la escombrera. La acusación tiene en la mira a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls, a quienes la firma suiza acusó de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo casi no había avanzado.
Por otra parte, también hay un expediente civil iniciado por Xstrata, la primera empresa que tuvo El Pachón, y continuado por Glencore, en el que buscan que Los Pelambres retire la escombrera y pague una indemnización. Allí Antofagasta Minerals se anotó una victoria al lograr una aclaración de un fallo de primera instancia por parte de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que incorporó la palabra "posible" antes de la expresión "contaminación ambiental", en una resolución en la que la Justicia ordenó que se designe un perito geólogo para que determine las obras necesarias para hacer cesar en forma inmediata el daño ambiental, que ahora no estaría confirmado.
En el marco de ese expediente se ordenó una medida cautelar para frenar cualquier tipo de impacto ambiental, lo que luego derivó en un acuerdo entre el gobierno de San Juan y Los Pelambres para que la escombrera sea aislada.
En su fallo, la cámara federal mendocina minimizó el peso del acuerdo. "Lo curioso es que la Justicia confirmó que el gobierno de San Juan no se presentó en la causa como una parte damnificada, sino como un mero tercero interesado", evaluó a Infobae el abogado Diego Seguí, quien alertó en su momento al Ejecutivo provincial por la presencia de la escombrera.
Mientras tanto, en San Juan, el diputado provincial César Aguilar presentó un pedido de informes -aprobado con el apoyo del oficialismo- para que el gobierno de Sergio Uñac brinde detalles del acuerdo, si se empezó a ejecutar y cuáles fueron los resultados de los monitoreos ambientales que se habrían comenzado a hacer en diciembre. Infobae solicitó esos análisis a la Universidad Nacional de San Juan, pero pese a que aclararon que son públicos, los negaron. En el gobierno provincial, en cambio, se comprometieron a entregarlos.
El acuerdo recibió muchas críticas, ya que no habla de remoción sino de aislamiento, no establece una multa o indemnización y porque limita la responsabilidad de Los Pelambres por la obra a una década a partir de su finalización. Fuentes vinculadas al Ejecutivo provincial dijeron a Infobae que los cuestionamientos cayeron como un balde de agua fría, que no los esperaban. "Podemos discutir de los glaciares, pero acá estamos seguros que hicimos lo mejor posible", aclararon.
"El acuerdo es sólo un piso. Nos aseguramos el aislamiento y el retiro de los neumáticos. Si en el terreno judicial se consigue algo mejor y se ordena que se remueva la escombrera, eso se hará. El problema es que esto va a terminar en la Corte Suprema y capaz pasen diez o quince años hasta que termine la causa. Nosotros ya conseguimos que en ese lapso no contamine", explicaron las mismas fuentes.
Aún así, otra fuente consultada por este medio aseguró que puertas adentro hay malestar en el Ejecutivo, al menos por la forma en que se comunicó el acuerdo, ya que en respuesta a una consulta de la diputada nacional Margarita Stolbizer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que en abril la Subsecretaría para Asuntos de América Latina de la Cancillería "reiteró al gobierno de la República Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior". En otras palabras, le pidió la remoción de los escombros mineros, lo que dejó en off side al gobierno provincial, que salió a anunciar con bombos y platillos que había logrado el aislamiento.
Por otra parte, según pudo averiguar Infobae, lo que sí avanza a paso firme es un sumario iniciado en el Ministerio de Minería de San Juan contra El Pachón y que es probable que termine con una multa. En el Ejecutivo provincial están convencidos de que las empresas suizas a cargo del yacimiento, primero Xstrata y después Glencore, usaron el conflicto como un instrumento de negociación, ya que Antofagasta Minerals quería comprar el proyecto. Y las dos firmas deberían haber denunciado que en los terrenos en los que tienen concesiones mineras había actividades ilegales.
En Chile también hubo repercusiones, sobre todo porque una serie de mails comprometen a la titular de Minería, Aurora Williams, quien habría encabezado una maniobra para ayudar y encubrir a Antofagasta Minerals. Se espera que se inicien acciones penales y que la ministra sea desplazada en una serie de cambios en el Gabinete que es posible que en breve anuncie la presidente Michelle Bachelet.
Además, en el Parlamento se proyecta la creación de una comisión investigadora, donde podría ser citada la ex canciller Soledad Alvear, quien ocupaba ese cargo cuando se autorizó la instalación de la escombrera y hoy no sólo es abogada de la minera, sino que además habría encabezado el entramado para lograr la ayuda estatal.
Por lo pronto, se espera que la semana próxima la empresa Hatch, a cargo de diseñar las obras de ingeniería del aislamiento, presente por tercera vez sus planes, que ya fueron rechazados en dos ocasiones por el gobierno sanjuanino.
El tema también se coló en un pedido de informes que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Las ONG quieren saber en qué consisten las inversiones por 20 mil millones de pesos que anunció el gobierno en el sector, puesto que se presentaron proyectos en provincias en las que hay leyes anticianuro, y si parte del dinero que llegue al país será destinado a remediar el impacto por el derrame en la mina Veladero, de Barrick Gold, y la posible contaminación causada por Los Pelambres.
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Fecha de Publicación: 24/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Cuando parecía que el tema se enfriaba, el megabasurero minero creado por la empresa chilena Antofagasta Minerals del lado argentino de la cordillera volvió a ser noticia en varios frentes. Entre otras cosas, hubo avances judiciales, con una resolución que favoreció a la firma trasandina y otra que la perjudicó.
Según informó el Observatorio de Conflictos Mineros, hace unos días, la Justicia Federal de San Juan rechazó un planteo de Los Pelambres, que alegó que los tribunales argentinos no tienen jurisdicción para actuar en la causa por supuesta contaminación.
La clave del rechazo está en las fechas. La empresa notificó a las autoridades de su país en septiembre de 2011 que cinco meses antes, en abril, se había dado cuenta que casi la mitad de las 105 hectáreas del botadero minero que había autorizado el gobierno chileno en su mina Los Pelambres estaban en suelo argentino. Aún así, un informe técnico elaborado por la consultora sanjuanina URS AECOM concluyó que la minera siguió depositando neumáticos gigantes y roca sin importancia comercial y potencialmente contaminante hasta enero de 2012.
La denuncia penal fue presentada en marzo del año pasado por Glencore, en cuyo yacimiento El Pachón, en Argentina, fue instalada la escombrera. La acusación tiene en la mira a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls, a quienes la firma suiza acusó de usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo casi no había avanzado.
Por otra parte, también hay un expediente civil iniciado por Xstrata, la primera empresa que tuvo El Pachón, y continuado por Glencore, en el que buscan que Los Pelambres retire la escombrera y pague una indemnización. Allí Antofagasta Minerals se anotó una victoria al lograr una aclaración de un fallo de primera instancia por parte de la Sala B de la Cámara Federal de Mendoza, que incorporó la palabra "posible" antes de la expresión "contaminación ambiental", en una resolución en la que la Justicia ordenó que se designe un perito geólogo para que determine las obras necesarias para hacer cesar en forma inmediata el daño ambiental, que ahora no estaría confirmado.
En el marco de ese expediente se ordenó una medida cautelar para frenar cualquier tipo de impacto ambiental, lo que luego derivó en un acuerdo entre el gobierno de San Juan y Los Pelambres para que la escombrera sea aislada.
En su fallo, la cámara federal mendocina minimizó el peso del acuerdo. "Lo curioso es que la Justicia confirmó que el gobierno de San Juan no se presentó en la causa como una parte damnificada, sino como un mero tercero interesado", evaluó a Infobae el abogado Diego Seguí, quien alertó en su momento al Ejecutivo provincial por la presencia de la escombrera.
Mientras tanto, en San Juan, el diputado provincial César Aguilar presentó un pedido de informes -aprobado con el apoyo del oficialismo- para que el gobierno de Sergio Uñac brinde detalles del acuerdo, si se empezó a ejecutar y cuáles fueron los resultados de los monitoreos ambientales que se habrían comenzado a hacer en diciembre. Infobae solicitó esos análisis a la Universidad Nacional de San Juan, pero pese a que aclararon que son públicos, los negaron. En el gobierno provincial, en cambio, se comprometieron a entregarlos.
El acuerdo recibió muchas críticas, ya que no habla de remoción sino de aislamiento, no establece una multa o indemnización y porque limita la responsabilidad de Los Pelambres por la obra a una década a partir de su finalización. Fuentes vinculadas al Ejecutivo provincial dijeron a Infobae que los cuestionamientos cayeron como un balde de agua fría, que no los esperaban. "Podemos discutir de los glaciares, pero acá estamos seguros que hicimos lo mejor posible", aclararon.
"El acuerdo es sólo un piso. Nos aseguramos el aislamiento y el retiro de los neumáticos. Si en el terreno judicial se consigue algo mejor y se ordena que se remueva la escombrera, eso se hará. El problema es que esto va a terminar en la Corte Suprema y capaz pasen diez o quince años hasta que termine la causa. Nosotros ya conseguimos que en ese lapso no contamine", explicaron las mismas fuentes.
Aún así, otra fuente consultada por este medio aseguró que puertas adentro hay malestar en el Ejecutivo, al menos por la forma en que se comunicó el acuerdo, ya que en respuesta a una consulta de la diputada nacional Margarita Stolbizer, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló que en abril la Subsecretaría para Asuntos de América Latina de la Cancillería "reiteró al gobierno de la República Chile la invitación a informar sobre cómo propone la restitución de las cosas a su estado anterior". En otras palabras, le pidió la remoción de los escombros mineros, lo que dejó en off side al gobierno provincial, que salió a anunciar con bombos y platillos que había logrado el aislamiento.
