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Humedales abandonados a su suerte por el gobierno
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Humedales: lapidario informe de la Auditoría de la Nación sobre la inacción del gobierno
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Dos Ambientes Noticias Verdes
Provincia/Región: Nacional
Ni presupuesto, ni trabajo de campo, ni estrategia, ni información pública. Nada. Ese es el resumen de lo (no) hecho por el gobierno nacional en los últimos años en relación al estudio y la conservación de los Humedales, ecosistemas cada vez más valorados a nivel internacional por los variados y ricos servicios ambientales que prestan a su entorno. Así se desprende de un informe elaborado por la Auditoria General de la Nación publicado el pasado 11 de junio donde se describe el grado de desidia y falta de trabajo de las áreas competentes en el tema, entre las cuáles se destaca la secretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.
“Durante el período auditado (entre 2015 y 2017) no hay evidencia de trabajo coordinado entre la Secretaría y la Conadibio (Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica). Tampoco se observa que la conservación de los Humedales haya sido tratada en las subcomisiones” señala la auditoria, que agrega que al día de hoy la Conadibio “no poseía información concreta ni informe preliminar” sobre la situación de los Humedales, a pesar de que este debía ser entregado en diciembre pasado.
La Auditoría también relevó que por ahora sólo se publicó el primer nivel del inventario nacional de humedales (todavía faltan el dos y el tres) “a pesar de que es el instrumento esencial para la elaboración y aplicación de políticas de cuidado”. Al mismo tiempo se señala que “no existe en el presupuesto nacional una partida específica para la realización de este inventario ni hay planificación específica para su realización” y se observa “una falta de lineamientos comunes para todo el territorio nacional”. Tampoco se detectaron “criterios técnicos utilizados para la selección y priorización de las provincias donde se realizaron las pruebas piloto”.
Sitios Ramsar
Respecto a los sitios Ramsar, lugares considerados como humedales de importancia internacional , la Auditoria expresó que las instancias gubernamentales “no realizaron una evaluación rigurosa de los sitios” ni tampoco desarrollaron un sistema de evaluación ni de monitoreo para establecer su grado de conservación ni para relevar su dinámica. El organismo de control agregó que la información suministrada por esas áreas “posee inconsistencias y en algunos casos es insuficiente” ya que de los 23 expedientes solicitados sólo se suministró información sobre tres sitios.
“La falta de información ocasiona que no se tenga un expediente detallado de cada sitio Ramsar, dificulta su monitoreo e impide realizar un seguimiento”, dice el informe, que denuncia a estas acciones como “una restricción significativa de acceso a la información pública”.
Parques Nacionales
La Administración de Parques Nacionales tampoco hizo lo que tenía que hacer ya que no incluyó ni estrategias ni acciones concretas de defensa de los sitios Ramsar bajo su jurisdicción. Además, según la auditoria, los parques nacionales que poseen sitios Ramsar no tienen personal suficiente para su cuidado y conservación.
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Estiman un 10% de renovables para fin de año
Estiman que a fin de año las renovables llegarán al 10% de la matriz energética
Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica "ya creció de un 2 a un 5%, para fin de año esa proporción llegará a un 10% y pretendemos llevarla en 2020 a un 15%", señaló el director nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
El funcionario participó esta semana en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde remarcó que las fuentes renovables "eran la gran deuda que mantenía la Argentina en materia energética".
"Lo que hicimos en el rubro -sostuvo Morrone- fue implementar la ley y aplicar distintos programas que derivaron en compromisos de inversión por US$ 10.000 millones, la creación de 9.000 empleos y la ejecución de grandes proyectos por 6.500 Mw (megavatios) de capacidad".
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), el presidente de la Cámara de Energías Renovables (CADER), Marcelo Alvarez, afirmó que "lo que hoy se ve no es una moda tecnológica ni un resabio de culpa ideológica de un sector social, sino un cambio de paradigma".
El diputado nacional Juan Carlos Villalonga, promotor de la ley de generación distribuida, sostuvo a su vez que "el éxito alcanzado demuestra la potencia que tienen las energías renovables".
A su juicio, "hay que aprovechar el cambio cultural para empezar a debatir sobre la decarbonización de la economía", mientras las renovables amplían su participación hasta el 35% de la matriz hacia 2030.
En representación de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación disertó
Cecilia Lichtenstein, asesora de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación, quien remarcó la importancia de no repetir los errores ambientales registrados en otros países, "para lo cual estamos trabajando en el control de los diques de cola; en la conformación de planes de contingencia ante incidentes; y en un sistema de indicadores de sostenibilidad minera".
El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, destacó por su parte el trabajo del Gobierno para actualizar las normas en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circulación vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.
"Tenemos la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos se transformen en políticas públicas regulatorias para que el sector industrial participe activamente en los procesos de gestión ambiental, ya que productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos", advirtió el funcionario.
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Fecha de Publicación: 21/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La participación de las energías renovables en la matriz de generación eléctrica "ya creció de un 2 a un 5%, para fin de año esa proporción llegará a un 10% y pretendemos llevarla en 2020 a un 15%", señaló el director nacional de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Maximiliano Morrone.
El funcionario participó esta semana en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), donde remarcó que las fuentes renovables "eran la gran deuda que mantenía la Argentina en materia energética".
"Lo que hicimos en el rubro -sostuvo Morrone- fue implementar la ley y aplicar distintos programas que derivaron en compromisos de inversión por US$ 10.000 millones, la creación de 9.000 empleos y la ejecución de grandes proyectos por 6.500 Mw (megavatios) de capacidad".
Durante el encuentro, organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA), el presidente de la Cámara de Energías Renovables (CADER), Marcelo Alvarez, afirmó que "lo que hoy se ve no es una moda tecnológica ni un resabio de culpa ideológica de un sector social, sino un cambio de paradigma".
