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Rooney de la Alumbrera será procesado
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Minera Alumbrera: se confirmó el procesamiento del CEO por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Fecha de Publicación: 10/12/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Tucumán - Catamarca
Se indagará, además, al representante legal de la firma y se dispuso la profundización de la pesquisa al ex videpresidente de la empresa
La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento del ingeniero Raúl Pedro Mentz –CEO de Minera Alumbrera Ltda-, revocó el sobreseimiento de Julián Patricio Rooney –ex gerente Comercial, Legal y de Asuntos Corporativos y Vicepresidente de la firma- y profundizó la pesquisa en su contra.
Asimismo, dispuso citar a indagatoria al representante legal de la empresa –Michael Harvy Lou Holmes- en la investigación por contaminación de efluentes con cobre.
La medida se condice con las apelaciones impuestas por la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a cargo de Antonio Gustavo Gómez, y las querellas presentadas por Ana Loto y la “Asociación Civil Pro Eco”.
Las medidas legales comenzaron en mayo de 1999. En aquel momento, un investigador del Instituto Miguel Lillo denunció ante la policía haber detectado contaminación en la localidad de Ranchillos, ubicada al este de la provincia de Tucumán. La polución provenía del vertido de efluentes que provenían de la Planta de Secado de la Minera Alumbrera Limited.
Se realizaron análisis sobre muestras de agua tomadas de la zona, que mostraron presencia de cobre y sulfatos en el curso acuífero. La gravedad del asunto se encuentra en que superan los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Tóxicos.
Rooney fue indagado sobre este tema en febrero de 2005. Explicó que se desempeñaba como gerente comercial, legal y de asuntos corporativos de la sociedad, que opera a través de una sucursal en nuestro país. Por eso, no tiene directorio constituído en Argentina. Sin embargo, en 2008 la Cámara Federal de Apelaciones dispuso su procesamiento e indicó la extracción de nuevas muestras de los efluentes líquidos emanados por la planta de Ranchillos.
Los estudios efectuados al respecto por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) CONICET-UBA señalaron que “los valores de cobre exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. Los efectos negativos del cobre para la salud pública (efectos gastrointestinales) son probables a largo plazo dada la capacidad de ese metal de bioacumularse tanto a peces como en los humanos que consumen la fauna acuática”.
El año pasado, el titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, citó a Mentz, Holmes y Rooney para que sean indagados. Luego, resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por la defensa de Mentz, procesarlo como autor del delito de contaminación –en los términos de los artículos 55 y 57 de la Ley N°24.051 de Residuos Peligrosos- y trabarle embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 1 millón de pesos.
El presidente de la “Asociación Civil Pro Eco”, Alfredo Carbonel, por su parte, señaló que el juez no tuvo en cuenta la existencia de “elementos de convicción suficientes para considerar que Julián tenía el suficiente poder de decisión como para quedar encuadrado en las previsiones del art.57 de la Ley 24.057”.
Del mismo modo, indicó que “si bien Mentz, por el cargo de gerente que ejercía tiene un margen amplio de responsabilidad en el hecho, éste se debía a un superior en jerarquía que, según las constancias de autos, sería el cargo gerencial que al año 2011 era ejercido por el Sr. Holmes, y en el año 2012 –con posterioridad a la última toma de muestras- por el propio Mentz, pareciendo poco creíble que la comisión de un delito de semejante magnitud pueda haber pasado desapercibido para los superiores de la misma firma, de manera tal como para desligarlos de responsabilidad”.
Por otra parte, y en relación a Holmes, el representante del Ministerio Público Fiscal consignó que “éste conoce la actividad minera, sabe de su funcionamiento, sus mecanismos y consecuencias, tiene responsabilidad en la toma de decisiones, no podía desconocer la importancia del cuidado del ambiente, las técnicas para mitigar su impacto y los costos que ello representaba, por lo que corresponde que sea citado a prestar declaración indagatoria”.
Finalmente, los defensores de Mentz y Rooney recurrieron la decisión y explicaron que “la descarga de la Planta de Filtros de Ranchillos de Minera Alumbrera cumple con los estándares del Código Alimentario Argentino y de la Organización Mundial de la Salud en general y en especial respecto al cobre” .
También sostuvieron que “la descarga de MAA está autorizada por las áreas del Estado, no es residuo de acuerdo a la normativa aplicable, no es tóxica, no es peligrosa –menos aún para la salud humana-, y no genera ni incrementa riesgo alguno, por lo que no encuadra en la figura penal prevista por el art. 55 de la ley 24.051 ni en ninguna otra prevista por nuestro ordenamiento jurídico”.
Los jueces de la Cámara –Ricardo Sanjuan, Ernesto Wayar y Marina Cossio- examinaron la cuestión y resolvieron no hacer lugar al planteo de nulidad postulado por la defensa. Además, confirmaron parcialmente el procesamiento del ingeniero Mentz y redujeron el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos. Revocaron, también, el sobreseimiento de Rooney, profundizaron la pesquisa en su contra y, por último, citaron a indagatoria a Holmes.
Así, basados en los elementos de prueba que se han incorporado en la investigación, los magistrados consideraron “que se encontraría acreditada la contaminación ambiental producida por la planta de filtros ‘Cruz del Norte’, perteneciente a ‘Minera Alumbrera Limited’.
Los camaristas hicieron hincapié en que “corresponde poner de resalto la responsabilidad de aquellas personas que son las que verdaderamente conducen y deciden el accionar de la persona jurídica, porque de otra manera caeríamos en una solución injusta y antojadiza de considerar como únicos responsables de la contaminación ambiental a los dependientes de menor rango en la estructura de la empresa –los operarios-, quedando impunes los directivos y aquellas personas que tienen amplia injerencia en todo el accionar de la firma, como es el caso de Rooney, quien se encontraba a cargo del manejo de todas las cuestiones legales y financieras”.
La conclusión a la que arribaron, entonces, fue que “la conducta de Rooney encuadra dentro de las previsiones del art.57 de la Ley 24.051, lo cual conlleva la presunta responsabilidad del nombrado en orden al delito de contaminación ambiental previsto por el art. 55 ley 24.051, habiendo intervenido en el hecho en calidad de partícipe necesario”.
Los jueces Sanjuan, Wayar y Cossio confirmaron el procesamiento porque “Mentz ejercía un dominio material de la acción y que poseía el conocimiento específico del tipo de contaminantes que arrojaba la empresa y con qué parámetros, encontrándose en la posición de garante respecto de los procesos de tratamiento de efluentes para que estos se encuentren por debajo de los niveles de contaminación permitidos y no produzcan riesgo a la salud humana”.
Respecto a Holmes, los camaristas consideraron que éste debía ser indagado, ya que se desempeñó como representante legal de la empresa y, por ende, “debía conocer a la perfección cómo se desarrollaba la actividad minera".
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Tucumán
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Glencore, La Alumbrera y los Paradise Papers
Glencore montó una red offshore para operar la mina de oro La Alumbrera
Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La multinacional, que enfrenta denuncias por contaminación y evasión, colocó sus inversiones a través de sociedades en Caimán y Bermudas
La multinacional Glencore utiliza dos redes de sociedades offshore para desarrollar sus millonarias operaciones comerciales en la Argentina, según se desprende de los Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que participa LA NACION.
Glencore montó esas redes en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y en las Islas Caimán. Allí creó seis sociedades que agrupan sus operaciones en la Argentina, donde afrontó cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión de impuestos y por las deficiencias de su política ambiental en la extracción de oro de la minera de La Alumbrera.
La multinacional compró el 50% de esa minera, en la provincia de Catamarca, por casi U$ 3000 millones en 2013, para extraer oro y cobre, uno de los negocios más importantes que tiene en el país, aunque la compañía informó este domingo que cesará sus operaciones en junio de 2018.
Según surge de los Paradise Papers, Glencore concretó esa compra del 50% con la intermediación de la primera red de sociedades offshore: Glencore SA Holdings Limited (en las islas Bermudas) y Glencore South America Limited (en las islas Caimán). El 50% restante pertenece a las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold, con 37,5% y 12,5% respectivamente.
La Alumbrera representó un negocio turbulento para Glencore. Por un lado, en julio de este año, la Cámara Federal de Tucumán aceptó una medida cautelar y ordenó la "suspensión inmediata" de la extracción de oro ante las sospechas de contaminación, aunque la orden quedó sin efecto pocas semanas después. Por otro, afrontó varias las acusaciones sobre presunta evasión.
Así, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán denunció a La Alumbrera por el presunto ocultamiento de ganancias en 2010. Cinco años después, Glencore informó que pagó cerca de US$ 525 millones en la Argentina. Pero según Resource Project, una base de datos de código abierto sobre proyectos de petróleo, gas y minería que se nutre de datos oficiales, los pagos de Glencore PLC a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superó los US$ 45 millones entre regalías e impuestos.
En la misma línea, la Secretaría de Minería de Catamarca también acusó a Glencore de no cumplir con el pago de la totalidad de las regalías por la explotación de la mina, según se informó en el Boletín Oficial de esa provincia del 6 de mayo de 2016. La empresa rechazó el reclamo y el proceso iniciado por presunta evasión fiscal aún no concluyó.
(Consultada para esta nota sobre su operatoria offshore, en tanto, Clencore Argentina no hizo comentarios).
Todo el entramado offshore de Glencore es, en sí, complejo y su difusión con los "Paradise Papers" levantó controversias en distintas partes del mundo. Entre otras, salieron a la luz supuestas evasiones en Colombia y Burkina Faso, el desarrollo de una flota naviera "fantasma" para operar con Irán y la cuestionada forma en que desarrolló un proyecto minero, de la mano de un cuestionado intermediario israelí, en la República Democrática del Congo.
El origen mismo de Glencore fue turbulento. Durante sus primeros años se llamó Marc Rich & Co., en honor a su fundador, que por largo tiempo figuró entre "los más buscados" del FBI hasta que Bill Clinton lo indultó en 2001, en su último día como presidente de Estados Unidos.
Pero aquel origen no impidió su expansión. Considerada hoy la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global, se apoyó para desarrollar todas sus operaciones en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más importantes y exclusivos para la creación y administración de entramados offshore.
Tal fue la importancia que adquirió Glencore para Appleby como cliente, que el estudio reservó una sala completa en sus oficinas de las islas Bermudas para gestionar sus operaciones. En total, los abogados de Appleby administraron 107 firmas offshore de la multinacional.
La segunda red offshore
En la Argentina, mientras tanto, Glencore también utilizó una segunda red de sociedades offshores para la explotación de El Pachón, un yacimiento de cobre. La mina está controlada por Glencore El Pachón Limited (de las islas Bermudas), que a su vez es controlada por Glencore Holdings (también de las islas Bermudas). La multinacional recibe distintos beneficios para operar este proyecto, como por ejemplo, al pagar impuestos por un 25% de las exportaciones declaradas.
La multinacional también controla desde 2005 la empresa Ar Zinc SA (ex Sulfacid), la única productora de zinc electrolítico en la Argentina, cuyo polo de producción están en las afueras de Rosario. Y la compra de esa empresa fue a través de la offshore Glencore Finance Ltd (al igual que las anteriores offshore, de las islas Bermudas). La empresa, que contaba con 400 empleados, cerró el año pasado.
Sin embargo, allí no se acaban los negocios de Glencore en la Argentina, aunque no vinculados con la minería, que también opera a través de paraísos fiscales. Entre ellas, Oleaginosa Moreno (en la ciudad de Bahía Blanca) y Molino Libres (en la provincia de Corrientes), que son controlados también desde las islas Bermudas.
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Fecha de Publicación: 10/11/2017
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La multinacional, que enfrenta denuncias por contaminación y evasión, colocó sus inversiones a través de sociedades en Caimán y Bermudas
La multinacional Glencore utiliza dos redes de sociedades offshore para desarrollar sus millonarias operaciones comerciales en la Argentina, según se desprende de los Paradise Papers, una investigación global impulsada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, de la que participa LA NACION.
Glencore montó esas redes en los paraísos fiscales de las islas Bermudas y en las Islas Caimán. Allí creó seis sociedades que agrupan sus operaciones en la Argentina, donde afrontó cuestionamientos judiciales y sociales por la presunta evasión de impuestos y por las deficiencias de su política ambiental en la extracción de oro de la minera de La Alumbrera.
La multinacional compró el 50% de esa minera, en la provincia de Catamarca, por casi U$ 3000 millones en 2013, para extraer oro y cobre, uno de los negocios más importantes que tiene en el país, aunque la compañía informó este domingo que cesará sus operaciones en junio de 2018.
Según surge de los Paradise Papers, Glencore concretó esa compra del 50% con la intermediación de la primera red de sociedades offshore: Glencore SA Holdings Limited (en las islas Bermudas) y Glencore South America Limited (en las islas Caimán). El 50% restante pertenece a las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold, con 37,5% y 12,5% respectivamente.
La Alumbrera representó un negocio turbulento para Glencore. Por un lado, en julio de este año, la Cámara Federal de Tucumán aceptó una medida cautelar y ordenó la "suspensión inmediata" de la extracción de oro ante las sospechas de contaminación, aunque la orden quedó sin efecto pocas semanas después. Por otro, afrontó varias las acusaciones sobre presunta evasión.
Así, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán denunció a La Alumbrera por el presunto ocultamiento de ganancias en 2010. Cinco años después, Glencore informó que pagó cerca de US$ 525 millones en la Argentina. Pero según Resource Project, una base de datos de código abierto sobre proyectos de petróleo, gas y minería que se nutre de datos oficiales, los pagos de Glencore PLC a los gobiernos provinciales y nacional para fines de 2015 y de 2016 apenas superó los US$ 45 millones entre regalías e impuestos.
En la misma línea, la Secretaría de Minería de Catamarca también acusó a Glencore de no cumplir con el pago de la totalidad de las regalías por la explotación de la mina, según se informó en el Boletín Oficial de esa provincia del 6 de mayo de 2016. La empresa rechazó el reclamo y el proceso iniciado por presunta evasión fiscal aún no concluyó.
(Consultada para esta nota sobre su operatoria offshore, en tanto, Clencore Argentina no hizo comentarios).
Todo el entramado offshore de Glencore es, en sí, complejo y su difusión con los "Paradise Papers" levantó controversias en distintas partes del mundo. Entre otras, salieron a la luz supuestas evasiones en Colombia y Burkina Faso, el desarrollo de una flota naviera "fantasma" para operar con Irán y la cuestionada forma en que desarrolló un proyecto minero, de la mano de un cuestionado intermediario israelí, en la República Democrática del Congo.
