Salta hará un nuevo ordenamiento de bosques y registrará desmontes hechos y autorizados

Fecha de Publicación: 11/10/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se prevé realizar un análisis que superponga los diversos intereses productivos, ambientales y sociales, para poder trazar las superficies que pueden ser volcadas a la producción y las condiciones para hacerlo.
El director general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Ignacio Goitia, sostuvo que pretenden rehacer el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en Salta.
El funcionario relató a Salta/12 que esa fue la conclusión a la que se llegó con distintos sectores que conforman el Consejo Asesor del OTBN, tras necesarias reuniones para actualizar el mapa cuya revisión está vencida desde 2014.
Goitia afirmó que entre los criterios para definir los colores (rojo, amarillo o verde), que permiten o detienen el paso de las topadoras, se incluirán también los desmontes ya realizados, e incluso los que están autorizados pero aún no se hicieron.
Agregó que el asesoramiento técnico está a cargo de integrantes del INTA, el CONICET, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Decidimos hacer el OTBN con un mapa nuevo. El anterior no regiría más, una vez que se apruebe”, indicó el funcionario al sostener que por el momento en la mesa técnica se están definiendo las 9 capas que se superpondrán sobre el mapa salteño y que abordan cuestiones sociales, ambientales y productivas, para luego ser sometidas a un proceso participativo. Una vez que esto se defina, el mapa deberá ser evaluado por la Legislatura provincial. En 2009, cuando eso aconteció, el mapa fue modificado en el ámbito político.
El proceso es participativo y para ello se utilizó una metodología trazada por investigadores del CONICET. La Metodología Q se instrumentó para que cada uno de los participantes indique cuál es su percepción sobre el bosque. A raíz de estas percepciones se conformaron cuatro grupos.
Una vez trazadas las capas, los grupos se reunirán a debatir y en aquellos puntos que haya acuerdo, se definirá un criterio. Pero cuando no haya acuerdos, la decisión será tomada por los técnicos.

Ni la Rural ni Greenpeace
Aunque desde ambos sectores se hicieron observaciones sobre el posible nuevo Ordenamiento Territorial, ni la Sociedad Rural Salteña, Prograno, u otras entidades que agrupan a grandes productores, se sentaron a la mesa participativa. Pero tampoco participa en esta instancia la organización ambientalista Greenpeace. “Todos fueron invitados a sentarse. Y aún tienen las puertas abiertas para hacerlo”, dijo Goitia.
El titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, afirmó (como lo hiciera con anterioridad) que no recibieron invitación alguna. En declaraciones al diario El Tribuno, el ruralista había criticado la pretensión de establecer zonas no susceptibles de ser desmontadas: “lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente".
Las palabras del ruralista generaron la reacción de la referente campesina de la ruta 81, Lucía Ruiz: “hasta ahora no se sentaron a una sola convocatoria para manifestar sus posturas”, le recriminó en declaraciones a Salta/12. Ruiz, quien participa del Consejo Asesor, añadió que es necesario que no pensar solamente en el aspecto comercial sino también en cómo incide la forma de producción en el cambio climático y en el ambiente.
“De estos cuarenta años que pasaron, o quizás más décadas de desmonte, no se avanzó nada y seguimos igual de pobres”, fue la respuesta de la campesina a Segón; sostuvo asimismo que el desarrollo que se ve de un lado, no repercute de igual manera en el otro. “El presidente de la Rural dice que con subsidios vamos a seguir pobres. No es así. Trabajando bajo monte y con el monte también puede haber desarrollo”, afirmó.
Añadió la necesidad de incorporar al campesinado y al pequeño productor en líneas viables de comercialización que, dijo faltan la mayoría de las veces. A ello sumó el requerimiento de infraestructura (como lugares para faenar y frigoríficos) y beneficios que lleguen al sector, dado que entendió que mientras se permite a los grandes productores ganar diferencias con diversas políticas (respecto al dólar o impuestos), para el campesinado solo quedan algunos perjuicios como el que se vive en la actualidad por la sequía.
“En la carta están las condiciones para participar que Salta no cumple”, dijo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, al dar cuenta de una nota que esta organización le envió al gobernador Gustavo Sáenz.
En cinco puntos de la misiva se indica que en el proceso de definición del OTBN no se deben validar desmontes ilegales, respetando a rajatabla los colores sobre los que se hicieron; se deben respetar los territorios de comunidades de pueblos originarios. Realizar un proceso realmente participativo; mantener amplias zonas forestales continuas y en buen estado de conservación, y “ser progresivo en cuanto a aumentar la protección de las zonas forestales de la provincia”. Esto último responde al hecho de que Argentina firmó en la última Cumbre Climática un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, y a que Salta ya perdió 703.421 hectáreas desde la sanción Ley Nacional 26.331. “El nuevo OTBN de Salta no debe habilitar nuevas zonas para desmonte, resultando necesario eliminar del mismo la Categoría III – verde (donde se puede deforestar)”, exigió Greenpeace en el quinto punto.
Al respecto, Goitia afirmó que de los puntos reclamados por Greenpeace, se cumple con los primeros cuatro. Pero entendió que imponer la eliminación de la Categoría III, podría implicar dejar de lado también el concepto de la modalidad participativa.
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El acuerdo, casi imposible, que se busca para la ley de bosques

Fecha de Publicación: 14/09/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Insisten en que el ordenamiento habilite nuevas áreas de producción. Buscan conciliar con una mediación posturas productivistas y conservadoras.
La intención del Gobierno provincial es que antes de fin de año esté terminada la primera revisión del mapa de ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) de Salta, que ya viene con un retraso de 9 años, de acuerdo a lo que marca la ley nacional de bosques (Ley 26.331). Sin embargo, el proceso participativo requerido para su aprobación se enfrenta a una disyuntiva entre los sectores, que se podrían reducir como "productivistas" y "conservadores" o ambientalistas. Esas posturas, autoimpuestas como contrarias, ya hicieron fracasar en otras oportunidades la posibilidad de ordenar de manera eficaz las zonas en las que se pueda, justamente, producir (agricultura y ganadería) y proteger el medio ambiente en Salta. Dos visiones que no se cumplen en gran parte del territorio salteño.
Como dio a conocer la semana pasada El Tribuno, en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, que es donde se encara la revisión del OTBN, buscarán contrartar un servicio de mediación para tratar de conciliar a las partes.
La coordinadora del proceso, María Gil, explicó en esa oportunidad que el trabajo que están realizando no apunta a reducir las áreas protegidas, categorizadas en rojo, amarillo y verde. Cada color restringe o habilita la utilización productiva de tierras de acuerdo a un valor ambiental asignado.
Consultados para esta nota, dirigentes del campo salteño insistieron en la posibilidad de desarrollo que tiene la provincia si se permite un uso de suelo diferente al actual. Es en referencia a la superficie pintada de amarillo donde solo se puede producir sin afectar el bosque nativo (sin desmontes). Especialmente a las dos millones de hectáreas que corresponden a gran parte de Rivadavia y el este de San Martín, sectores que figuran entre los más afectados por la pobreza en el país.
"Lo que nadie dice es de qué va a vivir la gente del Chaco salteño, que está con esa limitación de poder producir. Seguirá viviendo del asistencialismo como ocurre hasta ahora y en la indigencia en la que vive actualmente", dijo Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural Salteña.
"En la medida que el ordenamiento territorial signifique mayores limitaciones a la actividad productiva el sector no va acompañar esa revisión del mapa de ordenamiento territorial", fijó postura el dirigente.
Lucas Norris, titular de la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno), sostuvo, en tanto, que en las discusiones por el OTBN "no haya una cuestión de ideología".
"Tenemos que pensar con el desarrollo qué es lo se puede hacer, que nos dejen hacerlo o habilitarlo y que no haya una cuestión de ideología que diga que no se puede hacer nada", señaló Norris.
"Es positivo que el gobernador se haya manifestado a favor de una provincia productiva, porque en definitiva es lo que necesitamos, hay que ver cómo logramos hacerlo y que no quede en palabras", agregó.

