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Mendoza: nueva ley de minería promulgada
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Tras los incidentes en una marcha, el Gobierno de Mendoza promulgó la nueva ley de minería
Fecha de Publicación: 25/12/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Mendoza
Pese a las manifestaciones de los últimos días en contra de la iniciativa aprobada por la Legislatura, la medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia
El gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
Mientras algunos ciudadanos protestaron en contra de las modificaciones, otros marcharon a favor de la nueva normativa y de la actividad minera. La mayor concentración de este grupo se vio en el puente del río Malargüe, de la homónima localidad, donde por la tarde del lunes hubo cerca de dos kilómetros de autos encolumnados.
Además los empresarios del sector condenaron lo que calificaron como “manifestaciones intimidatorias y delictivas” por parte de quienes rechazan la medida y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.
Entre otras cosas, la ley también flexibiliza la legislación que estaba vigente en esta materia ya que permite el uso de sustancias como el cianuro, aunque mantiene la prohibición sobre el mercurio.
Por otra parte, establece que “en todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local”.
También crea una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, encargada de “el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas”.
Por último, la ley también agregó un artículo que ordena que “todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables” y la contratación de mano de obra de la zona.
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Fecha de Publicación: 25/12/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Mendoza
Pese a las manifestaciones de los últimos días en contra de la iniciativa aprobada por la Legislatura, la medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia
El gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
Mientras algunos ciudadanos protestaron en contra de las modificaciones, otros marcharon a favor de la nueva normativa y de la actividad minera. La mayor concentración de este grupo se vio en el puente del río Malargüe, de la homónima localidad, donde por la tarde del lunes hubo cerca de dos kilómetros de autos encolumnados.
Además los empresarios del sector condenaron lo que calificaron como “manifestaciones intimidatorias y delictivas” por parte de quienes rechazan la medida y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.
Entre otras cosas, la ley también flexibiliza la legislación que estaba vigente en esta materia ya que permite el uso de sustancias como el cianuro, aunque mantiene la prohibición sobre el mercurio.
Por otra parte, establece que “en todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local”.
También crea una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, encargada de “el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas”.
Por último, la ley también agregó un artículo que ordena que “todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables” y la contratación de mano de obra de la zona.
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Mendoza: tras los cambios en la ley minera hay movilización
Masiva marcha en Mendoza contra la ley que permite usar cianuro en la minería
Fecha de Publicación: 24/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Miles de personas marcharon este domingo en distintas localidades de Mendoza en contra de la reciente modificación de una ley que prohibía desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador radical Rodolfo Suárez evite promulgar la modificación de la ley 7722, impulsada por él y aprobada el viernes en un trámite exprés con el apoyo del peronismo.
La norma habilita el uso de sustancias como el cianuro, y el ácido sulfúrico (solo limita el mercurio) que, según ambientalistas, provocará la contaminación del agua en la provincia. La minería metalífera, agregan, demanda grandes cantidades de agua, un recurso vital y escaso en la región.
Pese a que el impulso del debate contó con el aval del presidente Alberto Fernández, la votación provocó grietas dentro del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Guillermo Carmona, por ejemplo, se hizo eco de las manifestaciones y le pidió al gobernador que no promulgue la ley. "Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada", escribió Carmona en Twitter.
Más tarde, el dirigente difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio.
Los activistas de la marcha, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, tienen previsto llegar esta mañana a la Casa de Gobierno. Entre ellos estará el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, quien confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El clima tenso alrededor de la iniciativa no comenzó este domingo, sino que ya se hizo notar la semana pasada, mientras se acercaba el momento de la votación. Hubo cortes de ruta en toda la provincia.
Sin embargo, el viernes el proyecto obtuvo en el Senado 29 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados 36 apoyos y 11 rechazos.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
Durante las protestas que comenzaron la semana pasada se difundió el celular de Suárez en las redes sociales, lo que provocó que el funcionario recibiera amenazas. Hasta ahora ya hubo cuatro detenidos, según fuentes judiciales.
Pasada la medianoche los manifestantes llegaron a Luján de Cuyo. Tienen previsto dormir en la ruta nacional 40 y mañana continuar hacia la capital de Mendoza.
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Fecha de Publicación: 24/12/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza
Miles de personas marcharon este domingo en distintas localidades de Mendoza en contra de la reciente modificación de una ley que prohibía desde 2007 el uso de sustancias tóxicas en la minería.
Vecinos, productores locales y ambientalistas iniciaron este domingo por la mañana la protesta en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital provincial. Con el objetivo de llegar hoy a la casa de gobierno local, los manifestantes exigen que el gobernador radical Rodolfo Suárez evite promulgar la modificación de la ley 7722, impulsada por él y aprobada el viernes en un trámite exprés con el apoyo del peronismo.
La norma habilita el uso de sustancias como el cianuro, y el ácido sulfúrico (solo limita el mercurio) que, según ambientalistas, provocará la contaminación del agua en la provincia. La minería metalífera, agregan, demanda grandes cantidades de agua, un recurso vital y escaso en la región.
Pese a que el impulso del debate contó con el aval del presidente Alberto Fernández, la votación provocó grietas dentro del peronismo. El presidente del Partido Justicialista de la provincia, Guillermo Carmona, por ejemplo, se hizo eco de las manifestaciones y le pidió al gobernador que no promulgue la ley. "Ante la amplia y creciente expresión popular en contra de la sanción de la reforma de la ley 7722 por usted impulsada, le solicito gobernador Suárez que la misma no sea promulgada", escribió Carmona en Twitter.
Más tarde, el dirigente difundió un comunicado para aclarar que su postura fue personal y que no era atribuible a todo el espacio.
Los activistas de la marcha, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, tienen previsto llegar esta mañana a la Casa de Gobierno. Entre ellos estará el exintendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, quien confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.
El clima tenso alrededor de la iniciativa no comenzó este domingo, sino que ya se hizo notar la semana pasada, mientras se acercaba el momento de la votación. Hubo cortes de ruta en toda la provincia.
Sin embargo, el viernes el proyecto obtuvo en el Senado 29 votos a favor y 7 en contra, y en Diputados 36 apoyos y 11 rechazos.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista.
Durante las protestas que comenzaron la semana pasada se difundió el celular de Suárez en las redes sociales, lo que provocó que el funcionario recibiera amenazas. Hasta ahora ya hubo cuatro detenidos, según fuentes judiciales.
Pasada la medianoche los manifestantes llegaron a Luján de Cuyo. Tienen previsto dormir en la ruta nacional 40 y mañana continuar hacia la capital de Mendoza.
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Mendoza habilita la megaminería
Es ley: los diputados aprobaron los cambios en la 7722
Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La sesión especial que comenzó después de las 14 en la cámara baja para tratar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado, finalmente se aprobó por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención en Diputados.
En sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. Por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención, se aprobó en la cámara baja.
El primer turno fue para los senadores. Allí se aprobó en general y en particular la reforma de la ley 7722, que restringe la minería. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Sin embargo, en ambas fuerzas hubo votos negativos.
Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora; Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
La reforma ha generado resistencia de asambleístas que se convocaron a manifestarse en la puerta de la Legislatura, donde hubo una fuerte presencia policial y luego, los manifestantes se dirigieron al nudo vial donde realizaron cortes en el tránsito vehicular. El operativo de seguridad se diseñó con el objetivo de evitar lo que pasó el último martes, cuando manifestantes bloquearon la Casa de las Leyes y retuvieron en su interior durante horas a legisladores, periodistas y empleados legislativos.
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Fecha de Publicación: 21/12/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La sesión especial que comenzó después de las 14 en la cámara baja para tratar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado, finalmente se aprobó por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención en Diputados.
En sesión especial, la Cámara de Diputados votó aprobar el proyecto de reforma de la ley 7722 que, poco menos de una hora antes, fue aprobado por el Senado. Por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención, se aprobó en la cámara baja.
El primer turno fue para los senadores. Allí se aprobó en general y en particular la reforma de la ley 7722, que restringe la minería. La norma resultó aprobada por 29 votos positivos contra 7 negativos. La mayoría de la UCR y del PJ votaron en forma positiva. Sin embargo, en ambas fuerzas hubo votos negativos.
Los diputados que votaron en contra de la reforma fueron Pablo Cairo y Mario Vadillo de Protectora; Jorge Difonso y Mauricio Torres del Frente Renovador; Maile Rodriguez del FIT; Maricel Arriaga de la UCR; y Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González, del Frente de Todos. Además, se abstuvo Mercedes Llano, del Partido Demócrata.
La reforma ha generado resistencia de asambleístas que se convocaron a manifestarse en la puerta de la Legislatura, donde hubo una fuerte presencia policial y luego, los manifestantes se dirigieron al nudo vial donde realizaron cortes en el tránsito vehicular. El operativo de seguridad se diseñó con el objetivo de evitar lo que pasó el último martes, cuando manifestantes bloquearon la Casa de las Leyes y retuvieron en su interior durante horas a legisladores, periodistas y empleados legislativos.
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Vigilia contra la modificación minera de Mendoza
Los asambleístas de Mendoza en contra de la reforma a la ley de minería
Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
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Fecha de Publicación: 20/12/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Mendoza
Las asambleas ciudadanas de Mendoza mantienen una vigilia y abrazo a la Legislatura provincial para rechazar la modificación a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la histórica consigna que se repitió esta tarde en la Plaza Independencia frente al edificio legislativo.
La modificación a la ley 7722 impulsada por el ex gobernador y titular de la UCR Alfredo Cornejo y respaldada por su sucesor Rodolfo Suárez, quien ayer se reunió en Casa Rosada con el presidente Alberto Fernández , despertó el rechazo de miles de vecinos y organizaciones ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Vida Silvestre, que advierten que la marcha atrás en la norma votada en 2007 significaría una violación a la no regresividad de la Ley General de Ambiente.