El origen mismo de Glencore fue turbulento. Durante sus primeros años se llamó Marc Rich & Co., en honor a su fundador, que por largo tiempo figuró entre "los más buscados" del FBI hasta que Bill Clinton lo indultó en 2001, en su último día como presidente de Estados Unidos.
Pero aquel origen no impidió su expansión. Considerada hoy la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global, se apoyó para desarrollar todas sus operaciones en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más importantes y exclusivos para la creación y administración de entramados offshore.
Tal fue la importancia que adquirió Glencore para Appleby como cliente, que el estudio reservó una sala completa en sus oficinas de las islas Bermudas para gestionar sus operaciones. En total, los abogados de Appleby administraron 107 firmas offshore de la multinacional.
La segunda red offshore
En la Argentina, mientras tanto, Glencore también utilizó una segunda red de sociedades offshores para la explotación de El Pachón, un yacimiento de cobre. La mina está controlada por Glencore El Pachón Limited (de las islas Bermudas), que a su vez es controlada por Glencore Holdings (también de las islas Bermudas). La multinacional recibe distintos beneficios para operar este proyecto, como por ejemplo, al pagar impuestos por un 25% de las exportaciones declaradas.
La multinacional también controla desde 2005 la empresa Ar Zinc SA (ex Sulfacid), la única productora de zinc electrolítico en la Argentina, cuyo polo de producción están en las afueras de Rosario. Y la compra de esa empresa fue a través de la offshore Glencore Finance Ltd (al igual que las anteriores offshore, de las islas Bermudas). La empresa, que contaba con 400 empleados, cerró el año pasado.
Sin embargo, allí no se acaban los negocios de Glencore en la Argentina, aunque no vinculados con la minería, que también opera a través de paraísos fiscales. Entre ellas, Oleaginosa Moreno (en la ciudad de Bahía Blanca) y Molino Libres (en la provincia de Corrientes), que son controlados también desde las islas Bermudas.
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Alumbrera: la reactivación queda entre la familia
El Juez concuñado de la Gobernadora que reactivó Alumbrera
Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: El Intrasigente
Provincia/Región: Catamarca
El juez federal que dejó sin efecto la suspensión de actividades en Alumbrera es cuñado del esposo de Corpacci
El juez Ricardo Moreno emitió una polémica resolución y dejó sin efecto el pedido de la Cámara Federal de Tucumán de suspender las actividades mineras en Alumbrera y autorizó a la empresa operadora Glencore a reanudar las tareas en la mina. Al margen de las incoherencias de los fundamentos para decidir lo contrario a la Cámara ¿tendrá en este caso importancia también que el juez Moreno sea el cuñado del esposo de la gobernadora, Lucía Corpacci? ¿Conoce de estos vínculos la Cámara Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El parentesco y los lazos familiares entre el Poder Político y el Poder Judicial en Catamarca no están ayudando en la transparencia de la política minera y medioambiental.
Decisiones que se toman en la mesa de un domingo en familia
¿Cómo viene la mano? Ángel Mercado, sobrino del extinto Armando "Bombón” Mercado (ex marido de Alicia Kichner) es el actual esposo de la Gobernadora, Lucía Corpacci. Una hermana de Ángel está casada con el doctor Moreno, de manera que el Juez Federal y el marido de la Primera mandataria son cuñados, por lo tanto su concuñada. Con esta relación tan cercana, el Poder Político de turno y la Justicia Federal de Catamarca parece que pueden hablar y resolver problemas como el levantamiento de la suspensión de Alumbrera en una mesa de domingo en familia.
Las pericias inútiles y la contradicción del Juez Moreno
El Juez Federal de Catamarca se extralimita (tal vez porque es subrogante y se le acaba el próximo 30 de noviembre) y no es coherente en sus argumentos. Además, de levantar la suspensión de las actividades en Alumbrera porque "consideró que el Estado cumplió con los controles ambientales y que la empresa presentó pruebas suficientes para acreditar la contratación del seguro ambiental”, Moreno dispuso la designación de personal técnico de Gendarmería a los efectos tomar muestras para hacer pericias in situ. Con el debido respeto Señor Juez, no hay que "comprobar” contaminación pues consta en la documentación de la época a la que se refiere la denuncia (ver expedientes en la Secretaría de Minería). A varios años de producido el incidente ambiental reconocido por la propia empresa, las nuevas pericias no van a encontrar nada (ya debería estar todo controlado). Otra cosa es el "alcance” del daño ambiental sufrido oportunamente por los denunciantes al punto tal que -según dice en la denuncia la familia Cruz- tuvieron que mudarse, entre otras consecuencias de convivir con la minera en el lugar. Lo que exige esta familiar es resarcimiento económico. ¿Por qué no lo cubre la empresa? No es una cuestión económica obviamente, supone hablar de daño ambiental, ¿eh aquí el verdadero problema de la empresa? ¿No quiere reconocer DAÑO AMBIENTAL alguno?
El esposo de Corpacci es director de YMAD y Micone ex empleado de Alumbrera
Repasemos y sumemos un par de datos más. El Juez Moreno es cuñado de Mercado. Mercado es el esposo de la Gobernadora.
A su vez el marido de Corpacci es director de YMAD.
Glencore operadora de Alumbrera es socia de YMAD que es la dueña de la mina, por lo tanto también del Gobierno de la provincia, cuya administración está a cargo de la esposa de Mercado.
Como si fuera poco el embrollo, el secretario de Minería, Rodolfo Micone es un ex empleado de Alumbrera.
Así podríamos seguir todo el día mencionando lazos sanguíneos y familiares en ámbitos donde se juega la salud y el futuro de los catamarqueños (atravesado de negocios e intereses personales y partidarios).
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Fecha de Publicación: 02/08/2017
Fuente: El Intrasigente
Provincia/Región: Catamarca
El juez federal que dejó sin efecto la suspensión de actividades en Alumbrera es cuñado del esposo de Corpacci
El juez Ricardo Moreno emitió una polémica resolución y dejó sin efecto el pedido de la Cámara Federal de Tucumán de suspender las actividades mineras en Alumbrera y autorizó a la empresa operadora Glencore a reanudar las tareas en la mina. Al margen de las incoherencias de los fundamentos para decidir lo contrario a la Cámara ¿tendrá en este caso importancia también que el juez Moreno sea el cuñado del esposo de la gobernadora, Lucía Corpacci? ¿Conoce de estos vínculos la Cámara Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación? El parentesco y los lazos familiares entre el Poder Político y el Poder Judicial en Catamarca no están ayudando en la transparencia de la política minera y medioambiental.
Decisiones que se toman en la mesa de un domingo en familia
¿Cómo viene la mano? Ángel Mercado, sobrino del extinto Armando "Bombón” Mercado (ex marido de Alicia Kichner) es el actual esposo de la Gobernadora, Lucía Corpacci. Una hermana de Ángel está casada con el doctor Moreno, de manera que el Juez Federal y el marido de la Primera mandataria son cuñados, por lo tanto su concuñada. Con esta relación tan cercana, el Poder Político de turno y la Justicia Federal de Catamarca parece que pueden hablar y resolver problemas como el levantamiento de la suspensión de Alumbrera en una mesa de domingo en familia.
Las pericias inútiles y la contradicción del Juez Moreno
El Juez Federal de Catamarca se extralimita (tal vez porque es subrogante y se le acaba el próximo 30 de noviembre) y no es coherente en sus argumentos. Además, de levantar la suspensión de las actividades en Alumbrera porque "consideró que el Estado cumplió con los controles ambientales y que la empresa presentó pruebas suficientes para acreditar la contratación del seguro ambiental”, Moreno dispuso la designación de personal técnico de Gendarmería a los efectos tomar muestras para hacer pericias in situ. Con el debido respeto Señor Juez, no hay que "comprobar” contaminación pues consta en la documentación de la época a la que se refiere la denuncia (ver expedientes en la Secretaría de Minería). A varios años de producido el incidente ambiental reconocido por la propia empresa, las nuevas pericias no van a encontrar nada (ya debería estar todo controlado). Otra cosa es el "alcance” del daño ambiental sufrido oportunamente por los denunciantes al punto tal que -según dice en la denuncia la familia Cruz- tuvieron que mudarse, entre otras consecuencias de convivir con la minera en el lugar. Lo que exige esta familiar es resarcimiento económico. ¿Por qué no lo cubre la empresa? No es una cuestión económica obviamente, supone hablar de daño ambiental, ¿eh aquí el verdadero problema de la empresa? ¿No quiere reconocer DAÑO AMBIENTAL alguno?
El esposo de Corpacci es director de YMAD y Micone ex empleado de Alumbrera
Repasemos y sumemos un par de datos más. El Juez Moreno es cuñado de Mercado. Mercado es el esposo de la Gobernadora.
A su vez el marido de Corpacci es director de YMAD.
Glencore operadora de Alumbrera es socia de YMAD que es la dueña de la mina, por lo tanto también del Gobierno de la provincia, cuya administración está a cargo de la esposa de Mercado.
Como si fuera poco el embrollo, el secretario de Minería, Rodolfo Micone es un ex empleado de Alumbrera.
Así podríamos seguir todo el día mencionando lazos sanguíneos y familiares en ámbitos donde se juega la salud y el futuro de los catamarqueños (atravesado de negocios e intereses personales y partidarios).
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Alumbrera beneficiada por un juez de Catamarca
Un juez de Catamarca levantó cautelar y permitió la operación de la mina Bajo de la Alumbrera
Fecha de Publicación: 31/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Catamarca
Un juez federal catamarqueño dejó "sin efecto el pedido de suspensión inmediato" de actividad minera en los yacimientos Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno dispuesto por la Cámara Federal de Tucumán, al hacer lugar a un reclamo presentado por Minera Alumbrera Limited Sucursal Argentina y la provincia de Catamarca, dijeron hoy fuentes judiciales.
Así lo dispuso el juez federal subrogante Ricardo Antonio Moreno, en un fallo al que tuvo acceso Télam en el que dio por acreditados los requerimientos dispuestos por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Tucumán, mediante la sentencia del 10 de julio en que dispuso la paralización de las minas concesionadas por la compañía Minera Alumbrera Limited e Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD).
Fuentes judiciales explicaron a Télam que si bien la suspensión fue dispuesta por un tribunal superior, como lo es la Cámara Federal de Tucumán, un juez de primera instancia puede entender y disponer el pedido de levantamiento de la medida en caso de que los peticionantes aporten pruebas fehacientes que no hayan estado oportunamente en conocimiento de la justicia con anterioridad.
También planteó que si la medida cautelar otorgada estaba condicionada a la contratación de un seguro de caución, "surge de la documentación analizada que dicha exigencia fue cumplida y se hace procedente el levantamiento de la medida cautelar" solicitada por la empresa y la provincia.
Sobre la exigencia del tribunal de realizar un informe pericial in situ para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente planteado en el fallo original, el juez Moreno ordenó la "inmediata designación de personal técnico de la Gendarmería Nacional Argentina, a efectos de la toma de muestras para la realización de la pericia".
Ese paso pericial deberá contar "con el debido control de partes, la que debe realizarse en un término de veinte días, de acuerdo a los puntos de pericia a determinarse" por el juzgado catamarqueño en torno a las operaciones de las minas de cobre, oro y molibdeno ubicadas en Andalgalá.
El tribunal tucumano había ordenado el 10 de julio la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se volviera a tratar el expediente de la ley de ambiente y de nuevos estudios ambientales que se habían incorporado en la causa y que no considerados en instancias inferiores.
Pero esa medida recién se pudo cumplir 15 días después cuando la empresa fue notificada y la Secretaría de Minería catamarqueña envió al personal técnico de Policía Minera y de Gestión Ambiental para constatar el cierre temporario.
En sus fundamentos, el juez catamarqueño se refirió a la temporalidad del fallo al entender que "la medida precautoria se tomó teniendo en cuenta un informe pericial que data de 2008, que tiene como origen una tesis de maestría del año 2002, con una información del año 1999, circunstancia por la cual no reflejaba la situación actual de la actividad de control ejercida por el Estado Provincial".
En ese sentido, al analizar la documentación presentada por las empresas y el estado provincial Moreno afirmó que "se advierte la incorporación de elementos de prueba que no han podido ser valorados al momento de dictarse la medida cautelar cuyo levantamiento se solicita" y que dichos elementos "se refieren a controles posteriores a los informes valorados" para dictar la medida cautelar.
"Por ello, debe considerarse si las circunstancias fácticas tenidas en cuenta al momento de dictarse la medida cautelar, subsisten en la actualidad o si las mismas han sido desvirtuadas por nuevos elementos de convicción arrimados al proceso", sentenció el magistrado en implícita crítica al fallo del tribunal tucumano.
Finalmente, el juez Moreno pidió prestar "especial relevancia" a los informes de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera de la Provincia y del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) de los que se deriva que se realizaron los controles técnicos y se tomaron las medidas necesarias para la protección del medio ambiente.
Entre las conclusiones de los informes, el magistrado citó que "la sub-cuenca superior y media del cauce del Rio Vis Vis, no reconoce una modificación del contenido natural de sus constituyentes que pudiera derivarse de la actividad del complejo minero Bajo de la Alumbrera".
"Así tampoco se reconocen perturbaciones en el contenido natural de los constituyentes del aluvión de crecida, ni del suelo, ni del agua superficial, ni del agua subterránea, de la cuenca del Rio Vis Vis, que sean atribuibles a la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera", agregó.
La explotación minera cuestionada por la justicia fue durante los años de mayor producción la quinta empresa exportadora de la Argentina, y llegó a representar el 94 por ciento del Producto Bruto Geográfico de Catamarca y con aportes a la economía provincial cercano al 25 por ciento a su presupuesto anual.
Con la vigencia de las retenciones al sector minero, la empresa había anunciado en 2014 el cierre del proyecto para mayo de este año, pero a partir de la quita de las retenciones anunciadas a comienzos de 2016 prorrogó su ciclo útil al menos hasta fines de 2018, con el sostenimiento de 1.900 puestos de empleo.
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Fecha de Publicación: 31/07/2017
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Catamarca
Un juez federal catamarqueño dejó "sin efecto el pedido de suspensión inmediato" de actividad minera en los yacimientos Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno dispuesto por la Cámara Federal de Tucumán, al hacer lugar a un reclamo presentado por Minera Alumbrera Limited Sucursal Argentina y la provincia de Catamarca, dijeron hoy fuentes judiciales.
Así lo dispuso el juez federal subrogante Ricardo Antonio Moreno, en un fallo al que tuvo acceso Télam en el que dio por acreditados los requerimientos dispuestos por la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Tucumán, mediante la sentencia del 10 de julio en que dispuso la paralización de las minas concesionadas por la compañía Minera Alumbrera Limited e Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio (YMAD).
