Reunión en Francia por reservas de la biósfera
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Ambiente formó parte de una reunión internacional por reservas de la biósfera
Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
Fue en el marco del programa MaB de la UNESCO, ligado con la preservación de estos sitios.
Con la finalidad de representar a las 15 reservas de biósfera de nuestro país ante la Secretaría del programa El Hombre y la Biósfera (MaB) de la UNESCO, técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participaron en París, Francia, de la 26.ª Reunión del Comité Asesor Internacional para Reservas de Biósfera. De este encuentro, celebrado entre el 17 y el 20 de febrero, formaron parte los 12 expertos que conforman la mesa de este comité, que es la encargada de emitir las deliberaciones vinculadas con la documentación a presentar ante el Consejo Internacional de Coordinación del programa MaB.
El comité mencionado constituye el principal órgano del comité científico y técnico que asesora al Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (WNBR), así como a la dirección de UNESCO sobre asuntos científicos y técnicos relacionados con la nominación de nuevos sitios y con los cambios y revisiones periódicas de los lugares ya incluidos en la mencionada red mundial.
Cabe recordar que Argentina cuenta con la Red Nacional de Reservas de Biósfera, representada por 15 reservas distribuidas a lo largo del territorio. Las mismas constituyen una plataforma única de colaboración en materia de investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades y establecimiento de redes para compartir información, conocimientos y experiencias sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sustentable.
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Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional
Fue en el marco del programa MaB de la UNESCO, ligado con la preservación de estos sitios.
Con la finalidad de representar a las 15 reservas de biósfera de nuestro país ante la Secretaría del programa El Hombre y la Biósfera (MaB) de la UNESCO, técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participaron en París, Francia, de la 26.ª Reunión del Comité Asesor Internacional para Reservas de Biósfera. De este encuentro, celebrado entre el 17 y el 20 de febrero, formaron parte los 12 expertos que conforman la mesa de este comité, que es la encargada de emitir las deliberaciones vinculadas con la documentación a presentar ante el Consejo Internacional de Coordinación del programa MaB.
El comité mencionado constituye el principal órgano del comité científico y técnico que asesora al Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB y su Red Mundial de Reservas de Biosfera (WNBR), así como a la dirección de UNESCO sobre asuntos científicos y técnicos relacionados con la nominación de nuevos sitios y con los cambios y revisiones periódicas de los lugares ya incluidos en la mencionada red mundial.
Cabe recordar que Argentina cuenta con la Red Nacional de Reservas de Biósfera, representada por 15 reservas distribuidas a lo largo del territorio. Las mismas constituyen una plataforma única de colaboración en materia de investigación y desarrollo, refuerzo de capacidades y establecimiento de redes para compartir información, conocimientos y experiencias sobre la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sustentable.
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Nuevos gobiernos, pasteras y tensiones
Una relación que vuelve con rispideces
Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Alberto Fernández no irá a la asunción de Lacalle Pou y todavía no se estableció cuándo se van a reunir. UPM-Botnia construirá una pastera más grande que la anterior.
Todavía no hay fecha definida para la reunión entre Alberto Fernández y el Luis Lacalle Pou, quien asumirá la presidencia de Uruguay el domingo, el mismo día que el presidente argentino abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso. Ayer, el embajador Alberto Iribarne pasó por Montevideo para mantener los primeros contactos informales con los nuevos funcionarios y empezar a conversar sobre el encuentro. Ocurre que para armar la reunión también hay que resolver qué conversarán sobre un par de cuestiones conflictivas que Iribarne adelantó la semana pasada cuando se presentó en la comisión de Acuerdos del Senado: la muy permisiva política uruguaya respecto a Malvinas que sólo el año pasado permitió 13 vuelos militares entre las islas y Montevideo y, por otro lado, construcción de una nueva mega pastera de la finlandesa UPM-Botnia que producirá el doble que la que funciona frente a Gualeguaychú, un tema que vuelve como una maldición a la agenda bilateral.
Originalmente, estaba pautado que Alberto Fernández abriera las sesiones por la mañana e inmediatamente viajara a Montevideo para participar de la asunción de Lacalle Pou, una forma de retribuir la importante participación uruguaya en la ceremonia del 10 de diciembre pasado, que incluyó al presidente por entonces en funciones, Tabaré Vázquez, al electo Lacalle Pou y al ex presidente José Mujica. Pero a partir de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciara que esperaba encontrarse en Montevideo con Fernández, el presidente argentino puso su participación en duda hasta que quedó definitivamente descartada. Hubo más de un motivo para la suspensión. Uno, fue no aparecer cumpliendo los deseos de Bolsonaro, quien lo viene destratando desde hace tiempo. Otro, no opacar con otras noticias el mensaje de apertura de sesiones que dará el domingo, al que le quiere dar relevancia. Todavía no está definida la delegación que viajará en su reemplazo a Uruguay, se supone que encabezada por el canciller Felipe Solá.
De los contactos que ayer mantuvo Iribarne -todo informal porque todavía no salió el decreto designándolo embajador- no avanzaron demasiado en el armado de la reunión. Cerca del embajador aseguraban que no había rispideces en la agenda bilateral, pero cuando se presentó en la comisión de acuerdos hizo un repaso de la relación en la que detalló los problemas que debería afrontar, con la nueva pastera en primer lugar. El tema ya signó el vínculo durante el mandato de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era el jefe de Gabinete. En aquel momento la controversia escaló hasta la Corte Internacional de La Haya, que emitió un fallo que habilitó la pastera aunque sometiéndola a una serie de controles.
En esta ocasión, según detalló Iribarne en su mensaje en el Senado, nuevamente Uruguay no cumplió con el requisito de avisar previamente sobre la obra a la CARU (Comisión Administrativa del río Uruguay), el ente binacional por el que debe pasar cualquier novedad que se registre en la vía hídrica. La pastera se ubicará en la localidad de Paso de los Toros, en la orilla del río Negro, que 200 kilómetros después desemboca en el río Uruguay. El portal La Politica Online informó ayer que un reciente estudio de la CARU reveló valores de contaminación superiores a los establecidos en 13 parámetros del río Uruguay. Así que las perspectivas no son nada buenas para cuando comience a funcionar la nueva planta, cuyas obras comenzarán este año, con fecha de inicio de producción prevista para 2022.
Lo llamativo es la dimensión de la obra prevista, anunciada como la mayor inversión extranjera directa de la historia de Uruguay, de unos 3 mil millones de dólares. También reconstruirán el puerto, harán rutas y viviendas en los alrededores, con lo que la cifra final se elevaría hasta los 4 mil millones, lo que representará el 1 por ciento del PBI uruguayo. Cuando esté lista, la UPM-Botnia 2 producirá el doble que la planta anterior, más de 2 millones de toneladas de pasta de celulosa. La instalación seguramente volverá a abrir la discusión acerca de la radicación de industrias contaminantes de países desarrollados en esta parte del mundo. El año pasado, cuando hizo el anuncio de la inversión Tabaré Vázquez ironizó al respecto. "Se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron doce años y no sucedió nada de eso", dijo el ahora ex presidente.
La otra rispidez -"diferencias de muy baja intensidad", la llamó Iribarne para no empezar con el pie izquierdo- tiene que ver con la relación con el gobierno de Malvinas. Iribarne habló de la existencia de "un importante lobby británico" en Montevideo que posibilitó que se dejaran de lado algunas exigencias. Por ejemplo, que sólo durante el año pasado hubiera 13 vuelos militares de Malvinas, lo que motivó una protesta formal por parte de la Cancillería. Se supone -Iribarne habló de un "acuerdo tácito"- que esos vuelos solo pueden hacer escala en un país del continente en caso de una emergencia, pero no para reabastecerse ni nada por el estilo. En el entorno de Felipe Solá aseguran no haber tocado el tema cuando se reunió la semana pasada con Ernesto Talvi, quien será su par uruguayo. Pero la cuestión será otro de los asuntos a discutir por los presidentes.
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Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Alberto Fernández no irá a la asunción de Lacalle Pou y todavía no se estableció cuándo se van a reunir. UPM-Botnia construirá una pastera más grande que la anterior.
Todavía no hay fecha definida para la reunión entre Alberto Fernández y el Luis Lacalle Pou, quien asumirá la presidencia de Uruguay el domingo, el mismo día que el presidente argentino abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso. Ayer, el embajador Alberto Iribarne pasó por Montevideo para mantener los primeros contactos informales con los nuevos funcionarios y empezar a conversar sobre el encuentro. Ocurre que para armar la reunión también hay que resolver qué conversarán sobre un par de cuestiones conflictivas que Iribarne adelantó la semana pasada cuando se presentó en la comisión de Acuerdos del Senado: la muy permisiva política uruguaya respecto a Malvinas que sólo el año pasado permitió 13 vuelos militares entre las islas y Montevideo y, por otro lado, construcción de una nueva mega pastera de la finlandesa UPM-Botnia que producirá el doble que la que funciona frente a Gualeguaychú, un tema que vuelve como una maldición a la agenda bilateral.
Originalmente, estaba pautado que Alberto Fernández abriera las sesiones por la mañana e inmediatamente viajara a Montevideo para participar de la asunción de Lacalle Pou, una forma de retribuir la importante participación uruguaya en la ceremonia del 10 de diciembre pasado, que incluyó al presidente por entonces en funciones, Tabaré Vázquez, al electo Lacalle Pou y al ex presidente José Mujica. Pero a partir de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunciara que esperaba encontrarse en Montevideo con Fernández, el presidente argentino puso su participación en duda hasta que quedó definitivamente descartada. Hubo más de un motivo para la suspensión. Uno, fue no aparecer cumpliendo los deseos de Bolsonaro, quien lo viene destratando desde hace tiempo. Otro, no opacar con otras noticias el mensaje de apertura de sesiones que dará el domingo, al que le quiere dar relevancia. Todavía no está definida la delegación que viajará en su reemplazo a Uruguay, se supone que encabezada por el canciller Felipe Solá.
De los contactos que ayer mantuvo Iribarne -todo informal porque todavía no salió el decreto designándolo embajador- no avanzaron demasiado en el armado de la reunión. Cerca del embajador aseguraban que no había rispideces en la agenda bilateral, pero cuando se presentó en la comisión de acuerdos hizo un repaso de la relación en la que detalló los problemas que debería afrontar, con la nueva pastera en primer lugar. El tema ya signó el vínculo durante el mandato de Néstor Kirchner, cuando Alberto Fernández era el jefe de Gabinete. En aquel momento la controversia escaló hasta la Corte Internacional de La Haya, que emitió un fallo que habilitó la pastera aunque sometiéndola a una serie de controles.
En esta ocasión, según detalló Iribarne en su mensaje en el Senado, nuevamente Uruguay no cumplió con el requisito de avisar previamente sobre la obra a la CARU (Comisión Administrativa del río Uruguay), el ente binacional por el que debe pasar cualquier novedad que se registre en la vía hídrica. La pastera se ubicará en la localidad de Paso de los Toros, en la orilla del río Negro, que 200 kilómetros después desemboca en el río Uruguay. El portal La Politica Online informó ayer que un reciente estudio de la CARU reveló valores de contaminación superiores a los establecidos en 13 parámetros del río Uruguay. Así que las perspectivas no son nada buenas para cuando comience a funcionar la nueva planta, cuyas obras comenzarán este año, con fecha de inicio de producción prevista para 2022.
Lo llamativo es la dimensión de la obra prevista, anunciada como la mayor inversión extranjera directa de la historia de Uruguay, de unos 3 mil millones de dólares. También reconstruirán el puerto, harán rutas y viviendas en los alrededores, con lo que la cifra final se elevaría hasta los 4 mil millones, lo que representará el 1 por ciento del PBI uruguayo. Cuando esté lista, la UPM-Botnia 2 producirá el doble que la planta anterior, más de 2 millones de toneladas de pasta de celulosa. La instalación seguramente volverá a abrir la discusión acerca de la radicación de industrias contaminantes de países desarrollados en esta parte del mundo. El año pasado, cuando hizo el anuncio de la inversión Tabaré Vázquez ironizó al respecto. "Se decía que nacerían niños con dos cabezas, habría aumento del número de cáncer o leucemia, pero pasaron doce años y no sucedió nada de eso", dijo el ahora ex presidente.
