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Crédito fiscal para quienes generen con renovables
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El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a quienes generen su propia energía renovable
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno dará hasta $ 1 millón de crédito fiscal a los usuarios que generen electricidad a partir de fuentes de energías renovables, y la vuelquen a la red de distribución.
Lo decidió a través de la disposición 83/2019 de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma aprobó el "Procedimiento para la Obtención del Certificado de Crédito Fiscal del Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energías Renovables", y dispuso los montos a asignar como beneficio promocional.
El Certificado de Crédito Fiscal se otorgará a usuarios generadores que instalen nuevos equipos de generación distribuida.
La compra del mismo por el cual se solicita el beneficio deberá ser posterior a la fecha de entrada en vigencia de la disposición 48 del 16 de abril de 2019 de la Subsecretaría.
Un usuario generador podrá recibir como máximo un Certificado de Crédito Fiscal, por punto de suministro, identificado con el correspondiente Número de Identificación de Suministro (NIS).
El monto de este beneficio será equivalente a $ 15 por unidad de potencia expresada en vatios, para aquellos usuarios generadores que hayan instalado un equipo de generación distribuida con conexión a la red de distribución.
Este monto será otorgado hasta un máximo de $ 1 millón, y será aplicable para las solicitudes de reserva de cupo aprobadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
El Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública procura establecer las condiciones jurídicas y contractuales para la generación de energía eléctrica de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su autoconsumo con eventual inyección de excedentes a la red. Para ello se establecieron beneficios promocionales.
La resolución precisó que la instrumentación y aplicación del Certificado de Crédito Fiscal, será regulada por la Subsecretaría y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los bonos electrónicos representativos de los Certificados Fiscales emitidos tendrán una vigencia de cinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha de otorgamiento.
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Preparan a cóndores para ser liberados
Seis cóndores andinos se preparan para ser liberados en la Patagonia
Fecha de Publicación: 15/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Los ejemplares viajan desde la Ciudad de Buenos Aires al sur del país para comenzar su adaptación al entorno en el que próximamente serán liberados.
Seis ejemplares de cóndor andino (Vultur gryphus) fueron trasladados desde el Ecoparque de Buenos Aires a la base de campo del Programa de Conservación del Cóndor Andino (PCCA) en Sierra Paileman, departamento Valcheta, provincia de Río Negro, para ser incluidos en la próxima liberación en la costa atlántica patagónica. Los animales permanecerán en recintos de liberación, fortaleciendo sus lazos sociales y familiarizándose con su nuevo hogar, antes de la suelta que está programada para septiembre.
Los cóndores tienen diferentes historias, Karut (Trueno) nació en el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, fue incubado artificialmente y criado con asistencia de títeres de látex; Suyan (Esperanza) nació en el Parque Faunístico y Ecológico Yastay de La Rioja; Amancay (Flor) nació en el Bioparque Temaikén; Takiyiwe (Libertad) nació en el Parque Faunístico San Juan, mientras que Paqarina (Generadora de Vida) y Ñorquinquera (Sonido de Agua) fueron rescatadas en Río Negro y rehabilitadas en el Ecoparque porteño.
Todos ellos forman parte del esfuerzo conjunto de conservación denominado "El Retorno del cóndor al mar". El mismo es posible bajo un trabajo en red y gracias a la intervención de varias instituciones, nacionales e internacionales, que articulan el retorno de estas aves a la costa atlántica de la Patagonia.
Además de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, participan el Ecoparque de Buenos Aires y la Fundación Bioandina argentina; con la colaboración de Aerolíneas Argentinas, el Parque Faunístico y Ecológico Yastay de La Rioja, las secretarías de Ambiente de Río Negro, La Rioja y San Juan; el Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable de Chubut; el Parque Faunístico de San Juan; el Bioparque Temaikén; la Fundación Patagonia Natural; la Fundación Bioparc, y las asociaciones internacionales Association Beauval Nature Pour la Conservation et la Recherche, Asociación Beauval Nature, AFdPZ y Grand Parc du Puy du Fou de Francia.
Liberación
Cabe destacar que existen dos metodologías para liberar cóndores. Los individuos con experiencia de vuelo pueden ser liberados de forma individual y directa, ya que cuentan con la capacidad necesaria para sobrevivir en vida silvestre. Sin embargo, los ejemplares sin experiencia de vuelo, como estos seis pichones, necesitan un trabajo más intensivo de cuidado, ya que no saben volar y morirían en vida silvestre sin el cuidado necesario.
Por tal motivo, deben ser liberados en bandada, en grupos bien socializados para reforzar su contacto y unión. Y una vez puestos en libertad necesitan ser asistidos, durante al menos un año, hasta que logren su independencia total en vida silvestre.
Estas condiciones de trabajo solo están disponibles en Argentina en la Sierra Paileman, Río Negro, como parte de la costa atlántica patagónica. Allí el PCCA cuenta con una base totalmente equipada y un equipo técnico de asistentes de campo del Ecoparque porteño capacitado para sostener las actividades de conservación in situ a lo largo de todo el año.
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La Corte falló a favor de la conservación de humedales
La Corte frenó megaproyecto inmobiliario por cuestiones ambientales
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
Abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo en favor de la protección de los humedales por su papel clave en la protección del medio ambiente y frenó un megaemprendimiento inmobiliario en la ribera del río Gualeguaychú. El máximo tribunal dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado una acción de amparo interpuesta por vecinos.
Se trata del Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, un proyecto inmobiliario de la empresa Altos de Unzué, localizado en el Municipio de Puerto General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú, lindero al Parque Unzué, que abarca un área de 110 hectáreas, con 200 unidades departamentales, un hotel de 150 habitaciones, un paseo comercial, y áreas exclusivas de recreación, esparcimiento y deporte.
Al anular el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió argumentos esgrimidos por los vecinos, que alegaron que en la decisión de no dar lugar al recurso de amparo no se había tenido en cuenta que "la provincia tiene a su cargo la gestión y el uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales".
En este sentido, el fallo dictado con las firmas de los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, indica que, entre las funciones de los humedales se destacan las del "control de crecidas e inundaciones, ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas y reducen el caudal máximo de los ríos y, por ende, el peligro de inundación aguas abajo".
Además, basado en la Convención Ramsar de 1997, el Máximo Tribunal señala que, entre muchas otras funciones, los humedales cumplen un rol vital en la "protección de tormentas, recarga de acuíferos, y retención de sedimentos y agentes contaminantes".
De acuerdo con el fallo difundido a través del Centro de Información Judicial (CIJ), la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la decisión de la Justicia entrerriana de rechazar el amparo interpuesto por los vecinos había resultado "arbitraria", por incurrir "en una apreciación meramente ritual e insuficiente" y por haber omitido "considerar el derecho a vivir en un ambiente sano".
Por ese motivo, además de anular la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia entrerriano, la Corte Suprema ordenó al tribunal de origen dictar una nueva resolución, atendiendo los principios de política ambiental y, también, los surgidos del Congreso Nacional de Derecho Ambiental de 2016 y de la Declaración de Jueces sobre Justicia del Agua, del Foro Mundial del Agua de 2018.
Entre los argumentos esgrimidos por el máximo tribunal, se cuenta el hecho de que la propia empresa, Altos de Unzué, en su estudio de impacto ambiental, había reconocido que "se realizarían trabajos en un humedal -dentro de un área natural protegida- y que se generarían impactos permanentes e irreversibles".
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El Gran Chaco y la proyección de la deforestación
Deforestación: estiman que en 2028 se habrán perdido una superficie de bosques nativos equivalente a 200 veces la Ciudad de Buenos Aires
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Chaco
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con Fundación Vida Silvestre Argentina, si se mantiene la tendencia de los últimos años, la pérdida se daría fuertemente en la región del Gran Chaco, donde se encuentra el mayor remanente de bosques nativos del país.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el INTA y Fundación Vida Silvestre Argentina analiza los escenarios futuros de deforestación, según las alternativas de expansión agropecuaria en el Gran Chaco Argentino. La investigación plantea proyecciones de cambios en el uso del suelo (expansión agropecuaria) para el año 2028 bajo diferentes escenarios de control de la deforestación. El objetivo fue evaluar los efectos sobre el medio ambiente en cada escenario, por medio de la cuantificación y localización de la pérdida de bosques y áreas naturales; la pérdida de hábitat en áreas prioritarias para la conservación y la caída del nivel de provisión de servicios ecosistémicos (Para acceder a la información completa hacer click aquí).
Entre los escenarios elaborados se identifica el llamado tendencial o Business as usual (BAU), un modelo inercial que proyecta el comportamiento actual hasta el año 2028, considerando las tasas de deforestación entre los años 2007 y 2014. En dicho período se registró una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques, a una tasa anual de desmonte de 0,94%, comparable a la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo. Por lo tanto, el escenario BAU plantea que, de continuar con la misma tendencia hasta el año 2028, se producirá una pérdida adicional de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a casi 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aproximadamente la mitad de dicha pérdida de ecosistemas se localizará en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, es decir, de alto valor de conservación.
Estos datos resultan alarmantes, ya que las consecuencias de la deforestación tienen un impacto negativo no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y económico. La deforestación contribuye al cambio climático -ya que se incrementan las emisiones de dióxido de carbono (CO2)-, reduce el hábitat para especies animales y vegetales amenazadas de extinción, y dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y, por ende, inundaciones. Pero también atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuye la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, entre ellos la regulación del clima, la captación y reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Por otra parte, el avance de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de bosques no se da en zonas despobladas, sino que ocurre, por lo general, en tierras de uso tradicional de comunidades indígenas y campesinas, lo que genera poblaciones desplazadas y reactiva los históricos conflictos por la tenencia de dichas tierras. (Aguiar et al, 2018)
Durante las últimas décadas, el Chaco se ha convertido en una de las regiones con mayores tasas de transformación a nivel mundial, lo que ha provocado controversias entre algunos sectores de la sociedad, con posturas más “productivas”, por un lado, que alientan la incorporación de nuevas tierras para la agricultura y, por el otro, visiones de la comunidad científica, las comunidades locales y las ONG, que advierten sobre los riesgos en la falta de sustentabilidad de los ecosistemas y las asimetrías sociales.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Uno de los mayores desafíos de los países en desarrollo es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. El incremento del consumo y la demanda de alimentos por parte de los países desarrollados y emergentes está siendo abastecido a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo y esto puede verse en gran medida en Latinoamérica, donde se localizan extensas áreas con potencial para dicha expansión. (Aguiar et al, 2018)
Para hacer frente a esta problemática es importante que se implementen políticas de regulación y control, entre ellas la correcta aplicación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –conocida como “Ley de Bosques”-. El estudio realizado por el INTA plantea otro posible escenario, de Aplicación Legal, en el cual si la Ley de Bosques se cumple de forma estricta, se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas, reduciendo la pérdida de bosques a la mitad respecto del escenario tendencial. La buena noticia es que, de acuerdo con el mismo estudio, la aplicación legal estricta no impide el crecimiento agroganadero. En efecto, la agricultura y la ganadería podrían aumentar su superficie en la misma magnitud que en escenario tendencial, ocupando las tierras ya transformadas en el caso de la agricultura y adoptando un manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) en el caso de la ganadería.
Por esta razón, resulta imprescindible apelar a la correcta implementación de dicha Ley, como primera medida para evitar la pérdida de los bosques nativos y sus graves consecuencias. Existen oportunidades de fortalecer la Ley de Bosques y mejorar su desempeño a través del accionar conjunto y la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de control y de sanción de la deforestación ilegal. Hoy en día aproximadamente la mitad de la deforestación ocurre en zonas protegidas por la Ley de Bosques (UMSEF, 2018). Los procesos de ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) deben ser mejorados en las próximas actualizaciones pendientes, actualmente alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques no se encuentran categorizadas bajo los OTBN y por lo tanto no están protegidas por la Ley. Por último, la asignación de fondos para incentivar el manejo sostenible ha sido absolutamente insuficiente, llegando en el 2019 a menos del 5% del mínimo previsto en la Ley de Bosques.
El Gran Chaco, entre los lugares de mayor deforestación del mundo
El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano después del Amazonas, con una diversidad ambiental y social excepcional. Se extiende en gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil y sus ambientes —bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales— la hacen una región única en el mundo. En Argentina tiene una extensión equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, abarcando las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes. Esta inmensa ecorregión, alberga más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. Entre estas especies se encuentran el oso hormiguero, el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí, el loro hablador, el quebracho, el algarrobo y el palo santo, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. La desidia es tal que, en Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales (bosques, arbustales, sabanas y pastizales). La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Chaco
Provincia/Región: Nacional
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con Fundación Vida Silvestre Argentina, si se mantiene la tendencia de los últimos años, la pérdida se daría fuertemente en la región del Gran Chaco, donde se encuentra el mayor remanente de bosques nativos del país.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el INTA y Fundación Vida Silvestre Argentina analiza los escenarios futuros de deforestación, según las alternativas de expansión agropecuaria en el Gran Chaco Argentino. La investigación plantea proyecciones de cambios en el uso del suelo (expansión agropecuaria) para el año 2028 bajo diferentes escenarios de control de la deforestación. El objetivo fue evaluar los efectos sobre el medio ambiente en cada escenario, por medio de la cuantificación y localización de la pérdida de bosques y áreas naturales; la pérdida de hábitat en áreas prioritarias para la conservación y la caída del nivel de provisión de servicios ecosistémicos (Para acceder a la información completa hacer click aquí).
Entre los escenarios elaborados se identifica el llamado tendencial o Business as usual (BAU), un modelo inercial que proyecta el comportamiento actual hasta el año 2028, considerando las tasas de deforestación entre los años 2007 y 2014. En dicho período se registró una pérdida de 1,95 millones de hectáreas de bosques, a una tasa anual de desmonte de 0,94%, comparable a la que ocurre en los focos de deforestación más altos del mundo. Por lo tanto, el escenario BAU plantea que, de continuar con la misma tendencia hasta el año 2028, se producirá una pérdida adicional de 4 millones de hectáreas de ecosistemas naturales, lo que equivale a casi 200 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, aproximadamente la mitad de dicha pérdida de ecosistemas se localizará en áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, es decir, de alto valor de conservación.