Los legisladores del oficialista Cambia Mendoza debatieron la iniciativa esta tarde junto con los legisladores del peronismo, que se mostraron dispuestos a la discusión. La ex candidata a gobernadora y vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Anabel Sánchez Sagasti, aseguró que "la actividad minera solo debe desarrollarse en aquellos departamentos donde exista Licencia Social" y consideró que el único distrito donde se había logrado era el de Malargüe. El Frente de Izquierda adelantó su rechazo y resaltaron que la provincia está en "emergencia hídrica".
El debate legislativo se produjo mientras miles de personas mantenían una vigilia fuera del edificio, rodeados por un fuerte operativo policial. "Somos ciudadanos comunes, y estamos pidiendo por la vida nuestra y de nuestros hijos. En Neuquén, San Juan y Catamarca ya ha pasado lo que están planteando los políticos acá en Mendoza; y los resultados han sido terribles. En otros países el fracking ha sido prohibido también", advirtieron algunos manifestantes.
En paralelo, el intendente de la capital mendocina Ulpiano Suárez —sobrino del gobernador— buscó debilitar la protesta al aplicar el polémico código contravencional, votado el año pasado, para multar con 70 mil pesos a un grupo de organizaciones que desde esta mañana mantuvieron cortada la calle Patricias Mendocinas, frente a la Legislatura.
El rechazo a la modificación de la ley 7722, que permitiría la apertura de proyectos de megaminería y fracking, también está respaldado por una decena de organizaciones ambientalistas. "Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente", advirtió Greenpeace.
Vida Silvestre, la Fundación Biodiversidad y la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, por su parte, subrayaron que "Mendoza se encuentra declarada en crisis hídrica desde hace 10 años" y "la modificación de esta ley dejaría los recursos hídricos en una situación desprotegida y vulnerable, afectando la calidad de vida de sus habitantes y todas las actividades que dependen directa o indirectamente de estos".
Hace pocas semanas, en Chubut, las movilizaciones contra el intento de modificar la Ley 5001, que también prohíbe la megaminería en la provincia, terminaron con represión y detenciones . Pocos días después, asambleas ciudadanas de todos el país firmaron una carta pública dirigida al actual presidente, en la que expresaron la "preocupación" por la designación del ex ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, en la secretaría del área a nivel nacional, y recordaron que la megaminería mantiene en la pobreza a las localidades explotadas. Además se manifestaron "dispuestos a sostener las leyes de protección que no permiten regresividad alguna, un principio insoslayable del derecho ambiental".
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Una crisis hídrica en Mendoza que podría ser la normalidad
Cambio climático: la crisis hídrica "llegó para quedarse" en Mendoza
Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseveró el superintendente general de Irrigación. Datos y explicaciones sobre dicha situación.
La crisis hídrica llegó para quedarse. Poca nieve en las montañas, ríos casi secos, meses sin llover, fincas abandonadas, animales que fallecen, incendios en épocas insólitas, falta de agua potable. Desde el 2010, el Departamento General de Irrigación viene advirtiendo la crisis hídrica. Al principio se creyó que sería un ciclo pasajero, sin embargo con el correr de los años la sospecha fue creciendo hasta que finalmente llegó a una conclusión.
Sobre ello, Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación, expresó en Canal 9: “Lamento anunciar que la crisis hídrica se acabó, porque en realidad parece una contradicción, en realidad esto llegó para quedarse”.
Las temperaturas medias se han elevado, mientras que la falta de nieve y la falta de lluvias ha causado una serie de consecuencias atípicas en Mendoza.
Por su parte, Guillermo Ferraris, titular del Plan Provincial del Manejo del Fuego, indicó: “La última década siempre hablábamos de la temporada de incendio y hoy ya no estamos hablando de la temporada sino que estamos hablando de que todo el año estamos teniendo incendios”.
En los oasis, el agua no alcanzará para todas las plantaciones y en el secano la falta de lluvias se está cobrando vidas.
Una productora manifestó: “Yo le pido hasta los difuntos, mi familia que está bajo tierra, les pido que hagan llover”.
Como si fuera poco, nuestras enormes reservas de agua congelada están desapareciendo. “Unos pocos más adelante, unos 50 metros empieza a aflorar el hielo glaciar, eso significa que la totalidad de la nieve que cayó este invierno ya se fue y a partir de ahora lo que se va a derretir es el hielo glaciar”.
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Fecha de Publicación: 18/12/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional
Así lo aseveró el superintendente general de Irrigación. Datos y explicaciones sobre dicha situación.
La crisis hídrica llegó para quedarse. Poca nieve en las montañas, ríos casi secos, meses sin llover, fincas abandonadas, animales que fallecen, incendios en épocas insólitas, falta de agua potable. Desde el 2010, el Departamento General de Irrigación viene advirtiendo la crisis hídrica. Al principio se creyó que sería un ciclo pasajero, sin embargo con el correr de los años la sospecha fue creciendo hasta que finalmente llegó a una conclusión.
Sobre ello, Sergio Marinelli, superintendente general de Irrigación, expresó en Canal 9: “Lamento anunciar que la crisis hídrica se acabó, porque en realidad parece una contradicción, en realidad esto llegó para quedarse”.
Las temperaturas medias se han elevado, mientras que la falta de nieve y la falta de lluvias ha causado una serie de consecuencias atípicas en Mendoza.
Por su parte, Guillermo Ferraris, titular del Plan Provincial del Manejo del Fuego, indicó: “La última década siempre hablábamos de la temporada de incendio y hoy ya no estamos hablando de la temporada sino que estamos hablando de que todo el año estamos teniendo incendios”.
En los oasis, el agua no alcanzará para todas las plantaciones y en el secano la falta de lluvias se está cobrando vidas.
Una productora manifestó: “Yo le pido hasta los difuntos, mi familia que está bajo tierra, les pido que hagan llover”.
Como si fuera poco, nuestras enormes reservas de agua congelada están desapareciendo. “Unos pocos más adelante, unos 50 metros empieza a aflorar el hielo glaciar, eso significa que la totalidad de la nieve que cayó este invierno ya se fue y a partir de ahora lo que se va a derretir es el hielo glaciar”.
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El peronismo apoyaría la reforma de la 7722
Definen apoyo a la reforma minera
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: Jornada (Mendoza)
Fecha de Publicación: 17/12/2019
Fuente: Jornada (Mendoza)
Provincia/Región: Mendoza
Los principales referentes del justicialismo mendocino fijarán posición sobre el tratamiento de la reforma de la ley 7722, proyecto enviado por el gobierno de Rodolfo Suárez. Esto dará inicio al profundo debate legislativo que se espera para los próximos días.
Hoy se realizará un plenario entre las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Medioambiente y Minería (de ambas cámaras), con el objetivo de tratar la reforma de la ley minera 7722, presentada por el gobernador Rodolfo Suarez.
Se trata de una ley muy discutida durante los últimos años, ya que limita la explotación minera metalífera a cielo abierto. En este contexto, el oficialismo intentará que el tratamiento del proyecto se realice cuanto antes y no se trabe en la Legislatura.
La buena noticia para Cambia Mendoza es que el peronismo apoyaría la modificación de la 7722, aunque es posible que planteen algunas modificaciones. Es en eso en lo que están trabajando los equipos técnicos de PJ.
Entre los cambios pedirían la creación de una Policía Ambiental, y la territorialización de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
En el plenario de hoy, a realizarse en el Salón Pasos Perdidos desde las 8.30 estarán presentes Anabel Fernández Sagasti, autoridades del PJ, además de los legisladores provinciales y nacionales para expresarse sobre las modificaciones en la Ley 7722.
También se espera que el gobierno provincial envíe esta semana el proyecto del Presupuesto 2020.
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Mendoza: funcionario explica las "bondades" de cianuro
Un funcionario de Suarez derribó mitos de la minería: "no irá a zonas protegidas y usará el 1% del agua"
Fecha de Publicación: 14/12/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Emilio Guiñazú, el heredado Subsecretario de Energía y Minería del esquema de Cornejo, salió al cruce de los cuestionamientos del proyecto de reforma de la ley antiminera 7722. Además explicó por qué el proyecto contempla el uso de cianuro pero mantiene la prohibición sobre el uso del mercurio.
El funcionario aseguró que hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia, "que avanzarían en lugares en donde no chocarían con el ordenamiento territorial" y que de aplicarse, la minería en Mendoza "usaría el 1% del agua disponible".
A dos días de haberse conocido el proyecto de Rodolfo Suarez que ingresó a la Legislatura para reformar la ley 7722, Guiñazú salió al cruce de los detractores de la posible reforma.
"Hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia en zonas en donde sabemos que se puede trabajar, en donde la actividad va a ser bien recibida y no va a tener problemas con el ordenamiento territorial de los municipios. Hay que recordar que las comunas tienen autonomía para definir su ordenamiento y nadie va avanzar sobre lugares donde la actividad sea rechazada", remarcó.
A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la situación del posible avance de la minería en el Valle de Uco, en donde la actividad tiene un fuerte rechazo y hay una importante cantidad de zonas y parques protegidos. "Nadie plantea poner una mina arriba de la Laguna del Diamante y es frustrante que a la gente le metan miedo con ese tipo de afirmaciones", señaló apelando a una exageración.
El ínfimo uso del agua
Otro de los mitos que rebatió Guiñazú fue el del uso del agua que hace la minería, afirmando que esa cantidad "es ínfima y no compite con ningún otro uso del agua a nivel económico ni con el uso humano".
De acuerdo a sus estadísticas esa dicotomía no existe y echó mano a la experiencia sanjuanina para fundamentarlo.
"Las tres mineras de San Juan, trabajando juntas no consumen el 1% del agua, eso es 400 litros por segundo. El río Jachal es un río de 10.000 litros por segundo y no se puede medir algo que vaya por debajo de los 500 metros por segundo, lo que significa que si todas las minas de San Juan estuvieran operando juntas no te darías cuenta en el caudal del río, porque esa ínfima cantidad no se puede medir", insistió.
Acercando la posibilidad de que avancen los proyectos mineros en la provincia, Guiñazú aseguró que el problema de la falta de agua en Mendoza no está atado al posible uso que pueda hacer la minería, sino a la falta de infraestructura que podría saldarse con la inversión que deje la misma minería.