Fuentes judiciales explicaron a Télam que si bien la suspensión fue dispuesta por un tribunal superior, como lo es la Cámara Federal de Tucumán, un juez de primera instancia puede entender y disponer el pedido de levantamiento de la medida en caso de que los peticionantes aporten pruebas fehacientes que no hayan estado oportunamente en conocimiento de la justicia con anterioridad.
También planteó que si la medida cautelar otorgada estaba condicionada a la contratación de un seguro de caución, "surge de la documentación analizada que dicha exigencia fue cumplida y se hace procedente el levantamiento de la medida cautelar" solicitada por la empresa y la provincia.
Sobre la exigencia del tribunal de realizar un informe pericial in situ para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente planteado en el fallo original, el juez Moreno ordenó la "inmediata designación de personal técnico de la Gendarmería Nacional Argentina, a efectos de la toma de muestras para la realización de la pericia".
Ese paso pericial deberá contar "con el debido control de partes, la que debe realizarse en un término de veinte días, de acuerdo a los puntos de pericia a determinarse" por el juzgado catamarqueño en torno a las operaciones de las minas de cobre, oro y molibdeno ubicadas en Andalgalá.
El tribunal tucumano había ordenado el 10 de julio la suspensión inmediata de la actividad minera llevada a cabo en los yacimientos Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se volviera a tratar el expediente de la ley de ambiente y de nuevos estudios ambientales que se habían incorporado en la causa y que no considerados en instancias inferiores.
Pero esa medida recién se pudo cumplir 15 días después cuando la empresa fue notificada y la Secretaría de Minería catamarqueña envió al personal técnico de Policía Minera y de Gestión Ambiental para constatar el cierre temporario.
En sus fundamentos, el juez catamarqueño se refirió a la temporalidad del fallo al entender que "la medida precautoria se tomó teniendo en cuenta un informe pericial que data de 2008, que tiene como origen una tesis de maestría del año 2002, con una información del año 1999, circunstancia por la cual no reflejaba la situación actual de la actividad de control ejercida por el Estado Provincial".
En ese sentido, al analizar la documentación presentada por las empresas y el estado provincial Moreno afirmó que "se advierte la incorporación de elementos de prueba que no han podido ser valorados al momento de dictarse la medida cautelar cuyo levantamiento se solicita" y que dichos elementos "se refieren a controles posteriores a los informes valorados" para dictar la medida cautelar.
"Por ello, debe considerarse si las circunstancias fácticas tenidas en cuenta al momento de dictarse la medida cautelar, subsisten en la actualidad o si las mismas han sido desvirtuadas por nuevos elementos de convicción arrimados al proceso", sentenció el magistrado en implícita crítica al fallo del tribunal tucumano.
Finalmente, el juez Moreno pidió prestar "especial relevancia" a los informes de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera de la Provincia y del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) de los que se deriva que se realizaron los controles técnicos y se tomaron las medidas necesarias para la protección del medio ambiente.
Entre las conclusiones de los informes, el magistrado citó que "la sub-cuenca superior y media del cauce del Rio Vis Vis, no reconoce una modificación del contenido natural de sus constituyentes que pudiera derivarse de la actividad del complejo minero Bajo de la Alumbrera".
"Así tampoco se reconocen perturbaciones en el contenido natural de los constituyentes del aluvión de crecida, ni del suelo, ni del agua superficial, ni del agua subterránea, de la cuenca del Rio Vis Vis, que sean atribuibles a la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera", agregó.
La explotación minera cuestionada por la justicia fue durante los años de mayor producción la quinta empresa exportadora de la Argentina, y llegó a representar el 94 por ciento del Producto Bruto Geográfico de Catamarca y con aportes a la economía provincial cercano al 25 por ciento a su presupuesto anual.
Con la vigencia de las retenciones al sector minero, la empresa había anunciado en 2014 el cierre del proyecto para mayo de este año, pero a partir de la quita de las retenciones anunciadas a comienzos de 2016 prorrogó su ciclo útil al menos hasta fines de 2018, con el sostenimiento de 1.900 puestos de empleo.
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La YMAD podría tener que presentarse en el Congreso
Piden que YMAD rinda cuentas ante el Congreso de la Nación
Fecha de Publicación: 23/07/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Las iniciativas ingresaron ayer a la Cámara alta. Además de informes, se requirió la citación del directorio de YMAD a la Comisión de Minería.
El senador nacional Dalmacio Mera (FV) presentó ayer tres proyectos en la Cámara alta para que la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) explique su accionar como socia de Minera Alumbrera en la causa judicial que determinó la suspensión de todas las actividades del mega emprendimiento. También requirió un informe detallado sobre los niveles de siniestralidad en la mina de Farallón Negro en los últimos 10 años, la administración financiera de YMAD (incluyendo la cantidad de empleados y respectivos sueldos por cargo) los proveedores y el cierre de la planta refinadora de oro y plata.
Además, en la tercera iniciativa el legislador solicitó a la comisión de Minería del Senado nacional que cite al directorio de la empresa YMAD, que preside Santiago Albarracín, para que rindan cuentas ante la Cámara alta de la Nación.
“Los catamarqueños no nos podemos permitir que una de las actividades productivas más importantes de nuestra provincia sea invalidada por una gestión poco transparente y cuya administración genera dudas a la sociedad”, señaló Mera en los fundamentos.
Sostuvo que una actividad minera lícita y dotada de plena transparencia en la gestión es un baluarte de vital importancia para Catamarca. “La legitimidad es una labor de todos los poderes del Estado, frente a ello debemos ser responsables de su correcto funcionamiento y del beneficio para toda la población”, acotó.
A través de un proyecto de Comunicación solicitó que YMAD informe: si actuó como querellante o tomó vista en la causa iniciada contra Minera Alumbrera Limited e YMAD que determinó la suspensión de la actividad en Catamarca; si se constató de alguna forma que en principio los hechos aludidos por los demandantes son infundados y no existe riesgo de contaminación preocupante; qué tipo de controles realiza la empresa para asegurar los intereses del Estado, los ambientales, sociales y los económicos; si se acercó documentación y pruebas para llevar tranquilidad a la parte demandante y al resto de la sociedad de que el temor por contaminación es infundado sin perjuicio de la continuidad de la causa; si existen seguros ambientales, cuál es la cobertura, sobre qué factores de riesgo se asegura y cuál el resarcimiento económico para el Estado en caso de producirse el hecho asegurado; cuál es el plan de cierre de mina para Minera Alumbrera; si se ha producido un desplazamiento en parte de la mina, en tal caso, informe en qué consistió, si se informó a los trabajadores y a la comunidad y qué previsiones se han tomado; y los recaudos se están tomando en el caso que la cautelar produzca un cierre temporal o definitivo, más allá del derecho a apelar, a los efectos de cumplir con el plan de cierre de mina y resguardar el derecho de los trabajadores.
En la iniciativa dirigida al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sobre YMAD, Mera solicitó que se informe cuál es la planta de personal en relación de dependencia con la empresa en cualquier modalidad contractual y los contratos con proveedores, entre otros.
Mera también solicitó al presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación, Guillermo Pereyra, que cite a los directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio para una reunión en el Congreso.
Requiere la presencia del directorio de YMAD, empresa estatal con representantes nacionales y provinciales, a los efectos que informen a la Comisión en “detalle” respecto de la sentencia que hace lugar al amparo presentado por una ciudadana andalgalense de Catamarca, el cual determinó el fin de las actividades en la mina.
“Teniendo en cuenta que Minera Alumbrera es la primera experiencia en la Argentina respecto de la mega minería; que ya ha iniciado según información existente el plan para el cierre de la mina; que la minería es una industria lícita y que debe tener un estrictísimo complimiento de las normas ambientales y de los cuidados respecto a la potencialidad de generar impacto al medio ambiente; y que siendo la primera experiencia y habiendo otros proyectos en ejecución de mega minería en Argentina, solicito se dé curso al pedido”, fundamentó el legislador.
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Fecha de Publicación: 23/07/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Las iniciativas ingresaron ayer a la Cámara alta. Además de informes, se requirió la citación del directorio de YMAD a la Comisión de Minería.
El senador nacional Dalmacio Mera (FV) presentó ayer tres proyectos en la Cámara alta para que la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) explique su accionar como socia de Minera Alumbrera en la causa judicial que determinó la suspensión de todas las actividades del mega emprendimiento. También requirió un informe detallado sobre los niveles de siniestralidad en la mina de Farallón Negro en los últimos 10 años, la administración financiera de YMAD (incluyendo la cantidad de empleados y respectivos sueldos por cargo) los proveedores y el cierre de la planta refinadora de oro y plata.
Además, en la tercera iniciativa el legislador solicitó a la comisión de Minería del Senado nacional que cite al directorio de la empresa YMAD, que preside Santiago Albarracín, para que rindan cuentas ante la Cámara alta de la Nación.
“Los catamarqueños no nos podemos permitir que una de las actividades productivas más importantes de nuestra provincia sea invalidada por una gestión poco transparente y cuya administración genera dudas a la sociedad”, señaló Mera en los fundamentos.
Sostuvo que una actividad minera lícita y dotada de plena transparencia en la gestión es un baluarte de vital importancia para Catamarca. “La legitimidad es una labor de todos los poderes del Estado, frente a ello debemos ser responsables de su correcto funcionamiento y del beneficio para toda la población”, acotó.
A través de un proyecto de Comunicación solicitó que YMAD informe: si actuó como querellante o tomó vista en la causa iniciada contra Minera Alumbrera Limited e YMAD que determinó la suspensión de la actividad en Catamarca; si se constató de alguna forma que en principio los hechos aludidos por los demandantes son infundados y no existe riesgo de contaminación preocupante; qué tipo de controles realiza la empresa para asegurar los intereses del Estado, los ambientales, sociales y los económicos; si se acercó documentación y pruebas para llevar tranquilidad a la parte demandante y al resto de la sociedad de que el temor por contaminación es infundado sin perjuicio de la continuidad de la causa; si existen seguros ambientales, cuál es la cobertura, sobre qué factores de riesgo se asegura y cuál el resarcimiento económico para el Estado en caso de producirse el hecho asegurado; cuál es el plan de cierre de mina para Minera Alumbrera; si se ha producido un desplazamiento en parte de la mina, en tal caso, informe en qué consistió, si se informó a los trabajadores y a la comunidad y qué previsiones se han tomado; y los recaudos se están tomando en el caso que la cautelar produzca un cierre temporal o definitivo, más allá del derecho a apelar, a los efectos de cumplir con el plan de cierre de mina y resguardar el derecho de los trabajadores.
En la iniciativa dirigida al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) sobre YMAD, Mera solicitó que se informe cuál es la planta de personal en relación de dependencia con la empresa en cualquier modalidad contractual y los contratos con proveedores, entre otros.
Mera también solicitó al presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado de la Nación, Guillermo Pereyra, que cite a los directivos de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio para una reunión en el Congreso.
Requiere la presencia del directorio de YMAD, empresa estatal con representantes nacionales y provinciales, a los efectos que informen a la Comisión en “detalle” respecto de la sentencia que hace lugar al amparo presentado por una ciudadana andalgalense de Catamarca, el cual determinó el fin de las actividades en la mina.
“Teniendo en cuenta que Minera Alumbrera es la primera experiencia en la Argentina respecto de la mega minería; que ya ha iniciado según información existente el plan para el cierre de la mina; que la minería es una industria lícita y que debe tener un estrictísimo complimiento de las normas ambientales y de los cuidados respecto a la potencialidad de generar impacto al medio ambiente; y que siendo la primera experiencia y habiendo otros proyectos en ejecución de mega minería en Argentina, solicito se dé curso al pedido”, fundamentó el legislador.
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Freno a La Alumbrera y una visión economicista
"Si La Alumbrera para, es un daño económico para todos", dijo la gobernadora de Catamarca
Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
Corpacci se mostró preocupada por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que ordenó la suspensión de la actividad en el yacimiento minero Bajo La Alumbrera y advirtió que esta situación significa "un impacto económico muy fuerte" en materia económica para la provincia de cara a la llegada de futuras inversiones.
"Si minera Alumbrera para, es un daño económico para todos", expresó la mandataria, quien advirtió que "no se puede parar el funcionamiento de un yacimiento minero de la noche a la mañana".
La Alumbrera está situada en el departamento catamarqueño de Andalgalá, pero fue a Cámara Federal de Tucumán, con competencia en el caso, la que el 11 de julio pasado suspendió la actividad "a fin de que se realicen los informes periciales, in situ, para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente".
La gobernadora criticó que durante los últimos siete años la justicia no requirió ningún de informe de impacto ambiental: "en estos 7 años, se debió haber pedido a la Secretaría de Estado de Minería y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Mineria( Dipgman) que informen qué controles hay y qué impactos reales se ocasionaron en el medio ambiente, lo que me parece que no está o no se cumplió desde la justicia".
"Si una empresa incumple corresponde que se la multe, que se la sancione cuando hay daños, si es que los hay", sostuvo la gobernadora catamarqueña. No obstante alertó que "no se puede parar un yacimiento de la noche a la mañana, porque hay procesos que se tiene que continuar" y "tanto para la provincia, como para la Nación, resultan un impacto económico muy grande".
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Fecha de Publicación: 17/07/2017
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Catamarca
Corpacci se mostró preocupada por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán, que ordenó la suspensión de la actividad en el yacimiento minero Bajo La Alumbrera y advirtió que esta situación significa "un impacto económico muy fuerte" en materia económica para la provincia de cara a la llegada de futuras inversiones.
"Si minera Alumbrera para, es un daño económico para todos", expresó la mandataria, quien advirtió que "no se puede parar el funcionamiento de un yacimiento minero de la noche a la mañana".
La Alumbrera está situada en el departamento catamarqueño de Andalgalá, pero fue a Cámara Federal de Tucumán, con competencia en el caso, la que el 11 de julio pasado suspendió la actividad "a fin de que se realicen los informes periciales, in situ, para determinar la posible contaminación y degradación del medio ambiente".
La gobernadora criticó que durante los últimos siete años la justicia no requirió ningún de informe de impacto ambiental: "en estos 7 años, se debió haber pedido a la Secretaría de Estado de Minería y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Mineria( Dipgman) que informen qué controles hay y qué impactos reales se ocasionaron en el medio ambiente, lo que me parece que no está o no se cumplió desde la justicia".
"Si una empresa incumple corresponde que se la multe, que se la sancione cuando hay daños, si es que los hay", sostuvo la gobernadora catamarqueña. No obstante alertó que "no se puede parar un yacimiento de la noche a la mañana, porque hay procesos que se tiene que continuar" y "tanto para la provincia, como para la Nación, resultan un impacto económico muy grande".
