Habrá audiencia pública en la Corte Suprema por una causa contra Salta

Fecha de Publicación: 10/02/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Salta


El proceso que fue anunciado en la agenda de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no tiene fecha.
Solo un anuncio fue anteayer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de realizar cuatro audiencias públicas, entre las cuales una es por la preservación del hábitat y la suspensión de la explotación productiva en las zonas de hábitat del yaguareté, que es la del Gran Chaco. Esta región incluye a Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
Si bien se interpretó que la Corte Suprema actuó en este sentido como reacción ante los reclamos de democratización de la Justicia impulsados sobre todo por la parsimonia de sus integrantes en las causas por hechos de espionaje durante la presidencia de Mauricio Macri, para el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, “es muy importante que avance la causa”.
Giardini informó que la notificación de la audiencia fue recibida el viernes última “a última hora”, y aún se desconoce quiénes serán convocados, o si la instancia tendrá transmisión pública.
El amparo fue presentado por Greenpeace en 2019. Allí se describió el peligro de extinción del yaguareté ante la destrucción de los montes y bosques nativos de la zona del Gran Chaco, pese a los ordenamientos enmarcados en la ley nacional que los protege.
Hubo diversas presentaciones y pedidos a lo largo de los dos años, sobre todo porque los desmontes no cesaron ni siquiera durante la pandemia y el aislamiento social y preventivo obligatorio (ASPO) de 2020.
Incluso tras el amparo se solicitó una medida cautelar para prohibir los desmontes en las cuatro provincias demandadas hasta resolver la cuestión de fondo. La suspensión se solicitaba sobre todo en aquellas áreas recategorizadas. Pues había áreas que debían conservarse y por un decreto que tergiversó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), las zonas con necesidad de máxima protección fueron habilitadas para los desmontes.
Esto es lo que pasó en Salta con dos decretos que emitió el gobierno de Juan Manuel Urtubey en 2014. Y si bien durante la gestión de Mauricio Macri, desde la Nación se instó a la provincia a suspender las autorizaciones otorgadas bajo esa modalidad, antes de dejar el gobierno provincial, la gestión de Urtubey volvió a encontrar una salida para que las autorizaciones siguieran vigentes. Esa fue al menos la excusa del gobierno de Gustavo Sáenz para la continuidad de las deforestaciones en zonas recategorizadas.
“Los cambios de zonificación prediales realizados ilegalmente por el gobierno de Salta para autorizar desmontes en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques Nativos alcanzan, como mínimo, las 126.177 hectáreas (el equivalente a seis veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires)”, indicó en su momento Greenpeace en el amparo presentado ante la CSJN. Entre las fincas que habían sido beneficiadas con la recategorización están las pertenecientes a la familia Macri y amigos, como Alejandro Braun Peña.
En el pedido de la cautelar también se solicita la “suspensión de cualquier autorización de actividad ganadera intensiva, incluyendo el ‘manejo silvopastoril’ y ‘Manejo de Bosques con Ganadería Integrada’ en zonas Categoría I (roja) y Categoría II (amarilla) en las provincias demandadas, exceptuadas de esta suspensión la pequeña ganadería realizada por pequeños productores rurales e indígenas en la Categoría II – Amarillo”. También se había pedido prohibir nuevas recategorizaciones que impliquen un retroceso ambiental, y el desmonte en los corredores biológicos de conservación, prohibiéndose allí toda deforestación, fragmentación y degradación para permitir el normal desarrollo de la vida de los últimos menos de 20 ejemplares de yaguaretés del Gran Chaco argentino.
El último informe de Greenpeace respecto de los desmontes detectados mediante imágenes satelitales, indica que Salta deforestó en 2021 10.657 hectáreas, convirtiéndose en la que menos deforestó ese año entre las cuatro provincias demandadas en el amparo.
“Desde la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, la provincia realiza un trabajo permanente, mancomunado y consecuente para honrar la sustentabilidad ambiental”, dijo este jueves ante la novedad el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos. Ahora queda por conocer la postura que llevará la provincia junto al funcionario PRO que también representó en su momento a la Federación de Entidades Rurales de Salta. Y es que en la provincia entre 2020 y el año pasado se convocó a audiencias públicas para el desmonte de 28 mil hectáreas
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La minera Ganfeng instalará un parque solar de 150 MW   

Fecha de Publicación: 04/02/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


La gigante asiática planea abastecer íntegramente a su proyecto de litio del Salar de Llullaillaco con energía fotovoltaica.
La minera Ganfeng instalará un parque solar de 150 MW Ganfeng, la mayor proveedora mundial de litio para baterías de vehículos eléctricos, instalará un parque fotovoltaico de 150 megavatios (MW) en el Salar de Llullaillaco. Fuentes de la subsidiaria argentina de la compañía china adelantaron a El Tribuno que los procesos productivos del proyecto Mariana serán abastecidos íntegramente con energía renovable. Con esa capacidad de generación instalada será una de las plantas solares más grandes de la región y la mayor de América no conectada a una red nacional, ya que el cien por ciento de su electricidad será utilizada en la planta de litio que operará al pie de los Andes, en municipio de Tolar Grande.
El estudio de impacto ambiental del parque fotovoltaico del Salar de Llullaillaco ya está bajo análisis en la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia. Ganfeng, a través de su controlada Litio Minera Argentina, aguarda la luz verde de la autoridad de aplicación provincial para empezar a instalar el parque solar que cubrirá un área de alrededor de 100 hectáreas con paneles fotovoltaicos de alta eficiencia. La planta, de acuerdo con el proyecto ejecutivo, contará con un avanzado sistema complementario de almacenamiento de energía para mantener los procesos operativos en días nublados y horarios nocturnos. Las baterías serán fabricadas por Ganfeng en China.
Mariana es uno los proyectos de litio más avanzados que tiene el departamento Los Andes en los salares del oeste salteño. La compañía asiática abrió a fines de 2021 un proceso de contratación para iniciar las obras de infraestructura en las que tiene planeado volcar 580 millones de dólares en tres años. Con esa inversión pondrá en funcionamiento una planta de extracción en el Salar de Llullaillaco y otra que procesará las salmueras en el Parque Industrial de General Gemes, para exportar hasta 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
Con recursos estimados en más de 5 millones de toneladas de LCE (carbonato de litio equivalente), Mariana es uno de los depósitos más grandes del Cono Sur.
Mariana no es el único proyecto que aprovechará el potencial de generación solar de la Puna para producir carbonato de litio, un insumo clave de la transición de las energías renovables y la revolución de la electromovilidad, con una baja huella de carbono.
En el Salar del Hombre Muerto, la compañía estadounidense Livent (antes Minera del Altiplano) tiene en la gatera otro megaproyecto con el que duplicará la capacidad de producción del yacimiento Fénix.
Con una inversión de 640 millones de dólares, Livent construirá una segunda planta en dos etapas: la primera se completaría a principios de 2023 y la segunda, en el primer cuatrimestre de 2024. Con esas obras la operadora del yacimiento Fénix apunta a incrementar gradualmente su participación en los mercados internacionales de las actuales 20.000 a 40.000 toneladas de carbonato de litio.
El plan de expansión de Livent también incluye la incorporación de energía fotovoltaica en los procesos del proyecto Fénix.

Rincón
La minera angloaustraliana Río Tinto acaba de adquirir el proyecto de litio del Salar del Rincón, en el oeste salteño, por 825 millones de dólares. Tras la operación que cerró con la empresa australiana Rincon Mining, la nueva titular de los derechos anunció que completará la exploración del yacimiento para ponerlo en producción, con aprovechamiento de la capacidad de generación fotovoltaica radicada en esa zona de la Puna salteña.
El Salar de Rincón tiene prácticamente en las puertas al parque solar Altiplano 200, que se habilitó en diciembre último en Olacapato, con una capacidad de generación fotovoltaica instalada de 200 megavatios (MW).
Río Tinto comenzó a explorar con Neoen, la operadora de Altiplano 200, la posibilidad de sostener con energía renovable los procesos de producción en los que utilizará la tecnología de extracción directa para la que Rincón Mining diseñó la planta piloto que se construye actualmente en ese salar.
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Empresa minera expulsada de Serbia explotará litio en Salta

Fecha de Publicación: 27/01/2022
Fuente: Cuarto Poder Salta
Provincia/Región: Salta


La minera anglo-australiana Rio Tinto firmó un acuerdo vinculante para adquirir por US$ 825 millones el proyecto de litio salteño Salar del Rincón.
El yacimiento estaba en manos de Rincon Mining, empresa propiedad de fondos administrados por el grupo de capital privado Sentient Equity Partners.
«Río Tinto acaba de ser expulsada de Serbia tras intensas movilizaciones contra la explotación de litio en la zona de Jadar al oeste de ese país. Los manifestantes que se movilizaron en todo el territorio serbio, reclaman porque se aprobaron leyes que facilitarían las expropiaciones de tierras donde Río Tinto explotaría el litio, y denuncian además la contaminación que el proyecto provocaría en la zona. Como consecuencia de las movilizaciones, la asamblea municipal de Loznica desechó un plan donde había asignado tierras para el proyecto de litio», denunció en un informe Lopez, publicado en la agencia del Partido Obrero.
Agregó que en la India la empresa está acusada de planear y financiar el asesinato de la activista Shehla Masood ocurrido en 2011. Masood denunciaba la explotación ilegal de diamantes con la complicidad de funcionarios, en la zona de Bhopal.
En varios países donde tiene explotaciones mineras, la empresa está denunciada y hubo fuertes reclamos obreros por el incumplimiento de leyes laborales por la tercerización y precarización laboral. Esto ha ocurrido por ejemplo en Indonesia, pero también en los Estados Unidos.
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Chaco y Salta: al desamparo del desarrollo

Fecha de Publicación: 14/01/2022
Fuente: La Tinta
Provincia/Región: Chaco - Salta