Por otra parte, según pudo averiguar Infobae, lo que sí avanza a paso firme es un sumario iniciado en el Ministerio de Minería de San Juan contra El Pachón y que es probable que termine con una multa. En el Ejecutivo provincial están convencidos de que las empresas suizas a cargo del yacimiento, primero Xstrata y después Glencore, usaron el conflicto como un instrumento de negociación, ya que Antofagasta Minerals quería comprar el proyecto. Y las dos firmas deberían haber denunciado que en los terrenos en los que tienen concesiones mineras había actividades ilegales.
En Chile también hubo repercusiones, sobre todo porque una serie de mails comprometen a la titular de Minería, Aurora Williams, quien habría encabezado una maniobra para ayudar y encubrir a Antofagasta Minerals. Se espera que se inicien acciones penales y que la ministra sea desplazada en una serie de cambios en el Gabinete que es posible que en breve anuncie la presidente Michelle Bachelet.
Además, en el Parlamento se proyecta la creación de una comisión investigadora, donde podría ser citada la ex canciller Soledad Alvear, quien ocupaba ese cargo cuando se autorizó la instalación de la escombrera y hoy no sólo es abogada de la minera, sino que además habría encabezado el entramado para lograr la ayuda estatal.
Por lo pronto, se espera que la semana próxima la empresa Hatch, a cargo de diseñar las obras de ingeniería del aislamiento, presente por tercera vez sus planes, que ya fueron rechazados en dos ocasiones por el gobierno sanjuanino.
El tema también se coló en un pedido de informes que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace presentaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren. Las ONG quieren saber en qué consisten las inversiones por 20 mil millones de pesos que anunció el gobierno en el sector, puesto que se presentaron proyectos en provincias en las que hay leyes anticianuro, y si parte del dinero que llegue al país será destinado a remediar el impacto por el derrame en la mina Veladero, de Barrick Gold, y la posible contaminación causada por Los Pelambres.
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La causa "Los Pelambres" se juzgará en Argentina
La minera Los Pelambres será juzgada en la Argentina por contaminación
Fecha de Publicación: 18/08/2016
Fuente: Terra
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La firma había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos.
la Justicia Federal de San Juan rechazó el planteo elaborado por la minera chilena Los Pelambres sobre la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales argentinos para actuar en una causa por contaminación ambiental, por lo que la firma será juzgada en el país.
Pelambres (del Grupo Luksic), con operaciones en Chile, había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos y sin ningún permiso de las autoridades locales.
La firma había informado por escrito a autoridades chilenas que recién había tomado conocimiento en abril de 2011 que se encontraba trabajando en territorio argentino, según la carta de Pelambres al Ministerio de RREE de Chile de septiembre de 2011 que ahora obra en expedientes judiciales y administrativos.
Sin embargo, un nuevo informe técnico demostró que Pelambres continuó depositando en San Juan material proveniente de su yacimiento chileno con posterioridad a abril de 2011, es decir, con conocimiento de que lo hacía en Argentina.
El informe técnico que obra en los expedientes administrativos y judiciales (civiles y penales) que tramitan por este conflicto, y que fue preparado por una consultora sanjuanina, habla del depósito -entre mayo 2011 y enero 2012- de cientos de miles de toneladas de residuos y de unos 400 neumáticos usados.
Así Pelambres y sus directivos ven agravada su situación frente a la legislación argentina, ya que continuaron con el depósito de residuos en San Juan con pleno conocimiento de estar traspasando el límite fronterizo, según los expedientes.
La gravedad del tema está despertando el interés de las ONGs y de políticos habitualmente críticos de la industria minera, que recurren a la Justicia a fin de exigir de los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha publicado en su página web (http://farn.org.ar/pedidos-de-informe-2016) las notas que ha presentado recientemente ante los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ambiente, y de Energía y Minería de Argentina, solicitando acceso a toda la información vinculada a este tema.
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Fecha de Publicación: 18/08/2016
Fuente: Terra
Provincia/Región: San Juan - Nacional
La firma había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos.
la Justicia Federal de San Juan rechazó el planteo elaborado por la minera chilena Los Pelambres sobre la supuesta falta de jurisdicción de los tribunales argentinos para actuar en una causa por contaminación ambiental, por lo que la firma será juzgada en el país.
Pelambres (del Grupo Luksic), con operaciones en Chile, había construido una escombrera en territorio cordillerano perteneciente a San Juan, traspasando los límites fronterizos y sin ningún permiso de las autoridades locales.
La firma había informado por escrito a autoridades chilenas que recién había tomado conocimiento en abril de 2011 que se encontraba trabajando en territorio argentino, según la carta de Pelambres al Ministerio de RREE de Chile de septiembre de 2011 que ahora obra en expedientes judiciales y administrativos.
Sin embargo, un nuevo informe técnico demostró que Pelambres continuó depositando en San Juan material proveniente de su yacimiento chileno con posterioridad a abril de 2011, es decir, con conocimiento de que lo hacía en Argentina.
El informe técnico que obra en los expedientes administrativos y judiciales (civiles y penales) que tramitan por este conflicto, y que fue preparado por una consultora sanjuanina, habla del depósito -entre mayo 2011 y enero 2012- de cientos de miles de toneladas de residuos y de unos 400 neumáticos usados.
Así Pelambres y sus directivos ven agravada su situación frente a la legislación argentina, ya que continuaron con el depósito de residuos en San Juan con pleno conocimiento de estar traspasando el límite fronterizo, según los expedientes.
La gravedad del tema está despertando el interés de las ONGs y de políticos habitualmente críticos de la industria minera, que recurren a la Justicia a fin de exigir de los funcionarios el cumplimiento de sus obligaciones.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ha publicado en su página web (http://farn.org.ar/pedidos-de-informe-2016) las notas que ha presentado recientemente ante los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Ambiente, y de Energía y Minería de Argentina, solicitando acceso a toda la información vinculada a este tema.
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Jáchal: acusan a la Barrick de arruinar la agricultura
Productores acusan a la Barrick Gold de arruinar la agricultura en Jáchal
Fecha de Publicación: 15/08/2016
Fuente: InfoCampo
Fecha de Publicación: 15/08/2016
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: San Juan
Bernabé Gómez tenía una finca de 5 hectáreas a menos de un kilómetro de la plaza central de Jáchal, la cabecera departamental y la ciudad más grande en los alrededores de Veladero, que queda en el vecino Iglesia. La producción de Bernabé era prácticamente autosustentable. Recuerda que heredó la técnica de su padre, que a su vez la aprendió de su abuelo. Con una hectárea y media de maíz obtenía choclo en grano para vender y maíz para alimentar a sus pollos, gallinas y cerdos. También hacía embutidos y plantaba sus vegetales. Sólo compraba papa y batata, imposibles de producir en la zona. Pero en 2012 tuvo que vender sus tierras para que el Estado hiciera un barrio sobre ellas. Hoy es empleado municipal, según publica Infobae.
Uno de los argumentos más usados por el sector minero es que el agua de la zona siempre fue mala. Bernabé lo rebate con su propia historia: una vida cosechando maíz sin inconvenientes. "Los problemas empezaron en 2007, 2008, poco después de que entró la minera. Ellos hablan del cambio climático, pero antes no tenía problemas. También dicen que el agua está contaminada ancestralmente, porque el agua corre sobre piedra mineralizada, pero una cosa es que el río barra la piedra lentamente durante miles de años y otra es que el hombre ponga dinamita y pulverice los minerales para que terminen en el agua", planteó en una charla con Infobae.
La explicación que dio sobre la pérdida de calidad del agua es la misma que se repite entre todos los productores y ambientalistas, y es muy sencilla. Por un lado, tiene que ver con el agua que se usa en Veladero. La cuenca del Río Blanco, que viene del norte, registra niveles elevados de boro y arsénico, que recoge –principalmente- de una salina que atraviesa casi en el límite de La Rioja y San Juan. Del otro lado, las cuencas del río Potrerillos (donde se produjo el derrame) y del río Las Taguas (de donde Barrick Gold toma el agua) son puras y más caudalosas. Esas cuencas se unen en un lugar llamado, precisamente, "La Junta". Por ende, el uso del agua pura en Veladero eleva la concentración de boro y arsénico aguas debajo de "La Junta", que es donde nace el Río Jáchal.
Sin embargo, no son pocos los que creen que la calidad del agua cayó, sobre todo, por la contaminación. "El tema de los niveles elevados de 'metales pesados' es consecuencia de la actividad minera y los derrames, como el del 12 y 13 de setiembre pasado, y los derrames 'naturales' que provienen del exceso de nieve en el valle de lixiviación y el escurrimiento de la escombrera y el túnel de Pascua Lama, del que 'brota' mucha agua y la tienen que 'tratar' antes de recargarla en el curso del río turbio", expuso a este medio el abogado ambientalista Diego Seguí.
En efecto, muchos productores están convencidos de que el problema se agravó después del derrame de la solución cianurada. "Esta temporada ha sido un caso muy emblemático de productores que han tenido que tirar la mayor parte de su producción. Nosotros pedimos que se hagan estudios serios sobre la agricultura y la ganadería, porque usan agua del río Jáchal, donde se han detectado metales pesados por encima de los valores históricos", advirtió el contador Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Su vecina Eliana Mercado recordó que cuando era niña, su padre, Marcelo Mercado, cosechaba la cebolla en febrero o marzo, y la vendía entre julio y agosto, antes de que empiece la temporada de Santiago del Estero. Rememoró esos "años felices" como algo "normal" de su infancia. Históricamente en julio faltaba cebolla en el país y como el río Jáchal tiene más sal que el San Juan, la cebolla duraba más después de la cosecha.