Estos datos resultan alarmantes, ya que las consecuencias de la deforestación tienen un impacto negativo no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y económico. La deforestación contribuye al cambio climático -ya que se incrementan las emisiones de dióxido de carbono (CO2)-, reduce el hábitat para especies animales y vegetales amenazadas de extinción, y dificulta la capacidad de los suelos de regular excedentes de agua y, por ende, inundaciones. Pero también atenta gravemente contra el desarrollo sustentable de la sociedad, ya que disminuye la disponibilidad futura de servicios ecosistémicos, entre ellos la regulación del clima, la captación y reserva de agua dulce, y la estabilidad de los suelos para la producción de alimentos. Por otra parte, el avance de la frontera agropecuaria y la consecuente pérdida de bosques no se da en zonas despobladas, sino que ocurre, por lo general, en tierras de uso tradicional de comunidades indígenas y campesinas, lo que genera poblaciones desplazadas y reactiva los históricos conflictos por la tenencia de dichas tierras. (Aguiar et al, 2018)
Durante las últimas décadas, el Chaco se ha convertido en una de las regiones con mayores tasas de transformación a nivel mundial, lo que ha provocado controversias entre algunos sectores de la sociedad, con posturas más “productivas”, por un lado, que alientan la incorporación de nuevas tierras para la agricultura y, por el otro, visiones de la comunidad científica, las comunidades locales y las ONG, que advierten sobre los riesgos en la falta de sustentabilidad de los ecosistemas y las asimetrías sociales.
¿Qué podemos hacer al respecto?
Uno de los mayores desafíos de los países en desarrollo es resolver el conflicto entre la producción de alimentos y la conservación de la naturaleza. El incremento del consumo y la demanda de alimentos por parte de los países desarrollados y emergentes está siendo abastecido a través de la expansión o la intensificación de la agricultura en regiones tropicales y subtropicales de países en desarrollo y esto puede verse en gran medida en Latinoamérica, donde se localizan extensas áreas con potencial para dicha expansión. (Aguiar et al, 2018)
Para hacer frente a esta problemática es importante que se implementen políticas de regulación y control, entre ellas la correcta aplicación de la Ley 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –conocida como “Ley de Bosques”-. El estudio realizado por el INTA plantea otro posible escenario, de Aplicación Legal, en el cual si la Ley de Bosques se cumple de forma estricta, se podrían evitar deforestaciones por 1,81 millones de hectáreas, reduciendo la pérdida de bosques a la mitad respecto del escenario tendencial. La buena noticia es que, de acuerdo con el mismo estudio, la aplicación legal estricta no impide el crecimiento agroganadero. En efecto, la agricultura y la ganadería podrían aumentar su superficie en la misma magnitud que en escenario tendencial, ocupando las tierras ya transformadas en el caso de la agricultura y adoptando un manejo de bosques con ganadería integrada (MBGI) en el caso de la ganadería.
Por esta razón, resulta imprescindible apelar a la correcta implementación de dicha Ley, como primera medida para evitar la pérdida de los bosques nativos y sus graves consecuencias. Existen oportunidades de fortalecer la Ley de Bosques y mejorar su desempeño a través del accionar conjunto y la vinculación entre los diferentes sectores de la sociedad. En primer lugar, se deben fortalecer los mecanismos de control y de sanción de la deforestación ilegal. Hoy en día aproximadamente la mitad de la deforestación ocurre en zonas protegidas por la Ley de Bosques (UMSEF, 2018). Los procesos de ordenamiento territorial de bosque nativo (OTBN) deben ser mejorados en las próximas actualizaciones pendientes, actualmente alrededor de 8 millones de hectáreas de bosques no se encuentran categorizadas bajo los OTBN y por lo tanto no están protegidas por la Ley. Por último, la asignación de fondos para incentivar el manejo sostenible ha sido absolutamente insuficiente, llegando en el 2019 a menos del 5% del mínimo previsto en la Ley de Bosques.
El Gran Chaco, entre los lugares de mayor deforestación del mundo
El Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del continente americano después del Amazonas, con una diversidad ambiental y social excepcional. Se extiende en gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña porción de Brasil y sus ambientes —bosques, matorrales, praderas, sabanas, pantanos y humedales— la hacen una región única en el mundo. En Argentina tiene una extensión equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, abarcando las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, este de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, y el oeste de Corrientes. Esta inmensa ecorregión, alberga más de 3400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 especies de mamíferos, 120 de reptiles y aproximadamente 100 de anfibios. Entre estas especies se encuentran el oso hormiguero, el yaguareté, el tatú carreta, el tapir, el pecarí, el loro hablador, el quebracho, el algarrobo y el palo santo, muchas de ellas en peligro crítico de extinción.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria. La desidia es tal que, en Argentina, durante los últimos 35 años hemos perdido 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales (bosques, arbustales, sabanas y pastizales). La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
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Cofema trabaja en la tipificación de los delitos ambientales
Avanza tratamiento de tipificación de delitos ambientales
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: Momarandu
Provincia/Región: Nacional
Autoridades provinciales, entre ellas por Corrientes, trataron avances en implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y anteproyectos de ley de biodiversidad y de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Fue durante un encuentro de la cartera de Ambiente nacional con referentes provinciales de la asamblea del COFEMA. La actividad continúa el trabajo interjurisdiccional del organismo que encabeza Sergio Bergman y contó con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y referentes ambientales de todo el país.
La asamblea trató con exposiciones los anteproyectos de ley de biodiversidad y el de evaluación de impacto ambiental y la tipificación de los delitos ambientales en el marco del proyecto de Reforma Integral del Código Penal.
Al comenzar la sesión, las autoridades realizaron un homenaje a la recientemente fallecida Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina en 1973, convirtiéndose así también en la primera mujer en ejercer ese cargo en América Latina.
Posteriormente, se trataron los avances en la implementación de la ley de bosques, la ejecución de FOBOSQUE y el estado de las rendiciones. Y, más tarde, Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, expuso sobre la Estrategia Nacional contra Cebos Tóxicos, un trabajo colaborativo orientado a la protección del cóndor andino.
Pablo Santori, director de Inspecciones de la Secretaría de Ambiente nacional, brindó detalles sobre las capacitaciones en inspecciones realizadas en numerosas provincias, alcanzando a más de 200 agentes, y sobre el estado de avance en la adquisición de equipamiento.
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Glaciares: Hensel intenta tranquilizar a la Cámara Minera
Ley de Glaciares: Minería intenta llevar calma a las empresas
Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Fecha de Publicación: 11/07/2019
Fuente: Canal 13 (San Juan)
Provincia/Región: Nacional
El ministro Alberto Hensel se reunió esta semana con la Cámara Minera para bajar los niveles de incertidumbre. Insistió en que el fallo de la Corte Suprema le dio mayor previsibilidad a la actividad.
El ministro de Minería, Alberto Hensel, volvió a llevar calma a las empresas mineras esta semana, cuando todavía se sienten las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Glaciares.
"Yo lo que creo es que ha motorizado por ahí a todo el sector, fundamentalmente a las cámaras empresarias tanto a nivel provincial como nacional. Vamos a seguir trabajando en conjunto con lo que establece la ley, sobre todo en el artículo 1°", dijo Hensel a Canal 13.
"Nosotros hemos mantenido esta semana una reunión con la gente de la Cámara Minera de San Juan. Todos estamos contestes en que hay que hay que seguir estudiando el tema de los glaciares, determinando el aporte al sistema hídrico", explicó el ministro.
"El fallo de la Corte ha sido esclarecedor. De alguna manera hay un poco más de tranquilidad con respecto a este tema, en el sentido de que se ha reconocido el derecho originario de las provincias sobre sus recursos, el tema del necesario trabajo mancomunado entre Nación y provincias para consolidar el federalismo ambiental, también ha sido expresado que la Ley de Glaciares por sí misma no impide el desarrollo de la actividad minera", agregó Hensel.
"Hay que seguir trabajando. Creo que hay otro tema y lo hemos hablado con la Cámara Minera de San Juan que es que hay que profundizar un concepto que es la evaluación ambiental estratégica, que es una visión global del informe de impacto ambiental que se aplica a cada uno de los proyectos", concluyó el funcionario.
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Afirman que es escasa la exposición a radiación en las antenas
Descubren escasa radiación en las antenas de celulares
Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un monitoreo oficial refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
Las antenas de comunicaciones móviles en Argentina registran muy bajo nivel de radiación no ionizante (RNI), con un pico máximo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dónde llega al 6,7 por ciento del máximo de emisiones consideradas seguras para las poblaciones, según el monitoreo que realiza el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La normativa argentina sobre las radiaciones no ionizantes (la que emiten las antenas de comunicaciones móviles) es más estricta que la normativa promedio internacional, explicó el profesor Hugo Colombo integrante de la comisión de radioaciones no ionizantes (RNI) del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, electrónica y Computación (Copitec).
Aún así, la antena que registra mayor emisión en el país, está ubicada en Ushuaia y tiene hasta 6,7 por ciento del tope máximo previsto en la norma, según refleja el monitoreo realizado por el Enacom y publicado en su sitio web.
El monitoreo refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
La discusión sobre la contaminación de las antenas de comunicaciones es de larga data, y hace seis años se intentó que los diferentes municipios adoptaran normativas similares que permitan la expansión del servicio de telecomunicaciones, sin generar daños a la salud ni contaminación visual.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, Salta, que disponía el trasalado de dos antenas para que se reubiquen fuera del ejido urbano.
En este caso el tribunal presentó un fallo dividido entre los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, para quienes la ordenanza interfería en la competencia regulatoria que en este caso es federal.
Para los jueces en disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los municipios tienen competencia constitucional para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en tanto y en cuento no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Desde San Luis, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, se expresó a favor del fallo de la Corte por la relevancia del servicio para los habitantes y turistas.
"Un turista quiere estar conectyado, y que además pueda pagar conmedios digitales; no podés pretendenr que la gente venga con efectivo para pagar los gastos de las vacaciones", agregó la experta.
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Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Un monitoreo oficial refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
Las antenas de comunicaciones móviles en Argentina registran muy bajo nivel de radiación no ionizante (RNI), con un pico máximo en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, dónde llega al 6,7 por ciento del máximo de emisiones consideradas seguras para las poblaciones, según el monitoreo que realiza el ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
La normativa argentina sobre las radiaciones no ionizantes (la que emiten las antenas de comunicaciones móviles) es más estricta que la normativa promedio internacional, explicó el profesor Hugo Colombo integrante de la comisión de radioaciones no ionizantes (RNI) del Consejo de Profesionales de Ingeniería de Telecomunicaciones, electrónica y Computación (Copitec).
Aún así, la antena que registra mayor emisión en el país, está ubicada en Ushuaia y tiene hasta 6,7 por ciento del tope máximo previsto en la norma, según refleja el monitoreo realizado por el Enacom y publicado en su sitio web.
El monitoreo refleja que la mayoría de las antenas tiene menos del 3 por ciento de la radiación máxima aceptable para la población.
La discusión sobre la contaminación de las antenas de comunicaciones es de larga data, y hace seis años se intentó que los diferentes municipios adoptaran normativas similares que permitan la expansión del servicio de telecomunicaciones, sin generar daños a la salud ni contaminación visual.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ordenanza del municipio de General Güemes, Salta, que disponía el trasalado de dos antenas para que se reubiquen fuera del ejido urbano.
En este caso el tribunal presentó un fallo dividido entre los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, para quienes la ordenanza interfería en la competencia regulatoria que en este caso es federal.
Para los jueces en disidencia, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los municipios tienen competencia constitucional para regular cuestiones referidas al planeamiento urbano, en tanto y en cuento no sea un "obstáculo real y efectivo" para la prestación del servicio de comunicaciones.
Desde San Luis, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, se expresó a favor del fallo de la Corte por la relevancia del servicio para los habitantes y turistas.
"Un turista quiere estar conectyado, y que además pueda pagar conmedios digitales; no podés pretendenr que la gente venga con efectivo para pagar los gastos de las vacaciones", agregó la experta.
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Como se busca evitar que el yaguareté se extinga
Cómo es el programa que busca preservar al yaguareté
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es una especie en extinción. Hoy existen cerca de 250 en provincias del norte argentino .
El yaguareté es una de las especies que está en peligro de extinción en la Argentina. Aunque hace un centenar de años su distribución llegaba hasta la pampa húmeda, hoy apenas unos 250 pueden verse en algunas provincias del norte argentino. Con el objetivo de preservar los ejemplares que quedan y salvar a este mamífero, declarado patrimonio natural del país, se lanzó un programa auspiciado por Naciones Unidas que busca sostener proyectos ambientales comunitarios relacionados con este gran felino.
Se trata de la iniciativa conocida como Proyectos de Pequeñas Donaciones (PPD), un programa del Fondo de Medio Ambiente Mundial implementado por el PNUD que promueve soluciones a problemas ambientales locales con impacto global, a través del empoderamiento de la sociedad civil y de sus sectores vulnerables, incluyendo mujeres y pueblos originarios.
"Argentina fue seleccionada como uno de los 10 países en el mundo que reciben este financiamiento para conservar grandes felinos. La principal causa de amenaza en la región es el conflicto con los ganaderos y los agricultores, muchos de ellos son pueblos indígenas y se topan con el animal que busca el ganado. Los proyectos que venimos impulsando son muy novedosos. Ahora se está lanzando una nueva etapa en que estamos buscando ampliar la zona", explicó a Infobae René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Valdés contó que la Red Yaguareté ya cuenta con un proyecto financiado por este programa en Misiones que consistió en alambrar y concientizar a pobladores, así como también monitorear cada ejemplar.
