Sáenz anunció que Salta, Jujuy y Catamarca crearán la Región Minera del Litio

Fecha de Publicación: 01/10/2021
Fuente: Gobierno de Salta
Provincia/Región: Salta - Jujuy - Catamarca


El Gobernador de Salta fue orador en el Seminario Internacional de Litio en Sudamérica 2021. Adelantó que con sus pares de Jujuy y Catamarca constituirán el 5 de octubre, el Comité Regional del Litio, para coordinar los requerimientos de las provincias entre sí y ante Nación en investigación, extracción, producción e industrialización.
El gobernador Gustavo Sáenz disertó por videoconferencia, en la apertura del Seminario Internacional del Litio en Sudamérica 2021, que organiza el medio especializado Panorama Minero.
El mandatario salteño compartió el panel con los gobernadores de Catamarca Raúl Jalil, de Jujuy Gerardo Morales; con el secretario de Minería de Nación, Alberto Hensel; el presidente del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), Martín Cerdá y Silvia Rodríguez, Presidente Women in Mining Argentina.
Acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo sustentable, Martín de los Ríos, durante su participación,   Sáenz anunció que en la próxima reunión de la Mesa de Litio que se desarrollará en Catamarca el 5 de octubre, los gobernadores firmarán el Tratado Interprovincial de creación de la región Minera del Litio. En este sentido, Sáenz puntualizó que se constituirá el Comité Regional del Litio, cuyo objetivo es coordinar los requerimientos provinciales entre sí y ante la Nación, en los aspectos de interés regional referidos a la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del Litio.
“De esta manera avanzamos para que las tres provincias brinden las mismas oportunidades para los que quieran invertir, con reglas claras, seguridad jurídica y previsibilidad:, indicó.
Al afirmar que la minería reviste una trascendencia vital para el desarrollo de la provincia, el Gobernador destacó que “el litio es punto central en la transición energética y que tanto Salta como las provincias vecinas del Noa tienen un rol protagónico”.
Por ello puso de relieve la necesidad de una gobernanza responsable de los recursos minerales centrada en el cuidado social y ambiental. Al respecto puntualizó: “Trabajamos fuertemente en promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza y garantizar un mejor vivir para nuestros pueblos”.  Y en la construcción de este desarrollo sustentable necesitamos el compromiso y la participación de todos los actores: gobiernos, empresas, instituciones y universidades.
El desafío es “construir políticas públicas aplicables al sector minero que sean de orden participativo, orientadas al interés público que dé fuerza e impulsen el desarrollo de economías locales, creando nuevas fuentes de empleo genuino y que todos estos esfuerzos conduzcan a lograr mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes en especial de aquellos que residen cercanos a los proyectos mineros”.
Por último Sáenz aseveró que “los recursos mineros pertenecen a las provincias”, destacó Sáenz y en este sentido reconoció, al igual que los otros dos gobernadores, la afirmación en este sentido del Secretario de Minería de Nación.

Seminario Internacional de Litio
El evento, que culminará mañana, es organizado por el medio especializado Panorama Minero y cuenta con presentaciones de actualidad sobre los principales proyectos de litio de Argentina y del denominado Triángulo del Litio, como así también de representantes de compañías mineras, proveedores, organismos internacionales y referentes reconocidos en todo el mundo.
El Seminario Internacional de Litio en Sudamérica fue creado en 2011 y desde entonces se ha posicionado como el evento de referencia para la industria con una realización anual itinerante en las provincias del noroeste argentino, Jujuy, Salta y Catamarca, y un promedio de asistencia de 600 personas por edición.
Entre las conferencias se cuentan los principales actores referentes del mundo del litio como los Gobiernos de Catamarca, Jujuy y Salta, la secretaría de Minería de la Nación, las empresas de litio Livent Corporation, Orocobre, Lithium Americas, Neo Lithium Corp, Proyecto Pastos Grandes, Eramet, Lake Resources, Galan Lithium, entre otras. También el referente de este sector, Joe Lowry, representantes de Chile, las consultoras especializadas Benchmark Minerals Intelligence, CRU, entre otros.
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La salud de muchos salteños en juego por el derrame de petróleo en el Bermejo

Fecha de Publicación: 22/09/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Senadores salteños pidieron que se investigue la denuncia de contaminación en la frontera que separa Salta con Bolivia.
En su última sesión ordinaria, la Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto de declaración sobre la supuesta contaminación en el Río Bermejo. La medida surgió después de que denunciaran derrame de petróleo en la frontera que separa Salta con Bolivia.
La iniciativa fue impulsa por Juan Cruz Curá. En el texto sancionado por el recinto se exige investigar "los supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo". Se insta a la colaboración de los legisladores nacionales, indicó Salta 4400.
El proyecto pide a diputados y senadores nacionales que "arbitren las medidas y realicen las gestiones necesarias y suficientes ante quienes correspondan para que se investiguen y se requieran informes por los supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo en el Río Bermejo a la altura de la ciudad de Bermejo (frente a Aguas Blancas), limítrofe entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia", completa la normativa.
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Empresario salteño quiere desmontar en una zona de uso campesino en Jujuy

Fecha de Publicación: 20/09/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy


La Universidad Nacional de Jujuy, Parques Nacionales y Agricultura Familiar manifestarán sus argumentos en contra del avance de la deforestación en un área declarada como zona campesina por el municipio de Palma Sola.
“Desahucio forzoso” o “desalojo silencioso”. Estas expresiones, volcadas en una nota que Hernán Rachid, subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo, y María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) de la Nación, dirigieron a la ministra de Ambiente de Jujuy, Maria Inés Zigarán, resumen las posibles consecuencias de un desmonte que pretende realizar el empresario Néstor Cervera en la finca El Mistol, en el departamento jujeño de Santa Bárbara, que linda con la provincia de Salta.
Por el pedido de autorización del desmonte presentado a la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de Jujuy, el gobierno convocó a una audiencia pública que tendrá lugar hoy a las 10.30 en el Salón de Uso Múltiples ubicado al lado de la Comisión Municipal de Vinalito. Sin embargo, la mayor parte de la población campesina afectada es de la jurisdicción de Palma Sola, municipio que, mediante la ordenanza Nº 153/2016, declaró su zona rural como “Área Campesina”. Ambos municipios se encuentran dentro del departamento Santa Bárbara.
“La finca tiene dos accesos. Uno es por Vinalito y otro por Palma Sola”, explicó Castillo a Salta/12. La elección del sitio para la audiencia parece haber sido influenciada por un precedente de 2014. Aquel año, Cervera presentó un pedido para desmontar 12 mil hectáreas de la misma Finca El Mistol. La audiencia se hizo en Palma Sola y la resistencia del campesinado fue más fuerte. El desmonte le fue denegado.
En el expediente presentado por Cervera ante la Secretaría de Biodiversidad de Jujuy se indica que El Mistol (que se desmembró de una finca más grande de casi 50 mil hectáreas), cuenta con un poco más de 18.800 hectáreas. Pero “la cédula parcelaria habla de 13 mil hectáreas”, sostuvo la funcionaria nacional al detectar la primera incongruencia del expediente presentado.
El actual proyecto es para desmontar unas 2.400 hectáreas. Esto llevaría el desmonte total dentro de la finca El Mistol a más de 5.000 hectáreas efectivamente deforestadas, según surge del expediente.
Lo que no se pudo establecer es si los desmontes anteriores (de unas 3.100 hectáreas) fueron autorizados, y si los hizo Cervera desde 2011 en adelante (cuando compró la finca según la cédula parcelaria), o el anterior titular registral de la finca. No existe un monitoreo integral de todos los desmontes que se realizaron en la zona y, por lo tanto, no se pueden prever las implicancias que ello podría generar para las poblaciones de Santa Bárbara, el área de influencia del Parque Nacional Calilegua (que trabaja con proyectos productivos para el campesinado), en incluso para las zonas limítrofes de Salta, en donde también los desmontes ganaron terreno.