La otra rispidez -"diferencias de muy baja intensidad", la llamó Iribarne para no empezar con el pie izquierdo- tiene que ver con la relación con el gobierno de Malvinas. Iribarne habló de la existencia de "un importante lobby británico" en Montevideo que posibilitó que se dejaran de lado algunas exigencias. Por ejemplo, que sólo durante el año pasado hubiera 13 vuelos militares de Malvinas, lo que motivó una protesta formal por parte de la Cancillería. Se supone -Iribarne habló de un "acuerdo tácito"- que esos vuelos solo pueden hacer escala en un país del continente en caso de una emergencia, pero no para reabastecerse ni nada por el estilo. En el entorno de Felipe Solá aseguran no haber tocado el tema cuando se reunió la semana pasada con Ernesto Talvi, quien será su par uruguayo. Pero la cuestión será otro de los asuntos a discutir por los presidentes.
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Centrales nucleares experimentables que preocupan
Experimento nuclear chino en "Atucha III"
Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la central atómica es calificada como un laboratorio de pruebas porque no hay en funcionamiento ningún proyecto similar en el mundo.
La demorada construcción de la Central Nuclear Atucha III a sólo 118 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un dato que en el plano internacional puede ser criticable por la cercanía a un área muy poblada y con tanta biodiversidad, más si se piensa en los desastres ambientales causados por los accidentes en Chernobyl y Fukushima, además de algunos chinos que se mantienen en secreto. Pero es mucho más preocupante que la nueva usina argentina se convierta en un laboratorio de pruebas como, señalan los especialistas, por la serie de incógnitas que encierra una tecnología que todavía no funciona en ningún lugar del mundo, incluyendo a China.
Es que el acuerdo firmado en 2013 entre el Gobierno argentino y China National Nuclear Corporation, una firma estatal controlada por el Partido Comunista, prevé instalar un reactor que nunca ha sido probado a pesar de que hay seis obras proyectadas, incluyendo dos en Pakistán y la bonaerense emplazada en Zárate. A diferencia de los reactores operados actualmente por la Comisión Nacional de Energía Atómica que emplean uranio natural y agua pesada con probada eficacia, el nuevo chino denominado Hualong One utiliza uranio enriquecido y agua liviana, lo que implica un cambio rotundo de tecnología que desplaza la participación de la industria nacional.
Desde el punto de vista estratégico y político tampoco se explica avanzar en una nueva central nuclear cuando Argentina tiene un potencial energético sustentado en la gran producción de gas de Vaca Muerta y un desarrollo hidroeléctrico que permitiría triplicar la actual generación si las condiciones financieras permitieran iniciar los trabajos. Vale preguntarse lo que podría hacerse localmente con el presupuesto de 8.000 millones de dólares que costaría Atucha III, no obstante la generosidad china de financiar la obra a 20 años de plazo con ocho de gracia.
Pese al freno que de hecho le puso al proyecto nuclear el gobierno de Mauricio Macri, por efecto de la crisis económica, todo indicaría que Atucha III sigue en evaluación como también es inamovible la relación oficial con Pekín en el caso de la Estación Espacial China levantada en Neuquén, según lo ha ratificado el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, no obstante que nadie sabe cuáles son las actividades de esa base tecnológica, operada exclusivamente por personal militar oriental. Por eso se impone una aclaración oficial para una y otra situación.
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Fecha de Publicación: 29/02/2020
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Buenos Aires
La construcción de la central atómica es calificada como un laboratorio de pruebas porque no hay en funcionamiento ningún proyecto similar en el mundo.
La demorada construcción de la Central Nuclear Atucha III a sólo 118 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un dato que en el plano internacional puede ser criticable por la cercanía a un área muy poblada y con tanta biodiversidad, más si se piensa en los desastres ambientales causados por los accidentes en Chernobyl y Fukushima, además de algunos chinos que se mantienen en secreto. Pero es mucho más preocupante que la nueva usina argentina se convierta en un laboratorio de pruebas como, señalan los especialistas, por la serie de incógnitas que encierra una tecnología que todavía no funciona en ningún lugar del mundo, incluyendo a China.
Es que el acuerdo firmado en 2013 entre el Gobierno argentino y China National Nuclear Corporation, una firma estatal controlada por el Partido Comunista, prevé instalar un reactor que nunca ha sido probado a pesar de que hay seis obras proyectadas, incluyendo dos en Pakistán y la bonaerense emplazada en Zárate. A diferencia de los reactores operados actualmente por la Comisión Nacional de Energía Atómica que emplean uranio natural y agua pesada con probada eficacia, el nuevo chino denominado Hualong One utiliza uranio enriquecido y agua liviana, lo que implica un cambio rotundo de tecnología que desplaza la participación de la industria nacional.
Desde el punto de vista estratégico y político tampoco se explica avanzar en una nueva central nuclear cuando Argentina tiene un potencial energético sustentado en la gran producción de gas de Vaca Muerta y un desarrollo hidroeléctrico que permitiría triplicar la actual generación si las condiciones financieras permitieran iniciar los trabajos. Vale preguntarse lo que podría hacerse localmente con el presupuesto de 8.000 millones de dólares que costaría Atucha III, no obstante la generosidad china de financiar la obra a 20 años de plazo con ocho de gracia.
Pese al freno que de hecho le puso al proyecto nuclear el gobierno de Mauricio Macri, por efecto de la crisis económica, todo indicaría que Atucha III sigue en evaluación como también es inamovible la relación oficial con Pekín en el caso de la Estación Espacial China levantada en Neuquén, según lo ha ratificado el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, no obstante que nadie sabe cuáles son las actividades de esa base tecnológica, operada exclusivamente por personal militar oriental. Por eso se impone una aclaración oficial para una y otra situación.
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Radiografía de la deforestación en Argentina
Arrasar para cultivar: una radiografía de la deforestación en Argentina
Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: biodiversidadla.org - InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad y la reducción de la deforestación podría ser la clave para frenar su avance. ¿Argentina podrá estar a la altura de los cambios que se necesitan?
“Según datos del Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas (2014) en América Latina, en nuestro país, a contramano de la tendencia global, se explica el aumento de la producción agropecuaria más por la extensión de las tierras arables que por la productividad de sus cultivos”, sostienen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En nuestro país, este modus operandi deviene en el proceso conocido como “pampeanización”: la exportación de la lógica productiva pampeana hacia otras ecorregiones del país (Chaco, por ejemplo). Como explican desde FARN, en menos de 20 años nos hemos encargado de deforestar el equivalente a la superficie de la provincia de Formosa.
Un dato: la deforestación, por la transformación de bosques nativos para la producción de cultivos y la ganadería, ha emitido el 10,52 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional. En ese sentido, Belén Zermatten de PWC en Argentina, explicó durante la jornada final de la Diplomatura en Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible, organizada conjuntamente por la Fundación Criteria y la Universidad del CEMA, que, según el Acuerdo de París, “el promedio de reducción de emisiones que se necesita a nivel global para cumplir con las metas que pusieron cada una de las naciones que adhieren es de un 3 por ciento. De acuerdo con los últimos resultados, se ha logrado una reducción 1,6 por ciento, lo cual está bastante por debajo del compromiso”.
DEF pudo dialogar con la directora ejecutiva adjunta de FARN, Ana Di Pangracio, sobre las cifras de deforestación en nuestro país: “A nivel de Argentina, es un problema serio, y lo más grave es que la deforestación ilegal persiste, particularmente en un bosque de relevancia regional como el Gran Chaco, que compartimos con Bolivia y Paraguay”. Para ella, la conversión de bosques a tierras agrícolas, el pastoreo excesivo, la rotación intensa de cultivos, el manejo no sostenible de los bosques, la introducción de especies vegetales y animales exóticas invasoras, la infraestructura a gran escala, la explotación minera y de petróleo, los incendios, las plantaciones forestales, la contaminación y el cambio climático impactan negativamente sobre los bosques, sus ecosistemas y especies.
De hecho, la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, es la responsable de generar los datos de pérdida de bosques nativos. De acuerdo a los trabajos realizados, se pueden saber alguno de los efectos que génera la reducción de estos bosques. Entre ellos, se puede mencionar la pérdida de la biodiversidad en muchas escalas, lo que afecta la estabilidad y el mantenimiento de los procesos evolutivos, así como también las funciones ecosistémicas. Además, modifica el ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo y de otros elementos que alteran la conexión entre los componentes vivos y no vivos de la tierra. Asimismo, genera la emisión de gases de efecto invernadero y afecta la calidad de vida de las poblaciones.
Cifras alarmantes
“Según datos de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), entre 1998 y 2002, desaparecieron más de 780.000 hectáreas de bosques. En los siguientes años, previo a la entrada en vigor de la Ley de Bosques, el proceso se acentuó, y se arrasaron 1,1 millones de hectáreas, en su gran mayoría, a manos de la soja”, sostiene la directora de FARN, quien, además, explica que, con estas cifras, la tasa de deforestación de la Argentina resultó seis veces más alta que el promedio mundial. En ese sentido, Di Pangracio señala que el desmonte más intenso se producía en la franja de transición entre el parque chaqueño y las yungas; se perdían un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora.
Frente a tan grave situación, en 2006 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para atender la emergencia forestal que se atravesaba. Se trató de una iniciativa del entonces diputado Miguel Bonasso. Finalmente, la Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Desde entonces, el escenario se modificó, aunque, como explica, la deforestación ilegal sigue existiendo y, de hecho, se desmontan bosques protegidos por las categorías amarilla y roja de la Ley 26331, uso sostenible y conservación estricta respectivamente.
Pese a las medidas adoptadas, las cifras siguen siendo alarmantes. “El porcentaje de la superficie del país cubierta con bosque nativo era de 11,26 por ciento en 1998 y bajó al 9,77 por ciento en 2015. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000 de hectáreas, a una tasa anual de deforestación de 0,83 por ciento. Nos queda en pie el equivalente al 30 por ciento de las masas forestales originales. Índices internacionales ponen también de relieve el escenario argentino en materia de bosques nativos: en 2014, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que en Argentina ocurre el 4,3 por ciento de la deforestación global. Por su parte, un informe de la FAO ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 2010 y 2015”, detalla Di Pangracio al tiempo que insiste en que se debe profundizar el trabajo en materia de combate de la deforestación ilegal y ofrecer opciones de uso sostenible y responsable de los bosques nativos.
“El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo era de 11,26 por ciento en 1998 y bajó al 9,77 por ciento en 2015. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a 27,3 millones en 2015”.¿Hay tiempo para un cambio?, para Di Pangracio, sí: “Tenemos la herramienta para lograrlo, la Ley de Bosques 26331, pero necesitamos el compromiso político a la altura del desafío y recursos dinerarios. Para 2020, la Ley de Presupuesto 2020 prevé asignar un total de $609.829.000, lo que equivale a solo el 3,25 por ciento del mandato legal y significa que, por cada hectárea de bosque nativo que posee, Argentina invertirá apenas $10,20. Sin plata, no podemos salvar los bosques”.
Lejos del ideal agroecológico
Para Di Pangracio, Argentina transformó buena parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. “El avance de la frontera agropecuaria es atribuible en gran medida a la expansión del cultivo de la soja, por sus elevados precios internacionales y los nuevos países que se sumaron a la demanda. Esto impacta en los ecosistemas y en la salud de las personas, debido al abusivo y desaprensivo uso de agroquímicos que supone el agronegocio. Se necesita acordar intervenciones en el bosque que sean genuinamente sostenibles y avanzar hacia sistemas agroecológicos”.