"En la Argentina aún no hay un recuento exacto de la cantidad de ejemplares que hay, pero nuestro intención es tratar de conseguir lo que se ha hecho en Brasil en donde el felino juega un rol central en el ecoturismo", indicó.
Un estudio reciente en la zona de El Pantanal brasileño encontró que el valor de los jaguares para el turismo (USD 6.827.392) superaba con creces el costo para los ganaderos de la depredación de su ganado (USD 121.500). "La intención ahora es que además de Misiones se sumen otras regiones en donde aparece el jaguar que llega desde Paraguay y Brasil en donde se está deteriorando su hábitat", agregó Valdés.
El lanzamiento de la convocatoria se realizó en el Parque del Conocimiento, en Posadas, y estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental de la Nación, Diego Moreno; el vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce y el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Juan Manuel Díaz.
"Estamos muy contentos de estar de nuevo acá. Quiero resaltar, en primer lugar, el hecho de que Misiones se haya transformado en un ejemplo a nivel nacional, en relación a la política de recuperación de una especie como el yaguareté, dadas las complejidades que esto presenta. En un trabajo articulado y sostenido en el tiempo, ha logrado un proceso de inicio de recuperación de su población muy ponderable a nivel nacional", dijo Moreno.
Los proyectos a presentar en esta convocatoria deberán estar orientados a la protección del yaguareté (Panthera onca) en el país. "La especie, amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat y la caza ilegal, ha visto reducida su distribución un 95%, quedando en la actualidad menos de 250 ejemplares en las ecorregiones de la selva paranaense, chaco y selva de las yungas, en áreas de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Misiones", explica la web del programa.
Las iniciativas ambientales financiadas deberán ejecutarse entre 12 y 24 meses y estarán orientadas a sitios de alta prioridad de conservación del yaguareté. Entre las acciones prioritarias para esta convocatoria se destacan medidas antidepredación; intervenciones para disminuir la cacería del animal; proyectos de innovación y uso de nuevas tecnologías, como aquellos que promuevan alternativas económicas para comunidades locales que contribuyan a la supervivencia a largo plazo de la especie, incluyendo esquemas de fondo de compensación, seguros, ecoturismo, entre otros.
Los convocados son organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y local, con prioridad en las organizaciones comunitarias de base, pueblos originarios, campesinos, mujeres y jóvenes. También pueden participar cooperativas, cooperadoras, pequeños productores y asociaciones y fundaciones que trabajen en pos del ambiente y el desarrollo sustentable.
El proceso de selección de proyectos constará de una etapa de evaluación realizada por el Comité Directivo Nacional del PPD. Los proyectos deben ser enviados por correo postal (dirigir envío a María Eugenia Combi, de la Coordinación Nacional del PPD, a Esmeralda 130, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y por correo electrónico (ppd.argentina@undp.org, con copia ppdargentina@unops.org).
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Es una especie en extinción. Hoy existen cerca de 250 en provincias del norte argentino .
El yaguareté es una de las especies que está en peligro de extinción en la Argentina. Aunque hace un centenar de años su distribución llegaba hasta la pampa húmeda, hoy apenas unos 250 pueden verse en algunas provincias del norte argentino. Con el objetivo de preservar los ejemplares que quedan y salvar a este mamífero, declarado patrimonio natural del país, se lanzó un programa auspiciado por Naciones Unidas que busca sostener proyectos ambientales comunitarios relacionados con este gran felino.
Se trata de la iniciativa conocida como Proyectos de Pequeñas Donaciones (PPD), un programa del Fondo de Medio Ambiente Mundial implementado por el PNUD que promueve soluciones a problemas ambientales locales con impacto global, a través del empoderamiento de la sociedad civil y de sus sectores vulnerables, incluyendo mujeres y pueblos originarios.
"Argentina fue seleccionada como uno de los 10 países en el mundo que reciben este financiamiento para conservar grandes felinos. La principal causa de amenaza en la región es el conflicto con los ganaderos y los agricultores, muchos de ellos son pueblos indígenas y se topan con el animal que busca el ganado. Los proyectos que venimos impulsando son muy novedosos. Ahora se está lanzando una nueva etapa en que estamos buscando ampliar la zona", explicó a Infobae René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina.
Valdés contó que la Red Yaguareté ya cuenta con un proyecto financiado por este programa en Misiones que consistió en alambrar y concientizar a pobladores, así como también monitorear cada ejemplar.
"En la Argentina aún no hay un recuento exacto de la cantidad de ejemplares que hay, pero nuestro intención es tratar de conseguir lo que se ha hecho en Brasil en donde el felino juega un rol central en el ecoturismo", indicó.
Un estudio reciente en la zona de El Pantanal brasileño encontró que el valor de los jaguares para el turismo (USD 6.827.392) superaba con creces el costo para los ganaderos de la depredación de su ganado (USD 121.500). "La intención ahora es que además de Misiones se sumen otras regiones en donde aparece el jaguar que llega desde Paraguay y Brasil en donde se está deteriorando su hábitat", agregó Valdés.
El lanzamiento de la convocatoria se realizó en el Parque del Conocimiento, en Posadas, y estuvo a cargo del secretario de Política Ambiental de la Nación, Diego Moreno; el vicegobernador de la provincia de Misiones, Carlos Arce y el ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Juan Manuel Díaz.
"Estamos muy contentos de estar de nuevo acá. Quiero resaltar, en primer lugar, el hecho de que Misiones se haya transformado en un ejemplo a nivel nacional, en relación a la política de recuperación de una especie como el yaguareté, dadas las complejidades que esto presenta. En un trabajo articulado y sostenido en el tiempo, ha logrado un proceso de inicio de recuperación de su población muy ponderable a nivel nacional", dijo Moreno.
Los proyectos a presentar en esta convocatoria deberán estar orientados a la protección del yaguareté (Panthera onca) en el país. "La especie, amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat y la caza ilegal, ha visto reducida su distribución un 95%, quedando en la actualidad menos de 250 ejemplares en las ecorregiones de la selva paranaense, chaco y selva de las yungas, en áreas de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Misiones", explica la web del programa.
Las iniciativas ambientales financiadas deberán ejecutarse entre 12 y 24 meses y estarán orientadas a sitios de alta prioridad de conservación del yaguareté. Entre las acciones prioritarias para esta convocatoria se destacan medidas antidepredación; intervenciones para disminuir la cacería del animal; proyectos de innovación y uso de nuevas tecnologías, como aquellos que promuevan alternativas económicas para comunidades locales que contribuyan a la supervivencia a largo plazo de la especie, incluyendo esquemas de fondo de compensación, seguros, ecoturismo, entre otros.
Los convocados son organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y local, con prioridad en las organizaciones comunitarias de base, pueblos originarios, campesinos, mujeres y jóvenes. También pueden participar cooperativas, cooperadoras, pequeños productores y asociaciones y fundaciones que trabajen en pos del ambiente y el desarrollo sustentable.
El proceso de selección de proyectos constará de una etapa de evaluación realizada por el Comité Directivo Nacional del PPD. Los proyectos deben ser enviados por correo postal (dirigir envío a María Eugenia Combi, de la Coordinación Nacional del PPD, a Esmeralda 130, piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y por correo electrónico (ppd.argentina@undp.org, con copia ppdargentina@unops.org).
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Semana de Acción Climática, financiamiento
Los avances del financiamiento climático en el temario de la Semana de Acción Climática
Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Semana de Acción Climática, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los avances del financiamiento climático. En la apertura participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.
El secretario de Ambiente nacional expresó durante su intervención: “Este segundo encuentro le da continuidad al primer hito en Argentina, que es esta semana dedicada a la acción climática”. Además indicó: “El síntoma del cambio climático requiere soluciones interdisciplinarias e interjurisdiccionales”
A continuación, Bergman se refirió al tema central de la jornada: “El día de hoy está dedicado al financiamiento del clima”, a la vez que explicó que a partir del Acuerdo de París se presentan “compromisos globales y responsabilidades locales que vinculadas a números y objetivos, que deben auditarse y medirse. Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación de los resultados entonces hay políticas públicas. Y que esa vinculación requería no solamente de los compromisos políticos sino de los financiamientos”. Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está el financiamiento internacional y local para las obras de infraestructura resiliente, lo que se llama infraestructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
“Es importante que salgamos de esta idea de que siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables del 80 % de las emisiones, terminen definiendo cómo manejar la economía para darnos a los otros países algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuando en realidad estamos planteando un acto de justicia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. “Los países que podemos ofrecer servicios ambientales para mitigar, necesitamos que nos den los fondos para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos una solución: cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, y entendemos que las economías que se expandieron y emitieron, son las que deben ahora invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices de contribución, está neutralizando lo que emite. Queremos salir a ofrecerle al mundo que podemos absorber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario.
Durante la jornada, se desarrollaron además cinco paneles de discusión, a cargo de autoridades y referentes en la materia. En el primer panel se discutió sobre cómo acelerar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el rol de los sectores público y privado en la estructuración de estrategias de financiamiento climático. El objetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de oportunidades para la inversión pública y la privada y hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; Heloisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina.
Los paneles restantes estuvieron dedicados a las oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático; a bonos verdes como instrumentos para incrementar la ambición climática; al modo de traducir las NDC en carteras de proyectos de inversión público-privada; y finalmente al tema “Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima”.
Esta segunda jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Avina, BID Invest y el Fondo Verde para el Clima.
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Fecha de Publicación: 06/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
En el marco de la Semana de Acción Climática, organizada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en el Palacio de Aguas Corrientes, la segunda jornada estuvo centrada en los avances del financiamiento climático. En la apertura participó Sergio Bergman, secretario de Gobierno del área, junto con Laura Jaitman, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales y delegada del Canal de Finanzas del G20 del Ministerio de Hacienda de la Nación; y Agustín Pesce, vicepresidente segundo del Banco de la Nación Argentina.
El secretario de Ambiente nacional expresó durante su intervención: “Este segundo encuentro le da continuidad al primer hito en Argentina, que es esta semana dedicada a la acción climática”. Además indicó: “El síntoma del cambio climático requiere soluciones interdisciplinarias e interjurisdiccionales”
A continuación, Bergman se refirió al tema central de la jornada: “El día de hoy está dedicado al financiamiento del clima”, a la vez que explicó que a partir del Acuerdo de París se presentan “compromisos globales y responsabilidades locales que vinculadas a números y objetivos, que deben auditarse y medirse. Dado que si hay decisión, trazabilidad y evaluación de los resultados entonces hay políticas públicas. Y que esa vinculación requería no solamente de los compromisos políticos sino de los financiamientos”. Luego continuó: “Debemos tener en claro dónde está el financiamiento internacional y local para las obras de infraestructura resiliente, lo que se llama infraestructura verde, para adaptarnos al cambio climático”.
“Es importante que salgamos de esta idea de que siendo latinoamericanos o subdesarrollados estemos esperando que los 4 o 5 países líderes, responsables del 80 % de las emisiones, terminen definiendo cómo manejar la economía para darnos a los otros países algún apoyo para cumplir con estos objetivos, cuando en realidad estamos planteando un acto de justicia, no de caridad”, señaló el secretario de Gobierno. “Los países que podemos ofrecer servicios ambientales para mitigar, necesitamos que nos den los fondos para hacer ese trabajo ambiental”, agregó. “Tenemos una solución: cada uno tiene que poner la parte que le corresponde, y entendemos que las economías que se expandieron y emitieron, son las que deben ahora invertir en la mitigación. Argentina ya con sus índices de contribución, está neutralizando lo que emite. Queremos salir a ofrecerle al mundo que podemos absorber el carbono, podemos ofrecer economías verdes y competitividad en bonos verdes”, finalizó el funcionario.
Durante la jornada, se desarrollaron además cinco paneles de discusión, a cargo de autoridades y referentes en la materia. En el primer panel se discutió sobre cómo acelerar la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC), así como sobre el rol de los sectores público y privado en la estructuración de estrategias de financiamiento climático. El objetivo fue abordar el rol de las NDC como ventanas de oportunidades para la inversión pública y la privada y hacia dónde dirigir los flujos de financiamiento, en pos del cumplimiento de las metas del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La exposición la realizaron Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; Laura Jaitman; Heloisa Schneider, asesora en Sustentabilidad y Cambio Climático del CEPAL; y Rubén Mercado, economista senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Argentina.
Los paneles restantes estuvieron dedicados a las oportunidades y tendencias del sector bancario para movilizar financiamiento climático; a bonos verdes como instrumentos para incrementar la ambición climática; al modo de traducir las NDC en carteras de proyectos de inversión público-privada; y finalmente al tema “Financiamiento para el sector privado a través del Fondo Verde para el Clima”.
Esta segunda jornada se realizó con el apoyo de la Fundación Avina, BID Invest y el Fondo Verde para el Clima.
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Antenas: localidades no pueden ordenar traslados
Las comunas no pueden ordenar traslados de antenas celulares
Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Fecha de Publicación: 05/07/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
En un fallo dividido, la Corte Suprema dejó sin efecto una norma dictada por el legislativo de General Güemes, Salta. Valoró que se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional, de competencia federal
Con los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema determinó que al disponer la relocalización de antenas de telefonía celular el municipio salteño de General Güemes se entrometió en aspectos vinculados al funcionamiento y organización de un servicio interjurisdiccional que, conforme la Constitución Nacional (CN), son de competencia federal.
A su turno, Telefónica Móviles Argentina SA y Telefónica de Argentina SA reclamaron que se dejara sin efecto la norma dictada en 2010 que dispuso el traslado de aquellos dispositivos, para sacarlos del ejido urbano.