Un campesino que ganó el juicio
“Esos desmontes se hicieron después de 2011”, dijo Gloria Mamaní, campesina de la zona y actual coordinadora de la SAFCI en la zona. Contó que en 2014 cuando se quiso avanzar con el trámite por el desmonte de las 12 mil hectáreas, “nos enteramos un día antes de la audiencia y no nos pudimos anotar. Pero tampoco nos dejaron que participemos”. La alternativa del campesinado fue un corte de ruta para evitar el paso de quienes pretendían llegar a la audiencia.
Nunca se enteraron de otras audiencias públicas para realizar más desmontes. Sí fueron testigos, en cambio, de las recurrentes detenciones de Rolando Páez, a quien “lo metían varias veces preso para meter las topadoras con las que hacían picadas y desmontes”. Mamaní afirmó que se cansaron de realizar las denuncias ante el Ministerio de Ambiente jujeño “pero ellos (los propietarios de la finca) siguieron con los desmontes”.
Páez es uno de los campesinos que tiene su casa dentro de la finca El Mistol. Pese a los intentos de desalojarlo mediante la Justicia acusándolo de usurpación, el empresario perdió ante el Tribunal en lo Criminal Nº 2 de Jujuy el 20 de septiembre de 2018. De la nota presentada por Castillo y Rachid surge que en el fallo “se expresa claramente sobre la presencia de las familias campesinas y el uso de territorio que realizan en el lugar denominado Paraje Las Vertientes, donde se ubica la finca El Mistol, refiriendo que es una ‘zona de tipo Chaqueño, zona de chaco jujeño, zona de monte, con flora de tipo chaqueña con diversidad de árboles y animales y en ese ambiente natural se desarrollan actividades ganaderas a monte abierto, donde los animales se alimentan de forraje del monte, los frutos, las hojas naturales, y es una actividad bien diversa, en general también hacen mayormente ganado vacuno, cerdos, gallinas… El ganado se caracteriza por andar a monte abierto pastoreando por distintos sectores”.
Páez y otras 12 familias campesinas habitan, poseen y tienen zonas de pastoreo en la finca y serían quienes sufrirán la afectación directa de los desmontes que propone hacer El Mistol.
Pero no solo esta finca genera el problema de raíz para el campesinado. Pues en la zona hay otras superficies con sembradíos de soja que han afectado sus producciones. Se calcula que hay unas 100 familias que están quedando acorralados por los desmontes y sus consecuentes monocultivos.
La deforestación no es el único problema. “Sufrimos de las fumigaciones que nos pasan por arriba de la cabeza”, sostuvo Mamaní. “Para nosotros viene siendo un gran dolor e impotencia que autoridades no tomen cartas en el asunto porque nos sacan derechos como campesinos y afectan nuestra producción. Estamos tristes porque no hay justicia para el campesino ni nuestros derechos cuando somos quienes producimos el alimento”, agregó.

Comunidades guaraníes también
Castillo afirmó que en la zona que se quiere desmontar también hay comunidades guaraníes que podrían ver afectadas sus territorios por el desmonte. Pero del expediente no surge la existencia de encuestas ni a los campesinos (algunos de ellos con sus casas dentro de la finca), ni a las comunidades originarias que, por ley, deberían haber sido consultadas de manera previa, libre e informada sobre los desmontes.
La única referencia que se ve en parte del expediente indica que la finca “tiene su perímetro alambrado en su totalidad para evitar la destrucción de sus cultivos, pero constantemente son derribados por pastajeros vecinos que poseen muchas cabezas de ganado y poca tierra”.
La preocupación de quienes esperan detener el desmonte es que la audiencia sea un mínimo trámite a cumplir para aprobar la deforestación y así, contribuir al desarraigo forzado del campesinado de la zona.
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Piden investigar posible contaminación del Bermejo

Fecha de Publicación: 01/09/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El senador por Orán, Juan Cruz Curá, presentó un pedido de informes al Ministerio de Producción y Ambiente. Al parecer una petrolera derrama crudo en el río.
El legislador provincial solicitó al fiscal federal que se investigue supuestos actos de contaminación sobre el río Bermejo, a la altura de la localidad de Bermejo (frente a Aguas Blancas), en mérito a las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas.
Esta situación nace días pasados cuando diversos medios de comunicación publicaron noticias respecto a manifestaciones vertidas por el presidente de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal de Bermejo, Daniel Condorí, en las que expuso que “realizó una visita casual a la zona y se percataron que continúa el derrame de crudo en este sector adyacente a la toma de agua por parte de la empresa municipal. Está a metros de la toma de agua y esto puede constituir un riesgo porque se trata de agua que abastece a la población”, dijo el funcionario boliviano.
Continuó manifestando lo siguiente: “Tengo entendido que Pluspetrol está a cargo del derrame de este petróleo y entonces nosotros vamos a llegar al fondo y a donde corresponde”.
Teniendo en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, que expresa que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, el legislador solicitó se investiguen estos hechos por tratarse, supuestamente, de actos ilícitos de carácter contaminante, que podrían causar un serio daño ambiental al curso de agua, que ahí es binacional pero luego corre solo dentro de territorio argentino.
El río Bermejo es uno de los ríos más importantes de la Cuenca del Plata. Tiene su nacimiento en las sierras de Santa Victoria y desemboca en el río Paraguay. Su tramo superior se halla en Bolivia, pero la mayor parte de su recorrido y cuenca se encuentran en territorio argentino, sirviendo de frontera natural entre ambos países en un tramo de solo 75 kilómetros.
“El agua es un recurso escaso, de vital importancia para el consumo humano, como así también para las actividades agropecuaria, industrial y minera, por lo que corresponde adoptar acciones inmediatas para la protección de este recurso”, expresó Curá al respecto.

Pedido de informes
Por otra parte, Curá reclamó la realización de estudios sobre el agua que beben los vecinos de Aguas Blancas, que podrían estar contaminada por reiteradas pérdidas de petróleo de la multinacional Pluspetrol, que en este caso opera del lado boliviano.
El legislador norteño elevó un pedido de informes para requerir al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, la documentación sobre lo actuado respecto de la situación de probable contaminación.
El senador por Orán solicitó que envíen “las actuaciones iniciadas en relación a supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo” en el cauce, a la altura de las localidades de Bermejo (Estado Plurinacional de Bolivia) y Aguas Blancas (República Argentina). A su vez, solicitó las constancias y antecedentes de denuncias, investigaciones o actuaciones sobre situaciones similares.
Curá, como presidente de la comisión de Áreas de Frontera y Límites destacó que su intención es que la población local sepa qué nivel de contaminación generan los derrames que vienen denunciando funcionarios bolivianos y que se dan en la ciudad de Bermejo, frente a la localidad Argentina de Aguas Blancas por parte de la empresa Pluspetrol.
Al parecer, las denuncias contra la multinacional se repiten desde hace por lo menos una década y por eso están solicitando la intervención provincial y nacional, porque entre otras cosas “el agua que toman en Aguas Blancas y sus inmediaciones es captada del río Bermejo y tratada para el consumo humano”.
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Arrojan desechos de agroquímicos a la vera del Río del Valle

Fecha de Publicación: 30/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El vecino ambientalista Eric Zamora denunció que una enorme cantidad de desechos tóxicos agrarios son arrojados a las orillas del río, en el municipio de Las Lajitas.
El ambientalista Eric Zamora denunció que una enorme cantidad de desechos de envases de agroquímicos son arrojados a la vera del Río del Valle, y al lado de una planta recicladora, en el pueblo homónimo que pertenece al municipio Las Lajitas en el departamento Anta. El vecino radicó una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA).
 Zamora registró mediante fotografías y un video las toneladas de basura tóxica que son arrojadas a la vera del río, al aire libre, sin ningún tipo de resguardo. Envases de agroquímicos, bidones, bolsas, empaques de glifosato, bolsones en los que se transporta cereal curado, etiquetas de empresas como Syngenta y Bunge y con advertencias de peligro fueron halladas en el lugar.
"En las etiquetas decía que eran productos peligrosos y que había que manipularlos con precaucion, advertía el peligro para los peces y la flora. Todas tienen advertencias y teléfonos para llamar en caso de intoxicación", describió. Además, indicó que había máquinas fumigadoras manuales tiradas.
 El activista denunció el avance de la frontera agroindustrial, precisó que ya formalizó alrededor de 15 denuncias vinculadas a las fumigaciones con agroquímicos y una por amenaza de muerte de un finquero pero no obtuvo respuestas de las autoridades locales.
Según explicó, en tiempos de lluvia todos los desechos van a parar al río, y cauce abajo habitan pobladorxs que utilizan el agua para consumo humano o de sus animales. Zamora publicó en facebook el registro audiovisual del basural. Sin embargo, dijo que hay un silencio alarmante de las autoridades municipales, y puso énfasis en el riesgo para la salud pública que implica este material abandonado a cielo abierto.
La denuncia fue radicada por Zamora vía online ante la UFIMA, añadió que realizará además otra denuncia en la dependencia fiscal de Las Lajitas.
Contó que tomó conocimiento de ese basural porque relatos de vecinxs que se asentaron en tierras de la multinacional La Moraleja, ya que iban a sacar plástico que se desecha de las silobolsas para armar las chozas precarias. Además, lxs vecinxs le dijeron que fueron denunciadxs por la planta recicladora debido a que se llevaban esos plásticos. El asentamiento está a 800 metros del lugar que es como un basural a cielo abierto, a la orilla del río y al lado de la planta de reciclaje.  
La ley de fitosanitarios 27279 prohíbe toda acción que implique abandono, vertido, quema o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, del mismo modo que la comercialización o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado.
La ley prohíbe también el uso del material recuperado para elaborar cualquier tipo de productos que, por su utilización o naturaleza, puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener efectos negativos sobre el ambiente.
Las Lajitas es una localidad conocida como el polo sojero de la provincia. Sin embargo, las empresas del agro, según lo que se evidencia con el hallazgo de esa cantidad de residuos, no tienen un manejo adecuado de sus desechos.
La denuncia de Zamora se hizo un día antes de que el municipio de Las Lajitas, que tiene como intendente a Fernando Alabi, realice un foro ambiental junto a una ONG de la Capital, Mundo Verde.
Salta/12 intentó consultar al intendente pero no atendió las llamadas. Zamora consideró que las toneladas de residuos del agro al lado del río implican "una grave violación a los derechos ambientales y humanos". "Lo observado es sumamente peligroso para la vida de quienes residen en el lugar, como así también para el desarrollo óptimo del ambiente", manifestó en la denuncia ante UFIMA y pidió una "inmediata y urgente investigación".
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Salta/12 que la Fiscalía a cargo de María García Pisacic intervendrá a partir de este jueves con su auxiliar fiscal. Dijeron que la funcionaria tomó conocimiento de la situación por la consulta realizada.
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Inauguran "cosechas de agua"