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Bernabé Gómez tenía una finca de 5 hectáreas a menos de un kilómetro de la plaza central de Jáchal, la cabecera departamental y la ciudad más grande en los alrededores de Veladero, que queda en el vecino Iglesia. La producción de Bernabé era prácticamente autosustentable. Recuerda que heredó la técnica de su padre, que a su vez la aprendió de su abuelo. Con una hectárea y media de maíz obtenía choclo en grano para vender y maíz para alimentar a sus pollos, gallinas y cerdos. También hacía embutidos y plantaba sus vegetales. Sólo compraba papa y batata, imposibles de producir en la zona. Pero en 2012 tuvo que vender sus tierras para que el Estado hiciera un barrio sobre ellas. Hoy es empleado municipal, según publica Infobae.
Uno de los argumentos más usados por el sector minero es que el agua de la zona siempre fue mala. Bernabé lo rebate con su propia historia: una vida cosechando maíz sin inconvenientes. "Los problemas empezaron en 2007, 2008, poco después de que entró la minera. Ellos hablan del cambio climático, pero antes no tenía problemas. También dicen que el agua está contaminada ancestralmente, porque el agua corre sobre piedra mineralizada, pero una cosa es que el río barra la piedra lentamente durante miles de años y otra es que el hombre ponga dinamita y pulverice los minerales para que terminen en el agua", planteó en una charla con Infobae.
La explicación que dio sobre la pérdida de calidad del agua es la misma que se repite entre todos los productores y ambientalistas, y es muy sencilla. Por un lado, tiene que ver con el agua que se usa en Veladero. La cuenca del Río Blanco, que viene del norte, registra niveles elevados de boro y arsénico, que recoge –principalmente- de una salina que atraviesa casi en el límite de La Rioja y San Juan. Del otro lado, las cuencas del río Potrerillos (donde se produjo el derrame) y del río Las Taguas (de donde Barrick Gold toma el agua) son puras y más caudalosas. Esas cuencas se unen en un lugar llamado, precisamente, "La Junta". Por ende, el uso del agua pura en Veladero eleva la concentración de boro y arsénico aguas debajo de "La Junta", que es donde nace el Río Jáchal.
Sin embargo, no son pocos los que creen que la calidad del agua cayó, sobre todo, por la contaminación. "El tema de los niveles elevados de 'metales pesados' es consecuencia de la actividad minera y los derrames, como el del 12 y 13 de setiembre pasado, y los derrames 'naturales' que provienen del exceso de nieve en el valle de lixiviación y el escurrimiento de la escombrera y el túnel de Pascua Lama, del que 'brota' mucha agua y la tienen que 'tratar' antes de recargarla en el curso del río turbio", expuso a este medio el abogado ambientalista Diego Seguí.
En efecto, muchos productores están convencidos de que el problema se agravó después del derrame de la solución cianurada. "Esta temporada ha sido un caso muy emblemático de productores que han tenido que tirar la mayor parte de su producción. Nosotros pedimos que se hagan estudios serios sobre la agricultura y la ganadería, porque usan agua del río Jáchal, donde se han detectado metales pesados por encima de los valores históricos", advirtió el contador Saúl Zeballos, de la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Su vecina Eliana Mercado recordó que cuando era niña, su padre, Marcelo Mercado, cosechaba la cebolla en febrero o marzo, y la vendía entre julio y agosto, antes de que empiece la temporada de Santiago del Estero. Rememoró esos "años felices" como algo "normal" de su infancia. Históricamente en julio faltaba cebolla en el país y como el río Jáchal tiene más sal que el San Juan, la cebolla duraba más después de la cosecha.
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Ahora La Pampa sufre el egoismo hídrico de San Juan
En medio de la pelea con La Pampa, crearán una comisión para defender el agua
Fecha de Publicación: 12/08/2016
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - La Pampa
El fiscal de Estado, De Sanctis, dijo que saldrá por decreto y que la integrarán especialistas en temas hidrológicos para ayudar en la defensa del vital recurso. Se da en el marco de la amenaza de demanda de La Pampa por el uso de los caudales. Por Miriam Walter.
"Tenemos que estar preparados”, argumentó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, sobre la creación de una comisión provincial del Agua, con el fin de asesorar en la defensa de los recursos hídricos. Todo se da en el marco de la amenaza de la provincia de La Pampa de iniciar una demanda judicial contra San Juan, bajo el argumento de que las obras de diques sanjuaninas provocan sequía aguas abajo.
"Es una inquietud que le transmití al gobernador, y él la vio con mucho agrado y me dijo que va a sacar un decreto por el cual se crea una comisión de expertos, porque la abogacía del Estado necesita hacer una simbiosis con los expertos de hidráulica. La idea es que la comisión tenga por objeto el estudio de la cuenca de nuestros ríos, especialmente cuando puedan tener connotaciones interprovinciales o interjurisdiccionales”, aseguró De Sanctis.
El funcionario dijo que esta comisión es necesaria "porque reclama La Pampa, porque los ambientalistas meten demandas apelando a la interjurisdiccionalidad. Los ambientalistas del derrame metieron una demanda por Veladero, diciendo que vía Río Jáchal podíamos contaminar a Mendoza y a San Luis, cuando el río San Juan en los últimos 30 años no ha salido de territorio sanjuanino salvo a un triangulito que hay entre Mendoza, San Juan y San Luis allá a la altura de El Encón, pero no hay interjurisdiccionalidad”.
De Sanctis anticipó que la idea es integrar la comisión con él mismo, además el ministro de Infraestructura, Julio Ortíz Andino; el secretario del Agua Edgardo Guerci, el director de Hidráulica, Maximiliano Delgado; el secretario de Ambiente, Raúl Tello.
"Sirve para todo esa comisión. Lo que se busca hacer es una comisión interdisciplinaria del estado, por si nos atacan, nos demandan, para tener todas las herramientas preparadas, yo como abogado y los expertos hidrólogos dándonos letras. No es una cosa sencilla las cuencas interjurisdiccionales”, aseguró.
"La Pampa no nos va a demandar”
"Yo considero que La Pampa no nos va a demandar, cada tanto lo dice, pero yo creo y lo tengo chequeado que no, porque está teniendo mucho problema y litigio con la gente del río Atuel, ya demandó al Estado Nacional porque lo que quiere es que convoque al Comité de Cuenca, que es una figura que existe en la ley nacional de manejo de agua, para las cuencas de los ríos interprovinciales, cuando los ríos atraviesan varias provincias”, dijo De Sanctis sobre la situación con la provincia gobernada por el justicialista Carlos Verna.
"Yo engo contacto con el fiscal de Estado de La Pampa y están instando a la convocatoria del Comité de Cuenca del Río Desaguadero que integraríamos nosotros. Digo ‘integraríamos’ por el Desaguadero es un cauce de río seco que no ha escurrido agua en los últimos 30 años, geográficamente es una cuenca y nosotros estamos dispuestos a integrar el Comité pero vamos a defender lo que tengamos que defender. Porque hablan de los diques y saben que nos ha faltado agua para llenarlos, es un tema que no es tan sencillo”.
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Fecha de Publicación: 12/08/2016
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan - La Pampa
El fiscal de Estado, De Sanctis, dijo que saldrá por decreto y que la integrarán especialistas en temas hidrológicos para ayudar en la defensa del vital recurso. Se da en el marco de la amenaza de demanda de La Pampa por el uso de los caudales. Por Miriam Walter.
"Tenemos que estar preparados”, argumentó el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, sobre la creación de una comisión provincial del Agua, con el fin de asesorar en la defensa de los recursos hídricos. Todo se da en el marco de la amenaza de la provincia de La Pampa de iniciar una demanda judicial contra San Juan, bajo el argumento de que las obras de diques sanjuaninas provocan sequía aguas abajo.
"Es una inquietud que le transmití al gobernador, y él la vio con mucho agrado y me dijo que va a sacar un decreto por el cual se crea una comisión de expertos, porque la abogacía del Estado necesita hacer una simbiosis con los expertos de hidráulica. La idea es que la comisión tenga por objeto el estudio de la cuenca de nuestros ríos, especialmente cuando puedan tener connotaciones interprovinciales o interjurisdiccionales”, aseguró De Sanctis.
El funcionario dijo que esta comisión es necesaria "porque reclama La Pampa, porque los ambientalistas meten demandas apelando a la interjurisdiccionalidad. Los ambientalistas del derrame metieron una demanda por Veladero, diciendo que vía Río Jáchal podíamos contaminar a Mendoza y a San Luis, cuando el río San Juan en los últimos 30 años no ha salido de territorio sanjuanino salvo a un triangulito que hay entre Mendoza, San Juan y San Luis allá a la altura de El Encón, pero no hay interjurisdiccionalidad”.
De Sanctis anticipó que la idea es integrar la comisión con él mismo, además el ministro de Infraestructura, Julio Ortíz Andino; el secretario del Agua Edgardo Guerci, el director de Hidráulica, Maximiliano Delgado; el secretario de Ambiente, Raúl Tello.
"Sirve para todo esa comisión. Lo que se busca hacer es una comisión interdisciplinaria del estado, por si nos atacan, nos demandan, para tener todas las herramientas preparadas, yo como abogado y los expertos hidrólogos dándonos letras. No es una cosa sencilla las cuencas interjurisdiccionales”, aseguró.