El diputado nacional Juan Carlos Villalonga, promotor de la ley de generación distribuida, sostuvo a su vez que "el éxito alcanzado demuestra la potencia que tienen las energías renovables".
A su juicio, "hay que aprovechar el cambio cultural para empezar a debatir sobre la decarbonización de la economía", mientras las renovables amplían su participación hasta el 35% de la matriz hacia 2030.
En representación de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación disertó
Cecilia Lichtenstein, asesora de la Subsecretaría de Política Minera de la Nación, quien remarcó la importancia de no repetir los errores ambientales registrados en otros países, "para lo cual estamos trabajando en el control de los diques de cola; en la conformación de planes de contingencia ante incidentes; y en un sistema de indicadores de sostenibilidad minera".
El subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Trebino, destacó por su parte el trabajo del Gobierno para actualizar las normas en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circulación vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.
"Tenemos la necesidad imperiosa de que todos estos proyectos se transformen en políticas públicas regulatorias para que el sector industrial participe activamente en los procesos de gestión ambiental, ya que productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos", advirtió el funcionario.
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La Justicia argentina cómplice del genocidio por Glifosato
Glifosato: la Corte Suprema y toda la Justicia argentina es cómplice del genocidio
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
Como profesional del Derecho, el dolor y la impotencia ante tanta connivencia del Poder Judicial es inconmensurable. ¿Cuántos más deben morir para que entiendan que el Roundup glifosato y todas sus formulaciones son cancerígenas? Algunos científicos ya lo consideran más tóxico que el DDT, que para prohibirlo llevó más de 50 años y quien logró tal hazaña y no pudo verlo en vida, fue la bióloga Rachel Carson, quien falleció en 1964.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) también clasificó a los insecticidas DDT y lindano. El DDT fue clasificado como “probable cancerígeno” en base a pruebas suficientes de que produce cáncer en animales de experimentación y existen “pruebas limitadas” en humanos. En 1973, once años después de la publicación de "Primavera silenciosa", la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos) prohibió el uso del DDT. En Argentina, recién se prohibió en 1990.
Pero ya no tendrán justicia los afectados que han fallecido por los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina. Tal es el caso de la beba Julieta Florencia Sandoval, quien nació el 15 de abril de 2010, y murió a los siete meses, el 13 de diciembre del mismo año, en Bandera, Santiago del Estero. Ya no podía respirar porque sus pulmones eran apretados contra la escoliosis severa de su columna, tenía una traqueotomía, nació con varias malformaciones, hidrocefalia, parálisis facial y parálisis cerebral. Fue concebida en un ambiente impactado por agroquímicos. Un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos de los tóxicos. Sus padres trabajaban en el campo, su tío y su abuelo eran fumigadores terrestres en los famosos "mosquitos". Su abuelo falleció y su abuela padece varias enfermedades por compartir la misma casa contaminada.
Fabián Tomasi, el fumigador de Basavilbaso, Entre Ríos, falleció a los 52 años en septiembre de 2018. Padecía una polineuropatía tóxica severa. Él no se cansaba difundir los peligros a los que fue expuesto cuando llenaba los tanques de las avionetas con Round Up y distintos cocteles manipulándolos sin ninguna protección, y hasta jugando con las gotas de los picos de la avioneta, donde bajo su sombra, almorzaba a la vera de los sembradíos que serían fumigados minutos después.
Ambos son actores en el amparo y sus desprendimientos a la fecha, pero también fallecieron algunos testigos de ese agrocidio. Entre ellos el científico doctor Andrés Carrasco, en mayo de 2014, investigador del Conicet, quien fue director del laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y puso en alerta al país que los intereses de quienes lideran la economía mundial ponían en serio riesgo la salud. Los mismos que hoy festejan la cosecha récord de soja.
El doctor Hugo Néstor “Bubi” Gómez Demaio, con una incalculable prueba fotográfica y empírica de las malformaciones más diversas en los niños de Misiones, nos dejó en julio de 2017 y poco después el 13 de diciembre de 2017 falleció el médico santafesino Rodolfo Páramo, quien denunció los primeros 12 casos de nacimientos con malformaciones en la ciudad de Malabrigo. Mi gran amigo, y todos mis compañeros de Congresos y viajes se han ido y duele seguir esta lucha sin ellos.
A diferencia de los Tribunales estadounidenses, nuestra Justicia Federal Argentina rechazó los autos “Giménez, Alicia Fany y Otros C/ Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)” donde un grupo de ciudadanos demandaron ponerle un límite a los agrotóxicos.
Los abogados iniciaron la causa madre en el año 2012 ante la Corte Suprema de Argentina, los doctores Horacio Rodolfo Belosi, Miguel Araya, Daniel Eduardo Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gomez, Jorge Alberto Mosset Iturraspe Cravin, y Santiago Andres Kapun. Algunos de ellos fueron letrados en el leading case "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) donde la Corte dio cátedra, a diferencia de su actual composición.
Se trata de la demanda contra las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del Estero, contra el Ministerio de Agroindustria, contra el Consejo Federal de Medio Ambiente y las empresas Monsanto; Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta, entre otras.
Los amparistas buscamos una declaración judicial sobre la determinación científica de la inocuidad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de origen animal o vegetal. También se requirió que se ordenara la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas” y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, y de todos los actos administrativos que aprobaron desde la Resolución nula N*167/1997. Esa suspensión provisional también abarca la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o “cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas”, ya sea mediante fumigaciones terrestres (mosquitos, mochilas, aspersores) o aéreas (avión) que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.