Fecha de Publicación: 28/08/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


En Santa Victoria Este el grupo El Quebracho, de la Organización de Familias Criollas, ha desarrollado 6 cisternas de captación de lluvia para recolectar agua segura mediante un apoyo de la Mesa de Acceso y Gestión del Agua para el Chaco salteño, coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social de Salta y ejecutando un convenio con el Enohsa y el Ministerio de Infraestructura de Salta.
La organización inaugurará las obras el próximo 10 de septiembre a las 11 en esa localidad de Rivadavia.
En este proyecto se viene trabajando hace más de 20 años en diferentes acciones, luego de que una crecida del Pilcomayo borrara sus puestos en Puerto La Paz hace 15 años, y se asentaran donde hoy viven.
En el marco de la conformación y consolidación de la OFC, en el año 2000 se inició un proceso de diálogo y acuerdos con las comunidades indígenas que les permitió definir el acceso a su tierra y la distribución territorial, articulado desde el Proyecto Pilcomayo y ratificado en la sentencia de la Corte Interamericana junto a Lhaka Hon hat.
Mientras el proceso de acuerdo por la tierra se desarrollaba, se trabajó un programa de manejo de los recursos naturales con construcción de represas, implantación de sistemas silvopastoriles y un plan ganadero, apicultura, fortalecimiento de grupos de mujeres y módulos agroecológicos, entre muchas otras acciones de capacitación e inversiones prediales. También aportaron en estos últimos años otros programas como Bosque y Comunidad, con el cual se desarrolló un PIC (plan integral comunicatorio) con inversiones de agua, cerramientos, sistemas de paneles solares, entre otros. La organización quiere mostrar los resultados de 20 años de trabajo, que les permite mejorar la vida a sus familias como un modelo a seguir, poniendo en práctica la propuesta elevada a la Corte Interamericana, que podría ser multiplicada, al menos como modelo para cumplir cabalmente con el fallo.
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Avanza el proceso para instalar biodigestores en comunidades originarias salteñas

Fecha de Publicación: 25/08/2021
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Salta


Luego de recibir la propuesta técnica, la cartera de Ambiente nacional abrió la oferta económica para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de este tipo de tecnología ambientalmente sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, a cargo de Sergio Federovisky, realizó la apertura del sobre con la propuesta económica de la empresa Desarrollo de Equipos Industriales S.A. para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de biodigestores en dos comunidades originarias de la provincia de Salta.
El llamado correspondió a la solicitud de propuestas n.° 04/2021. El mismo se realizó en el ámbito del proyecto “Modelos de Negocios Sostenibles para la Producción de Biogás a partir de Residuos Sólidos Urbanos Orgánicos” (ARG 16/G23), que ejecuta la cartera que conduce Juan Cabandié, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y que cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés).
Cabe señalar que la evaluación de la propuesta técnica se realiza con anterioridad a la apertura y comparación de la oferta económica, a fin de analizar si se adecúa a las condiciones indicadas.
El propósito buscado es poner en marcha dos biodigestores tubulares para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos en las comunidades guaraní Colonia Fiscal 8 y wichi Pacará, ambas de la provincia del Noroeste argentino. Esta tecnología permitirá hacer frente a la gestión interna de los residuos en estas poblaciones y la generación de energías renovables.
Se busca que los biodigestores sean instalados para el aprovisionamiento energético de los pozos de agua, la red de iluminación LED y la estación de recarga de equipos electrónicos. A la vez, se incluirán las soluciones logísticas más aptas para el manejo interno de la materia prima que alimenta al biodigestor, para la provisión de agua diaria necesaria y todo lo requerido para utilizar el biofertilizante líquido generado.
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La desesperación obliga a wichis a beber agua contaminada

Fecha de Publicación: 24/08/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Vienen reclamando un pozo desde hace años, pero deben abastecerse de una cañada donde mueren los animales.
"Estamos desesperados por el agua. Ahora con el calor de vuelta, la misma desesperación nos lleva a consumir al agua que sabemos que está contaminada y que sacamos de una cañada donde hay animales muertos". Las palabras del cacique Osvaldo Gómez de la comunidad wichi de San Ignacio, a 10 kilómetros de Santa Victoria Este, resultan el mismo repique de un pedido que se pierde en la burocracia estatal.
La comunidad, donde viven unas 60 familias wichi, viene reclamando la perforación de un pozo de agua desde hace años y pese a las promesas y proyecciones que se hicieron, aún no tienen solución, mientras las altas temperaturas se instalan nuevamente en la profundidad del Chaco salteño.
Una serie de desafortunadas circunstancias hizo que la situación en esa sufrida comunidad se torne dramática, ya que pese a que la zona estuvo en el radar del Gobierno nacional y provincial para la perforación de nuevos pozos, San Ignacio nunca pudo obtener el beneficios, aunque el cacique Gómez viene gestionado esa obra desde el año 2017.
En forma precaria, las familias de San Ignacio se abastecían con una manguera de dos kilómetro que llega desde El Tigre, otra comunidad que tiene pozo de extracción, pero cuya producción cayó a cero en las últimas semanas. No obstante, El Tigre tiene otro pozo de donde se abastece esa población, pero el suministro hacia San Ignacio se interrumpió en forma total.
Al conocer la difícil situación de San Ignacio, la Fundación Siwok hizo su aporte y perforó un pozo somero de 50 metros de donde la gente comenzó a proveerse, pero la salinidad es tan alta que ni siquiera los animales pueden tomar esa agua. "Estuvimos muy contentos con la obra de la fundación, pero la alegría nos duró poco porque el agua empezó a salir muy salada y no la podemos tomar. No se puede utilizar ni para lavar". Osvaldo envió a El Tribuno un análisis de laboratorio de la Cruz Roja Argentina donde se demuestra que el nivel salobre del agua es tres veces superior al máximo permitido en el Código Alimentario Argentino. "Lo que tenemos miedo es que el Gobierno se confíe en que la fundación ya nos hizo el pozo y se olvide de nuestro reclamo que todavía sigue", expresó.
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“Es la punta de un iceberg”