Acaparamiento de tierras, contaminación de las aguas, desmontes, sequías y oleadas migratorias son algunas de las problemáticas que prevalecen en la región del Gran Chaco argentino, tras el avance de un modelo productivo que promete desarrollo local, pero genera beneficios para pocos. Así lo detalla un artículo recientemente publicado que analiza las dinámicas de producción y exclusión en esos territorios.
“Uno de nuestros objetivos era dar cuenta de cómo dos provincias con diferentes historias y productividades terminan teniendo una situación de acaparamiento territorial e hídrico, para abastecer o cumplimentar los objetivos de producción de un sector, sobre todo del empresariado agroganadero, en detrimento de las poblaciones locales de comunidades indígenas y poblaciones campesinas”, explica la doctora en Antropología, Malena Castilla, coautora, junto con su colega Mariana Schmidt, de un artículo recientemente publicado en la revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC), en el cual dan cuenta de las dinámicas territoriales, sociales y productivas que se desarrollaron en las provincias de Chaco y Salta, y sobre cómo se fueron modificando durante las últimas décadas y han ido afectando a las poblaciones locales de esa región.
“Las líneas de investigación presentadas en el artículo tienen que ver con proyectos de investigación tanto individuales como colectivos, que venimos llevando adelante cada una de nosotras y con otros compañeros y compañeras de los institutos de investigación en los que participamos”, agrega Schmidt, que es investigadora del CONICET en el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Uno de los ejes centrales de este trabajo da cuenta del acaparamiento de tierras y otros recursos como el agua (que en muchos lugares es escasa) y la deforestación, que avanzan de la mano de la expansión de la frontera agraria, bajo el argumento de alcanzar el desarrollo regional por medio del paquete tecnológico del agronegocio. Según detalla el documento, por ejemplo, entre 1998 y 2018, la pérdida de bosques nativos en la Argentina fue de alrededor de 6.500.000 hectáreas (ha). Lo más preocupante de ese dato es que el 43% de las deforestaciones ocurrieron dentro del período de vigencia de la Ley N° 26.331/2007, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Específicamente, el 87% de la deforestación practicada entre 2007 y 2018 se localizó en la región chaqueña, principalmente en Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%). De igual modo, en el período 2019-2020, aún en épocas de pandemia, los desmontes alcanzaron las 30.368 ha en el Chaco y las 35.606 ha en Salta.
“Tampoco se cumple la Ley de Biocidas, que regula y es la que tiene que establecer límites a las fumigaciones, por ejemplo. Esto es un problema, porque las leyes que existen podrían poner un freno al extractivismo que avanza. Sin embargo, muchas veces no lo hacen y las respuestas gubernamentales terminan siendo similares a las del empresariado o esconden su accionar indebido”, agrega Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de Chaco desde hace alrededor de una década en cuestiones vinculadas con el ordenamiento territorial, la gestión de cuencas hídricas y la participación indígena en proyectos de desarrollo.
El otro eje central que observa esta publicación se refiere al acaparamiento hídrico en ambas provincias, no solo por el acceso al agua, que muchas veces es escaso e insuficiente para las poblaciones locales, sino por la mala distribución del recurso y el impacto de las fumigaciones que no solo contaminan las napas, sino también el agua de lluvia que recolectan en muchos lugares, en los que no hay otra fuente de agua potable, ya sea por alto contenido de arsénico o porque son salobres.
Al respecto, el artículo advierte que “entender el problema hídrico de la región como un problema de escasez sería errado”, ya que gran parte del agua es utilizada para producir materias primas, bienes o servicios. Es decir, el desigual acceso al agua refiere tanto a la falta de infraestructuras de distribución y a su acaparamiento por parte de los emprendimientos agroindustriales –que impiden el acceso a ríos y aguadas, por ejemplo– como a mecanismos más sutiles e invisibles, como la cantidad de agua que se incorpora y exporta en cada grano producido.
La publicación destaca el rol de los organismos de crédito internacionales que muchas veces acompañan estos procesos, con financiamientos multimillonarios para la construcción de infraestructuras regionales que finalmente terminan beneficiando a grandes empresarios, en detrimento de las comunidades rurales y campesinas locales. Al respecto, por ejemplo, menciona un préstamo otorgado por el Banco Mundial en el marco del Plan Belgrano, anunciado por el Gobierno nacional en el año 2015, con el objetivo de ampliar el abastecimiento de agua, saneamiento y obras de protección contra inundaciones, mediante el cual se construyeron desde plantas potabilizadoras y sistemas de acueductos hasta aljibes, techos colectores de lluvia y canillas comunitarias, pero las obras no han alcanzado a cubrir las necesidades de gran parte de la población regional.
“Todas estas conflictividades que emergen en el territorio son el resultado de políticas que se fueron implementando y se siguen implementando, muchas veces a partir de los intereses de los empresarios del agronegocio, que tienden a aumentar o a buscar el aumento de la productividad en detrimento de las poblaciones indígenas o campesinas”, comenta Castilla, que es investigadora del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la (UBA).
Otro caso que menciona el trabajo es la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales que surgió en el año 2000 y que busca alcanzar la integración y el desarrollo en la región del Gran Chaco, que abarca a cinco países. Su contracara es una distribución absolutamente inequitativa para las poblaciones locales, principalmente indígenas y pequeños productores campesinos o rurales, que no solo se ven afectados a nivel sanitario, sino también imposibilitados de desarrollar sus actividades productivas tradicionales.
“Cuando se ven obras hídricas, un desarrollo vial o una pavimentación, realmente no están buscando beneficios para la población que habita en esos territorios, sino potenciar la productividad sin generar una redistribución, porque tampoco se hacen las consultas que se tienen que hacer ni los informes ambientales necesarios”, advierte Castilla y agrega que las oleadas de migraciones forzosas son otra de las consecuencias de este modelo. Al respecto, la publicación especifica que, entre 1991-2010, la población total de Chaco y Salta se vio incrementada en un 25,7% y 40,2% respectivamente, pero mientras que la población urbana aumentó 55% en Chaco y 54,6% en Salta (cifras que aumentan en los departamentos agrícolas: +97,3% en Anta, por ejemplo), en ámbitos rurales descendió a un -62,2% en Chaco y -16,3% en Salta.
Castilla dice que ahora están observando las lógicas que se dan en los diferentes mecanismos a través de los cuales avanza el extractivismo, de la mano de los incendios, por ejemplo, o con las fumigaciones. “Nos centramos en analizar las estrategias empresariales para avanzar sobre los territorios, observando cómo estos proyectos, que son millonarios y que se instalan en estas provincias, son producto de una falta de política de control y una capacidad de gestión, pero también en cómo estas políticas que se articulan y que están conectadas con proyectos internacionales y de desarrollo regional son procesos que no solo se dan en el Chaco o en Salta, sino que tienen que ver con un contexto más amplio”, concluye Castilla.
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No es calor, es desmonte: el vínculo de la deforestación con el cambio climático

Fecha de Publicación: 11/01/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta  - Nacional


Los eventos para escapar del agobio ardiente demuestran una realidad que se impone desde hace unos años ante el incremento en las temperaturas, en donde las medidas de adaptación van demostrando cambios en el comportamiento laboral.
“No es calor. Es desmonte”. La consigna largada en las redes sociales ante la última ola de calor que se vivió en el país al iniciar 2022, y particularmente en Salta por al menos tres días, puso de nuevo en el tapete la incidencia del cambio climático en la cotidianeidad. Cuanto hay de cierto y no, es lo que se intentó escudriñar con diversos datos que surgen de informes oficiales, de la experiencia de quienes sufren los peores calores, y también en base a investigaciones científicas.
Las experiencias atravesadas por esa ola en Salta pasaron desde un corte a la altura de la entrada de Vaqueros (departamento de La Caldera, a un kilómetro de la capital salteña), a quienes no tenían domicilio allí y que buscaban resguardarse del calor con las aguas del río. También fueron y aún son protagonistas los cortes en la ciudad por la falta de agua y luz en momentos donde el calor apretaba (y por el pronóstico, va a seguir apretando), situación que se replicó en el norte provincial, donde las temperaturas son superiores.
El mapa que se publicó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al iniciar este año por lo menos llamaba la atención. Temperaturas de más de 42 grados se imponían en el chaco salteño según las imágenes provistas.
“Se hace insostenible poder hacer las mejoras en el campo”, contó Lucía Ruiz, referente campesina de Morillo, ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte, en el departamento Rivadavia, al trasladar su vivencia al índice meteorológico. Según los datos volcados el 27 de diciembre en el SMN, Rivadavia fue el departamento que registró la temperatura máxima en el país con 44.5 ºC. En el sur, a unos dos mil kilómetros de distancia, la situación no quedó atrás para Cipoletti (de Río Negro), la segunda ciudad con más calor, dado que el termómetro marcó 43.8 ºC.
“Partiría diciendo que vínculo hay”, fue la respuesta del doctor en Ciencias Ambientales y referente de la Fundación Refugio, Andrés Leake, quien sostuvo que la frase “no es calor, es desmonte”, tiene fundamento. A nivel global está comprobado que la deforestación contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. A su vez, indicó que estudios realizados por Duke Univeristy (EEUU) han demostrado que a nivel local la perdida de la cobertura boscosas en zonas tropicales, como ser la Amazonia -en donde enormes franjas de la selva fueron deforestadas en los últimos 15 o 20 años-, las tardes pueden ser hasta 10 grados centígrados más cálidas que las regiones boscosas.
"Los árboles en los trópicos parecen limitar las temperaturas máximas que el aire puede alcanzar. Una vez que cortamos esos árboles, perdemos ese servicio de enfriamiento de los árboles, y puede calentarse muy, muy caliente", dice Luke Parsons, investigador climático de la Universidad de Duke , uno de los científicos que lideró los estudios citados por Leake.
Según el informe del Banco Mundial “Climate Risk Country Profile – Argentina” (Perfil de Riesgo Climático – Argentina), publicado el año pasado, el aumento de la aridez de los suelos y de los eventos de las sequías dejan más expuestas a las regiones con producción agrícola y ganadera. Las actividades son dos de las principales bases económicas del país, al momento que se desarrollan en las zonas más vulnerables ante los cambios del clima. La existencia de la producción primaria de la cual depende la economía argentina está ligada, a su vez, a la deforestación. Y es esta actividad una de las que más contribuye a su vez a la emisión de los gases de efecto invernadero a nivel global.
Se estima que otro problema del cambio climático en el país son las inundaciones que “generarán pérdidas de 700 millones de dólares cada año”, al momento de detallar que “uno de cada tres argentinos viven en zonas proclives a inundaciones”, ante la concentración de la población en el Gran Buenos Aires, la zona pampeana y el Gran Chaco.
Mientras se terminaba este artículo, desde el SMN se difundió en su canal oficial de twitter que “en los próximos días se espera un ascenso gradual de temperaturas. El calor extremo se mantendrá durante la próxima semana con valores superiores a 35°C en gran parte del país”. Ante ello, especialistas del Chaco sugirieron tener atención sobre los informes oficiales de la entidad y “tomar los cuidados necesarios para evitar golpes de calor y situaciones adversas para la salud asociado con la persistencia de altas temperaturas”. Advirtieron que en este escenario las condiciones serán propicias para que los incendios forestales se propaguen.