Entre otros argumentos, las actoras plantearon que la normativa era irrazonable, ya que el el perito oficial concluyó que las antenas de telefonía móvil no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas y que su erradicación de la ciudad no haría más que causar el efecto contrario al que se quería evitar; ello así, porque sería necesario aumentar el nivel de radiación para permitir el correcto funcionamiento de la prestación.
Por su parte, la municipalidad defendió la validez de la ordenanza invocando su poder de policía local en materia de salubridad. También citó razones arquitectónicas, tecnológicas, paisajísticas, patrimoniales, urbanísticas y ambientales.
En su momento, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda de las empresas, un decisorio que recurrieron con éxito.
En su voto, Rosenkrantz recordó que ampliar, modificar y trasladar los distintos medios o sistemas de telecomunicaciones es un aspecto regulatorio de competencia nacional exclusiva.
En esa dirección, destacó que es un principio reconocido por la Corte que provincias y municipios deben ejercer sus competencias sin alterar las condiciones materiales, económicas, jurídicas o de cualquier orden establecidas por la legislación nacional que hacen posible el cumplimiento de los fines del gobierno federal.
En relación con las antenas instaladas por las firmas, precisó que, tal como se acreditó con el dictamen del experto, en el diseño de una red de telecomunicaciones su ubicación responde a criterios técnicos que contemplan las necesidades geográficas de cobertura y la factibilidad de prestar el servicio a un número determinado de usuarios, así como la posibilidad de interconexión con otras estaciones.
Además, señaló que el fundamento central de la ordenanza, consistente en proteger la salud de la población, no guarda ningún vínculo racional con el traslado pretendido sino que, por el contrario, la decisión de reubicarlas produciría el efecto exactamente contrario.
Por su parte, Highton detalló que, según el informe del perito oficial, como las antenas integran un sistema interconectado, la modificación en la ubicación de una impactará en las demás y en la prestación del servicio.
Así, ponderó que no resulta difícil imaginar las consecuencias disvaliosas que se podrían generar para el funcionamiento del servicio si se permitiera que cada municipio decidiera unilateralmente la reubicación de dispositivos ya instalados.
En tanto, Lorenzetti opinó que la decisión de la Municipalidad de General Güemes, invocando el ejercicio del poder de policía ambiental, interfería con la adecuada prestación del servicio interjurisdiccional de telefonía móvil.
En esa dirección, indicó que en el campo ambiental hay competencias concurrentes que la CN consagra, lo cual implica “la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común”.
En ese punto, el vocal citó el estándar de razonabilidad que debe observar la regulación como condición de validez normativa y concluyó diciendo que, sin perjuicio de que se reconozca la autonomía municipal y la consecuente facultad para ejercer el poder de policía ambiental, la cuestión del emplazamiento de antenas de celulares no puede quedar sujeta a una excesiva descentralización si ello constituye una interferencia incompatible con las facultades del Estado nacional y no se ha acreditado afectación ambiental.
En relación con la interferencia de la regulación municipal, subrayó que el servicio de telefonía es ampliamente utilizado por la población, incluidos los habitantes del municipio demandado, puntualizando que para que ello sea posible es necesaria la instalación de antenas y que para que ello sea viable es imprescindible una economía de escala: es decir, invertir en regiones amplias.
“El principio de no interferencia se aplica en tanto no exista una afectación del ambiente o de los habitantes, lo que también está previsto en la legislación federal”, consignó el ministro.
En disidencia, los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti estimaron que es válido que las comunas regulen cuestiones referidas al planeamiento urbano, en la medida en que no fue probado en la causa un obstáculo real y efectivo a la prestación del servicio de telecomunicaciones.
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Encuentro por el Inventario Nacional de Humedales
Ambiente convocó a más de 50 especialistas en el marco del Inventario Nacional de Humedales
Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente organizó un encuentro para recopilar experiencias de identificación, delimitación y clasificación de humedales en el marco del Inventario Nacional.
Los días 11 y 12 de junio se realizaron reuniones de coordinación de proyectos de inventario de humedales con más de 50 especialistas de diversas regiones del país donde se repasaron las lecciones aprendidas en estas experiencias, sus resultados y la replicabilidad de los trabajos en otras áreas de la Argentina.
En el encuentro se analizó una propuesta de marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales, basada en las definiciones operativas acordadas en el taller organizado por la Secretaría Ambiente nacional en 2016. Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre los proyectos de inventario realizados en la cuenca Olaroz–Cauchari y la subcuenca Río Rosario en Jujuy; el Chaco semiárido en Salta; el Arroyo Yaguarí, Corrientes; la cuenca del Río Mendoza, Mendoza; la cuenca del Río Santa Cruz, en Santa Cruz; los partidos Luján, Pilar y Escobar en la provincia de Buenos Aires; el delta del Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la cuenca Matanza Riachuelo, Buenos Aires.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, señaló que “los trabajos del Inventario Nacional de Humedales profundizan los esfuerzos iniciados para contar con un Sistema de Información Ambiental Nacional, integrado y federal, para cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente”. Agregó que, “esta herramienta jerarquiza la valoración de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio y la regulación de las actividades, permitiendo consolidar políticas de conservación y uso sustentable para apoyar un desarrollo sustentable en el país”.
Sobre los trabajos del inventario, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “En los últimos años hemos publicado el primer relevamiento de escala nacional (Regiones de Humedales de la Argentina) y un récord de proyectos de mayor detalle en distintas zonas del país. Estos trabajos fueron realizados junto con los máximos especialistas en la materia, generando las condiciones para integrar los humedales en la planificación del desarrollo y ampliar las áreas protegidas en estos ambientes, como en el caso de los Parques Nacionales Iberá y Ciervo de los Pantanos, y el Sitio Ramsar Reserva Natural Villavicencio”.
Participaron de la reunión la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges y representantes de organismos de gestión (OPDS, ACUMAR y CONAE), centros de investigación (INTA, INA y CONICET-IADIZA), universidades (UNSaM, UNTu, UNJu, UNL, UNPA y UBA) y organizaciones de la sociedad civil (Fundación Humedales).
La actividad contó con el apoyo del proyecto “Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del Desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutado por la cartera ambiental junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Inventario Nacional de Humedales
Los humedales incluyen una variedad de ecosistemas que se caracterizan por la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, así como de organismos y suelos asociados a estas condiciones. La Argentina cuenta con una gran abundancia y diversidad de humedales, que incluyen vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras intermareales, entre otros.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está liderando el proceso de Inventario Nacional de Humedales, entendiendo al mismo como una herramienta de información que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (Ley n.º 25675) y la Convención sobre los Humedales (Leyes n.º 23919 y n.º 25335). Su relevamiento presenta fuertes desafíos desde el punto de vista técnico por las características de estos ecosistemas, su variabilidad temporal y alta conectividad con otros ecosistemas, entre otros aspectos. Para abordar esta complejidad se desarrollan reuniones de expertos y experiencias demostrativas, en un ámbito de trabajo conjunto y colaborativo con especialistas y organismos de gestión, académicos y de conservación.
En el año 2016 se realizó el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, donde más de 50 especialistas acordaron una definición operativa para realizar los trabajos de inventario.
En 2017 se culminaron los trabajos del proyecto “El Inventario de los Humedales de Argentina: Una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar”, financiado por la Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementado por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Universidad Nacional de San Martín y especialistas de distintas instituciones científicas. Con su publicación se presentó el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales, las Regiones de Humedales de la Argentina.
En 2018 se publicaron los resultados de las experiencias demostrativas de inventario de humedales a mayor nivel de detalle. Éstas se desarrollaron con el doble objetivo de generar información sobre humedales en áreas prioritarias y contribuir a las definiciones metodológicas del Inventario Nacional. Además, se realizó una reunión de expertos, preparatoria de la reunión de coordinación de 2019.
Los resultados del Inventario Nacional de Humedales pueden consultarse bajo formatos de gobierno abierto a través del Informe del Estado del Ambiente, la página web de la Secretaría de Ambiente y la Infraestructura de Datos Espaciales de Ambiente: http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=12865
Red de Sitios Ramsar
La Argentina suscribió la Convención sobre los Humedales de Ramsar, un acuerdo internacional para promover su conservación y uso racional. El tratado cuenta con una Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), en la cual se incluyen aquellos humedales reconocidos por sus características sobresalientes en base a criterios ecológicos, biológicos y físicos.
En nuestro país se han designado 23 Sitios Ramsar, que abarcan más de 5 millones y medio de hectáreas. Su administración se encuentra a cargo de las jurisdicciones provinciales, y de la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley n.° 22351. La cartera ambiental nacional asiste a la mismas en la elaboración de planes de manejo, capacitación, evaluación y monitoreo. También apoya acciones de concientización, información y educación ambiental.
En los últimos años, el país asumió a nivel internacional la representación de la región de América del Sur ante el Comité Permanente de la Convención de Ramsar y la coordinación de la Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata. También participa de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos.
Este liderazgo en los foros multilaterales se tradujo a nivel nacional en la aplicación, por primera vez, de los instrumentos elaborados por la Convención para el monitoreo y evaluación de los Sitios Ramsar. En tal sentido, se promovió la actualización de la información de base mediante las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y se realizó un análisis de la efectividad de los Sitios Ramsar para preservar sus condiciones ecológicas mediante instrumentos estandarizados (R-METT). También se han ofrecido oportunidades de capacitación y acceso a fondos internacionales, a la vez que han participado del desarrollo de planes de manejo (SR Delta del Paraná) y el Primer Foro de Humedales del Litoral Argentino.
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Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La cartera de Ambiente organizó un encuentro para recopilar experiencias de identificación, delimitación y clasificación de humedales en el marco del Inventario Nacional.
Los días 11 y 12 de junio se realizaron reuniones de coordinación de proyectos de inventario de humedales con más de 50 especialistas de diversas regiones del país donde se repasaron las lecciones aprendidas en estas experiencias, sus resultados y la replicabilidad de los trabajos en otras áreas de la Argentina.
En el encuentro se analizó una propuesta de marco conceptual y lineamientos metodológicos para el Inventario Nacional de Humedales, basada en las definiciones operativas acordadas en el taller organizado por la Secretaría Ambiente nacional en 2016. Asimismo, se intercambiaron experiencias sobre los proyectos de inventario realizados en la cuenca Olaroz–Cauchari y la subcuenca Río Rosario en Jujuy; el Chaco semiárido en Salta; el Arroyo Yaguarí, Corrientes; la cuenca del Río Mendoza, Mendoza; la cuenca del Río Santa Cruz, en Santa Cruz; los partidos Luján, Pilar y Escobar en la provincia de Buenos Aires; el delta del Paraná, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y la cuenca Matanza Riachuelo, Buenos Aires.
Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, señaló que “los trabajos del Inventario Nacional de Humedales profundizan los esfuerzos iniciados para contar con un Sistema de Información Ambiental Nacional, integrado y federal, para cumplir con la demorada implementación de todos los instrumentos previstos en la Ley General del Ambiente”. Agregó que, “esta herramienta jerarquiza la valoración de los humedales en el ordenamiento ambiental del territorio y la regulación de las actividades, permitiendo consolidar políticas de conservación y uso sustentable para apoyar un desarrollo sustentable en el país”.
Sobre los trabajos del inventario, Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, expresó: “En los últimos años hemos publicado el primer relevamiento de escala nacional (Regiones de Humedales de la Argentina) y un récord de proyectos de mayor detalle en distintas zonas del país. Estos trabajos fueron realizados junto con los máximos especialistas en la materia, generando las condiciones para integrar los humedales en la planificación del desarrollo y ampliar las áreas protegidas en estos ambientes, como en el caso de los Parques Nacionales Iberá y Ciervo de los Pantanos, y el Sitio Ramsar Reserva Natural Villavicencio”.
Participaron de la reunión la directora nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Dolores Duverges y representantes de organismos de gestión (OPDS, ACUMAR y CONAE), centros de investigación (INTA, INA y CONICET-IADIZA), universidades (UNSaM, UNTu, UNJu, UNL, UNPA y UBA) y organizaciones de la sociedad civil (Fundación Humedales).
La actividad contó con el apoyo del proyecto “Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del Desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)”, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y ejecutado por la cartera ambiental junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Inventario Nacional de Humedales
Los humedales incluyen una variedad de ecosistemas que se caracterizan por la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, así como de organismos y suelos asociados a estas condiciones. La Argentina cuenta con una gran abundancia y diversidad de humedales, que incluyen vegas, lagunas, turberas, pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras intermareales, entre otros.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación está liderando el proceso de Inventario Nacional de Humedales, entendiendo al mismo como una herramienta de información que aporta al ordenamiento ambiental del territorio y a la gestión de estos ecosistemas, en el marco de lo establecido por la Ley General del Ambiente (Ley n.º 25675) y la Convención sobre los Humedales (Leyes n.º 23919 y n.º 25335). Su relevamiento presenta fuertes desafíos desde el punto de vista técnico por las características de estos ecosistemas, su variabilidad temporal y alta conectividad con otros ecosistemas, entre otros aspectos. Para abordar esta complejidad se desarrollan reuniones de expertos y experiencias demostrativas, en un ámbito de trabajo conjunto y colaborativo con especialistas y organismos de gestión, académicos y de conservación.
En el año 2016 se realizó el taller “Hacia un Inventario Nacional de Humedales”, donde más de 50 especialistas acordaron una definición operativa para realizar los trabajos de inventario.
En 2017 se culminaron los trabajos del proyecto “El Inventario de los Humedales de Argentina: Una Herramienta para la Implementación de la Convención de Ramsar”, financiado por la Iniciativa Humedales para el Futuro de la Convención sobre los Humedales, implementado por la Fundación Humedales/Wetlands International en colaboración con la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Universidad Nacional de San Martín y especialistas de distintas instituciones científicas. Con su publicación se presentó el primer nivel del Inventario Nacional de Humedales, las Regiones de Humedales de la Argentina.