Fecha de Publicación: 20/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La maniobra de usar papeles falsos para extraer madera de lugares no autorizados quedó plasmada en la causa a cargo del juez de Buenos Aires, Sebastián Casanello.
Camionadas en fila con rollos de madera por las rutas del norte provincial son parte de un panorama conocido por quienes las recorren. Y el secreto a voces, y en más de una ocasión denunciado en la justicia salteña, es que se tala de manera ilegal en distintos sectores. Pero esos árboles derribados cuya madera pasa a la vista de los agentes de seguridad en las rutas, tienen como justificación las guías de transporte que emiten las autoridades ambientales. Muchas indican que el producto transportado es de una finca en particular, pero en la realidad suele suceder que la madera es talada en lugares no autorizados.
Ese es en resumen la práctica que existe cuando se trata de la tala ilegal de madera que quedó plasmada en una investigación que llevó adelante en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello, que en julio último procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera de palo santo comercializados en 2013 por una empresa ubicada en Salta, una de las tres provincias argentinas donde crece este árbol. El procesamiento también es por la presunta falsificación de documentos públicos que se habrían utilizado —según el fallo— para fraguar el origen real de la madera de palo santo. Así surge de una nota de CNN en Español.
“Eso es la punta de un iceberg. Seguro que hay muchas otras cosas”, dijo la presidenta de la Red Agroforestal e integrante de Asociana, Ana Álvarez, al indicar que si bien desconoce esta denuncia en particular, se sabe que “el problema de la extracción ilegal de palo santo es común a Salta y a Chaco”. La operatoria es recurrente. “Se extrae (la madera), con guías de zonas de otros lados, por ejemplo, fincas aprobadas para un desmonte, pero se extraen en volúmenes muy superiores”.
En el caso que investiga Casanello, de hecho, se pudo corroborar la irregularidad por un control de imagen satelital. En enero de 2014 la Dirección Nacional de Bosques procedió a corroborar la información de los permisos oficiales concedidos a las empresas que buscaban exportar la madera. Un técnico del organismos nacional, quien declaró en la causa como testigo, pudo verificar a través de un programa de imágenes satelitales que no había rastros de desmonte en la finca Las Colmenas, de donde supuestamente provenían estas 1.282 toneladas de palo santo. Entonces, si la madera no se sacó de ese lugar (claramente no desmontado), era indefectiblemente de otros lugares.

La connivencia estatal
“Esto hay sido una práctica común. No brindar legitimidad de los lugares de donde salían (los árboles talados), habilitar exportaciones de madera de palo santo de lugares sin monitorear. Esto llevó a distintas causas en distintos lados pero casi siempre hay connivencia con funcionarios de Ambiente que deben autorizar la extracción”, sostuvo Álvarez ante el conocimiento de este tipo de situaciones en distintas zonas.
En el fallo de Casanello hay entre los acusados cuatro ex funcionarios públicos procesados como supuestos "partícipes primarios" del delito de contrabando, tres de los cuales estuvieron “de los dos lados del mostrador” en distintas etapas de la maniobra denunciada: trabajaron para la empresa responsable del desmonte y, en otro momento, tuvieron cargos en la Secretaría de Ambiente de Salta.
En 2007, la empresa Tierra Vasca SA intentó por primera vez obtener los permisos para talar palo santo en la finca de su propiedad. Entonces, quien se ocupó de los trámites como ingeniero forestal de la compañía fue Gustavo Enrico Paul. Ese mismo año, el intento fracasó debido a que las autoridades ambientales de la provincia de Salta no autorizaron la tala en la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán.
La compañía volvió a presentar la solicitud de tala cinco años más tarde, en mayo de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Ya en ese momento Paul asumió como secretario de Ambiente y quien se presentó como apoderado de la empresa ante la provincia fue Cristian Heraldo Gribaudo. Según el fallo, este había sido funcionario de Ambiente de la provincia en 2007 y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos. Otra ex empleada de Tierra Vasca SA, Natalia Rangeón, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave en el estado provincial: era directora general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta.
Para Casanello, la participación de estos tres ex funcionarios habría sido central para que la empresa Tierra Vasca SA consiguiera los permisos oficiales para comercializar la madera de palo santo, supuestamente adulterando el origen real de los árboles en los documentos. Además, ninguno de los dos funcionarios se excusó de participar en la aprobación de los permisos de tala de la empresa para la que habían trabajado cinco años antes, afirmó el juez en el procesamiento. Según indicó el actual secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal (también ex consultor de empresas dedicadas al agronegocio), en una comunicación con Radio Nacional, cualquier funcionario debe excusarse en todos aquellos expedientes que involucren a empresas para las cuales trabajó antes de asumir en el cargo.
El 22 de mayo de 2013, el área de Ambiente de Salta otorgó los permisos para que Tierra Vasca SA talara unas 3.000 hectáreas de bosque y utilizara esa extensión para ganadería y agricultura. Luego autorizó a la empresa a comercializar la madera de palo santo, según consta en el fallo judicial, que resalta que la inspección y el monitoreo del proyecto quedó en menos del área encabezada por Paul. La investigación judicial determinó que estos permisos de tala se otorgaron sin tener ningún respaldo técnico o documentación que corroborara qué cantidad de árboles se podían extraer de esa finca, sin inspeccionar en el lugar la existencia de los árboles ni la ubicación ni fechas de las tareas de tala.

El negocio de la exportación
Álvarez recordó que por la época en la cual se investiga la causa que involucra a privados y ex funcionarios públicos, en la Nación existía un registro en el que debían estar anotados quienes exportaban palo santo. Esta madera, considerada preciosa, es muy buscada “en el mercado oriental para hacer pisos”, dijo Álvarez, al sostener que el producto suele ser exportado a Japón. Pero afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri el sistema de ese registro fue eliminado y actualmente la información solo es enviada por las provincias. En Salta, según lo afirmado por el propio Aldazábal, Ambiente solo cuenta con dos camionetas para realizar los controles.
Volviendo al fallo de Casanello, de su texto surge que Tierra Vasca SA vendió la madera a otras tres compañías que iban a exportarla: Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner International SRL, que llegaron a trasladar la madera hacia distintos puertos argentinos para enviarla al extranjero. Sus responsables en este caso fueron procesados como presuntos co-autores de contrabando en tentativa.
Los trámites llegaron al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación cuando las tres empresas exportadoras presentaron la documentación sobre el origen de la madera para sacar del país las 1.282 toneladas que habían comprado a Tierra Vasca SA en Salta. En un primer paso, intervino el cuarto funcionario acusado en la causa, Eduardo Álvarez, quien no se desempeñaba en la provincia de Salta sino en el gobierno nacional y avaló los permisos sobre la base de la documentación entregada por las empresas. El juez le reprocha que no corroboró el origen del producto forestal. Eduardo Álvarez declaró ante el juez que nunca cometió delitos en el ejercicio de su función de control en la exportación de la madera y dijo que se limitó a examinar la documentación que provenía de Salta.
En enero de 2014, el proyecto llegó a la Dirección Nacional de Bosques. Un funcionario a cargo del control de la madera para exportación buscó constatar la información aportada por las empresas. Tras corroborar a través del análisis de imágenes satelitales de la finca detectó que no había rastros del desmonte autorizado. El funcionario viajó hasta la propiedad junto a otra inspectora oficial para comprobar la sospecha: los árboles de palo santo no habían sido talados en Las Colmenas, aseguró ante el juez.
Los funcionarios nacionales concluyeron que la madera que se quería exportar provendría de otros bosques, sobre los que Tierra Vasca SA no tenía permiso oficial para deforestar. En base a esa conclusión, la Dirección Nacional de Bosques frenó la exportación de la madera y denunció la supuesta falsedad de la información que constaba en los permisos oficiales.

La pantalla de la depredación
En 2018, tras varios allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina, el juez del caso sostuvo que “la finca Las Colmenas fue utilizada como pantalla para justificar falsamente el origen de la madera que se pretendió exportar” y habló de “connivencia” entre los funcionarios públicos investigados y los empresarios.
Los procedimientos policiales permitieron el secuestro de documentos sobre la madera que estaban en poder de los empresarios e incluso de más cantidad de palo santo que estaba listo para su distribución en una finca que habría funcionado como depósito de madera ilegal.
Según el magistrado, “lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio, sumamente organizado”, y que la “madera de palo santo” se originó “en la actividad de tala clandestina”.
Casanello también dictó embargos de bienes y dinero de los 14 procesados que, en el caso de las empresas investigadas, alcanzó los 430 millones de pesos, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares.
En Salta, una de las comunidades indígenas de la ruta nacional 86 (en el departamento San Martín), Territorios Originarios Wichí, ya presentó una denuncia y se intervino desde la Justicia para pedir los controles correspondientes a la Secretaría de Ambiente. Ana Álvarez recordó las conocidas y múltiples denuncias que hay, por ejemplo, en la depredación de los árboles de los ex lotes fiscales 55 y 14, en el departamento Rivadavia. Por esta degradación ambiental en particular se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya emitió un fallo para resolver sobre esta y otras cuestiones que se plantean en la zona donde coexisten comunidades indígenas y criollas. La tala está prohibida. “Pero el Estado no estuvo presente para controlar la extracción ilegal”, dijo Álvarez.
“En Chaco, en zona de El Impenetrable me comentaron que también es un problema la extracción y he cruzado camiones de distintos tamaños de palo santo. Falta registro y control exhaustivo de cuánto se podría sacar y de dónde. Nadie lleva un registro de la extracción y por lo tanto de la tasa de recuperación del palo santo”, sostuvo la referente de la Red Agroforestal.
Según lo citado por CNN, se busca evitar que el palo santo ingrese en la categoría “riesgo de extinción”, según el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de este árbol. Con este panorama, parece tarea difícil.
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Ex funcionarios de Medio Ambiente y empresarios forestales procesados por la tala prohibida de bosques