Cada una de las presentaciones desde el año 2012 a la fecha, fueron sistemáticamente rechazadas por cuanto juzgado sorteado en los que cayera, como si fuera una papa caliente. Aquí en la imagen que adjunto están solo algunas de las causas llevadas a Tribunales que se desprenden del amparo presentado en 2012. Uno de ellos que data del año 2014 espera hoy los votos de la Corte Suprema, y se encuentra en el despacho del juez Rosenkrantz.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, falló o firmó resoluciones sobre 20 empresas que antes de estar en la Corte, defendió como abogado. Las benefició a todas, pese a que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es claro en su artículo 17 respecto a la recusación con expresión de causa. Sin embargo, el presidente de la Corte no obedeció el mandato de la ley, contrariando lo dicho en su primer discurso de apertura del año judicial el 19 de marzo último, donde reconoció que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad” y de “confianza” que “hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana” y que “se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”.
A diferencia de Argentina, en Estados Unidos la primer demanda de este tipo que llegó a juicio y condenó a Monsanto a pagar más de 289.25 millones de dólares en daños, incluidos 250 millones de dólares en daños punitivos por ocultar con malicia la peligrosidad del producto estrella de la compañía. La jueza del caso redujo estos últimos a 39.2 millones, en una orden con fecha del 22 de octubre de 2018, dejando el monto final en 79.5 millones y reconfirmando la culpabilidad de Monsanto.
En agosto de 2018, un jardinero de escuelas de 46 años llamado Dwayne Johnson usaba regularmente a Roundup en su trabajo en el distrito escolar en el norte California. Después de pasar años mezclando y rociando la sustancia química, Johnson desarrolló una erupción, que se convirtió en lesiones y luego en linfoma no Hodgkin. El caso fue tramitado de urgencia porque a Johnson le pueden quedar meses de vida. El jurado consideró probado que los agrotóxicos Roundup y Ranger Pro causaron el linfoma y que Monsanto no informó en el marbete la peligrosidad de los formulados, componentes que la sentencia considera que causan cáncer.
En California es obligatorio que todo lo que lleve un componente cancerígeno esté etiquetado. El abogado de Monsanto citó décadas de estudios en los que no existe ninguna relación entre el glifosato y el tipo de cáncer que padece Johnson. Pero la conclusión de que Monsanto "obró de mala fe" se basó en que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, califica el glifosato como “probablemente cancerígeno” y el fallo encontró al herbicida de la empresa como "un factor sustancial para causar cáncer".
En marzo de 2019, la exposición al Roundup también fue un "factor determinante" en el desarrollo del cáncer de Edwin Hardeman Hardeman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en febrero de 2015 después de usar Roundup en su propiedad rociandolo más de 300 veces en 26 años.
También a finales de marzo de 2019 condenó a la compañía Monsanto a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alva y Alberta Pilliod, un matrimonio de 70 años de San Francisco que usó el herbicida Roundup en sus tierras, y contrajeron cáncer. Monsanto deberá pagarles una indemnización de 2.000 millones de dólares (1.000 millones a cada uno) además de otros 55 millones en compensación por pérdidas económicas y perjuicio moral, entre otros. Alva Pilliod fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2011 y Alberta fue diagnosticada en 2015.
A partir de marzo de 2019, el glifosato se ha restringido en 28 países de todo el mundo. En una encuesta de 2016, aproximadamente el 66 por ciento de los encuestados en los cinco países más grandes de la Unión Europea apoyaron la prohibición de los productos con glifosato.
Pero todo lo que antecede parece no ser suficiente para los jueces de Argentina, ni para la Corte Suprema, que rechaza todos los amparos y se convierte en cómplice del genocidio en masa de los más de 44 millones de habitantes que en forma directa e indirecta somos envenenados a diario por todas esas empresas. Que además nos alimentan con la cuota diaria de venenos, talan nuestros bosques, causan inundaciones y el mayor número de alergias y enfermedades que afectan en su mayoría a niños que son los que más expuestos están a los riesgos y a la ubicuidad de los venenos, tanto en zonas de sembradíos como en las ciudades.
Bayer compró Monsanto solo dos meses antes del veredicto de Dwayne Johnson, y deberá enfrentar más de 13 mil juicios en los Estados Unidos. Muchas de las víctimas no llegarán a la sentencia con vida. Y las familias de los jueces también están en la lista, nadie está salvo del Roundup.
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Forman una red federal para asistir varamientos
Crean una red federal para asistir varamientos de fauna marina en las costas argentinas
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente de la Nación en conjunto con provincias costeras, organizaciones y referentes académicos crearon hoy la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, para rescatar a ballenas, orcas, delfines, elefantes, lobos, aves y tortugas marinas en situación de riesgo en las costas.
"El rescate de fauna marina se da en situaciones complejas, donde cada minuto cuenta, y en muchos casos involucra a especies amenazadas. Esta red nos permite estar mejor preparados, reforzar las capacidades de respuesta y ampliar las estrategias preventivas", aseguró Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Según comentó, los eventos de animales marinos en situación de riesgo en las costas argentinas incrementaron en los últimos años.
"La iniciativa para fortalecer la conservación de la biodiversidad en un marco de ordenamiento ambiental de los espacios costeros y marítimos", destacó.
En este sentido, habrá manuales de procedimiento para la atención de fauna marina en situación de vulnerabilidad siguiendo estándares internacionales y se favorecerá el intercambio de información entre las provincias y organismos.
Además, se creará un registro nacional de varamientos para identificar los problemas ambientales que afecten a la fauna en nuestras costas y mares.
La red está integrada por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, la Administración de Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan organizaciones de la sociedad civil y las principales instituciones académicas que trabajan en la temática.
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Ambiente presenta un plan contra los cebos tóxicos
Ambiente presentó la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos
Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Fecha de Publicación: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Parque eólico de Jaramillo entró en operaciones
El mayor parque eólico del país entró en operaciones y produce energía para 100.000 hogares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz
Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Ley forestal: la actividad afectaría áreas de diversidad
Aves Argentinas pidió revisar ley forestal para proteger pastizales y humedales
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional
La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares
Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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Fecha de Publicación: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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El litio y el riesgo hídrico
Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio
Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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Fecha de Publicación: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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500 millones de litros de agrotóxicos por año
En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año
Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
En nuestra última presentación, el 5 de Junio de 2019, en una muy concurrida clase de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión del día del ambiente, y ejercitando su defensa, exhibimos los datos de los impactos del agronegocio y los reales números sobre la cantidad de agrotóxicos que se comercializan para su uso en la Argentina.