En ese sentido, la directora de FARN explica que la zona más afectada, porque aún preserva bosque nativo en pie y poco salvaguardado bajo alguna categoría de área protegida, es el Gran Chaco (las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero concentran gran parte de la deforestación). Básicamente, allí el suelo fue destinado a la agricultura y la ganadería.
En el sur o en los bosques ribereños del noreste del país, una amenaza importante es el desarrollo inmobiliario, detalla la directora de FARN. La restauración de bosques degradados o bosques que se han deforestado tiempo atrás es bienvenida, en tanto se haga con especies nativas de la zona de que se trate.
¿Forestar o detener la deforestación?
Para Di Pangracio, se debe hacer foco en detener la deforestación, ya que los procesos de restauración llevan muchos años, esfuerzo y recursos económicos. “La restauración de bosques degradados o bosques que se han deforestado tiempo atrás es bienvenida, en tanto se haga con especies nativas de la zona de que se trate, involucrando a la comunidad local. Pero es más fácil y barato mantener el bosque en pie que destruirlo y restaurar.
Cabe resaltar que es preocupante que Argentina plantee para 2030 llevar de 1,3 a 2 millones las hectáreas con forestaciones de exóticas, planteándolas como solución al cambio climático, porque, al tratarse de árboles, capturan carbono”. La directora de FARN explica que estas forestaciones tienen fuerte impacto social y ambiental y reciben subsidios estatales para llevarse adelante: “Creemos que esto debe detenerse porque son incentivos perjudiciales para la biodiversidad, y que debe atenderse con urgencia el abordaje de los impactos sociales y ambientales de las plantaciones ya existentes”.
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Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: biodiversidadla.org - InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad y la reducción de la deforestación podría ser la clave para frenar su avance. ¿Argentina podrá estar a la altura de los cambios que se necesitan?
“Según datos del Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas (2014) en América Latina, en nuestro país, a contramano de la tendencia global, se explica el aumento de la producción agropecuaria más por la extensión de las tierras arables que por la productividad de sus cultivos”, sostienen desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). En nuestro país, este modus operandi deviene en el proceso conocido como “pampeanización”: la exportación de la lógica productiva pampeana hacia otras ecorregiones del país (Chaco, por ejemplo). Como explican desde FARN, en menos de 20 años nos hemos encargado de deforestar el equivalente a la superficie de la provincia de Formosa.
Un dato: la deforestación, por la transformación de bosques nativos para la producción de cultivos y la ganadería, ha emitido el 10,52 por ciento de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional. En ese sentido, Belén Zermatten de PWC en Argentina, explicó durante la jornada final de la Diplomatura en Seguridad Humana para el Desarrollo Sostenible, organizada conjuntamente por la Fundación Criteria y la Universidad del CEMA, que, según el Acuerdo de París, “el promedio de reducción de emisiones que se necesita a nivel global para cumplir con las metas que pusieron cada una de las naciones que adhieren es de un 3 por ciento. De acuerdo con los últimos resultados, se ha logrado una reducción 1,6 por ciento, lo cual está bastante por debajo del compromiso”.
DEF pudo dialogar con la directora ejecutiva adjunta de FARN, Ana Di Pangracio, sobre las cifras de deforestación en nuestro país: “A nivel de Argentina, es un problema serio, y lo más grave es que la deforestación ilegal persiste, particularmente en un bosque de relevancia regional como el Gran Chaco, que compartimos con Bolivia y Paraguay”. Para ella, la conversión de bosques a tierras agrícolas, el pastoreo excesivo, la rotación intensa de cultivos, el manejo no sostenible de los bosques, la introducción de especies vegetales y animales exóticas invasoras, la infraestructura a gran escala, la explotación minera y de petróleo, los incendios, las plantaciones forestales, la contaminación y el cambio climático impactan negativamente sobre los bosques, sus ecosistemas y especies.
De hecho, la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (UMSEF), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, es la responsable de generar los datos de pérdida de bosques nativos. De acuerdo a los trabajos realizados, se pueden saber alguno de los efectos que génera la reducción de estos bosques. Entre ellos, se puede mencionar la pérdida de la biodiversidad en muchas escalas, lo que afecta la estabilidad y el mantenimiento de los procesos evolutivos, así como también las funciones ecosistémicas. Además, modifica el ciclo del agua, del carbono, del nitrógeno, del fósforo y de otros elementos que alteran la conexión entre los componentes vivos y no vivos de la tierra. Asimismo, genera la emisión de gases de efecto invernadero y afecta la calidad de vida de las poblaciones.
Cifras alarmantes
“Según datos de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), entre 1998 y 2002, desaparecieron más de 780.000 hectáreas de bosques. En los siguientes años, previo a la entrada en vigor de la Ley de Bosques, el proceso se acentuó, y se arrasaron 1,1 millones de hectáreas, en su gran mayoría, a manos de la soja”, sostiene la directora de FARN, quien, además, explica que, con estas cifras, la tasa de deforestación de la Argentina resultó seis veces más alta que el promedio mundial. En ese sentido, Di Pangracio señala que el desmonte más intenso se producía en la franja de transición entre el parque chaqueño y las yungas; se perdían un promedio de 821 hectáreas de bosques por día, 34 hectáreas por hora.
Frente a tan grave situación, en 2006 se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para atender la emergencia forestal que se atravesaba. Se trató de una iniciativa del entonces diputado Miguel Bonasso. Finalmente, la Ley de Bosques fue sancionada el 28 de noviembre de 2007. Desde entonces, el escenario se modificó, aunque, como explica, la deforestación ilegal sigue existiendo y, de hecho, se desmontan bosques protegidos por las categorías amarilla y roja de la Ley 26331, uso sostenible y conservación estricta respectivamente.
Pese a las medidas adoptadas, las cifras siguen siendo alarmantes. “El porcentaje de la superficie del país cubierta con bosque nativo era de 11,26 por ciento en 1998 y bajó al 9,77 por ciento en 2015. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a 27,3 millones en 2015. Esto representa una disminución de 4.150.000 de hectáreas, a una tasa anual de deforestación de 0,83 por ciento. Nos queda en pie el equivalente al 30 por ciento de las masas forestales originales. Índices internacionales ponen también de relieve el escenario argentino en materia de bosques nativos: en 2014, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advirtió que en Argentina ocurre el 4,3 por ciento de la deforestación global. Por su parte, un informe de la FAO ubicó a Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 2010 y 2015”, detalla Di Pangracio al tiempo que insiste en que se debe profundizar el trabajo en materia de combate de la deforestación ilegal y ofrecer opciones de uso sostenible y responsable de los bosques nativos.
“El porcentaje de la superficie del país cubierto con bosque nativo era de 11,26 por ciento en 1998 y bajó al 9,77 por ciento en 2015. En términos de área absoluta, Argentina pasó de contar con 31,4 millones de hectáreas en 1998, a 27,3 millones en 2015”.¿Hay tiempo para un cambio?, para Di Pangracio, sí: “Tenemos la herramienta para lograrlo, la Ley de Bosques 26331, pero necesitamos el compromiso político a la altura del desafío y recursos dinerarios. Para 2020, la Ley de Presupuesto 2020 prevé asignar un total de $609.829.000, lo que equivale a solo el 3,25 por ciento del mandato legal y significa que, por cada hectárea de bosque nativo que posee, Argentina invertirá apenas $10,20. Sin plata, no podemos salvar los bosques”.
Lejos del ideal agroecológico
Para Di Pangracio, Argentina transformó buena parte de sus pastizales y bosques nativos en tierras de cultivo. “El avance de la frontera agropecuaria es atribuible en gran medida a la expansión del cultivo de la soja, por sus elevados precios internacionales y los nuevos países que se sumaron a la demanda. Esto impacta en los ecosistemas y en la salud de las personas, debido al abusivo y desaprensivo uso de agroquímicos que supone el agronegocio. Se necesita acordar intervenciones en el bosque que sean genuinamente sostenibles y avanzar hacia sistemas agroecológicos”.
En ese sentido, la directora de FARN explica que la zona más afectada, porque aún preserva bosque nativo en pie y poco salvaguardado bajo alguna categoría de área protegida, es el Gran Chaco (las provincias de Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero concentran gran parte de la deforestación). Básicamente, allí el suelo fue destinado a la agricultura y la ganadería.
En el sur o en los bosques ribereños del noreste del país, una amenaza importante es el desarrollo inmobiliario, detalla la directora de FARN. La restauración de bosques degradados o bosques que se han deforestado tiempo atrás es bienvenida, en tanto se haga con especies nativas de la zona de que se trate.
¿Forestar o detener la deforestación?
Para Di Pangracio, se debe hacer foco en detener la deforestación, ya que los procesos de restauración llevan muchos años, esfuerzo y recursos económicos. “La restauración de bosques degradados o bosques que se han deforestado tiempo atrás es bienvenida, en tanto se haga con especies nativas de la zona de que se trate, involucrando a la comunidad local. Pero es más fácil y barato mantener el bosque en pie que destruirlo y restaurar.
Cabe resaltar que es preocupante que Argentina plantee para 2030 llevar de 1,3 a 2 millones las hectáreas con forestaciones de exóticas, planteándolas como solución al cambio climático, porque, al tratarse de árboles, capturan carbono”. La directora de FARN explica que estas forestaciones tienen fuerte impacto social y ambiental y reciben subsidios estatales para llevarse adelante: “Creemos que esto debe detenerse porque son incentivos perjudiciales para la biodiversidad, y que debe atenderse con urgencia el abordaje de los impactos sociales y ambientales de las plantaciones ya existentes”.
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Desbordes del Río Seco: sin gestión y en zona de desmontes
Un curso de agua sin medición y con crecidas fuertes por desmontes
Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Especialistas que conocen del comportamiento de este río explicaron algunas particularidades del curso de agua que se inicia en Bolivia.
El río Seco aparece en el municipio boliviano de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Entra por el valle al oeste de la serranía de Tartagal (valle del río Seco), en el departamento San Martín y cruza la ruta 34 al sur de su intersección con la ruta nacional 81.
Las cañadas que conducen los desbordes después de Embarcación, van por el sur de los pueblos asentados en la ruta 81. Sus aguas recorren una zona de pequeños productores y pueblos asentados en las rutas nacionales 81 y 34.
Como lo indica su nombre, no suele preocupar porque rara vez lleva agua. Pues sólo aparece con las lluvias en las serranías que están detrás de Tartagal. Pero cuando crece, empieza a cargar las aguas y distribuirlas por distintas cañadas que perjudican a las poblaciones rurales de estas zonas.
“No hay ningún tipo de estación meteorológica para medir” el cauce de este río, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo.
El especialista sostuvo que el curso del río Seco se inicia en una zona donde residen familias campesinas y resulta difícil contar con un sistema de alerta. Como solía crecer sólo en ocasiones (incluso hubo hasta diez años en que no creció), no se le brinda demasiada importancia.
El problema es que cuando crece empieza a recorrer algunas zonas donde el desmonte abunda. Es una de las características de la ruta nacional 81, en donde se encuentra Hickman, localidad de Embarcación (en el departamento San Martín), que fue inundada a raíz de la crecida de este río.
“Los desmontes aceleran el flujo del agua y no retienen nada, lo que explica que, aguas abajo, al sur de Hickman, se inunden cada vez más”, explicó de la Cruz tras realizar la lectura de mapas satelitales que muestran el curso de estas aguas.
Incluso indicó que en su recorrido carga las aguas de una laguna ubicada al norte de Embarcación. Esto podría complicar a la ciudad norteña si las crecidas continúan. Los sistemas de cañadas que forman parte de esa misma crecida también complican a Hickman y Dragones, también sobre la ruta 81.
“En 2005 el río Seco se llevó un puente” recordó De la Cruz. Afirmó que desde 2018 hasta 2020 hubo crecidas. Aunque la de este año está demostrando ser mucho peor que las de 2018 y 2019.