Fecha de Publicación: 11/08/2021
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Salta - Nacional


La medida fue tomada en el marco de una causa que estaba dormida desde 2014 y en la que secuestró “madera sin identificar" de una docena de especies protegidas.
Ex funcionarios del área de Medio Ambiente de la Nación y de la Provincia de Salta y empresarios forestales fueron procesados sin prisión preventiva pero con embargos de 430 millones de peso por la tala prohibida de bosques para exportar palo santo y otras maderas utilizando mano de obra barata de miembros de comunidades de pueblos originarios. El juez federal Sebastián Casanello dispuso la medida en una causa que estaba dormida desde 2014 y en la que secuestró “madera sin identificar, no sólo ‘palo santo’ sino también otras especies protegidas”,  entre ellas lapacho rosado, urundel, petiribi o afata, quina, roble criollo, cedro,  cebil moro y cebil blanco, nogal y pino del cerro.
Los empresarios utilizaron una autorización legal para el desmonte para siembra y pasturas de una hacienda en el departamento salteño de Orán, que incluía la posibilidad de exportar el palo santo obtenido por los trabajos. El desmonte nunca se realizó, pero con esa documentación los empresarios intentaron la exportación de palo santo, cuyo origen resultaba desconocido y cuya extracción no había sido autorizada.
Según la resolución, de un centenar de páginas, hubo “actividad de tala y extracción de palo santo desarrollada en sitios no autorizados, con el fin de proceder a su posterior comercialización en el mercado exterior”. La causa se inició en marzo de 2014 a raíz de la denuncia del Programa de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta. El valor de la exportación que intentaron los empresarios ahora procesados supera los 20 millones de pesos.
Casanello dispuso un embargo de 430 millones de pesos ante la eventual “obligación de resarcir el daño producido por el delito” de naturaleza ambiental. La resolución explica que la empresa Tierra Vasca SA. “había sido autorizada por resolución n° 328/13, de fecha 22 de mayo de 2013, a cambiar el uso del suelo en una superficie total de 4555 hectáreas de la Finca Las Colmenas”. “Se habilitó que 2.998 hectáreas de ese total fueran plenamente desmontadas para ser usadas con fines de agricultura y ganadería con implantación de pasturas. Dicha aprobación autorizaba, además, el aprovechamiento del producto forestal remanente de los desmontes en determinadas cantidades establecidas”.
Sin embargo, mediante el cotejo de “imágenes satelitales, corroborado con posterioridad a partir de una constatación por parte de las autoridades competentes en el propio campo, que el desmonte allí autorizado, el cual supuestamente legitimaba el origen de la madera, no había sido ejecutado”. Con ese disparador, el juez detectó “serias afectaciones al medioambiente de distintas jurisdicciones, dado que se extraería madera de lugares desconocidos, de forma ilegal clandestina y mediante documentación que posee los requisitos formales cumplidos, pero que reflejan una realidad inexistente”.
En concreto, se intentó “la exportación de 1.282,30 toneladas de madera de palo santo que habrían sido objeto de una extracción no autorizada por ninguna autoridad gubernamental”. “No se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio. A través de la maniobra desplegada se habría buscado otorgarle cobertura legal, por medio de la utilización de un permiso de desmonte emitido por la autoridad gubernamental, a la actividad de tala y extracción de palo santo desarrollada en sitios no autorizados, con el fin de proceder a su posterior comercialización en el mercado exterior”.
La secuencia no estuvo exenta de pagos ilegales, tal como el juez consignó en el secuestro de correos electrónicos entre los procesados, en los que figuran alusiones “a la necesidad de pagar un soborno a un inspector de la Aduana con el objeto de eludir una verificación sobre la madera a exportar”. “Recordá enviarme los $1.000 para el verificador, por la amable atención que nos brindó cuando verificamos el palo santo” y “para solucionar rápidamente este inconveniente, nos solicitan un honorario de $1000,00”, son dos de los correos electrónicos citados en la resolución.
Casanello dictó los procesamientos de Claudio Domínguez y Elvio Ciganotto (administradores de las firmas Regional Wood SA y Tropical Bushes SRL); Zhang Yanchao y Silvana Logiudice (integrantes de la firma Winner Internacional SRL); Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corveto y Melisa Esperanza Piceda (integrantes de la firma Entrecomex Global Service SRL). También procesó a los ex funcionarios Natalia Rangeon, directora de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta; Gustavo Paul, secretario de Ambiente de Salta, y Eduardo Álvarez, coordinador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Nación. La lista se completa con  Jorge Pocovi, Cristian Gribaudo, Hugo Rolando Girón, Pablo Gabriel Isa.
Precisamente Isa intentó justificar las omisiones a las inspecciones sobre la tala ilegal explicando que por parte de las autoridades existía una “necesidad u obsesión de prohibir por prohibir sin fundamentos y con intereses ocultos dirigidos a reducir o matar una actividad productiva que generaba mano de obra intensiva y sostenía a familias criollas y aborígenes (pueblos originarios) como un medio de vida legítimo y ancestral”. Sin embargo, de la investigación surgió –mediante el secuestro de varios cuadernos con registros de la actividad ilegal- cómo era el empleo de los trabajadores pertenecientes a los pueblos originarios: “se reflejaba en forma de cuenta corriente escrita a mano, la cantidad de madera talada por cada miembro de la comunidad y la entrega de alimentos a cambio de ello”.
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Elevaron un pedido de informe por la contaminación del río Bermejo

Fecha de Publicación: 10/08/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El senador por Orán, Juan Cruz Curá, reclamó estudios sobre el agua que beben los lugareños de Aguas Blancas, que estaría contaminada por reiteradas pérdidas de petróleo de la multinacional Pluspetrol.
Tras realizar un homenaje por los 20 años de vida de la Orquesta Sinfónica de Salta, de la que participaron algunos de sus músicos junto a su directora, Yeny Delgado, y la secretaria de Cultura de la provincia, Sabrina Sansone, los senadores dieron inicio a una flaca decimoquinta sesión en lo que va del año.
La poca concurrencia de legisladores (llegaron a cumplir con el quórum estricto), ya que la mayoría se encuentra de campaña en sus departamentos, provocó entre otras cosas, que el orden del día previsto para la fecha sea postergado para el próximo encuentro, que será recién el 19 de agosto, y no el próximo jueves 12, por la cercanía de las elecciones.
Durante la poco más de media hora que duró el tratamiento legislativo en el recinto, el senador Juan Cruz Curá elevó un pedido de informe para requerir al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, la documentación sobre lo actuado respecto de la situación de probable contaminación del río Bermejo.
El senador por Orán solicitó que envíen “las actuaciones iniciadas en relación a supuestos hechos de contaminación por derrame de petróleo” en el cauce, a la altura de las localidades de Bermejo (Estado Plurinacional de Bolivia) y Aguas Blancas (República Argentina). A su vez, solicitó las constancias y antecedentes de denuncias, investigaciones o actuaciones sobre situaciones similares en la zona.
Curá es presidente de la comisión de Area de Frontera y Límites y recordó que en la sesión anterior habían aprobado una declaración solicitando a los legisladores nacionales que por su intermedio le pidan al Ministerio de Ambiente de la Nación que investigue lo que para ellos es una problemática ambiental que los pone en situación de riesgo.
Pero sobre todo, destacó que su intención es que la población local sepa qué nivel de contaminación generan los derrames que vienen denunciando funcionarios bolivianos y que se dan en la ciudad de Bermejo, frente a la localidad Argentina de Aguas Blancas por parte de la empresa Pluspetrol. Al parecer, las denuncias contra la multinacional se repiten desde hace una década y por eso están solicitando la intervención provincial y nacional, porque entre otras cosas “el agua que toman en Aguas Blancas y sus inmediaciones es captada del río y tratada para el consumo”.
El mismo Curá adelantó que ya tiene dictamen favorable de la comisión de Ganadería y Agricultura un proyecto de declaración de emergencia para los departamentos de San Martín, Rivadavia y Orán, debido a las heladas que sufrieron en este invierno y que provocaron numerosas pérdidas, y que se suman a la sequía reinante que ya lleva más de un año. “Es para articular entre los gobiernos provincial y nacional, distintas ayudas para el sector”, detalló el legislador oranense.
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Reunión con comunidades por el ordenamiento de bosques