Acciones
El trabajo de revisión del mapa se realiza desde el año pasado. Al proceso participativo de consulta lo integran especialistas de las universidades locales, científicos del Conicet y miembros de diferentes instituciones relacionadas con la temática.
Según adelantaron a este diario desde la Secretaría de Ambiente, en los próximos días se publicarán en la página web del organismo los distintos documentos, mapas y estudios técnicos que se elaboraron y desarrollaron para el OTBN de Salta.
El nuevo mapa estaría listo a fines de noviembre o en diciembre. El trabajo será elevado, luego, a la Legislatura para su tratamiento. Ese último paso se realizaría el año próximo.
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Se incendió uno de los lugares de mayor biodiversidad en el país y hay preocupación

Fecha de Publicación: 26/08/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Salta


Desde el jueves pasado, un foco que se habría originado en la zona suburbana de Colonia Santa Rosa, en Salta, afectó a la región de Las Yungas
Desde hace una semana, los vecinos de Colonia Santa Rosa, en Salta, denuncian un foco de incendio que comenzó a arrasar con una buena parte de la Reserva de la Biosfera de Las Yungas. En concreto, calculan que van más de 5000 hectáreas consumidas por el fuego y temen que los resultados sean catastróficos para la fauna silvestre.
Joaquín Fernández Ullivarri es ingeniero agrónomo y vecino de la ciudad, y explicó que desde hace varios días la ciudad está envuelta en una intensa capa de humo que imposibilita la visión. Más precisamente, los incendios comenzaron el jueves pasado en la zona urbana, por lo que los vecinos creen que, si bien no habrían sido intencionales, sí “fueron provocados”.
“El jueves cuando empezó el incendio, justo hubo un cambio del viento, del norte”, comenzó a relatar el hombre que trabaja para una firma relacionada con el agro. Además, lamentó que estos focos se den precisamente en “un año que pinta extremadamente seco” y helado.
“En toda la zona periférica hubo focos y eso saltó a la selva, a Las Yungas, que es inmenso. Hay más de 5000 hectáreas afectadas de selva en ese lugar y las temperaturas vienen en ascenso”, añadió el agrónomo. También lamentó que el incendio tenga tan poca repercusión y contó que recién ayer la provincia se comprometió a mandar una delegación para tratar de apagar los focos. “Es una selva con una importancia intangible. Ahora, el fuego arrasó con toda una parte que es muy linda”, amplió.
Por otra parte, agregó que el foco que desencadenó el incendio se dio en una zona lindera con áreas urbanas y rurales: “Todo tiene una relación, porque no se prendió solo”. Fernández Ullivarri alertó que “hay una costumbre de prender las hojas o la basura”.
Fernández Ullivarri contó que los focos comenzaron a esparcirse en la región y han provocado destrozos para la flora y fauna de los bosques subtropicales, también conocidos como bosques nubosos. “En el satélite se vio que el fuego lo inició la mano del hombre, por como se inicia: comenzó en una zona donde hay fincas, movimiento de personas y se metió a donde hay cerros, montañas con selvas. A medida que vas viendo las fotos de los satélites se nota que empezó en la zona suburbana y se esparció hacia adentro de la selva”, describió.
El agrónomo narró que la superficie que puede llegar a consumirse de la selva con estos focos es infinita, por lo que pidió que se comiencen a tomar medidas para contener los incendios. “Puntualmente, el poblado desde hace tres días amanece envuelto en un manto de humo. Es importante darle relevancia a esto, por el valor que generan Las Yungas para la región, de alguna manera es algo importante lo que se está quemando”, indicó.
La región de Las Yungas, en las provincias norteñas de Salta y Jujuy, es uno de los lugares de mayor biodiversidad del país, y fue reconocido como patrimonio natural y cultural del mundo por la Organización de las Naciones Unidas dentro del programa “El hombre y la biosfera” de la Unesco en diciembre de 2002. Con esta declaración, Las Yungas en este momento forma parte de la Red Mundial de reservas de biosfera de la Unesco y por consiguiente de la Argentina.
En rigor, según Ledesma, Las Yungas superan los 4 millones de hectáreas de bosques que representan el 2% del área continental del país, que mantienen el 50% de su biodiversidad. En esa selva actualmente habitan alrededor de 500 especies de aves, otras 200 especies de árboles nativos de la región, 80 variedades de helechos y 30 especies de anfibios.
“Los bomberos voluntarios están trabajando en total escasez, estaban viendo de pedir una motobomba y buscando gente de bomberos y de Defensa Civil para ver que se puedan frenar los focos”, agregó el ingeniero agrónomo. Agregó que aún esperan el accionar del intendente Jorge Guerra. “El norte argentino es tierra de nadie”, sintetizó.
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Jujuy y Salta fortalecen plan para conservar al yaguareté

Fecha de Publicación: 20/08/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - Jujuy - Salta


Las Yungas es la región con mayor población de la especie en peligro de extinción, con unos 200 animales.
Las provincias de Jujuy y Salta, junto a Parques Nacionales, trabajan en la actualización del Plan Estratégico para la Conservación del Yaguareté (Panthera onca) en las Yungas Argentinas, en el que se apostará a fortalecer la comunicación sobre el valor de la especie, generar mayores condiciones de preservación de su hábitat y acciones contra la cacería asociada a la ganadería.
El trabajo para definir las tareas, que comenzó en junio con distintos encuentros y talleres, se proyecta concluir en septiembre con la respectiva validación del renovado plan, habiéndose acordado en la última semana lo referido a las nuevas metas, según indicaron desde el equipo a cargo de la labor.
"En esta actualización analizamos nuevas perspectivas de trabajo referidas a los factores que más están influyendo en el yaguareté y su hábitat, como ser incendios forestales, el impacto que genera el desarrollo de rutas y también la cacería", explicó a Télam el director de Biodiversidad de Jujuy, Daniel Zenón.
Detalló que los nuevos lineamientos se están abordando entre técnicos e investigadores de Jujuy y Salta, siendo muy importante el trabajo combinado por la conexión biogeográfica de las Yungas.
En ese sentido, Soledad de Bustos, bióloga de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, puso en valor que se estima que las Yungas es la región de mayor hábitat en el país de la especie en peligro de extinción, con "alrededor de unos 200 individuos".
Lo anterior, "en comparación con las otras dos subpoblaciones que se registran, en la ecorregión del chaco, con unos 20 individuos, y de la selva misionera, con alrededor de 80".
De las principales amenazas que enfrenta el yaguareté, la especialista sostuvo, en diálogo con Télam, que "no solo se ha visto reducido su hábitat natural disponible, sino también se han perdido individuos a través de la cacería, producida generalmente asociada a la ganadería".
Al respecto, apuntó que desde Parques Nacionales y la Fundación Jaguares en el Límite se está trabajando en alternativas de manejo ganadero y en dar herramientas para ahuyentar a los felinos.
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Las aguas del Pilcomayo están contaminadas

Fecha de Publicación: 19/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional


Estudios de laboratorios bolivianos determinaron que el agua del Pilcomayo no es apta para consumo humano, tras la contaminación producida por el colapso de un dique de colas en la comunidad de Agua Dulce, en Potosí.
El informe de laboratorio menciona que las muestras determinaron que el agua es Clase "C", que para ser utilizada para consumo humano requieren tratamiento físico-químico completo y desinfección bacteriológica, según consignan medios locales.
El director de Gestión Ambiental y Riesgos de la Gobernación de Tarija, Reiner Figueroa, confirmó al medio boliviano Tarija Economía que los informes indican que el agua del río no es apta para consumo. Y agregó que las dos muestras fueron recolectadas los primeros días de este mes y luego derivadas a un laboratorio que trabaja con el gobierno boliviano. Frente a este informe, las autoridades locales bolivianas recomendaron el uso de potabilizadores en toda la región..
El funcionario también aseguró que se tomarán muestras en otras zonas del río y se enviarán para ser analizadas en busca de indicadores de contaminación. E insistió en que se continará con el análisis de muestras para tener más certeza sobre el grado de contaminación en la parte baja del río, que atraviesa territorio de Argentina y Paraguay.
Mientras en el lado argentino, principalmente la provincia de Salta, aguardan resultados de las muestras de aguas que se tomaron en las riberas del Pilcomayo a la altura del municipio de Santa Victoria Este para descartar o confirmar la contaminación minera. Aunque la difusión en Bolivia de los resultados de estos análisis ya levantó una profunda preocupación.
El 23 de julio colapsó el dique de colas en la región de Agua Dulce y virtió más de 10 mil toneladas de residuos de minería, altamente contaminantes en la quebrada de Jayasmayu, que a través del río Tarapaya se conecta con el Pilcomayo.
La gobernación de Potosí prevé encarar un Plan de Contingencia, que incluye la limpieza del lodo contaminado antes de que empiece la temporada de lluvias, para evitar que sigan esparciéndose los contaminantes.
A diferencia de las autoridades potosinas, la Gobernación de Chuquisaca asegura que los niveles de contaminación del Pilcomayo están dentro de los límites permitidos y que no son peligrosos.
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Hace 10 años desmontó ilegalmente 11 mil ha, y aún no cumple con la recomposición

Fecha de Publicación: 13/08/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La deforestación se detectó en 2013 gracias a un operativo de la AFIP, que además encontró personas en condición de esclavitud. Pasó varias instancias judiciales y la Procuración General permitió que no se pagara una multa.
La Justicia de Salta ordenó a un empresario agrícola cumplir con el Plan de ejecución de Recomposición Ambiental que aceptó en una conciliación firmada en 2016. El acuerdo al que llegó aquel año con el Ministerio Público Fiscal (MPF, en aquel momento encabezado por el ahora juez de la Corte de Justicia salteña, Pablo López Viñals), fue tras un desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en dos catastros del departamento San Martín, donde viven comunidades criollas e indígenas.
La deforestación fue en 2013. Pobladores criollos e indígenas, e incluso la asociación ambientalista Greenpeace, habían denunciado el desmonte en aquellos años. Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la provincia no veía la deforestación y negaba la existencia de esa situación.
Recién en ese año, gracias a un operativo de la AFIP, que encontró a personas adultas y menores de edad en situación de esclavitud laboral, los funcionarios provinciales se dieron por enterados de que el desmonte existía y no tenía autorización administrativa alguna para realizarse.

Los antecedentes
Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen son los propietarios de los catastros en donde se realizó el desmonte ilegal. Tras detectarse el ilícito, la Secretaría de Ambiente de la provincia ordenó la paralización de las tareas que se estaban realizando o pudieran realizarse, conforme el principio precautorio. Pero esa disposición se desobedeció. Ambiente impuso en ese momento una multa administrativa de 16 millones de pesos; el equivalente actual, por el precio de la nafta que es el parámetro sobre el cual se calcula, sería de 200 millones.
Ante el incumplimiento, el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, impulsó una causa contra Karlen por desobediencia judicial. El 2 de octubre de 2015, la jueza Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, dispuso sobre uno de los demandados una condena inédita en materia jurídica ambiental en el país, referida a incumplimientos de órdenes administrativas y judiciales contra desmontes.
Incluso se había dispuesto hace ya 7 años, un pago de $171.413.473. Pero en 2016, tras la firma de un convenio marco entre la firma y la Procuración General, se suspendieron los plazos judiciales a condición de que Karlen cumpliera con la recomposición ambiental, que incluía la incorporación de las comunidades criollas e indígenas para un desarrollo sustentable y regularización de su situación en la zona. El plan de recomposición ambiental, abarcaría toda la finca y se extendería en el tiempo por 30 años.

Otra fiscala que intervino
Ya en 2020 ante los incumplimientos del Plan convenido, la fiscala Civil, Comercial y Laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, solicitó la aplicación de astreintes (multas diarias) para que los propietarios agilizaran el cumplimiento de sus obligaciones, y la jueza de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1 de Tartagal, Claudia Yance, resolvió imponérselas en 30 mil pesos diarios. El MPF (actualmente a cargo de Pedro García Castiella) informó que la cifra acumulada hasta agosto del año pasado, en que el abogado de los Karlen recurrió, ya era millonaria.
En agosto de 2021, el letrado apoderado de los propietarios de las actuales matrículas Nº 30746 y 30747 del departamento San Martín, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, esgrimiendo que vulneraba el principio de bilateralidad, igualdad procesal y defensa técnica a su parte, por la sanción judicial que se les imponía debido al incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Vélez Román solicitó el rechazo del planteo que pretendía “reeditar cuestiones ya resueltas” y que sólo tenían “asidero en justificar su actuar negligente” y que pretendía “dejar sin efecto la imposición de multa” diaria judicial.
Yance rechazó el recurso de la firma. En su fallo sostuvo que “no ha habido constancia de haber dado inicio al cumplimiento de lo homologado judicialmente”, además de que a lo largo de los trámites de un proceso judicial complejo la demandada “no ha colaborado, sino que ha mantenido una conducta obstruccionista, no asumiendo las responsabilidades” impuestas.

Panorama actual
Vecinos de la zona judicializada se comunicaron con Salta/12 tras conocer el fallo de Yance. Indicaron que pese al convenio homologado por el MPF, el plan de recomposición no se cumplió y aún siguen muchas familias criollas y originarias dentro de estas tierras, que no son las únicas a nombre de los Karlen en el Chaco salteño. “Hay familias que cuando ellos iniciaron con los desmontes se tuvieron que ir. De alguna manera como que fueron expulsados”, indicó una de las vecinas de la zona.
Aseguró que además de no haber hecho nada para remediar el desmonte ilegal, “siguen explotando la zona”, y que los campesinos que están en sus puestos se encuentran “encerrados por enormes y extensos alambrados”.
“Lo mínimo que deberían haber hecho es clausurarles el campo durante todo este tiempo. Es una vergüenza que hayan levantado tantas cosechas después de haber desmontado”, sostuvo por su parte el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
Al igual que la vecina, dijo que los integrantes de la organización ambientalista vieron cómo en estas extensiones judicializadas se continuó produciendo.
Cuando se firmó el convenio en 2016 se criticó el acuerdo anticipando que podía llegar a ser contraproducente. Giardini afirmó que de hecho los empresarios tuvieron “impunidad” durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey para desmontar de manera ilegal. “No se te puede escapar un desmonte de 11 mil hectáreas con 18 topadoras cuando tenés un control (de imágenes) satelital cada 15 días. Eso habla de la impunidad de dejar hacer”, aseguró.
Para el ambientalista, que esta situación continúe después de tanto tiempo “es terrible”. Mientras el tiempo pasa, destacó que un monte necesita al menos 50 años para recuperarse. Casi diez ya se perdieron.
Añadió que este caso demuestra que “no sirve el sistema de multa”, dado que “cuando son bajas las pagan alegremente y cuando son muy altas las judicializan”, para no pagarlas. Es por ello que insistió, el desmonte debe ser calificado como delito penal.
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Tierra arrasada y especies en riesgo: viaje a la zona cero de la deforestación en la Argentina