Alud, pérdidas y ganancias
El río Seco afectó hace unos días a las familias campesinas de Campichuelo, también de Embarcación. En este caso ellos están ubicados en inmediaciones de la ruta nacional 34, que cruza la 81. Esta vez la crecida dejó a las familias Tejerina y Gareca sin nada, pues el agua vino acompañada de barro y subió el nivel del suelo hasta los alambrados. Las dos familias perdieron los pozos de agua.
Raúl Marinconz, uno de los técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), durante la gestión macrista y conocedor de la zona, afirmó que estas son consecuencias de los desmontes. Pero en el caso en particular de la ruta 34, agregó que se suma otra complicación. Los finqueros cavan zanjas con el fin de que no se inunden los campos de soja, o de otras producciones destinadas a la exportación. El río entonces pasa con mayor fuerza por la ruta y el desborda e inunda los distintos puestos campesinos. De hecho, explicó, fue esta situación la que generó el corte de ruta sobre la 34 hace una semana y media.
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Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta
Especialistas que conocen del comportamiento de este río explicaron algunas particularidades del curso de agua que se inicia en Bolivia.
El río Seco aparece en el municipio boliviano de Yacuiba, en la frontera con Argentina. Entra por el valle al oeste de la serranía de Tartagal (valle del río Seco), en el departamento San Martín y cruza la ruta 34 al sur de su intersección con la ruta nacional 81.
Las cañadas que conducen los desbordes después de Embarcación, van por el sur de los pueblos asentados en la ruta 81. Sus aguas recorren una zona de pequeños productores y pueblos asentados en las rutas nacionales 81 y 34.
Como lo indica su nombre, no suele preocupar porque rara vez lleva agua. Pues sólo aparece con las lluvias en las serranías que están detrás de Tartagal. Pero cuando crece, empieza a cargar las aguas y distribuirlas por distintas cañadas que perjudican a las poblaciones rurales de estas zonas.
“No hay ningún tipo de estación meteorológica para medir” el cauce de este río, dijo Luis María de la Cruz, director de la Fundación para la Gestión e Investigación Regional (FUNGIR), y administrador del sistema de monitoreo participativo y alerta temprana del río Pilcomayo.
El especialista sostuvo que el curso del río Seco se inicia en una zona donde residen familias campesinas y resulta difícil contar con un sistema de alerta. Como solía crecer sólo en ocasiones (incluso hubo hasta diez años en que no creció), no se le brinda demasiada importancia.
El problema es que cuando crece empieza a recorrer algunas zonas donde el desmonte abunda. Es una de las características de la ruta nacional 81, en donde se encuentra Hickman, localidad de Embarcación (en el departamento San Martín), que fue inundada a raíz de la crecida de este río.
“Los desmontes aceleran el flujo del agua y no retienen nada, lo que explica que, aguas abajo, al sur de Hickman, se inunden cada vez más”, explicó de la Cruz tras realizar la lectura de mapas satelitales que muestran el curso de estas aguas.
Incluso indicó que en su recorrido carga las aguas de una laguna ubicada al norte de Embarcación. Esto podría complicar a la ciudad norteña si las crecidas continúan. Los sistemas de cañadas que forman parte de esa misma crecida también complican a Hickman y Dragones, también sobre la ruta 81.
“En 2005 el río Seco se llevó un puente” recordó De la Cruz. Afirmó que desde 2018 hasta 2020 hubo crecidas. Aunque la de este año está demostrando ser mucho peor que las de 2018 y 2019.
Alud, pérdidas y ganancias
El río Seco afectó hace unos días a las familias campesinas de Campichuelo, también de Embarcación. En este caso ellos están ubicados en inmediaciones de la ruta nacional 34, que cruza la 81. Esta vez la crecida dejó a las familias Tejerina y Gareca sin nada, pues el agua vino acompañada de barro y subió el nivel del suelo hasta los alambrados. Las dos familias perdieron los pozos de agua.
Raúl Marinconz, uno de los técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF), durante la gestión macrista y conocedor de la zona, afirmó que estas son consecuencias de los desmontes. Pero en el caso en particular de la ruta 34, agregó que se suma otra complicación. Los finqueros cavan zanjas con el fin de que no se inunden los campos de soja, o de otras producciones destinadas a la exportación. El río entonces pasa con mayor fuerza por la ruta y el desborda e inunda los distintos puestos campesinos. De hecho, explicó, fue esta situación la que generó el corte de ruta sobre la 34 hace una semana y media.
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Denuncian que siguen fumigando escuelas en Buenos Aires
Empiezan las clases y la denuncia por aplicación de agroquímicos en escuela de La Porteña no se ha tratado
Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos se manifestaron preocupados por la falta de respuesta a sus denuncias efectuadas por la fumigación en inmediaciones de la Escuela 33. Tras cuatro meses de silencio y el expediente sin tratar, decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo. Lamentaron que la ciudad esté atrasada en políticas de aplicación y que se haya naturalizado una práctica no saludable.
A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general, manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.
De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019, presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.
Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio Ambiente, junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando “negativo” el primer monitoreo.
Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.
Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5 de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no tratado”.
“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo.
Agotando instancias
Actualmente el campo que linda con la institución educativa está cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela, no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.
“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.
Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y mediante una carta actualizaron sobre su situación.
“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia del expediente y se lo llevamos”, explicó.
El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.
“Tandil está atrasada”
Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o el desarrollo de un ‘cordón verde’”.
“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.
En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las aplicaciones de agroquímicos.
“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos productos.
“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.
Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.
Prácticas naturalizadas
Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las aplicaciones”, contó.
Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras que otros Municipios han avanzado”, dijo.
Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país. “Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén tan expuestos.
Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en general.
Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas, biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.
“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo presenciar el encuentro.
Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.
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Fecha de Publicación: 28/02/2020
Fuente: El Eco
Provincia/Región: Buenos Aires
Los vecinos se manifestaron preocupados por la falta de respuesta a sus denuncias efectuadas por la fumigación en inmediaciones de la Escuela 33. Tras cuatro meses de silencio y el expediente sin tratar, decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo. Lamentaron que la ciudad esté atrasada en políticas de aplicación y que se haya naturalizado una práctica no saludable.
A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general, manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.
De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019, presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.
Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio Ambiente, junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando “negativo” el primer monitoreo.
Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.
Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5 de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no tratado”.
“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo.
Agotando instancias
Actualmente el campo que linda con la institución educativa está cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela, no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.
“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.
Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y mediante una carta actualizaron sobre su situación.
“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia del expediente y se lo llevamos”, explicó.
El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.
“Tandil está atrasada”
Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o el desarrollo de un ‘cordón verde’”.
“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.
En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las aplicaciones de agroquímicos.
“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos productos.
“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.
Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.
Prácticas naturalizadas
Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las aplicaciones”, contó.
Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras que otros Municipios han avanzado”, dijo.
Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país. “Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén tan expuestos.
Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en general.
Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas, biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.
“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo presenciar el encuentro.
Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.
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El Fomento a la Generación Distribuida comienza a prender
Renovables. Cada vez más usuarios y escuelas instalan paneles solares y generan electricidad
Fecha de Publicación: 27/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cada vez hay más usuarios que deciden generar su propia energía y volcarla a la red de distribución eléctrica. Este es el caso de la escuela Antonio Devoto, uno de los 78 usuarios conectados que comenzaron a generar su propia electricidad, inscriptos bajo la ley 27.424 Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, reglamentada a fines de 2018.
La normativa establece el marco legal para que los usuarios generen energía eléctrica a partir de fuentes renovables para su consumo, e incluye la posibilidad de inyectar los excedentes a la red de distribución mediante la instalación de un medidor bidireccional, requisito indispensable para cumplir con la ley.
En la Argentina, hay 400 usuarios que iniciaron el trámite para convertirse en usuarios-generadores, según el reporte de Generación Distribuida, publicado por el Gobierno el mes pasado. De ese total, 37 solicitaron el cambio de medidor y 78 completaron la instalación.
Las motivaciones de los usuarios son varias. La reducción en la tarifa mensual es una, si bien para ser generador de electricidad a partir de energía solar, por ejemplo, se necesita una inversión inicial de alrededor de US$2500 para una instalación de 1.7 kW, que es la más popular e incluye seis paneles. La vida útil de los paneles oscila entre 20 y 25 años, pero se espera que en 15 años aproximadamente sean obsoletos tecnológicamente. Otro de los objetivos -para algunos el más trascendente- es el positivo impacto ambiental de estas instalaciones.
Desde este mes, la escuela Antonio Devoto se convirtió en el primer edificio público del país en inyectar energía a la red para volcar el excedente que produzca. Los estudiantes y los docentes recibieron capacitaciones para conocer los beneficios del aprovechamiento de fuentes renovables. "Esta propuesta tiene entre sus objetivos la visibilización y fomento de las nuevas tecnologías de generación energética a partir de fuentes renovables, la concientización a estudiantes, docentes y a la comunidad educativa, y la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera", explica Romina Aldana, vocera del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
"La instalación es una medida de gestión ambiental y, a su vez, invita a estudiantes a convertirse en protagonistas del cambio cultural que se requiere para la construcción de un mundo más equitativo, justo y sustentable. Es necesario que desde la escuela los estudiantes se preparen como portadores de un mensaje sustentable hacia la comunidad", explica Aldana.
El colegio Washington School, por su parte, invirtió US$10.000 en noviembre de 2019 en la instalación de 14 paneles solares de 350 W (casi 5 kW total) en su escuela. Por la utilización de un sistema especial para los paneles solares, la obra se pudo hacer sin generar ningún ruido y los chicos pudieron tener clases con total normalidad. El proyecto es parte de un plan de sustentabilidad que el colegio empezó en 2016, a partir del establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. " Como institución educativa, sabemos que son los niños los protagonistas del cambio cultural y agentes multiplicadores" explica Lucila Garrafo Igoglio, responsable de comunicación de la institución.
"El proyecto de sustentabilidad atraviesa transversalmente los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario) e incluye, además de la instalación de paneles solares y el uso de energías renovables, la separación de residuos, la reducción de plásticos de un solo uso, la colocación de canillas automáticas, talleres de huerta y compostaje y la conformación de un equipo de alumnos de los grados superiores que colaboran con la misión Green Team", explica Garrafo Igoglio, y agrega que los chicos podrán observar en tiempo real el monitoreo de la generación.
"A medida que más usuarios se vayan sumando, la energía distribuida será un cambio de paradigma y generará miles de fuentes de trabajo en todo el país", explica Martín Dapelo, director del proveedor de los equipos de energía solar On Networking que fueron instalados en el colegio.
Dapelo es también vocal dentro de la Cámara Argentina de Energías renovables. "Sin dudas las energías renovables llegaron para quedarse y su crecimiento continuará siendo exponencial, ya que la tecnología cada vez avanza con mayor rapidez facilitando su implementación. Aún nos falta mucho, pero el camino es el correcto", sintetiza.
Otra institución que se sumó a la iniciativa de generar su propia electricidad es la organización religiosa Movimiento los Focolares. El pasado enero terminaron la instalación de 18 paneles solares por un total de 6 kW, con un costo total de US$14.000. Carlos Mana, vocero del movimiento, cuenta que la instalación de energía solar está en línea con el interés por el cuidado ambiental y el espíritu del organismo.
Crear tu propia energía, un sueño cumplido
"Es muy gratificante la sensación de apagar los motores y navegar a vela por la vida con la cara al sol". De esta forma describe Félix Creiman su experiencia como usuario-generador luego de instalar en su casa de Barrio Parque Avellaneda un sistema de seis paneles de 280 W, es decir con potencia máxima de 280 Wp. Éstos tienen un inversor conectado a la red eléctrica -en inglés on grid- de 1500W, que transforma la energía de los paneles en corriente alterna, tal como la que tenemos en los enchufes.
" Se espera que en los meses cálidos, este sistema genere entre 250 y 300 kilowatt hora (kWh) mensuales, de los cuales el 30% o 40% lo inyectamos a la red, ya que gran parte de la energía la consumimos de noche, porque de día no estamos en nuestra casa", explica.