Entre el chiste y la adaptación al cambio climático
“Eran las doce del mediodía y la mujer le dijo al santiagueño que estaba en la cama: Esteban, levántate que se te va a ser tarde para dormir la siesta”. La siesta en Santiago del Estero, una de las provincias más calientes del país, siempre fue motivo de chistes o burlas. Sin embargo, hay quienes responden “hay que hachar un árbol bajo 50 grados”. En esa dicotomía de posturas Leake se permitió una lógica posible: “La siesta podría considerada una adaptación local al calentamiento global”
Del informe del Banco Mundial surge que las más elevadas temperaturas terminan por incidir en el desempeño laboral al aire libre dado que, indica el informe, quienes trabajen en estas condiciones “tendrán un aumento en sus riesgos ocupacionales ante la mayor frecuencia de eventos extremos, y/o mayor exposición a temperaturas elevadas, y/o mayor ocurrencia de enfermedades transmitidas por vectores”. En la medida que aumente el calentamiento global, en los lugares tropicales que ya están al borde de ser demasiado cálidos y húmedos para trabajar de manera segura debido al cambio climático, la deforestación puede empujarlos al límite en entornos de trabajo aún más insalubres e inseguros.
Algunas de las enfermedades de vector que se podrían ver potenciadas por el cambio climático están contempladas en el Listado de Enfermedades Profesionales. Se añade la posibilidad de pérdida en los días de trabajo por enfermedad o lesiones que pueden “representar una merma importante de ingresos”. También se destaca que “los perjuicios serán mayores en el norte del país. El cambio climático puede tener efectos diferenciados sobre la salud de los trabajadores de diversas ramas de actividad en función de su exposición frente a determinados factores de riesgo en razón de su actividad laboral”.
“Ahora para hacer las mejoras en el campo para los animales tenés que pensar en hacerlas durante el invierno, o entre las 5.30 y las 9, y las 18 y las 20 (en las demás estaciones), que es cuando oscurece”, contó la campesina Ruiz.
Además afirmó que el calor extremo se viene registrando en la zona desde hace tres a cinco años y esto los obligó a modificar sus tiempos para las tareas. “Antes en la mañana podrías hacer los trabajos entre las 6 y las 11, y volver a trabajar a la tarde, o llevarte la comida y almorzar en el lugar. Pero ahora ya no. Y pagarle a alguien para que lo haga en esas horas sería demasiado cruel”, afirmó. A ello sumó los eventos de sequía que perjudican al campesinado y que al menos entre 2020 y 2021 “fue año redondo”. Mientras, al iniciar el año, contó que el termómetro en la zona llegó a los 46ºC.
Los carpinteros independientes de la comunidad wichí de Rivadavia Banda Sur, en tanto, también tuvieron que cambiar sus horarios. “Los changos trabajan desde las 6 hasta las 12 y después entran a las 17 o 18 hasta las 22”, contó Bernardino Pizarra, referente de la zona. Algunos “no tienen problema en trabajar de noche”. Para ir al río “hay que salir mucho más temprano para que no te agarre el sol en el camino. Aunque mientras estás en el agua el calor no se siente tanto”, contó. Sostuvo que en estos últimos meses “se sintió más el calor. Nunca habíamos sentido que la temperatura llegue a los 46” ºC, como sucedió la semana pasada.

El NOA más caliente a fines de siglo
Del Resumen Ejecutivo de la Tercera Comunicación Nacional de 2015, del Ministerio de Ambiente de la Nación, surge que “la temperatura media aumentaría en todo el país durante este siglo, tanto en un escenario de aumento de las concentraciones de GEI (Gases de Efecto Invernadero), moderado como de aumento extremo. Se detalló además que “si bien en el horizonte temporal del futuro cercano (2015- 2039) la tasa de calentamiento sería más acelerada que la observada en las últimas décadas, los aumentos estarían todavía entre 0,5 y 1°C con respecto al presente (1986- 2010), mientras que hacia fin de siglo el aumento de la temperatura proyectado es mayor y la región de mayor calentamiento sería la del noroeste con más de 3°C”.
De la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina de diciembre 2020, también del Ministerio de Ambiente de la Nación, se establece que la región del NOA, compuesta por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, sentirán los efectos de este cambio: sufrirán la dificultad, por distintas causas, en el acceso al agua en algunas poblaciones.
También habrá mayores impactos previstos por inundación y contaminación del agua de consumo y, por lo tanto, un aumento en las migraciones internas. El incremento de olas de calor puede generar fuertes impactos, dado que esta región presenta mayores vulnerabilidades sociales ante desastres.
La existencia de asentamientos en zonas bajas podría ocasionar afectaciones a la salud humana como consecuencia de la propagación de vectores, que, a su vez, podrían alcanzar otras zonas urbanas. El aumento de condiciones favorables para el desarrollo de incendios forestales, rurales y de pastizales y mayor estrés en el ganado y en diferentes sectores productivos, a causa de períodos secos más largos durante el invierno y la primavera. El incremento en la aparición de plagas agrícolas. La aceleración de los procesos de desertificación con impacto en los ecosistemas, cambios en el rango geográfico y extinción de especies menos tolerantes.
A eso hay que sumarle los impactos adversos en la actividad turística por aumento de temperatura que, por ejemplo, propicia un aumento en la frecuencia e intensidad de afloramientos de algas y cianobacterias, y, por consiguiente, afecta las actividades acuáticas recreativas.
Y otro punto a tener en cuenta son las presiones incrementales en la infraestructura existente, por ejemplo, en la distribución y generación eléctrica durante olas de calor y/o sequías prolongadas. El aumento de los daños a la infraestructura vial e hidráulica, como puentes, carreteras, presas, entre otros, por el riesgo incremental de inundación, y la retracción de glaciares de escombros.
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Este año comenzarían a construirse tres plantas de litio a escala comercial en Salta

Fecha de Publicación: 05/01/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Es una de las metas fijadas por la Secretaría de Minería para el 2022. Esto representaría una inversión de unos 1.500 millones de dólares. Si se cumplen los plazos podrían comenzar a producir en el 2023.
Luego de culminar lo que denominó como “el año más productivo en materia de inversiones y desarrollo”, la Secretaría de Minería y Energía puso como una de las metas principales en materia de litio para el 2022, arrancar con la construcción de tres proyectos a escala comercial, e inclusive concretar un cuarto emprendimiento.
Concretamente hace referencia a los proyectos de Ganfeng, Eramine y Posco, en tanto aún no trascendió el nombre del restante, hasta tanto no se termine de concretar esa posibilidad. Esto representaría una inversión total de 1.500 millones de dólares.
Además, a eso se suman otras nueve plantas piloto de litio y cinco proyectos en exploración avanzada. Sin embargo recién se estima que las tres plantas comerciales estarían en condiciones de producir carbonato de litio y exportarlo en el 2023.
De esta manera el impacto económico para las arcas estatales se da de manera indirecta, ya que en la etapa de construcción existe una fuerte inversión monetaria en insumos, materiales y contratación de servicios a empresas locales, por lo tanto es en este período en el que se da la mayor demanda de mano de obra. Pero es recién cuando las empresas comienza a producir, que ingresan fondos en conceptos de regalías.
Igualmente, durante 2021, y según un informe de la Dirección de Recursos Energéticos y Mineros, la recaudación de la provincia de regalías mineras fue de $ 291.210.606, un 672,83 por ciento más que en 2020, cuando se recaudaron $ 37.680.969.
Y a la espera de la exportación de litio, hoy el primer lugar en cuanto a minerales que se venden a otros países lo ocupan los boratos y sus derivados, ya que según las declaraciones de exportaciones que presentaron las empresas, la suma total supera los 59 millones de dólares, que se colocaron en 44 mercados tales como Brasil, Estados Unidos, Alemania, India, China, Bangladesh.
Pero la Secretaría de Minería también destaca que Mina Lindero, en su primer año, reportó una producción a noviembre de 23.558,90 onzas de oro y 2.402,53 onzas de plata.
También se registra un incremento superior al 100% en la producción de rocas de aplicación (arenas, canto rodado, arcillas, lajas) con 535.144 toneladas en 2021.

Plan de Desarrollo minero
La titular del área, Flavia Royón, también indicó que otra de las metas para este año es concretar la discusión con los distintos sectores del Plan de Desarrollo Minero sustentable de la provincia y consolidar su implementación, ya que en el mismo se tocan varios aspectos con respecto al litio, como por ejemplo el desarrollo de la cadena de proveedores, también de la industria química y el incremento de la mano de obra en la construcción de los proyectos, entre otros.
Esta iniciativa se planteó en el marco de la Mesa Interministerial Minera, con el objetivo de fortalecer la política minera de Salta optimizando los procedimientos administrativos para el logro de una minería sustentable.
En el año que finalizó también se reanudaron las Mesas de Trabajo Social Minero, como herramientas de gestión social con el objetivo de asegurar la comunicación y buena vinculación entre los actores estratégicos.