Fecha de Publicación: 27/07/2022
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Las provincias del Gran Chaco (Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Salta) concentran el 75% del desmonte de los últimos 25 años
Apenas diez metros separan al monte silvestre de algo que empieza a parecerse a un páramo. Alcanza con girar la cabeza a ambos lados para ver el contraste entre la maraña verde de quebrachos blancos y colorados, algarrobos y espinillos, y la tierra arrasada y revuelta tras el paso reciente de las topadoras. En un puñado de días, una porción de monte vivo, colorido, diverso y sonoro del Gran Chaco argentino cambió para siempre.
LA NACION llegó junto a un equipo de la ONG ambientalista Greenpeace hasta el corazón de la deforestación en la Argentina. A una hora en camioneta hacia el norte desde Las Lomitas, en Formosa, no muy lejos de la frontera con Paraguay, se acaban de desmontar centenares de hectáreas. Desde la ruta no se ve, pero un sobrevuelo previo y las imágenes satelitales no dejan dudas sobre su ubicación. El proceso de desmonte es brutal y no hay sutilezas: para “limpiar” una parcela, en la mayoría de los casos se usan dos topadoras separadas decenas de metros entre sí y entre ellas se tensa una gruesa cadena que, de forma literal, arranca y derriba todo a su paso al avanzar las máquinas. Como en las películas de guerra, el lugar queda lleno de restos apilados, aplastado, polvoriento y en silencio.
Formosa, Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran el 75% de la deforestación en la Argentina del último cuarto de siglo. Según el Ministerio de Ambiente de la Nación, entre 1998 y 2020 la pérdida de bosques nativos orilló los 7 millones de hectáreas.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, no detuvo esa tendencia: datos de Greenpeace muestran que, desde ese año y hasta 2021, esas cuatro provincias perdieron 3.367.308 hectáreas de bosques nativos. Según la organización, casi la mitad de ese desmonte es ilegal porque se hizo en zonas que, en los papeles, debían protegerse.
Para Hernán Giardini, a cargo de la campaña de bosques de la ONG y conocedor de esta región bella y llena de contrastes, la deforestación es sinónimo de “más crisis climática”. Esto significa más inundaciones, enfermedades, pérdida de alimentos, desalojos de comunidades campesinas e indígenas y desaparición de especies como el yaguareté.

Un ecosistema en la mira
Con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie, el Gran Chaco es el segundo ecosistema forestal de América del Sur, después del Amazonas. Cubre porciones del norte de la Argentina y partes de Paraguay y de Bolivia. Es, también, una de las regiones más deforestadas del planeta durante las últimas tres décadas, como consecuencia del avance de la frontera agropecuaria.
El valor ecológico del Gran Chaco es único: abarca 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios. Por la caza y el desmonte, varias especies de mamíferos están amenazadas, como el yaguareté, el tatú carreta y el tapir.
El monitoreo de deforestación de Greenpeace muestra que entre enero y junio de este año se perdieron en el norte argentino 41.332 hectáreas, el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires: 16.106 en Santiago del Estero, 10.223 en Chaco, 10.056 en Formosa y 4947 en Salta. En el último año y medio, esa cuenta llega a las 150.000 hectáreas, y se estima que la mitad de esos desmontes fueron ilegales.
¿Por qué la Ley de Bosques no alcanzó para detener la deforestación? Según Giardini, el problema es la implementación que hacen las cuatro provincias, que armaron planes de ordenamiento “a la medida del sector agropecuario”. El ambientalista explicó que en la región se autorizaron desmontes en bosques protegidos y que Formosa armó un ordenamiento tan laxo que se autorizó a desmontar hasta el 75% de sus bosques: “Formosa pasó de destruir 7500 hectáreas por año hasta 2006 a 30.000 por año entre 2008 y 2021”, dijo.

Formosa y Chaco
Según Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales de Formosa, la información que brinda Greenpeace “es falsa” cuando expresa que su plan de ordenamiento territorial permite deforestar el 75% de los bosques. “Nuestra ley crea una zonificación que establece grandes restricciones para los cambios de uso de suelo, aun dentro de la categoría verde”, dijo. Y agregó: “Fue elaborada en seis talleres regionales con amplia participación de miles de formoseñas y formoseños, y aprobada por unanimidad de todos los sectores políticos de la provincia en 2018.
Desde la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), que trabaja con las comunidades wichi y nivaclé del centro-oeste de Formosa, denunciaron que, si bien uno de los diez criterios de la Ley de Bosques establece que los pueblos originarios deben ser consultados para los planes de ordenamiento, esto no ocurrió. “Nadie los escucha y las audiencias no son vinculantes”, advirtió Pablo Chianetta, el secretario de la APCD. Hace más de 30 años decidió instalarse en Las Lomitas, en el extremo norte del país, la zona que recorrió LA NACION hace una semana.
Chaco es otra provincia que está bajo la lupa de las organizaciones: según Somos Monte, el gobierno prepara una actualización de un plan provincial más permisivo que el anterior y hay poco o nulo control sobre los desmontadores. Si bien la justicia provincial prohibió esa actividad a principios de noviembre pasado hasta que haya un nuevo plan de ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN), Greenpeace detectó que más de 10.000 hectáreas desaparecieron en el primer semestre de 2022.
“Nuestros datos oficiales son bastante coincidentes, las superficies desmontadas son las mismas. Se trata de desmontes ilegales porque la Justicia falló que no se pueden desarrollar cambios de uso del suelo”, ratificó Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Biodiversidad del Chaco.
En relación al nuevo ordenamiento dijo que “ya se avanzó mucho” y que existe una decisión del gobernador, Jorge Capitanich, de no demorarlo más, ya que lleva siete años vencido. “Presentamos una propuesta muy elaborada el año pasado, con mucha información y una etapa de consultas. Estamos hablando de una actualización muy integral con más superficie protegida en el Impenetrable”, agregó Soneira.
Ricardo Tiddi y Karina Alonso, de Somos Monte Chaco, ven las cosas de otra manera. Antes de la charla, que tiene lugar en Fontana, en la periferia de Resistencia, preparan el lugar: eligen un espacio al aire libre, se sientan sobre el pasto y despliegan un cartel de la ONG. “El proyecto del gobierno es regresivo y en el Chaco nadie controla nada. Se desmontaron 10.000 hectáreas este año, aun con una prohibición expresa de la Justicia”, dice Tiddi. Alonso, que pertenece al pueblo qom, informa que las comunidades de pueblos originarios “ni se enteraron de que estaban haciendo un nuevo mapa”. A su lado, sobre una manta, colocó una estatuilla de arcilla que representa una mujer, un bolso tejido con chaguar, un cuenco con hojas y frutos, varias piedras y un caracol. “Esto representa a mi cultura”, aclara.

Proyecto Yaguareté
Uno de los efectos directos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies como el yaguareté, el mayor felino de América. Panthera onca para los científicos, tigre para los lugareños, se estima que quedan unos 250 individuos en la Argentina, de los cuales 20 viven en el Gran Chaco.
Seguir sus rastros es una tarea detectivesca que la guardaparque Lucero Corrales encara a diario junto a la voluntaria y también guardaparque Rocío Cardona. Las dos mujeres son parte del interinstitucional Proyecto Yaguareté. A la vera del Bermejito, un brazo del río Bermejo, reciben a LA NACION y explican su trabajo: recorrer, durante semanas, cada paraje de esta geografía inmensa en busca de relatos que hablen de huellas, excrementos, arañazos o cualquier indicio que sirva para confirmar la presencia de algún felino de esta especie. “El contacto permanente con los habitantes es clave para detectar si hay animales, ya que la geografía es tan grande que resulta inabarcable de otra manera”, cuenta Lucero, mientras despliega mapas, folletos y hasta un boletín: El tronco donde se rasca el tigre. Su primer objetivo es compartir información científica con los pobladores para explicarles que el animal no es peligroso (contra la creencia popular) y que su caza está prohibida por ley.
En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema para frenar la destrucción del bosque y para preservar el hogar de los últimos 20 yaguaretés del Gran Chaco argentino. La audiencia será en pocas semanas y la organización busca visibilizar al máximo el pedido. Por eso idearon una espectacular intervención de activistas disfrazados de yaguaretés en el río Bermejo (que separa Formosa y Chaco), donde con gomones y kayaks desplegaron un cartel de 230 m2 con el slogan “Deforestación Cero”.