Como es reciente la adaptación del medidor bidireccional, Creiman aún no pudo comparar la facturación de la luz posterior a la instalación de los paneles, aunque como en mucho de los casos de los usuarios-generadores, detrás de esta decisión no hay solo un motor económico, sino también un interés por cuidar el ambiente.
Este es el caso de Gastón Bour, técnico electrónico que vive en Lomas de Zamora junto a su esposa y sus dos hijas en una casa de tres ambientes y se auto define como fanático de la eficiencia y del ahorro energético. Cuenta que desde chico soñaba con tener paneles solares en su casa y que, desde noviembre de 2019, ese sueño se convirtió en realidad.
Bour también es el creador del canal Proyectos LED, a través del cual difunde su pasión por estos temas. Asegura que su objetivo es convertirse en un usuario " eléctricamente neutral", es decir, generar exactamente la misma cantidad de energía que consume. Esto sería posible alcanzar agregando más paneles, pero no significaría que la factura cueste cero pesos, ya que hay un cargo mensual fijo. En su casa tiene instalado ocho paneles solares de 280W cada uno (de pico máximo) y un inversor conectado en red de 3 kW. El mes pasado, Edesur le colocó el medidor bidireccional.
"Cuando se elige un sistema híbrido, con baterías, además del retorno económico por la autogeneración, el usuario se asegura un suministro en caso de cortes", explica Ariel Mesch, especialista en energías renovables. Y agrega: "No menos importante es la satisfacción de estar generando tu propia energía y ayudando a tener una matriz energética más limpia".
En enero de 2018, Martín Rodrigo González instaló en su casa de Villa Ballester, localidad de San Martín, 14 paneles fotovoltaicos para generar 3,7 kW de potencia máxima. Este usuario generador asegura que su consumo en pesos se redujo a la mitad. " A partir de la instalación, la frecuencia es más pura y estable", comenta González.
Mientras el objetivo de esta ley es lograr que todos los usuarios de servicios de distribución eléctrica tengan el derecho a generar su propia energía para autoconsumo y vender los excedentes a su empresa distribuidora, en la reglamentación de la ley se estableció el objetivo a largo plazo de alcanzar los 1000 MW para el año 2030. El reporte de avance de la ley indica que en febrero de este año se alcanzó un total de 1 MW generado. Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional y quien fue uno de los impulsores del proyecto, afirmó que "es un objetivo ambicioso pero alcanzable y que está en línea con un escenario de descarbonización del sector eléctrico para el año 2050".
Ignacio Romero, exdirector de Generación Distribuida, rememora que cuando iniciaron la reglamentación de la ley, el país estaba rezagado respecto de otros mercados. Romero cuenta cómo su equipo logró revertir esta situación y tomarla como una ventaja, ya que analizaron las buenas y malas prácticas de otros casos, y así lograron una integración de esta nueva actividad que define como " disruptiva" a la matriz eléctrica de forma segura y sostenible en cualquier punto del país.
A este trabajo se le suma las heterogeneidades que presenta el país, ya que cada provincia tiene una realidad completamente distinta a la otra. La ley contempla otras tecnologías renovables, además de la solar fotovoltaica. Se dictó bajo la subsecretaría de Energía Renovable de la administración del expresidente Mauricio Macri, específicamente en la dirección de Generación Distribuida, cuyo director fue Romero. Con el cambio de Gobierno la subsecretaría quedó disuelta y el área está aún pendiente de definiciones sobre el nuevo rumbo.
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Fecha de Publicación: 27/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Cada vez hay más usuarios que deciden generar su propia energía y volcarla a la red de distribución eléctrica. Este es el caso de la escuela Antonio Devoto, uno de los 78 usuarios conectados que comenzaron a generar su propia electricidad, inscriptos bajo la ley 27.424 Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, reglamentada a fines de 2018.
La normativa establece el marco legal para que los usuarios generen energía eléctrica a partir de fuentes renovables para su consumo, e incluye la posibilidad de inyectar los excedentes a la red de distribución mediante la instalación de un medidor bidireccional, requisito indispensable para cumplir con la ley.
En la Argentina, hay 400 usuarios que iniciaron el trámite para convertirse en usuarios-generadores, según el reporte de Generación Distribuida, publicado por el Gobierno el mes pasado. De ese total, 37 solicitaron el cambio de medidor y 78 completaron la instalación.
Las motivaciones de los usuarios son varias. La reducción en la tarifa mensual es una, si bien para ser generador de electricidad a partir de energía solar, por ejemplo, se necesita una inversión inicial de alrededor de US$2500 para una instalación de 1.7 kW, que es la más popular e incluye seis paneles. La vida útil de los paneles oscila entre 20 y 25 años, pero se espera que en 15 años aproximadamente sean obsoletos tecnológicamente. Otro de los objetivos -para algunos el más trascendente- es el positivo impacto ambiental de estas instalaciones.
Desde este mes, la escuela Antonio Devoto se convirtió en el primer edificio público del país en inyectar energía a la red para volcar el excedente que produzca. Los estudiantes y los docentes recibieron capacitaciones para conocer los beneficios del aprovechamiento de fuentes renovables. "Esta propuesta tiene entre sus objetivos la visibilización y fomento de las nuevas tecnologías de generación energética a partir de fuentes renovables, la concientización a estudiantes, docentes y a la comunidad educativa, y la reducción de las emisiones de carbono a la atmósfera", explica Romina Aldana, vocera del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
"La instalación es una medida de gestión ambiental y, a su vez, invita a estudiantes a convertirse en protagonistas del cambio cultural que se requiere para la construcción de un mundo más equitativo, justo y sustentable. Es necesario que desde la escuela los estudiantes se preparen como portadores de un mensaje sustentable hacia la comunidad", explica Aldana.
El colegio Washington School, por su parte, invirtió US$10.000 en noviembre de 2019 en la instalación de 14 paneles solares de 350 W (casi 5 kW total) en su escuela. Por la utilización de un sistema especial para los paneles solares, la obra se pudo hacer sin generar ningún ruido y los chicos pudieron tener clases con total normalidad. El proyecto es parte de un plan de sustentabilidad que el colegio empezó en 2016, a partir del establecimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. " Como institución educativa, sabemos que son los niños los protagonistas del cambio cultural y agentes multiplicadores" explica Lucila Garrafo Igoglio, responsable de comunicación de la institución.
"El proyecto de sustentabilidad atraviesa transversalmente los tres niveles educativos (inicial, primario y secundario) e incluye, además de la instalación de paneles solares y el uso de energías renovables, la separación de residuos, la reducción de plásticos de un solo uso, la colocación de canillas automáticas, talleres de huerta y compostaje y la conformación de un equipo de alumnos de los grados superiores que colaboran con la misión Green Team", explica Garrafo Igoglio, y agrega que los chicos podrán observar en tiempo real el monitoreo de la generación.
"A medida que más usuarios se vayan sumando, la energía distribuida será un cambio de paradigma y generará miles de fuentes de trabajo en todo el país", explica Martín Dapelo, director del proveedor de los equipos de energía solar On Networking que fueron instalados en el colegio.
Dapelo es también vocal dentro de la Cámara Argentina de Energías renovables. "Sin dudas las energías renovables llegaron para quedarse y su crecimiento continuará siendo exponencial, ya que la tecnología cada vez avanza con mayor rapidez facilitando su implementación. Aún nos falta mucho, pero el camino es el correcto", sintetiza.
Otra institución que se sumó a la iniciativa de generar su propia electricidad es la organización religiosa Movimiento los Focolares. El pasado enero terminaron la instalación de 18 paneles solares por un total de 6 kW, con un costo total de US$14.000. Carlos Mana, vocero del movimiento, cuenta que la instalación de energía solar está en línea con el interés por el cuidado ambiental y el espíritu del organismo.
Crear tu propia energía, un sueño cumplido
"Es muy gratificante la sensación de apagar los motores y navegar a vela por la vida con la cara al sol". De esta forma describe Félix Creiman su experiencia como usuario-generador luego de instalar en su casa de Barrio Parque Avellaneda un sistema de seis paneles de 280 W, es decir con potencia máxima de 280 Wp. Éstos tienen un inversor conectado a la red eléctrica -en inglés on grid- de 1500W, que transforma la energía de los paneles en corriente alterna, tal como la que tenemos en los enchufes.
" Se espera que en los meses cálidos, este sistema genere entre 250 y 300 kilowatt hora (kWh) mensuales, de los cuales el 30% o 40% lo inyectamos a la red, ya que gran parte de la energía la consumimos de noche, porque de día no estamos en nuestra casa", explica.
Como es reciente la adaptación del medidor bidireccional, Creiman aún no pudo comparar la facturación de la luz posterior a la instalación de los paneles, aunque como en mucho de los casos de los usuarios-generadores, detrás de esta decisión no hay solo un motor económico, sino también un interés por cuidar el ambiente.
Este es el caso de Gastón Bour, técnico electrónico que vive en Lomas de Zamora junto a su esposa y sus dos hijas en una casa de tres ambientes y se auto define como fanático de la eficiencia y del ahorro energético. Cuenta que desde chico soñaba con tener paneles solares en su casa y que, desde noviembre de 2019, ese sueño se convirtió en realidad.
Bour también es el creador del canal Proyectos LED, a través del cual difunde su pasión por estos temas. Asegura que su objetivo es convertirse en un usuario " eléctricamente neutral", es decir, generar exactamente la misma cantidad de energía que consume. Esto sería posible alcanzar agregando más paneles, pero no significaría que la factura cueste cero pesos, ya que hay un cargo mensual fijo. En su casa tiene instalado ocho paneles solares de 280W cada uno (de pico máximo) y un inversor conectado en red de 3 kW. El mes pasado, Edesur le colocó el medidor bidireccional.
"Cuando se elige un sistema híbrido, con baterías, además del retorno económico por la autogeneración, el usuario se asegura un suministro en caso de cortes", explica Ariel Mesch, especialista en energías renovables. Y agrega: "No menos importante es la satisfacción de estar generando tu propia energía y ayudando a tener una matriz energética más limpia".
En enero de 2018, Martín Rodrigo González instaló en su casa de Villa Ballester, localidad de San Martín, 14 paneles fotovoltaicos para generar 3,7 kW de potencia máxima. Este usuario generador asegura que su consumo en pesos se redujo a la mitad. " A partir de la instalación, la frecuencia es más pura y estable", comenta González.
Mientras el objetivo de esta ley es lograr que todos los usuarios de servicios de distribución eléctrica tengan el derecho a generar su propia energía para autoconsumo y vender los excedentes a su empresa distribuidora, en la reglamentación de la ley se estableció el objetivo a largo plazo de alcanzar los 1000 MW para el año 2030. El reporte de avance de la ley indica que en febrero de este año se alcanzó un total de 1 MW generado. Juan Carlos Villalonga, exdiputado nacional y quien fue uno de los impulsores del proyecto, afirmó que "es un objetivo ambicioso pero alcanzable y que está en línea con un escenario de descarbonización del sector eléctrico para el año 2050".
Ignacio Romero, exdirector de Generación Distribuida, rememora que cuando iniciaron la reglamentación de la ley, el país estaba rezagado respecto de otros mercados. Romero cuenta cómo su equipo logró revertir esta situación y tomarla como una ventaja, ya que analizaron las buenas y malas prácticas de otros casos, y así lograron una integración de esta nueva actividad que define como " disruptiva" a la matriz eléctrica de forma segura y sostenible en cualquier punto del país.
A este trabajo se le suma las heterogeneidades que presenta el país, ya que cada provincia tiene una realidad completamente distinta a la otra. La ley contempla otras tecnologías renovables, además de la solar fotovoltaica. Se dictó bajo la subsecretaría de Energía Renovable de la administración del expresidente Mauricio Macri, específicamente en la dirección de Generación Distribuida, cuyo director fue Romero. Con el cambio de Gobierno la subsecretaría quedó disuelta y el área está aún pendiente de definiciones sobre el nuevo rumbo.