"El 95% del agua de la provincia va a la agricultura, que va a riego, con una eficiencia promedio del 50%. Nosotros haciendo pequeñas inversiones en eficiencia de riego, haríamos disponible mucha más agua que la puede consumir la minería en el escenario más optimista en 10 años. Por ahí escuché que la minería pondría en riesgo el agua de uso potable, eso es una locura, si eventualmente en algún lugar hubiese un problema de agua, no se aprobará y punto, tenemos a la gente de Irrigación y Secretaría de Ambiente para que nos informe eso", rebatió.
Por qué mercurio no y cianuro sí
Entre los cambios que preve el proyecto de reforma de la ley 7722, resalta elque modifica el artículo 1 en donde se detallaba que se prohibía el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas. En la nueva letra sólo se prohíbe el mercurio.
"El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica que tiene resultados irreversibles, una vez que entra en el medio ambiente o un ser vivo no se puede remover y tiene efectos nocivos a largo plazo. Hoy no se usa obligatoriamente, hoy hay alternativas para separar por ejemplo el oro de la tierra, hoy sólo se usa en la minería artesanal. La persona que está en contacto con eso termina terriblemente enferma", explicó Guiñazú.
Paralelamente señaló que el cianuro tiene un impacto ambiental que cuantificó como mínimo.
"El cianuro, en cambio, es noble desde el punto de vista industrial, no explota, no es cancerígeno, no es mutágeno y no es biotransmisible. Supone que un pescado se muere envenenado con cianuro, si te comes ese pescado no te pasa nada. Se diluye o desaparece en cortísimo plazo. Si algo se mezcla con solución cianurada, se deposita en forma de sal en forma inerte, el riesgo de impacto ambiental o en la salud, es mínimo o nulo",concluyó.
Una dirección con presupuesto propio
Ante el pedido del gobernador Rodolfo Suarez, ahora la nueva Dirección de Minería, que estará a cargo de Santiago Fernández, quien desarrolló un plan bien valorado en el área del petroleo.
"El gobernador nos pidió trabajar con los más altos estándares en minería y por eso vamos a tener un presupuesto específico para esa dirección con la intención de avanzar como se hizo con el petróleo", remarcó Guiñazú.
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Fecha de Publicación: 14/12/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
Emilio Guiñazú, el heredado Subsecretario de Energía y Minería del esquema de Cornejo, salió al cruce de los cuestionamientos del proyecto de reforma de la ley antiminera 7722. Además explicó por qué el proyecto contempla el uso de cianuro pero mantiene la prohibición sobre el uso del mercurio.
El funcionario aseguró que hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia, "que avanzarían en lugares en donde no chocarían con el ordenamiento territorial" y que de aplicarse, la minería en Mendoza "usaría el 1% del agua disponible".
A dos días de haberse conocido el proyecto de Rodolfo Suarez que ingresó a la Legislatura para reformar la ley 7722, Guiñazú salió al cruce de los detractores de la posible reforma.
"Hoy hay unos 15 proyectos mineros en la provincia en zonas en donde sabemos que se puede trabajar, en donde la actividad va a ser bien recibida y no va a tener problemas con el ordenamiento territorial de los municipios. Hay que recordar que las comunas tienen autonomía para definir su ordenamiento y nadie va avanzar sobre lugares donde la actividad sea rechazada", remarcó.
A modo de ejemplo, el funcionario se refirió a la situación del posible avance de la minería en el Valle de Uco, en donde la actividad tiene un fuerte rechazo y hay una importante cantidad de zonas y parques protegidos. "Nadie plantea poner una mina arriba de la Laguna del Diamante y es frustrante que a la gente le metan miedo con ese tipo de afirmaciones", señaló apelando a una exageración.
El ínfimo uso del agua
Otro de los mitos que rebatió Guiñazú fue el del uso del agua que hace la minería, afirmando que esa cantidad "es ínfima y no compite con ningún otro uso del agua a nivel económico ni con el uso humano".
De acuerdo a sus estadísticas esa dicotomía no existe y echó mano a la experiencia sanjuanina para fundamentarlo.
"Las tres mineras de San Juan, trabajando juntas no consumen el 1% del agua, eso es 400 litros por segundo. El río Jachal es un río de 10.000 litros por segundo y no se puede medir algo que vaya por debajo de los 500 metros por segundo, lo que significa que si todas las minas de San Juan estuvieran operando juntas no te darías cuenta en el caudal del río, porque esa ínfima cantidad no se puede medir", insistió.
Acercando la posibilidad de que avancen los proyectos mineros en la provincia, Guiñazú aseguró que el problema de la falta de agua en Mendoza no está atado al posible uso que pueda hacer la minería, sino a la falta de infraestructura que podría saldarse con la inversión que deje la misma minería.
"El 95% del agua de la provincia va a la agricultura, que va a riego, con una eficiencia promedio del 50%. Nosotros haciendo pequeñas inversiones en eficiencia de riego, haríamos disponible mucha más agua que la puede consumir la minería en el escenario más optimista en 10 años. Por ahí escuché que la minería pondría en riesgo el agua de uso potable, eso es una locura, si eventualmente en algún lugar hubiese un problema de agua, no se aprobará y punto, tenemos a la gente de Irrigación y Secretaría de Ambiente para que nos informe eso", rebatió.
Por qué mercurio no y cianuro sí
Entre los cambios que preve el proyecto de reforma de la ley 7722, resalta elque modifica el artículo 1 en donde se detallaba que se prohibía el uso de cianuro y otras sustancias peligrosas. En la nueva letra sólo se prohíbe el mercurio.
"El mercurio es una sustancia extremadamente tóxica que tiene resultados irreversibles, una vez que entra en el medio ambiente o un ser vivo no se puede remover y tiene efectos nocivos a largo plazo. Hoy no se usa obligatoriamente, hoy hay alternativas para separar por ejemplo el oro de la tierra, hoy sólo se usa en la minería artesanal. La persona que está en contacto con eso termina terriblemente enferma", explicó Guiñazú.
Paralelamente señaló que el cianuro tiene un impacto ambiental que cuantificó como mínimo.
"El cianuro, en cambio, es noble desde el punto de vista industrial, no explota, no es cancerígeno, no es mutágeno y no es biotransmisible. Supone que un pescado se muere envenenado con cianuro, si te comes ese pescado no te pasa nada. Se diluye o desaparece en cortísimo plazo. Si algo se mezcla con solución cianurada, se deposita en forma de sal en forma inerte, el riesgo de impacto ambiental o en la salud, es mínimo o nulo",concluyó.
Una dirección con presupuesto propio
Ante el pedido del gobernador Rodolfo Suarez, ahora la nueva Dirección de Minería, que estará a cargo de Santiago Fernández, quien desarrolló un plan bien valorado en el área del petroleo.
"El gobernador nos pidió trabajar con los más altos estándares en minería y por eso vamos a tener un presupuesto específico para esa dirección con la intención de avanzar como se hizo con el petróleo", remarcó Guiñazú.
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Se conocieron las bases de cambio de la 7.722 mendocina
Ley 7.722: estos son los cambios que propone el gobierno
Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma".
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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Fecha de Publicación: 06/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Se conoció el borrador del proyecto que para habilitar la explotación metalífera. Autoriza el uso de sustancias químicas que la norma vigente prohíbe y saca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del ámbito de la Legislatura.
La iniciativa del futuro gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de activar la minería metalífera en Mendoza ya está siendo analizada por la oposición en la Legislatura y el borrador introduce algunos aspectos, como dar luz verde a la utilización de sustancias químicas (como cianuro y ácido sulfúrico, entre otras) que actualmente la ley 7.722 prohíbe.
Por otra parte, aparta a la Legislatura del ámbito de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los emprendimientos mineros que se quieran aplicar a la provincia.
La propuesta mantiene el cepo al uso del mercurio en el ámbito territorial, como se restringe con la actual norma que regula la actividad minera y establece qué sustancias están permitidas y cuáles no.
En lugar de ser la Legislatura donde se discuta el impacto ambiental de un proyecto, el borrador propone la supervisión de diferentes organismos: municipios, el Departamento General de Irrigación, el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y de otros que considere la autoridad de aplicación necesarios.
En los argumentos, el Ejecutivo también hace referencia que en 2007 la actual norma "fue sancionada en un alto de clima de conflictividad social provocada por temor de que la actividad minera metalífera contaminara el agua (...) en aquel momento las jurisdicciones nacional y provincial no contaban con todos los mecanismos necesarios para definir y controlar algunos aspectos de la actividad".
Pero aclara que "desde la fecha a la actualidad se han generado diversos antecedentes en el ámbito legislativo, nacional y provincial, así como también en el judicial a través de las reflexiones vertidas por la Suprema Corte en su sentencia de constitucionalidad de la misma".
Los argumentos del gobierno
Voces del Ejecutivo defendieron el bosquejo que busca ser consensuado con el partido justicialista y recalcan que actualmente hay industrias en la provincia que utilizan el ácido sulfúrico, que se utiliza para el uso del ácido tartárico, con el orujo de la uva.
En referencia al cianuro, una sustancia tan temida por las organizaciones ambientalistas y las asambleas por el agua pura, afirman que se usa en industrias plásticas, como aditivos en pintura y en la actividad vitivinícola.
También remarcaron que en la minería “no se usa en estado puro, sino en disoluciones, o caldos”.
Asimismo, fuentes oficiales aclararon que las sustancias químicas están reguladas y deben ser declarados a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (SEDRONAR).
Controles internacionales y un seguro de responsabilidad civil
Entre las innovaciones que introduce el borrador del Ejecutivo, incorpora en su articulado, la posibilidad de contratar auditorías internacionales "preferentemente de las Naciones Unidas u otros organismos de probada experiencia, las cuales deberán hacer un pormenorizado informe del estado de las explotaciones mineras y petroleras(...)".
Entre otros aspectos, busca la implementación de un Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y además para la infraestructura vial y de servicios. El mismo estará conformado por un porcentaje de las regalías mineras, que será fijado anualmente por Ley Impositiva. Un 50% de esa partida será para realizar trabajos de eficientización de riego.
Por último, se incorpora la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de caución, fianza bancaria, fondo de reparación u otra garantía para asegurar la recomposición de los eventuales daños ambientales.