Aumento de la tasa de empleo minero
La posibilidad de que se genere mano de obra en una zona como la Puna salteña, en la que históricamente el trabajo privado no abunda, es una de las grandes cartas que juegan las empresas mineras para ganarse la aceptación de los lugareños.
Según informó la Secretaría, actualmente en Salta se emplean 2.896 trabajadores en forma directa. Según el cálculo que toma la provincia, por cada empleo directo se generan cinco puestos indirectos, lo que totalizaría otros 12 mil trabajadores que de alguna manera dependen de la actividad minera.
En general, los servicios que se toman en cuenta son: alimentos, alojamiento, combustible, reparaciones, repuestos, vestimenta, catering, capacitaciones, seguridad.
En la provincia rige una normativa específica que regula los porcentajes de contratación de mano de obra local entre un 50 y un 70 por ciento. Según las declaraciones juradas de las empresas, la mayor parte de los trabajadores son residentes de la Puna, Campo Quijano, Capital y el resto proviene de otros municipios y otras provincias.

Hidrocarburos y energía
Durante prácticamente un siglo, la producción de hidrocarburos fue uno de los grandes ingresos que tenía la provincia en concepto de regalías, las que inclusive sirvieron como garantías para la toma de dos grandes créditos internacionales en dólares, uno durante la gestión de Juan Carlos Romero, y otro en la de su sucesor, Juan Manuel Urtubey.
Pero desde hace dos décadas dicha producción viene en franco declive, en virtud de la retirada de YPF de la zona luego de su privatización, y que por una cuestión de costos, y de políticas de incentivos estatales, las empresas petroleras se afincaron en la Patagonia, abandonando cualquier posibilidad de
inversión en Salta.
Sin embargo, desde el gobierno se muestran optimistas al respecto y consideran que durante el 2021 hubo “dinamismo”, basándose en la campaña de perforación de 3 pozos en Puesto Guardián, localidad de Dos Puntitas, de la que se esperan resultados para febrero. “Se trata de un logro para la actividad productiva, ya que hace más de 5 años no se invertía en exploración”, señalaron.
En materia energética rescatan como un hito de integración entre Argentina y Bolivia, la construcción de la línea de alta tensión 132 kv Yaguacua - Tartagal, de la que ya se construyeron aproximadamente 46 kilómetros en territorio boliviano y hay en ejecución 70 km en territorio argentino.
En cuanto a energías renovables, en el 2021 se puso en funcionamiento el Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200, ubicado en Olacapato, que estiman puede llegar a aportar una generación de energía eléctrica equivalente al 40% de la demanda de la provincia, lo que junto a la Planta Fotovoltaica de Cafayate y a la generación de energía hidráulica, podrían convertir a la provincia en líder regional en el desarrollo de las energías renovables.
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Condenan al Estado y a una empresa a indemnizar a una comunidad guaraní

Fecha de Publicación: 30/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


En 2004, sin pedir autorización, la empresaa Refinor realizó obras en territorio de varias comunidades indígenas, una la demandó. Ahora la firma y el Estado nacional deberán pagar por los daños provocados.
El juez federal Julio Leonardo Bavio condenó a la empresa Refinería del Norte SA (Refinor) a abonar una suma a determinar por daños materiales y al Estado nacional a pagar una indemnización de 2 millones de pesos más intereses a les integrantes de la Comunidad guaraní Caraparí por el “daño moral” provocado al ingresar a su territorio sin pedir permiso, sin informar qué se iba a hacer y realizar obras para el tendido de un gasoducto que provocaron grandes cambios a les habitantes originaries.
El fallo, del pasado 23 de diciembre, se tomó en una demanda por daños y perjuicios iniciada por las comunidades Caraparí y El Arenal en contra de las empresas Refinería del Norte SA y Conta SRL en concepto de reparación de daño ecológico, daños morales y materiales. Con representación del abogado Matías Duarte las comunidades aseguraron que estos daños fueron provocados por el accionar de estas empresas violatorio de derechos indígenas a la posesión y propiedad comunitaria, la  identidad e integridad cultural y la preexistencia asegurados por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El gasoducto Pocitos - Campo Durán, destinado a importar gas desde Bolivia, comenzó a construirse en agosto de 2004 y su traza pasaba por territorio de las comunidades indígenas El Arenal, La Bendición y Caraparí, El Obraje y Monte Sinaí. En la demanda se reseñó que esta obra se inició sin autorización de las comunidades, sin haber realizado estudios de impacto ambiental, social y cultural y los relativos a seguridad geodésica para obras de esta magnitud. Luego se amplió la demanda contra del Estado nacional, concretamente la Secretaría de Energía de la Nación, organismo que autorizó el inicio de las obras sin haber realizado estos estudios.
A la hora de resolver, el juez hizo lugar parcialmente a la demanda, desestimó el reclamo de El Arenal porque había llegado a un acuerdo con Refinor y dejó de lado a Conta SRL porque era solo una contratista, y condenó a "Refinería del Norte S.A. a abonarle (a Caraparí) el valor que se determine de conformidad a lo establecido en el Considerando IV y VI (el daño provocado); y al Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación) la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral de los integrantes, con más los intereses que correspondan, teniendo en cuenta los lineamientos señalados en el Considerando IV y VI".

La consulta es un proceso
El punto IV de los considerandos de la sentencia es sobre la consulta previa, libre e informada. "No existen constancias que con anterioridad al comienzo de las obras (en agosto de 2004), haya existido una correcta consulta previa a las Comunidades sustentada en una información acabada a fin de lograr su consentimiento pleno, en los términos plasmados por los instrumentos internacionales y nacionales" que reconocen este derecho, sostuvo el magistrado.
En el expediente se probó que les integrantes de las comunidades autorizaron la realización de estudios topográficos, y "luego se vieron sorprendidos en su buena fue cuando comenzaron las obras, con el ingreso de maquinaria pesada, sin aviso previo".
Esto derivó en un conflicto ya con la obra empezada, representantes de la provincia de Salta, de Refinor y de las comunidades "suscribieron un acta notarial de cooperación mutua". Sin embargo,  el juez subrayó que tanto este "acta de cooperación mutua suscripta cuando había empezado la ejecución de la obra, como los denominados 'permisos de ingreso' (...), no pueden ser considerados la 'consulta previa y debidamente informada' que debe requerirse a las comunidades, puesto que como se dijo, las comunidades afectadas deberían poder participar de la preparación de los estudios de impacto medioambiental".
Asimismo, el juez recordó que según el Convenio 169 de la OIT, "es obligatoria la realización de procesos de consulta con las comunidades originarias, con la finalidad de llegar a acuerdos y de obtener el consentimiento sobre las medidas propuestas, respecto de decisiones que afectan a sus integrantes y territorio, tiene que ver con el reconocimiento de su existencia". Y, a pesar de que esta consulta no es vinculante y el Estado podría avanzar con una obra aún sin el acuerdo de las comunidades, "evidentemente, la información previa tiende a otorgar mayor legitimidad a la acción, le otorga un rol protagónico a las comunidades y las ilustra sobre el alcance y consecuencias de la obra", razonó el magistrado.
"En definitiva, en el caso, el procedimiento previo de consulta no se adecuó a los estándares internacionales", concluyó, insistiendo en que "El procedimiento previo de consulta, llevado en legal forma, hubiese permitido a las comunidades deliberar y opinar sobre el proyecto y, aunque no hubieran otorgado el consentimiento, habrían sido parte en el proceso decisorio. Esta omisión estatal y el súbito comienzo de la obra en su territorio, generó perturbaciones en la vida comunitaria", aseguró el juez.
Asimismo, recordó que la consulta "no es un acto singular, sino un proceso de diálogo y negociación", por lo que el "procedimiento de consulta no puede agotarse en el cumplimiento de una serie de requisitos meramente formales o limitarse únicamente a una notificación o a un trámite de cuantificación de daños". Y aseguró que este proceso de consulta "era una responsabilidad del Estado y no de las empresas que iban a llevar a cabo la construcción".
"La representatividad legítima de las autoridades tradicionales fue pasada por alto en numerosas circunstancias, reduciendo los procesos de Consulta y participación recomendados por el Convenio 169 de OIT a 'Actas Acuerdo'" que "no hicieron más que generar conflictos intra e inter comunitarios", recriminó. Por esto, fijó "una indemnización por la suma de $ 2.000.000 en concepto de daño moral, cuyo obligado al pago es el Estado Nacional (Ministerio de Economía – Secretaría de Energía de la Nación)".