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La Alumbrera llega a su fin
Anuncian el fin de la explotación a cielo abierto de la minera La Alumbrera
Fecha de Publicación: 25/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Catamarca
Cesa la principal explotación del yacimiento. Continuarán actividades subterráneas. Millonarias indemnizaciones. Y ahora, a medir el impacto ambiental.
La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre de la actividad a cielo abierto. Recién a partir de entonces se podrá medir el impacto ambiental del principal. Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto "Agua Rica".
El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.
El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa. “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.
Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.
Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.
En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.
"Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%", comentó una fuente cercana la compañía. "Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017."
La minera en números:
-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.
-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.
-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
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Fecha de Publicación: 25/06/2017
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Catamarca
Cesa la principal explotación del yacimiento. Continuarán actividades subterráneas. Millonarias indemnizaciones. Y ahora, a medir el impacto ambiental.
La minera Bajo La Alumbrera define esta semana el cierre de la actividad a cielo abierto. Recién a partir de entonces se podrá medir el impacto ambiental del principal. Continuarán actividades subterráneas bajo el nombre del proyecto "Agua Rica".
El plan de vida de la compañía llegaba hasta 2018, pero el año pasado ya se había anticipado que se adelantaría el cierre para mediados de 2017. Según pudo saber eltucumano.com, entre hoy y mañana se definirá la fecha precisa de cierre, que no se extendería más de una semana.
El adelanto del cierre se debe a que bajó la rentabilidad de la empresa. “Una baja notable en el precio de los commodities que afecta sensiblemente a los productores de cobre”, había publicado el diario El Ancasti, en 2015, cuando se anunció por primera vez la nueva fecha de cierre.
Está previsto un pago de indemnización a los 1.900 empleados, que en total, ronda los 2.000 millones de pesos.
Cuando la explotación se detenga, la compañía deberá cubrir el área afectada con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". “El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación”, según había publicado el diario La Nación.
En marzo, la Cámara Federal de Tucumán falló contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años. Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar la suma de $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.
"Es muy factible que siga operando desde 2019 de manera subterránea, a un 20 ó 30%", comentó una fuente cercana la compañía. "Están por comprar revestimientos de molino, que duran un año, en junio de 2017."
La minera en números:
-En la explotación ocupa 1400 hectáreas de Sierras del Aconquija, Catamarca.
-Se trata de un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro.
-La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
-A diario, extrajo 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
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Revés judicial para minera La Alumbrera
La Justicia condenó a la minera La Alumbrera por contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán falló de forma unánime contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años.
Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.
Fuentes judiciales aseguraron que la compañía ya apeló la medida.
Se trata de un caso iniciado en 2007 por los hermanos Carlos y Antonio Aranda que habían denunciado la contaminación de un curso de agua para consumo que estaba en su propiedad.
En diciembre pasado la Justicia desistió lo dicho por los demandantes al considerar y según la empresa "el agua que llega a la ciudad de Concepción no tiene mercurio -como lo sostenía la demanda-, que el agua del manantial que existe en la propiedad de los demandantes está contaminada con material bacteriano (es decir orgánico, no mineral), y que entre el manantial de los demandantes y el lugar del alegado derrame del contenido del mineraloducto no existe vínculo físico alguno".
Pero ahora la Cámara Federal, que aceptó la apelación de los Aranda, entendió que hubo un perjuicio en el medio ambiente.
Vale recordar que el año pasado un gerente general de la compañía fue procesado por el juez federal Fernando Poviña, al encontrarlo penalmente responsable por la contaminación con metales pesados en la cuenca de los ríos Salí-Dulce.
Por otro lado, hace poco la Auditoria General de la Nación (AGN), informó que en la gestión anterior la Secretaria de Minería no había cumplido con su trabajo de control sobre la compañía.
A fines del año pasado la empresa Minera Alumbrera decidió que la continuidad de las operaciones de sus yacimientos de Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno llegará hasta mediados de este año, cuando iniciará el plan de cierre de la mina.
En su momento desde la empresa explicaron que el principal motivo es la compleja situación de la minera internacional, con una baja notable en el precio de los "commodities" que afecta sensiblemente a los productores de cobre. Esto llevó a muchas empresas productoras a cerrar definitivamente en otros países.
En el caso de Catamarca, Alumbrera hizo un rediseño operativo de sus actividades en el yacimiento para mantener la viabilidad económica y ya comunicó su nuevo plan al personal, al que le garantizó la fuente laboral hasta el 2017, según relevó diario BAE.
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Fecha de Publicación: 18/03/2017
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Catamarca - Tucumán
La Cámara Federal de Tucumán falló de forma unánime contra La Alumbrera por un juicio que empezó hace 10 años.
Los jueces dictaminaron que la minera apostada en Catamarca deberá pagar $5 millones por daño material y moral. Además deberá sanear el medio ambiente.
Fuentes judiciales aseguraron que la compañía ya apeló la medida.
Se trata de un caso iniciado en 2007 por los hermanos Carlos y Antonio Aranda que habían denunciado la contaminación de un curso de agua para consumo que estaba en su propiedad.
En diciembre pasado la Justicia desistió lo dicho por los demandantes al considerar y según la empresa "el agua que llega a la ciudad de Concepción no tiene mercurio -como lo sostenía la demanda-, que el agua del manantial que existe en la propiedad de los demandantes está contaminada con material bacteriano (es decir orgánico, no mineral), y que entre el manantial de los demandantes y el lugar del alegado derrame del contenido del mineraloducto no existe vínculo físico alguno".
Pero ahora la Cámara Federal, que aceptó la apelación de los Aranda, entendió que hubo un perjuicio en el medio ambiente.
Vale recordar que el año pasado un gerente general de la compañía fue procesado por el juez federal Fernando Poviña, al encontrarlo penalmente responsable por la contaminación con metales pesados en la cuenca de los ríos Salí-Dulce.
Por otro lado, hace poco la Auditoria General de la Nación (AGN), informó que en la gestión anterior la Secretaria de Minería no había cumplido con su trabajo de control sobre la compañía.
A fines del año pasado la empresa Minera Alumbrera decidió que la continuidad de las operaciones de sus yacimientos de Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno llegará hasta mediados de este año, cuando iniciará el plan de cierre de la mina.
En su momento desde la empresa explicaron que el principal motivo es la compleja situación de la minera internacional, con una baja notable en el precio de los "commodities" que afecta sensiblemente a los productores de cobre. Esto llevó a muchas empresas productoras a cerrar definitivamente en otros países.
En el caso de Catamarca, Alumbrera hizo un rediseño operativo de sus actividades en el yacimiento para mantener la viabilidad económica y ya comunicó su nuevo plan al personal, al que le garantizó la fuente laboral hasta el 2017, según relevó diario BAE.
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YMAD cerró la planta de refinación de oro
Tras tres décadas, YMAD cerró la planta de refinación de oro
Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Se dio la orden de iniciar el proceso de desmantelamiento de la maquinaria a partir de febrero. Era la última planta de refinación activa del país.
La planta de refinación de oro y plata que posee la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) dejó de producir lingotes de oro y granallas de plata. Luego de tres décadas de refinar oro y plata, el directorio de YMAD decidió cerrar la planta y está en jaque la continuidad laboral de 13 catamarqueños.
Sin demasiadas explicaciones, en noviembre de 2016 las autoridades de la empresa minera informaron -de manera verbal- a la totalidad de los empleados que desarrollaban sus tareas en la planta de refinación, ubicada sobre calle Salta 1127 de la Capital, que YMAD dejaba de elaborar los lingotes de oro y granallas de plata que luego se comercializaban al exterior.
De ahí que durante diciembre pasado los operarios estuvieron abocados a procesar los restos de metales (oro, plata y otros) adheridos a la maquinaria, la cual ya fue paralizada por completo. Incluso, se dio la orden de iniciar el proceso de desmantelamiento del equipamiento en febrero.
Al margen del impacto que significa el cierre de la única planta de refinación de oro y plata del país que estaba activa desde 1987, a trece familias las embarga la incertidumbre de su continuidad laboral. Es que tras el receso estival, la mayoría de los operarios podrían quedar sin trabajo.
Sucede que a algunos les ofrecerían la posibilidad de seguir trabajando, pero en la mina de Farallón Negro (Belén), situación que les acarrearía una serie de complicaciones familiares a los que tengan la alternativa de continuidad.
Nuevo sistema
Desde fines del año pasado, el bullón (concentrado en estado sólido de oro, plata, cobre y otros metales que pesa alrededor de 20 kilos) llega a las oficinas de YMAD de calle Salta, donde es asentado y certificado, y una empresa tucumana que se dedica al transporte de este tipo de valores los retira.
Ya en Tucumán, la carga se transporta vía aérea hasta Buenos Aires y de ahí sale el producto para diferentes refinerías de metales del mundo a las que fue vendida la producción.
Cambios
Desde el 1 de marzo de 2016 la presidencia de YMAD es ejercida por Santiago Albarracín, tras el desplazamiento de Manuel Benítez.
También integran el directorio de YMAD, en representación de Catamarca, Ángel Mercado y Gilberto Santillán.
Al asumir su cargo, Albarracín se comprometió a "priorizar el trabajo conjunto y ordenado entre el Gobierno nacional y el provincial, en pos de un fin común que es el desarrollo sustentable y la consolidación de la minería argentina”.
Medidas de ajuste
El cierre de la planta de refinación de oro y plata no es la primera medida de ajuste que tomó por sorpresa a los trabajadores de YMAD. Ya a fines de septiembre del año pasado la empresa minera paralizó la producción en el yacimiento de Farallón Negro. La medida habría sido adoptada por Santiago Albarracín en el marco de una auditoría dispuesta para evaluar cuestiones de seguridad en la mina. Pero la decisión de Albarracín no habría sido aceptada por los vocales que representan a Catamarca y a la UTN de Tucumán al considerarla excesiva por la generación de importantes pérdidas económicas para la empresa.
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Fecha de Publicación: 12/01/2017
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Se dio la orden de iniciar el proceso de desmantelamiento de la maquinaria a partir de febrero. Era la última planta de refinación activa del país.
La planta de refinación de oro y plata que posee la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) dejó de producir lingotes de oro y granallas de plata. Luego de tres décadas de refinar oro y plata, el directorio de YMAD decidió cerrar la planta y está en jaque la continuidad laboral de 13 catamarqueños.
Sin demasiadas explicaciones, en noviembre de 2016 las autoridades de la empresa minera informaron -de manera verbal- a la totalidad de los empleados que desarrollaban sus tareas en la planta de refinación, ubicada sobre calle Salta 1127 de la Capital, que YMAD dejaba de elaborar los lingotes de oro y granallas de plata que luego se comercializaban al exterior.
De ahí que durante diciembre pasado los operarios estuvieron abocados a procesar los restos de metales (oro, plata y otros) adheridos a la maquinaria, la cual ya fue paralizada por completo. Incluso, se dio la orden de iniciar el proceso de desmantelamiento del equipamiento en febrero.
Al margen del impacto que significa el cierre de la única planta de refinación de oro y plata del país que estaba activa desde 1987, a trece familias las embarga la incertidumbre de su continuidad laboral. Es que tras el receso estival, la mayoría de los operarios podrían quedar sin trabajo.
Sucede que a algunos les ofrecerían la posibilidad de seguir trabajando, pero en la mina de Farallón Negro (Belén), situación que les acarrearía una serie de complicaciones familiares a los que tengan la alternativa de continuidad.
Nuevo sistema
Desde fines del año pasado, el bullón (concentrado en estado sólido de oro, plata, cobre y otros metales que pesa alrededor de 20 kilos) llega a las oficinas de YMAD de calle Salta, donde es asentado y certificado, y una empresa tucumana que se dedica al transporte de este tipo de valores los retira.
Ya en Tucumán, la carga se transporta vía aérea hasta Buenos Aires y de ahí sale el producto para diferentes refinerías de metales del mundo a las que fue vendida la producción.
Cambios
Desde el 1 de marzo de 2016 la presidencia de YMAD es ejercida por Santiago Albarracín, tras el desplazamiento de Manuel Benítez.
También integran el directorio de YMAD, en representación de Catamarca, Ángel Mercado y Gilberto Santillán.
Al asumir su cargo, Albarracín se comprometió a "priorizar el trabajo conjunto y ordenado entre el Gobierno nacional y el provincial, en pos de un fin común que es el desarrollo sustentable y la consolidación de la minería argentina”.
Medidas de ajuste
El cierre de la planta de refinación de oro y plata no es la primera medida de ajuste que tomó por sorpresa a los trabajadores de YMAD. Ya a fines de septiembre del año pasado la empresa minera paralizó la producción en el yacimiento de Farallón Negro. La medida habría sido adoptada por Santiago Albarracín en el marco de una auditoría dispuesta para evaluar cuestiones de seguridad en la mina. Pero la decisión de Albarracín no habría sido aceptada por los vocales que representan a Catamarca y a la UTN de Tucumán al considerarla excesiva por la generación de importantes pérdidas económicas para la empresa.
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Fallo judicial contra minera Alumbrera
Histórica sentencia judicial contra minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 01/01/2017
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Por primera vez una sentencia de la Justicia provincial ordena a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri.
El fallo judicial se desprende del juicio iniciado hace 10 años por los hermanos Carlos y Antonio Aranda en contra de empresa minera Alumbrera Ltda. y de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) por contaminación.
“La sentencia que fue realizada por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo del Centro Judicial Concepción, es clarísima; minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sienta una jurisprudencia histórica en nuestra el país”, explicó a primerafuente, Carlos Aranda.
En la sentencia, que fue apelada por el los abogados de la empresa extranjera, el juez Dip Tártalo ordena a la empresa minera Alumbrera Ltda. que “realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto. Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal. Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675. Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
Por otra parte, en mismo fallo, el Juez aconseja al Poder Ejecutivo provincial, que por medio del Ministerio de Salud de la Provincia se proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías que guarden relación directa con la contaminación de la los acuíferos de la zona y que se disponga su atención médica inmediata. Además que se instruya a los organismos provinciales como la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para que den inmediata respuesta a las cuestiones de implicancia social, sobre todo las ambientales, poniendo a cargo del Estado Provincial la realización de pericias.
Además la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) deberá realizar un informe acabado sobre el estado del servicio de agua potable de la ciudad de Concepción en la localidad de Alpachiri y las proyecciones para ampliar y mejorar tal servicio.
Los hermanos Aranda denunciaron hace 10 años la contaminación del agua de Alpachiri y Concepción, de acuerdo a estudios y análisis realizados en laboratorios de Argentina, Canadá e Inglaterra, que involucra directamente a la empresa minera Bajo La Alumbrera, emplazada en la vecina provincia de Catamarca.