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Represa Portezuelo: reuniones para analizar el impacto
Reuniones en Buenos Aires por la represa Portezuelo del Viento
Fecha de Publicación: 27/02/2020
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La construcción que se realizará en Mendoza sobre el río Grande -afluente del Colorado- complicaría el abastecimiento de agua potable a una parte importante de la población rionegrina lindera a ese curso de agua.
El daño que podría provocar el proyecto de la represa de Portezuelo del Viento, que Mendoza impulsa sobre el río Grande -tributario del Colorado- dio lugar a la búsqueda de respuestas inmediatas. Es por ello que legisladores regionales acordaron acciones conjuntas a fin de conseguir que se analice profundamente su viabilidad para no afectar al curso de agua interprovincial.
El encuentro se desarrolló esta semana en La Plata con la participación de la rionegrina Daniela Salzotto (Frente de Todos). Luego de un análisis de la situación actual de cada provincia por parte de cada legislador, repasando la crítica situación hídrica que vive ese curso de agua y cómo impacta en cada región, se acordó la necesidad de que cada distrito cuente con informes técnicos de impacto ambiental y económico del proyecto en cuestión.
Asimismo, se decidió dar continuidad a ese espacio de trabajo en las próximas semanas sumando legisladores de la provincia de Mendoza, y reforzando la necesidad de que se analice seriamente la sustentabilidad del proyecto.
Las coincidencias son que se privilegie la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente.
Completaron la reunión, además, los presidentes de los bloques de legisladores del Frente de Todos de Neuquén Ayelén Gutiérrez, de La Pampa Espartaco Marín y de Buenos Aires, Facundo Tignanelli.
“Quedó en claro que cada provincia, en este marco de representación, debe recabar datos en relación al caudal hídrico que posee, en qué manera nos perjudicaría la situación de crisis actual, y que cada jurisdicción se comprometa a realizar estudios”, declaró la legisladora rionegrina a Río Negro tras la reunión.
Agregó que “la cuenca es de todos y acá estamos todos perjudicados” pero también remarcó la importancia de que el gobierno nacional se entere que “vamos a estar firmes” para defender la cuenca.
Respecto de la situación que se vive en Catriel, su ciudad de origen, recordó que “en diciembre estuvimos casi una semana sin agua” coincidiendo con la alarmante baja de nivel en Casa de Piedra, y además mencionó la turbiedad con que aparece el agua potable.
Si bien la gobernadora Arabela Carreras se reunió en enero último con su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, para acordar acciones conjuntas Río Negro no ha echado demasiado luz sobre el tema. Es que Salzotto está esperando que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) le responda un pedido de informes presentado en esos días solicitando precisiones en torno a los estudios de impacto ambiental. La legisladora expresa que estos interrogantes se refieren a como la represa puede afectar el caudal con consecuencias en las poblaciones ribereñas y en la producción de toda la cuenca del río Colorado.
Monitoreo contínuo
La mesa técnica del Comité Interjurisdiccional del Río Coloradodel (COIRCO) acordó en su última reunión concretar un manejo del Embalse de Casa de Piedra priorizando las necesidades de abastecimiento y manteniendo el compromiso de riego con las restricciones actuales. Representantes provinciales coincidieron en mantener el monitoreo diario y evaluar alternativas para cotejar la capacidad de reserva del embalse respecto a los antecedentes existentes, y continuar con los estudios de calidad del agua.
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Fecha de Publicación: 27/02/2020
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Mendoza - Nacional
La construcción que se realizará en Mendoza sobre el río Grande -afluente del Colorado- complicaría el abastecimiento de agua potable a una parte importante de la población rionegrina lindera a ese curso de agua.
El daño que podría provocar el proyecto de la represa de Portezuelo del Viento, que Mendoza impulsa sobre el río Grande -tributario del Colorado- dio lugar a la búsqueda de respuestas inmediatas. Es por ello que legisladores regionales acordaron acciones conjuntas a fin de conseguir que se analice profundamente su viabilidad para no afectar al curso de agua interprovincial.
El encuentro se desarrolló esta semana en La Plata con la participación de la rionegrina Daniela Salzotto (Frente de Todos). Luego de un análisis de la situación actual de cada provincia por parte de cada legislador, repasando la crítica situación hídrica que vive ese curso de agua y cómo impacta en cada región, se acordó la necesidad de que cada distrito cuente con informes técnicos de impacto ambiental y económico del proyecto en cuestión.
Asimismo, se decidió dar continuidad a ese espacio de trabajo en las próximas semanas sumando legisladores de la provincia de Mendoza, y reforzando la necesidad de que se analice seriamente la sustentabilidad del proyecto.
Las coincidencias son que se privilegie la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente.
Completaron la reunión, además, los presidentes de los bloques de legisladores del Frente de Todos de Neuquén Ayelén Gutiérrez, de La Pampa Espartaco Marín y de Buenos Aires, Facundo Tignanelli.
“Quedó en claro que cada provincia, en este marco de representación, debe recabar datos en relación al caudal hídrico que posee, en qué manera nos perjudicaría la situación de crisis actual, y que cada jurisdicción se comprometa a realizar estudios”, declaró la legisladora rionegrina a Río Negro tras la reunión.
Agregó que “la cuenca es de todos y acá estamos todos perjudicados” pero también remarcó la importancia de que el gobierno nacional se entere que “vamos a estar firmes” para defender la cuenca.
Respecto de la situación que se vive en Catriel, su ciudad de origen, recordó que “en diciembre estuvimos casi una semana sin agua” coincidiendo con la alarmante baja de nivel en Casa de Piedra, y además mencionó la turbiedad con que aparece el agua potable.
Si bien la gobernadora Arabela Carreras se reunió en enero último con su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, para acordar acciones conjuntas Río Negro no ha echado demasiado luz sobre el tema. Es que Salzotto está esperando que el Departamento Provincial de Aguas (DPA) le responda un pedido de informes presentado en esos días solicitando precisiones en torno a los estudios de impacto ambiental. La legisladora expresa que estos interrogantes se refieren a como la represa puede afectar el caudal con consecuencias en las poblaciones ribereñas y en la producción de toda la cuenca del río Colorado.
Monitoreo contínuo
La mesa técnica del Comité Interjurisdiccional del Río Coloradodel (COIRCO) acordó en su última reunión concretar un manejo del Embalse de Casa de Piedra priorizando las necesidades de abastecimiento y manteniendo el compromiso de riego con las restricciones actuales. Representantes provinciales coincidieron en mantener el monitoreo diario y evaluar alternativas para cotejar la capacidad de reserva del embalse respecto a los antecedentes existentes, y continuar con los estudios de calidad del agua.
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Córdoba: crowdfunding para reforestar las altas cumbres
El sueño de crear un bosque en Pampa de Achala, con aportes colectivos
Fecha de Publicación: 27/02/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Compraron 120 hectáreas en las Altas Cumbres. Con una fundación buscan forestarlas con tabaquillos, una especie nativa. El tabaquillo está en riesgo de extinción. Apelan a financiar la plantación masiva mediante el “crowdfunding”: un aporte solidario.
¿Habrá existido alguna vez, cuando Córdoba era comechingona, un bosque de tabaquillos de 120 hectáreas en las alturas de la Pampa de Achala? Nadie puede saberlo hoy.
Sí se sabe que siglos atrás las sierras altas tenían más forestación que la que hoy muestran a cuentagotas.
Y un día no lejano podrá saberse si un nuevo bosque sobre 120 hectáreas entre las rocas y quebradas de las Altas Cumbres asomará como novedad en ese paisaje. Es el sueño que sueña Nicolás Roitberg.
Nicolás y su “socia” Alejandra Santini compraron en 2019 un campo de esa superficie, bien allá arriba (a 2.300 metros), con el solo fin de poblarlo de árboles nativos. Para eso, están poniendo en marcha un original modo de colaboración: encarar la tarea mediante el crowdfunding (financiamiento colectivo) haciendo que el aporte pequeño pero de muchos lo haga posible.
Arriba de los 1.400 metros, sólo crecen dos árboles nativos en Córdoba: tabaquillos y maitenes. Hay que andar bastante para dar con ellos. Y mucho más, si lo que se quiere es hallar un bosque que los agrupe.
El campo (piedra y pastizales de altura, surcado por dos arroyos) está dentro de las más de 140 mil hectáreas de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, una región de altura que va desde el cerro Champaquí hasta Los Gigantes, y que es la fuente del 70 por ciento del agua que Córdoba tiene y necesita: allí nacen sus principales ríos. Esa región, aun siendo “reserva” desde 1999, ha perdido muchos más bosques y suelos que los que ha recuperado desde entonces.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito, creado en 1996, actúa como un oasis de conservación en ese marco, sobre sus 37 mil hectáreas.
“Estamos creando la fundación Achala y en marzo lanzaremos una campaña fuerte para sumar socios, tanto voluntarios para tareas en el lugar como aportantes de recursos, desde cualquier lugar de Argentina y del mundo. Queremos contagiar a la gente la pasión por esto. Y que entienda los beneficios”, explicó Roitberg a La Voz desde su casa en Las Calles, una comuna del Valle de Traslasierra.
Sin pastos ni bosques nativos, se pierden cada vez más suelos en las Sierras tras cada lluvia sobre terrenos con pendiente. Sin suelo, sólo queda roca y las Sierras pierden así su capacidad clave de retener aguas que eviten las crecidas furibundas de los ríos en verano y que las acumulen como reserva hídrica para el resto del año.
“Preocupa ver estas zonas cada vez más erosionadas”, remarca Nicolás.
Ir por más
“La idea hace eje en la reforestación, pero no acaba ahí. Buscamos ser sustentables, y avanzar luego hacia proyectos de ecoturismo y de educación ambiental con esa forestación como pilar”, explica este porteño ya acordobesado.
Nicolás apunta que crearán una fundación, que administre ese campo-bosque “para que esto no sea de algunas personas, sino de una institución que las exceda, y para que después de este proyecto pueda haber otros”.
“Estamos empezando a abrir puertas, a invitar a la gente, a hacerlo participativo”, se entusiasma.
“Ahora largamos con una instancia clave: cerrar con alambrados los sectores por forestar, para evitar que el ganado destruya lo sembrado”, señala. De lo que se siembre sobrevivirá un 70 por ciento, si se dan las condiciones. Pero será nada si el ganado que pastorea también en esas alturas lo consume.
Nicolás calcula que en 120 hectáreas podrán crecer varias decenas de miles de árboles: un verdadero bosque.
La idea es que el grupo en creación recolecte semillas, genere plantines en viveros propios y los siembre luego. “Tomamos las experiencias de otros que están haciendo esto en varios lugares de las Sierras desde hace años. Aprendemos de ellos. Y seguramente accederemos también a plantines que ellos generan a través de las ONG que los apoyan”, apunta Roitberg.
Los dos “socios”
Nicolás y Alejandra no son cordobeses.
Él es un porteño que vivió su niñez y juventud entre Buenos Aires y Puerto Madryn. Hace 12 años se radicó en Córdoba y lleva nueve en Traslasierra, donde trabaja como guía de turismo alternativo.
Ella es rosarina, productora orgánica de alimentos y fundadora de un movimiento internacional en ese rubro.
Un día se cruzaron con la idea de “hacer algo” allá arriba, donde parece que no hay nada para hacer. En julio de 2019 compraron esas 120 hectáreas, ya con la idea del bosque, en el extremo norte de la Reserva Pampa de Achala, cerca de los macizos de Los Gigantes.
“Apuntamos a respetar la cultura del habitante serrano, a integrarnos. Y no demonizamos la ganadería en las Sierras, si es un modo de subsistencia, pero apelamos a poder sectorizar y a crear espacios donde el bosque nativo vuelva a ocupar algo del espacio que perdió”, apunta.
