Clima, energía, medio ambiente y la deuda con la infancia en la Argentina

Fecha de Publicación: 20/02/2023
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Nacional


El informe de Unicef denominado “Análisis de riesgos relacionados con clima, energía y medio ambiente sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia en la Argentina”, es una clara radiografía de lo mucho que se declama desde el Estado y desde el sector privado empresario y lo poco que se hace para un mejor equilibrio como sociedad y ya mejor calidad de vida.
En ese informe –al que accedió EL ARGENTINO- se reflejan los principales riesgos ambientales a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la Argentina, incluyendo un análisis de su localización geográfica.
Asimismo, se identifican “los principales cuellos de botella y las barreras que afectan el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia vinculados con el clima, la energía y el medio ambiente, y la gestión de riesgos de desastres”; y en ese marco considera las “políticas, arreglos institucionales, presupuestos, capacidades, planificación y monitoreo, y acciones del sector privado”. Se trata de un estudio que debería incorporarse como un insumo indispensable para toda gestión de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, especialmente de aquí al 2025 como mínimo.
En la Introducción del documento se admite que “Argentina es uno de los países de mayor extensión territorial en la región, el continente y el mundo. Esta gran extensión, particularmente en sentido latitudinal, le brinda una enorme diversidad de climas, recursos naturales y rasgos culturales que encierra el territorio y que dan origen a 18 diferentes ecorregiones terrestres más tres marinas, que van desde selvas subtropicales en el Nordeste y Noroeste del país, hasta desiertos como la región del Monte o los bosques fríos más australes del mundo”.
“Esta diversidad, junto con la multiplicidad de actividades productivas, idiosincrasias y población en cada región, genera también un amplio rango de problemáticas asociadas al cambio climático, el ambiente y la energía, con una variada incidencia sobre la población”, describe.
También recuerda que, en el plano político-institucional, el país tiene una organización federal en 24 jurisdicciones (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que en materia de recursos naturales y legislación ambiental tienen un alto grado de autonomía.

Riesgo ambiental y derechos de la niñez y la adolescencia
En relación a los derechos de la niñez y la adolescencia, la normativa nacional, tanto ambiental como de la niñez, reconoce el derecho de todos los habitantes y en particular de niños, niñas y adolescentes a gozar de un ambiente sano y equilibrado. “No obstante ello –señala el informe- el planeta enfrenta una crisis ambiental que se manifiesta a distintas escalas. Desde el cambio climático hasta la degradación del ambiente en sus diversas formas (deforestación, contaminación, degradación de suelos), tanto en el mundo como en la Argentina, se presentan escenarios donde estos derechos son vulnerados”.
Si bien es cierto que toda problemática ambiental incide en forma homogénea en la población, hay que observar –como lo hace la Encíclica del Papa Francisco Laudato, Sí- que es en los niños, niñas y adolescentes donde se observa un mayor grado de vulnerabilidad.
Entre los padecimientos y falta de respuesta, UNICEF (en base a datos de 2016, hoy la situación es más crítica porque no hubo remediación), señala que “la contaminación del aire y el agua, la falta de saneamiento adecuado, los riesgos de toxicidad y los vectores de enfermedades constituyen factores de riesgo para la salud materno-infantil”.
Se trata de riesgos y contaminación ambiental que claramente “contribuyen con la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad infantil, asociadas a las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas, los traumatismos físicos, las intoxicaciones, las enfermedades transmitidas por insectos y las infecciones perinatales”, señala UNICEF.
Curiosamente –se advierte en el informe- son muy escasas las estadísticas que permiten vincular la mortalidad y la morbilidad infantil con causas ambientales en el país. No obstante, según cifras de la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, “la mortalidad infantil posneonatal por causa respiratoria ocupa el segundo lugar”.
Una de estas afecciones respiratorias -la neumonía-, por sí sola se ubica en el quinto lugar. La mortalidad por diarrea y gastroenteritis, si bien representa un porcentaje bajo del total de muertes (1,5 por ciento), es marcador de inequidad en el acceso a medidas de promoción de la salud, de prevención y tratamiento adecuado, advirtió UNICEF.
A todas luces, se trata de problemáticas que directa o indirectamente permite relacionar la condición ambiental con la incidencia en la salud.
“Por otro lado –enseña UNICEF-, no es correcto asociar la problemática ambiental únicamente como causa de problemas sanitarios. La degradación del ambiente es causa (y también consecuencia) de procesos socioeconómicos y territoriales que directa o indirectamente tienen incidencia sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Cambio climático y vectores de enfermedades
“La Argentina no se encuentra entre el listado de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (Banco Mundial, 2018); su vulnerabilidad es media en relación al escenario global. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, tampoco es un país de peso en el escenario mundial, pues aporta solo un 0,7 por ciento de las emisiones globales (MAyDS, 2017)”, reconoce UNICEF. Pero, advierte que “los cambios observados al momento y, sobre todo, los escenarios proyectados para las próximas décadas muestran un potencial impacto significativo en varias áreas que van desde la salud hasta la economía, muchos de ellos con repercusiones directas sobre la niñez y la adolescencia”.
Y agrega algo más: “Los cambios en el clima en la Argentina se han observado a partir de la segunda mitad del Siglo XX y de acuerdo con las proyecciones de los modelos climáticos, se intensificarán o al menos no se revertirán en este siglo”.
En relación a los vectores de enfermedades, se indica que “el aumento en la temperatura en todo el territorio, junto con un eventual aumento de las precipitaciones en la región Central / Noreste Argentino (NEA) en el escenario de largo plazo, genera una condición propicia para una expansión geográfica e incremento de la abundancia de vectores de diferentes enfermedades con particular incidencia en niños, niñas y adolescentes”.
Como resultado se prevé una mayor exposición y probablemente incidencia de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (vector de dengue, zika y chikungunya), Anopheles darlingi (vector de la malaria) y Triatoma infestans (vinchuca, vector del chagas). “En particular para el dengue, su distribución y abundancia podría avanzar hacia el sur y el oeste de su actual área de incidencia, favoreciendo la extensión del período de reproducción del vector y, en consecuencia, ampliando las épocas de potenciales brotes”, resalta el informe al que accedió EL ARGENTINO.
Y hace una advertencia que es necesario tomarla a tiempo: “se prevé que el número de habitantes en riesgo de exposición al dengue aumente en las próximas décadas, pasando de 10 millones de personas en la actualidad a 30 millones para el 2030. Otros casos de enfermedades vectoriales que podrían aumentar su incidencia son el hantavirus, transmitida por distintas especies de roedores, y la leishmaniasis, transmitida por distintos insectos flebótomos”.