Reparación de daños
En el punto VI Bavio consideró que "se han producido daños que merecen ser reparados. Estos perjuicios son por un lado de índole material, consecuencia directa e inmediata de la construcción del gasoducto, y moral por la omisión de la consulta previa e informada que debió llevar adelante la demandada antes de comenzar la obra".
En cuanto a los daños materiales, el juez se basó en un informe del perito oficial Pfister Oliver, "del cual se desprende que la instalación del gasoducto causó perjuicios a los integrantes de la comunidad", sobre todo diez familias fueron directamente afectadas por la destrucción de su área de cultivo, y algunas hasta dejaron de ser productoras agrícolas luego de estos destrozos.
La traza del gasoducto dentro de territorio guaraní fue por casi dos kilómetros (1740 metros) con un ancho de 30 metros, ocupando una superficie 5,22 hectáreas. El perito dijo que la obra destruyó flora de árboles (como variedades de algarrobos) y arbustos, y que "es indudable que las familias y las zonas de cultivo tuvieron que ser trasladadas luego de la obra". Incluso desde que se comenzó con la obra "muchas de estas familias abandonaron el área de cultivos; y que muchas de éstas áreas tienen renovales de por lo menos 2 años de arbustos y árboles, prueba clara del abandono efectuado, algunas familias trasladaron sus áreas de cultivos a zonas que no están afectadas por la traza”.
En cuanto al daño moral, "configurado por la omisión de realización de algún tipo de proceso o procedimiento tendiente a informar previa y debidamente a la comunidad sobre la obra que se iba a llevar a cabo", el magistrado dijo que del informe de la pericia antropológica realizada por la antropóloga Mónica Flores Klarik "surge que la obra del gasoducto afectó profundamente la vida de la Comunidad Caraparí, en dos aspectos: uno, material y otro, en sus relaciones socio-políticas".
En efecto, "su economía de subsistencia se vio alterada, en razón de la afectación de la subsistencia de algunas familias del paraje de Madrejones, por la destrucción de cercos de cultivos y predios en donde existían frutales plantados; la destrucción de la vivienda de la familia de Marcos González que estaba en el camino de la traza; la eliminación de árboles de especies autóctonas; y la modificación topográfica que alteró al sentido de la escorrentía del agua".
Y las relaciones sociales fueron alteradas porque "la Comunidad también sufrió por la perturbación de la vida comunitaria y familiar; por la desestabilización de las autoridades tradicionales de la Comunidad; por la ruptura de lazos comunitarios, de relaciones de parentesco e intercomunitarias; y por la alteración de la tranquilidad y armonía comunitaria", como también lo había explicado en su momento el mburuvicha (cacique) Hilario Vera, histórico referente de Caraparí, impulsor de esta demanda que ahora recibió la alegría de esta decisión judicial.
Si bien finalmente el gasoducto no fue construido en tierras de Caraparí, el juez concluyó en que "su traza y su pretendida construcción provocaron daños a la Comunidad Caraparí, que deben ser indemnizados por la Refinería", y para eso consideró "apropiado que las partes inicien y lleven a cabo el procedimiento establecido en la Resolución ENARGAS 3562/2015 (sobre las afectaciones provocadas por instalaciones gasíferas) para la determinación del monto del valor real del bien afectado (tierra) y de los perjuicios directos acreditados y ocasionados por la servidumbre sobre ese espacio".
Para el caso de que "no hubiere acuerdo al respecto dentro del plazo de 20 días de notificada o de quedar firme la sentencia, se requerirá a ENARGAS que establezca el canon 'provisorio', que servirá para cumplimentar con la exigencia de la 'previa indemnización', el que deberá ser abonado junto con los intereses que se calculen tomando la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina (art. 5 de la Resolución), desde el momento en el cual Refinerías del Norte SA. ingresó al predio (junio de 2004) para la construcción de las instalaciones", manda la sentencia.
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Agrotóxicos: en Salta hay más diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas

Fecha de Publicación: 21/12/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La investigadora Mariana Schmidt dijo que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias".
Profesionales del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta y de la Atención Primaria de la Salud refirieron que hay un aumento de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas en el norte provincial. El dato surgió en la investigación científica “Regulaciones, políticas y conflictos por agroquímicos en Salta, Argentina”, publicada en la “Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales”, una edición de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador.
La investigación expone el debate sobre la aplicación de agrotóxicos en Salta en la producción agrícola en Salta y los conflictos que se generaron a raíz de esta situación.
Mariana Schmidt, investigadora del CONICET que además contó con financiamiento del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación para realizar esta investigación, es quien analizó los aspectos relacionados a la parte normativa, política institucional, judicial y social generada con la aplicación de las sustancias que se utilizan para la producción agrícola, sobre todo a gran escala.
La investigadora detalló en el relevamiento que “En entrevistas con profesionales de la salud del servicio de oncología pediátrica del Hospital Provincial Materno Infantil (HPMI), de la ciudad de Salta, y de Atención Primaria de la Salud del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), refirieron la existencia creciente de diagnósticos de cáncer y malformaciones congénitas”.
Según este relevamiento, los profesionales señalaron que “la mayoría de los/as pacientes en oncología pediátrica en el HPMI provienen del departamento de San Martín (entre el 35 y el 40 por ciento), al tiempo que se registra gran cantidad de leucemias y linfomas en niños/as indígenas”.
Como conclusión de esta investigación que toca un tema del que poco se habla en la provincia y que es inherente al modelo de agronegocio que se desarrolla en Salta,  Schmidt entendió que “hay que poner el foco sobre cómo se distribuyen los riesgos y las ganancias” de este sistema.
Con una historia que empezó en la región pampeana una década antes que en el NOA, parece lógico considerar la posibilidad de evaluar en la población los efectos de la aplicación de estas sustancias. Sin embargo, casi no hay datos que provengan desde la salud para cuestionar el modelo impuesto en las zonas del Chaco salteño, actualmente en emergencia sanitaria en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán por las muertes evitables de las infancias originarias, en particular la wichí.

“Venenos útiles” y comunidades inconsultas
Al analizar la discusión legislativa en torno a las normativas que surgieron tras la estimación de los efectos nocivos de los fitosanitarios, agroquímicos o agrotóxicos, Schmidt hizo referencia a las controversias en el debate de la Ley 7.812, de 2013, cuyo objetivo es “proteger la salud humana regulando todas las acciones relacionadas con productos fitosanitarios para prevenir la contaminación del ambiente, los riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos”.
Entre los ejes del debate legislativo que tuvo lugar en 2012 se identificó como uno de los principales argumentos el “insuficiente grado de conocimiento y/o de certezas respecto de los daños causados por los agroquímicos”. En palabras de un diputado: “No van a encontrar una estadística porque nunca la hubo en la provincia, no hay un trabajo en concreto sobre los efectos producidos por estos productos en ninguna región de Salta (…) cuando nos reunimos la Comisión de Producción con el sector de la Salud, vinieron los médicos y les planteamos el hecho de no contar con una estadística para conocer las reacciones que pueden producir los productos fitosanitarios, porque como sabemos en los distintos lugares en donde hay mucha producción (…), existen distintas alergias que la gente ha comenzado a tener sobre todo en la piel y en las vías respiratorias, pero nos respondieron que no existe en la provincia un registro que nos informe las causas de la contaminación que está afectando al ser humano”.
De las versiones taquigráficas de 2012 surge también otro de los hechos que atraviesa la realidad cotidiana de habitantes cercanos a las fincas en producción que usaban “los envases (de agroquímicos) como parte del techo de la casa, para soportar alguna puerta o para cortarlos y usarlos como vasija”. Entre otras escenas, los legisladores describieron cómo “los aviones de fumigación pasan por sobre las poblaciones aborígenes, donde muchas veces no les da tiempo a levantar porque se encuentran con una comunidad viviendo en una cortina de 30 metros de ancho”. Se aludió al caso de departamentos sojeros como Anta, donde, desde hacía ya una década “la fumigación aérea causaba daños porque las poblaciones que están rodeadas de la actividad de la agricultura con el tiempo comenzaron a sentir los perjuicios que provocaban los productos químicos”.
En las modificaciones durante el tratamiento legislativo se cambió el término de “agroquímico” por el de “fitosanitarios”. “Si bien se justificó en la adecuación terminológica a otras normas en vigencia, no debemos dejar de destacar lo que esto implica, al suprimir toda referencia a su naturaleza química y/o tóxica para hacer lugar a una definición que los asimila más bien a ser un ‘medicamento para plantas’, al prescindir de sus connotaciones negativas”, sostuvo Schmidt. A la inversa, también con la discusión se cambió el verbo “comprobar” los efectos en la salud, por “detectar”. Las discusiones, añadió la investigadora, se vincularon entonces con la aplicación del principio precautorio en materia ambiental.
“Una certeza recorrió la mayoría de las alocuciones”, añadió Schmidt en el artículo. En este punto, el debate legislativo adhirió a la idea que “si bien la norma afecta intereses económicos privados, no va en contra de las fuerzas del trabajo”, en un contexto en el que impera la necesidad de continuar con las actividades productivas y aplicar “venenos útiles” con tal fin.
La investigadora analizó que si bien “se realizaron reuniones y se recibieron aportes, en su mayoría de entidades productivas, en ningún caso encontramos referencias a la participación de organizaciones vecinales de los principales centros urbanos, pueblos indígenas y/o campesinos que pudieran afectarse”

Control sí, pero sin recursos
En un relevamiento realizado a fines de 2019 a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la provincia, Schmidt indicó que se indagó sobre el modo de funcionamiento y alcances de los controles. “De acuerdo con la información que suministraron allí, son escasos los recursos (materiales y humanos) disponibles para afrontar el control y monitoreo de las más de un millón de hectáreas cultivadas, sostuvo.
Precisó que "Se realiza un promedio de 70 inspecciones anuales, en dependencia de la disponibilidad de vehículos: el programa no tiene movilidad propia y son extensas las distancias que separan a la capital provincial de las localidades afectadas por las fumigaciones. Entre las principales localidades a las cuales se llega por rutas asfaltadas están Las Lajitas (200 km de distancia), Orán (280 km) y Tartagal (360 km). Si la denuncia llegara desde una comunidad indígena como Tonono (en San Martín), son entre 500 y 600 km, en un viaje de entre siete y ocho horas, que requiere atravesar caminos de tierra de difícil tránsito en épocas de lluvia”, observó.
En esa misma línea señaló como otro obstáculo que las denuncias se pueden realizar solamente “a través de una presentación ante la División Rural y Ambiental de la Policía provincial, que elabora un acta y efectúa la derivación correspondiente, o mediante la denuncia personal y/o telefónica en la oficina central en Salta”.
El desarrollo del agronegocio en la provincia implicó deforestación, conflictos sobre la tenencia de tierras con comunidades originarias y campesinas, y 20 años de en los que falló en demostrar sus beneficios a las comunidades locales. Con la ampliación de la frontera agropecuaria se instaló la fumigación para mejorar los rindes de la producción.
Este y otros puntos se debatieron en un conversatorio que se desarrolló el 3 de diciembre pasado en Anta, el departamento que es el polo del modelo del agronegocio salteño, y en el que Schmidt expuso. Allí vecinos autoconvocadxs y organizaciones civiles dieron un paso en la necesidad del debate con especialistas con el fin de concientizar sobre un problema que los aflige, y los afecta.
La investigación completa de Schmidt puede leerse en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/4939/3894
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Salta inauguró uno de los parques de energía solar más grandes del país