“Más allá que el magistrado no hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra la minera lo que nosotros en realidad queríamos era demostrar es que la empresa si contaminó y eso dejó bien en claro el fallo. Nosotros estamos tranquilos luchamos contra un monstruo que tenían a su disposición medios de comunicación, dinero, contactos políticos y más de 40 abogados contra nosotros dos y ganamos la pelea”, señalaron los hermanos.
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Fecha de Publicación: 01/01/2017
Fuente: Tucumán Noticias
Provincia/Región: Tucumán
Por primera vez una sentencia de la Justicia provincial ordena a la empresa a realizar las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados en Concepción y Alpachiri.
El fallo judicial se desprende del juicio iniciado hace 10 años por los hermanos Carlos y Antonio Aranda en contra de empresa minera Alumbrera Ltda. y de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) por contaminación.
“La sentencia que fue realizada por el juez civil de la II Nominación Eduardo Dip Tártalo del Centro Judicial Concepción, es clarísima; minera Alumbrera contamina, es un fallo ejemplificador y sienta una jurisprudencia histórica en nuestra el país”, explicó a primerafuente, Carlos Aranda.
En la sentencia, que fue apelada por el los abogados de la empresa extranjera, el juez Dip Tártalo ordena a la empresa minera Alumbrera Ltda. que “realice todas las acciones necesarias para la recomposición integral de los daños ambientales causados por la actividad que desarrolla hasta la total desaparición de los agentes contaminantes del suelo y del aire, de las aguas superficiales y subterráneas, acompañando las pruebas necesarias al efecto. Reponga a su estado anterior de las áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras, mineraloducto y toda otra actividad que haya ocasionado la pérdida del manto vegetal. Acompañe copias certificadas de los estudios sobre el agua de los ríos que cruza el mineraloducto en la provincia de Tucumán desde el año 1999 y que constituya o acredite haber formado el fondo de restauración ambiental previsto en el artículo 22 de la ley 25.675. Acredite la contratación el seguro de cobertura al que refiere el artículo 22 de le ley 25.675 e informe el plazo de cobertura, atento al hecho notorio del retiro de la firma del país. Si ya hubiera dado cumplimiento a alguna de estas medidas o esté en curso de cumplimiento como consecuencia del cierre de la mina, informe tal situación a este juzgado”.
Por otra parte, en mismo fallo, el Juez aconseja al Poder Ejecutivo provincial, que por medio del Ministerio de Salud de la Provincia se proyecte la realización de un relevamiento actualizado de impactos tóxicos sobre la población de las cuencas de los Ríos Medina, Chirimayo y Gastona, con el objeto de detectar las enfermedades y/o patologías que guarden relación directa con la contaminación de la los acuíferos de la zona y que se disponga su atención médica inmediata. Además que se instruya a los organismos provinciales como la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres para que den inmediata respuesta a las cuestiones de implicancia social, sobre todo las ambientales, poniendo a cargo del Estado Provincial la realización de pericias.
Además la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT. SAPEM) deberá realizar un informe acabado sobre el estado del servicio de agua potable de la ciudad de Concepción en la localidad de Alpachiri y las proyecciones para ampliar y mejorar tal servicio.
Los hermanos Aranda denunciaron hace 10 años la contaminación del agua de Alpachiri y Concepción, de acuerdo a estudios y análisis realizados en laboratorios de Argentina, Canadá e Inglaterra, que involucra directamente a la empresa minera Bajo La Alumbrera, emplazada en la vecina provincia de Catamarca.
“Más allá que el magistrado no hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios contra la minera lo que nosotros en realidad queríamos era demostrar es que la empresa si contaminó y eso dejó bien en claro el fallo. Nosotros estamos tranquilos luchamos contra un monstruo que tenían a su disposición medios de comunicación, dinero, contactos políticos y más de 40 abogados contra nosotros dos y ganamos la pelea”, señalaron los hermanos.
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Alumbrera,
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Tucumán
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Alumbrera apurada a cerrar por ganancias
La modificación de Ganancias adelanta el cierre de Alumbrera
Fecha de Publicación: 14/12/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Si el proyecto se convierte en ley, el cierre de la mina se produciría el año próximo. Además, se perderían 1.700 trabajos directos.
La aprobación por parte de la Cámara de Senadores de la Nación del proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias podría adelantar el cierre de minera Alumbrera. Es que el proyecto presentado por el Frente Renovador en la Cámara baja nacional y acompañado por todo el arco opositor nacional (FV, bloque justicialista, FAP) restituye las retenciones a la actividad minera como una de las fuentes de financiamiento que tendrá el Estado nacional para hacer frente a la disminución de ingresos por el incremento de los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias.
De esta forma, la iniciativa con media sanción de Diputados no solo perjudicaría a la Provincia por la reducción en los envíos de Coparticipación federal, sino también en los ingresos por regalías mineras, además de provocar la pérdida de la fuente laboral de más de 1.000 personas que trabajan hoy en el yacimiento.
De acuerdo con estimaciones de la empresa, si el proyecto se convierte en ley, se provocaría el adelantamiento del cierre de la mina, previsto para diciembre de 2018, para mediados de 2017.
Como consecuencia de esto, se perderían 1.700 puestos de trabajo directo, siendo el 60% correspondiente a mano de obra local (1.020 mineros catamarqueños), incrementando considerablemente la tasa de desempleo.
La actividad económica de la Provincia también se vería afectada por el cierre de la mina, ya que se calculan pérdidas de alrededor de $ 130 millones mensuales en salarios, de los cuales se estima que más de un 55% se perciben en la economía catamarqueña.
Sumado a eso, se calculan pérdidas por más $ 240 millones en compras a proveedores de Catamarca.
En cuanto a las regalías mineras, si el proyecto del Frente Renovador se convierte en ley, la Provincia se perdería entre $ 350 y 370 millones por el cierre anticipado.
También la restitución de las retenciones a la minería ocasionarían la pérdida de oportunidades de unir el desarrollo de Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera.
"La imposición de retenciones a la minería no solo tendría efectos letales en el largo plazo para el país y la Provincia, sino también el corto plazo para Catamarca, cerrando definitivamente posibilidades concretas de desarrollo", advierten de la empresa.
Eliminación
En febrero de 2016, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri cuando arrancó fue la eliminación de las retenciones a la minería que rondaban entre el 5 y el 10% a los productos minerales exportables.
Esa medida, si bien significó un costo fiscal de 128 millones de dólares, este monto se vio absorbido por los más de 1200 millones de dólares por exportaciones.
Reunión con gobernadores
Para mañana, el presidente del bloque de senadores del FV, Miguel Ángel Pichetto, convocó a todos los gobernadores del Justicialismo para que opinen del proyecto que vino con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Si bien se especulaba que el proyecto podría ser tratado por la Cámara alta el miércoles, todo indicaría que la iniciativa recién se trataría el miércoles 21.
Varios gobernadores del PJ, ya adelantaron que están en contra del proyecto y adelantaron que pedirán a sus senadores que rechacen la iniciativa. Según estimaciones del Gobierno nacional, las provincias perderían $39 mil millones.
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Fecha de Publicación: 14/12/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Si el proyecto se convierte en ley, el cierre de la mina se produciría el año próximo. Además, se perderían 1.700 trabajos directos.
La aprobación por parte de la Cámara de Senadores de la Nación del proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias podría adelantar el cierre de minera Alumbrera. Es que el proyecto presentado por el Frente Renovador en la Cámara baja nacional y acompañado por todo el arco opositor nacional (FV, bloque justicialista, FAP) restituye las retenciones a la actividad minera como una de las fuentes de financiamiento que tendrá el Estado nacional para hacer frente a la disminución de ingresos por el incremento de los mínimos no imponibles del impuesto a las Ganancias.
De esta forma, la iniciativa con media sanción de Diputados no solo perjudicaría a la Provincia por la reducción en los envíos de Coparticipación federal, sino también en los ingresos por regalías mineras, además de provocar la pérdida de la fuente laboral de más de 1.000 personas que trabajan hoy en el yacimiento.
De acuerdo con estimaciones de la empresa, si el proyecto se convierte en ley, se provocaría el adelantamiento del cierre de la mina, previsto para diciembre de 2018, para mediados de 2017.
Como consecuencia de esto, se perderían 1.700 puestos de trabajo directo, siendo el 60% correspondiente a mano de obra local (1.020 mineros catamarqueños), incrementando considerablemente la tasa de desempleo.
La actividad económica de la Provincia también se vería afectada por el cierre de la mina, ya que se calculan pérdidas de alrededor de $ 130 millones mensuales en salarios, de los cuales se estima que más de un 55% se perciben en la economía catamarqueña.
Sumado a eso, se calculan pérdidas por más $ 240 millones en compras a proveedores de Catamarca.
En cuanto a las regalías mineras, si el proyecto del Frente Renovador se convierte en ley, la Provincia se perdería entre $ 350 y 370 millones por el cierre anticipado.
También la restitución de las retenciones a la minería ocasionarían la pérdida de oportunidades de unir el desarrollo de Agua Rica con la infraestructura de Alumbrera.
"La imposición de retenciones a la minería no solo tendría efectos letales en el largo plazo para el país y la Provincia, sino también el corto plazo para Catamarca, cerrando definitivamente posibilidades concretas de desarrollo", advierten de la empresa.
Eliminación
En febrero de 2016, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri cuando arrancó fue la eliminación de las retenciones a la minería que rondaban entre el 5 y el 10% a los productos minerales exportables.
Esa medida, si bien significó un costo fiscal de 128 millones de dólares, este monto se vio absorbido por los más de 1200 millones de dólares por exportaciones.
Reunión con gobernadores
Para mañana, el presidente del bloque de senadores del FV, Miguel Ángel Pichetto, convocó a todos los gobernadores del Justicialismo para que opinen del proyecto que vino con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación.
Si bien se especulaba que el proyecto podría ser tratado por la Cámara alta el miércoles, todo indicaría que la iniciativa recién se trataría el miércoles 21.
Varios gobernadores del PJ, ya adelantaron que están en contra del proyecto y adelantaron que pedirán a sus senadores que rechacen la iniciativa. Según estimaciones del Gobierno nacional, las provincias perderían $39 mil millones.
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Planifican el cierre del yacimiento Bajo la Alumbrera
Articulan trabajo y acciones por el cierre del yacimiento Bajo la Alumbrera
Fecha de Publicación: 25/08/2016
Fuente: La Unión
Provincia/Región: Catamarca
Reunión entre la Provincia, representada por la Secretaría de Minería, la Cámara de Proveedores Mineros y los directivos de la minera Bajo la Alumbrera.
El secretario de Estado de Minería, Rodolfo Micone, recibió a los integrantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Andalgalá y a representantes de Minera Bajo la Alumbrera, ante un pedido de los productores que buscan reinsertarse en esta etapa de cierre de mina de la empresa.
Concretamente, la cámara solicitó que la empresa continúe con su política de contratación de mano de obra local y compre y contrate bienes y servicios a las empresas andalgalenses en esta etapa del emprendimiento.
Por su parte, la empresa explicó la situación actual de producción y sus costos, y se comprometió a tener en cuenta el pedido de la entidad y acompañar a la cámara para generar alternativas de trabajo, pero también solicitó “precios competitivos”.
De esta manera, se acordó una agenda a futuro.
La cámara enviará un listado con todos sus asociados para que la empresa pueda analizar, en función de su demanda y los rubros que necesita cubrir en los distintos sectores, los probables proveedores.
En este marco, el secretario de Minería solicitó a Alumbrera contemplar las demandas que tienen las comunidades de Andalgalá, Belén y Santa María, para lo cual se prevén futuras reuniones con las cámaras de las otras localidades, y además remarcó que “la Provincia está trabajando en otros proyectos que van a permitir generar alternativas de comercialización con los emprendimientos que se radiquen en el futuro en la provincia”, y también trabajar en la reconversión para ofrecer productos y servicios locales no sólo a empresas mineras, sino también de otros sectores productivos.
Cabe destacar que durante los primeros días de julio, la secretaría de Estado de Minería presentó en la ciudad de Belén el proceso de cierre de mina, disertaciones que también se realizaron en esta Capital.
Desde el Estado señalaron que las exposiciones han tenido una importante convocatoria, sobre todo en el interior provincial, por lo que se continuará difundiendo este plan de cierre de mina en en otros puntos de la provincia.
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Fecha de Publicación: 25/08/2016
Fuente: La Unión
Provincia/Región: Catamarca
Reunión entre la Provincia, representada por la Secretaría de Minería, la Cámara de Proveedores Mineros y los directivos de la minera Bajo la Alumbrera.
El secretario de Estado de Minería, Rodolfo Micone, recibió a los integrantes de la Cámara de Proveedores Mineros de Andalgalá y a representantes de Minera Bajo la Alumbrera, ante un pedido de los productores que buscan reinsertarse en esta etapa de cierre de mina de la empresa.
Concretamente, la cámara solicitó que la empresa continúe con su política de contratación de mano de obra local y compre y contrate bienes y servicios a las empresas andalgalenses en esta etapa del emprendimiento.
Por su parte, la empresa explicó la situación actual de producción y sus costos, y se comprometió a tener en cuenta el pedido de la entidad y acompañar a la cámara para generar alternativas de trabajo, pero también solicitó “precios competitivos”.
De esta manera, se acordó una agenda a futuro.
La cámara enviará un listado con todos sus asociados para que la empresa pueda analizar, en función de su demanda y los rubros que necesita cubrir en los distintos sectores, los probables proveedores.
En este marco, el secretario de Minería solicitó a Alumbrera contemplar las demandas que tienen las comunidades de Andalgalá, Belén y Santa María, para lo cual se prevén futuras reuniones con las cámaras de las otras localidades, y además remarcó que “la Provincia está trabajando en otros proyectos que van a permitir generar alternativas de comercialización con los emprendimientos que se radiquen en el futuro en la provincia”, y también trabajar en la reconversión para ofrecer productos y servicios locales no sólo a empresas mineras, sino también de otros sectores productivos.
Cabe destacar que durante los primeros días de julio, la secretaría de Estado de Minería presentó en la ciudad de Belén el proceso de cierre de mina, disertaciones que también se realizaron en esta Capital.
Desde el Estado señalaron que las exposiciones han tenido una importante convocatoria, sobre todo en el interior provincial, por lo que se continuará difundiendo este plan de cierre de mina en en otros puntos de la provincia.