Degradación y contaminación ambiental
Bajo este título se engloban dos grandes temáticas que actúan a nivel territorial en forma independiente. Ambas con efectos potenciales sobre la afectación de derechos humanos y en particular de la niñez y la adolescencia: 1) conversión de ecosistemas y degradación de recursos naturales (bosques, suelos, dinámica hídrica, humedales) y 2) contaminación ambiental derivada de la actividad producida por la actividad humana (actividad antrópica).
El documento señala que los ecosistemas naturales presentes en las distintas regiones del país han estado fuertemente influenciados por el modelo de desarrollo agroexportador y la gran incidencia de la producción primaria en la economía nacional. “Así es que actividades como la agricultura, la ganadería y la producción forestal ocupan hoy prácticamente la totalidad del territorio. En muchos casos, se desarrollan a expensas de los ecosistemas naturales. El reemplazo de los ecosistemas naturales (por deforestación o cambios de uso del suelo) tiene efecto directo sobre la regulación hídrica, el ciclado de nutrientes y la protección del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero, y el impacto directo sobre la economía y los valores culturales de comunidades que viven insertas en el medio natural y utilizan sus recursos”, destaca el informe.
En cuanto a la deforestación, resalta que su intensidad se debe a la incorporación de tierras para la producción agropecuaria que genera un impacto territorial relevante en varias regiones, pero particularmente, en las últimas décadas del siglo XX, sobre ecosistemas de bosques nativos.
“La incorporación de tierras agrícolas (en especial el cultivo de soja) a expensas del bosque nativo alcanzó cifras muy elevadas durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI (20,13% de su superficie transformada)”, advierte UNICEF.

Agrotóxicos y ausencia de agenda
Otro aspecto que aborda el documento está relacionado con los agrotóxicos, es decir, la contaminación por el uso inadecuado de estos productos.
El documento admite que la problemática asociada a la contaminación por uso de agrotóxicos es compleja y tiene diferentes aristas según las diferentes etapas de uso y aplicación de los productos. Y explica que, respecto a la habilitación del uso de determinados productos y principios activos, es el SENASA la autoridad competente, encargada de la autorización de comercialización y uso en todo el territorio nacional. “Este organismo, a su vez, autoriza el Límite Máximo de Residuos de agroquímicos permitido legalmente en un alimento, que se fija como dosis máxima para que su eventual consumo diario no genere efectos perjudiciales o daños a la salud (Resolución SENASA Nº 934/2010)”. Hay que observar que esta medida se establece sobre la base de tres aspectos fundamentales: la práctica agrícola, la toxicidad del plaguicida y la ingesta o dieta por parte del consumidor de un alimento (exposición).
Es evidente que hay una escasa interacción de las agendas de niñez y adolescencia con la agenda de ambiente, tanto en las políticas nacionales como en las sectoriales.
“Más allá de ello, cabe mencionar que las políticas públicas ambientales en un país federal como la Argentina dependen en gran medida de las definiciones y normativas de los gobiernos subnacionales. Se hace especial hincapié en las líneas de coordinación de políticas públicas ambientales y sectoriales a nivel nacional, entendiendo que muchas de ellas representan presupuestos mínimos ambientales que son complementados por las provincias en ejercicio de su dominio originario de los recursos naturales”, destaca el documento.
La agenda de niñez y adolescencia y la agenda de ambiente se inscriben en la agenda de Derechos Humanos, según reconoce el sistema jurídico del país. La agenda ambiental incorpora a las futuras generaciones como eje central de la política ambiental, al mismo tiempo que la política de derechos de niñez y adolescencia reconoce explícitamente el derecho a un ambiente sano como uno de los derechos fundamentales.
También enfatiza que “la agenda de niñez y adolescencia y la agenda de ambiente se inscriben en la agenda de Derechos Humanos”, según reconoce el sistema jurídico de Argentina.
De hecho, lla agenda ambiental incorpora a las futuras generaciones como eje central de la política ambiental, al mismo tiempo que la política de derechos de niñez y adolescencia reconoce explícitamente el derecho a un ambiente sano como uno de los derechos fundamentales.
También, como se desarrolló en el informe de UNICEF, “la vulneración o puesta en riesgo de los derechos de niños, niñas y adolescentes por razones de degradación del ambiente, cambio climático y energía tiene una fuerte incidencia fundamentalmente por la diversidad de amenazas a nivel territorial y la afectación diferencial sobre la población más vulnerable”.
“No obstante ello, ambas agendas (niñez y ambiente) no están siendo abordadas en las políticas públicas ni por los distintos actores de la sociedad (sector privado, sociedad civil) en forma integrada o articulada”, advierte UNICEF.
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