Cómo lo imaginan
Nicolás explica que el crowdfunding, en este caso, implica que los interesados puedan ingresar a la página (reservanaturalachala.com) “para ver el proyecto y, si hay voluntad, hacer un aporte con tarjeta”. Por ahora, no prevén generar socios que paguen cuotas mensuales o anuales.
“Cada aportante sería como padrino de un espacio que ayudó a sembrar, o de cierta cantidad de tabaquillos”, comenta. Es una modalidad común para reconocer el aporte solidario.
“Otros proyectos de reforestación muy buenos que hay en Córdoba son sostenidos con aportes de ONG internacionales, además del voluntariado de los que trabajan. Nosotros estamos intentando otra opción de financiamiento apostando a involucrar a gente común”, plantea Nicolás.
Las reforestaciones serranas en marcha
El proyecto de reforestación de la fundación Achala reconoce antecedentes.
Ricardo Suárez creó en Río Ceballos, en 1997, el proyecto Conservación y Reforestación de las Sierras. Empezó con algunos cientos, y ya lleva –con grupos de voluntarios que se van renovando– decenas de miles sembrados en una zona de Los Gigantes, en el Valle de Punilla.
El biólogo Daniel Renison, investigador de la UNC y del Conicet, junto con la ONG Ecosistemas Argentinos empezó también a sembrar tabaquillos en su casa de Cuesta Blanca para llevarlos, sumando otras voluntades, hasta las alturas de la Pampa de Achala.
A esos dos emprendimientos pioneros se fueron sumando otros. En Traslasierra, desde 2002, la Fundación de Actividades Biosféricas viene poblando grietas serranas con tabaquillos, a 2.600 metros, arriba de Los Molles, a través del proyecto Ordeñando Nubes.
Otra experiencia en las Altas Cumbres, motorizada por Julio Domínguez, se sumó a la lista. En 2019, el mismo sueño voló hasta el Valle de Calamuchita, donde un grupo de voluntarios inició una forestación en torno de uno de los refugios en la base del cerro Champaquí.
El proyecto cordobés de reforestación fue tomado como un modelo “de exportación” hace dos años. A través de fundaciones internacionales que aportan recursos, está en marcha el plan Acción Andina, que pretende repoblar con tabaquillos sectores de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile y e Ecuador, donde también es nativo y registra un alarmante retroceso. En Córdoba, pasaron de dos mil ejemplares por año sembrados en conjunto a casi 50 mil en 2019. “Para 2020 planificamos que sean más de 160 mil”, contó Renison a La Voz.
Una especie que debiera ser símbolo de Córdoba
El tabaquillo es el nombre con que se conoce en Córdoba al Polylepis australis. En Bolivia y en Perú lo llaman “queñoa” o “queuñoa”.
Es un árbol de chico a mediano, de la familia de las rosáceas. Debe su nombre al color y a la textura de su tronco, que recuerda al tabaco.
Sólo crece en altura, sobre zonas montañosas. En las serranías cordobeses no hay otro árbol que subsista arriba de los 1.400 metros, a excepción de los maitenes.
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Fecha de Publicación: 27/02/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Compraron 120 hectáreas en las Altas Cumbres. Con una fundación buscan forestarlas con tabaquillos, una especie nativa. El tabaquillo está en riesgo de extinción. Apelan a financiar la plantación masiva mediante el “crowdfunding”: un aporte solidario.
¿Habrá existido alguna vez, cuando Córdoba era comechingona, un bosque de tabaquillos de 120 hectáreas en las alturas de la Pampa de Achala? Nadie puede saberlo hoy.
Sí se sabe que siglos atrás las sierras altas tenían más forestación que la que hoy muestran a cuentagotas.
Y un día no lejano podrá saberse si un nuevo bosque sobre 120 hectáreas entre las rocas y quebradas de las Altas Cumbres asomará como novedad en ese paisaje. Es el sueño que sueña Nicolás Roitberg.
Nicolás y su “socia” Alejandra Santini compraron en 2019 un campo de esa superficie, bien allá arriba (a 2.300 metros), con el solo fin de poblarlo de árboles nativos. Para eso, están poniendo en marcha un original modo de colaboración: encarar la tarea mediante el crowdfunding (financiamiento colectivo) haciendo que el aporte pequeño pero de muchos lo haga posible.
Arriba de los 1.400 metros, sólo crecen dos árboles nativos en Córdoba: tabaquillos y maitenes. Hay que andar bastante para dar con ellos. Y mucho más, si lo que se quiere es hallar un bosque que los agrupe.
El campo (piedra y pastizales de altura, surcado por dos arroyos) está dentro de las más de 140 mil hectáreas de la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, una región de altura que va desde el cerro Champaquí hasta Los Gigantes, y que es la fuente del 70 por ciento del agua que Córdoba tiene y necesita: allí nacen sus principales ríos. Esa región, aun siendo “reserva” desde 1999, ha perdido muchos más bosques y suelos que los que ha recuperado desde entonces.
El Parque Nacional Quebrada del Condorito, creado en 1996, actúa como un oasis de conservación en ese marco, sobre sus 37 mil hectáreas.
“Estamos creando la fundación Achala y en marzo lanzaremos una campaña fuerte para sumar socios, tanto voluntarios para tareas en el lugar como aportantes de recursos, desde cualquier lugar de Argentina y del mundo. Queremos contagiar a la gente la pasión por esto. Y que entienda los beneficios”, explicó Roitberg a La Voz desde su casa en Las Calles, una comuna del Valle de Traslasierra.
Sin pastos ni bosques nativos, se pierden cada vez más suelos en las Sierras tras cada lluvia sobre terrenos con pendiente. Sin suelo, sólo queda roca y las Sierras pierden así su capacidad clave de retener aguas que eviten las crecidas furibundas de los ríos en verano y que las acumulen como reserva hídrica para el resto del año.
“Preocupa ver estas zonas cada vez más erosionadas”, remarca Nicolás.
Ir por más
“La idea hace eje en la reforestación, pero no acaba ahí. Buscamos ser sustentables, y avanzar luego hacia proyectos de ecoturismo y de educación ambiental con esa forestación como pilar”, explica este porteño ya acordobesado.
Nicolás apunta que crearán una fundación, que administre ese campo-bosque “para que esto no sea de algunas personas, sino de una institución que las exceda, y para que después de este proyecto pueda haber otros”.
“Estamos empezando a abrir puertas, a invitar a la gente, a hacerlo participativo”, se entusiasma.
“Ahora largamos con una instancia clave: cerrar con alambrados los sectores por forestar, para evitar que el ganado destruya lo sembrado”, señala. De lo que se siembre sobrevivirá un 70 por ciento, si se dan las condiciones. Pero será nada si el ganado que pastorea también en esas alturas lo consume.
Nicolás calcula que en 120 hectáreas podrán crecer varias decenas de miles de árboles: un verdadero bosque.
La idea es que el grupo en creación recolecte semillas, genere plantines en viveros propios y los siembre luego. “Tomamos las experiencias de otros que están haciendo esto en varios lugares de las Sierras desde hace años. Aprendemos de ellos. Y seguramente accederemos también a plantines que ellos generan a través de las ONG que los apoyan”, apunta Roitberg.
Los dos “socios”
Nicolás y Alejandra no son cordobeses.
Él es un porteño que vivió su niñez y juventud entre Buenos Aires y Puerto Madryn. Hace 12 años se radicó en Córdoba y lleva nueve en Traslasierra, donde trabaja como guía de turismo alternativo.
Ella es rosarina, productora orgánica de alimentos y fundadora de un movimiento internacional en ese rubro.
Un día se cruzaron con la idea de “hacer algo” allá arriba, donde parece que no hay nada para hacer. En julio de 2019 compraron esas 120 hectáreas, ya con la idea del bosque, en el extremo norte de la Reserva Pampa de Achala, cerca de los macizos de Los Gigantes.
“Apuntamos a respetar la cultura del habitante serrano, a integrarnos. Y no demonizamos la ganadería en las Sierras, si es un modo de subsistencia, pero apelamos a poder sectorizar y a crear espacios donde el bosque nativo vuelva a ocupar algo del espacio que perdió”, apunta.
Cómo lo imaginan
Nicolás explica que el crowdfunding, en este caso, implica que los interesados puedan ingresar a la página (reservanaturalachala.com) “para ver el proyecto y, si hay voluntad, hacer un aporte con tarjeta”. Por ahora, no prevén generar socios que paguen cuotas mensuales o anuales.
“Cada aportante sería como padrino de un espacio que ayudó a sembrar, o de cierta cantidad de tabaquillos”, comenta. Es una modalidad común para reconocer el aporte solidario.
“Otros proyectos de reforestación muy buenos que hay en Córdoba son sostenidos con aportes de ONG internacionales, además del voluntariado de los que trabajan. Nosotros estamos intentando otra opción de financiamiento apostando a involucrar a gente común”, plantea Nicolás.
Las reforestaciones serranas en marcha
El proyecto de reforestación de la fundación Achala reconoce antecedentes.
Ricardo Suárez creó en Río Ceballos, en 1997, el proyecto Conservación y Reforestación de las Sierras. Empezó con algunos cientos, y ya lleva –con grupos de voluntarios que se van renovando– decenas de miles sembrados en una zona de Los Gigantes, en el Valle de Punilla.
El biólogo Daniel Renison, investigador de la UNC y del Conicet, junto con la ONG Ecosistemas Argentinos empezó también a sembrar tabaquillos en su casa de Cuesta Blanca para llevarlos, sumando otras voluntades, hasta las alturas de la Pampa de Achala.
A esos dos emprendimientos pioneros se fueron sumando otros. En Traslasierra, desde 2002, la Fundación de Actividades Biosféricas viene poblando grietas serranas con tabaquillos, a 2.600 metros, arriba de Los Molles, a través del proyecto Ordeñando Nubes.
Otra experiencia en las Altas Cumbres, motorizada por Julio Domínguez, se sumó a la lista. En 2019, el mismo sueño voló hasta el Valle de Calamuchita, donde un grupo de voluntarios inició una forestación en torno de uno de los refugios en la base del cerro Champaquí.
El proyecto cordobés de reforestación fue tomado como un modelo “de exportación” hace dos años. A través de fundaciones internacionales que aportan recursos, está en marcha el plan Acción Andina, que pretende repoblar con tabaquillos sectores de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile y e Ecuador, donde también es nativo y registra un alarmante retroceso. En Córdoba, pasaron de dos mil ejemplares por año sembrados en conjunto a casi 50 mil en 2019. “Para 2020 planificamos que sean más de 160 mil”, contó Renison a La Voz.
Una especie que debiera ser símbolo de Córdoba
El tabaquillo es el nombre con que se conoce en Córdoba al Polylepis australis. En Bolivia y en Perú lo llaman “queñoa” o “queuñoa”.
Es un árbol de chico a mediano, de la familia de las rosáceas. Debe su nombre al color y a la textura de su tronco, que recuerda al tabaco.
Sólo crece en altura, sobre zonas montañosas. En las serranías cordobeses no hay otro árbol que subsista arriba de los 1.400 metros, a excepción de los maitenes.
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Sembraron truchas y provocaron un desastre
Valles Calchaquíes: alertan sobre la posible extinción de especies por la introducción de truchas
Fecha de Publicación: 26/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Norte Argentino
Estos peces, que pertenecen a una familia proveniente del hemisferio Norte, degradan el ecosistema. Hibridación, la transmisión de enfermedades, la depredación y la competencia con las especies nativas, entre las consecuencias
Los valles Calchaquíes, en Salta, forman parte de uno de los paisajes naturales más preciados de la Argentina. Sin embargo, un enemigo impensado acecha sus entrañas: la trucha arco iris que invade hace años el río Calchaquí. Así lo advierten estudios científicos y expertos que señalan que se trata de una de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta.
La historia de la introducción de la trucha en aguas salteñas comienza hace unos 70 años cuando se creía, erróneamente, que este tipo de práctica mejoraría la calidad de los ecosistemas. En este caso se trata un ambiente árido de montaña y es precisamente allí donde radica su fragilidad.