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Alumbrera apelará el procesamiento de su directivo
La minera apelará el procesamiento de su directivo y dice cumplir con las normas provinciales
Fecha de Publicación: 14/08/2016
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Minera Alumbrera manifestó su desacuerdo con el procesamiento del gerente general Raúl Mentz y anunció que apelará el fallo al considerar que siempre dio “estricto cumplimiento a las normas ambientales vigentes”.
“Minera Alumbrera ha contado con todas las autorizaciones para realizar la descarga en el canal DP2, con renovaciones otorgadas en forma anual por parte de la Dirección de Minería de Tucumán, luego de los periódicos controles realizado por las autoridades que verificaron el estricto cumplimiento de la normativa aplicable, la Resolución 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, sostuvo la empresa a través de un comunicado.
Esta respuesta fue rechaza por parte de la ONG Pro-Eco, querellante en la causa, al sostener que la minera jamás cumplió las normativas provinciales ni federales. “Es otra mentira de Minera Alumbrera. El mismo juez federal (Fernando) Poviña afirmó en su dictamen que la empresa debe ajustarse al alcance de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) que es mucho más exigente que la resolución provincial 030 que ellos dicen cumplir”, afirmó Alfredo Carbonel, referente de la organización ecologista.
“Incluso en los análisis realizados se encontraron valores de sulfato y conductividad eléctrica por encima de los valores máximos fijados por la norma tucumana que es mucho más permisiva. Este incumplimiento hace a la Secretearía de Medio Ambiente y la Dirección de Minería provincial cómplices del daño ambiental de la minera”, agregó Carbonel.
El 29 de julio pasado, Poviña resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Mentz al considerarlo penalmente responsable por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce con metales pesados (cobre) provenientes de la planta de secado ubicada en Ranchillos (Cruz Alta), a través del canal DP2.
Pese a esto, el dictamen benefició a la minera al disponer el sobreseimiento del ex vicepresidente de la firma, Julián Rooney (había estado procesado en esta misma causa), y dejar sin efecto el llamado a indagatoria de Michael Lou Holmes, otro directivo de la minera.
“Confiamos en que la instancia superior, en oportunidad de revisar la decisión adoptada, hará una correcta apreciación de la legislación aplicable y revocará la decisión de la Justicia de Primera Instancia”, se manifestó desde Minera Alumbrera.
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Fecha de Publicación: 14/08/2016
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Minera Alumbrera manifestó su desacuerdo con el procesamiento del gerente general Raúl Mentz y anunció que apelará el fallo al considerar que siempre dio “estricto cumplimiento a las normas ambientales vigentes”.
“Minera Alumbrera ha contado con todas las autorizaciones para realizar la descarga en el canal DP2, con renovaciones otorgadas en forma anual por parte de la Dirección de Minería de Tucumán, luego de los periódicos controles realizado por las autoridades que verificaron el estricto cumplimiento de la normativa aplicable, la Resolución 030 de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia”, sostuvo la empresa a través de un comunicado.
Esta respuesta fue rechaza por parte de la ONG Pro-Eco, querellante en la causa, al sostener que la minera jamás cumplió las normativas provinciales ni federales. “Es otra mentira de Minera Alumbrera. El mismo juez federal (Fernando) Poviña afirmó en su dictamen que la empresa debe ajustarse al alcance de la ley federal 24.051 (sobre residuos peligrosos) que es mucho más exigente que la resolución provincial 030 que ellos dicen cumplir”, afirmó Alfredo Carbonel, referente de la organización ecologista.
“Incluso en los análisis realizados se encontraron valores de sulfato y conductividad eléctrica por encima de los valores máximos fijados por la norma tucumana que es mucho más permisiva. Este incumplimiento hace a la Secretearía de Medio Ambiente y la Dirección de Minería provincial cómplices del daño ambiental de la minera”, agregó Carbonel.
El 29 de julio pasado, Poviña resolvió el procesamiento sin prisión preventiva de Mentz al considerarlo penalmente responsable por la contaminación de la cuenca Salí-Dulce con metales pesados (cobre) provenientes de la planta de secado ubicada en Ranchillos (Cruz Alta), a través del canal DP2.
Pese a esto, el dictamen benefició a la minera al disponer el sobreseimiento del ex vicepresidente de la firma, Julián Rooney (había estado procesado en esta misma causa), y dejar sin efecto el llamado a indagatoria de Michael Lou Holmes, otro directivo de la minera.
“Confiamos en que la instancia superior, en oportunidad de revisar la decisión adoptada, hará una correcta apreciación de la legislación aplicable y revocará la decisión de la Justicia de Primera Instancia”, se manifestó desde Minera Alumbrera.
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Otro directivo de la Alumbrera procesado
Otro directivo de Minera Alumbrera fue procesado por contaminación con metales pesados
Fecha de Publicación: 05/08/2016
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Raúl Pedro Mentz fue procesado, sin prisión preventiva por violar la ley 24.051 sobre residuos peligrosos, según lo dispuso el juez federal N° 2, Fernando Poviña. Sin embargo, sobreseyeron a Julián Patricio Rooney y se dejó sin efecto el llamado a indagatoria de Michael Lou Holmes, ambos directivos de la minera. La Justicia ratificó que hubo contaminación con metales pesados en el canal DP2.
La ONG Pro-Eco, en su rol de querellante, anunció que apelará este sobreseimiento (Rooney ya había estado procesado en esta misma causa) aunque destacó que la resolución judicial es un avance teniendo en cuenta que la causa ya lleva 16 años sin respuestas.
“Hacemos una valoración positiva de lo dispuesto por Poviña ya que la Justicia demuestra, una vez más, que Minera Alumbrera sigue contaminando la cuenca Salí-Dulce. Destacamos que el juez haya entendido que está plenamente probada la presencia de cobre en tanto en el canal DP2 de Ranchillos (Tucumán)”, sostuvo Alfredo Carbonel, referente de organización ecologista.
La resolución judicial (con fecha del 26 de julio) se valió, entre otras pruebas, del peritaje realizado por el Instituto Nacional del Agua de las tomas de muestras que Gendarmería tomó del canal DP2 en septiembre de de 2012 y en inmediaciones de la planta de secado de Minera Alumbrera, ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Cruz Alta).
Peritos de la UNT, a partir de estos análisis, reafirmaron la contaminación del canal con metales arrojados (puntualmente cobre) en los efluentes de la minera. Otro dato clave es que se ratificó el daño a la cuenca Salí-Dulce y, por ende, al embalse de Río Hondo.
Cabe destacar que los valores entendidos por la Justicia para resolver que hubo delito ambiental son regidos por la norma nacional 24.051 dejando al margen de la ley los laxos parámetros establecidos por la resolución N° 030 del Siprosa de los cuales se basa la minera para “contaminar legalmente”
Otra prueba de peso que influyó en el procesamiento de Mentz fue el estudio realizado por ecotoxicólogos del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) el cual también ratifica la presencia de cobre en el DP2, efluente del Salí.
El estudio presentando a Poviña afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega el informe que el magistrado federal evaluó a la hora de procesar al directivo de Minera Alumbrera.
“El juez también ratificó que ese canal no fue creado para que las empresas arrojen allí sus efluentes sino como drenaje pluvial. Las poblaciones lindantes lo usan para consumo humano, riego y pesca con todo el riesgo a la salud que esto representa al estar expuestos a los metales pesados que arroja la minera”, afirmó Susana Carrizo, abogada de Pro-Eco.
“De todas formas, no es necesario demostrar que se afecta sólo al ser humano. Con que se dañe al ecosistema ya existe el delito. Esa es una discusión doctrinaria sobre cuál es el bien jurídico tutelar. Acá el juez interpreta que habría peligro en la salud pública por la calidad de acumulación del cobre”, agregó Carrizo.
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Fecha de Publicación: 05/08/2016
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán
Raúl Pedro Mentz fue procesado, sin prisión preventiva por violar la ley 24.051 sobre residuos peligrosos, según lo dispuso el juez federal N° 2, Fernando Poviña. Sin embargo, sobreseyeron a Julián Patricio Rooney y se dejó sin efecto el llamado a indagatoria de Michael Lou Holmes, ambos directivos de la minera. La Justicia ratificó que hubo contaminación con metales pesados en el canal DP2.
La ONG Pro-Eco, en su rol de querellante, anunció que apelará este sobreseimiento (Rooney ya había estado procesado en esta misma causa) aunque destacó que la resolución judicial es un avance teniendo en cuenta que la causa ya lleva 16 años sin respuestas.
“Hacemos una valoración positiva de lo dispuesto por Poviña ya que la Justicia demuestra, una vez más, que Minera Alumbrera sigue contaminando la cuenca Salí-Dulce. Destacamos que el juez haya entendido que está plenamente probada la presencia de cobre en tanto en el canal DP2 de Ranchillos (Tucumán)”, sostuvo Alfredo Carbonel, referente de organización ecologista.
La resolución judicial (con fecha del 26 de julio) se valió, entre otras pruebas, del peritaje realizado por el Instituto Nacional del Agua de las tomas de muestras que Gendarmería tomó del canal DP2 en septiembre de de 2012 y en inmediaciones de la planta de secado de Minera Alumbrera, ubicada en la localidad tucumana Cruz del Norte (Cruz Alta).
Peritos de la UNT, a partir de estos análisis, reafirmaron la contaminación del canal con metales arrojados (puntualmente cobre) en los efluentes de la minera. Otro dato clave es que se ratificó el daño a la cuenca Salí-Dulce y, por ende, al embalse de Río Hondo.
Cabe destacar que los valores entendidos por la Justicia para resolver que hubo delito ambiental son regidos por la norma nacional 24.051 dejando al margen de la ley los laxos parámetros establecidos por la resolución N° 030 del Siprosa de los cuales se basa la minera para “contaminar legalmente”
Otra prueba de peso que influyó en el procesamiento de Mentz fue el estudio realizado por ecotoxicólogos del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA) el cual también ratifica la presencia de cobre en el DP2, efluente del Salí.
El estudio presentando a Poviña afirma que los valores de cobre detectados exceden los niveles guías de protección para la vida acuática. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, agrega el informe que el magistrado federal evaluó a la hora de procesar al directivo de Minera Alumbrera.
“El juez también ratificó que ese canal no fue creado para que las empresas arrojen allí sus efluentes sino como drenaje pluvial. Las poblaciones lindantes lo usan para consumo humano, riego y pesca con todo el riesgo a la salud que esto representa al estar expuestos a los metales pesados que arroja la minera”, afirmó Susana Carrizo, abogada de Pro-Eco.
“De todas formas, no es necesario demostrar que se afecta sólo al ser humano. Con que se dañe al ecosistema ya existe el delito. Esa es una discusión doctrinaria sobre cuál es el bien jurídico tutelar. Acá el juez interpreta que habría peligro en la salud pública por la calidad de acumulación del cobre”, agregó Carrizo.
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Presentaron el plan de cierre de La Alumbrera
Actores mineros presentaron el plan de cierre de La Alumbrera
Fecha de Publicación: 06/06/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Sectores políticos y empresariales se mostraron interesados por la convocatoria, en la que se informó cómo será el final del gran proyecto minero.
La Secretaría de Minería y la empresa Minera Alumbrera dieron ayer un informe acerca de las etapas previstas para el cierre de la mina Bajo La Alumbrera. En la oportunidad, el secretario Rodolfo Micone reveló que no existe una normativa provincial para regular todo el proceso de culminación de la actividad productiva. Además, ratificó que a partir de resoluciones que fueron tomadas por el organismo, la Secretaría de Minería será la autoridad de aplicación y la responsable de fiscalizar que se cumplan con las exigencias ambientales, sociales y culturales que implica la culminación de un proceso de 20 años.
El Gobierno realizó ayer la presentación de los aspectos básicos relacionados con el cierre de minas y anticipó que habrá otras exposiciones que serán más técnicas. La convocatoria tuvo una amplia respuesta, ya que contó con la presencia de empresarios, legisladores oficialistas y de la oposición, trabajadores mineros, profesionales de la actividad, entre otros.
A partir de las distintas presentaciones quedó establecido que se atraviesa ya la etapa de la caída de la actividad, y aunque todo indica que la culminación de la etapa productiva será en 2018, podría extenderse un poco más, dependiendo de la situación económica.
Micone hizo hincapié en el rol del Estado. "Esto es una política de Estado que debemos asumir todos, asignar los recursos necesarios, garantizar la transparencia y comunicación de todo el proceso", señaló para indicar que el cierre de mina debe ser "una transición ordenada, segura, social y ambientalmente aceptada. Es decir, tenemos que ver no solo lo ambiental sino el desarrollo cultural, agrícola, ganadero", manifestó.
En este plano, Micone explicó que para llevar adelante el proceso la Provincia adhirió a la ley nacional de protección ambiental a través de un decreto y luego dictó resoluciones que actúan como guías para el cierre de mina y para la participación ciudadana.
Por otra parte, informó que el organismo realizó auditorías en la empresa por la falta de información referida a los controles ambientales que se realizaron entre 1996 y 2003. Esos informes fueron entregados a Fiscalía de Estado para que investigue cómo se ejecuta el proceso.
La directora de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, explicó los controles y los aspectos técnicos que implica el plan y expresó que el cierre permite "adoptar medidas de mitigación que ayuden a evitar, reducir o contrarrestar impactos mayores al cese de la actividad minera”.
"Tenemos que ser un faro"
Representantes de la empresa Minera Alumbrera expusieron detalles sobre las actividades que iniciaron en 1995 cuando presentaron el plan de cierre. En esta oportunidad, el gerente de Relaciones Institucionales, Jorge Montaldi, se refirió a la importancia que tendrá para el país la culminación del megaproyecto.
"El cierre de mina debemos verlo como una etapa más del funcionamiento de la actividad. Es la etapa menos deseada porque se termina la etapa productiva. Es una etapa que hay que encararla con máxima responsabilidad. Nos sentimos orgullosos de lo que se hizo en Alumbrera, es un icono de la minería argentina y de Catamarca. Después de la instalación de Alumbrera, la empresa fue un faro para la gran minería de Argentina y de igual manera el proceso de cierre tiene que ser un faro", señaló.
Montaldi aseguró que ya se realizan instancias de capacitación para garantizar la posibilidad de que los trabajadores de la mina puedan iniciar otra actividad.
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Fecha de Publicación: 06/06/2016
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Sectores políticos y empresariales se mostraron interesados por la convocatoria, en la que se informó cómo será el final del gran proyecto minero.
La Secretaría de Minería y la empresa Minera Alumbrera dieron ayer un informe acerca de las etapas previstas para el cierre de la mina Bajo La Alumbrera. En la oportunidad, el secretario Rodolfo Micone reveló que no existe una normativa provincial para regular todo el proceso de culminación de la actividad productiva. Además, ratificó que a partir de resoluciones que fueron tomadas por el organismo, la Secretaría de Minería será la autoridad de aplicación y la responsable de fiscalizar que se cumplan con las exigencias ambientales, sociales y culturales que implica la culminación de un proceso de 20 años.