Fecha de Publicación: 19/07/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La Unidad Ejecutora a cargo de coordinar el proceso de revisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta (OTBN) se reunió con miembros del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas con el propósito de compartir información e interiorizarlos sobre los objetivos y modalidad de trabajo.
En primer término, abordaron los alcances de la ley de bosques Nº 26.331, la obligatoriedad de contar con el mapa de ordenamiento y su revisión periódica. Luego, especificaron el trabajo técnico y analizaron en conjunto aspectos referidos al proceso participativo a través de la consulta previa, libre e informada, que se llevará adelante en las comunidades originarias. Está previsto, según corresponda, que sea en las lenguas wichi, guaraní y castellana.
En este punto estuvieron de acuerdo en colaborar con las convocatorias a los talleres con las comunidades, virtuales o presenciales, teniendo en cuenta la conectividad y particularidades de cada pueblo.
Al respecto, el presidente del Ippis, Osvaldo Araya, perteneciente a la comunidad chané, destacó la presencia del equipo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable en la sede del organismo, la información recibida y la posibilidad de participar activamente manifestando sus necesidades y sugerencias.
El Ippis fue invitado a formar parte del Consejo Asesor de Revisión de OTBN. Además, dialogaron sobre la posibilidad de que cada uno de los pueblos de la provincia expresen por escrito su intención de participar de dicho Consejo. El objetivo es garantizar una presencia continua de las comunidades en las mesas técnicas. Por este motivo, la misma invitación se cursó al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INAI).
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Una minera invertirá US$34 millones en una planta para producir cloruro de litio

Fecha de Publicación: 08/07/2021
Fuente: Telam
Provincia/Región: Salta


La empresa adquirió un predio de 23 hectáreas en el Parque Industrial de General Güemes y planifica lograr una capacidad productiva de 20 mil toneladas anuales, con una ocupación proyectada de 195 empleados.
 La empresa Litio Minera Argentina, subsidiaria de la compañía china Ganfeng Lithium, instalará en el Parque Industrial de la localidad salteña de General Güemes una planta para producir cloruro de litio, cuya construcción demandará una inversión de US$34 millones, y se prevé que estará en funcionamiento en cinco años.
“Hoy avanzamos con la adquisición a la provincia de 23 hectáreas de tierra en el Parque Industrial de General Güemes, que van a estar destinadas a la construcción de una planta industrial de cloruro de litio”, expresó el vicepresidente de Litio Minera Argentina, Simón Pérez Alsina.
La empresa es subsidiaria de Ganfeng Lithium, considerada la “más grande empresa del mundo en la producción de litio y baterías”, explicó Pérez Alsina.
A partir de la firma del boleto de compraventa, que se concretó, entre el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de Salta, Pablo Outes; y el vicepresidente de la compañía, la minera adquirió un predio de 23 hectáreas en el Parque Industrial de General Güemes, a 55 kilómetros de la capital de Salta, donde se instalará la planta de producción de cloruro de litio.
Esto demandará una inversión de más de US$34 millones, para lograr una capacidad productiva de 20 mil toneladas anuales, con una ocupación proyectada de 195 empleados, distribuidos en distintos sectores y en las áreas administrativas de la compañía.
“Es importante el impulso que podamos dar desde el Estado como incentivo, y el control que ejerzamos sobre las empresas, en la contratación de obra local y el acompañamiento a las pymes, para que se conviertan en proveedoras para esta actividad”
Se estima que la planta esté en pleno funcionamiento en aproximadamente cinco años, y que el proceso de construcción de esta industria tenga un enorme impacto económico a nivel local, ya que demandará, en su gran mayoría, a proveedores locales.
Pérez Alsina detalló que, de esta forma, “se terminará el proceso de industrialización del litio, que comienza en el salar del Llullaillaco, donde habrá una instalación, una preconcentración de litio, con un pequeño proceso”.
Luego, Pérez Alsina comentó que es política de la empresa la contratación de proveedores y mano de obra local, para beneficiar a los salteños, ya que la minería es de Salta”.
“Es importante el impulso que podamos dar desde el Estado como incentivo, y el control que ejerzamos sobre las empresas, en la contratación de obra local y el acompañamiento a las pymes, para que se conviertan en proveedoras para esta actividad”, destacó Outes, a su turno.
 Por su parte, el secretario de Industria, Comercio y Empleo de Salta, Nicolás Avellaneda, resaltó que en los últimos diez días esta es la segunda empresa a la que se le adjudica un predio en el Parque Industrial de Güemes.
"Estamos satisfechos porque se trata de una inversión de US$34 millones y esto va a traer mayores inversiones, que en los próximos años se van a ver reflejadas", señaló.
"Estamos satisfechos porque se trata de una inversión de US$34 millones y esto va a traer mayores inversiones, que en los próximos años se van a ver reflejadas"
Además, expresó que en este mes se generarán los pliegos de la licitación que permitirá construir el Nodo Logístico Multimodal en Güemes, que colindará con el Parque Industrial y la Zona Franca.
“El Nodo Logístico está aprobado y avalado por el Banco Mundial, como un punto estratégico industrial y comercial de toda la región del norte argentino y la industria minera será parte de este gran proyecto”, sostuvo.
El Parque Industrial de Güemes se proyecta como uno de los polos más importantes de desarrollo industrial del noroeste, por su posición estratégica dentro del corredor bioceánico.
La concreción del Nodo Logístico a su lado facilitará todas las actividades relativas al transporte, a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para el tránsito nacional como para el internacional; mientras que el Puerto Seco permitirá exportar directamente desde el NOA.
Estuvieron presentes también la secretaría de Minería y Energía de la provincia, Flavia Royón; el subsecretario de Industria, Gustavo González; y el titular de Remsa, que es una empresa estatal, Alberto Castillo.
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Se reúnen para actualizar el ordenamiento territorial de bosques

Fecha de Publicación: 02/07/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El OTBN tenía que haber sido actualizado en 2014. Ambiente de la Nación hizo una observación sobre esta situación en 2020, cuando la provincia pretendió flexibilizar los requisitos para desmontar.
Este martes se realizó la primera reunión del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que tiene como objetivo actualizar el mapa, algo que no se hace desde 2014. La Ley provincial 7543 dispone que la actualización se debe realizar cada cinco años, lo cual nunca ocurrió desde que se aprobó el mapa del ordenamiento, que comenzó a regir en 2009.
Según se pudo conocer por algunos de los participantes y por integrantes del gobierno, habría algunos desencuentros. Uno tiene que ver con la concepción del gobierno que entiende que un conflicto por tierras no puede ser definido por un color y, por lo tanto, no debería ser un tema atinente a la clasificación dentro del OTBN (que usa colores para categorizar las zonas susceptibles de ser desmontadas o las que deben protegerse). En cambio, otros participantes entendieron que un conflicto territorial (que a veces surge ante pedidos de desmonte) debe ser debatido en este marco con el fin de determinar qué hacer en aquellas zonas a categorizar en donde los conflictos por la tenencia de la tierras se encuentran latentes.
De hecho, ante la situación que se atraviesa en la provincia por esta problemática el 11 de junio pasado se lanzó la Mesa de Concertación por la Tierra y la Emergencia Habitacional, coordinada por María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI).
El objetivo de esa Mesa es abordar de manera transversal las problemáticas de permanencia y acceso a la tierra desde una perspectiva interinstitucional e intercultural. Sobre todo ante el relevamiento de los conflictos sobre la posesión de tierra en el territorio nacional.
Del total de 85 contabilizados en el país, 25 corresponden a Salta. En muchos casos, esos conflictos involucran a empresarios y comunidades rurales indígenas o criollas, que disputan con la tenencia de tierra la estrategia en el manejo de los recursos naturales.