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7.722: ya hay un borrador para modificarla
Suarez ya envió al PJ el proyecto para modificar la 7.722
Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.
Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Fecha de Publicación: 04/12/2019
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
A pocos días de asumir, el gobernador electo intenta consensuar con la oposición un nuevo marco legal que actualmente hace imposible la minería, poniéndola en un nuevo contexto que es la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Glaciares.
Las intensiones del gobernador electo, Rodolfo Suarez, de activar la minería en Mendoza son firmes y en las últimas horas le hizo llegar al peronismo un nuevo borrador para modificar la ley 7.722 para flexibilizar los límites que tiene actualmente para la actividad extractiva.
El PJ había advertido que no analizaría cambios en un tema tan delicado y resistido por sectores ambientalistas, hasta tanto no asumiera el sucesor de Alfredo Cornejo y como hasta el momento las propuestas que se presentaron en la Legislatura -lanzadas por dos legisladores peronistas- no lograron el consenso necesario, había que poner sobre la mesa una idea superadora. Por otra parte, desde el oficialismo se había manifestado la necesidad de que en el paquete de leyes sobre Presupuesto también se incluyera el tema minero.
Fuentes gubernamentales confirmaron contactos entre el actual subsecretario de Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, y el presidente del justicialismo, Guillermo Carmona -que durante la gestión de Celso Jaque fue secretario de Ambiente-.
Este nuevo boceto también estaría supervisado por el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, quien en una charla que ofreció este jueves en las XV Jornadas Argentina Sustentable 2019 aseguró que se está trabajando en una nueva legislación poniendo en un pie de igualdad la minería, junto con las otras actividades industriales en cuanto al uso de sustancias químicas.
El proceso, según se pudo reconstruir de la presentación en la UNCuyo, tiene que ver con una adecuación de una reforma de la 7.722 a dos leyes claves que en 2007 -cuando fue sancionada- no existían: la de Ordenamiento Territorial y la de Glaciares.
El Régimen para la Preservación de Glaciares impide la realización de tareas de esta naturaleza en donde se han inventariado los glaciares y periglaciares.
Si bien no trascendieron detalles del proyecto, se pudo saber que en los fundamentos se invoca la Ley de Áreas Naturales Protegidas, que también limita este tipo de industrias.
Otro de los aspectos que viene a tomar en cuenta este nuevo diseño es la Ley de Ordenamiento Territorial y cómo cada municipio ha dispuesto la organización de áreas naturales, industriales y urbanas.
Se busca que la utilización de las sustancias que hoy no están permitidas se haga bajo las normas internacionales y los exhaustivos controles que también se aplican en el mundo, tal como rezaba el proyecto del senador Alejandro Abraham.
Análisis de los equipos técnicos
Con el borrador en la mano, ahora el peronismo mendocino hará la consulta a sus equipos técnicos para dar a conocer una única posición.
Desde el interior del partido el senador Juan Agülles y Abraham habían planteado dos ideas para dar un puntapié a la minería pero ninguna logró el aval necesario en 2018, como tampoco en 2019.
En tanto, algunos intendentes del oficialismo que pertenecen a departamentos eminentemente agrícolas -donde hay una fuerte resistencia a los cambios impulsados por los sectores promineros- ya han manifestado que darían su aval a un proyecto de reforma que zonifique la minería a ciertas zonas, como es el caso de Malargüe.
Legisladores del PJ indicaron que no descartan que la norma salga aprobada durante el mes de diciembre si es que se arriban a los acuerdos necesarios, aunque adelantaron que serán muy cuidadosos en aventurar algún tipo de opinión.
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Ahora proponen una consulta popular vinculante por la 7.722
Proponen una asamblea popular para tratar la reforma de la Ley 7.722
Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.
Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.
El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.
La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza
Ante un debate que no se acalla y donde hay mucha presión de diferentes sectores para que no se toque, y otros que dicen lo contrario, para que haya explotación minera, surge una propuesta de consulta popular vinculante.
La participación de la gente, con el mismo sistema de las primarias, es impulsada por el senador provincial Marcelo Romano (Protectora Fuerza Política). Él considera que esto terminaría con el reiterado debate de anular o no el efecto protector sobre el agua de la ley, que no permite la utilización de sustancias químicas para extraer metales en la explotación minera.
Para el oficialismo y el entorno del gobernador electo Rodolfo Suarez, esta idea es improcedente, ya que, según dicen, el 52% del electorado aprobó la propuesta de Cambia Mendoza que habló de modificar la Ley 7.722 para que en la provincia haya explotación minera.
Sin embargo, el promotor del plebiscito asegura que luego de que Suarez escuchó los argumentos le habría expresado que realizaría un sondeo entre la gente para medir si hay consenso para convocar a esa consulta popular, aunque sin aclarar cómo y cuándo llevaría a cabo el sondeo.
Solo prohíbe sustancias químicas contaminantes
El Ciudadano habló con el senador Romano, quien explicó lo que le propuso a Suarez cuando estuvieron reunidos para hablar del tema. “La implementación de una consulta popular vinculante, para que el ciudadano se exprese si se modifica o no la Ley 7.722. Recordemos que esta ley prohíbe la utilización de sustancias químicas en la explotación minera metalífera a cielo abierto”, comentó el legislador.
“Le dije al gobernador electo que me parecía que el pueblo de Mendoza es el que debería autorizar o no que se modifique la ley. Es la gente la que en definitiva tiene que tomar esa decisión en una cuestión tan vital, donde está comprometido el recurso estratégico como es el agua”, agregó.
Al consultarle sobre la respuesta que dio el gobernador electo dijo: “Me contestó que él ya tenía plebiscitada su propuesta electoral, que incluía la modificación de la 7.722 y que eso fue votado por el 52% de los mendocinos. No obstante habló de abrir una suerte de debate para que la comunidad mendocina comience a dejar su opinión sobre si es preciso o no el referéndum”.
Sobre el proyecto del exsenador Juan Antonio Agulles (PJ) de la creación de parques mineros, respondió que “el problema de la zonificación lo está viviendo Chile, país que se ha transformado en un enorme basurero de desechos mineros y no saben cómo trasladarlos al desierto de Antofagasta, por lo que la zonificación no es una solución. Tal como es el caso de Malargüe, que está pegado a la cabeza de un río de cuenca vital en el Sur mendocino, como es el Atuel”.
Para Romano, “la solución es hacer minería no con el método de lixiviación, algo que ha hecho estragos en San Juan con Jachal o en Catamarca con pueblos devastados como Belén y Andalgalá. Por eso, creo que ante la posibilidad de que el oficialismo y el PJ den quorum de dos tercios para que se traten proyectos que modifiquen la 7.722, le solicito al gobernador electo que le pida a su bloque que pare esta iniciativa y permita que la gente se expida”.
El PJ espera el proyecto oficial
Al respecto se le consultó al senador provincial Adolfo Bermejo (PJ) qué piensa sobre la propuesta de Romano de una consulta popular vinculante.
El legislador respondió que “toda aquella metodología donde la ciudadanía pueda participar, expresarse, elegir y votar, es un mecanismo que hay que profundizar a futuro, porque en ellos la gente participa y eso es bueno para la democracia. De todas maneras, al gobernador electo Suarez no lo veo con predisposición de avanzar sobre una consulta popular vinculante”.
“Me parece que tomará una determinación en el sent, formulando un proyecto propio de reforma de la ley y ahí que muestre lo que siempre le hemos solicitado: cuál será su plan estratégico de minería durante su gestión”, amplió Bermejo.
Cuando se le pidió la postura de su bloque sobre la cuestión minera, respondió que “este tema corta transversalmente a todos los partidos políticos. El oficialismo internamente no tendría todos los votos, ya que hay legisladores que pertenecen al Valle de Uco, donde ya se han expresado en contra de la modificación de la 7.722, y lo mismo ocurre en nuestro bloque. Aún así creo que es un tema que es imposible que salga con una mayoría importante y que se consigan los consensos políticos que tanto se piden para semejante tema, una clara muestra de que difícilmente salga por unanimidad”.
La consulta popular es un gasto innecesario
También fue entrevistado por nuestro diario el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, quien fue directo en cuanto a su posición. “Creo que no es necesario (el plebiscito), porque la Legislatura es representación de la ciudadanía y sus demandas. Le recuerdo que ampliar la matriz productiva de la provincia fue un tema de debate durante la campaña, donde Rodolfo Suarez fue muy claro respecto a eso”.
“Allí mostró interés en modificar la Ley 7.722 para poder desarrollar la minería con controles absolutos, el cuidado del agua y licencia social en los departamentos donde se pueden llevar adelante esos procesos. Creo que el pueblo de Mendoza ya opinó y lo hizo en las elecciones donde votó un programa de gobierno que representa Cambia Mendoza”, argumentó.
Y agregó que “las asambleas populares por el agua expresan una voz, pero creo que hoy tenemos que escuchar a la representación de todos los mendocinos, como son las cámaras empresariales y los sindicatos, también en el marco de un gobierno y en la definición de un plan estratégico para la provincia. Esto último ya se dio con mucha altura y calidad en la campaña provincial”.
Finalmente consideró que “una consulta popular vinculante es un gasto innecesario, porque la ciudadanía ya se expresó ante algo que no ocultó en toda la campaña Suarez. En ese sentido fue muy claro en afirmar que hay que desarrollar la minería en Mendoza, por lo que no encuentro la necesidad de ir a un plebiscito”.
“Se desarrollará minería con los parámetros que marcó nuestro gobernador electo en aquellos departamentos donde haya licencia social”, sentenció Lombardi.
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El Parque Aconcagua se amplía
Se amplió por ley el Parque Aconcagua en 18.500 hectáreas
Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Diputados aprobó el proyecto del Senado y sumó dos grandes parcelas al territorio protegido de la Provincia.
La Legislatura amplió por ley el área natural protegida del “Parque Provincial Aconcagua”, en Las Heras y sumó 18.500 hectáreas a las 67.400 ya existentes.