En 2018 se publicaron los resultados de las experiencias demostrativas de inventario de humedales a mayor nivel de detalle. Éstas se desarrollaron con el doble objetivo de generar información sobre humedales en áreas prioritarias y contribuir a las definiciones metodológicas del Inventario Nacional. Además, se realizó una reunión de expertos, preparatoria de la reunión de coordinación de 2019.
Los resultados del Inventario Nacional de Humedales pueden consultarse bajo formatos de gobierno abierto a través del Informe del Estado del Ambiente, la página web de la Secretaría de Ambiente y la Infraestructura de Datos Espaciales de Ambiente: http://mapas.ambiente.gob.ar/?idarticulo=12865
Red de Sitios Ramsar
La Argentina suscribió la Convención sobre los Humedales de Ramsar, un acuerdo internacional para promover su conservación y uso racional. El tratado cuenta con una Lista de Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), en la cual se incluyen aquellos humedales reconocidos por sus características sobresalientes en base a criterios ecológicos, biológicos y físicos.
En nuestro país se han designado 23 Sitios Ramsar, que abarcan más de 5 millones y medio de hectáreas. Su administración se encuentra a cargo de las jurisdicciones provinciales, y de la Administración de Parques Nacionales en el caso de las áreas protegidas comprendidas por la Ley n.° 22351. La cartera ambiental nacional asiste a la mismas en la elaboración de planes de manejo, capacitación, evaluación y monitoreo. También apoya acciones de concientización, información y educación ambiental.
En los últimos años, el país asumió a nivel internacional la representación de la región de América del Sur ante el Comité Permanente de la Convención de Ramsar y la coordinación de la Iniciativa Regional de Conservación y Uso Sustentable de los Humedales Fluviales de la Cuenca del Plata. También participa de la Estrategia Regional de Conservación y Uso Sostenible de los Humedales Altoandinos.
Este liderazgo en los foros multilaterales se tradujo a nivel nacional en la aplicación, por primera vez, de los instrumentos elaborados por la Convención para el monitoreo y evaluación de los Sitios Ramsar. En tal sentido, se promovió la actualización de la información de base mediante las Fichas Informativas Ramsar (FIR) y se realizó un análisis de la efectividad de los Sitios Ramsar para preservar sus condiciones ecológicas mediante instrumentos estandarizados (R-METT). También se han ofrecido oportunidades de capacitación y acceso a fondos internacionales, a la vez que han participado del desarrollo de planes de manejo (SR Delta del Paraná) y el Primer Foro de Humedales del Litoral Argentino.
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Determinan que el glifosato es más tóxico con el arsénico
El glifosato es más tóxico cuando se junta con el arsénico de los suelos
Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un científico santafesino aseguró en una investigación que la combinación del herbicida glifosato con el arsénico presente en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
El estudio fue elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, quien realizó el experimento en renacuajos. «La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos», dijo el científico.
Por esta razón, remarcó: «postulamos un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración». Lejmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos más importantes de la región y sus trabajos fueron utilizados por la Organización Mundial de la Salud para reclasificar el glifosato en 2015 como «probable cancerígeno humano».
El especialista explicó que para el experimento «se utilizó glifosato y arsénico en concentraciones ocho veces más bajas que las mínimas, que por ende no causan ningún efecto en los renacuajos». «En una primera etapa de la investigación ya obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir aumentaba la toxicidad», reveló.
En esa línea, señaló que «al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para desarrollo de todos los vertebrados como son la T3 y T4, se habían disparado».
A su vez, indicó que «el índice de proliferación celular también había aumentado, lo que no dejó lugar a dudas del poder de toxicidad de la unión de los elementos porque un índice de celular alto significa la existencia de una enfermedad tumoral».
Lejmanovich aclaró que no es médico como para afirmar una incidencia del glifosato combinado con el arsénico en la salud humana pero destacó que «existen muchas publicaciones médicas que dan cuenta de la relación de la exposición al glifosato y otros plaguicidas con la mayor incidencia de enfermedades tumorales».
La conclusión a la que llegó el científico fue que «el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN de ciertos organismos».
«Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí, tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población», advirtió el científico. Según la OMS, Argentina es uno de los países con más altos niveles de arsénico orgánico acumulado naturalmente en las aguas subterráneas.
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Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un científico santafesino aseguró en una investigación que la combinación del herbicida glifosato con el arsénico presente en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
El estudio fue elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, quien realizó el experimento en renacuajos. «La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos», dijo el científico.
Por esta razón, remarcó: «postulamos un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración». Lejmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos más importantes de la región y sus trabajos fueron utilizados por la Organización Mundial de la Salud para reclasificar el glifosato en 2015 como «probable cancerígeno humano».
El especialista explicó que para el experimento «se utilizó glifosato y arsénico en concentraciones ocho veces más bajas que las mínimas, que por ende no causan ningún efecto en los renacuajos». «En una primera etapa de la investigación ya obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir aumentaba la toxicidad», reveló.
En esa línea, señaló que «al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para desarrollo de todos los vertebrados como son la T3 y T4, se habían disparado».
A su vez, indicó que «el índice de proliferación celular también había aumentado, lo que no dejó lugar a dudas del poder de toxicidad de la unión de los elementos porque un índice de celular alto significa la existencia de una enfermedad tumoral».
Lejmanovich aclaró que no es médico como para afirmar una incidencia del glifosato combinado con el arsénico en la salud humana pero destacó que «existen muchas publicaciones médicas que dan cuenta de la relación de la exposición al glifosato y otros plaguicidas con la mayor incidencia de enfermedades tumorales».
La conclusión a la que llegó el científico fue que «el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN de ciertos organismos».
«Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí, tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población», advirtió el científico. Según la OMS, Argentina es uno de los países con más altos niveles de arsénico orgánico acumulado naturalmente en las aguas subterráneas.
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La minería apuesta a la reglamentación de la Ley de Glaciares
Por la Ley de Glaciares, la Cámara Minera convocará a una movilización
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Será en defensa de la actividad y tanto a nivel local como nacional. Para el sector, el reciente fallo abrió posibilidades positivas y los esfuerzos se centrarán en la reglamentación.
Un nuevo capítulo se abre respecto de la Ley de Glaciares, tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó la demanda de inconstitucionalidad planteada por las empresas Barrick y Exploraciones Mineras Argentinas SA. La controversia que generó esta decisión judicial puso sobre el tapete la necesidad de reglamentar la ley y llevó a que desde la Cámara Minera de San Juan se anunciara la próxima convocatoria de una movilización masiva tanto a nivel provincial como nacional en defensa de la industria.
”La idea es convocar a una movilización nacional y provincial lo más multitudinaria posible y en apoyo al sector, y estamos hablando no sólo de la minería sino de todos lo centros de la economía activa que se han expedido a favor de pelear esta situación”, dijo Ricardo Martínez, histórico y activo miembro de la entidad, quien se expresó en el marco de “Historias Compartidas”, las charlas mensuales que la CMSJ brinda sobre diferentes tópicos vinculados a la minería.
Martínez explicó que contrariamente a lo que muchos puedan pensar, el fallo de la CSJN es “mucho más beneficioso que el silencio que había, eso no lo digo yo sino abogados, porque en uno de los puntos del fallo dice que los organismos técnicos deberán expedirse sobre el tema y esta es la oportunidad de poder brindar herramientas para su reglamentación”. En ese sentido la cámara también apuntará a la conformación de un frente de trabajo multidisciplinar o “task force”, “para abordarlo técnicamente, comunicacionalmente, legalmente, tener una voz activa respecto de una ley que, así como está es taxativa”, dijo Martínez. Efectivamente el Art. 15 del fallo dice: “Resulta claro que, en virtud del sistema previsto en la Ley de Glaciares, el desarrollo de su implementación exigirá de definiciones técnicas y de un esfuerzo hermenéutico por parte de otras autoridades. En esta instancia, un pronunciamiento del Tribunal sería prematuro y el resultado de una mera especulación teórica”. Según Horacio Puigdomenech, geólogo miembro del Consejo Profesional de Ciencias Geológicas local y quien coordinó el Inventario de Glaciares de la provincia, “este punto permitiría que se introduzcan en la reglamentación los aspectos técnicos que son imprescindibles para que haya una aplicación razonable de la ley, sobre todo en los artículos 1 y 2 que es lo que está difuso, confuso y generalizado”, dijo.
Los artículos 1 y 2
En los artículos 1 y 2 de la Ley de Glaciares se establece el objeto de la ley y la definición de los conceptos de glaciar y ambiente periglaciar. Según los expertos e incluso bibliografía específica del tema (Ver Para Consultar), en el ámbito de la geología el ambiente periglaciar es aquél cuyos procesos geomorfológicos son dominados por ciclos de congelamiento y descongelamiento, es decir de Permafrost. El ambiente periglaciar no es el ambiente alrededor de los glaciares, ya que puede haber ambiente periglaciar sin haber glaciares, sino que es el que alberga las zonas de Permafrost. El Permafrost es una condición térmica del suelo que se forma por la continua y prolongada pérdida neta de calor desde el suelo hacia la atmósfera. Puntualmente se define como permafrost al suelo o roca cuya temperatura está por debajo de los 0ºC al menos dos años consecutivos; es una definición internacional que no tiene nada que ver con la existencia de hielo de suelo. En el caso puntual de San Juan, según datos del Inventario de Glaciares de la provincia que trascendieron en esta charla de CMSJ, el ambiente periglaciar en la cuenca del Río San Juan es el 2% de la superficie total de la cuenca, el cual está constituido por cerca de 2.000 formas periglaciares (glaciares de escombro y otras geoformas).
De acuerdo a los especialistas, en la provincia es el permafrost más que los glaciares, el que mantiene en forma natural el caudal de agua del Río San Juan durante todo el año. Es la liberación de agua por derretimiento de lo que se conoce como capa activa del permafrost. “El permafrost es el agua que se introduce en el suelo y se congela. La parte más inferior queda transformada en hielo por siglos y la parte superior que está expuesta en contacto con la superficie es lo que se conoce como capa activa, libera agua en la medida que aumenta la temperatura cuando el hielo empieza a derretirse”, explicó Ricardo Gianni, hidrogeólogo egresado de la UNSJ que trabajó casi medio siglo en el Instituto Nacional del Agua y quien además participó de la charla de la CMSJ.
Además de la regulación natural, tanto la cuenca del Rio San Juan como del Rio Jáchal constan de regulación antrópica, es decir de obras como los diques que les permiten almacenar y embalsar agua en exceso. Teniendo en cuenta estos aspectos, para Gianni al momento de instrumentar la ley será fundamental tener en cuenta la regulación de los caudales de los ríos cuando estos ya tienen regulación antrópica. “El dique es un regulador, tiene exactamente la misma función que un glaciar o que el permafrost nada más que regulado racionalmente, son aspectos a considerar en una ley demasiado taxativa que dice que donde hay permafrost no se puede hacer minería, túneles, presa de altura, no se puede hacer nada, nadie habla de dinamitar el permafrost, pero hay que hacer todas las consideraciones”, cerró Gianni.
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Tierras secas, segunda convocatoria para manejo
Se lanzó la segunda convocatoria para proyectos de manejo sustentable de tierras secas
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo (MST NOA Cuyo), lanza una nueva convocatoria para la presentación de proyectos que tengan como objetivo implementar prácticas de Manejo Sustentable de Tierras (MST).
La iniciativa tiene la finalidad de sostener y mejorar las funciones y los servicios ecosistémicos de más de un millón de hectáreas de tierras secas y mejorar la calidad de vida de al menos 1.000 familias de pequeños productores en los sitios seleccionados, que corresponden a las ecorregiones puna (provincias de Jujuy y Salta); monte de sierras y bolsones (Tucumán, Catamarca y La Rioja) y monte de llanuras y mesetas (San Juan, San Luis y Mendoza).
La convocatoria está dirigida a instituciones oficiales y organizaciones formalmente constituidas, con idoneidad en la temática y presencia efectiva en el territorio donde se implementarán las prácticas de mencionadas: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, universidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, cooperativas, entidades gremiales productivas, pueblos originarios y organizaciones comunitarias de base (OCB), entre otras.
Los interesados deben presentar una propuesta técnica a convocatoria.mstnoacuyo@gmail.com. La recepción de propuestas en formato papel y la documentación requerida estará vigente hasta el 2 de agosto del presente año. Los envíos por correo postal serán recibidos hasta las 16.30 h de la fecha mencionada y deberán estarán dirigidos a: segunda convocatoria para la implementación de prácticas de mst en zonas secas del NOA y Cuyo; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA PNUD ARG/14/G55; San Martín 451, piso 4º - Oficina 434 At. Hugo Iza; (C1004AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo
Para apoyar el manejo sustentable de tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del NOA y de Cuyo y abordar el problema del aumento de la pérdida de las funciones y los servicios de los ecosistemas en regiones que se caracterizan por poseer altos niveles de degradación de tierras y de pobreza, nuestra cartera implementa el Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA. Los recursos económicos son aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF su sigla en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que interviene como Agencia de Administración.
El proyecto, que involucra a ocho provincias de las regiones del NOA y Cuyo, impulsa la incorporación del manejo sustentable de la tierra (MST) para hacerle frente a los efectos de la degradación de tierras mediante la prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras. Al mismo tiempo, busca mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
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Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en el marco del Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo (MST NOA Cuyo), lanza una nueva convocatoria para la presentación de proyectos que tengan como objetivo implementar prácticas de Manejo Sustentable de Tierras (MST).
La iniciativa tiene la finalidad de sostener y mejorar las funciones y los servicios ecosistémicos de más de un millón de hectáreas de tierras secas y mejorar la calidad de vida de al menos 1.000 familias de pequeños productores en los sitios seleccionados, que corresponden a las ecorregiones puna (provincias de Jujuy y Salta); monte de sierras y bolsones (Tucumán, Catamarca y La Rioja) y monte de llanuras y mesetas (San Juan, San Luis y Mendoza).