Sucede, que después de 4 años, se pudo acceder a los datos sobre cantidad de agrotóxicos en litros/kilos comercializados en Argentina, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por las empresas que componen la la Cámara de Sanidad y Fertilizantes CASAFE. Ello, a través de informes de dos Consultoras Pampas Group e Investigaciones Económicas Sectoriales IES, que analizaron los números de dicha cámara empresarial.
CASAFE, nuclea a una treintena de empresas que poseen el mayor volumen de venta de agrotóxicos en la Argentina, representando al 80 % 85 % del mercado agroindustrial local, el otro 15 a 20 % corresponde a más de un centenar de empresas que o bien forman parte de otras cámaras más pequeñas o no están agrupadas en ningún colectivo de representación empresarial.
Por ello, los números de CASAFE, adquieren una relevancia significativa, atento que reflejan gran parte del volumen de los agrotóxicos que se consumen en la Argentina, siendo que el Estado, ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial, dejando todo al libre albedrío de las corporaciones del agronegocio.
Sin datos concretos y oficiales, es imposible que el Estado pueda implementar políticas públicas y tener un accionar precautorio, ni tampoco asegurar el derecho a la información de la población sobre una actividad y productos químicos que tienen entidad suficiente para producir impactos negativos significativos en la salud, el ambiente y la biodiversidad. Algo que efectivamente está sucediendo.
Pero debemos partir de la base que el agronegocio presenta un grave déficit democrático. El modelo agroalimentario Argentino Nunca fue objeto de un debate abierto, sincero y soberano en el Congreso Nacional , salvo - como siempre sucede - para procurar leyes que benefician a las corporaciones del agronegocio, como la ley de semillas o la nefasta ley sobre agrotóxicos de Basterra. Todo hoy se rige por resoluciones de despachos administrativos donde funcionarios serviles al agronegocio, que transcienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas contundentes que obligan a revisar, suspender y hasta prohibir a una gran cantidad de agrotóxicos en uso en la agricultura industrial.
En cuanto a la información sobre las ventas y volumen en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se consumen en la Argentina, el último dato brindado por CASAFE data del periodo 2012/2013: 285 millones de litros/kilos.
Esos números solo comprenden el 80% 85 % del mercado. Si proyectamos el 15% 20 % restante de las empresas no nucleadas en CASAFE, el volumen total de agrotóxicos comercializados en Argentina, en el año 2013, fue aproximadamente 300/330 millones l/k por año.
A partir del periodo correspondiente al año 2014, CASAFE dejó de publicar ex profeso los datos de volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina, ante las constantes denuncias de las asambleas y organizaciones de los Pueblos Fumigados sobre la insostenibilidad del modelo agroindustrial ya que una sostenida mayor demanda de uso de venenos, año tras año, confirma ese carácter de modo irrefutable.
Por ello, otrora y luego de dos años sin saber sobre la cantidad de consumo de agrotóxicos en la agricultura Argentina, comenzamos a indagar sobre esa información faltante, que las empresas ocultan y que un Estado cómplice acompaña con su omisión de actuación.
Arribamos a las primeras conclusiones, en el mes de Octubre de 2015, las cuales fueron expuestas en el 3ª Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En nuestra presentación exhibimos una primera aproximación señalando que conforme a nuestras investigaciones la cantidad de agrotóxicos se habían incrementado en las campañas 2013/14 y 2014/15.
Así, sostuvimos que al año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en Argentina ascendía a la suma de 350 millones de litros/kilos por año, aproximadamente.
Esos datos los volvimos a reafirmar en todas nuestras presentaciones y charlas, tanto en el grupo de trabajo de organizaciones mundiales contra el agronegocio, por Argentina en la Asamblea de los Pueblos, en La Haya (Holanda), en Octubre de 2016 y en el 1° Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos, en el mes de Noviembre de 2016.
En el informe de la Consultora Pampas Group, puesto en conocimiento a fines del año 2018, sobre el periodo correspondiente al año 2014, se reconoce que las empresas que componen CASAFE, comercializaron un volumen de 305 millones de litros/kilos de agrotóxicos en el año 2014. Si proyectamos al 100 % del mercado esa cifra asciende a los 350/360 millones de litros kilos por año el 2014.
El informe confirma las cifras que aseveramos en Octubre 2015 en el Congreso Médico.
El otro dato que se informa por Pampas Group, es el incremento del 13 % en volumen de productos (que se traduce en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos) del año 2016, respecto del año 2015, aunque omitiendo toda información sobre este último.
Los números de los volúmenes de consumo de agrotóxicos en el año 2015, podemos deducirlo de una nota en el diario La Nación, en su sección Campo, que informó en su momento, que en ese año, respecto del año 2014, las cantidades de kilos litros de agrotóxicos se incrementó en el 17,1 %.
Si tomamos la base de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE (80% 85 % del mercado) en el año 2014: 305 millones de litros/kilos, y considerando el incremento del 17,1% que menciona el diario La Nación respecto del año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina en ese año, solo por las empresas que componen CASAFE, fue de 356 millones de litros/kilos.
Si le sumamos el 15% / 20 % del mercado restante, las cantidades llegan a los 410/427 de litros/kilos de agrotóxicos por año por el periodo correspondiente al año 2015
O sea, muy cerca de los 423 millones Litros/kilos que informamos y denunciamos que ya se usaban para el 2016 en la Argentina (no ya los 350 millones litros/kilos del 2014/2015) en nuestras presentaciones y charlas en los años 2017 y 2018 en Brasil, Bolivia y Argentina.