"La Pampa no nos va a demandar”
"Yo considero que La Pampa no nos va a demandar, cada tanto lo dice, pero yo creo y lo tengo chequeado que no, porque está teniendo mucho problema y litigio con la gente del río Atuel, ya demandó al Estado Nacional porque lo que quiere es que convoque al Comité de Cuenca, que es una figura que existe en la ley nacional de manejo de agua, para las cuencas de los ríos interprovinciales, cuando los ríos atraviesan varias provincias”, dijo De Sanctis sobre la situación con la provincia gobernada por el justicialista Carlos Verna.
"Yo engo contacto con el fiscal de Estado de La Pampa y están instando a la convocatoria del Comité de Cuenca del Río Desaguadero que integraríamos nosotros. Digo ‘integraríamos’ por el Desaguadero es un cauce de río seco que no ha escurrido agua en los últimos 30 años, geográficamente es una cuenca y nosotros estamos dispuestos a integrar el Comité pero vamos a defender lo que tengamos que defender. Porque hablan de los diques y saben que nos ha faltado agua para llenarlos, es un tema que no es tan sencillo”.
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Con una pata China, Barrick intenta relanzar Pascua Lama
Barrick quiere relanzar Pascua Lama, y una posibilidad viene de China
Fecha de Publicación: 06/08/2016
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: San Juan
El rabino Sergio Bergman, de los pocos ministros sin pasado empresario y sin intereses en los recursos naturales no renovables del gabinete de Mauricio Macri, tendrá que extremarse y velar que un boom de inversiones mineras no se convierta en un boomerang medioambiental, además de foco de conflictos sociales en las regiones cordilleranas donde se explota. La Barrick anunció que relanzará la mina Pascua Lama, y hay quienes especulan (el caso de la web America Economía) que uno de los grupos chinos más poderosos, Zijin Mining Group, podría interesarse en un joint venture con Barrick. En otros proyectos mineros, capitales japoneses y también chinos están pendientes de lo que suceda con la explotación argentino-chilena, sobre todo porque el repudio social a un escape de agua cianurada en la mina Veladero frenó todo, para poner en marcha el proyecto Constelación, considerado el más grande de la historia en América del Sur.
¿Podría ser posible que Barrick Gold Corp., la mayor empresa extractora de oro del mundo, obtenga un acuerdo con el grupo chino Zijin Mining Group, con el que ya son socios en un joint venture en Papua Nueva Guinea, para el relanzamiento de su paralizado proyecto Pascua Lama, en la frontera de Argentina y Chile?
Unos dicen que es un delirio. Otros lo ven como probable. Y no faltan quienes deslicen que sólo es un anhelo. En cualquier caso habría que evaluar las posibilidades que le dan alas a la especulación.
Recordemos: Pascua Lama se ubica a 4.500 metros de altura en la cordillera de Los Andes, en el borde sur del desierto de Atacama, el más seco del mundo. El 75% del yacimiento de oro y plata se encuentra en territorio chileno y el 25% en territorio argentino.
Las tratativas podrían inscribirse en la ola de consolidación de las inversiones en activos auríferos extranjeros que encararon en 2015, además del grupo Zijin Mining Group Co., otros como Zhaojin Mining industry Co. y Shandong Gold Group Co., que en los últimos 5 años compraron por US$5.000 millones.
En el marco del acuerdo con China refrendado en febrero de 2015 con la visita oficial al gigante asiático de la entonces presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el entonces secretario de Minería, Jorge Mayoral, se había reunido con el CEO de Zijin, Jinghe Chen, en la localidad de Fuzhou, ubicada al sur de Beijing. El cambio de gobierno inminente en Argentina había hecho entrar en un compás de espera la validación de lo acordado, pero en 2016 la presencia del embajador Diego Guelar en Beijing fue aclarando el panorama. Fuentes sanjuaninas aseguran que la cuestión minera es uno de los ejes centrales de la relación futura con China, y sueñan con un acuerdo con Barrick Gold que serviría de “garante de principios y valores éticos”.
Zijin viene de adquirir el 50 % de Barrick (Niugini) Limited (“BNL”), la compañía que posee el 95 % y gestiona la mina de oro de Porgera Joint Venture en Papúa Nueva Guinea.
Además, Barrick y Zijin han firmado un acuerdo de cooperación estratégica a largo plazo que describe la intención de ambas compañías para colaborar en futuros proyectos e inversiones conjuntas, aprovechando las fortalezas de cada empresa, en distintas geografías mundiales.
Un tajo, alternativa a la grieta
El anticipo del relanzamiento de Pascua Lama lo había hecho en febrero el presidente del directorio de minera canadiense, John Thornton, tras anoticiarse del decreto N°349/16, que eliminó el pago de un canon del 5% a la explotación y exportación de minerales que había sido fijado por el presidente interino Eduardo Duhalde en marzo de 2002, como forma de frenar la sangría económica y cosechar dólares en un país en bancarrota.
Pero el titular de Barrick Gold, Kelvin Dushnisky, precisó en el portal americaeconomia que el relanzamiento de Pascua Lama se hará en varias etapas: empezar con una mina a rajo abierto más pequeña, una primera mina subterránea en el lado argentino, y más tarde otra en el lado chileno, y adelantar la construcción y puesta en marcha de la planta de refinación, a fin de generar caja para financiar el resto del proyecto a medida que se vaya desarrollando.
Según esa idea, se abrirá un tajo en San Juan para retomar el proyecto argentino-chileno Pascua Lama, frenado por protestas sociales, fallos judiciales, leyes chilenas y quita de fondos financieros canadienses en 2013.
Se trataría de una suerte de borrón y cuenta nueva, ya que el proyecto inicial de Barrick, en 2006, contemplaba una inversión de US$1.500 millones a lo largo de un periodo de 20 años, con una producción de 750.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata en sus primeros 5 años de explotación.
El primer estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto fue aprobado por el gobierno chileno en 2001, pero posteriormente hubo denuncias de que el estudio no estaba completo y que amenazaba a varios glaciares cercanos y el habitat de comunidades diaguitas que viven en sus alrededores. La situación se tradujo en una fuerte oposición al proyecto en Chile, país donde el proyecto necesitaba la aprobación final del gobierno para ponerse en marcha.
La situación se agravó en 2012 con manifestaciones callejeras contra el proyecto en Chile, Argentina y Canadá.
En 2013, la banca canadiense le quitó US$500 millones de financiamiento a Barrick y un tribunal chileno aceptó una orden precautoria de grupos indígenas contra el proyecto, con lo cual Pascua Lama se postergó en forma indefinida.
El año pasado recibió el repudio social cuando un escape de agua cianurada en la mina Veladero contaminó el río Jáchal y dejó sin agua potable a la ciudad del mismo nombre y a media docena de pueblos vecinos. El caso está en manos de la justicia federal. La minera canadiense cambió las caras: trajo de Chile a Guillermo Caló para ponerlo como máximo representante en Argentina.
El lobby minero se rearma
En realidad, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que agrupa a todas las corporaciones que actúan en el país, saludó la medida transmitiendo la expectativa de que el sector invierta por unos US$ 15.000 millones sólo en los próximos 2 años.
Barrick Gold no es la única en recuperar la iniciativa. Empresas chinas y japonesas asociadas a capitales nacionales han presentado nuevos proyectos, algunos de ellos abiertamente violatorios de legislaciones provinciales que prohíben la minería a cielo abierto. Es el caso del proyecto Constelación, considerado el más grande de la historia en América del Sur, superior a Pascua Lama porque abarca la región chilena de Atacama y las provincias argentinas de San Juan y La Rioja, con los yacimientos de José María –así llamados en honor al fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer– y Filo del Sol. “Este proyecto es pan caliente para los inversores chinos y japoneses, que quieren algo seguro”, señaló Ricardo Martínez, el geólogo descubridor de la mina Veladero y los yacimientos argentinos que integran Constelación.
La canadiense Ngex se asoció a su vez con las japonesas Pan Pacific Cooper y Jogmec para trabajar en los 3 yacimientos binacionales de ese proyecto, que tendrían, según estudios preliminares, una vida útil de 50 años. La inversión inicial sería de US$ 3.000 millones, para explotar cobre del lado chileno y oro y plata en Argentina.
Ante este panorama por delante, CAEM rearma la estrategia de nuevas alianzas para aumentar la presión y quebrar el frente social que desde las asambleas viene batallando contra estas políticas desde 1993.
En los años kirchneristas hubo una cierta estabilidad a favor de las empresas, aunque con matices propios de un gobierno ataviado con banderas políticas de centroizquierda. A fuerza de conquistar ventajas legales y con un lento pero persistente trabajo de acercamiento a funcionarios locales de todas las provincias con potencial minero, las empresas decidieron ahora pasar al ataque frontal.
Las asociaciones opuestas a la megaminería saben que las condiciones regionales no las favorecen. Su apoyo reside básicamente en sectores de la universidad opuestos al “saqueo minero”.
La permanente inversión de las empresas en publicidad y difusión fue dirigida en la última década a las poblaciones cordilleranas y patagónicas, tanto como a los funcionarios provinciales, y estuvo centrada en destacar las bondades del sector como generador de empleo.
San Juan y Santa Cruz son las 2 provincias con mayor cantidad de cuencas mineras activas. Ambas están en manos de gobernadores de la oposición ex kirchnerista y ahora peronista a secas, pero ninguno de ellos se opone a los planes de las mineras, según la página uruguaya brecha.com/
En Chubut, donde la ley prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias como el cianuro, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro, le resta importancia a esa norma porque considera que el Estado carece de la estructura necesaria para monitorear la actividad. Agulleiro ya dividió el territorio en cuatro zonas y definió a la meseta central, casi deshabitada y rica en oro, plata y uranio, como “zona de sacrificio ambiental”.