La convocatoria está dirigida a instituciones oficiales y organizaciones formalmente constituidas, con idoneidad en la temática y presencia efectiva en el territorio donde se implementarán las prácticas de mencionadas: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, universidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de productores, cooperativas, entidades gremiales productivas, pueblos originarios y organizaciones comunitarias de base (OCB), entre otras.
Los interesados deben presentar una propuesta técnica a convocatoria.mstnoacuyo@gmail.com. La recepción de propuestas en formato papel y la documentación requerida estará vigente hasta el 2 de agosto del presente año. Los envíos por correo postal serán recibidos hasta las 16.30 h de la fecha mencionada y deberán estarán dirigidos a: segunda convocatoria para la implementación de prácticas de mst en zonas secas del NOA y Cuyo; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación; Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA PNUD ARG/14/G55; San Martín 451, piso 4º - Oficina 434 At. Hugo Iza; (C1004AAI) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras del NOA y Cuyo
Para apoyar el manejo sustentable de tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del NOA y de Cuyo y abordar el problema del aumento de la pérdida de las funciones y los servicios de los ecosistemas en regiones que se caracterizan por poseer altos niveles de degradación de tierras y de pobreza, nuestra cartera implementa el Proyecto Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del NOA. Los recursos económicos son aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF su sigla en inglés), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que interviene como Agencia de Administración.
El proyecto, que involucra a ocho provincias de las regiones del NOA y Cuyo, impulsa la incorporación del manejo sustentable de la tierra (MST) para hacerle frente a los efectos de la degradación de tierras mediante la prevención, adaptación, mitigación y rehabilitación de dichas tierras. Al mismo tiempo, busca mejorar los medios de vida de las comunidades rurales.
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El ambiente si es de interés electoral
Las áreas protegidas y el ambiente, en el interés electoral de los argentinos
Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta reveló el interés que tendrían los argentinos por un candidato que promueva políticas de medio ambiente y desarrollo de áreas protegidas
El ambiente, su conservación y la crisis climática que afecta al planeta no aparecieron, por ahora, en la agenda electoral. Pero, aunque los candidatos no lo incluyan en el debate y lo evalúen como lejano a las preocupaciones de los argentinos, el 80% considera a las áreas protegidas como un factor de desarrollo en sus provincias y un porcentaje mayor, apoyaría un candidato que las promueva.
Así lo revela una encuesta elaborada por Elypsis, que forma parte del informe "Turismo de Naturaleza", que identifica que este sector podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 nuevos empleos en los próximos 10 años.
El informe fue gestionado por la fundaciones CLT y Fundación Flora y Fauna (FFyF). La encuesta destaca que más del 50% de los argentinos visitó un área protegida y más del 90%, considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. Esto último, cobra particular relevancia esta semana, tras conocerse el informe de Ciencia y Política para la Sociedad y la Naturaleza (IPBES, por sus siglas en inglés), que advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción.
"En las Américas, la riqueza de la diversidad biológica contribuye ampliamente a la calidad de vida ayudando a reducir la pobreza, a la vez que fortalece las economías y los medios de subsistencia", apuntó el Jake Rice (Canadá), copresidente de la evaluación de las Américas junto con Cristiana Simão Seixas (Brasil) y María Elena Zaccagnini (Argentina).
"El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año – equivalente al PIB de la región, sin embargo, casi dos tercios – 65% – de estas contribuciones están disminuyendo, con una fuerte disminución del 21%. El cambio climático inducido por el hombre, que afecta la temperatura, las precipitaciones y la naturaleza de los eventos extremos, lleva cada vez más a la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la sobreexplotación de los recursos naturales", sostiene el reporte.
Turismo = soja y fósiles
La encuesta cierra un informe iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30% de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas, que podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 puestos de empleo en los próximos diez años.
"Este informe que encargamos tiene por objetivo identificar el potencial económico del turismo de naturaleza, que crece en todo el mundo y el cual estamos convencidos que puede desarrollar la Argentina. Estamos hablando de un modelo de ecoturismo en el cual conservamos la biodiversidad, sobre todo los grandes felinos y las especies amenazadas, y dejamos un legado a las generaciones futuras", destacó Sofía Heinonen, directora de CLT y Fundación Flora y Fauna, organizaciones que promueven la creación áreas protegidas bajo un modelo de producción de naturaleza que contempla la restauración de ecosistemas y la vuelta de las especies amenazadas, fortaleciendo el desarrollo de economías regionales.
Algunos de los datos más salientes de la encuesta que se realizó a 4305 encuestados en todo el país entre el 1 y el 6 de marzo pasado:
• Casi la mitad de los encuestados no visitó nunca un parque nacional, ni dentro ni fuera de su provincia. El 32% dice haberlo hecho hace más de un año y entre el 20 y 23% lo hicieron en el último año.
• La contribución de los parques nacionales es, para los encuestados, un claro factor de desarrollo económico y de cuidado del ambiente y, algo menos, como fuente de creación de empleo. El 77% cree que los parques nacionales contribuyen mucho al cuidado del medioambiente, mientras que como factor de desarrollo el ratio es 67%. En cuanto a la generación de empleo sólo el 32% dice que contribuye mucho. Un dato que surgió del
sondeo fue que el 70% ignora que se crearon nuevas áreas protegidas, incluidas las marinas, el año pasado.
• Los habitantes de la región Patagónica valoran más el aporte de los parques nacionales al desarrollo económico, del empleo y ambiental que en otras partes del país. En sentido opuesto, la región pampeana está por debajo del promedio.
• El 81% de los encuestados apoyaría un candidato que promueve la creación de parques nacionales y áreas protegidas. El apoyo varía por zonas: "Todas las regiones muestran resultados parecidos con una consideración del tipo muy importante por más del 40% de la población. Igualmente, la región pampeana es la que muestra menos interés, con 13% de los encuestados creyendo que la creación de parques nacionales no es algo importante a la hora de valorar a un candidato. En cuanto al acceso a los parques, por encima del 75% de la gente de todas las regiones cree que debe ser público", indica el resumen ejecutivo de la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.
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Fecha de Publicación: 29/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Una encuesta reveló el interés que tendrían los argentinos por un candidato que promueva políticas de medio ambiente y desarrollo de áreas protegidas
El ambiente, su conservación y la crisis climática que afecta al planeta no aparecieron, por ahora, en la agenda electoral. Pero, aunque los candidatos no lo incluyan en el debate y lo evalúen como lejano a las preocupaciones de los argentinos, el 80% considera a las áreas protegidas como un factor de desarrollo en sus provincias y un porcentaje mayor, apoyaría un candidato que las promueva.
Así lo revela una encuesta elaborada por Elypsis, que forma parte del informe "Turismo de Naturaleza", que identifica que este sector podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 nuevos empleos en los próximos 10 años.
El informe fue gestionado por la fundaciones CLT y Fundación Flora y Fauna (FFyF). La encuesta destaca que más del 50% de los argentinos visitó un área protegida y más del 90%, considera que contribuyen al cuidado del ambiente en sus provincias. Esto último, cobra particular relevancia esta semana, tras conocerse el informe de Ciencia y Política para la Sociedad y la Naturaleza (IPBES, por sus siglas en inglés), que advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción.
"En las Américas, la riqueza de la diversidad biológica contribuye ampliamente a la calidad de vida ayudando a reducir la pobreza, a la vez que fortalece las economías y los medios de subsistencia", apuntó el Jake Rice (Canadá), copresidente de la evaluación de las Américas junto con Cristiana Simão Seixas (Brasil) y María Elena Zaccagnini (Argentina).
"El valor económico de las contribuciones de la naturaleza basadas en la tierra a la población de las Américas es más de 24 billones de dólares por año – equivalente al PIB de la región, sin embargo, casi dos tercios – 65% – de estas contribuciones están disminuyendo, con una fuerte disminución del 21%. El cambio climático inducido por el hombre, que afecta la temperatura, las precipitaciones y la naturaleza de los eventos extremos, lleva cada vez más a la pérdida de la biodiversidad y a la disminución de las contribuciones de la naturaleza a las personas, empeorando el impacto de la degradación del hábitat, la contaminación, las especies invasoras y la sobreexplotación de los recursos naturales", sostiene el reporte.
Turismo = soja y fósiles
La encuesta cierra un informe iniciado el año pasado, que permitió identificar que el turismo moviliza en el país lo mismo que la soja y que toda la producción de gas y petróleo: 15.000 millones de dólares. De acuerdo con los datos, el 30% de esa cifra corresponde al turismo de naturaleza en áreas protegidas, que podría generar 6400 millones de dólares y más de 350.000 puestos de empleo en los próximos diez años.
"Este informe que encargamos tiene por objetivo identificar el potencial económico del turismo de naturaleza, que crece en todo el mundo y el cual estamos convencidos que puede desarrollar la Argentina. Estamos hablando de un modelo de ecoturismo en el cual conservamos la biodiversidad, sobre todo los grandes felinos y las especies amenazadas, y dejamos un legado a las generaciones futuras", destacó Sofía Heinonen, directora de CLT y Fundación Flora y Fauna, organizaciones que promueven la creación áreas protegidas bajo un modelo de producción de naturaleza que contempla la restauración de ecosistemas y la vuelta de las especies amenazadas, fortaleciendo el desarrollo de economías regionales.
Algunos de los datos más salientes de la encuesta que se realizó a 4305 encuestados en todo el país entre el 1 y el 6 de marzo pasado:
• Casi la mitad de los encuestados no visitó nunca un parque nacional, ni dentro ni fuera de su provincia. El 32% dice haberlo hecho hace más de un año y entre el 20 y 23% lo hicieron en el último año.
• La contribución de los parques nacionales es, para los encuestados, un claro factor de desarrollo económico y de cuidado del ambiente y, algo menos, como fuente de creación de empleo. El 77% cree que los parques nacionales contribuyen mucho al cuidado del medioambiente, mientras que como factor de desarrollo el ratio es 67%. En cuanto a la generación de empleo sólo el 32% dice que contribuye mucho. Un dato que surgió del
sondeo fue que el 70% ignora que se crearon nuevas áreas protegidas, incluidas las marinas, el año pasado.
• Los habitantes de la región Patagónica valoran más el aporte de los parques nacionales al desarrollo económico, del empleo y ambiental que en otras partes del país. En sentido opuesto, la región pampeana está por debajo del promedio.
• El 81% de los encuestados apoyaría un candidato que promueve la creación de parques nacionales y áreas protegidas. El apoyo varía por zonas: "Todas las regiones muestran resultados parecidos con una consideración del tipo muy importante por más del 40% de la población. Igualmente, la región pampeana es la que muestra menos interés, con 13% de los encuestados creyendo que la creación de parques nacionales no es algo importante a la hora de valorar a un candidato. En cuanto al acceso a los parques, por encima del 75% de la gente de todas las regiones cree que debe ser público", indica el resumen ejecutivo de la encuesta a la que tuvo acceso Infobae.
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Primeras resistencias a la nueva central nuclear
Greenpeace y Funam se oponen a la cuarta central nuclear en Argentina
Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional avanza en un convenio con China para la construcción de Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires. Organizaciones ecologistas rechazan el proyecto oficial.
Dos organizaciones ecologistas plantearon en los últimos días su rechazo al proyecto del Gobierno nacional de avanzar en un convenio con China para la construcción de una nueva central nuclear en Argentina.
Sería la cuarta usina, que se localizaría en Lima (provincia de Buenos Aires), el mismo sitio donde ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2. La tercera existente es la corobesa de Embalse, que genera energía desde 1984 y que acaba de renovar su vida útil por otros 30 años luego de obras de recambio y actualización.
Funam
Desde la cordobesa Funam, se advirtió en un documento que "si Mauricio Macri firma el contrato con China para construir un nuevo reactor nuclear en Argentina la operación sería ilegal e inválida" y por lo tanto "deberá ser denunciada ante la Justicia".
Raúl Montenegro, presidente de esa organización, planteó que el Estado "no puede firmar ese contrato sin previo estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública".
Alertó además que los sucesivos gobiernos nacionales "no han preparado a la población" para enfrentar un evento nuclear grave y que "se limita a hacer simulacros de accidentes leves" en la zona que rodea sobre 10 kilómetros a las centrales existentes.
Montenegro calificó de "inconcebible" que el Gobierno "vaya a violar con tanta impunidad la Ley Nacional de Ambiente y la legislación de la provincia de Buenos Aires, y que le importe tan poco la seguridad de millones de argentinos" . Recordó que en Estados Unidos "los trámites de evaluación de impacto ambiental para una nueva central nuclear demandan 12 años como mínimo, tres de los cuales son destinados a consultas públicas. En Argentina el Gobierno lo reduce al ilegal trámite de firma de un contrato en China".
Funam viene advirtiendo no sólo por los riesgos de accidentes de las centrales nucleares sino también de atentados. Y hace foco en que un avión de gran porte que impacte contra los silos de desechos radioactivos ubicados en esos predios podría generar un peligro "muy grave" para una muy amplia región.
"Desde FUNAM elaboramos un Plan Ciudadano para enfrentar accidentes y eventos nucleares en 2011 sin que el Estado reaccionara desde entonces", cita el informe, que detalla esa propuesta.
Para Funam, la firma del contrato para la construcción de un reactor nuclear chino "que seguramente sería un Hualong One a uranio enriquecido, no es solamente ilegal sino también una bofetada a la sociedad, pues se haría sin licencia social y con un reactor prácticamente experimental".
Montenegro cuestionó que, a diferencia de otros países, " en Argentina no se han hecho nunca estudios epidemiológicos independientes alrededor de Atucha I, Atucha II y Embalse"
Greenpeace
La representación en Argentina de la organización internacional Greenpeace, en tanto, apuntó que “invertir en energía nuclear es un riesgo enorme e innecesario”.