Como podemos observar, entonces, que los datos que postulamos como muy probables en cuanto a los volúmenes de uso de agrotóxicos en la Argentina - sin tener a la vista los informes de Pampas Group de fines de 2018 sobre CASAFE y publicados recientemente, a principios del año 2019 - , quedan confirmados.
Como ya lo adelantamos, más arriba, Pampas Group señala que de los números del 2016 de CASAFE se constata que el volumen de agrotóxicos comercializados aumentó un 13 % respecto del 2015.
Por lo tanto, para saber sobre la data del volumen de agrotóxicos comercializados en el 2016 que refieren a CASAFE (80 % 85% del mercado), habría que agregar a los 356 millones de litros/kilos del año 2015, el incremento que se verificó en el 2016: 13 % -.
Esa operación nos da unos 402 millones de litros/kilos por el año 2016 para las empresas nucleadas en CASAFE.
Ahora bien por otro lado, la Consultora IES, señala que el volumen estimado por el año 2016 de agrotóxicos comercializados asciende a los 393 millones litros kilos, aproximados a los 402 millones que se deducen de los datos consignados por Pampa Group respecto al volumen de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE – 80 % 85 % del mercado.
Si a los 393/402 millones de litros kilos los proyectamos al 100 % del mercado de agrotóxicos, nos da promedio: 465 millones de litros/kilos, como el número total del año 2016, aproximadamente.
Según IES, en el año 2018, las empresas comprendidas en CASAFE vendieron para su uso en Argentina, 460 millones de litros kilos de agrotóxicos, representando un incremento del 10,9 % respecto del año 2017, donde se consumieron 410 millones de litros kilos de agrotóxicos.
Por lo tanto, realizando una proyección al 100 % del total del mercado (+ 15/20%), los números totales serian de + 480 millones de litros/kilos y + 525 millones de litros/kilos , aproximadamente para los años 2017 y 2018, respectivamente.
Así quedan revelados los números sobre la cantidad de agrotóxicos que se consumen en la actualidad en la Argentina. A estos más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos que se utilizan por año, resta adicionarle todas las operaciones informales.
También debemos recalcar que algunos medios de prensa, no distinguen entre agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos). Más a allá que ambos son un problema ambiental y grave. Así por ejemplo se observan varias notas periodísticas de medios hegemónicos que refieren a que, en los años 2016 y 2017, el uso de agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos) fue de 360 y 380 millones de litros kilos, respectivamente, lo cual es absolutamente incorrecto. Esas cifras refieren sólo a fertilizantes que en el año 2016 el volumen fue de 3.609.084 de millones k/l y en el 2017 de 3.776.902 millones k/l, según los datos de Fertilizar. En el año 2018, esa cifra siguió en ascenso: 4.305.000 millones k/l.
Computando conjuntamente los volúmenes de fertilizantes (sintéticos) y agrotóxicos, en el año 2018, la suma total fue casi mil millones de litros/kilos.
El futuro es nuestro, no a las corporaciones del agronegocio
Mirando hacia adelante, los datos no son alentadores. Es importante considerar las metas propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario ideado e implementado en el año 2012 y que es una auténtica política de Estado que ha transcendido a los gobiernos y se mantiene firme en el cumplimiento de las sub-metas.
El objetivo final del PEA es llegar a casi 48 millones de hectáreas de agricultura sometidas al modelo del agronegocio.
La sub-meta fijada en el PEA para el año 2030 es de 43 millones de hectáreas. De cumplirse con ese objetivo y mantenerse la línea ascendente en el consumo de agrotóxicos la cantidad de litros kilos de los mismos sería para el año 2030 + 600 millones.
Otro dato muy preocupante y coincidente con esa cifra ascendente, son los 800 millones de litros/kilos de fertilizantes sintéticos que la principal cámara de empresas productoras de fertilizantes (CIAFA) tiene como meta final, siendo que estas sustancias guardan una estrecha relación en cantidad de uso por año con los agrotóxicos.
La Relatora del Derecho a la Alimentación de la ONU, ya alertó al Consejo de Derechos Humanos y a nuestro país, en su informe especial por Argentina del año 2018, que el modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agrotóxicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente. Nosotros agregamos que es abiertamente inconstitucional por ser incompatible con el paradigma ambiental que nos propone la carta magna en cuanto las actividades productivas deben satisfacer las necesidades de la sociedad actual pero sin comprometer el acervo ambiental, pensando en las generaciones futuras.
Hoy ya sabemos que son más de 525 millones de litros kilos de agrotóxicos, también que la casi totalidad de los alimentos que consume la población en la Argentina, frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas vienen con residuos de agrotóxicos, tal como lo empezamos a revelar desde Abril 2017, en el informe "Heladeras Fumigadas Argentinas" con datos oficiales del Estado que tenia bien guardados. Y que luego sistematizamos, en Julio de 2018, en el informe "El Plato Fumigado", inmediatamente tras haber obtenido las concentraciones de los 82 venenos detectados en 38 alimentos, en los controles oficiales entre los años 2011-2016.
Y cuando hablamos de agrotóxicos, nos referimos sin eufemismos a venenos, porque son sustancias tóxicas con entidad para producir cánceres, afectación crónica al sistema hormonal y nervioso humano, en base a la información científica disponible, o sea debidamente publicada. Resultando, por ello, un despropósito que desde el agronegocio y los defensores de un modelo productivo ecocida, sigan con su entelequia, de referirse a estos biocidas como fitosanitarios.