En las vecinas provincias de Neuquén y Mendoza, 11 proyectos mineros apuntan a reactivarse a partir de la nueva eliminación de los impuestos a esta actividad.
El Big Bang de Constelación
Cuando comienza la historia de la gran exploración metalífera en San Juan, a principios de los '90, llegó el grupo Lundin, canadiense, el primero que invirtió en Argentina en esta etapa, y ganó la licitación de Minera Alumbrera. En el '92 comenzó a trabajar con el nombre de Musto Exploraciones y en el '93 crearon filial de exploración en el país y ahí comenzó a trabajar Martínez en lo que era Napoleon Exploration. Con esta empresa ganaron la licitación de áreas de reserva en San Juan, Veladero y Del Carmen. Al poco tiempo se asociaron con Barrick y siguieron como Argentina Gold Corporation en la exploración inicial de Veladero, para lo que armaron un equipo de casi 20 geólogos.
Con las idas y vueltas de los mercados, en el '99 Homestake compró Argentina Gold y todos siguieron trabajando. En 2002 Barrick compró Homestake y ahí muchos se fueron, incluido Martínez. "Ahí empiezo a trabajar con mi ex jefe, Patricio Jones, para el grupo Lundin y armamos Desarrollo de Prospectos Mineros SA (Deprominsa) con sedes en Buenos Aires, San Juan y Bariloche. Después armamos Argentina Minera SA (Aminsa) bajo la misma estructura y que terminamos comprando Patricio y yo. Con Aminsa seguimos trabajando en Rincones de Araya y la zona sur de San Juan donde tenemos un grupo de propiedades", contó Martínez.
Deprominsa sigue siendo de los Lundin bajo el paraguas de distintas empresas de Canadá que van cambiando su nombre, hoy depende de NGEx cuyo nombre proviene de un libro sobre la biografía de Adolf Lundin, quien siempre decía 'No Guts No Glory', sin tripas no hay gloria, una filosofía de trabajo que predomina en su empresa, ahora a cargo de sus hijos.
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Fecha de Publicación: 06/08/2016
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: San Juan
El rabino Sergio Bergman, de los pocos ministros sin pasado empresario y sin intereses en los recursos naturales no renovables del gabinete de Mauricio Macri, tendrá que extremarse y velar que un boom de inversiones mineras no se convierta en un boomerang medioambiental, además de foco de conflictos sociales en las regiones cordilleranas donde se explota. La Barrick anunció que relanzará la mina Pascua Lama, y hay quienes especulan (el caso de la web America Economía) que uno de los grupos chinos más poderosos, Zijin Mining Group, podría interesarse en un joint venture con Barrick. En otros proyectos mineros, capitales japoneses y también chinos están pendientes de lo que suceda con la explotación argentino-chilena, sobre todo porque el repudio social a un escape de agua cianurada en la mina Veladero frenó todo, para poner en marcha el proyecto Constelación, considerado el más grande de la historia en América del Sur.
¿Podría ser posible que Barrick Gold Corp., la mayor empresa extractora de oro del mundo, obtenga un acuerdo con el grupo chino Zijin Mining Group, con el que ya son socios en un joint venture en Papua Nueva Guinea, para el relanzamiento de su paralizado proyecto Pascua Lama, en la frontera de Argentina y Chile?
Unos dicen que es un delirio. Otros lo ven como probable. Y no faltan quienes deslicen que sólo es un anhelo. En cualquier caso habría que evaluar las posibilidades que le dan alas a la especulación.
Recordemos: Pascua Lama se ubica a 4.500 metros de altura en la cordillera de Los Andes, en el borde sur del desierto de Atacama, el más seco del mundo. El 75% del yacimiento de oro y plata se encuentra en territorio chileno y el 25% en territorio argentino.
Las tratativas podrían inscribirse en la ola de consolidación de las inversiones en activos auríferos extranjeros que encararon en 2015, además del grupo Zijin Mining Group Co., otros como Zhaojin Mining industry Co. y Shandong Gold Group Co., que en los últimos 5 años compraron por US$5.000 millones.
En el marco del acuerdo con China refrendado en febrero de 2015 con la visita oficial al gigante asiático de la entonces presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el entonces secretario de Minería, Jorge Mayoral, se había reunido con el CEO de Zijin, Jinghe Chen, en la localidad de Fuzhou, ubicada al sur de Beijing. El cambio de gobierno inminente en Argentina había hecho entrar en un compás de espera la validación de lo acordado, pero en 2016 la presencia del embajador Diego Guelar en Beijing fue aclarando el panorama. Fuentes sanjuaninas aseguran que la cuestión minera es uno de los ejes centrales de la relación futura con China, y sueñan con un acuerdo con Barrick Gold que serviría de “garante de principios y valores éticos”.
Zijin viene de adquirir el 50 % de Barrick (Niugini) Limited (“BNL”), la compañía que posee el 95 % y gestiona la mina de oro de Porgera Joint Venture en Papúa Nueva Guinea.
Además, Barrick y Zijin han firmado un acuerdo de cooperación estratégica a largo plazo que describe la intención de ambas compañías para colaborar en futuros proyectos e inversiones conjuntas, aprovechando las fortalezas de cada empresa, en distintas geografías mundiales.
Un tajo, alternativa a la grieta
El anticipo del relanzamiento de Pascua Lama lo había hecho en febrero el presidente del directorio de minera canadiense, John Thornton, tras anoticiarse del decreto N°349/16, que eliminó el pago de un canon del 5% a la explotación y exportación de minerales que había sido fijado por el presidente interino Eduardo Duhalde en marzo de 2002, como forma de frenar la sangría económica y cosechar dólares en un país en bancarrota.
Pero el titular de Barrick Gold, Kelvin Dushnisky, precisó en el portal americaeconomia que el relanzamiento de Pascua Lama se hará en varias etapas: empezar con una mina a rajo abierto más pequeña, una primera mina subterránea en el lado argentino, y más tarde otra en el lado chileno, y adelantar la construcción y puesta en marcha de la planta de refinación, a fin de generar caja para financiar el resto del proyecto a medida que se vaya desarrollando.
Según esa idea, se abrirá un tajo en San Juan para retomar el proyecto argentino-chileno Pascua Lama, frenado por protestas sociales, fallos judiciales, leyes chilenas y quita de fondos financieros canadienses en 2013.
Se trataría de una suerte de borrón y cuenta nueva, ya que el proyecto inicial de Barrick, en 2006, contemplaba una inversión de US$1.500 millones a lo largo de un periodo de 20 años, con una producción de 750.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata en sus primeros 5 años de explotación.
El primer estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto fue aprobado por el gobierno chileno en 2001, pero posteriormente hubo denuncias de que el estudio no estaba completo y que amenazaba a varios glaciares cercanos y el habitat de comunidades diaguitas que viven en sus alrededores. La situación se tradujo en una fuerte oposición al proyecto en Chile, país donde el proyecto necesitaba la aprobación final del gobierno para ponerse en marcha.
La situación se agravó en 2012 con manifestaciones callejeras contra el proyecto en Chile, Argentina y Canadá.
En 2013, la banca canadiense le quitó US$500 millones de financiamiento a Barrick y un tribunal chileno aceptó una orden precautoria de grupos indígenas contra el proyecto, con lo cual Pascua Lama se postergó en forma indefinida.
El año pasado recibió el repudio social cuando un escape de agua cianurada en la mina Veladero contaminó el río Jáchal y dejó sin agua potable a la ciudad del mismo nombre y a media docena de pueblos vecinos. El caso está en manos de la justicia federal. La minera canadiense cambió las caras: trajo de Chile a Guillermo Caló para ponerlo como máximo representante en Argentina.
El lobby minero se rearma
En realidad, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que agrupa a todas las corporaciones que actúan en el país, saludó la medida transmitiendo la expectativa de que el sector invierta por unos US$ 15.000 millones sólo en los próximos 2 años.
Barrick Gold no es la única en recuperar la iniciativa. Empresas chinas y japonesas asociadas a capitales nacionales han presentado nuevos proyectos, algunos de ellos abiertamente violatorios de legislaciones provinciales que prohíben la minería a cielo abierto. Es el caso del proyecto Constelación, considerado el más grande de la historia en América del Sur, superior a Pascua Lama porque abarca la región chilena de Atacama y las provincias argentinas de San Juan y La Rioja, con los yacimientos de José María –así llamados en honor al fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer– y Filo del Sol. “Este proyecto es pan caliente para los inversores chinos y japoneses, que quieren algo seguro”, señaló Ricardo Martínez, el geólogo descubridor de la mina Veladero y los yacimientos argentinos que integran Constelación.
La canadiense Ngex se asoció a su vez con las japonesas Pan Pacific Cooper y Jogmec para trabajar en los 3 yacimientos binacionales de ese proyecto, que tendrían, según estudios preliminares, una vida útil de 50 años. La inversión inicial sería de US$ 3.000 millones, para explotar cobre del lado chileno y oro y plata en Argentina.
Ante este panorama por delante, CAEM rearma la estrategia de nuevas alianzas para aumentar la presión y quebrar el frente social que desde las asambleas viene batallando contra estas políticas desde 1993.
En los años kirchneristas hubo una cierta estabilidad a favor de las empresas, aunque con matices propios de un gobierno ataviado con banderas políticas de centroizquierda. A fuerza de conquistar ventajas legales y con un lento pero persistente trabajo de acercamiento a funcionarios locales de todas las provincias con potencial minero, las empresas decidieron ahora pasar al ataque frontal.