“Es una energía de 5 a 6 veces más cara que la renovable. Mientras los países desarrollados, planean dejar la energía nuclear, Argentina insiste en el error. Alemania, por ejemplo, quiere cerrar sus centrales al 2022; nosotros planificamos comenzar ese mismo año a producir más", señaló Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina.
“Los ejemplos locales muestran que los costos exceden los cálculos previstos", señaló Mingo y agregó que “la construcción de una planta puede demorar 20 o 30 años y su desmantelamiento supone costos altísimos.”
Greenpeace recordó que los residuos generados por las plantas nucleares "son los más persistentes que se conozcan".
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Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional avanza en un convenio con China para la construcción de Atucha 3, en la provincia de Buenos Aires. Organizaciones ecologistas rechazan el proyecto oficial.
Dos organizaciones ecologistas plantearon en los últimos días su rechazo al proyecto del Gobierno nacional de avanzar en un convenio con China para la construcción de una nueva central nuclear en Argentina.
Sería la cuarta usina, que se localizaría en Lima (provincia de Buenos Aires), el mismo sitio donde ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2. La tercera existente es la corobesa de Embalse, que genera energía desde 1984 y que acaba de renovar su vida útil por otros 30 años luego de obras de recambio y actualización.
Funam
Desde la cordobesa Funam, se advirtió en un documento que "si Mauricio Macri firma el contrato con China para construir un nuevo reactor nuclear en Argentina la operación sería ilegal e inválida" y por lo tanto "deberá ser denunciada ante la Justicia".
Raúl Montenegro, presidente de esa organización, planteó que el Estado "no puede firmar ese contrato sin previo estudio de impacto ambiental y sin audiencia pública".
Alertó además que los sucesivos gobiernos nacionales "no han preparado a la población" para enfrentar un evento nuclear grave y que "se limita a hacer simulacros de accidentes leves" en la zona que rodea sobre 10 kilómetros a las centrales existentes.
Montenegro calificó de "inconcebible" que el Gobierno "vaya a violar con tanta impunidad la Ley Nacional de Ambiente y la legislación de la provincia de Buenos Aires, y que le importe tan poco la seguridad de millones de argentinos" . Recordó que en Estados Unidos "los trámites de evaluación de impacto ambiental para una nueva central nuclear demandan 12 años como mínimo, tres de los cuales son destinados a consultas públicas. En Argentina el Gobierno lo reduce al ilegal trámite de firma de un contrato en China".
Funam viene advirtiendo no sólo por los riesgos de accidentes de las centrales nucleares sino también de atentados. Y hace foco en que un avión de gran porte que impacte contra los silos de desechos radioactivos ubicados en esos predios podría generar un peligro "muy grave" para una muy amplia región.
"Desde FUNAM elaboramos un Plan Ciudadano para enfrentar accidentes y eventos nucleares en 2011 sin que el Estado reaccionara desde entonces", cita el informe, que detalla esa propuesta.
Para Funam, la firma del contrato para la construcción de un reactor nuclear chino "que seguramente sería un Hualong One a uranio enriquecido, no es solamente ilegal sino también una bofetada a la sociedad, pues se haría sin licencia social y con un reactor prácticamente experimental".
Montenegro cuestionó que, a diferencia de otros países, " en Argentina no se han hecho nunca estudios epidemiológicos independientes alrededor de Atucha I, Atucha II y Embalse"
Greenpeace
La representación en Argentina de la organización internacional Greenpeace, en tanto, apuntó que “invertir en energía nuclear es un riesgo enorme e innecesario”.
“Es una energía de 5 a 6 veces más cara que la renovable. Mientras los países desarrollados, planean dejar la energía nuclear, Argentina insiste en el error. Alemania, por ejemplo, quiere cerrar sus centrales al 2022; nosotros planificamos comenzar ese mismo año a producir más", señaló Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace Argentina.
“Los ejemplos locales muestran que los costos exceden los cálculos previstos", señaló Mingo y agregó que “la construcción de una planta puede demorar 20 o 30 años y su desmantelamiento supone costos altísimos.”
Greenpeace recordó que los residuos generados por las plantas nucleares "son los más persistentes que se conozcan".
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Industria azucarera proyecta mejoras ambientales
El desafío azucarero de cultivar energía
Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - jujuy
El sector se propone contribuir a mitigar el cambio climático con diferentes productos energéticos sustentables.
El suelo como clave para la productividad, la remolacha azucarera contra la caña de azúcar, el cambio climático, diseños mejorados de molienda, estrategias para hacer frente al lobby anti azúcar, etanol de caña solución sustentable para el transporte del futuro, son algunos de los temas que técnicos y científicos de diferentes países expondrán en el primer Congreso Mundial del Azúcar que se realizará en septiembre en Tucumán, Salta y nuestra provincia. Las principales empresas de maquinarias, instituciones, ingenios, laboratorios, exportadores e importadores y demás empresas vinculadas al sector confirmaron su presencia. Con el slogan "Cultivando energía. La próxima página", el comité organizador del congreso se propone el desafío de contribuir con diferentes productos energéticos al consumo de una población mundial en constante crecimiento que ya no solo demanda alimento. El mundo necesita cantidades crecientes de energías renovables, con soluciones sustentables para mitigar los efectos negativos en el cambio climático derivados del uso de petróleo y gas.
"Confiamos en que con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus técnicos, este congreso nos brindará la oportunidad de establecer conocimientos e ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor", explicó.
Se apuesta a que el congreso sirva para sentar las bases de un proceso que asegure a futuro una industria mucho más eficiente de la que es hoy con el aprovechamiento integral de todo su potencial energético. Para ello, el país tiene que orientarse con mayor firmeza hacia políticas que apoyen los productos renovables como el aprovechamiento de la biomasa de la caña de azúcar y disminuir el uso de hidrocarburos.
El Congreso está organizado por la Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar y la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar. Se espera la visita de dos mil especialistas de unos ochenta países, más una cantidad similar de investigadores y técnicos argentinos.
Las actividades se iniciarán con un pre congreso, a realizarse del 31 de agosto al 1 de septiembre en Tucumán, que incluirá visitas a instituciones, industrias y campos de producción de caña de azúcar. Mientras tanto, el congreso tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en Tucumán, con sesiones plenarias, presentación de trabajos científicos y técnicos, exhibición de productos y maquinarias. Proseguirá del 6 al 8 de septiembre en Jujuy y Salta con una gira destinada a mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada en la producción y los procesos industriales.
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Fecha de Publicación: 28/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Nacional - jujuy
El sector se propone contribuir a mitigar el cambio climático con diferentes productos energéticos sustentables.
El suelo como clave para la productividad, la remolacha azucarera contra la caña de azúcar, el cambio climático, diseños mejorados de molienda, estrategias para hacer frente al lobby anti azúcar, etanol de caña solución sustentable para el transporte del futuro, son algunos de los temas que técnicos y científicos de diferentes países expondrán en el primer Congreso Mundial del Azúcar que se realizará en septiembre en Tucumán, Salta y nuestra provincia. Las principales empresas de maquinarias, instituciones, ingenios, laboratorios, exportadores e importadores y demás empresas vinculadas al sector confirmaron su presencia. Con el slogan "Cultivando energía. La próxima página", el comité organizador del congreso se propone el desafío de contribuir con diferentes productos energéticos al consumo de una población mundial en constante crecimiento que ya no solo demanda alimento. El mundo necesita cantidades crecientes de energías renovables, con soluciones sustentables para mitigar los efectos negativos en el cambio climático derivados del uso de petróleo y gas.
"Confiamos en que con el inmenso potencial de la caña de azúcar y el esfuerzo de sus técnicos, este congreso nos brindará la oportunidad de establecer conocimientos e ideas, desarrollando así nuevos lineamientos para un futuro mejor", explicó.
Se apuesta a que el congreso sirva para sentar las bases de un proceso que asegure a futuro una industria mucho más eficiente de la que es hoy con el aprovechamiento integral de todo su potencial energético. Para ello, el país tiene que orientarse con mayor firmeza hacia políticas que apoyen los productos renovables como el aprovechamiento de la biomasa de la caña de azúcar y disminuir el uso de hidrocarburos.
El Congreso está organizado por la Sociedad Internacional de Tecnólogos de la Caña de Azúcar y la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar. Se espera la visita de dos mil especialistas de unos ochenta países, más una cantidad similar de investigadores y técnicos argentinos.
Las actividades se iniciarán con un pre congreso, a realizarse del 31 de agosto al 1 de septiembre en Tucumán, que incluirá visitas a instituciones, industrias y campos de producción de caña de azúcar. Mientras tanto, el congreso tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre en Tucumán, con sesiones plenarias, presentación de trabajos científicos y técnicos, exhibición de productos y maquinarias. Proseguirá del 6 al 8 de septiembre en Jujuy y Salta con una gira destinada a mostrar el desarrollo y la tecnología aplicada en la producción y los procesos industriales.
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Anteproyecto de ley por riego químico
Ambiente presenta el anteproyecto de ley de gestión del riesgo de sustancias químicas
Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue en el marco del trabajo de la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos.
La Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos, liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, concluyó el proceso de elaboración de un proyecto de ley de gestión del riesgo de sustancias químicas. El texto apunta a crear un inventario armonizado a nivel nacional de todas las sustancias químicas producidas o introducidas en el territorio de la República Argentina, y fortalecer los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo de las mismas.
El proyecto fue desarrollado durante un año y medio en el marco de la mencionada mesa y se trabajó también con los diferentes actores relevantes, incluyendo cámaras industriales, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil.
La mesa interministerial, que fue creada en marzo de 2018, es coordinada por la Dirección de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Ambiente y reúne mensualmente a representantes de 15 organismos públicos incluyendo a los ministerios de Transporte, Seguridad, Salud y Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto y Producción y Trabajo, entre otros.
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Fecha de Publicación: 27/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Fue en el marco del trabajo de la Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos.
La Mesa Interministerial de Sustancias y Productos Químicos, liderada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, concluyó el proceso de elaboración de un proyecto de ley de gestión del riesgo de sustancias químicas. El texto apunta a crear un inventario armonizado a nivel nacional de todas las sustancias químicas producidas o introducidas en el territorio de la República Argentina, y fortalecer los mecanismos de evaluación y gestión del riesgo de las mismas.
El proyecto fue desarrollado durante un año y medio en el marco de la mencionada mesa y se trabajó también con los diferentes actores relevantes, incluyendo cámaras industriales, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil.
La mesa interministerial, que fue creada en marzo de 2018, es coordinada por la Dirección de Sustancias y Productos Químicos de la Secretaría de Ambiente y reúne mensualmente a representantes de 15 organismos públicos incluyendo a los ministerios de Transporte, Seguridad, Salud y Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y Culto y Producción y Trabajo, entre otros.
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Proyecto undimotriz que toma forma en la práctica
Crearon un proyecto inédito que genera energía con las olas del mar
Fecha de Publicación: 26/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Buenos Aires
Alejandro Haim es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y en 2011 creó un equipo que genera energía a través de las ondas de las olas del mar. Este año, la facultad regional Buenos Aires de la UTN obtuvo la patente del proyecto undimotriz y comenzó la construcción del primer equipo junto con la empresa marplatense QM Equipment.
Se trata de una boya que tiene un peso aproximado de dos toneladas de acero grueso y que flota. Esto transforma el movimiento de la boya en circular. "El artefacto ya fue probado en olas y solo resta construirlo en mayor tamaño. Estamos en fase de investigación", dijo Haim.
La boya está conectada a un cable submarino, que lleva la energía generada hasta la costa y lo conectan a una subestación eléctrica. Tiene que estar lo suficientemente alejada para que haya ondas y no olas, pero cerca de la costa por la longitud del cable. Los investigadores calculan que podría estar entre 500 metros y hasta 2 kilómetros de la orilla.
El investigador hizo hincapié en que el mar siempre está en movimiento, a diferencia del resto de las energías que dependen de los combustibles fósiles, el viento o el sol. Incluso los barcos podrán abastecerse de energía a través de este equipo, sin tener que llegar a la costa.
Haim contó que la idea del proyecto nació en 2009, cuando estaba en el mar flotando con su tabla de surf y lo quiso plasmar como proyecto de tesis final de su carrera de ingeniería mecánica. Diez años después, el proyecto obtuvo la patente al nombre de la facultad, donde él es el director del Laboratorio de Estudios Sobre Energía Solar (LESES).
Con la empresa QM Equipment, la facultad está fabricando un equipo que tendrá una potencia de 30 kilowatt (kW). Mientras la compañía se encarga de la maquinaria pesada, los investigadores están en los detalles de la mecánica fina. Haim proyecta que el equipo estará terminado el año que viene y ahí podrá ser probado en el agua.
"En el exterior, hay un universo de prototipos que están siendo probados en el mar, pero no hay una tecnología que domine el mercado. Estamos en competencia para ver quién hace la mejor tecnología", indicó. La mayoría de los inventos en funcionamiento se encuentran en España, Portugal, Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Alemania y China.
El financiamiento por parte de la universidad es recaudado con premios de concursos a los que asisten, en los cuales participan los investigadores con sus proyectos. "Nuestro sueño es tener el mar sembrado de estos equipos que transformen la energía de las olas en eléctrica", concluyó Haim.
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Los refugiados climáticos de Argentina
La Argentina ya tiene refugiados climáticos
Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El fenómeno es silencioso y constante. No hay mediciones oficiales, pero los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, generan en el país una nueva categoría de desplazados: los refugiados climáticos.
Los ejemplos abundan: lluvias extremas que afectan, a repetición, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires; aluviones que partieron al medio a Comodoro Rivadavia, en Chubut, o las sequías extremas que en Santiago del Estero provocan migraciones hacia Atamisqui, obligan, muchas veces, a tomar decisiones extremas: dejar sus casas, sus cosas, para buscar suerte en otro lado.