“La ampliación del Parque Aconcagua al Oeste, hacia el límite con Chile, es decir la parte que se encuentra a la derecha antes de cruzar el túnel a Chile, es la Quebrada Matienzo, quebrada que tiene un paisaje fantástico y mucha gente la utiliza para hacer actividades de trekking y deporte de alta montaña”, destacó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
De esta manera, la Legislatura declaró de interés público esas áreas, con una superficie aproximada de 17.244 hectáreas para la Quebrada Benjamín Matienzo y de 1.037 hectáreas para el ingreso a la Quebrada de Vacas, las que se incorporan al Parque Provincial Aconcagua.
La decisión se tomó por unanimidad de la Cámara de Diputados que dio así sanción definitiva al proyecto de ley venido desde el Senado, por el cual se amplían los alcances de la ley 4.807.
Según establece esta normativa, el objetivo es asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos del Parque Aconcagua hacia la Quebrada Benjamín Matienzo e ingreso Quebrada de Vacas, como una unidad ecológica integral.
Además, se busca conservar muestras de los distintos tipos de comunidad natural, de su paisaje y forma fisiográfica y preservar los recursos de la fauna silvestre, flora nativa, humedales alto andinos, formaciones glaciarias y las tres principales cuencas hidrográficas que contiene (Vacas, Horcones y Cuevas), como base de los servicios ecosistémicos de producción, regulación y culturales producidos por el área natural protegida.
De igual forma, la ley busca proporcionar oportunidades para los deportes de montaña, la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para el desarrollo turístico sostenible.
El diputado Jorge López (UCR), señaló que con esta ampliación, “incorporamos casi 19 mil hectáreas a nuestro Parque Provincial, que es uno de nuestros íconos. Su principal beneficio es el gran espacio ambiental que se va a lograr. Las dos parcelas en cuestión pertenecen al Estado provincial por lo que no es una expropiación, es una caracterización en el uso que se le dará a estas dos parcelas”.
Además, “nos dará herramientas para dar cumplimiento a una serie de leyes nacionales y provinciales que legislan en materia ambiental. ´porque estas son áreas fundamentales para poder darle a este Parque la conectividad ecológica que se necesita y para poder garantizar que este sea uno de los principales activos ambientales de la provincia”.
A su turno, Mario Vadillo (Protectora), destacó que “el cuidado de los recursos naturales es muy importante”, mientras que Gustavo Cairo (PRO), manifestó que “en este caso no solamente estamos hablando de la protección del ambiente sino del desarrollo económico de la provincia”.
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Fecha de Publicación: 03/12/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Diputados aprobó el proyecto del Senado y sumó dos grandes parcelas al territorio protegido de la Provincia.
La Legislatura amplió por ley el área natural protegida del “Parque Provincial Aconcagua”, en Las Heras y sumó 18.500 hectáreas a las 67.400 ya existentes.
“La ampliación del Parque Aconcagua al Oeste, hacia el límite con Chile, es decir la parte que se encuentra a la derecha antes de cruzar el túnel a Chile, es la Quebrada Matienzo, quebrada que tiene un paisaje fantástico y mucha gente la utiliza para hacer actividades de trekking y deporte de alta montaña”, destacó el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance.
De esta manera, la Legislatura declaró de interés público esas áreas, con una superficie aproximada de 17.244 hectáreas para la Quebrada Benjamín Matienzo y de 1.037 hectáreas para el ingreso a la Quebrada de Vacas, las que se incorporan al Parque Provincial Aconcagua.
La decisión se tomó por unanimidad de la Cámara de Diputados que dio así sanción definitiva al proyecto de ley venido desde el Senado, por el cual se amplían los alcances de la ley 4.807.
Según establece esta normativa, el objetivo es asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos del Parque Aconcagua hacia la Quebrada Benjamín Matienzo e ingreso Quebrada de Vacas, como una unidad ecológica integral.
Además, se busca conservar muestras de los distintos tipos de comunidad natural, de su paisaje y forma fisiográfica y preservar los recursos de la fauna silvestre, flora nativa, humedales alto andinos, formaciones glaciarias y las tres principales cuencas hidrográficas que contiene (Vacas, Horcones y Cuevas), como base de los servicios ecosistémicos de producción, regulación y culturales producidos por el área natural protegida.
De igual forma, la ley busca proporcionar oportunidades para los deportes de montaña, la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como para el desarrollo turístico sostenible.
El diputado Jorge López (UCR), señaló que con esta ampliación, “incorporamos casi 19 mil hectáreas a nuestro Parque Provincial, que es uno de nuestros íconos. Su principal beneficio es el gran espacio ambiental que se va a lograr. Las dos parcelas en cuestión pertenecen al Estado provincial por lo que no es una expropiación, es una caracterización en el uso que se le dará a estas dos parcelas”.
Además, “nos dará herramientas para dar cumplimiento a una serie de leyes nacionales y provinciales que legislan en materia ambiental. ´porque estas son áreas fundamentales para poder darle a este Parque la conectividad ecológica que se necesita y para poder garantizar que este sea uno de los principales activos ambientales de la provincia”.
A su turno, Mario Vadillo (Protectora), destacó que “el cuidado de los recursos naturales es muy importante”, mientras que Gustavo Cairo (PRO), manifestó que “en este caso no solamente estamos hablando de la protección del ambiente sino del desarrollo económico de la provincia”.
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Mendoza obliga a registrar el uso de agroquímicos
A partir de diciembre es obligatorio registrar la compra - venta y uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Fecha de Publicación: 29/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
El Iscamen puso en marcha un Sistema Informático de Registro Obligatorio para los proveedores de estos productos en Mendoza.
Desde la semana que viene entra en vigencia la obligatoriedad de informar la compra y venta y uso de agroquímicos de banda roja ane la Provincia. Según explicaron con esta determinación se busca mejorar la trazabilidad de todo el proceso de compra-venta y aplicación de estos productos altamente peligrosos.
El Iscamen ha desarrollado para este objetivo un Sistema Informático de Registro Obligatorio, por el cual las casas de venta de agroquímicos deben registrar el stock, compra-venta y el lugar de aplicación de los productos bandas roja, amarilla y azul, comercializados en Mendoza.
Toda venta que se realiza en una agroquímica mendocina requiere que el comprador presente el RUT o Registro Único de la propiedad rural, lo que permite determinar quién compra un agroquímico, qué compra, cuánto compra y dónde lo aplica. Este sistema informático es un avance importante hacia la trazabilidad y el registro de estos productos, a los que ahora se agrega el carbofuran granulado.
Carbofuran granulado es un producto banda amarilla (moderadamente peligroso) que fue oportunamente exceptuado por Senasa de la prohibición que recayó sobre las formulaciones líquidas de este producto.
Al no estar prohibido y ser utilizado en nuestra provincia, ya que no tiene sustitutos en las producciones locales de ajo y papa; el Iscamen busca mejorar los sistemas de contralor en cuanto a trazabilidad y registro de los aplicadores para este agroquímico y para los de banda roja. Para ello, es fundamental que el Sistema Informático de Registro Obligatorio, sea también la herramienta para garantizar la trazabilidad de los movimientos no solo de los registrantes, distribuidores y expendedores, sino también de los aplicadores que estarán en la base de datos del sistema, condición obligatoria para acceder a la compra del producto.
Procedimiento y actores intervinientes
Los laboratorios que registran productos de banda roja y carbofuran granulado deben presentar al Iscamen la documentación fehaciente de los volúmenes que ingresan a la provincia, la empresa transportista y los compradores del producto; sean estos distribuidores y/o comercios minoristas registrados en la provincia. La declaración jurada deberá ser cargada y enviada en forma digital a la oficina virtual de Iscamen, previa obtención de clave digital que brindará el organismo solicitud de la empresa vía correo electrónico. Esta declaración jurada debe ser enviada antes de 48 horas de ser transportado a nuestra provincia. La misma deberá indicar la empresa transportista, matrícula de máquina-acoplado y datos identificatorios del chofer que ingresará a Mendoza por los puestos de Barreras Sanitarias.
Asimismo se deberán registrar en el Registro de Aplicadores de Iscamen las personas físicas o jurídicas que sean usuarios y aplicadores tanto de carbofurán granulado como de productos banda roja. Esto es fundamental para minimizar el riesgo potencial, tanto para el aplicador como para el ambiente y los consumidores.
En este sentido la norma considera “Aplicador”a toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere al ambiente productos agroquímicos. El aplicador es el único responsable de la técnica de aplicación. Se considera “Usuario Responsable” a toda persona física o jurídica que tenga RUT o RENSPA y explote, en forma total o parcial, un cultivo con independencia del régimen de tenencia de la tierra. Es todo aquel que se beneficia con el empleo de un producto químico o biológico de uso agropecuario.
Las únicas personas físicas y/o jurídicas que podrán comprar el producto cuyo activo sea carbofuran formulado en gránulos, como también la compra de productos de banda roja, serán los registrados y habilitados en Iscamen como aplicadores y la aplicación se realizará en los cultivos permitidos; de no ser así se considerará un desvío de uso constituyéndose en una falta grave.
Los distribuidores, expendedores mayoristas y minoristas, deberán registrar el movimiento de estos productos ya sea compra, venta, devolución mediante remito y/o factura, en el Sistema Informático de Registro Obligatorio. La actualización del registro para el producto en cuestión será cada 7 días corridos.
La nueva normativa, que amplía el Sistema Informático de Registro de productos banda roja, azul y amarilla existente en la actualidad e incorpora la obligación de Registro para los aplicadores de estos productos, fue discutida recientemente en una reunión convocada por la Cámara Empresaria de Agroquímicos de Mendoza (CEAMEN). En la oportunidad, se trató además, la modificación realizada en la Cámara de Senadores de la provincia del artículo 13 de la Ley Provincial de Agroquímicos, referido a la receta agronómica.
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Mendoza: comunas rechazan actividad minera en sus zonas
Los jefes comunales también quieren zonificar la minería
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
Rechazan la actividad en sus propios departamentos pero abren la puerta a que se haga donde “haya licencia social”.