Fecha de Publicación: 18/12/2021
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Salta


Se trata del Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200. Ubicado en la localidad de Olacapato, posee una potencia total de 200 Mw.
El Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200, considerada la segunda planta solar más grande del país, fue inaugurado en Salta y su puesta en marcha posiciona a la provincia a la cabeza en la generación de energías renovables.
"Estamos convencidos que las energías renovables nos van a permitir combatir las limitaciones energéticas, reducir la contaminación, intervenir favorablemente en el cambio climático e impactar en la salud de los salteños", expresó el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos.
El funcionario formuló estas afirmaciones en la ceremonia de puesta en marcha del Parque Solar Fotovoltaico Altiplano 200, en la localidad de Olacapato, de la Puna salteña, que posee una potencia total de 200 Mw.
"Valoramos que hayan elegido Salta, las virtudes naturales del clima de la Puna salteña, y especialmente la generación de fuentes de empleo para nuestra gente", destacó el funcionario.
El proyecto fue realizado en el marco del Programa RenovAr, y financiado por Proparco, la firma DEG Energy, el Fondo Interactivo para el Cambio Climático de Francia (ICCF), la empresa europea de servicios financieros Société Générale y KfW, el Banco de Desarrollo de Alemania.
La puesta en marcha y entrada en operación de este parque solar, junto a la Planta Fotovoltaica de Cafayate y a la generación de energía hidráulica, permitirá alcanzar una generación de energía eléctrica, con fuentes renovables, equivalente al 40% de la demanda de energía de la provincia.
Por su parte, el director regional de Neoen, Emmanuel Pujol, agradeció al Gobierno de Salta por todo el apoyo brindado, especialmente durante el tiempo de pandemia, y destacó que, desde el primer día, se trabajó con las comunidades locales.
"Nos comprometimos a tener un impacto positivo sobre los pueblos cercanos a la planta. Y entre otras obras, colaboramos en la construcción de un playón deportivo y la restauración del pozo de agua de las escuela de Olacapato", comentó.
El directivo señaló también, que en colaboración con la Fundación Anpuy, se capacitaron jóvenes de la comunidad y se financiaron becas estudiantiles terciarias y universitarias.
Con una capacidad de 208 MWp, Altiplano 200 es el resultado de la fusión de los proyectos La Puna (107 MWp) y Altiplano (101 MWp) en las licitaciones RenovAr 1 y RenovAr 2.
Ambos proyectos tienen un contrato a largo plazo con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y venderán electricidad verde a un precio muy competitivo, ya que es el precio de electricidad solar más bajo en Argentina, durante un período de 20 años.
Clara Acoria y Anita Quipildor, representantes de las comunidades locales, destacaron la importancia que tienen para los habitantes de la Puna "estar a la vanguardia de la transformación energética de la provincia".
El Parque Solar Altiplano 200 tiene una potencia total de 200 MW, abarca una superficie de 350 hectáreas, y está integrada por un total de 554.580 paneles solares.
Con una inversión estimada de u$s313 millones, la construcción de la planta generó 462 puestos de trabajos, mientras que la etapa de operación demanda 20 empleos permanentes.
El parque se encuentra interconectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), aportando energía al sistema nacional.
Participaron en la inauguración la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Scherrer-Effose; el ministro de Relaciones Internacionales de Salta, Julio San Millán; el presidente de Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), Alberto Castillo; el senador por el departamento de Los Andes, Leopoldo Salva; y autoridades de las comunidades de San Antonio de los Cobres, Olacapato y Salar de Pocitos.
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Salteños se manifestaron en contra de los desmontes en el Cerro de la Virgen

Fecha de Publicación: 14/12/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Se trató de un abrazo simbólico para detener la destrucción de la reserva natural ubicada en barrio Tres Cerritos.
Si bien en los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, quienes trabajan en el desmonte de la zona volvieron para continuar con su tarea con total impunidad. Cansados de estar detrás del accionar de los funcionarios y de patearse la pelota en cuanto a las competencias, decidieron hacer un abrazo simbólico en el lugar y hacerse escuchar.
Es así que esta mañana pasadas las 11 se reunieron en la plaza de Tres Cerritos. Al respecto, el ambientalista y vecino de Tres Cerritos, Maximiliano Assaf, explicó que en los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, y expresó su preocupación por los permanentes intentos de desmonte en la zona, que forma parte de una reserva municipal.
El primero de los intentos comenzó en octubre al pie del cerro de la Virgen, y gracias al accionar de los vecinos y la respuesta de los medios, la Municipalidad pudo paralizarla. La segunda ocurrió recientemente en el barrio de Los Ingenieros, ubicado sobre la avenida Del Golf, donde se trabajó con maquinaria pesada e incluso se llegó a construir un camino.
En el mismo sentido, Assaf explicó que todos los desmontes que se detuvieron están ubicados en una zona que es reserva natural, y que está siendo degradado y pretenden explotarlo ilegalmente y sin estudios de impacto ambiental ni permisos. Contó también que se enteraron que la Municipalidad podría avanzar en una denuncia judicial contra los depredadores.
Finalmente explicó que los desmontes en la zona son preocupantes porque están en una zona con mucha pendiente, donde lluvias pueden generar deslizamientos por la falta de cobertura del suelo. Por lo que se quiere evitar esa situación y que sea un verdadero desastre.
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Impunidad total: Vecinos denuncian que siguen arrasando con la reserva de Tres Cerritos

Fecha de Publicación: 11/12/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


En los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, y expresó su preocupación por los permanentes intentos de desmonte en la zona, que forma parte de una reserva municipal.
El ambientalista y vecino de Tres Cerritos, Maximiliano Assaf, explicó que en los últimos meses lograron paralizar dos desmontes en la zona, y expresó su preocupación por los permanentes intentos de desmonte en la zona, que forma parte de una reserva municipal.
El primero de los intentos comenzó en octubre al pie del cerro de la Virgen, y gracias al accionar de los vecinos y la respuesta de los medios, la Municipalidad pudo paralizarla. La segunda ocurrió recientemente en el barrio de Los Ingenieros, ubicado sobre la avenida Del Golf, adonde se trabajó con maquinaria pesada e incluso se llegó a construir un camino. También en ese caso se pudo parar gracias al accionar de los vecinos.
Assaf explicó a Fm Profesional que todos los desmontes que se detuvieron están ubicados en una zona que es reserva natural, y que está siendo degradado y pretenden explotarlo ilegalmente y sin estudios de impacto ambiental ni permisos. Contó también que se enteraron que la Municipalidad podría avanzar en una denuncia judicial contra los depredadores, y sostuvo que los vecinos apoyan ese accionar.
Finalmente explicó que los desmontes en la zona son preocupantes porque están en una zona con mucha pendiente, donde lluvias pueden generar deslizamientos por la falta de cobertura del suelo.
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Pese al freno municipal, seguirían los desmontes en la reserva del cerro 20 de Febrero

Fecha de Publicación: 07/12/2021
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Esta semana se conoció que, tras las denuncias presentadas por vecinos cercanos al predio de la Virgen del Cerro, la Municipalidad de Salta realizó inspecciones de manera periódica en la Reserva Natural del cerro 20 de Febrero, determinando que no se permitirá bajo ninguna circunstancia construcciones en el lugar.
Con esta medida, se buscaba frenar una irregularidad que se venía denunciando hace tiempo. El terreno en cuestión se encuentra ubicado en calle Los Carolinos al 700, del cual los vecinos presentaron disconformidad con los trabajos de limpieza y desmalezado que se realizaban en el terreno privado que se encuentra en el área semiprotegida.
Sin embargo y pese a la medida municipal para impedir el desmonte, otra vez los residentes del barrio Tres Cerritos afirmaron que las acciones de desmonte y limpieza del terreno siguen adelante, sin importar el impedimento de la intendencia para preservar la flora y la fauna de la serranía.
“Los vecinos de la zona manifiestan su preocupación por futuras construcciones en la ladera del cerro en cuestión, la cual supera la cota de elevación 1225m estipulada en la Carta Orgánica Municipal que restringe las construcciones a elevaciones mayores a 1225m en todas las laderas de los cerros colindantes con nuestra ciudad”, espetaron los residentes de la zona.
Recordando que este problema viene desde hace dos años, los vecinos recalcaron que hicieron denuncias a la Municipalidad de Salta, a la Policía Rural y Ambiental, como igualmente a la Policía de Salta. “Algunos trabajos continúan”, lamentaron por esta irregularidad.
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En lo que va del año convocaron a audiencias para desmontar 25 mil has en Salta

Fecha de Publicación: 22/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


A la superficie de desmonte se suman audiencias para evaluar “manejo con aprovechamiento forestal y silvopastoril”, en 5.538 hectáreas, y un “Plan de Manejo y Conservación Forestal”, en 12.956 hectáreas.
En lo que va del año la provincia ya convocó a 9 audiencias públicas para el desmonte de más de 25 mil hectáreas para actividades agrícolas y/o ganaderas. Mientras, se conoció que más de 5.538 hectáreas serán destinadas al Plan de Manejo con Aprovechamiento Forestal y Silvopatoril, y otras 13 mil, a un Plan de Manejo y Conservación Forestal.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, afirmó que ninguno de los procedimientos expuestos en las audiencias públicas que involucren desmontes contará con los certificados para iniciar los trabajos. La determinación se tomó ante el actual procedimiento de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que en la provincia está desactualizado desde 2014. Una vez actualizado y establecido el nuevo mapa con las zonas que se pueden desmontar y las que no (que se pintan de verde, o de rojo o amarillo, según correspondan), cada uno de los pedidos de desmontes se adecuará al nuevo trazado. La readecuación será sin audiencia pública mediante, según lo indicado por Aldazábal.
“Se ha decidido que se hace la evaluación y la instancia de la audiencia (del desmonte solicitado), y mientras se revisa el OTBN se suspende el acto administrativo”, sostuvo el funcionario ante lasconsulta de Salta/12. Sobre las razones para suspender las audiencias públicas hasta que el ordenamiento esté actualizado, afirmó que si bien la Ley establece que se debe actualizar el OTBN cada 5 años, desde el punto de vista legal no dispone ni sanción por la desactualización ni deja sin vigencia legal al actual ordenamiento.
Aldazábal aclaró que los desmontes, en tanto, se harán una vez que se finalice la actualización del OTBN y se realice la readecuación pertinente.