Los desmontes pueden seguir
Otro punto que se trató en esta primera reunión fue la necesidad de suspender las autorizaciones de los desmontes hasta tanto se apruebe la actualización del OTBN. La propuesta de los participantes apunta en general a lo que ocurrió entre diciembre de 2020 y enero pasado, cuando en plena pandemia la provincia convocó a audiencias públicas para desmontar 28.310 en total.
Si bien fuentes del gobierno afirmaron que no se emitió resolución alguna autorizando los desmontes propuestos, “se debe tener en cuenta que la Ley del OTBN anterior sigue vigente y que la autorización de los desmontes tiene un tiempo de vencimiento de 5 años”. Esto implica que pueda haber desmontes autorizados con antelación aún sin ejecutar, o en proceso de ser realizados. De todas maneras, se indicó que esas superficies están contempladas como suelos transformados al momento de trazar el nuevo OTBN.
Ya a fines de 2020, y ante la manifiesta intención de la Secretaría de Ambiente de la provincia de flexibilizar los requisitos para autorizar desmontes, la secretaria de Política Ambiental de la Nación, Florencia Gómez, envió una misiva al ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, señalando que con la resolución flexibilizadora se pasaba por encima de lo establecido en leyes nacionales y acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina. Allí también le recordaba que el OTBN estaba sin actualizar desde 2014.
El objetivo del nuevo procedimiento es contar con una consulta ampliamente participativa hasta noviembre, con el fin de tener una propuesta de actualización que sea tratada en la Legislatura provincial. “El desafío va a ser que todos se pongan de acuerdo”, dijo un participante de la reunión a Salta/12.
Por su parte, la premisa que abona De los Ríos es que “hay que producir conservando o conservar produciendo”, y sostuvo que esta es la “única manera de permitir el desarrollo sustentable”. Según contaron, el ministro añadió que es necesario “potenciar la matriz productiva en áreas que hasta hoy no tuvieron el debido proceso de atención, cuidado y producción. Porque se han degradado los suelos y hemos condenado a hermanos nuestros (como comunidades indígenas o criollas), a la imposibilidad de una mejor calidad de vida”.

Puntos a trabajar
El gobierno informó que a nivel técnico se trabajará en la actualización de todas las capas de información generadas a 2021: las áreas de valor de conservación, corredores ecológicos, paisajes sustentables, correlación regional interprovincial y posibles cambios de categoría.
También será tema de análisis la incorporación de algarrobales de los Valles Calchaquíes, sistema de bosque montano, pastizales de altura, otras áreas boscosas no mapeadas y revisión de las áreas grises. De la misma manera, será sistematizada y analizada la información referida a los inventarios forestales y los relevamientos de aves y mamíferos.
En lo referido al proceso participativo, se prevé la consulta previa, libre e informada a comunidades originarias y criollas, a través de talleres virtuales y/o presenciales, de acuerdo a la conectividad de cada lugar.
Según corresponda, los documentos y talleres serán también redactados en las lenguas wichí, guaraní y castellana. El fin es que las decisiones en todos los sentidos sean tomadas en conjunto y validadas por todos los actores.
Finalmente, el equipo técnico que encabeza el proceso aclaró que si bien el objetivo es que en noviembre todos los puntos estén trabajados, se priorizará la eficacia y eficiencia del desarrollo. Así, las fechas de talleres con comunidades serán acordadas atendiendo las cuestiones de cada pueblo y a partir de las sugerencias de organizaciones con presencia en el territorio.
Las siguientes reuniones del Consejo serán planificadas en conjunto y por temática. La información correspondiente y el material a discutir serán enviados con anticipación para su análisis por parte de los actores. Como producto final se obtendrá un documento que apruebe el Ordenamiento Territorial de Bosques y un anexo con las cuestiones que no puedan ser incorporadas para tenerlas en cuenta en años posteriores.
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Salta se opone a la idea de nacionalizar la producción de litio

Fecha de Publicación: 16/06/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta  - Nacional


Un proyecto del kirchnerismo quiere declarar “recurso estratégico” a ese mineral. La Provincia considera que cualquier iniciativa en ese sentido es “inconstitucional”.
La posibilidad de una fuerte intervención estatal en el proceso de extracción, comercialización e industrialización del litio fue rechazada enfáticamente por autoridades provinciales del área minera.
Flavia Royón, secretaria de Minería de la provincia, explicó a El Tribuno que "no hemos tenido la posibilidad de acceder a un proyecto oficial", al respecto. Sin embargo la funcionaria fue precisa en su rechazo: "Es inconstitucional", detalló.
Para Royón la Constitución Nacional es muy clara ya que en su artículo 124 establece que "corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
"Es un avance total contra el federalismo", explicó Royón a la vez que señaló que "no se trata de un insumo crítico y Argentina no es una formadora de mercado" a nivel global.
La funcionaria a cargo del área minera de la provincia explicó que este tipo de iniciativas "genera inestabilidad del lado de los inversionistas".
En materia de litio "estamos en una carrera tecnológica y debemos movernos con rapidez para atraer capitales".

Intenciones
Dos medios nacionales dieron cuenta de que el kirchnerismo duro avanza con otra propuesta concreta para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Esta vez se trata de un tema de alta sensibilidad: la posibilidad concreta de declarar como un "recurso estratégico" al litio, al mismo tiempo que establecer un mayor control estatal en la industria de extracción y procesamiento de este mineral altamente valioso a nivel mundial.
El ala dura del Frente de Todos se propone impulsar un nuevo esquema legal para el tratamiento del litio que tiene dos vías de acción: por un lado, avanzar con un proyecto de ley tendiente a nacionalizar el uso de este mineral para calificarlo como un recurso estratégico y, por otra parte, crear una empresa binacional con Bolivia para desarrollar la producción de manera conjunta.
En el plano legislativo, los diputados kirchneristas Marcelo Koenig y Carlos Heller, con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, empezaron a elaborar sendos borradores de proyectos de ley destinados a imponer un nuevo status al tratamiento de litio en la Argentina que se despliega en el denominado triángulo del oro blanco conformado por las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca.
La idea del kirchnerismo duro es que el gobierno imponga en el tema del litio un modelo de producción como el de Bolivia donde el Estado tiene una fuerte impronta. Esto implicaría controlar la extracción y la producción por parte del Estado. Así, las empresas extranjeras o los privados locales que ya invierten en el país seguirían con sus contratos, pero con mayor seguimiento del Estado.

Con Bolivia
En paralelo al plano legislativo el Gobierno trabaja desde el plano diplomático en la instrumentación de una Mesa del Litio con Bolivia para avanzar en una suerte de empresa binacional. El embajador argentino en Bolivia, el kirchnerista Ariel Basteiro, ya entabló negociaciones con el gobierno socialista de Luis Arce para llevar adelante esta estrategia internacional en torno del litio.
La intención de la Argentina ahora es tomar buena parte de ese modelo y desarrollar un trabajo conjunto.
La intención del Gobierno es que en la visita que realizará el presidente Arce en agosto para reunirse con Alberto Fernández se termine de cerrar este acuerdo de la empresa binacional por el litio.

Marcha atrás de una idea similar en México
El partido oficialista de México abandonó sus planes de nacionalizar la producción de litio y ahora está promoviendo la bienvenida de inversores privados que ayuden a desarrollar el potencial del país en el metal empleado para fabricar baterías, dijo el legislador detrás de la propuesta.
México, un importante productor de cobre y plata, alberga grandes reservas potenciales de litio. La mayor parte se encuentra en depósitos de arcilla difíciles de explotar, que son costosos y técnicamente complicados de extraer.
Después de anunciar la posibilidad de establecer un monopolio estatal del litio a finales del año pasado, el senador Alejandro Armenta, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y aliado clave del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que en su lugar elaborará un proyecto de ley para promover un mercado regulado en el naciente sector.
“Estamos convencidos de que necesitamos la inversión privada, somos aliados de los inversionistas nacionalistas y también de los inversionistas extranjeros que nos respetan”, dijo Armenta, en una entrevista con Reuters, atribuyendo su nueva postura a haber estudiado los marcos regulatorios en otros países.
El legislador sostuvo que un proyecto de ley sobre el litio favorable al mercado será presentado en septiembre con el inicio de un nuevo período legislativo, tras las elecciones intermedias de principio de junio, que renovaron la Cámara de Diputados.
En las últimas semanas, ha surgido un mensaje más amigable con las empresas por parte de funcionarios y candidatos del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras los enfrentamientos de López Obrador con las élites empresariales.
El nacionalista presidente de México, partidario de la intervención del Estado en los mercados energéticos, afirmó en marzo que su administración estaba analizando la posibilidad de asumir una mayor presencia en el litio, pero no entró en detalles.
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Proyectan un corredor turístico que mostrará la gran biodiversidad de la región de yungas en el país

Fecha de Publicación: 14/06/2021
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Jujuy - Salta