El viernes en Tunuyán, uno de los departamentos que más rechazan la minería, la Cámara de Comercio de ese departamento pidió “zonificar” el desarrollo de la minería. En un contexto de intentos de sesiones legislativas frustradas, manifestaciones de ambientalistas y promineros, la mirada está puesta ahora en los intendentes. La amplia mayoría de los consultados por Los Andes rechazan la actividad en su zona, pero también sostienen que se haga donde “haya licencia social”.
La tan pedida “convocatoria” del gobernador electo, Rodolfo Suárez, por parte del peronismo, otorga un rol importante a los jefes comunales (actuales y electos), quienes han tenido posturas diferentes respecto de qué debería ocurrir con la ley 7.722.
Por ejemplo, Fernando Ubieta (La Paz) se mostró en contra de las reformas a la ley, mientras que Roberto Righi y Flor Destéfanis (Santa Rosa) abrieron una puerta a la discusión sobre dónde se podría practicar minería y dónde no. Lo mismo pasó con Emir Félix (San Rafael), quien no dio más detalles, pero no se mostró concretamente en contra.
El lavallino sostuvo que “la falta de agua que hay en el Norte provincial ha hecho que cada vez tengamos menos para nuestra producción”, por lo que expresó que, “teniendo en cuenta el proyecto San Jorge (en Las Heras) en el nacimiento del río Mendoza, tengo que priorizar el agua”.
No obstante, destacó que se podría hacer minería “tal vez en otros departamentos donde hay menos actividad agrícola, como puede ser Malargüe, siempre y cuando tenga licencia social y haya controles sólidos y fiables, que hoy no tenemos”.
La santarrosina Destéfanis, por su parte, puso énfasis también en la crisis hídrica en su comuna y expresó que es necesario “defender el agua que llega a nuestros productores, y fortalecer una economía agrícolo-ganadera”.
Pero también abrió la puerta a la actividad en otros departamentos, precisamente en los que tienen consenso social. “Creemos que también se debe respetar esa postura, siempre y cuando se garantice el cuidado del medio ambiente y del recurso hídrico”.
Sin dar detalles, el sureño Félix aseguró que para opinar “hay que hacerlo sobre un proyecto concreto”.
Ubieta, intendente electo de La Paz, dijo que toda la provincia “está pasando por un momento crítico en lo que es disponibilidad de agua”.
“En una situación normal se podría dar la actividad minera y la agropecuaria, pero en escasez de agua no”, expresó, y además añadió que la minería “es una actividad riesgosa y se necesitan controles que muchas veces fallan en esta actividad”, completó.
Cambia Mendoza, en disidencia
Los jefes comunales del oficialismo provincial, al igual que el peronismo, tuvieron sus posturas diferentes respecto de la reforma o no de la 7.722.
Si bien varios opinaron en relación a este tema, es importante tener en cuenta qué piensa Daniel Orozco, intendente de Las Heras, ya que este departamento, junto con Malargüe, son los que efectivamente podrían tener explotaciones de minería metalífera, tal como sostuvo el subsecretario de Energía Emilio Guiñazú (ver aparte).
Sin embargo, a diferencia de la opinión de la mayor parte del arco radical, Orozco expresó, de manera tajante, que es un “militante del agua”, y que está “a favor de la ley y en contra de la modificación”.
Claramente en contraposición se manifestó Juan Ojeda, concejal de Malargüe que fue electo intendente y que asumirá en pocos días. “Estoy convencido de que tenemos que habilitar la explotación de minería en Mendoza, y para eso tenemos que reformar, derogar o plantear una nueva ley, que permita la actividad en donde haya licencia social”.
“Yo creo en una nueva ley. Malargüe tiene las posibilidades, sobre todo en capital social, ya que el departamento se formó siendo minero, pero desde 2007 se nos prohibió consolidarnos. Hay que hacer una ley superadora, que regule dónde sí y dónde no, y se tenga en cuenta una licencia social real, donde haya participación de los ciudadanos”, remató.
En contra se mostró Rolando Scanio, jefe comunal electo de San Carlos, quien también fue terminante en sus dichos, al decir que su postura es “no” a la modificación.
Walther Marcolini, de General Alvear, también defendió a la actual ley. “La ratificamos porque no es antiminera. Se puede practicar una actividad cumpliendo la ley, como el caso de Río Colorado, o Hierro Indio”, dijo.
Gustavo Soto, de Tupungato, opinó en contra de “posiciones fanáticas”. Apeló a “analizar las leyes. Donde se pueda hacer minería, con control y licencia social, que se discuta. En el Valle de Uco no se puede hacer minería a cielo abierto. Técnicamente es imposible. Además, no hay licencia social. Si en otros departamentos se dan las condiciones ¿por qué no hacerlo?”.
Por último, Sebastián Bragagnolo, intendente electo de Luján, consideró necesaria la ampliación de la matriz productiva “siempre y cuando se realice con una clara defensa del medio ambiente y el agua. Sobre todo con un control real y firme del Estado sobre la actividad minera”, finalizó.
“No llegaría a consumir el 1% del agua disponible”
El subsecretario de Energía, Guiñazú, quien fue confirmado en el gabinete de Suárez por el futuro ministro de Economía, Enrique Vaquié, se mostró optimista respecto de la discusión de la reforma de la ley 7.722 en la Legislatura, pese al fracaso en la sesión de la semana pasada.
En diálogo con Agenda Los Andes, por radio Jornada, destacó que la expectativa respecto de la posible aprobación de la reforma se dio “por cómo se habían manifestado Suárez y (Anabel) Fernández Sagasti en la campaña electoral, quienes hablaron de minería positivamente y con la necesidad de desarrollarla”.
El funcionario valoró el hecho que las principales cámaras empresariales del Valle de Uco dieran opción a una actitud más flexible, al estar de acuerdo en una “zonificación” de la actividad minera.
No obstante, dijo que “la resistencia en el Valle de Uco no se entiende”, al decir que no se podría hacer minería metalífera en esa zona.
“Hay un desconocimiento importante en torno a cómo se trabaja con la minería. Llevamos una década de campañas en contra de la actividad, diciendo que envenena el agua y rompe todo, lo que generó una desconfianza de la sociedad. Se muestra como una amenaza y es lógico que se reaccione con miedo”, acotó.
En este sentido, dijo que desde hace tiempo se está trabajando en “terminar con los mitos en contra de la minería”, y adelantó que el Ministerio abrirá un portal digital georreferenciado de minería y petróleo. Se podrá ver el mapa de Mendoza con los yacimientos y canteras, con toda la información de las mismas.
Respecto del uso del agua, Guiñazú sostuvo que “en el escenario más optimista y soñador de la minería, no llegaría a consumir el 1% del agua disponible en Mendoza, cuando en el agro se consume el 90% con sólo un 50% de eficiencia”.
“Casi 60% del agua de la provincia se pierde por ineficiencia en el sistema de riego. Si se abre paso a la minería, parte de las regalías irán a la tecnificación del riego agrícola”.
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Acampe en Mendoza contra el fracking
Continúan los acampes en la plaza San Martín contra el fracking
Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Como informó el diario de los sanrafaelinos, semana a semana se llevan adelante manifestaciones en contra del fracking y de la minería contaminante. En esta oportunidad, los manifestantes esperaban la asunción de los nuevos concejales ya que quieren que se trate la ordenanza contra esta práctica.
Mingo Basalvivaso y Alan Riquelme dialogaron con el móvil de FM Vos (94.5) y expresaron que el acampe que comenzó el jueves a las 18, tiene que ver con la permanente intención de “cuidar el agua” oponiéndose a la técnica del fracking. “La idea es dejarles un mensaje a los concejales que asumen y que los vecinos que pasan por la puerta de la municipalidad pueden verlo en una bandera, y es el pedido de que los nuevos funcionarios se declaren a favor del cuidado del agua, o que por lo menos manifiesten su postura fehacientemente, cuáles son las intenciones que traen en cuanto a la posible modificación a la Ley 7.722 que es la protectora del agua”, señaló Riquelme, quien recordó que desde hace ocho semanas están manifestándose en la misma plaza y que “ha habido un pequeño interés por parte del municipio, pero no el que la situación amerita”, pues pretenden –como vecinos– ser escuchados. A modo de ejemplo, dijo que la semana pasada estuvieron en la Legislatura de Mendoza, donde en el marco de la discusión sobre la modificación a la ley en cuestión, ingresaron al recinto empresarios mineros y no miembros de las asambleas que se oponen. “Toda la política está priorizando el discurso de la minería, hoy ninguno quiere cargar con el costo político que significa oponerse a regalar la provincia y el agua de la provincia a las mega-corporaciones dominantes”, añadió.
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Fecha de Publicación: 26/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Como informó el diario de los sanrafaelinos, semana a semana se llevan adelante manifestaciones en contra del fracking y de la minería contaminante. En esta oportunidad, los manifestantes esperaban la asunción de los nuevos concejales ya que quieren que se trate la ordenanza contra esta práctica.
Mingo Basalvivaso y Alan Riquelme dialogaron con el móvil de FM Vos (94.5) y expresaron que el acampe que comenzó el jueves a las 18, tiene que ver con la permanente intención de “cuidar el agua” oponiéndose a la técnica del fracking. “La idea es dejarles un mensaje a los concejales que asumen y que los vecinos que pasan por la puerta de la municipalidad pueden verlo en una bandera, y es el pedido de que los nuevos funcionarios se declaren a favor del cuidado del agua, o que por lo menos manifiesten su postura fehacientemente, cuáles son las intenciones que traen en cuanto a la posible modificación a la Ley 7.722 que es la protectora del agua”, señaló Riquelme, quien recordó que desde hace ocho semanas están manifestándose en la misma plaza y que “ha habido un pequeño interés por parte del municipio, pero no el que la situación amerita”, pues pretenden –como vecinos– ser escuchados. A modo de ejemplo, dijo que la semana pasada estuvieron en la Legislatura de Mendoza, donde en el marco de la discusión sobre la modificación a la ley en cuestión, ingresaron al recinto empresarios mineros y no miembros de las asambleas que se oponen. “Toda la política está priorizando el discurso de la minería, hoy ninguno quiere cargar con el costo político que significa oponerse a regalar la provincia y el agua de la provincia a las mega-corporaciones dominantes”, añadió.