Comunidades originarias
“Las topadoras borran posibilidades de vida, no solo árboles y animales. Borran creencias, cultura, identidad y potencialidades de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vivieron siglos en el Gran Chaco sin destruirlo, nosotros en menos de 100 años ya rompimos todo. Ellos tienen mucho por enseñarnos”, detalla Chianetta. Se estima que el 8% de los habitantes del Gran Chaco argentino pertenecen a pueblos originarios que, desde siempre, encontraron en el monte su refugio, alimentos, agua, materiales de construcción y medicamentos.
Una de esas comunidades wichi es la de Tres Pozos, ubicada a 30 kilómetros de Las Lomitas. Allí viven 96 familias que crían chivos, chanchos, gallinas, algunas vacas y ovejas, y hacen algo de apicultura y artesanías. Los referentes de la comunidad, todos hombres, dialogan con LA NACION en una sala sencilla que antes se usaba como salón escolar. Sentados en ronda, explican que para preservar su forma de vida precisan tener acceso a un territorio sano, que conserve sus beneficios ecosistémicos: “Estamos muy en contra del desmonte, nosotros queremos preservar el territorio, pensamos al revés que el gobierno. Pensamos que tenemos que cuidar al monte y a sus animales”, sintetiza Florencio González.
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Vecinos quieren frenar los desmontes de Los Maitines en Las Yungas

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Vecinos de San Lorenzo colectan firmas en Chang.org para que exigir al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Lorenzo que frenen el desmonte en Las Yungas que actualmente se hace para dar inicio a la construcción del loteo Los Maitines.
Además, recaudan fondos para tomar medidas legales de protección de la zona, a través de la aplicación https://cafecito.app/salvemosyungas.
Desde la intendencia de Fernando "Kila" Gonza, ex intendente de San Lorenzo, que la familia Patrón Costa busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario Los Maitines S.A. en aproximadamente 125 hectáreas, para subdividir en 300 lotes destinados a viviendas y espacios de recreación. Se emplaza en las laderas y serranías de San Lorenzo y Castellanos.
Julieta Valencia, una de las vecinas en lucha por resguardar Las Yungas, indicó a Nuevo Diario que "Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II, por lo que no debe haber desarrollos urbanísticos, no sólo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto".
Agregó que el proyecto también infringe la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua dado que el recurso de la zona se extrae de lugares que hoy ya son insuficientes para el municipio.
"Según la ley provincial 7070 de Protección de Medio Ambiente, está prohibido el cambio de uso de suelo o recategorización", remarcó.
"Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar. En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas", explicó.
Valencia contó que la familia Patrón Costa presentó el proyecto para su aprobación en la Municipalidad de San Lorenzo la que, al no contar con los recursos técnicos para la evaluación correspondiente, derivó las gestiones a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia. "Lo único que hicieron fue hacer un chek list de los requisitos, como la Audiencia Pública, Estudio de Impacto Ambiental. Vieron que estaba la documentación presentada, pero no evaluaron que todo estuviera correcto o cumpliera con las normativas. Con el chek list se dio pase al municipio para que autorice", indicó.  
Ya con la pandemia encima, se convocó a una audiencia pública vía zoom, lo que provocó el rechazo de los vecinos que pedían fuera presencial o se suspenda hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran. "Este sistema imposibilitaba la participación ciudadana, dado que no todos los vecinos cuentan con el servicio de internet y los dispositivos necesarios para la conexión. Además, hubo poca información", remarcó.  
"A pesar que se vulneran tres normas (ley provincial 7070, ley nacional de bosques y ley de ordenamiento territorial) ellos siguen con los desmontes para la apertura de caminos porque dicen que obtuvieron la aprobación municipal. El emprendimiento no debería estar aprobado, ya que para avanzar sobre las leyes se requiere que sean modificadas, y no de una simple resolución de un municipio que los autorice. Claramente las urbanizaciones en zonas categorizadas en amarillo y rojo están prohibidas, ya que requieren desmontar para los accesos y levantar las propiedades", expresó Valencia.
Por último, detalló que el tema fue usado políticamente por Héctor Chibán, candidato en el 2019 a diputado nacional y por el actual intendente Manuel Saravia. "Antes de asumir (Saravia) estaba en contra de Los Maitines. Su compromiso era asumir y frenar esta situación, sin embargo fue uno de los primeros proyectos que saca".
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Afirman que la Sociedad Rural quiere desmontar el 50% de sus fincas

Fecha de Publicación: 07/06/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El titular de la Secretaria de Ambiente, José Aldazábal, afirmó que las intenciones fueron negadas en tres ocasiones por las autoridades de la Nación.
La organización ambientalista Greenpeace advirtió que la Sociedad Rural Salteña “presiona” al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50 por ciento de la superficie de sus fincas.
En la información se añadió que este pedido se realizó en medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta, y de la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio. Este amparo incluye regiones de Salta y otras provincias.
Si bien la intencionalidad de los ruralistas fue reconocida, el secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que en tres ocasiones autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación negaron tal alternativa.
“Cuando asumimos la Sociedad Rural tenía un proyecto propio sobre el Manejo Ganadero Integrado en los Bosques (MGIB), que había realizado un especialista contratado por ellos”, dijo Aldazábal ante la consulta realizada por Salta/12.
En la propuesta elevada se plasmó la intención de deforestar el 50 por ciento de las fincas. La iniciativa ya había sido elevada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero el Ministerio de Ambiente de ese entonces rechazó el proyecto en dos ocasiones. Mientras, la actual gestión, a cargo de Juan Cabandié, hizo lo propio “una vez”.
Aldazábal añadió que está vigente un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que dispone que el MGIB debe dejar un 70 por ciento de los árboles en pie de cada un catastro, y hacer lo propio con el 30 por ciento de las especies arbustivas.
“Cualquier cosa que se aparte de la ley no corre, es imposible”, reiteró el funcionario al responder a las intenciones denunciadas por Greenpeace respecto de las pretensiones de la Sociedad Rural Salteña. Sin embargo, el alerta surge de los antecedentes de las actuaciones de los sucesivos administradores del estado salteño. La historia reciente demuestra que en más de una ocasión primaron más los intereses particulares que lo establecido por la normativa vigente.

Una de las provincias más deforestadas
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques. Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
En un comunicado, la entidad ambientalista sostuvo que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación de la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre de 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación. “Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19”, recordó Greenpeace.
“El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté”, señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas.
La organización ecologista solicitó garantizar la “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y que se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional. A su vez, presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5 por ciento de la superficie original. La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó el referente ambientalista.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20. Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Advierten que la Sociedad Rural Salteña presiona al gobierno por más desmontes

Fecha de Publicación: 02/06/2022
Fuente: Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