Jujuy y Salta avanzan en un trabajo combinado para ofrecer un nuevo corredor turístico que hará gala de la enorme biodiversidad de la región de yungas en el país, adentrándose en los imponentes parques y reservas nacionales en la zona, y con circuitos orientados a las múltiples actividades dentro del turismo de naturaleza.
El Parque Nacional Calilegua, la Reserva Nacional Pizarro y el Parque Nacional El Rey son algunas de las áreas protegidas que se proyecta promocionar dentro del corredor, éste por la selva de montaña argentina y en su transición con el bosque chaqueño.
“Quedamos en iniciar un relevamiento de forma conjunta respecto a los recursos y atractivos que hay en la zona, claramente orientados hacia el ecoturismo”, comentó hoy a Télam la directora de Turismo de Jujuy, Sandra Nazar, al referirse a una reunión concretada esta semana en la provincia con el objetivo de ir dando los pasos necesarios para lanzar el corredor.
Mencionó que también se avanzó en establecer posibles circuitos y senderos, ello con la participación de autoridades de ambas provincias, de los municipios vecinos en la zona y de los mencionados parques, entre quienes habrá un nuevo encuentro a mediados de julio con la idea de suscribirse un acuerdo de cooperación.
“Lo que tiene esta zona es un enorme potencial para actividades como la observación de aves”, valoró Nazar sobre uno de los principales atractivos de la región y al poner de ejemplo que “en el Parque Calilegua se puede encontrar más del 50% de las especies que hay en toda la Argentina”. “Para un observador es de una riqueza incalculable”, apuntó al respecto.
En tanto, destacó el imponente paisaje que representa, en medio de un clima cálido y húmedo, la selva pedemontana, con sus tupidos pisos de vegetación que alcanzan los 3.000 metros de altitud.
Inicialmente lo que se pretende es fomentar un mayor oferta turística en los municipios que harían de distribuidores, como ser la localidad de El Fuerte, que “ya tiene desarrollo en materia de alojamiento y hasta de actividades recreativas”; y en las otras jurisdicciones interesadas, como ser Palma Sola y General Pizarro.
Se buscarán concretar capacitaciones y ver posibilidades de financiamiento para nuevos emprendimientos, en miras a potenciar el ecoturismo, el de aventura, y particularmente el rural y el comunitario, de la mano de organizaciones campesinas e indígenas de la zona.
Además de consolidar el corredor, el trabajo conjunto busca ampliar el rango de conservación de los ambientes naturales y sociales, y la protección del patrimonio natural y cultural en la vasta región de las Yungas y el Chaco Salteño, según había quedado estipulado ya en una primera reunión a mediados de mayo.
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En el Chaco salteño la depredación del bosque nativo es otra pandemia

Fecha de Publicación: 09/06/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El palo santo está siendo arrasado en Santa Victoria Este. A metros de la escuela de San Bernardo hay más de 1.000 postes de la especie protegida listos para su venta ilegal.
Ayer, en el Día Mundial del Medio Ambiente, referentes originarios de Santa Victoria Este alertaron sobre una pavorosa depredación de palo santo, quebracho colorado y otras especies nativas en la zona de Alto La Sierra.
"Esta es la otra pandemia que tenemos aquí", remarcaron los lugareños, tras manifestar su preocupación e impotencia por las talas ilegales que están asolando el bosque nativo en San Bernardo, Vertiente Chica, Cañada Fiera, El Espinillo, Las Palmitas, Las Delicias y otros parajes de los lotes 55 y 14, en el extremo noreste de Salta.
En un video que hicieron llegar a El Tribuno se observan más de 1.000 postes de palo santo que fueron talados en San Bernardo y están listos para ser sacados en camiones. Los rollizos de la especie protegida están acopiados a solo 150 metros de la escuela del citado paraje. "Están a la vista de todos, pero los policías no los ven o tienen instrucciones de no verlos", cuestionaron. Afirmaron que en la zona todos saben quienes están detrás de la tala indiscriminada.
Señalaron entre los responsables a un maestro bilingüe de la zona. En Santa Victoria Este, una de las jurisdicciones municipales del departamento Rivadavia, comunidades de las etnias originarias wichi, toba, chorote, tapiete y chulupí conviven con puesteros criollos en condiciones de extrema pobreza.
A originarios les pagan $60 por postes de palo santo que se revenden en Tartagal a un precio diez veces mayor. Los mismos postes puestos en Santa Fe valen $2.500, desde las terminales portuarias de Rosario llegan a China, con guías adulteradas, a 800 dólares la tonelada.
Salta, Chaco y Formosa son las únicas provincias del país con bosques de palo santo. En las tres jurisdicciones las guías impresas se prestan a maniobras irregulares con las que se desvirtúan los planes de manejo y los cupos autorizados por los organismos de aplicación.
Desde hace varios años la turbia cadena del palo santo (Bulnesia sarmientoi) ocupa a las fuerzas federales e Interpol con informes que la vinculan con otros delitos transnacionales, pero la devastación no cesa.
Contenedores retenidos en predios portuarios esperaron por años que los abran para confirmar supuestas cargas de palo santo que se despacharon desde el norte y se precintaron sin los debidos controles.
Por su dura, fina y perfumada madera, el palo santo tiene altas cotizaciones en el mercado chino, donde se lo utiliza para fabricar urnas funerarias, piezas artísticas y pisos de parquet para lujosas residencias, yates y cruceros.
Desde junio de 2010, cuando se lo incluyó en el apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), rigen estrictas normas y procedimientos para su exportación. La Cites exige planes de manejo, certificaciones de extracción no perjudicial y controles de trazabilidad para poder embarcar rollos o formas industrializadas de palo santo a los mercados internacionales. La Nación, que es la responsable de la entrega de los certificados Cites, y las tres provincias con palo santo adeudan desde hace 21 años medidas para garantizar que su protección sea real y efectiva.
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Salta: Acceso a la Justicia alerta contra la criminalización de la referente ambiental y campesina Lucía Ruiz

Fecha de Publicación: 29/05/2021
Fuente: Ministerio de Justicia
Provincia/Región: Salta


En el escrito presentado se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”.
Ezequiel Álvarez, Coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), presentó un escrito ante el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, solicitando tenga a consideración el Acuerdo de Escazú y la legislación ambiental vigente en la causa en la que se busca criminalizar a Lucía Ruiz y otros por defender tierras campesinas y de comunidades del Chaco Salteño del desmonte llevado a cabo por un grupo empresario.
Desde 2010 Lucía Ruiz y sus compañeros/as defienden la tierra en la zona conocida como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina en el Departamento Rivadavia de la Provincia de Salta. Las y los ambientalistas y campesinas/os alertaron que un grupo de empresarios realiza desmontes y picadas en ese territorio.
“Es imperioso mencionar que desde el 22 de abril se encuentra vigente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la especial protección de los derechos de las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, aseguró el abogado Ezequiel Álvarez.
El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional de carácter vinculante destinado a promover y mejorar los derechos de todas las personas a acceder a la información ambiental, a la participación pública en las decisiones que los afectan, y a garantizar el acceso a la justicia ambiental, contiene además cláusulas especiales para la protección de personas defensoras de derechos humanos en la defensa de la naturaleza.
La lucha por la defensa de la tierra que Lucía y la comunidad impulsan se enmarca también en la aplicación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Ley 26.331, que establece que los territorios que este grupo de empresarios pretenden apropiarse y desmontar, según su relato y denuncia, pertenecen a la categoría 2 o amarillo según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de Salta. “Es decir, que son sectores de mediano valor de conservación, quedando su uso limitado al aprovechamiento sostenible y recolección de las familias campesinas que allí habitan. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger esos territorios del desmonte indiscriminado”, aporta Álvarez.
En el escrito presentado por Ezequiel Álvarez, se subraya que “se debe tener en extremo cuidado el tratamiento de causas que signifiquen un riesgo de criminalizar a los defensores del medio ambiente y la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente sano”. La referente campesina recibió el apoyo también del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y otros referentes de derechos humanos y ambientales.

Fallo del Tribunal de Tartagal
La Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia manifiesto su rechazo y preocupación a la resolución que acaba de tomar el tribunal de Tartagal en la causa que juzga a Lucia Ruiz y otros referentes campesinos, rechazando los amicus curiae presentados por numerosas personalidades y organizaciones de gran trayectoria en la lucha por la vigencia de los derechos humanos.
"Estamos convencidos que en un Estado de Derecho, y desde el poder judicial, se deben no sólo respetar, sino también promover todas aquellas herramientas que contribuyan al conocimiento, vigencia y efectivización de los derechos humanos, en especial de aquellos más vulnerabilizados y perseguidos. El rechazo de los amicus curiae en el marco de la causa mencionada significa un claro retroceso en el marco del derecho a la defensa en causas ambientales y de derechos humanos. Para terminar entendemos, como dice nuestro Papa Francisco, que asumir el desafío de "cuidar la casa común", nuestro planeta, se ve amenazado por este tipo acciones, procesos y resoluciones que criminalizan a los sectores que protegen el medio ambiente, y niegan participación a las organizaciones que trabajan y conocen el territorio con una gran trayectoria en la lucha por los derechos humanos", manifestaron desde la DNPFAJ.
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