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Represa de Portezuelo en pujas políticas
Ambiente no aprueba Portezuelo
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Fecha de Publicación: 25/11/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Mendoza - La Pampa
A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
.
A solo 20 días de dejar el gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri ordenó a sus colaboradores más directos que consigan la aprobación del informe ambiental del proyecto de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en provincia de Mendoza. El presidente debió involucrarse en persona, para favorecer a su aliado político Alfredo Cornejo, ante la negativa de los órganos técnicos a avalar un estudio que, tal como ha denunciado La Pampa, deja mucho que desear y lejos está de cumplir con las exigencias de un estudio hecho con seriedad para evaluar los posibles impactos ambientales de la represa y merituar planes de contingencia.
La novedad fue publicada ayer por el portal EconoJournal, un diario on-line especializado en Economía, energía y minería en un articulo titulado «Presión de Macri para aprobar el informe ambiental de Portezuelo del Viento».
Según el portal, la presión de Macri «busca cumplir con un compromiso asumido con el gobernador radical (de Mendoza), Alfredo Cornejo, presidente del comité nacional de la UCR y uno de los alfiles de la coalición Cambiemos».
El apuro de la Casa Rosada «generó resistencia en la Secretaría de Gobierno de Medio Ambiente que conduce Sergio Bergman», donde la línea técnica de la cartera ya le comunico a la Jefatura de Gabinete «que no firmarán el estudio de impacto ambiental de la obra porque consideran que falta documentación» y además, consideran que no corresponde el apuro cuando faltan pocos días para que asuman nuevas autoridades.
Auditoría pampeana.
Si bien el artículo no especifica a cuál de los dos estudios de impacto ambiental se refiere, la mención a «falta de documentación» remite al elaborado por las universidades de La Plata y del Litoral que contrató el comité de cuenca del río Colorado, Coirco, a pedido de La Pampa.
El otro EIA sobre la represa fue elaborado por la Universidad de Cuyo a pedido del gobierno de Mendoza y que se limitó al territorio de esa provincia, como si los impactos fueran a respetar límites políticos. Fue esa notoria falencia la que llevó a La Pampa a exigirle al comité de cuenca que en su rol de gestión de toda la cuenca, convocara la realización de un nuevo estudio, que se conoció como Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR).
Este segundo estudio fue auditado y severamente criticado por el gobierno de La Pampa merced al trabajo de un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa que a lo largo de todo 2018 y primeros meses de 2019 analizó en detalle cada párrafo de los informes parciales y del informe final que entregaron aquellas dos universidades.
Una de las objeciones fundamentales que señaló la UNLPam fue que las universidades contratadas no habían cumplido acabadamente con el trabajo que se le había encomendado y pagado, principalmente en cuanto a la calidad del trabajo, la profundidad, las tareas de campo y los informes prometidos.
Falta información.
En el mes de marzo, en la reunión ordinaria de Coirco, los representantes pampeanos entregaron en mano a las autoridades del comité de cuenca el voluminoso libro con las objeciones realizadas al EIAR y con ese fundamento se negaron a aprobar el informe final entregado por UNL-UNLP. Los representantes de las otras provincias, por el contrario, lo apoyaron aún sin haberlo leído en detalle.
Ahora, según se desprende del artículo de EconoJournal, los profesionales de la Secretaría de Medio Ambiente han sintonizado la misma frecuencia de La Pampa y se niegan a ponerle la firma al trabajo de aquellas dos universidades.
Según EconoJournal, es el secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, quien está llevando adelante el lobby en Buenos Aires en nombre del gobernador Cornejo. «El informe debe ser aprobado por los secretarios de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, Política Ambiental en Recursos Naturales y Control y Fiscalización, pero Bergman ya informó que no suscribirán la documentación», detalló el portal.
«Uno de los argumentos es que los términos de referencia establecen la presentación de una larga lista de requerimientos que todavía no fueron completados por la provincia -tal como señaló La Pampa-, pero, más allá de eso, no hay voluntad política de aprobar ese informe en medio de la transición porque consideran que debería ser el próximo gobierno el encargado de decidir».
La situación llegó al punto que el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, se involucró personalmente en el tema presionando a Bergman para que los funcionarios de Ambiente avalen la iniciativa.
La misma historia.
«Cuando el macrismo llegó al gobierno, se quejó porque el kirchnerismo había apurado la firma del informe ambiental de las represas de Santa Cruz justo antes de irse del poder», recordó EconoJournal en los párrafos finales de su artículo.
«De hecho, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Cristina Kirchner dejara la presidencia, la secretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz había aprobado la declaración de impacto ambiental y ese mismo día se había realizado la audiencia pública. Las desprolijidades de aquel proceso llevaron a la Corte Suprema a anular lo hecho en diciembre de 2016 y el gobierno de Macri debió llevar adelante otro estudio ambiental».
«Como en tantos otros temas, el presidente Mauricio Macri parece no haber aprendido de los errores del pasado, muchos de los cuales incluso cuestionó duramente, y ahora busca hacer lo mismo», concluyó.
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Lo que proponen para modificar la 7722 mendocina
Minería: la modificación de la ley 7.722 flexibiliza el uso de sustancias químicas
Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Fecha de Publicación: 22/11/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza
En almuerzo por el 69 aniversario de la creación de Malargüe, circuló el proyecto en el que trabaja el oficialismo.
Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. “Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles”, dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente “se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”. En cambio el texto nuevo establece el concepto, de “mezclas o soluciones de sustancias químicas”.
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: “Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra”.
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
“La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722”, lanzó.
“Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería”, expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
“Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección”, comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para “solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma”, reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
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Intentarán prohibir fumigaciones aéreas en Mendoza
Quieren prohibir la fumigación aérea con agroquímicos
Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Fecha de Publicación: 20/11/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
Un proyecto de ley busca prohibir la fumigación aérea de campos argumentando que, por las características de las áreas cultivadas en la provincia, los agroquímicos esparcidos por avionetas terminan afectando zonas pobladas.
La iniciativa, de reciente presentación, es del diputado provincial de Unidad Ciudadana Marcelo Aparicio, que explicó su idea en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael.
La idea, afirmó, “es cuidar la salud pública, es fundamental que desde el Estado hagamos todas las acciones para eso, estas aplicaciones aéreas tienen una gran cantidad de inconvenientes que no se ven en el corto plazo pero sí en el largo plazo. En un territorio como Mendoza, es de difícil eficacia porque las áreas cultivadas son pequeñas parcelas, no grandes superficies como en la Pampa húmeda”.
Añadió que “acá las chacras están rodeadas de árboles y tendido eléctrico, haciendo que las avionetas pasen a distancia más elevada. Además, tenemos dentro de las fincas muchas familias, escuelas, clubes, y cuando se rocía ese químico, también es esparcido sobre las casas de los contratistas, de los cuidadores, escuelas y cauces de agua”.
El legislador aseguró que este tipo de fumigación aérea se practica en Mendoza y que recientemente recibió un video al respecto. “Me mandaron una filmación donde pasaba la avioneta sobre una propiedad rural con plantaciones, una casa y trabajadores, y se ve claramente cómo la avioneta pasa y pulveriza la zona cultivada, a los trabajadores y a la casa”.
Apuntó al cuidado de la salud, ya que “muchas casas no tienen tapado el tanque de agua, creemos que hay métodos más eficaces. El Senasa nombra por menor cantidad de toxicidad a los productos químicos, hasta hace poco tiempo el glifosato era de banda verde y ahora ya sabemos que en muchos lugares está prohibido”.
Aparicio abogó por “métodos terrestres que son más eficaces”.
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Mendoza: fuerte presión lobista para reformar la 7722
Ley 7722: revive un debate clave en el momento menos pensado
Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Fecha de Publicación: 19/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
La ley 7722 es una de las más trascendentes de la historia reciente por el trayecto institucional que tuvo. Buscarán modificarla en un trámite exprés. Será una prueba de fuego para la política.
La ley 7722 es una de las normas que mayor tránsito institucional ha tenido en la historia reciente de Mendoza: se sancionó en la Legislatura como reemplazo de otra norma derogada, estuvo 10 años en la Suprema Corte donde se ratificó su vigencia y está citada como “dios y demonio” en mucha bibliografía. También es una de las más discutidas y, quizá, tomada como “chivo expiatorio” para simplificar algunos de los males de la economía mendocina.
La Legislatura apunta a ser nuevamente escenario político de esa discusión en un trámite exprés. Dos de los cambios que buscan es quitarle la exigencia de aprobación legislativa a los proyectos mineros metalíferos y “precisar” la prohibición de sustancias mencionadas en la norma.
El trámite puede ser rápido para aprovechar la inercia política y con la idea de acelerarlo antes del cambio legislativo en el que ingresarán algunos legisladores que pueden agitar el “no”, como Jorge Difonso (coautor de la ley hace 12 años). Pero el proceso comenzó hace tiempo con la “mesa de diálogo” minero donde hubo trabajo de base sin levantar el perfil. El propio Alfredo Cornejo evitó pronunciarse sobre el tema, mientras se maceraba la decisión internamente en el Gobierno.
En el medio, también voces disidentes internas se alejaron del Gobierno y se reenfocó la política ambiental y productiva. La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, tomó el rol de promotor “con controles” de actividades y la minería entró en el mismo plan. La foto tomada en la Legislatura del secretario de Ambiente Humberto Mingorance junto al dueño del proyecto Hierro Indio lo resume. Años atrás, había disputa entre las áreas de gobierno que promocionaban las actividades extractivas y quienes debían controlarlas.
La Legislatura tendrá días agitados, en un contexto agitado.
La reapertura del debate también trajo viejos fantasmas. Pero por las dudas, vale aclarar: la ley tiene legitimidad total. La intención de modificarla, también.
La historia
Primero fueron algunos cateos, incluso el vuelo de helicópteros para hacer trabajos técnicos de exploración que llamaron la atención de los pobladores de San Carlos. La búsqueda de cobre y oro llamó la atención. Eso generó reacciones en la comunidad que, tras protestas en las rutas y calles, tuvieron repercusión política.