En medio del proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la ONG Greenpeace advierte que la Sociedad Rural Salteña está presionando al gobierno provincial para que permita que los productores puedan desmontar el 50% de la superficie de sus fincas.
Esta demanda se hace también ante la inminente audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un amparo presentado por la organización ecologista en defensa del yaguareté, que incluye el pedido de Deforestación Cero en su territorio.
“Salta es una de las provincias con más deforestación de las últimas tres décadas; y las topadoras no se detuvieron a pesar de la Ley de Bosques.
Los terratenientes desmontaron incluso donde estaba prohibido con la complicidad del gobierno, y ahora reclaman aún más impunidad para arrasar la mitad de sus fincas. Sería un verdadero ecocidio que provocaría más crisis climática, más inundaciones, más desalojos de campesinos e indígenas, más pérdida de maderas, medicinas y alimentos, y más desaparición de especies en peligro de extinción, como el yaguareté. No podemos perder ni una hectárea más”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del monitoreo satelital de Greenpeace, desde la aprobación la Ley de Bosques (fines de 2007) hasta diciembre del año 2021, en la provincia de Salta se deforestaron 694.834 hectáreas, una superficie equivalente a 35 veces la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los casos más graves fue el desmonte de 11.084 hectáreas que se realizó en la finca San Francisco, cerca del límite con Bolivia, en un área protegida por la Ley de Bosques y en muy buen estado de conservación.
Su dueño es Ignacio García del Río, integrante del directorio de la Sociedad Rural Salteña, quien obtuvo un permiso irregular del anterior gobierno provincial para cambiar la zonificación y deforestar. La estancia se terminó de desmontar en 2020, mientras estaban vigentes las restricciones por la pandemia de Covid-19.
"El gigantesco desmonte en la finca San Francisco es un ejemplo clarísimo de la violación de la Ley de Bosques y la complicidad de los distintos gobiernos de Salta con los grandes productores agropecuarios. Afectó seriamente el territorio del yaguareté", señaló Giardini.
En el marco del amparo judicial en representación de los menos de 20 yaguaretés que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, la organización ecologista fue convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para participar de una audiencia pública, a realizarse las próximas semanas. (2)
Greenpeace solicita se garantice “Deforestación Cero” en los territorios del yaguareté y se implemente un efectivo Plan de Manejo de la especie, como lo dispone la Ley Nacional Nº 25.463 que lo declara Monumento Natural Nacional.
A su vez, la organización ecologista presentó una medida cautelar reclamando la suspensión de los desmontes en las cuatro provincias demandadas: Salta, Formosa, Chaco, y Santiago del Estero.
“Los científicos estiman que en Argentina el territorio del yaguareté quedó recluido en los últimos dos siglos a tan solo un 5% de la superficie original.
La deforestación y la fragmentación de su hábitat ponen en serio peligro a la especie. Al violar la Ley de Bosques, los gobiernos provinciales son responsables de su inminente extinción en el Gran Chaco Argentino”, afirmó Giardini.
Argentina es el país de Sudamérica en el que quedan menos yaguaretés, cerca de 250 individuos; pero en la región del Gran Chaco se ha producido una importante disminución en la última década y hoy se estima que hay menos de 20.
Para poder sobrevivir cada animal necesita un mínimo de 40 mil hectáreas de bosque continuo y en buen estado de conservación.
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Impulsan normas para apuntalar el desarrollo local de la minería

Fecha de Publicación: 11/05/2022
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


Desde la Cámara de Diputados de la Provincia señalaron que avanzarán en el registro de proveedores mineros y la creación de un Consejo Consultivo Minero Provincial.
El apuntalamiento en Salta de la actividad minera, que está en el centro de las miradas de los inversores, también tendrá un adecuado marco legislativo. Desde la Legislatura hilvanan una serie de acciones conjuntas con el Ejecutivo y prometen avanzar en esta línea.
El titular de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Lino Yonar, reafirmó que se procurarán establecer distintas normas.
Una de ellas tiene en vista otorgar el marco normativo para un registro provincial de proveedores mineros.
El legislador por Rosario de Lerma anticipó que otro tema en el que se avanzará tiene que ver con la unificación de la bolsa de empleo minero, ya que REMSA tiene una y otra la cámara de empresarios mineros.

Consejo consultivo
Por otra parte, en marzo de este año tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que impulsa la creación de un Consejo Consultivo Minero Provincial.
La propuesta se encuentra para análisis en las comisiones de Minería, de Hacienda y Presupuesto y de Legislación General de la Cámara Baja.
Son autores del proyecto el titular de la Cámara Baja, Esteban Amat, y los diputados Gonzalo Caro Dávalos, Laura Cartuccia, Patricia Hucena, Martín Pérez y Germán Rallé.
La iniciativa para crear el Consejo Consultivo Minero Provincial tiene como finalidad impulsar el desarrollo competitivo y sustentable de la minería en la provincia de Salta.
Se integraría con representantes de la autoridad de aplicación en materia minera que designe el Ejecutivo provincial, de la comisión de Minería, Transporte y Comunicación de Diputados, de la comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, de REMSA (Recursos Energéticos y Mineros de Salta), de la Cámara de la Minería de Salta y de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta.
El consejo consultivo tendría facultades para proponer medidas de acción con el fin de que la actividad minera incorpore el máximo valor agregado al sistema económico provincial, respetando el medio ambiente y su desarrollo sustentable.
Además, para proponer programas de capacitación y adecuada preparación de los recursos humanos locales y regionales en materia de servicios para la actividad minera y el empleo minero.
Asimismo, la de analizar y enunciar permanentemente sobre la evolución y el impacto que la actividad minera produzca en el proceso socio-económico de la provincia.
En la Cámara Baja recuerdan que en el 2012, el exdiputado Ricardo Alonso impulsó una iniciativa legislativa similar, pero que no prosperó en ese momento.

Panorama
A fines del mes pasado, desde el Ministerio de la Producción de la Provincia realizaron un balance del plan minero en la Cámara de Senadores.
Allí informaron que Salta está bien catalogada a nivel mundial, llevando adelante 20 proyectos de exploración de litio, de los cuales están en marcha dos, Posco y Eraminé, que generarán mil puestos de trabajo; más inversiones proyectadas por 3 mil millones de dólares del proyecto Taca Taca, que arrancará con seis mil puestos de trabajo.

“Mejorar la calidad de vida de la gente de la Puna”
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, señaló la semana pasada que todo lo que se haga en materia de minería debe trascender los proyectos de litio. El funcionario fue uno de los oradores durante la cuarta mesa del litio que se realizó en el Centro de Convenciones.
“Estamos frente a varios desafíos, esencialmente de infraestructura, de mejorar la vida de los habitantes de nuestra Puna, de que queden para ellos obras que trasciendan a los proyectos de Litio, de mantener y asegurar la sustentabilidad ambiental, de defender los recursos naturales de la provincia”, aseguró.
Finalmente expresó que “el desarrollo de nuestros proveedores también debe ser regional y debe asegurar la generación de empleo para los habitantes del NOA. También, debemos asegurar la pertenencia de nuestras comunidades a los proyectos y la participación constante a través de las Mesas Sociales”, indicó De los Ríos.
A la reunión que se concretó la semana pasada en el Centro de Convenciones Salta concurrieron, además de Martín de los Ríos, el ministro de Producción de Jujuy, Ezequiel Lello, y de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa. También participó la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila y el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Pollera.
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Afirman que no habrá más áreas para desmonte que las ya previstas