El Gobierno realizó ayer la presentación de los aspectos básicos relacionados con el cierre de minas y anticipó que habrá otras exposiciones que serán más técnicas. La convocatoria tuvo una amplia respuesta, ya que contó con la presencia de empresarios, legisladores oficialistas y de la oposición, trabajadores mineros, profesionales de la actividad, entre otros.
A partir de las distintas presentaciones quedó establecido que se atraviesa ya la etapa de la caída de la actividad, y aunque todo indica que la culminación de la etapa productiva será en 2018, podría extenderse un poco más, dependiendo de la situación económica.
Micone hizo hincapié en el rol del Estado. "Esto es una política de Estado que debemos asumir todos, asignar los recursos necesarios, garantizar la transparencia y comunicación de todo el proceso", señaló para indicar que el cierre de mina debe ser "una transición ordenada, segura, social y ambientalmente aceptada. Es decir, tenemos que ver no solo lo ambiental sino el desarrollo cultural, agrícola, ganadero", manifestó.
En este plano, Micone explicó que para llevar adelante el proceso la Provincia adhirió a la ley nacional de protección ambiental a través de un decreto y luego dictó resoluciones que actúan como guías para el cierre de mina y para la participación ciudadana.
Por otra parte, informó que el organismo realizó auditorías en la empresa por la falta de información referida a los controles ambientales que se realizaron entre 1996 y 2003. Esos informes fueron entregados a Fiscalía de Estado para que investigue cómo se ejecuta el proceso.
La directora de Gestión Ambiental Minera, Antonella Velazco, explicó los controles y los aspectos técnicos que implica el plan y expresó que el cierre permite "adoptar medidas de mitigación que ayuden a evitar, reducir o contrarrestar impactos mayores al cese de la actividad minera”.
"Tenemos que ser un faro"
Representantes de la empresa Minera Alumbrera expusieron detalles sobre las actividades que iniciaron en 1995 cuando presentaron el plan de cierre. En esta oportunidad, el gerente de Relaciones Institucionales, Jorge Montaldi, se refirió a la importancia que tendrá para el país la culminación del megaproyecto.
"El cierre de mina debemos verlo como una etapa más del funcionamiento de la actividad. Es la etapa menos deseada porque se termina la etapa productiva. Es una etapa que hay que encararla con máxima responsabilidad. Nos sentimos orgullosos de lo que se hizo en Alumbrera, es un icono de la minería argentina y de Catamarca. Después de la instalación de Alumbrera, la empresa fue un faro para la gran minería de Argentina y de igual manera el proceso de cierre tiene que ser un faro", señaló.
Montaldi aseguró que ya se realizan instancias de capacitación para garantizar la posibilidad de que los trabajadores de la mina puedan iniciar otra actividad.
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Bajo de la Alumbrera planifica su cierre y veremos...
La principal mina a cielo abierto de la Argentina prepara su cierre
Fecha de Publicación: 28/05/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Catamarca
Evalúan abandonar la actividad a finales del año que viene; para la empresa, la vida útil de la explotación llegó a su fin; con su levantamiento, se podrán medir los efectos ambientales
El principal yacimiento a cielo abierto del país, Bajo de la Alumbrera, prepara su cierre para finales del año próximo y acelera el plan de remediación previsto en la concesión. Es la primera vez, en una explotaciónde este tipo, que los argentinos podrán ver cómo queda la zona en donde se trabajó y cuáles son las consecuencias de la actividad. El cierre -como toda la operación- no está exento de controversia.
Desde la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un monitoreo de una década. La inversión, que incluye las indemnizaciones a los 1900 empleados, rondaría, a valores de hoy, los 2000 millones de pesos.
En la explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son descartados-.
Se cubrirán todas las áreas afectadas con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación.
La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
Es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
La empresa -que además del yacimiento Bajo de la Alumbrera, trabaja desde hace unos meses Bajo el Durazno- es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).
Los derechos de exploración y explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). Y percibe 20% del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.
El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, indicó a LA NACION que el yacimiento está llegando al final de su vida útil y aunque se proyectaba el cierre para fines del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y la mejora del tipo de cambio tuvieron un "efecto positivo en la estructura de costos", por lo que evalúan una extensión del período.
La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.
Desde hace años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.
Sergio Martínez, integrante de la asamblea de Andalgalá admitió a LA NACION que en 1995, cuando comenzó la construcción de la Alumbrera, "aplaudíamos, pensábamos que era una suerte de reparación histórica para estos lugares. Advertimos que estamos igual, pero contaminados, con gente forzada a la migración, enfermos y producciones alteradas".
Los asambleístas reclaman la "participación de la comunidad" en audiencias públicas. "Fuimos a la Corte Suprema porque acá se nos niega hasta el acceso a la Justicia". Martínez se refiere al fallo de marzo pasado que hizo lugar al recurso de queja que presentaron en 2012 para frenar las actividades en el yacimiento Agua Rica.
Socio y controlante
Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD. Rodolfo Micone, secretario de Minería provincial, dijo a LA NACION que ese esquema no interfiere porque el Ejecutivo audita su área a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera. "Es totalmente independiente de la conducción de la sociedad", señaló. Agregó que, en el marco legal vigente, se iniciaron varios sumarios administrativos, se procesaron algunos y otros están en la etapa de evaluación y "pronta" resolución. Enfatizó que la provincia "suspendió proyectos mineros en producción por incumplimientos ambientales".
El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas por supuesta contaminación de la Alumbrera, entre ellas una por la composición y niveles de metales hallados en los afluentes que la minera desecha en el canal DP2 de Tucumán y que desembocan en el embalse de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En diálogo con LA NACION, indicó que las auditorías son insuficientes y que en Tucumán se dictan resoluciones administrativas más elásticas que las nacionales sobre los parámetros de contaminación.
Fredy Carbonell, de la ONG tucumana ProEco -querellante en una causa desde 2010-, apuntó: "Los gobiernos no pueden controlar la extracción de áridos, imagínese una mina".
Respecto de la remediación, Gómez sostuvo que "terminarán haciéndose cargo" los socios de YMAD "en función de una cláusula secreta firmada en Nueva York" a la que comparó con la que rige en el acuerdo de Chevron. Montaldi rechazó de plano su existencia.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), planteó que las acciones deben permitir "una restauración socioambiental de las áreas utilizadas para que el terreno tenga condiciones similares a las previas al desarrollo de la actividad" y recordó que las mineras tienen el "compromiso de monitorear en el poscierre todos los elementos de la naturaleza para constatar su estabilidad física y química".
Karina Martineli, miembro de la asamblea Santa María del Valle, reclamó la participación de la comunidad en el plan de cierre: "Todo se maneja como si no hubiera gente; no hay datos, no hay información".
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Fecha de Publicación: 28/05/2016
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Catamarca
Evalúan abandonar la actividad a finales del año que viene; para la empresa, la vida útil de la explotación llegó a su fin; con su levantamiento, se podrán medir los efectos ambientales
El principal yacimiento a cielo abierto del país, Bajo de la Alumbrera, prepara su cierre para finales del año próximo y acelera el plan de remediación previsto en la concesión. Es la primera vez, en una explotaciónde este tipo, que los argentinos podrán ver cómo queda la zona en donde se trabajó y cuáles son las consecuencias de la actividad. El cierre -como toda la operación- no está exento de controversia.
Desde la compañía calculan que el plan, a partir del cese de la explotación, demandará unos cinco años, a los que seguirá un monitoreo de una década. La inversión, que incluye las indemnizaciones a los 1900 empleados, rondaría, a valores de hoy, los 2000 millones de pesos.
En la explotación, que ocupa 1400 hectáreas ubicadas en la zona previa a la sierra del Aconquija, hay montañas de material desechado, un socavón de 500 metros de profundidad por 1700 de diámetro y un dique de cola -donde se retienen los materiales sólidos que son descartados-.
Se cubrirán todas las áreas afectadas con una capa de material "benigno" y se las "revegetará con especies nativas". El objetivo es que los desechos no entren en contacto con el agua y el aire, para evitar la contaminación.
La empresa usa un promedio de 2,7 millones de litros de agua por segundo que extrae del acuífero catamarqueño Campo del Arenal.
Es la explotación de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto más importante del país y opera hace casi 20 años. A diario, extrae 300.000 toneladas de material estéril, de los que obtiene 100.000 de minerales.
La empresa -que además del yacimiento Bajo de la Alumbrera, trabaja desde hace unos meses Bajo el Durazno- es operada por la firma suiza Glencore (50% de las acciones), y las canadienses Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).
Los derechos de exploración y explotación son de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), una sociedad interestadual integrada por el gobierno de Catamarca (60%) y la Universidad Nacional de Tucumán (40%). Y percibe 20% del producido neto de Bajo de la Alumbrera y 30% del de Bajo del Durazno.
El gerente de Relaciones Institucionales de Minera Alumbrera, Jorge Montaldi, indicó a LA NACION que el yacimiento está llegando al final de su vida útil y aunque se proyectaba el cierre para fines del 2017, la eliminación de retenciones para la minería y la mejora del tipo de cambio tuvieron un "efecto positivo en la estructura de costos", por lo que evalúan una extensión del período.
La minera enfrenta denuncias y causas penales por presunta contaminación en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, además de una investigación en la justicia federal de Rosario por supuesto tráfico documental y contrabando de minerales.
Desde hace años, los vecinos de Andalgalá y Santa María del Valle, localidades ubicadas a unos 50 kilómetros del yacimiento, reclaman por el impacto que tendría la explotación en el aire y el agua, y sus efectos sobre la salud humana. Unas 30 familias de Vis-Vis, un pueblo ubicado a dos kilómetros del paredón del dique de cola, abandonaron el lugar y algunos demandaron por daños de contaminación y destrucción de sembradíos y ganado.
Sergio Martínez, integrante de la asamblea de Andalgalá admitió a LA NACION que en 1995, cuando comenzó la construcción de la Alumbrera, "aplaudíamos, pensábamos que era una suerte de reparación histórica para estos lugares. Advertimos que estamos igual, pero contaminados, con gente forzada a la migración, enfermos y producciones alteradas".
Los asambleístas reclaman la "participación de la comunidad" en audiencias públicas. "Fuimos a la Corte Suprema porque acá se nos niega hasta el acceso a la Justicia". Martínez se refiere al fallo de marzo pasado que hizo lugar al recurso de queja que presentaron en 2012 para frenar las actividades en el yacimiento Agua Rica.
Socio y controlante
Los controles sobre las operaciones están a cargo, exclusivamente, del gobierno catamarqueño que participa de la explotación en YMAD. Rodolfo Micone, secretario de Minería provincial, dijo a LA NACION que ese esquema no interfiere porque el Ejecutivo audita su área a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera. "Es totalmente independiente de la conducción de la sociedad", señaló. Agregó que, en el marco legal vigente, se iniciaron varios sumarios administrativos, se procesaron algunos y otros están en la etapa de evaluación y "pronta" resolución. Enfatizó que la provincia "suspendió proyectos mineros en producción por incumplimientos ambientales".
El fiscal de Cámara de Tucumán, Gustavo Gómez, lleva adelante distintas causas por supuesta contaminación de la Alumbrera, entre ellas una por la composición y niveles de metales hallados en los afluentes que la minera desecha en el canal DP2 de Tucumán y que desembocan en el embalse de las Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. En diálogo con LA NACION, indicó que las auditorías son insuficientes y que en Tucumán se dictan resoluciones administrativas más elásticas que las nacionales sobre los parámetros de contaminación.
Fredy Carbonell, de la ONG tucumana ProEco -querellante en una causa desde 2010-, apuntó: "Los gobiernos no pueden controlar la extracción de áridos, imagínese una mina".
Respecto de la remediación, Gómez sostuvo que "terminarán haciéndose cargo" los socios de YMAD "en función de una cláusula secreta firmada en Nueva York" a la que comparó con la que rige en el acuerdo de Chevron. Montaldi rechazó de plano su existencia.
Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), planteó que las acciones deben permitir "una restauración socioambiental de las áreas utilizadas para que el terreno tenga condiciones similares a las previas al desarrollo de la actividad" y recordó que las mineras tienen el "compromiso de monitorear en el poscierre todos los elementos de la naturaleza para constatar su estabilidad física y química".
Karina Martineli, miembro de la asamblea Santa María del Valle, reclamó la participación de la comunidad en el plan de cierre: "Todo se maneja como si no hubiera gente; no hay datos, no hay información".
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Explican porque la Alumbrera contamina el Salí
Insisten en que la minera contamina el Salí
Fecha de Publicación: 16/03/2016
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Asociación Civil PRO ECO Grupo Ecologista insiste en que la empresa Minera Alumbrera contamina, luego de que se conociera el llamado a indagatoria a tres directivos de la empresa. La causa está en el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Poviña y se acusa a la minera por contaminación en el dique el Frontal en Las Termas de Río Hondo, el canal DP2 y en la zona de Concepción. PRO ECO es querellante en la causa.
“La acusación seguida contra los directivos de esa empresa se fundamenta en informes periciales realizados por peritos oficiales designados por el juez interviniente, los cuales se encuentran agregados al expediente, y son objetivos y contundentes”, precisó la organización ecologista.
Luego, enumeró algunos de los puntos del expediente:
- El llamado a indagatoria no se fundamenta en meras afirmaciones de parte, como lo hace en su defensa la empresa minera, que se ampara en firmas de especialistas que, al ser empleados de la empresa, carecen de objetividad e imparcialidad. O, como en el caso de la UNT, que se encuentra en vinculación directa con la empresa por medio de YMAD. Es decir que se podría considerar parte interesada, por lo tanto sus aportes técnicos tampoco pueden ser considerados a los fines probatorios.
- También carecen de validez las afirmaciones e informes en donde manifiesta su cumplimiento con la normativa local, la Resolución 030 SEMA, puesto que la misma es inconstitucional porque viola la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Justamente, lo que se investiga es la contaminación del canal DP2, donde la minera vuelca efluentes con metales pesados provenientes de su planta de secado y de filtros en Cruz del Norte.
- Entre las pruebas agregadas en la causa, se pueden enunciar el informe emitido por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que manifestó: “La ley 24.051 (Residuos Peligrosos) tiene el fin de evitar la contaminación del ambiente y que no se afecte la salud de las personas”. O el informe emitido por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que señaló: “Las consecuencias ambientales negativas de la actividad industrial de las empresas del caso son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de los efluentes”.