Tres audiencias de planes de manejo
En esta semana se publicaron tres audiencias públicas para poner en consideración planes de manejo dentro de extensiones considerables de montes chaqueños.
Según surge de las convocatorias, una involucra el “Plan de Manejo y Conservación Forestal en una superficie de 12.956” hectáreas de Finca San José de Pocoy del departamento San Martín, iniciado por la firma San José de Pocoy SA. La fecha establecida para esa audiencia es el miércoles 15 de diciembre, a las 10, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Coronel Cornejo.
Otra de las convocatorias involucra un “Plan de Manejo con Aprovechamiento Forestal y Silvopatoril en una superficie de 1.955” hectáreas en Finca Totoral, del departamento Rivadavia. El trámite, iniciado por Estela Mabel Meichtry, tendrá lugar el 16 de diciembre, a las 10, en la escuela N° 4.189 del paraje El Ocultar, jurisdicción de La Unión, en Rivadavia.
La última audiencia que se publicó esta semana es para un “Plan de Manejo Silvopastoril con Aprovechamiento Forestal en una superficie de 3.583” hectáreas de Finca El Toro, de Rivadavia. El trámite fue iniciado por Aida Isabel Weinreiter y la audiencia tendrá lugar el viernes 17 de diciembre de 2021, a las 10, en el Salón del Centro Integrador Comunitario (CIC) de Los Blancos, en Rivadavia Banda Norte.
Solo se puede consultar los expedientes yendo de manera presencial y con turno previo (por la covid-19) hasta el edificio de la Secretaría de Ambiente en la capital salteña, estas condiciones provocan que sean prácticamente inaccesibles para un poblador de esos lugares distantes de la ciudad de Salta. Pese a los recaudos que se toman ante la pandemia, y que los expedientes cuentan con un soporte digital, al día de hoy no se instrumentó la difusión digitalizada de los expedientes que contienen los estudios de Impacto Social y Ambiental de estos proyectos para poder revisarlos vía on line.
Especialistas consultados por Salta/12 sostuvieron que estos planes de manejo involucran un aprovechamiento de las tierras con pequeñas extensiones de plantación de pasturas, y extracción de madera sin las grandes extensiones de desmonte (es decir manteniendo el monte nativo en general). Aunque consideraron que se debe contar con un control exhaustivo sobre los trabajos a realizar.

Oposiciones a las audiencias
El 5 de noviembre pasado en la audiencia por Simbolito, un desmonte de 785 hectáreas en Anta, vecinos de este departamento llegaron a movilizarse en rechazo al desmonte en general. Estos vecinos, que viven en uno de los departamentos con mayor tasa de deforestación en la provincia, vienen desde hace tiempo realizando acciones con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias que los desmontes acarrean el ambiente.
Carolina, una de las habitantes de esa zona (cuya identidad se resguarda, ante las denuncias contra otro activista que mostró desmanejos en temas ambientales), afirmó que lo que se vive en las ciudades más grandes del departamento muestra las consecuencias de la deforestación. A su entender, la más directa es el viento que traspasa las “cortinas forestales” que debían quedar delimitando cada una de las superficies desmontadas. Con el tiempo las llamadas “cortinas” se convirtieron en “tules”, según calificaron ambientalistas que preveían las consecuencias a futuro.
Los vientos, en muchos casos de gran intensidad, afectan sobre todo a quienes viven en casas precarias, que soportan cada tanto la voladura de las chapas de sus techos. “Rogamos que llueva porque los calores son intensos. Pero cuando llueve se termina inundando todo”, sostuvo la vecina al considerar este como un efecto más del desmonte. Además, en cuanto a las posibles afectaciones a la salud, hay situaciones que consideró “curiosas”, como los casos de cáncer o los padecimientos de problemas respiratorios.
Estos temas serán debatidos en el “Encuentro Debate Socio Ambiental del NOA”, que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el municipio de Apolinario Saravia (del departamento Anta) y del que participarán especialistas en el tema.
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Tres Cerritos: frenaron el desmonte en el cerro 20 de Febrero

Fecha de Publicación: 20/11/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


A partir de las denuncias de vecinos, suspendieron una serie de tareas de desmonte en un predio ubicado en calle Los Carolinos al 700.
Vecinos de Tres Cerritos denuncian desmontes, limpieza, y depredación de la laderas Este de las serranías adyacentes a Los Carolinos al 700, camino a la Virgen del Cerro y que entendemos que corresponden a la Matricula Nº 182523 de acuerdo a las copias de Cedula Parcelaria y plano.
El mes pasado los vecinos de la zona se sorprendieron porque el predio fue cercado con una lona medianera verde y a principios de noviembre comenzaron tareas de poda , desmonte y depredación. Los obreros aducen que solamente hacen tareas de desmalezamiento y limpieza de canal de desagüe del agua de lluvia, el cual estaba y aún está cubierto con sedimentos.
Tras las denuncias, el propietario del predio fue notificado para que se abstenga de continuar con los trabajos de limpieza, desmalezado y otros, que se están realizando en el terreno hasta que se presenten los papeles habilitantes emitidos por la Municipalidad.

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Cabe destacar que se trata de un terreno ubicado en la ladera del cerro que comprenden áreas especiales de parques y reservas naturales, de acuerdo con el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental, como así también están amparadas por la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente.
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En el norte salteño arrasaron con un bosque que se recuperaba de otro desmonte

Fecha de Publicación: 08/11/2021
Fuente: Que Pasa Salta
Provincia/Región: Salta


Lo informó la comunidad wichí El Arenal a integrantes de la organización ambientalista Greenpeace. Ocurrió en General Ballivián. El lugar había sido desmontado hace 8 años y estaba en proceso de reconstitución.
El coordinador de Bosques de Greenpeace en Argentina, Hernán Giardini, fue el encargado de relatar a los medios lo ocurrido hace dos semanas. Según dijo, se entraron en un recorrido que hicieron al Chaco salteño hasta llegar a la comunidad El Arenal, una comunidad Wichí ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de General Ballivián en el departamento San Martín.
"La comunidad nos contó que venían utilizando para su subsistencia al bosque que se empezaba a recuperar rápidamente. Contaron que la vegetación superaba la cabeza de un adulto. Y esto fue posible por la existencia de algunas cortinas forestales y superficies boscosas cercanas", explicó el ambientalista a la sección local del diario Página 12.
La vegetación logró crecer porque al parecer "estuvo sin ser expuesta a agrotóxicos". Pero hace un mes llegaron topadoristas para desmontar el bosque. "La gente los paró. Pero el tipo les dijo que cualquier cosa iban a hacer los trabajos de noche". Y finalmente lo hicieron.
"No pudimos reconocer de cuál empresario es, ni si tenían permiso para hacerlo", indicó Giardini. El problema es la falta de monitoreo y una mirada específica en las imágenes satelitales sobre los bosques que pueden llegar a recuperarse para que no vuelvan a ser dañados. Mientras, "la comunidad no sabe qué hacer porque es lo último que les queda" para poder subsistir.
Giardini hizo algunas reflexiones respecto de una zona que se desmontó dos veces en ocho años y volvió a reclamar que el desmonte sea calificado como un delito penal. En ese marco, recordó que el martes último Alberto Fernández firmó un compromiso para frenar y revertir la deforestación junto a líderes y representantes de más de 100 países, en el marco de la Cumbre de Líderes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se desarrolla en Glasgow, en el Reino Unido.
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Detectaron un desmonte cercano a la Reserva Nacional de Pizarro

Fecha de Publicación: 01/11/2021
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Aunque se dio aviso de esta situación, se desconoce si hubo una actuación de la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Hace dos semanas un grupo de la organización ambientalista Greenpeace se acercó hasta una zona de la que surgió, a través del análisis de imágenes satelitales, un desmonte ilegal de 75 hectáreas que se generó entre enero y mayo en la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento Anta.
Pese al tiempo transcurrido, hasta el momento en el que se pudo llegar al lugar, los ambientalistas se dieron con que las cenizas de la quema de los restos del desmonte eran recientes. “Se veía el humo y hasta alguna chispa”, dijo a Salta/12 el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El desmonte se realizó en la zona de amortiguación de la emblemática Reserva Nacional Pizarro, que simboliza de algún modo (para bien o para mal) cómo continúa la situación de la conservación después de haberse sancionado la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Según la información que brindó Greenpeace, “documentamos un desmonte ilegal de 75 hectáreas en la Categoría I – rojo, máxima protección en la Ley Nacional de Bosques, a sólo 5 kilómetros de la Reserva Nacional Pizarro, Salta”. Giardini sostuvo que tomó conocimiento de que en aquel momento vecinos de la zona que se incendiaba habían comunicado de la situación a la Policía y la Secretaría de Ambiente de la provincia, “Pero al parecer nadie apareció”.
El ambientalista entendió que como en las imágenes se fue acumulando la cantidad de superficie desmontada realizada mes a mes, estimaron que la actividad ilegal se realizó de a poco entre enero y mayo.
En la zona se destacan árboles como cebil colorado, palo borracho, algarrobo, quebracho, duraznillo, palo blanco palo amarillo y tipa. Se recordó que este es uno de los últimos sectores de Selva Pedemontana de Yungas, en un departamento altamente deforestado por la agroindustria. De hecho, la Reserva quedó rodeada de desmontes que se generaron durante el boom sojero.
Pobladores de la zona, en tanto, confirmaron que apenas vieron el fuego, hace unas semanas, se dio aviso de la situación. La humareda se veía en el camino vecinal que une la plaza del pueblo de General Pizarro por 22 kilómetros hasta llegar a la zona de aguas termales que están dentro de la Reserva.
El lugar está altamente modificado por los desmontes realizados por finqueros dedicados al agronegocio a escalas mayores, y productores hortícolas. En esas producciones los vecinos son testigos del uso de agrotóxicos cuyos bidones, dijeron, terminan muchas veces tirados en las aguas de los ríos o alrededor de las fincas.
El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, se comprometió a verificar el inicio de sumarios por este desmonte, aunque entendió que deberían haberse iniciado, dado que 75 hectáreas "no se le escapan” al monitoreo de imágenes satelitales de la provincia.
Por su parte, la organización ambientalista afirmó que mediante imágenes satelitales comprobaron que en lo que va de 2021 en la provincia de Salta se deforestaron 8.769 hectáreas de bosques nativos. “Necesitamos que se prohíba y se penalice el desmonte”, sostuvieron.
Esta semana se conoció que ingresó en el Congreso un proyecto de Ley presentado por el diputado nacional salteño Lucas Godoy, que establece penas de prisión efectiva para aquellos que hayan desmontado de manera ilegal. Además incluye una millonaria multa económica si se comprueba que se hizo la deforestación con fines de lucro.
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Los paneles solares devolvieron la esperanza en Chiyayoc