Fecha de Publicación: 25/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ambientalistas, organizaciones sociales e indígenas se manifestaron fuera de la casa de Gobierno de Salta.
La provincia comprometió el "principio de no regresividad", lo cual implicaría no extender las superficies de desmontes más allá de las actualmente previstas. Así lo indicó el equipo técnico a cargo de la actualización del  mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OBTN), que analizó ayer en reunión el Consejo Asesor conformado para tal fin.
En las afueras de la Casa de Gobierno, donde se había realizado el encuentro, ambientalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos, y referentes de comunidades originarias, se manifestaron bajo el lema "Basta de Desmontes", con la intención de alertar a la población sobre posibles maniobras que signifiquen un avance en la deforestación.
La advertencia tiene su origen en lo que aconteció entre 2009 y 2010 cuando pese a que se había acordado un mapa de OTBN con un poco más de 600 mil hectáreas a desmontar, se aprobó por imperio de decisión del gobierno a cargo de Juan Manuel Urtubey otra cartografía que le sumó un millón más de hectáreas en verde. Este color define los lugares donde se puede desmontar, mientras que el amarillo y el rojo indican por donde no deben pasar las topadoras.
La otra desavenencia sobre la guía que debían seguir las topadoras fueron dos decretos de 2011, las cuales permitieron que zonas amarillas y rojas pasen a ser verdes, y que fueron luego desmontadas.
"En 2017 Salta fue la provincia con la tasa de deforestación más alta del mundo", dijo Cristian Venencia, ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente y becario doctoral de la iniciativa Land Matrix, quien participó de la manifestación que se realizó fuera de la reunión. El antecedente, dijo, refiere a un estudio que se conoció en aquel año, y en el cual investigadores de la provincia hicieron un análisis de los desmontes realizados entre 2004 y 2014.
Venencia añadió que el mapa está desactualizado desde 2014, cuando la provincia presentó una cartografía en la que pretendía, a su entender, "blanquear" los desmontes ilegales. Aunque la ley dispone que la cartografía debe actualizarse cada 5 años, el nuevo mapa de ordenamiento está suspendido hasta ahora. Esto a su vez pone en peligro la llegada de los fondos para la conservación de los bosques nativos establecida por la ley nacional.
El becario doctoral entendió que debería aplicarse la necesidad de no retroceder en la cuestión ambiental y de conservación al momento de definir las áreas de desmonte. "El amarillo y el rojo del OTBN deberían mantenerse, y no ir para atrás o aumentar las hectáreas a desmontar", sostuvo. Un principio que, según las consideraciones realizadas ayer, se prevé cumplir.
Las sospechas de Venencia tienen su base en que los pedidos que se vienen manifestando por parte de grandes empresarios agrícolas (que no participaron de esta reunión). La intención del sector es extender las superficies a desmontar para, según sus argumentos, generar "un área de desarrollo para salir de la pobreza". Al referir a este presunto fin que implica deforestaciones, Venencia recordó que los desmontes no mejoraron las condiciones de vida en los pueblos y ciudades cercanas a estas grandes empresas.
Asimismo, observó la necesidad de contar con controles efectivos cuando se habla del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), que es uno de los ejes en los que se hace hincapie para trabajar. "En la práctica se está haciendo muy poco", afirmó al indicar que estos proyectos deben ser controlados para que no se conviertan luego en un desmonte extensivo.
Mencionó como otro punto fundamental la disputa por la tierra, en tanto en el Chaco salteño (la región en la que coexisten los bosques con el desmonte) persisten los conflictos por la tenencia de los territorios entre comunidades indígenas, criollas y titulares registrales. En este punto, sostuvo que el MBGI podría funcionar entre las comunidades originarias dado que son las que viven en el lugar y precisan contar con acciones que permitan su arraigo. Y es que el desmonte no solo implicó el exterminio de los bosques, sino también la expulsión de integrantes de estas  comunidades de sus lugares de origen.
"Hay que evitar que se siga avanzando con los desmontes porque con ellos también se generó extrema pobreza y muertes por desnutrición que se ven a causa de la menor posibilidad de las comunidades de susbsistir en el bosque", afirmó Venencia.

Sin mapa actualizado hace más de una década
El ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente, Alejandro Aldázabal, encabezaron ayer la reunión del Consejo Asesor de Revisión de OTBN, luego del traspié de la renuncia del presidente de este Consejo, Carlos Trucco, en septiembre pasado.
“Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa” sostuvo De los Ríos y agregó: “este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando".
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores y comunidades criollas, que se llevaron a cabo desde el inicio del proceso, en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, organizados en grupos, los presentes trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Se invitó a 120 organizaciones. Participaron representantes de Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFICI), la Universidad Nacional de Salta, la fundación Hombre y Hábitat, la Defensoría del Pueblo de la Nación, integrantes de los pueblos Kolla, Diaguita, Wichí, Lule, Wichí y Iogys; el Instituto IDEAS, la Universidad Católica de Salta, Asociana, Proyungas, Redes Chaco, la Asociación Ragone, la Fundación Cebil, la Fundación RE Verdecer, represenantes del Instituto Provinicial de Pueblos Indígenas (IPPIS) de los pueblos Chané, Wichi, Tapiete, Toba (Qom), la Fundación Vida Silvestre y la diputada provincial Sofía Sierra.

El sector productivo, ausente
Uno de los visibles ausentes en la reunión fue el sector de los grandes productores. Al ser consultada, desde la Secretaría de Ambiente se afirmó que las invitaciones habían sido cursadas el 29 de marzo pasado, y se les recordó la convocatoria el domingo último. Sin embargo, se desconocían las razones de esta ausencia.
Mientras, se prevé que el proceso participativo implique un acuerdo entre todos los actores involucrados para determinar las superficies que podrían desmontarse. Incluso no se descarta una reubicación de zonas verdes, amarillas y rojas. Pero el principio fundamental es no extender más hectáreas para el desmonte, sino ir en sentido contrario, se insistió.
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Buscan alternativas para controlar la contaminación acústica en Salta

Fecha de Publicación: 20/04/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Ediles convocaron a especialistas en el tema para analizar un proyecto de ordenanza al respecto.
La Comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad del Concejo Deliberante de Salta, convocó para la próxima semana a representantes de instituciones técnicas colegiadas locales, de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad Católica de Salta y del INTI para analizar conjuntamente un proyecto de ordenanza presentado por el edil José Gauffín (JC+) que busca prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica.
La convocatoria fue formulada para el 22 de este mes y fueron llamados además de especialistas de ambas universidades, representantes del CoPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) y el Colegio de Arquitectos.
El proyecto de Gauffín está motivado en las constantes denuncias de los vecinos de la ciudad a causa de ruidos molestos.
En la iniciativa se sostiene que “el ruido es considerado como un contaminante dañino según la Organización Mundial de la Salud, que afecta principalmente la salud de las personas que viven en los centros urbanos y genera una baja calidad de vida para la población afectada, siendo las fuentes más importantes el aumento vehicular y las actividades propias de la población”.
Los ruidos molestos a la población están normados ahora por el Código de Protección del Medio Ambiente, ordenanza sancionada en 1989.
Si esta iniciativa prospera, al momento de la promulgación, quedarán derogados los artículos N° 89 al 96 inclusive, del Código de Protección del medio Ambiente.
También fundamenta el proyecto que la contaminación sonora es un problema que repercute en la población a nivel emocional provocando estrés, irritabilidad, cefaleas, insomnio, dificultades de habla, pérdida de audición como un factor medioambiental que incide de forma principal en la calidad de vida.
El autor del proyecto apunta que “el ruido ambiental es una consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las ciudades” y afirma que "la contaminación acústica perturba las distintas actividades comunitarias, interfiriendo la comunicación hablada, perturbando el sueño, el descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, y lo que es más grave, creando estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular”.
El proyecto consta de 32 artículos y define a la contaminación acústica como la introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, generados por las distintas actividades desarrolladas por las y los vecinos, en niveles que produzcan alteraciones, molestias o que resulten perjudiciales para la salud y el descanso de las personas, o que produzcan deterioros de los ecosistemas naturales de la ciudad.
Plantea la obligatoriedad del Ejecutivo Municipal de brindar información sobre la incidencia de la contaminación acústica en la ciudad de Salta y las actuaciones desarrolladas para su control.
Dispone un plazo de 270 días desde la promulgación para establecer un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, el que será revisado y actualizado en períodos no superiores a cuatro (4) años a partir del establecimiento de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs).
En el artículo 8° dedicado a la terminología, discrimina 37 términos a los fines de interpretar la ordenanza, entre los que se incluye acústica, área acústicamente protegida, área de sensibilidad acústica, aislamiento acústico, todos los parámetros técnicos como el bel (B), el decibel (dB), decibel A (dBA), descriptor de ruido, emisión sonora, emisor acústico, evaluación de incidencia acústica, foco emisor claro, fuentes fijas, índice de percepción de vibraciones, nivel de presión sonora, nivel sonoro máximo y otros.
Se propone todo un título dedicado a la prevención de la contaminación acústica y la creación de un registro de actividades catalogadas potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones. Allí deberá incluirse a los titulares de las actividades involucradas habilitadas o por habilitarse.
Define además que la autoridad de aplicación deberá establecer un programa permanente de medición de los niveles de ruido en el ambiente exterior del espacio público. Los resultados de tales mediciones se presentarán en forma de mapas de ruido, los que se confeccionarán de acuerdo con métodos normalizados establecidos en la reglamentación.
Propone que los cuerpos de vigilancia e inspección, en el caso de verificar que una fuente móvil sobrepasa los valores límites de emisión permitidos, labrarán el acta de comprobación, e intimarán al titular o al conductor a presentar el vehículo en el lugar y hora determinados para su reconocimiento e inspección. Este reconocimiento e inspección podrá referirse tanto al método de vehículo en movimiento como al del vehículo estático.
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“El cerro no se toca”, vecinos de Tres Cerritos denuncian desmontes en una reserva natural