- También hay material fotográfico y audiovisual agregado al expediente donde se puede observar el punto donde la empresa minera realiza el volcado de sus afluentes sobre el canal DP2, material en el cual se puede observar que existe un ecosistema, personas, incluso niños que se sumergen en esas aguas y extraen peces para consumirlos.
- También figuran informes y mapas que dan cuenta de la desembocadura de dicho canal en el dique de Termas de Río Hondo, con la consiguiente contaminación de aguas interjurisdiccionales.
- Todo ese material probatorio está acopiado en un expediente de mas de 13 cuerpos, que lleva alrededor de quince años de investigación.
“Confiamos en que de una vez por todas se haga justicia ambiental, en resguardo de los derechos de la naturaleza y las personas, y que la Justicia Federal procese y condene a todos los responsables de la contaminación ambiental con residuos peligrosos en Tucumán y en las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca Salí-Dulce”, sostuvo el grupo ecologista en su descargo.
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Fecha de Publicación: 16/03/2016
Fuente: La Gaceta
Provincia/Región: Tucumán
La Asociación Civil PRO ECO Grupo Ecologista insiste en que la empresa Minera Alumbrera contamina, luego de que se conociera el llamado a indagatoria a tres directivos de la empresa. La causa está en el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Poviña y se acusa a la minera por contaminación en el dique el Frontal en Las Termas de Río Hondo, el canal DP2 y en la zona de Concepción. PRO ECO es querellante en la causa.
“La acusación seguida contra los directivos de esa empresa se fundamenta en informes periciales realizados por peritos oficiales designados por el juez interviniente, los cuales se encuentran agregados al expediente, y son objetivos y contundentes”, precisó la organización ecologista.
Luego, enumeró algunos de los puntos del expediente:
- El llamado a indagatoria no se fundamenta en meras afirmaciones de parte, como lo hace en su defensa la empresa minera, que se ampara en firmas de especialistas que, al ser empleados de la empresa, carecen de objetividad e imparcialidad. O, como en el caso de la UNT, que se encuentra en vinculación directa con la empresa por medio de YMAD. Es decir que se podría considerar parte interesada, por lo tanto sus aportes técnicos tampoco pueden ser considerados a los fines probatorios.
- También carecen de validez las afirmaciones e informes en donde manifiesta su cumplimiento con la normativa local, la Resolución 030 SEMA, puesto que la misma es inconstitucional porque viola la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Justamente, lo que se investiga es la contaminación del canal DP2, donde la minera vuelca efluentes con metales pesados provenientes de su planta de secado y de filtros en Cruz del Norte.
- Entre las pruebas agregadas en la causa, se pueden enunciar el informe emitido por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que manifestó: “La ley 24.051 (Residuos Peligrosos) tiene el fin de evitar la contaminación del ambiente y que no se afecte la salud de las personas”. O el informe emitido por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que señaló: “Las consecuencias ambientales negativas de la actividad industrial de las empresas del caso son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de los efluentes”.
- También hay material fotográfico y audiovisual agregado al expediente donde se puede observar el punto donde la empresa minera realiza el volcado de sus afluentes sobre el canal DP2, material en el cual se puede observar que existe un ecosistema, personas, incluso niños que se sumergen en esas aguas y extraen peces para consumirlos.
- También figuran informes y mapas que dan cuenta de la desembocadura de dicho canal en el dique de Termas de Río Hondo, con la consiguiente contaminación de aguas interjurisdiccionales.
- Todo ese material probatorio está acopiado en un expediente de mas de 13 cuerpos, que lleva alrededor de quince años de investigación.
“Confiamos en que de una vez por todas se haga justicia ambiental, en resguardo de los derechos de la naturaleza y las personas, y que la Justicia Federal procese y condene a todos los responsables de la contaminación ambiental con residuos peligrosos en Tucumán y en las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca Salí-Dulce”, sostuvo el grupo ecologista en su descargo.
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Directivos de La Alumbrera a indagatoria
Tucumán: citaron a indagatoria a los directivos de 'Minera La Alumbrera'
Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Fecha de Publicación: 04/03/2016
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Tucumán
Se trata de Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holme, quienes deberán presentarse los días 14, 15 y 16 de Marzo ante el juez federal Fernando Poviña. En representación del MPF intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
El titular del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a prestar declaraciones indagatorias a los directivos de “Minera La Alumbrera” Julián Rooney, Raúl Mentz y Michael Holmes. Los tres deberán presentarse ante el magistrado entre los días 14, 15 y 16 de marzo, en el marco de la causa por contaminación ambiental que ya lleva 14 años. En representación del Ministerio Público, intervendrá el fiscal federal Carlos Brito.
Esta causa se inició por una denuncia presentada por el ciudadano Juan González en la Fiscalía General de Tucumán, a cargo de Gustavo Gómez. Allí, quien hoy es uno de los tres querellantes que en la actualidad tiene el expediente había indicado que La Alumbrera habría contaminado el Dique el Frontal en Termas de Río Hondo, el canal DP2 y generado efectos ambientales perjudiciales en la zona de Concepción de Tucumán.
En función de eso, la Fiscalía General dispuso una investigación preliminar en los términos de la entonces Ley Orgánica del Ministerio Público. De esa manera, luego de reunir los informes necesarios que acreditaron los hechos de la denuncia, se remitió la investigación preliminar al titular de la Fiscalía Federal N°1 de esa provincia, Carlos Brito, para que interpusiera el requerimiento de instrucción.
Asimismo, la fiscal general ante la Cámara tuvo diversas intervenciones en el caso, tales como cuando el fiscal Gómez peticionó que se ordenara al juez la inmediata investigación penal por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento, en contra del entonces secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral.
Por otra parte, en junio de 2008, la cámara federal de Tucumán había dictado el procesamiento por el delito de contaminación ambiental en contra de Rooney. Sin embargo, esa medida luego fue revocada por la Cámara Federal de Casación Penal, ordenándole al juez de aquel momento, Mario Racedo, que emitiera un nuevo fallo, algo que nunca se concretó.
Desde entonces, el expediente se encontraba a la espera de resolver si se procesaba nuevamente o no al directivo de la mina.
A la vez, el 7 de noviembre de 2014 la ONG “Conciencia Solidaria” presentó nuevamente como querellante ante el juez federal el pedido de procesamiento en contra de Rooney. El material probatorio incluía la denuncia del daño ocasionado por la planta de tratamientos de efluentes de la empresa Minera La Alumbrera a una de sus empleadas, quien habría sido afectada por el contacto con químicos tóxicos utilizados en la planta. Esto le produjo, indicaron los denunciantes, enfermedades dermatológicas (por contacto directo) y respiratorias (por suspensión de sustancias en el aire) agravadas de forma crónica.
En la causa, también existen informes y análisis realizados por el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGBA), que determinan que los niveles de cobre y mercurio en los canales supera el máximo permitido, perjudicando la vida acuática y la salud pública, por bioacumulación. El aumento en las concentraciones de cobre plantea un riesgo para la salud pública, por la exposición crónica de la vida marina, y sus consumidores en la población humana.
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Ordenaron nuevos peritajes en la causa Alumbrera
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Tucumán sobre contaminación
Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco ordenaron nuevos peritajes para determinar si la actividad minera en Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno impactó en el ambiente.
La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy que se dispongan peritajes para determinar si empresas mineras instaladas en la provincia de Catamarca provocaron contaminación en los alrededores de los yacimientos "Bajo la Alumbrera" y "Bajo el Durazno".
Se trata de una resolución del máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Tucumán que no había hecho lugar al planteo de una vecina de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, y de la Fiscalía General de esa provincia, para que se suspendiera la actividad minera de esos yacimientos, explotados por las empresas Minera Alumbrera Limited y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En ese marco los demandantes solicitaron que se suspendiera, a través de una medida cautelar, la actividad en esos yacimientos, "hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producido por las filtraciones originadas en el dique de colas -entre otros factores contaminantes-, y hasta tanto las demandadas acreditaran haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, según lo dispone el art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675".
Pero la Cámara Federal de Tucumán no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por entender que si admitía ese reclamo se estaba pronunciando sobre la cuestión de fondo. Ahora la Corte ordenó revocar el fallo de la Justicia tucumana y dictar un nueva resolución, haciendo hincapié en la importancia de las pericias para determinar si hubo o no contaminación.
Según los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco (por su voto)-, la Cámara Federal de Tucumán "no cumplió con el principio precautorio reconocido en la ley general del ambiente (ley 25.675), según el cual cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no puede utilizarse como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la degradación del ambiente".
La Corte resaltó "las facultades que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general".
"Asiste razón a las recurrentes en cuanto afirman que la resolución apelada (de la Cámara Federal de Tucumán) es arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional", determinó el máximo tribunal.
Y se añadió: "al omitir toda referencia a la prueba aludida, la Cámara no realizó un balance provisorio entre la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave e irreversible y el costo de acreditar el cumplimiento de las medidas solicitadas, principalmente, a la luz del ya citado principio precautorio, conforme al cual, 'cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente".
En ese marco, la Corte hizo lugar a las quejas y dejó sin efecto la sentencia apelada, por lo que dispuso que volviera la causa al tribunal de origen para que "se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto" por la máxima instancia del Poder Judicial, consignó la agencia DyN.
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Fecha de Publicación: 26/02/2016
Fuente: La Gaceta (Tucumán)
Provincia/Región: Catamarca - Nacional
Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco ordenaron nuevos peritajes para determinar si la actividad minera en Bajo la Alumbrera y Bajo el Durazno impactó en el ambiente.
La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy que se dispongan peritajes para determinar si empresas mineras instaladas en la provincia de Catamarca provocaron contaminación en los alrededores de los yacimientos "Bajo la Alumbrera" y "Bajo el Durazno".
Se trata de una resolución del máximo tribunal contra el fallo de la Cámara Federal de Tucumán que no había hecho lugar al planteo de una vecina de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, y de la Fiscalía General de esa provincia, para que se suspendiera la actividad minera de esos yacimientos, explotados por las empresas Minera Alumbrera Limited y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
En ese marco los demandantes solicitaron que se suspendiera, a través de una medida cautelar, la actividad en esos yacimientos, "hasta tanto se realizaran informes periciales in situ para medir el alcance de la contaminación y degradación del medio ambiente producido por las filtraciones originadas en el dique de colas -entre otros factores contaminantes-, y hasta tanto las demandadas acreditaran haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, según lo dispone el art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675".
Pero la Cámara Federal de Tucumán no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por entender que si admitía ese reclamo se estaba pronunciando sobre la cuestión de fondo. Ahora la Corte ordenó revocar el fallo de la Justicia tucumana y dictar un nueva resolución, haciendo hincapié en la importancia de las pericias para determinar si hubo o no contaminación.
Según los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco (por su voto)-, la Cámara Federal de Tucumán "no cumplió con el principio precautorio reconocido en la ley general del ambiente (ley 25.675), según el cual cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no puede utilizarse como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces con el fin de impedir la degradación del ambiente".
La Corte resaltó "las facultades que el artículo 32 de la Ley General del Ambiente otorga a la autoridad judicial interviniente con el objeto de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general".
"Asiste razón a las recurrentes en cuanto afirman que la resolución apelada (de la Cámara Federal de Tucumán) es arbitraria y, por ende, descalificable como acto jurisdiccional", determinó el máximo tribunal.
Y se añadió: "al omitir toda referencia a la prueba aludida, la Cámara no realizó un balance provisorio entre la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave e irreversible y el costo de acreditar el cumplimiento de las medidas solicitadas, principalmente, a la luz del ya citado principio precautorio, conforme al cual, 'cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente".
En ese marco, la Corte hizo lugar a las quejas y dejó sin efecto la sentencia apelada, por lo que dispuso que volviera la causa al tribunal de origen para que "se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo resuelto" por la máxima instancia del Poder Judicial, consignó la agencia DyN.
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Alumbrera impide acceso ante posible contaminación
Impiden el acceso al mineraloducto de Minera Alumbrera
Fecha de Publicación: 14/03/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Personal de seguridad privada que respondería a Minera Alumbrera impidió a un equipo de Primerafuente y a dos ambientalistas el libre acceso sobre la ruta nacional 65 a la altura de Villa Lola, a 5 km de Alpachiri, donde el mineraloducto de la empresa cruza el rio Medina y habría sufrido daños tras el fuerte temporal.
Finalmente, el equipo de primerafuente pudo transitar la zona del Villa Lola gracias a la intervención de operarios de Vialidad Nacional que necesitaban llegar hasta el corte de la ruta 65 para proveer de alimentos a los trabajadores viales que quedaron aislados porque el camino desapareció por la crecida del rio Cochuna y el arroyo el Calado.
Allí se encontraban los ambientalistas Fredy Carbonel y Carlos Aranda, de Proeco y de la agrupación Juan Calchaquí respectivamente, quienes también fueron impedidos de acceder al lugar y constatar el estado del mineraloducto.
“A la ruta nacional 65 no nos dejaban acceder. Un operario de Telecom nos confirmó que se ha cortado una fibra óptica que va hacia Andalgalá siguiendo el caño del mineraloducto que cruza el río Medina. Vimos maquinarias pesadas trabajando donde vimos caños color negro asentados sobre la tierra, presumimos que pertenecen a la Minera”, señalaron en declaraciones a primerafuente.
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Fecha de Publicación: 14/03/2015
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Catamarca
Personal de seguridad privada que respondería a Minera Alumbrera impidió a un equipo de Primerafuente y a dos ambientalistas el libre acceso sobre la ruta nacional 65 a la altura de Villa Lola, a 5 km de Alpachiri, donde el mineraloducto de la empresa cruza el rio Medina y habría sufrido daños tras el fuerte temporal.
Finalmente, el equipo de primerafuente pudo transitar la zona del Villa Lola gracias a la intervención de operarios de Vialidad Nacional que necesitaban llegar hasta el corte de la ruta 65 para proveer de alimentos a los trabajadores viales que quedaron aislados porque el camino desapareció por la crecida del rio Cochuna y el arroyo el Calado.
Allí se encontraban los ambientalistas Fredy Carbonel y Carlos Aranda, de Proeco y de la agrupación Juan Calchaquí respectivamente, quienes también fueron impedidos de acceder al lugar y constatar el estado del mineraloducto.
“A la ruta nacional 65 no nos dejaban acceder. Un operario de Telecom nos confirmó que se ha cortado una fibra óptica que va hacia Andalgalá siguiendo el caño del mineraloducto que cruza el río Medina. Vimos maquinarias pesadas trabajando donde vimos caños color negro asentados sobre la tierra, presumimos que pertenecen a la Minera”, señalaron en declaraciones a primerafuente.
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