Asimismo denunciamos como ecocida al agronegocio, porque a todo su derrotero contaminador, hay que sumar la grave afectación a la biodiversidad. Miles de componentes biológicos hoy están desapareciendo, el declive de insectos ya entró en alerta en varios países europeos, donde la cantidad de uso de agrotóxicos es mucho menor que a la de Argentina. Un parámetro significativo de esa situación, es la disminución drástica de la población de colmenas de abejas. En nuestro país, los datos son escalofriantes, en el lapso 2010-2018 se pasó de 3,2 millones a 1,8 millones de colmenas. Ya estamos actuando en este aspecto, acompañando a todas y todos los apicultores de la Argentina, en un proceso judicial para revisar, suspender y prohibir una serie de agrotóxicos sobre los cuales, estudios con rigor científico, hallaron evidencias de que afectan seriamente la vida de las abejas. Esos estudios, en Europa, fueron sumamente útiles para ir en esa dirección, en defensa de los principales polinizadores del planeta. Es que el problema ambiental de los agrotóxicos lo debemos correr de su eje antropocéntrico y abordarlo con una mirada ecocéntrica.
Esa perspectiva también debe ser considerada cuando hablamos del agua y su riesgo de contaminación por el uso masivo de agrotóxicos. Se trata de otro gran problema que ya lo tenemos frente a nuestras narices, como en un abrir y cerrar de ojos, lo que siempre sospechábamos que podía ocurrir, efectivamente está sucediendo.
Hoy las aguas subterráneas y superficiales, están contaminadas con agrotóxicos. Los trabajos de investigación de científicos y científicas de la Universidad de La Plata y un grupo muy interesante de investigadores del INTA - que haciendo gala de la ciencia digna tienen que batallar en un organismo estatal que en su cúpula nos presenta personas abiertamente permeables a los intereses de las empresas del agronegocio -, dan cuenta del impacto de los agrotóxicos en el agua (subterránea y superficial) y hasta alertan sobre la necesidad de atender este problema que puede agravarse significativamente sino se lo empieza considerar en lo inmediato. Los científicos y científicas del INTA además colocan sobre la mesa, otro factor que debe ponderarse en el encuadre del estado de situación actual y futura: el cambio climático, que empieza a incidir y que obliga a actuar.
Es que tras más de 20 años del modelo agroindustrial, se lleva un acumulado aproximado de 6 mil millones de litros kilos de agrotóxicos utilizados en la agricultura industrial - a lo que se suma casi igual cantidad de fertilizantes inorgánicos -, con los cuales son castigados constantemente los suelos. En consecuencia, el impacto a las aguas era algo previsible que ahora en los ojos de estos científicos y científicas se nos está revelando con evidencias irrefutables. El agua de consumo de red, en Pergamino, considerando todas las muestras, presentó en su conjunto 18 agrotóxicos (principios activos y sus metabolitos).
Estos mas de 500 kilos litros de agrotóxicos que denunciamos no nos toma por sorpresa, es lo que se viene señalando como una probabilidad, que ahora, refuerzan la alerta constante de los pueblos fumigados, ya para empezar a sellar definitivamente ese punto de inflexión del cual nos habla la Relatoría del Derecho a la Alimentación de la ONU. No podemos permitir que la meta de nuestra agricultura sean esas 48 millones de hectáreas sometidas al modelo agroindustrial que los gobiernos placidamente han concedido, a través del PEA, a las corporaciones y sectores económicos del agronegocio que se relamen con el aumento de las ventas de sus transgénicos, agrotóxicos y alimentos envenenados, pero sin hacerse cargo de las externalidades que esas metas representan.
No creemos que se vengan mejores tiempos políticos, lamentablemente. Hay quienes aventuran que a partir de Diciembre de este año se va a revertir el problema que implica el agronegocio en todos sus aspectos. Descreemos que el poder político vaya a girar el timón, en el corto plazo, menos si la carta electoral a la vista, nos ofrece alternativas con actores y actoras que son casualmente quienes han ideado e implementado el PEA y aprobado la primera soja transgénica, abriéndoles gentilmente las puertas a Monsanto y que encima siguen viendo con buenos ojos al modelo sojero como la solución de todos los problemas socioecónomicos de la Argentina.
Es que, en realidad, los más de 500 litros kilos de agrotóxicos que hoy tenemos en las aguas subterráneas, en los ríos, en el aire, en los alimentos, en los patios de las escuelas rurales, en los peces, en las abejas que se mueren y en nuestros propios cuerpos, ahí acumulándose diariamente, son en gran medida, consecuencias de un PEA, a través del cual se le donó el futuro de toda una sociedad, a las corporaciones del agronegocio.
Por eso, no solamente debemos decir basta de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, sino también y muy principalmente exigir: basta de este PEA nefasto que gobierna nuestras vidas, el ambiente, la biodiversidad y el futuro, el nuestro y el de las generaciones futuras.
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Siguen pensando en Atucha 3
Tras reconectar Embalse, Nación negocia para financiar Atucha 3
Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Esta semana el presidente Mauricio Macri recorrió, junto a autoridades de Energía de la Nación, la Central Nuclear Embalse que fue oficialmente reconectada luego de tres años de trabajos para darle una “segunda vida”. Esas tareas demandaron una inversión de US$2.149 millones y la Central ya está conectada proveyendo energía al sistema nacional. En diálogo con PERFIL CORDOBA, Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación dio detalles sobre los trabajos y criticó la falta de estabilidad institucional que resta oportunidades de conseguir financiamiento barato. También descartó que la Nación esté
“desmantelando” los programas y adelantó las negociaciones con agentes chinos para lograr financiamiento para nuevos proyectos.
-¿En qué consiste la ‘segunda vida’ de Embalse?
-Una central nuclear tiene, por diseño, una vida útil que aprueba el regulador. Es la industria más controlada del mundo, por razones obvias. Esta planta puede operar una cantidad de años determinada. Esa cantidad se terminó el 31 de diciembre de 2015, con lo cual había dos opciones: decomisar la planta, desmantelarla o volver a darle vida. Decidimos, aunque en realidad el proyecto venía de antes, extender la vida porque la inversión para eso era el 40% de lo que implicaba hacer una central nueva, pero en definitiva logramos una central nueva porque se cambiaron todos los componentes. Pero para hacer esto buscamos que no fuera un festival de obra pública, como ocurrió otras veces en Argentina.