Fecha de Publicación: 21/03/2022
Fuente: Informe Salta
Provincia/Región: Salta


Se trata de la zona donde pretende construir un complejo turístico en un área caracterizada como “reserva natural” y que además se encontraría identificada en color amarillo dentro de las clasificaciones de la ley de ordenamiento de territorial de la provincia, en las que están prohibidos los desmontes.
La disputa entre los vecinos, los responsables del proyecto y el Concejo Deliberante comenzó en el 2019. “Venimos haciendo denuncias constantemente a la municipalidad. Nunca se frenaron del todo los trabajos, constantemente vemos tala y desmonte, ayer pudimos filmar a operarios que estaban desmontando la reserva natural del lado del barrio de Ingenieros, yendo para el autódromo”, contó Maximiliano Assaff.
Ya en 2019, desde la subsecretaria de Planificación y Control Urbano, el impacto ambiental de la obra es altamente negativo. “Nos sorprende que la municipalidad no haya tomado ninguna sanción para las personas que están desmontando la reserva natural que está protegida por ley. El proyecto hotelero ya había sido frenado hace un tiempo atrás y ahora en el Concejo Deliberante se volvió a comisión por el petitorio del concejal justicialista Arnaldo Ramos, un proyecto que es aberrante para Salta porque viola un montón de leyes y ordenanzas”.
De acuerdo a lo que señaló Assaff, y según estudios ambientales realizados en el lugar, “la zona tiene una pendiente excesiva, obviamente va a haber deslaves, es una zona donde hay falta de agua y esto se va a incrementar. Pedimos una audiencia con la intendenta y con el gobernador. Vamos a agotar todas las medidas administrativas y si no tenemos respuestas vamos a pedir un amparo”.
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Piden al municipio que frene desmontes y movimiento de suelos en las serranías del este capitalino

Fecha de Publicación: 15/03/2022
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


La resolución la aprobó de forma unánime el Concejo Deliberante de Salta. La zona en cuestión está clasificada como Área Especial-Reserva Natural.
En la última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de la capital aprobó por unanimidad una resolución en la que solicitó a las autoridades municipales que disponga el cese de toda actividad o acción de desmalezado, tala, desmonte y movimiento de suelo, que no estén autorizados, en las matrículas Nº 182.523, 182.524, 167.227, 167.228 y 177.976.
El Ejecutivo Municipal de Salta no tiene registrado el ingreso de documentación técnica que avale actividades de desmonte o limpieza en esas cinco parcelas ubicadas en las serranías del este, un sector extenso de bosque bajo y de variada vegetación, protegido por normas urbanísticas y ambientales.
La resolución fue presentada por el concejal Jorge López Mirau (Unidos por Salta), que expuso la preocupación de los vecinos de la calle Los Carolinos al 700, en el barrio Tres Cerritos de la capital salteña.
El caso no es nuevo para la ciudad y forma parte del permanente conflicto que genera la presión de los desarrolladores inmobiliarios para ocupar suelo urbano.
“Esa zona se encuentra a más de mil metros de altura, si se realiza una modificación, traerá consecuencias negativas para el medio ambiente; no solo degradación, sino los serios problemas para las viviendas que seguro sufrirán las consecuencias de los desmoronamientos e inundación”, dijo López Mirau.
En la legislación municipal la zona figura clasificada como AE-RN (Área Especial-Reserva Natural). Gran parte de esa serranía, una suerte de extenso cordón verde que va de norte a sur en la margen este de la ciudad, es de propiedad privada, sujeta a restricciones de dominio y es un área no urbanizable, con la finalidad de resguardar atributos excepcionales de la naturaleza .
El edil citó todas las normas que aseguran la protección y preservación del ambiente, desde la Constitución Nacional, leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales.
Dijo que “se observan trabajos en ese predio hoy cercado por una lona verde que impide la visión hacia el cerro y acciones muchas veces silenciosas, pero que avanzan sin pausa y que hay que frenar; porque aunque sean propiedad privada hay restricciones al dominio que están indicadas en el derecho ambiental, no pueden quitar el pulmón verde a la ciudad”.
José Gauffin (JxC+) explicó que la serranía del este es un área bastante grande. Citó como límites el río Mojotoro en el extremo norte de la ciudad; la Quebrada del Cuarteadero, que va en rumbo norte sur, y luego el acceso a Salta por la ruta nacional 9 hasta el Portezuelo (acceso turístico a la ciudad al pie el Cerro San Bernardo).
El edil dijo que a ello hay que sumar las serranías de Villas Las Rosas y Villa Mitre que tienen categoría de Parque Natural. Destacó que en esas dos categorías (Area Especial- Reserva Natural y Parque Natural) conviven muchas actividades. Que en las áreas agrícolas de esa zona se aprobaron urbanizaciones cerradas, porque lo permite la legislación y que dentro de esa serranía, conviven el barrio Autódromo, el barrio Las Colinas, el Teleférico y el culto a la Virgen del Cerro .
Al apoyar el proyecto dijo que “tenemos que involucrarnos definitivamente porque me parece injusto que solo unos cuantos vecinos tomen a su cargo, carguen en sus espaldas con la lucha por preservar esa área tan importante para la ciudad.
La concejala Paula Benavides (Salta Independiente) dijo: “Ya vimos hace unos años a particulares propietarios de estas tierras presentar proyectos con pedidos de excepción. No podemos ir en contra de la normativa vigente que protege el medio ambiente; la vía de excepción no puede ser una política de trabajo”.
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Ambiente realizó relevamientos y tomó muestras de agua en la provincia de Salta   

Fecha de Publicación: 09/03/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional - Salta


Las acciones fueron en la zona denominada Quebrada Internacional (arroyos Yacuiba y Pocitos), en el límite con la República Plurinacional de Bolivia para determinar la calidad del agua. También se inspeccionaron predios privados por presunta contaminación ambiental.
La Subsecretaría de Fiscalización y Recomposición, y la Dirección de Calidad y Recomposición Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), llevó a cabo actividades de relevamiento y toma de muestras de aguas superficiales en la ciudad de Salvador Mazza de la provincia de Salta, en la denominada Quebrada Internacional en el límite con la República Plurinacional de Bolivia, por una denuncia por contaminación presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las actividades se llevaron a cabo en forma conjunta con el Escuadrón 61 de la Gendarmería Nacional, las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Recursos Hídricos de la provincia de Salta y el Área Ambiental del Municipio de la ciudad de Profesor Salvador Mazza. Se contó, además, con la colaboración de la Dirección de Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El análisis será realizado por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Salta. En tanto, el informe pertinente será remitido a la Cancillería para su consideración y tratamiento.
Además, se llevaron a cabo inspecciones en dos empresas, la primera fue en Terramaq SRL, ubicada en Las Lajitas, Departamento de Anta, operadora para el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios. Se describió el estado de degradación del predio donde funciona la firma. La segunda se realizó en el predio de la firma La Rosita SA, en el municipio de Los Cerrillos, luego de una denuncia efectuada por vecinos del barrio Los Pinares (aledaño al predio de la empresa) por presunta contaminación ambiental. Allí, la firma Metalúrgica Integral SA tramita ante la autoridad de aplicación de la provincia de Salta el estudio de impacto ambiental para la instalación de una planta de fundición de metales ferrosos. Se describieron las obras de construcción de naves y estacionamiento para vehículos que se están llevando a cabo en el predio de 41 hectáreas.
De las acciones que se desarrollaron los días 21, 22 y 23 de febrero, participaron Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición y Leonardo Di Paolo, de la Dirección de Calidad y Recomposición Ambiental, el director de la BCA, Alejandro Mackielo y Carlos Fernando Gatti, de la Dirección de Inspecciones, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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