Bajo la presión social se sancionó una norma que prohibía la minería. Julio Cobos la vetó. La presión siguió y de manera inmediata se sancionó la 7722. En el medio el Gobernador y su equipo tuvieron posiciones oscilantes: mientras promocionaban la provincia en Canadá para atraer inversiones, en el territorio prometían lo contrario.
La ley tiene dos claves. El artículo 1 prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos". Los cuestionamientos a ese artículo es que la prohibición es solo para la industria minera y la frase "otras sustancias", que deja abierto el abanico hasta "el infinito".
El artículo 3 de la ley establece que "para los proyectos de minería metalífera obtenidos las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley". Es decir el aval político de cualquier proceso. El Gobierno y parte de la oposición buscan acotar ese paso a los proyectos de explotación. Hasta ahora solo el proyecto Hierro Indio superó esa instancia.
La ley 7722 no prohíbe la minería, pero la restringe. Y le agrega control político a cada paso. Allí estuvo el principal filtro. Ocurrió con el proyecto San Jorge que, tras recibir muchas críticas técnicas y financieras, fue aprobado por el Poder Ejecutivo (con más de 100 recomendaciones), pero la Legislatura le bajó el pulgar de manera unánime. En la previa, por ejemplo, el recinto se colmó de manifestantes.
La 7722 fue recurrida en la Suprema Corte con 11 pedidos de inconstitucionalidad. La mayoría proveniente de empresas mineras, pero también de organizaciones profesionales. La sentencia se conoció tras una década de acumulación de testimonios, pruebas y aportes. Pero la resolución se dilató más por cuestiones políticas. La Corte, que es tiempista, esquivó una definición.
La Ley fue declarada constitucional y el fallo tiene mucha interpretación política también. Jorge Nanclares citó, por ejemplo, el 'Laudato si' del papa, las consecuencias de tragedias ambientales como las ocurridas en Mina Gerais, Brasil, entre otras. Aunque fue unánime la decisión de la Corte, el ministro Mario Adaro presentó disidencias parciales y abonó los argumentos que luego se transformaron en proyectos de ley para modificarla en cuanto al control legislativo de las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El abordaje legal reflejó cierta hipocresía en los gobiernos. Mientras los asesores legales oficiales defendían en la Corte la norma, en la vía política siempre la cuestionaron y querían cambiarla. No lo hacían por temor político. Ahora, Cornejo calculó los tiempos y busca “hacer el trabajo sucio” para Suarez. El Gobernador electo quiere impulsar la minería y para él la 7722 es un obstáculo. Tiene detrás suyo a todas las cámaras empresarias con las que había expresado su posición antes de las elecciones, de la misma manera que lo había hecho Anabel Fernández Sagasti.
Como dijimos en otros momentos, la decisión política no alcanza. Más allá de la reforma de esa norma, Mendoza y Argentina tienen una estructura de protección del ambiente que exige rigor. La Ley de Glaciares (que Cristina derogó primero y que Macri quiso modificar después), la ley 5961, la ley y el Plan de Ordenamieto Territorial, entre otros.
La provincia en particular tiene que “darle músculo”, recursos y poder a los organismos que tienen que controlar como la Dirección de Minería, la Dirección de Protección Ambiental, la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Departamento General de Irrigación y hasta las municipalidades.
Mendoza tiene una larga trayectoria en defensa del ambiente. Por parte de organismos científicos, como el Iadiza y el Ianigla, como por parte del tercer sector. Es un valor agregado tangible: esa participación ha mejorado a la provincia.
El debate por la minería en Mendoza tiene que despojarse, como dijimos antes, de fantasmas y promesas mágicas. Ni oposición tozuda sin solidez, ni promesas de desarrollo a cualquier precio.
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Impulsarán la modificación de la Ley 7722 mendocina
La minería y un posible cambio de era en Mendoza
Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros, un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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Fecha de Publicación: 15/11/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Rodolfo Suarez impulsará la modificación de la Ley 7722 que desde hace más de una década impuso restricciones muy fuertes a la actividad en la provincia. Las conversaciones ya comenzaron en la Legislatura y se espera una resistencia fuerte de diputados y senadores del Valle de Uco. Potasio Río Colorado es el otro puntal: el futuro gobierno buscó en China quien invierta U$S 1.500 millones, necesarios para reabrir un proyecto que mueve la aguja de la economía.
Más de una década debió pasar para que en Mendoza se vuelva a plantear, en esta oportunidad como salida a la crisis económica, la alternativa de desarrollar la minería a gran escala.
Luego de un largo tiempo de imperio de la ley 7722 (que estableció en 2007 restricciones fuertes para el desarrollo de la actividad en la provincia) un cambio de era aparentemente se aproxima impulsado por Rodolfo Suarez.
En su etapa de candidato, el gobernador electo mostró su plan para apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes para diversificar la economía: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería y usarlos de motores para generar trabajo y riqueza.
En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso que consiste en aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.
Algo de este plan ya se comenzó a gestar estos últimos días en China, como parte de la gira que el gobierno de Mendoza encaró nuevamente por ese país y en la que, ademas de Suarez, participó también el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner.
Una de los asuntos que en ese país se manejaron, fue la reactivación de lo que en su momento fue Potasio Río Colorado. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores brasileros de Vale, quienes habían dejado intacta una inversión de más de U$S 2.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.
Desde hace meses, la administración de Alfredo Cornejo viene negociando la salida de los brasileros a través de un acuerdo que abarca la alternativa del retiro de los privados para que el Estado se haga cargo de la mina.
Esa negociación está en una etapa de auditoría y en un plazo de 90 días (que ya están corriendo) se podría terminar firmando un contrato para el traspaso de las acciones por parte de los privados a la provincia.
Cuando Vale se fue hace seis años, el impacto negativo fue fenomenal en la economía mendocina. La caída del proyecto movió fuerte la aguja y tuvo, entre otros, un efecto en los índices de empleo mendocino.
Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la provincia precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.
Con mucho sigilo, Kerchner viene tejiendo con inversores chinos la reactivación de la mina y Mendoza ya tiene firmado con uno de ellos un acuerdo que quedó sujeto a la confidencialidad de las partes.
En este punto, hay un interesado visible que es el Instituto de Investigación en Minería de Potasio de Shangai (Shanghai Potash), aunque se menciona que existirían al menos dos posibles inversores más a nivel internacional.
Los chinos tienen la mirada sobre el yacimiento de minerales malargüino (utilizados como fertilizante) porque su propia producción no les alcanza para cubrir la demanda.
En China se consumen en la actualidad 17 millones de toneladas de sales de potasio, pero ese país alcanza a producir 10 millones de toneladas y el resto lo importa. El proyecto original de los brasileros de Vale fue producir en Mendoza 4 millones de toneladas, después se achicó a 1 millón de toneladas y ahora lo que se está analizando es establecer una planta piloto para producir 200.000 toneladas.
El problema no es solo la inversión requerida, que ronda los U$S1.500 millones. Sino que dese hace varios años (y en la actualidad) las sales de potasio han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.
Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.
Pero más allá de lo que suceda en Malargüe con las sales de potasio, el cambio de época se dará si Suarez consigue avanzar con lo que ya anticipó en la campaña: modificar la ley 7722.
En este punto, el gobernador que viene tiene una postura que no dista mucho del que se va. Pero con una diferencia: Cornejo no quiso abrir el debate pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para él discutir esa ley, cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en en 2017, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Cuando un intento por cambiar la norma avanzó el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Pero nunca terminó de respaldarlo del todo.
Aquella iniciativa fue del senador kirchnerista Alejandro Abraham, aunque también ya existía otra presentada por el exintendente de Malargüe, Juan Agulles, quien desde hace años viene insistiendo con la misma modificación.
Lo que se pretende discutir son dos cambios clave. El más trascendente, es que se propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Y el otro aspecto es el que más controversia generó. Si bien se mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del anterior que añadía "y otras sustancias similares", lo que amplía el espectro de recursos químicos a utilizar. Entre ellos, el xantato que es utilizado para los procesos de lixiviación.
Algo hay que mencionar en ese proceso discusión. Está claro que las modificaciones no prosperaron, pero es cierto también que tampoco antes el debate legislativo por este tema había avanzado tan lejos.
Algunas conversaciones en los pasillos legislativos ya han comenzado entre el oficialismo y la oposición para intentar avanzar, por caso, en la unificación de los dos proyectos ya presentados para eventualmente comenzar a discutirlos en comisiones.
Pero no será sencillo. Por un lado, representantes de sectores vinculados al cuidado del ambiente ya comenzaron a alzar su voz en contra de los cambios a la ley. Uno de ellos fue Eduardo Sosa, de la organización ecologista OIKOS y exsecretario de Ambiente, quien alertó a través de una nota de opinión publicada el miércoles que no respaldará modificaciones a la 7722 porque, según dijo, “la ley sirve, solo hay que aplicarla”.
La reacción del ambientalista fue el correlato de la aprobación, el martes, del proyecto de Hierro Indio en el Senado. Allí, se tomó nota de otra realidad: la senadora tunuyanina del PJ, Patricia Fadel, junto a otros tres legisladores del PJ, se abstuvieron de votar en favor del nuevo proyecto minero. El Valle de Uco aportará más resistencia al debate seguramente. Con el recambio que llegará en diciembre, ingresará a Diputados Jorge Difonso, actual intendente de San Carlos y principal impulsor de la 7722 cuando se sancionó hace doce años.
El nivel de las protestas que habitualmente surgen desde esa zona de la provincia por este tema fue muy acotado el año pasado, sin embargo. Y, salvo un cruce muy virulento registrado en el comienzo del debate entre un legislador y el representante de la Cámara minera, prácticamente todas las audiencias legislativas transcurrieron con relativa normalidad.
En definitiva: por primera vez en mucho tiempo, ante un escenario muy complejo como siempre fue la discusión por la minería, se buscó salir con conversación política y con las alternativas que cada sector propuso para resolver el problema y cada uno escuchó lo que el otro tenía para decir. Ese es el clima que apunta a instalar nuevamente Suarez.
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