Fecha de Publicación: 16/10/2021
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


 El Tribuno fue parte de una cruzada para mejorar la calidad de vida de los habitantes de un poblado aislado, ubicado a 4.500 msnm. El paso del mechero a la electricidad, un gran salto para la comunidad
 Los paneles solares devolvieron la esperanza en Chiyayoc Solo una potencia volitiva arrolladora impele a llegar hasta Chiyayoc. Se toma por la ruta nacional 34 hasta Los Lapachos. Ya en Jujuy se sigue por la ruta nacional 9. Pasando Humahuaca se llega hasta Iturbe y se continúa por una ruta provincial hasta antes de la cuesta a Iruya. Allí se realiza un desvío hacia la izquierda y se agarrarán unos 40 kilómetros por una huella de camino. Esta senda regular parece auspiciosa e ilusiona con que se haya escapado de la vorágine noticiosa una ampliación que deje a unos pasos del pueblo de Chiyayoc. Pero no. La panorámica al dejar el seguro recinto de un vehículo ofrece la cornisa. Una senda irregular, de caprichoso empinamiento o vertiginoso descenso, entre los 3.300 y los 4.500 msnm.
Perdido, remoto, aislado. Expresado en 18 familias, un alumnado primario de 7 estudiantes, un padrón electoral de 67 personas (en 2015). Así es Chiyayoc.
Para llegar al caserío se deben transitar 18 kilómetros a pie. El Tribuno fue hasta allí a principios de agosto de 2018 acompañando la entrega de 15 hornos a leña de la Fundación Solar INTI. Las familias chiyayoquenses se habían adecuado al modelo propuesto por el ingeniero agrónomo francés Pierre-Yves Herrouet: habían hecho un aporte económico y otro de tiempo y pagado el 40% del valor total del producto. El resto lo habían financiado solidariamente padrinos de Francia y de Argentina. Al término de aquel viaje habían quedado felices con su cocina económica, transportable, que se puede utilizar a diario y que conserva el gusto de los platos cocidos con leña, pero sin el efecto indeseado de la contaminación por el humo. Las familias desde entonces ahorrarían más del 80% de la leña empleada para cocinar y, a la vez, al desprender poco humo evitarían la emisión de una tonelada de dióxido de carbono (CO2) al año. Ya el hecho de no caminar horas en busca de leña la volvía atractiva.
En Chiyayoc los pobladores llevaban sus celulares a cargarlos en la escuela N° 4345, la única que contaba con panel solar hasta que en septiembre de 2018 les fueron a instalar equipos residenciales a los habitantes. Ahora con la corriente continua del panel solar pueden cargar los teléfonos y las computadoras, escuchar radio e iluminarse día y noche. Javier Corbalán
Sin embargo, El Tribuno pudo entender a través de los testimonios de los habitantes que había otros emergencias. Chiyayoc no había sido alcanzada jamás por un plan de vivienda, el agua potable o los paneles solares, salvo el de la escuela.
A pesar de que son propietarios con título comunitario, las familias chiyayoquenses emigran a los centros urbanos donde están disponibles las fuentes de trabajo. Abandonan la producción orgánica de papa, oca, maíz, haba, arveja y carne de oveja, cordero y cabra, porque los pequeños productores no ven ganancia, sobre todo por las enormes distancias que deben cubrir hasta los destinos. “El potencial de agricultura y ganadería es grandísimo aquí. Hay gente con 20 mil hectáreas, montes enteros de 7.000 ha, o San Pedro como 25 mil ha, o Santiago con 120 mil ha, pero necesitamos que llegue un camino a Chiyayoc, San Juan, Rodeo del Valle Delgado, Matansilla del Valle Delgado. Para llegar al mercado de Salta tenemos 420 km”, se desahogaba Cornelio Herrera, entonces concejal por Iruya. Agregaba que el camino era la esperanza, sobre todo porque en los últimos años habían visto desaparecer varias comunidades como Abra de Araguyó y Casa Grande. “Seguimos usando la vela y el mechero y para un joven querer estudiar con eso es dificultoso, y también la distancia que hay de aquí adonde llegan los vehículos”, decía, impotente. En la mente de este medio se concibió entonces la idea de que podría haber alguna solución.

La solución
La nota sobre cómo llegaba el progreso a Chiyayoc con 15 hornos a leña de la Fundación Solar INTI, realizada por El Tribuno, atrajo la mirada de Edesa, ESED (Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos) y Permer (Programa Energías Renovables en Mercados Eléctricos Rurales), los tres involucrados en cubrir las necesidades eléctricas esenciales de todos los habitantes rurales dispersos de Salta.
Por otra parte, Pierre-Yves Herrouet, de Solar INTI, había convocado a través de su Facebook de nuevo a padrinos solidarios. “Las familias de Chiyayoc nos pidieron ayuda para llevar paneles solares. Ayudemos a que este pueblo siga con su cultura y que la gente no tenga que irse de la comunidad”, posteó. En la oficina de Edesa (pasaje Zorrilla 29), el ingeniero Hugo González, gerente de Relaciones Institucionales de Edesa y ESED; el contador público Martín Corti, gerente de ESED SA, empresa que realiza el mantenimiento de los clientes rurales dispersos; el ingeniero Pierre Ritzer, de la Unidad Ejecutora Permer Salta; y la licenciada Sol Manolizi, de Relaciones Institucionales del Ente Regulador, recibieron a El Tribuno para ofrecer un panorama del programa de paneles solares, qué familias estaban incluidas en él y cuál era el plan de instalación de los próximos meses en toda la provincia. Edesa tiene tres tipos de clientes: los pobladores que gozan del sistema interconectado; otros de generación aislada, es decir, pequeños pueblos donde no llega la energía interconectada, pero sí se la produce localmente como San Antonio de los Cobres, con generación térmica o renovable; y los de generación dispersa con energía solar renovable. Entre estos últimos se ubica Chiyayoc. Corti en aquel momento había dicho que el Banco Mundial, que lleva a cabo un programa de financiamiento de energías renovables con el fin de contribuir a una matriz energética más limpia y a la mitigación del cambio climático, exige para derivar fondos que haya una distribuidora comprometida con el mantenimiento de los servicios.
Pierre-Yves Herrouet, de Solar INTI, sacó esta foto a Yolanda Chorolque, residente de Chiyayoc, feliz con su equipo. “El panel solar es un enorme avance para los pueblos de altura. Esa energía es renovable y es fabuloso para las comunidades donde la naturaleza es pura, no contaminada. Mi admiración para ellos por su capacidad de supervivencia”, dijo Pierre. Javier Corbalán
De acuerdo con Ritzer en 2012 se habían instalado 5.038 equipos fotovoltaicos a particulares a través del Permer. Y habían quedado a la espera de un estudio de impacto sobre las familias cinco departamentos: Iruya, San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria. De un total de 2.629 solicitantes, 889 familias se localizaban en Iruya y entre estas 32 eran de Chiyayoc. Para las familias ser beneficiarias del programa comporta un salto en su calidad de vida. Por un lado se disminuye la inhalación de hollines provocados por la combustión de lámparas y velas y la contaminación del entorno natural. Por otro, aumenta para ellos las horas nocturnas a emplear en el trabajo y el esparcimiento, pero sobre todo, ahorran mucho dinero. Después de esta reunión y a pesar de no estar en los planes, Edesa, ESED y Permer se comprometieron a instalar los 32 paneles solares a las familias de Chiyayoc, mientras que las conexiones internas fueron costeadas por los padrinos solidarios de Solar INTI y el transporte lo puso la Municipalidad de Iruya. Luego de que vivieran la experiencia de llevar la solución energética definitiva a Chiyayoc, cuyos habitantes hoy tienen luz, radio y pueden recargar celulares y con adaptador una notebook, desde ESED la recuerdan como la mayor logística que hayan hecho para llevar a la alta montaña la mayor cantidad de equipos reasignados. La cuadrilla de ESED y Solar INTI estuvieron dos semanas instalando los paneles solares. Las baterías tienen una vida útil de tres años en promedio y justo a Chiyayoc habían regresado dos semanas atrás para hacer el mantenimiento. “Pasaron del mechero a tener luz en cualquier momento del día, a escuchar radio cuando antes lo hacían a pilas. Estos usuarios pagan al mes $700 que en relación con las pilas es nada. Ganaron en iluminación, educación, información. Pueden llevar el celular cargado a la escuela y usar la internet satelital del establecimiento”, afirmó Corti.
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