Las asociaciones opuestas a la megaminería saben que las condiciones regionales no las favorecen. Su apoyo reside básicamente en sectores de la universidad opuestos al “saqueo minero”.
La permanente inversión de las empresas en publicidad y difusión fue dirigida en la última década a las poblaciones cordilleranas y patagónicas, tanto como a los funcionarios provinciales, y estuvo centrada en destacar las bondades del sector como generador de empleo.
San Juan y Santa Cruz son las 2 provincias con mayor cantidad de cuencas mineras activas. Ambas están en manos de gobernadores de la oposición ex kirchnerista y ahora peronista a secas, pero ninguno de ellos se opone a los planes de las mineras, según la página uruguaya brecha.com/
En Chubut, donde la ley prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de sustancias como el cianuro, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ignacio Agulleiro, le resta importancia a esa norma porque considera que el Estado carece de la estructura necesaria para monitorear la actividad. Agulleiro ya dividió el territorio en cuatro zonas y definió a la meseta central, casi deshabitada y rica en oro, plata y uranio, como “zona de sacrificio ambiental”.
En las vecinas provincias de Neuquén y Mendoza, 11 proyectos mineros apuntan a reactivarse a partir de la nueva eliminación de los impuestos a esta actividad.
El Big Bang de Constelación
Cuando comienza la historia de la gran exploración metalífera en San Juan, a principios de los '90, llegó el grupo Lundin, canadiense, el primero que invirtió en Argentina en esta etapa, y ganó la licitación de Minera Alumbrera. En el '92 comenzó a trabajar con el nombre de Musto Exploraciones y en el '93 crearon filial de exploración en el país y ahí comenzó a trabajar Martínez en lo que era Napoleon Exploration. Con esta empresa ganaron la licitación de áreas de reserva en San Juan, Veladero y Del Carmen. Al poco tiempo se asociaron con Barrick y siguieron como Argentina Gold Corporation en la exploración inicial de Veladero, para lo que armaron un equipo de casi 20 geólogos.
Con las idas y vueltas de los mercados, en el '99 Homestake compró Argentina Gold y todos siguieron trabajando. En 2002 Barrick compró Homestake y ahí muchos se fueron, incluido Martínez. "Ahí empiezo a trabajar con mi ex jefe, Patricio Jones, para el grupo Lundin y armamos Desarrollo de Prospectos Mineros SA (Deprominsa) con sedes en Buenos Aires, San Juan y Bariloche. Después armamos Argentina Minera SA (Aminsa) bajo la misma estructura y que terminamos comprando Patricio y yo. Con Aminsa seguimos trabajando en Rincones de Araya y la zona sur de San Juan donde tenemos un grupo de propiedades", contó Martínez.
Deprominsa sigue siendo de los Lundin bajo el paraguas de distintas empresas de Canadá que van cambiando su nombre, hoy depende de NGEx cuyo nombre proviene de un libro sobre la biografía de Adolf Lundin, quien siempre decía 'No Guts No Glory', sin tripas no hay gloria, una filosofía de trabajo que predomina en su empresa, ahora a cargo de sus hijos.
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Vertedero ilegal de Antofagasta Minerals: Chile sabía
El gobierno chileno ayudó a la empresa que hizo un megabasurero minero del lado argentino
Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Fecha de Publicación: 01/08/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan
Los mails de la Ministra de Minería prueban que participó de una maniobra para hacer pasar un estudio privado como un informe oficial. En Argentina preparan una presentación judicial
Una serie de mails prueban que el Ministerio de Minería trasandino participó de una maniobra para colaborar con Antofagasta Minerals SA, la minera chilena que creó un botadero de material potencialmente contaminante en territorio sanjuanino. Mientras tanto, en Argentina el senador Fernando "Pino" Solanas prepara una acción judicial para frenar un acuerdo que permitirá que el "megabasurero" no sea removido, pese a que ya hizo desaparecer algunas lagunas, está secando las vegas y modificó el escurrimiento de las aguas.
Como contó Infobae el mes pasado, en 2004 el Gobierno chileno autorizó a Antofagasta Minerals a instalar la escombrera Cerro Amarillo para depositar el material desechado del yacimiento Los Pelambres. Entre 2007 y 2012, la empresa arrojó unas 55 toneladas de residuos mineros, hasta que salió a la luz que más de 52 hectáreas del botadero están ubicadas en Calingasta, San Juan, en la mina El Pachón, que explota la firma suiza Glencore.
Luego de una serie de idas y vueltas, el 28 de abril pasado el gobierno de San Juan firmó un acuerdo con Los Pelambras en el que estableció que la escombrera no será removida, sino aislada, con el control del desprestigiado Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el financiamiento de Antofagasta Minerals, que sólo será responsable por la calidad de la obra por apenas una década.
Según confirmó Infobae, el senador Solanas impugnará ese acuerdo en los tribunales porque debería pasar por el Congreso, viola la Constitución (que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos"), no es la mejor solución y la minera chilena ni siquiera pagará una indemnización. Además, el legislador ya presentó un proyecto para que la cámara alta pida informes a la Cancillería y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que el martes será discutido en comisión.
El conflicto incomoda a los Gobiernos a ambos lados de la cordillera. Infobae intentó pedir información en la Cancillería argentina, pero no hubo respuesta. En Chile, en tanto, el tema ya ingresó en la categoría de "escándalo", no sólo porque derivó en la renuncia de un alto funcionario, sino porque ahora una investigación del periodista Matías Rojas para El Ciudadano reveló que el Ministerio de Minería que conduce una ex empleada de Antofagasta Minerals habría participado de un plan para ayudar y exculpar a la minera en los dos frentes que tiene abiertos: las denuncias por instalarse en Argentina y las acusaciones por contaminación. La maniobra le costó el cargo al jefe de Gabinete de la cartera minera, Adolfo Galindo, cuya declaración en el sumario administrativo que le abrieron fue clave para reconstruir lo que pasó.
Primero que nada hay que entender el poder de Antofagasta Minerals en Chile. La mayor parte de sus acciones pertenecen al Grupo Luksic, el consorcio empresario más rico del país, fundado en los años '50 por Andrónico Luksic Abaroa, dueño -entre otras cosas-, del Banco de Chile, que el año pasado fue noticia por un millonario crédito entregado a Natalia Compagnon, la nuera de la presidente Michelle Bachelet.
Antes de asumir, la actual ministra de Minería, Aurora Williams, fue gerente de administración y finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. El 23 de marzo del año pasado, la funcionaria le envió el siguiente mail al subsecretario de Minería, Ignacio Moreno. "Te pido que nos reunamos mañana lunes 23 de marzo a las 9.30 hrs a fin de ver la situación de Pelambres-Pachón. Me interesa analizar desde el principio".
Es posible que en ese encuentro se haya gestado una reunión entre las autoridades y representantes de Antofagasta Minerals que finalmente se materializó el 24 de marzo y que cometió el primero de una larga cadena de "pecados": no se anotó en el registro público en el que los funcionarios chilenos deben identificar las reuniones con lobbistas.
En ese encuentro, por el lado de la minera participaron el abogado Andrés Jana -amigo personal del ex presidente Ricardo Lagos- y la ex canciller Soledad Alvear. Al Gobierno lo representaron la ministra Williams, el subsecretario Moreno, el jefe de gabinete Jana, dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros dos del Ministerio del Interior, y el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel. Son muchos nombres, pero todos son clave en el entramado desnudado por la prensa chilena.
Según declaró el jefe de gabinete Jana, la reunión fue gestada por la ex canciller Soledad Alvear. Una vez iniciado el encuentro, el subsecretario Moreno hizo una presentación en Power Point sobre los resultados de unos análisis hechos en la zona que descartan la contaminación del lado argentino y que, dijo el funcionario, habían sido elaborados por el Grupo de Trabajo Binacional Temporal (GTBT) creado ad hoc para solucionar el conflicto binacional. Los abogados de Antofagasta Minerals le pidieron esos estudios a la autoridades, pero en el fondo había una trampa: no se trataba de un peritaje oficial, como se intentó hacer creer, sino de un trabajo hecho por la consultora SGS y financiado por la propia minera.
No fue todo. Hubo otro pedido: que el Ministerio de Minería emita un documento que certifique que Antofagasta Minerals actuó de buena fe, algo para lo que el Gobierno no tiene atribuciones, ya que corresponde a la Justicia. En otras palabras, quería algún papel en el que conste que la empresa no sabía que estaba instalando su escombrera en territorio argentino.
Esas solicitudes se formalizaron dos semanas después, el 8 de abril, cuando el abogado Jana envió dos cartas a la ministra Williams pidiéndole los resultados de los análisis y el certificado de buena fe.
Dos días antes, 5 de abril, la ministra Williams le había enviado un mail al subsecretario Moreno y al responsable de la parte legal de la cartera, Felipe Curia. "Ignacio M., se envió el resultado de laboratorio de las aguas que se iban a examinar al Subse Argentino, Gobernador de San Juan e Intendente de la IV????? El viernes debió haber ingresado la solicitud de estos resultados vía transparencia. Felipe Curia: puedes ver si ingresó esta solicitud???", escribió.
El correo prueba, además de la preocupación de la ministra por satisfacer a la minera, que estaba al tanto de la fecha en la que el abogado Jana iba a presentar los pedidos, algo que la funcionaria se había encargado de desmentir. La maniobra parece haber sido orquestada en la reunión del 24 de marzo.