-¿Qué se hizo concretamente?
-Cambiamos todos los componentes de la isla nuclear y la turbina que genera energía, el generador y todo lo que está alrededor. De la central original quedó el edificio, muchas cosas no esenciales para no generar más gasto del necesario y se cambió toda la isla nuclear, todo el sistema que genera la reacción nuclear, los generadores de vapor, el retubado y se repotenció la turbina, generador y los sistemas de control. Y se modernizó la sala de control. Además, se le agregaron 35 megas de potencia. Con esto, la vida de Embalse se extiende 25 años más a plena potencia, que suponemos van a ser 30 años reales.
-¿Qué implica en términos de energía para el sistema?
-Esto significa energía para tres millones de personas en la provincia de Córdoba. Córdoba hoy es generadora neta de energía, genera el 83% de la energía que Córdoba necesita. Y esto permite abaratar los costos de la generación de energía. Con Embalse evitamos comprar fueloil o GNL. Gracias a Embalse, “despedimos” al segundo barco regasificador que era la forma más cara y contaminante de consumir energía. Con Embalse, Córdoba prácticamente se vuelve autónoma y sustentable en materia de generación y gracias a Embalse vamos a tener un invierno más tranquilo porque vamos a necesitar comprar menos combustible contaminante y caro.
-¿Cómo sigue la reconversión de la matriz energética?
-Cuando asumimos nos propusimos recomponer el mercado energético, el mercado eléctrico, reconstruir las condiciones para la inversión y aprovechar lo mejor de cada fuente para una matriz diversificada. rgentina tiene la suerte de tener gas, viento, sol y un clúster tecnológico nuclear muy maduro. Ya tenemos las condiciones para una matriz energética más barata, más limpia y menos basada en combustibles fósiles contaminantes y caros. La Argentina exportaba gas y dejó de hacerlo por las políticas del Gobierno anterior que destrozaron la inversión en el sector. En el medio aparece Vaca Muerta que es una combinación del recurso natural, pero si tenemos instituciones débiles lo único que puede producir es una desgracia.
El capital.
Para Gadano hoy la Argentina tiene que esforzarse por conseguir capital extranjero para invertir ya que “no tenemos capital financiero porque hace 50 años que venimos haciendo cosas para no tenerlo. Después de 50 años de combatir el capital, Argentina no tiene capital. Hoy el capital extranjero está viniendo a Vaca Muerta porque está el recurso, el capital humano y reglas de juego. Este año va a haber inversiones en Vaca Muerta por US$10 mil millones en una provincia que tiene 500 mil habitantes”.
Nuevos negocios.
Hacia adelante, Gadano confirmó que están negociando con bancos y empresas chinas para financiar la construcción de la central nuclear Atucha 3, en Lima, provincia de Buenos Aires. Además, se avanza en el desarrollo de un programa para la fabricación de reactores modulares pequeños: “Hay cinco países que están trabajando en el desarrollo de reactores pequeños y Argentina es uno de ellos y el que tiene el prototipo más avanzado. Tiene un avance de obra del 60%. El objetivo es que en 10 años Argentina juegue un partido en un mercado nuevo de miles de millones de dólares”, sostuvo. Finalmente, sobre versiones en torno a desinversión y desmantelamiento de programas Gadano fue tajante: “En el sector nuclear argentino se invierten $20 mil millones cada año, entre Conea y las empresas públicas. Eso no es desmantelamiento pero lo que no hacemos es tirar la plata en proyectos mesiánicos. Hacer de nuevo Embalse costó US$2.150 millones y terminar Atucha 2 costó el doble. Hay que invertir: sin inversión pública esto no funciona, pero hay que invertir en proyectos sustentables y que generen recursos”
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Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Esta semana el presidente Mauricio Macri recorrió, junto a autoridades de Energía de la Nación, la Central Nuclear Embalse que fue oficialmente reconectada luego de tres años de trabajos para darle una “segunda vida”. Esas tareas demandaron una inversión de US$2.149 millones y la Central ya está conectada proveyendo energía al sistema nacional. En diálogo con PERFIL CORDOBA, Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación dio detalles sobre los trabajos y criticó la falta de estabilidad institucional que resta oportunidades de conseguir financiamiento barato. También descartó que la Nación esté
“desmantelando” los programas y adelantó las negociaciones con agentes chinos para lograr financiamiento para nuevos proyectos.
-¿En qué consiste la ‘segunda vida’ de Embalse?
-Una central nuclear tiene, por diseño, una vida útil que aprueba el regulador. Es la industria más controlada del mundo, por razones obvias. Esta planta puede operar una cantidad de años determinada. Esa cantidad se terminó el 31 de diciembre de 2015, con lo cual había dos opciones: decomisar la planta, desmantelarla o volver a darle vida. Decidimos, aunque en realidad el proyecto venía de antes, extender la vida porque la inversión para eso era el 40% de lo que implicaba hacer una central nueva, pero en definitiva logramos una central nueva porque se cambiaron todos los componentes. Pero para hacer esto buscamos que no fuera un festival de obra pública, como ocurrió otras veces en Argentina.
-¿Qué se hizo concretamente?
-Cambiamos todos los componentes de la isla nuclear y la turbina que genera energía, el generador y todo lo que está alrededor. De la central original quedó el edificio, muchas cosas no esenciales para no generar más gasto del necesario y se cambió toda la isla nuclear, todo el sistema que genera la reacción nuclear, los generadores de vapor, el retubado y se repotenció la turbina, generador y los sistemas de control. Y se modernizó la sala de control. Además, se le agregaron 35 megas de potencia. Con esto, la vida de Embalse se extiende 25 años más a plena potencia, que suponemos van a ser 30 años reales.