Así lo sostiene un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que investigó eventos en las ciudades de Luján, Comodoro Rivadavia, Atamisqui y realizó estudios de campo para documentar el fenómeno del movimiento poblacional que se genera por la crisis climática que afecta al planeta, y también a nuestro país.
"Los pobladores de los barrios de Laprida como de Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, como los vecinos de Atamisqui, se sienten muy expuestos y vulnerables frente a las inundaciones y a las sequías. Tienen la sensación de que han aumentado las temperaturas y se producen grandes y largos periodos de lluvias en el primer caso y de sequías y lluvias en el segundo", explica en el paper Roberto Aruj, investigador de la UNTREF.
Y agrega: "Frente a esta situación la gran mayoría de los pobladores de los barrios más afectados de Comodoro Rivadavia están dispuestos a trasladarse a una vivienda en una zona que no se inunde, a otro lugar donde se les permita tener una mejor calidad de vida. En cambio, en Atamisqui, la población no quiere desplazarse y solicitan la intervención del gobierno para la realización de obras para mitigar y adaptarse a los eventos climáticos extremos".
Cada realidad y experiencia es única, pero los investigadores sostienen que si se mantiene el ritmo y la intensidad de los cambios ambientales actuales, puede haber 150 millones de migrantes por causas ambientales para finales del siglo XXI en todo el planeta. No hay estimaciones para Argentina, aún.
La problemática de los movimientos poblacionales por la incidencia de los cambios climáticos extremos -que generan desplazamientos, temporarios o permanentes- afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Esto "influye y condiciona, por un lado, el ordenamiento territorial, el uso y distribución de los recursos, principalmente el manejo de cuencas hídricas, suelos productivos y áreas de bosques. Y por otro lado, las medidas políticas mundiales, regionales y nacionales en todos sus niveles, teniendo un rol sustantivo los gobiernos locales que deben gestionar medidas con el fin de disminuir la exposición y el riesgo para las sociedades ante este tipo fenómenos climáticos", explica Aruj a Infobae.
Uno de los habitantes de Atamisqui explica en la investigación: "Desde 2011 a la fecha se producen tormentas recurrentemente. Antes no había. Caen piedras y tornados. En los últimos meses todas las semanas tienen tormentas. En 2016 llovió 15 días seguidos y se inundó todo. Se ha elevado la temperatura."
"Las causas las atribuyen a Dios, a la falta de forestación, al deterioro de la capa de ozono, al mal uso del suelo y al cambio climático. Y es un cóctel de todo. "La gente sólo busca mejores condiciones de vida, entonces cuando se muda no lo atribuye al clima, dice que es porque no hay trabajo, porque la tierra ya no rinde como antes; pero la razón primaria es la crisis ambiental. Es por esto también que es tan difícil registrar estas migraciones", aclara el investigador.
En Atamisqui se están construyendo viviendas sociales y ecológicas, con el objetivo de relocalizar a la población y erradicar ranchos en áreas vulnerables. Para ello, se usa presupuesto de la Nación y de la provincia.
"Los vecinos comentan que ha crecido la población. Vienen de la zona rural por más comodidad, más tranquilidad, más fácil para criar a los hijos, y de otras provincias (por retorno) es más económico para ellos. Una vez que dejan de trabajar en las grandes ciudades vuelven. En 2010 allí vivían 11.800 personas, en 2018 la cantidad de habitantes ascendió a 16.000. La gente de las zonas rurales del otro lado del río está viniendo a vivir en el pueblo. Además, hay un retorno de los santiagueños que se habían ido a vivir a Buenos Aires. La ciudad aparece como un refugio frente al cambio climático.", explica el trabajo.
La primera ciudad destruida por la crisis climática
Comodoro Rivadavia, otrora sinónimo de la explotación petrolera -es el lugar donde se descubrió el primer yacimiento de la Argentina- fue también la primera ciudad devastada por la crisis climática. Uuna zona de clima desértico donde en septiembre, octubre y noviembre eran meses de viento, ahora llueve y nieva más seguidi.
Se registra entre 38 y 40% de humedad en estos meses y hace más calor en verano más frío en invierno y primavera. La hostilidad del clima extremo la golpeó con fuerza a fines de marzo de 2017: tras un termporal que se prolongó por ocho días, cayeron 400 mm de lluvia y los aluviones partieron calles y casas en dos. Autos y camionetas flotaban sin rumbo en una marea de lodo, agua y petróleo.
Consultada por los investigadores, Jimena Cores, presidenta de la Unión vecinal del barrio Juan XXIII, aseguró que en la primera tormenta se acumularon 2 metros de barro. Se les pidió a las autoridades que enviaran máquinas para retirarlo y no lo hicieron. Con la segunda tormenta, ocho días después se produjo la gran inundación con el ingreso de barro y agua a las viviendas. "No estábamos preparados", se lamenta, según el documento.
Roxana Villán. pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional en Comodoro, aporta datos científicos del cambio del clima en la región: "El viento ha disminuido. El patrón de lluvias ha cambiado, se pueden dar en cualquier momento del año; hay un aumento de las tormentas que antes no ocurrían. Además, la temperatura aumentó 0,6ºC en los últimos 50 años", describió.
La investigación también cita a Juan Pablo Luque, vice intendente de la ciudad, quien aseguró que el temporal de 2017 produjo desplazamientos poblacionales tanto temporales como permanentes. "Se evacuaron a 20 centros a más de 12,000 personas. El total de desplazamientos permanentes fue de 37 familias, las cuales perdieron sus casas y pertenencias producto de las inundaciones", cita el trabajo.
Para Carlos Acevedo, Presidente vecinal del barrio Laprida, quien llegó a Comodoro en 1976 desde Catamarca para trabajar en el petróleo, el clima extremo afectó al 40% de la población del barrio y se evacuó al 20%. Después de un año y medio todavía quedan 20 familias que no han recuperado su vivienda y siguen viviendo en otro lado. Se fueron a casa de familiares y unas cinco familias a otros barrios. "Reemplazar el lugar sería lo más correcto," recomienda el estudio.
En Luján se observa que desde el 2012 la frecuencia y magnitud de las lluvias se ha incrementado de manera notable. Se da la particularidad de que los afectados no son solo pobladores ubicados en zonas inundables por toma de tierras en la ribera del río, sino también los que se ubican en el centro de la ciudad. Se inunda inclusive la Basílica, un recurso económico de gran valor para la ciudad.
"Hay que entender que el ambiente somos todos, que formamos parte del ecosistema en el que vivimos y ahora, estamos frente a los límites de lo que está sucediendo con el clima. Pero es importante que registremos este movimiento porque no se trata sólo del desplazamiento poblacional. También están los problemas que son conexos a esa situación: problemas laborales, culturales, económicos, sociales y personales", dice Aruj.
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Fecha de Publicación: 24/06/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El fenómeno es silencioso y constante. No hay mediciones oficiales, pero los eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, generan en el país una nueva categoría de desplazados: los refugiados climáticos.
Los ejemplos abundan: lluvias extremas que afectan, a repetición, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires; aluviones que partieron al medio a Comodoro Rivadavia, en Chubut, o las sequías extremas que en Santiago del Estero provocan migraciones hacia Atamisqui, obligan, muchas veces, a tomar decisiones extremas: dejar sus casas, sus cosas, para buscar suerte en otro lado.
Así lo sostiene un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que investigó eventos en las ciudades de Luján, Comodoro Rivadavia, Atamisqui y realizó estudios de campo para documentar el fenómeno del movimiento poblacional que se genera por la crisis climática que afecta al planeta, y también a nuestro país.
"Los pobladores de los barrios de Laprida como de Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, como los vecinos de Atamisqui, se sienten muy expuestos y vulnerables frente a las inundaciones y a las sequías. Tienen la sensación de que han aumentado las temperaturas y se producen grandes y largos periodos de lluvias en el primer caso y de sequías y lluvias en el segundo", explica en el paper Roberto Aruj, investigador de la UNTREF.
Y agrega: "Frente a esta situación la gran mayoría de los pobladores de los barrios más afectados de Comodoro Rivadavia están dispuestos a trasladarse a una vivienda en una zona que no se inunde, a otro lugar donde se les permita tener una mejor calidad de vida. En cambio, en Atamisqui, la población no quiere desplazarse y solicitan la intervención del gobierno para la realización de obras para mitigar y adaptarse a los eventos climáticos extremos".
Cada realidad y experiencia es única, pero los investigadores sostienen que si se mantiene el ritmo y la intensidad de los cambios ambientales actuales, puede haber 150 millones de migrantes por causas ambientales para finales del siglo XXI en todo el planeta. No hay estimaciones para Argentina, aún.
La problemática de los movimientos poblacionales por la incidencia de los cambios climáticos extremos -que generan desplazamientos, temporarios o permanentes- afectan directamente la vida cotidiana de las personas.
Esto "influye y condiciona, por un lado, el ordenamiento territorial, el uso y distribución de los recursos, principalmente el manejo de cuencas hídricas, suelos productivos y áreas de bosques. Y por otro lado, las medidas políticas mundiales, regionales y nacionales en todos sus niveles, teniendo un rol sustantivo los gobiernos locales que deben gestionar medidas con el fin de disminuir la exposición y el riesgo para las sociedades ante este tipo fenómenos climáticos", explica Aruj a Infobae.
Uno de los habitantes de Atamisqui explica en la investigación: "Desde 2011 a la fecha se producen tormentas recurrentemente. Antes no había. Caen piedras y tornados. En los últimos meses todas las semanas tienen tormentas. En 2016 llovió 15 días seguidos y se inundó todo. Se ha elevado la temperatura."
"Las causas las atribuyen a Dios, a la falta de forestación, al deterioro de la capa de ozono, al mal uso del suelo y al cambio climático. Y es un cóctel de todo. "La gente sólo busca mejores condiciones de vida, entonces cuando se muda no lo atribuye al clima, dice que es porque no hay trabajo, porque la tierra ya no rinde como antes; pero la razón primaria es la crisis ambiental. Es por esto también que es tan difícil registrar estas migraciones", aclara el investigador.
En Atamisqui se están construyendo viviendas sociales y ecológicas, con el objetivo de relocalizar a la población y erradicar ranchos en áreas vulnerables. Para ello, se usa presupuesto de la Nación y de la provincia.
"Los vecinos comentan que ha crecido la población. Vienen de la zona rural por más comodidad, más tranquilidad, más fácil para criar a los hijos, y de otras provincias (por retorno) es más económico para ellos. Una vez que dejan de trabajar en las grandes ciudades vuelven. En 2010 allí vivían 11.800 personas, en 2018 la cantidad de habitantes ascendió a 16.000. La gente de las zonas rurales del otro lado del río está viniendo a vivir en el pueblo. Además, hay un retorno de los santiagueños que se habían ido a vivir a Buenos Aires. La ciudad aparece como un refugio frente al cambio climático.", explica el trabajo.
La primera ciudad destruida por la crisis climática
Comodoro Rivadavia, otrora sinónimo de la explotación petrolera -es el lugar donde se descubrió el primer yacimiento de la Argentina- fue también la primera ciudad devastada por la crisis climática. Uuna zona de clima desértico donde en septiembre, octubre y noviembre eran meses de viento, ahora llueve y nieva más seguidi.
Se registra entre 38 y 40% de humedad en estos meses y hace más calor en verano más frío en invierno y primavera. La hostilidad del clima extremo la golpeó con fuerza a fines de marzo de 2017: tras un termporal que se prolongó por ocho días, cayeron 400 mm de lluvia y los aluviones partieron calles y casas en dos. Autos y camionetas flotaban sin rumbo en una marea de lodo, agua y petróleo.
Consultada por los investigadores, Jimena Cores, presidenta de la Unión vecinal del barrio Juan XXIII, aseguró que en la primera tormenta se acumularon 2 metros de barro. Se les pidió a las autoridades que enviaran máquinas para retirarlo y no lo hicieron. Con la segunda tormenta, ocho días después se produjo la gran inundación con el ingreso de barro y agua a las viviendas. "No estábamos preparados", se lamenta, según el documento.
Roxana Villán. pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional en Comodoro, aporta datos científicos del cambio del clima en la región: "El viento ha disminuido. El patrón de lluvias ha cambiado, se pueden dar en cualquier momento del año; hay un aumento de las tormentas que antes no ocurrían. Además, la temperatura aumentó 0,6ºC en los últimos 50 años", describió.
La investigación también cita a Juan Pablo Luque, vice intendente de la ciudad, quien aseguró que el temporal de 2017 produjo desplazamientos poblacionales tanto temporales como permanentes. "Se evacuaron a 20 centros a más de 12,000 personas. El total de desplazamientos permanentes fue de 37 familias, las cuales perdieron sus casas y pertenencias producto de las inundaciones", cita el trabajo.
Para Carlos Acevedo, Presidente vecinal del barrio Laprida, quien llegó a Comodoro en 1976 desde Catamarca para trabajar en el petróleo, el clima extremo afectó al 40% de la población del barrio y se evacuó al 20%. Después de un año y medio todavía quedan 20 familias que no han recuperado su vivienda y siguen viviendo en otro lado. Se fueron a casa de familiares y unas cinco familias a otros barrios. "Reemplazar el lugar sería lo más correcto," recomienda el estudio.
En Luján se observa que desde el 2012 la frecuencia y magnitud de las lluvias se ha incrementado de manera notable. Se da la particularidad de que los afectados no son solo pobladores ubicados en zonas inundables por toma de tierras en la ribera del río, sino también los que se ubican en el centro de la ciudad. Se inunda inclusive la Basílica, un recurso económico de gran valor para la ciudad.
"Hay que entender que el ambiente somos todos, que formamos parte del ecosistema en el que vivimos y ahora, estamos frente a los límites de lo que está sucediendo con el clima. Pero es importante que registremos este movimiento porque no se trata sólo del desplazamiento poblacional. También están los problemas que son conexos a esa situación: problemas laborales, culturales, económicos, sociales y personales", dice Aruj.
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