Lo que siguió después había sido contado por la revista The Clinic Online. El 15 de abril, el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez Seguel, que había participado de la reunión del 24 de marzo, le pidió al asesor de la vicepresidencia de Medio Ambiente de Antofagasta Minerals, Gustavo Pössel, el informe en cuestión. El mismo día esa copia fue enviada por Álvarez al subsecretario Moreno, quien finalmente se la dio al jefe de gabinete Galindo para que se la entregue al abogado Jana, lo que se materializó el 22 de abril. Pero el representante de la minera le pidió que le pusiera un timbrado oficial, algo a lo que accedió pese a que eran peritajes de la minera. Esa movida junto al certificado de buena fe que él también firmó le costaron el cargo a Galindo, aunque al poco tiempo volvió al Ministerio como asesor.
La "jugada" fue negada por las autoridades chilenas en una serie de pedidos de informes que hizo la minera Glencore, en cuya mina, en suelo sanjuanino, fue instalada la escombrera. El 17 de junio, la Subsecretaría de Minería respondió que "no existe en el Ministerio documento en el cual se requiera la realización de un informe a la empresa SGS" y que "no existe constancia de ingreso en la subsecretaría de estado del informe señalado".
A su vez, la consulta fue derivada al Servicio de Geología y Minería, que contestó el 18 de junio, en un oficio firmado por el director Álvarez: "La empresa SGS Chile Ltda. no ha entregado a este servicio o a su personal, documento (carta, oficio u otro), con anterioridad al 30 de abril de 2015, mediante el cual se haya formalizado la entrega del informe que individualiza en su solicitud". No mintió. En rigor de verdad, el análisis se lo había dado la propia Antofagasta Minerals y no la consultora que lo elaboró.
El peritaje de SGS fue finalmente presentado en los tribunales de San Juan, donde Glencore había encarado una demanda civil contra Antofagasta Minerals y una denuncia penal contra sus directores. A la minera chilena le servía para justificar que no era necesario remover el botadero y liberar de culpa y cargo a sus ejecutivos. Y se contraponía a otro estudio presentado por Glencore y elaborado por la consultora URS AECOM, que concluyó que el impacto ambiental de la escombrera es brutal: desaparecieron lagunas que fueron cubiertas de rocas, otras lagunas están por desaparecer, cayó la calidad y cantidad de agua en la zona, y, si no se interviene de manera urgente, se va a terminar contaminando el río Carnicería, afluente del río San Juan.
De acuerdo al trabajo de URS AECOM, la escombrera incluye también 470 neumáticos gigantes, muy peligrosos porque con el tiempo liberarán elementos tóxicos perjudiciales para el medio ambiente. Debajo de ellos Antofagasta Minerals debería haber colocado un material aislante que nunca puso. Esas ruedas son lo único que la empresa chilena se comprometió a remover en el convenio que firmó con el gobierno de San Juan. El resto, si no prospera la acción que impulsará el senador "Pino" Solanas, quedará en suelo argentino, por los siglos de los siglos, aunque en 10 años la minera del Grupo Luksic dejará de ser responsable por su destino.
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Pascua-Lama: hay intención de reactivar la mina
La máxima autoridad de Barrick habló en un medio internacional de reactivar la mina Pascua-Lama
Fecha de Publicación: 17/07/2016
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El megaproyecto binancional Pascua-Lama pareciera tener en el futuro una seria chance de reactivarse, a pesar que desde hace poco más de 3 años la justicia chilena lo tiene frenado por serias irregularidades. El portal américaeconomía.com publicó una nota en la que asegura que el presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky, habló de desarrollar el proyecto en 'varias etapas'.
Algunas de las opciones que se analizan para Pascua Lama, detalló el ejecutivo, son una mina a rajo abierto más pequeña, una primera mina subterránea en el lado argentino y más tarde otra en el lado chileno, y adelantar la construcción y puesta en marcha de la planta de refinación, a fin de generar caja para financiar el resto del proyecto a medida que se vaya desarrollando.
El proyecto inicial de Barrick, en 2006, contemplaba una inversión de US$1.500 millones a lo largo de un periodo de 20 años, con una producción de 750.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata en sus primeros cinco años de explotación. Pascua Lama se ubica a 4.500 metros de altura en la cordillera de Los Andes y el 75% del yacimiento de oro y plata se encuentra en territorio chileno y el 25% en territorio argentino.
El primer estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto fue aprobado por el gobierno chileno en 2001, pero posteriormente hubo denuncias de que el estudio no estaba completo y que amenazaba a varios glaciares cercanos y el habitat de comunidades diaguitas que viven en sus alrededores. La situación se tradujo en una fuerte oposición al proyecto en Chile, país donde el proyecto necesitaba la aprobación final del gobierno para ponerse en marcha.
La situación se agravó en 2012 con manifestacioneas callejeras contra el proyecto en Chile, Argentina y Canadá. En 2013, la banca canadiense le quitó US$500 millones de financiamiento a Barrick y un tribunal chileno aceptó una orden precautoria de grupos indígenas contra el proyecto, con lo cual Pascua Lama se postergó en forma indefinida.
En febrero de 2016, el preidente del directorio de Barrick, Johm Thornton, informó que la minera canadiense estaba en conversaciones con la china Zijin Mining Group, socia de la canadiense en un joint venture para un proyecto minero en Papua Nueva Guinea, podría lograr que Pascua Lama vuelva a ser viable al diluirse su riesgo financiero y político.
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Fecha de Publicación: 17/07/2016
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El megaproyecto binancional Pascua-Lama pareciera tener en el futuro una seria chance de reactivarse, a pesar que desde hace poco más de 3 años la justicia chilena lo tiene frenado por serias irregularidades. El portal américaeconomía.com publicó una nota en la que asegura que el presidente de Barrick, Kelvin Dushnisky, habló de desarrollar el proyecto en 'varias etapas'.
Algunas de las opciones que se analizan para Pascua Lama, detalló el ejecutivo, son una mina a rajo abierto más pequeña, una primera mina subterránea en el lado argentino y más tarde otra en el lado chileno, y adelantar la construcción y puesta en marcha de la planta de refinación, a fin de generar caja para financiar el resto del proyecto a medida que se vaya desarrollando.
El proyecto inicial de Barrick, en 2006, contemplaba una inversión de US$1.500 millones a lo largo de un periodo de 20 años, con una producción de 750.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata en sus primeros cinco años de explotación. Pascua Lama se ubica a 4.500 metros de altura en la cordillera de Los Andes y el 75% del yacimiento de oro y plata se encuentra en territorio chileno y el 25% en territorio argentino.
El primer estudio de evaluación de impacto ambiental del proyecto fue aprobado por el gobierno chileno en 2001, pero posteriormente hubo denuncias de que el estudio no estaba completo y que amenazaba a varios glaciares cercanos y el habitat de comunidades diaguitas que viven en sus alrededores. La situación se tradujo en una fuerte oposición al proyecto en Chile, país donde el proyecto necesitaba la aprobación final del gobierno para ponerse en marcha.
La situación se agravó en 2012 con manifestacioneas callejeras contra el proyecto en Chile, Argentina y Canadá. En 2013, la banca canadiense le quitó US$500 millones de financiamiento a Barrick y un tribunal chileno aceptó una orden precautoria de grupos indígenas contra el proyecto, con lo cual Pascua Lama se postergó en forma indefinida.
En febrero de 2016, el preidente del directorio de Barrick, Johm Thornton, informó que la minera canadiense estaba en conversaciones con la china Zijin Mining Group, socia de la canadiense en un joint venture para un proyecto minero en Papua Nueva Guinea, podría lograr que Pascua Lama vuelva a ser viable al diluirse su riesgo financiero y político.
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Manipulan a favor de la Barrick el inventario de glaciares
Denuncian una trampa para manipular el inventario de glaciares y beneficiar a Barrick Gold
Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que resiste a la megaminería en San Juan, denunció que el organismo encargado de confeccionar el inventario de glaciares modificó la definición legal de "glaciar", lo que benefició a la empresa Barrick Gold.
La Ley 26.639, que prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciales, fue aprobada hace casi 6 años, pero todavía no se aplica, porque no está confeccionado el inventario de glaciares, encargado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Según esa ley, un glaciar es "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente (…), cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". Sin embargo, en un documento elaborado en 2010, el Ianigla redefinió a los glaciares y, entre otras diferencias, estableció que deben ser mayores de una hectárea.
Algo similar ocurrió con los ambientes periglaciales, en los que también está prohibida la actividad minera. En este caso, el Ianigla decidió relevar solamente los "cuerpos periglaciales" y no toda la zona.
Ambas decisiones del Ianigla traen consecuencias concretas. "Con estas definiciones dejan afuera, por ejemplo, al glaciar Toro 1, donde se haría el rajo del proyecto Pascua Lama. También todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de cianuro y que ya está dañado. Y hasta excluyen el grosero daño al glaciar Almirante Brown, también conocido como Conconta, producido por el camino minero que va a Pascua Lama y a Veladero, que en su parte oriental fue sencillamente seccionada por el camino minero, pero que los especialistas de Ianigla consideran un simple 'manchón de nieve'", explicó a Infobae el abogado sanjuanino Diego Seguí, que asesora a los ambientalistas.
Al ser consultado al respecto, el coordinador del inventario, Gustavo Costa, explicó a este medio: "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales. Es un estándar internacional. Igualmente, una vez que se termine el trabajo, se va a ir viendo cómo se mejora".