-¿Qué implica en términos de energía para el sistema?
-Esto significa energía para tres millones de personas en la provincia de Córdoba. Córdoba hoy es generadora neta de energía, genera el 83% de la energía que Córdoba necesita. Y esto permite abaratar los costos de la generación de energía. Con Embalse evitamos comprar fueloil o GNL. Gracias a Embalse, “despedimos” al segundo barco regasificador que era la forma más cara y contaminante de consumir energía. Con Embalse, Córdoba prácticamente se vuelve autónoma y sustentable en materia de generación y gracias a Embalse vamos a tener un invierno más tranquilo porque vamos a necesitar comprar menos combustible contaminante y caro.
-¿Cómo sigue la reconversión de la matriz energética?
-Cuando asumimos nos propusimos recomponer el mercado energético, el mercado eléctrico, reconstruir las condiciones para la inversión y aprovechar lo mejor de cada fuente para una matriz diversificada. rgentina tiene la suerte de tener gas, viento, sol y un clúster tecnológico nuclear muy maduro. Ya tenemos las condiciones para una matriz energética más barata, más limpia y menos basada en combustibles fósiles contaminantes y caros. La Argentina exportaba gas y dejó de hacerlo por las políticas del Gobierno anterior que destrozaron la inversión en el sector. En el medio aparece Vaca Muerta que es una combinación del recurso natural, pero si tenemos instituciones débiles lo único que puede producir es una desgracia.
El capital.
Para Gadano hoy la Argentina tiene que esforzarse por conseguir capital extranjero para invertir ya que “no tenemos capital financiero porque hace 50 años que venimos haciendo cosas para no tenerlo. Después de 50 años de combatir el capital, Argentina no tiene capital. Hoy el capital extranjero está viniendo a Vaca Muerta porque está el recurso, el capital humano y reglas de juego. Este año va a haber inversiones en Vaca Muerta por US$10 mil millones en una provincia que tiene 500 mil habitantes”.
Nuevos negocios.
Hacia adelante, Gadano confirmó que están negociando con bancos y empresas chinas para financiar la construcción de la central nuclear Atucha 3, en Lima, provincia de Buenos Aires. Además, se avanza en el desarrollo de un programa para la fabricación de reactores modulares pequeños: “Hay cinco países que están trabajando en el desarrollo de reactores pequeños y Argentina es uno de ellos y el que tiene el prototipo más avanzado. Tiene un avance de obra del 60%. El objetivo es que en 10 años Argentina juegue un partido en un mercado nuevo de miles de millones de dólares”, sostuvo. Finalmente, sobre versiones en torno a desinversión y desmantelamiento de programas Gadano fue tajante: “En el sector nuclear argentino se invierten $20 mil millones cada año, entre Conea y las empresas públicas. Eso no es desmantelamiento pero lo que no hacemos es tirar la plata en proyectos mesiánicos. Hacer de nuevo Embalse costó US$2.150 millones y terminar Atucha 2 costó el doble. Hay que invertir: sin inversión pública esto no funciona, pero hay que invertir en proyectos sustentables y que generen recursos”
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Ana Zabaloy: murió un símbolo de la lucha contra agrotóxicos
Murió la directora de una de las escuelas fumigadas con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Vienen a auditar las emisiones de gases de efecto invernadero
El país, bajo la lupa de organismos internacionales por el cambio climático
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde el lunes pasado, dos equipos técnicos internacionales revisan cientos de planillas de Excel con datos sobre cómo la Argentina está controlando sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar su compromiso de no liberar al ambiente más de 483 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en la próxima década. Esos datos forman parte del borrador del tercer Inventario Nacional de GEI, que se conocerá recién en la segunda mitad del año.
"Si el inventario de 2030 dice que alcanzamos ese valor, habremos hecho las cosas bien. Si estamos por encima, las habremos hecho mal. Pero vamos camino a cumplir con esa contribución nacional comprometida en 2016", dijo Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Por ahora, está disponible online la segunda actualización del inventario, que cubre el período 1990-2014 y se puede consultar en https://inventariogei.ambiente.gob.ar. Incluye, por sectores, cómo la producción de energía, la industria, el manejo de los residuos y la explotación agropecuaria, con sus usos, contribuyen con las emisiones de los GEI, entre los que prevalece el CO2, que favorecen el calentamiento global y el cambio climático. El país aporta el 0,7% de las emisiones atmosféricas contaminantes mundiales.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Desde el lunes pasado, dos equipos técnicos internacionales revisan cientos de planillas de Excel con datos sobre cómo la Argentina está controlando sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para alcanzar su compromiso de no liberar al ambiente más de 483 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en la próxima década. Esos datos forman parte del borrador del tercer Inventario Nacional de GEI, que se conocerá recién en la segunda mitad del año.
"Si el inventario de 2030 dice que alcanzamos ese valor, habremos hecho las cosas bien. Si estamos por encima, las habremos hecho mal. Pero vamos camino a cumplir con esa contribución nacional comprometida en 2016", dijo Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable.
Por ahora, está disponible online la segunda actualización del inventario, que cubre el período 1990-2014 y se puede consultar en https://inventariogei.ambiente.gob.ar. Incluye, por sectores, cómo la producción de energía, la industria, el manejo de los residuos y la explotación agropecuaria, con sus usos, contribuyen con las emisiones de los GEI, entre los que prevalece el CO2, que favorecen el calentamiento global y el cambio climático. El país aporta el 0,7% de las emisiones atmosféricas contaminantes mundiales.
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Seis proyectos que intentan salvar nuestras especies
Seis proyectos para proteger especies autóctonas de la Argentina
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
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Llegó el rotulado de eficiencia energética para autos
El 15 % de los autos que se comercialice tendrá una etiqueta de eficiencia energética
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Salta: investigadoras a favor de la nueva ley penal
Investigadoras salteñas, a favor de que se penalicen los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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