En la Asamblea Jáchal No Se Toca creen que un estándar internacional no puede modificar una ley argentina. "La Constitución establece un sistema republicano en el que las leyes las hace el Congreso y se prohíbe la delegación legislativa. Nosotros no discutimos la cuestión técnica, sino que decimos que ellos no tienen potestad para modificar la ley. Es algo que no merece ningún análisis jurídico: no pueden dejar de hacer lo que la ley les dice que hagan, que es medir todos los glaciares, sin distinción de tamaño", rebatió Seguí.
Con respecto al ambiente periglacial, la cuestión es más compleja. Según el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold, buena parte de la mina Veladero está en una zona prohibida, incluido –como explicó Seguí– el valle de lixiviación, donde se usa agua con cianuro y otros elementos tóxicos para separar la roca del mineral con valor comercial. Lo mismo ocurre con el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los glaciares Esperanza y Toro 1, que paradójicamente quedarán afuera del mapeo.
Hay un dato más a destacar: en 2005, el Ianigla presentó un informe en el que estableció que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y periglacial, y que en la zona de los proyectos están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.
Sin embargo, los ambientes periglaciales de Veladero y Pascua Lama no figurarán en el inventario, porque el Ianigla hizo un interpretación aislada de un solo artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho.
Según explica el propio instituto entre las "preguntas frecuentes" incluidas en su página web, el artículo 3 de la ley de glaciares, que es la que detalla el contenido del inventario, llama a individualizar "todos los glaciares y geoformas periglaciales". Es decir, no habla de "ambiente periglacial". Sin embargo, una interpretación extensiva a todo el resto de la ley habría podido determinar que el espíritu del inventario es determinar las zonas protegidas por ley, que incluyen, justamente, a todo el ambiente periglacial. Además, en materia ambiental, las normas siempre deben interpretarse a favor del cuidado del medio ambiente.
Entre los asambleístas creen que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaria de Ambiente –hoy, "ascendida" a ministerio– pudo haber dado su aval a esta maniobra. Y que incluso podría haber conflictos de interés, ya que –alegan–, la geóloga Lydia Espizua, que es parte del Ianigla, trabajó para Knight Piésold, la consultora que realizó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascua Lama para Barrick Gold.
Frente a este panorama, en el escrito que los ambientalistas presentaron hoy y al que Infobae tuvo acceso, reclamaron "la pronta y 'legal' realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en la cuenca del Río Jáchal, sin excluir glaciares por su superficie ni al ambiente periglacial".
Aquí hay que hacer un paréntesis. La ley puso un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas prioritarias, que son aquellas que ya están siendo explotadas. Pero como ninguna provincia informó cuáles eran esas zonas, el Ianigla dio por muerta esa disposición y no la cumplió, pese a que la normativa no le exigía hacer consultas.
Aun así, el propio Ianigla decidió en 2013 –cuatro años después– que todo San Juan era una zona prioritaria, por lo que comenzó a elaborar el mapeo de glaciares en la provincia. Según el instituto, la mayoría del inventario está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente, pero aún no se divulgó, debido al engorroso protocolo de publicación.
Por otra parte, la ley también fijó un plazo de 180 días para hacer una auditoría ambiental para evaluar los impactos ya ocasionados en los glaciares. En el escrito los ambientalistas también pidieron que les permitan acceder a los informes de Veladero y Pascua Lama, que ni siquiera se sabe si se empezaron a hacer.
Si el tema se llega a judicializar y se comprueba que los responsables del Ianigla y del inventario se apartaron de la ley, el abogado Diego Seguí cree que no sólo podrían perder sus empleos, sino que podrían ser perseguidos penalmente. Es más: en la Asamblea Jáchal No Se Toca están pensando en hacer una denuncia contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, si llega a publicar un inventario que no cumpla con los requisitos legales.
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Fecha de Publicación: 14/07/2016
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: San Juan - Nacional
Un grupo de integrantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca, que resiste a la megaminería en San Juan, denunció que el organismo encargado de confeccionar el inventario de glaciares modificó la definición legal de "glaciar", lo que benefició a la empresa Barrick Gold.
La Ley 26.639, que prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciales, fue aprobada hace casi 6 años, pero todavía no se aplica, porque no está confeccionado el inventario de glaciares, encargado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla).
Según esa ley, un glaciar es "toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente (…), cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación". Sin embargo, en un documento elaborado en 2010, el Ianigla redefinió a los glaciares y, entre otras diferencias, estableció que deben ser mayores de una hectárea.
Algo similar ocurrió con los ambientes periglaciales, en los que también está prohibida la actividad minera. En este caso, el Ianigla decidió relevar solamente los "cuerpos periglaciales" y no toda la zona.
Ambas decisiones del Ianigla traen consecuencias concretas. "Con estas definiciones dejan afuera, por ejemplo, al glaciar Toro 1, donde se haría el rajo del proyecto Pascua Lama. También todo el ambiente periglacial sobre el que está ubicado el valle de lixiviación de Veladero, sobre el río Potrerillos, donde se produjo el último derrame de cianuro y que ya está dañado. Y hasta excluyen el grosero daño al glaciar Almirante Brown, también conocido como Conconta, producido por el camino minero que va a Pascua Lama y a Veladero, que en su parte oriental fue sencillamente seccionada por el camino minero, pero que los especialistas de Ianigla consideran un simple 'manchón de nieve'", explicó a Infobae el abogado sanjuanino Diego Seguí, que asesora a los ambientalistas.
Al ser consultado al respecto, el coordinador del inventario, Gustavo Costa, explicó a este medio: "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales. Es un estándar internacional. Igualmente, una vez que se termine el trabajo, se va a ir viendo cómo se mejora".
En la Asamblea Jáchal No Se Toca creen que un estándar internacional no puede modificar una ley argentina. "La Constitución establece un sistema republicano en el que las leyes las hace el Congreso y se prohíbe la delegación legislativa. Nosotros no discutimos la cuestión técnica, sino que decimos que ellos no tienen potestad para modificar la ley. Es algo que no merece ningún análisis jurídico: no pueden dejar de hacer lo que la ley les dice que hagan, que es medir todos los glaciares, sin distinción de tamaño", rebatió Seguí.
Con respecto al ambiente periglacial, la cuestión es más compleja. Según el propio estudio de impacto ambiental de Barrick Gold, buena parte de la mina Veladero está en una zona prohibida, incluido –como explicó Seguí– el valle de lixiviación, donde se usa agua con cianuro y otros elementos tóxicos para separar la roca del mineral con valor comercial. Lo mismo ocurre con el proyecto binacional Pascua Lama, frenado por la Justicia chilena por contaminar los glaciares Esperanza y Toro 1, que paradójicamente quedarán afuera del mapeo.
Hay un dato más a destacar: en 2005, el Ianigla presentó un informe en el que estableció que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y periglacial, y que en la zona de los proyectos están los glaciares Los Amarillos, Guanaco, Canito, Gla C34, Potrerillos y Gla P08.
Sin embargo, los ambientes periglaciales de Veladero y Pascua Lama no figurarán en el inventario, porque el Ianigla hizo un interpretación aislada de un solo artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho.
Según explica el propio instituto entre las "preguntas frecuentes" incluidas en su página web, el artículo 3 de la ley de glaciares, que es la que detalla el contenido del inventario, llama a individualizar "todos los glaciares y geoformas periglaciales". Es decir, no habla de "ambiente periglacial". Sin embargo, una interpretación extensiva a todo el resto de la ley habría podido determinar que el espíritu del inventario es determinar las zonas protegidas por ley, que incluyen, justamente, a todo el ambiente periglacial. Además, en materia ambiental, las normas siempre deben interpretarse a favor del cuidado del medio ambiente.
Entre los asambleístas creen que la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaria de Ambiente –hoy, "ascendida" a ministerio– pudo haber dado su aval a esta maniobra. Y que incluso podría haber conflictos de interés, ya que –alegan–, la geóloga Lydia Espizua, que es parte del Ianigla, trabajó para Knight Piésold, la consultora que realizó los estudios de impacto ambiental de Veladero y Pascua Lama para Barrick Gold.
Frente a este panorama, en el escrito que los ambientalistas presentaron hoy y al que Infobae tuvo acceso, reclamaron "la pronta y 'legal' realización del Inventario de Glaciares y Ambiente Periglacial en la cuenca del Río Jáchal, sin excluir glaciares por su superficie ni al ambiente periglacial".
Aquí hay que hacer un paréntesis. La ley puso un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas prioritarias, que son aquellas que ya están siendo explotadas. Pero como ninguna provincia informó cuáles eran esas zonas, el Ianigla dio por muerta esa disposición y no la cumplió, pese a que la normativa no le exigía hacer consultas.
Aun así, el propio Ianigla decidió en 2013 –cuatro años después– que todo San Juan era una zona prioritaria, por lo que comenzó a elaborar el mapeo de glaciares en la provincia. Según el instituto, la mayoría del inventario está terminado y a disposición del Ministerio de Ambiente, pero aún no se divulgó, debido al engorroso protocolo de publicación.
Por otra parte, la ley también fijó un plazo de 180 días para hacer una auditoría ambiental para evaluar los impactos ya ocasionados en los glaciares. En el escrito los ambientalistas también pidieron que les permitan acceder a los informes de Veladero y Pascua Lama, que ni siquiera se sabe si se empezaron a hacer.
Si el tema se llega a judicializar y se comprueba que los responsables del Ianigla y del inventario se apartaron de la ley, el abogado Diego Seguí cree que no sólo podrían perder sus empleos, sino que podrían ser perseguidos penalmente. Es más: en la Asamblea Jáchal No Se Toca están pensando en hacer una denuncia contra el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, si llega a publicar un inventario que no cumpla con los requisitos legales.
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