“Las especies exóticas son especies introducidas en un ambiente originarias de otro ecosistema. El problema es que alteran todo su funcionamiento y pueden degradarlo hasta extinguirlo. La trucha, que es un salmónido, pertenece a una familia de peces originaria del hemisferio Norte. No es originaria de América del Sur y es una de las 100 especies más invasoras, según la UICN (Unión Internacional por el Cuidado de la Naturaleza) que evalúa este tipo de riesgos. Están entre los seres vivos más dañinos”, explica a Infobae el ictiólogo Felipe Alonso, becario post doctoral del Conicet del Instituto de Bio y Geociencias del NOA.
Este pez ya ha generado varios trastornos en especies que están al borde de la extinción, como la mojarra desnuda. “Incluso las crías de macá tobiano son atacadas por estos peces. Se trata de una especie muy voraz que hace peligrar muchos ecosistemas”, agrega el experto y asegura que el peligro en la zona de los valles Calchaquíes es que “se fomenta su protección como si fuera una especie nativa”.
De hecho, en la zona de La Poma se celebra hasta un festival de la trucha: “Todos los años se hace el festival provincial de la trucha, que es muy interesante en términos culturales, pero es un error fomentar la protección. La Poma está dentro de un área protegida con todas sus particularidades biológicas y si esas especies endémicas se extinguen no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra”, apunta Alonso.
Esta zona de la Argentina conforma un paisaje con un valle alargado de norte a sur que va bajando del Nevado de Acay, que alcanza unos 5800 metros, en donde tiene las nacientes el río Calchaquí que corre hasta Cafayate. Es un ambiente árido de montaña tiene muchos endemismos que sólo viven ahí y en ningún otro lugar de planeta Tierra.
Impactos
Entre los impactos que produce esta especie se encuentran la hibridación, la transmisión de enfermedades, la depredación y la competencia con las especies nativas.
Un paper del investigador tucumano Carlos Molineri detalla: “En los Estados Unidos, la introducción de la trucha arco iris en zonas fuera de su área de distribución nativa ha causado problemas debido a su capacidad de hibridación con las especies de salmónidos nativos, afectando su integridad genética. Algunas especies, como la garganta cortada de Alvord (Oncorhynchus clarki subsp1.), se han extinguido virtualmente. Otras especies que se sabe que están afectadas por la hibridación son la trucha degolladora de Lahontan (O. clarki henshawi); la trucha dorada (O. aquabonita); la trucha de banda roja (O. mykiss subsp.); la trucha de Gila (véase O. gilae en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) y la trucha de Arizona (véase O. apache en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) (Fuller, 2000)”.
El trabajo realizado por Molineri, que analiza la situación en el norte argentino, detalla que una patología asociada a este pez es la enfermedad de los remolinos, una afección causada por un protozoo (Myxobolus cerebralis) que provoca una disfunción en el sistema nervioso de los salmónidos y puede dar lugar a la curvatura de la columna vertebral.
“Esto hace que los peces pierdan la capacidad de mantener una orientación adecuada, provocando que naden en un movimiento espiral (McDowall, 1990). La repoblación de truchas criadas en criaderos en el medio silvestre ha causado brotes de esta enfermedad en los Estados Unidos, amenazando a las poblaciones de peces silvestres”, sostiene el autor.
En muchos países se ha informado de que la trucha arco iris introducida tiene efectos negativos en los peces, anfibios e invertebrados nativos. En Nueva Zelandia se sospecha que la trucha arco iris afecta a las especies de peces nativos a través de la depredación directa y la competencia por las zonas de alimentación, mientras que en los Estados Unidos hay pruebas de que lo mismo ocurre con peces como la giba jorobada, las ventosas y la squawfish.
“Dos de las especies más amenazadas en la zona de los valles Calchaquíes son la Corydoras gladisae y la Jenynsia maculata, del grupo de los limpiafondos. Se trata de peces con tamaños que van entre los 4 y 10 centímetros que son devorados por las truchas”, explica Alonso.
¿Es posible criar esta especie sin hacer peligrar los ecosistemas?
Los investigadores creen que sí puede hacerse. Sin embargo, recomiendan que se realice en lo que se conoce como sistemas cerrados de cría, sin contacto con cursos de agua. “Si se usa el agua del río que ingresa al piletón de cría y luego sale, es muy probable que se escapen peces y pasen al ambiente. Esto también está ocurriendo en el río Pulares”, agrega Alonso.
Desde la política pública, los investigadores creen que la especie no debe protegerse como su fuera nativa. El año pasado, por caso, la provincia de Salta publicó en el Boletín Oficial la veda de la pesca de la trucha: “Artículo14.- Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)'. Se establece un período de veda reproductiva para la pesca de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) desde el 1 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019 inclusive, en los arroyos donde esta habite".
Para Alonso lo que habría que hacer es dejar que se extinga la especie. “Es un error establecer vedas o pesca con devolución. Estamos ante una de las especies más destructoras del mundo. Es necesario conservar nuestros ecosistemas que, de por sí, ya son muy frágiles”, indica.
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Fecha de Publicación: 26/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Norte Argentino
Estos peces, que pertenecen a una familia proveniente del hemisferio Norte, degradan el ecosistema. Hibridación, la transmisión de enfermedades, la depredación y la competencia con las especies nativas, entre las consecuencias
Los valles Calchaquíes, en Salta, forman parte de uno de los paisajes naturales más preciados de la Argentina. Sin embargo, un enemigo impensado acecha sus entrañas: la trucha arco iris que invade hace años el río Calchaquí. Así lo advierten estudios científicos y expertos que señalan que se trata de una de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta.
La historia de la introducción de la trucha en aguas salteñas comienza hace unos 70 años cuando se creía, erróneamente, que este tipo de práctica mejoraría la calidad de los ecosistemas. En este caso se trata un ambiente árido de montaña y es precisamente allí donde radica su fragilidad.
“Las especies exóticas son especies introducidas en un ambiente originarias de otro ecosistema. El problema es que alteran todo su funcionamiento y pueden degradarlo hasta extinguirlo. La trucha, que es un salmónido, pertenece a una familia de peces originaria del hemisferio Norte. No es originaria de América del Sur y es una de las 100 especies más invasoras, según la UICN (Unión Internacional por el Cuidado de la Naturaleza) que evalúa este tipo de riesgos. Están entre los seres vivos más dañinos”, explica a Infobae el ictiólogo Felipe Alonso, becario post doctoral del Conicet del Instituto de Bio y Geociencias del NOA.
Este pez ya ha generado varios trastornos en especies que están al borde de la extinción, como la mojarra desnuda. “Incluso las crías de macá tobiano son atacadas por estos peces. Se trata de una especie muy voraz que hace peligrar muchos ecosistemas”, agrega el experto y asegura que el peligro en la zona de los valles Calchaquíes es que “se fomenta su protección como si fuera una especie nativa”.
De hecho, en la zona de La Poma se celebra hasta un festival de la trucha: “Todos los años se hace el festival provincial de la trucha, que es muy interesante en términos culturales, pero es un error fomentar la protección. La Poma está dentro de un área protegida con todas sus particularidades biológicas y si esas especies endémicas se extinguen no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra”, apunta Alonso.
Esta zona de la Argentina conforma un paisaje con un valle alargado de norte a sur que va bajando del Nevado de Acay, que alcanza unos 5800 metros, en donde tiene las nacientes el río Calchaquí que corre hasta Cafayate. Es un ambiente árido de montaña tiene muchos endemismos que sólo viven ahí y en ningún otro lugar de planeta Tierra.
Impactos
Entre los impactos que produce esta especie se encuentran la hibridación, la transmisión de enfermedades, la depredación y la competencia con las especies nativas.
Un paper del investigador tucumano Carlos Molineri detalla: “En los Estados Unidos, la introducción de la trucha arco iris en zonas fuera de su área de distribución nativa ha causado problemas debido a su capacidad de hibridación con las especies de salmónidos nativos, afectando su integridad genética. Algunas especies, como la garganta cortada de Alvord (Oncorhynchus clarki subsp1.), se han extinguido virtualmente. Otras especies que se sabe que están afectadas por la hibridación son la trucha degolladora de Lahontan (O. clarki henshawi); la trucha dorada (O. aquabonita); la trucha de banda roja (O. mykiss subsp.); la trucha de Gila (véase O. gilae en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) y la trucha de Arizona (véase O. apache en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN) (Fuller, 2000)”.
El trabajo realizado por Molineri, que analiza la situación en el norte argentino, detalla que una patología asociada a este pez es la enfermedad de los remolinos, una afección causada por un protozoo (Myxobolus cerebralis) que provoca una disfunción en el sistema nervioso de los salmónidos y puede dar lugar a la curvatura de la columna vertebral.
“Esto hace que los peces pierdan la capacidad de mantener una orientación adecuada, provocando que naden en un movimiento espiral (McDowall, 1990). La repoblación de truchas criadas en criaderos en el medio silvestre ha causado brotes de esta enfermedad en los Estados Unidos, amenazando a las poblaciones de peces silvestres”, sostiene el autor.
En muchos países se ha informado de que la trucha arco iris introducida tiene efectos negativos en los peces, anfibios e invertebrados nativos. En Nueva Zelandia se sospecha que la trucha arco iris afecta a las especies de peces nativos a través de la depredación directa y la competencia por las zonas de alimentación, mientras que en los Estados Unidos hay pruebas de que lo mismo ocurre con peces como la giba jorobada, las ventosas y la squawfish.
“Dos de las especies más amenazadas en la zona de los valles Calchaquíes son la Corydoras gladisae y la Jenynsia maculata, del grupo de los limpiafondos. Se trata de peces con tamaños que van entre los 4 y 10 centímetros que son devorados por las truchas”, explica Alonso.
¿Es posible criar esta especie sin hacer peligrar los ecosistemas?
Los investigadores creen que sí puede hacerse. Sin embargo, recomiendan que se realice en lo que se conoce como sistemas cerrados de cría, sin contacto con cursos de agua. “Si se usa el agua del río que ingresa al piletón de cría y luego sale, es muy probable que se escapen peces y pasen al ambiente. Esto también está ocurriendo en el río Pulares”, agrega Alonso.
Desde la política pública, los investigadores creen que la especie no debe protegerse como su fuera nativa. El año pasado, por caso, la provincia de Salta publicó en el Boletín Oficial la veda de la pesca de la trucha: “Artículo14.- Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss)'. Se establece un período de veda reproductiva para la pesca de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) desde el 1 de abril de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2019 inclusive, en los arroyos donde esta habite".
Para Alonso lo que habría que hacer es dejar que se extinga la especie. “Es un error establecer vedas o pesca con devolución. Estamos ante una de las especies más destructoras del mundo. Es necesario conservar nuestros ecosistemas que, de por sí, ya son muy frágiles”, indica.
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Santa Cruz: buscan gestionar los residuos de pesqueras
Buscan solucionar el problema ambiental por residuos de pesqueras y de vehículos
Fecha de Publicación: 26/02/2020
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
El municipio de Caleta Olivia comenzó a estructurar un programa para solucionar el pasivo ambiental que generan los residuos de plantas pesqueras y centenares de viejas carrocerías de automóviles acumuladas en el predio del basural, muchas de ellas destruidas por incendios.
El anuncio se realizó el viernes en una rueda de prensa ofrecida por el intendente Fernando Cotillo, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Silvina Sotomayor; el secretario de Servicios, Rubén Contreras y el supervisor de Tránsito Héctor Ramos También se contó con la presencia por la diputa por pueblo, Liliana Toro.
En ese marco se anunciaron los acuerdos logrados con las pesqueras para retirar los residuos de su actividad y el plan para compactar los vehículos en desuso y venderlos como chatarra.
En principio se indicó que el municipio estableció un convenio con la empresa PG Inversiones de Puerto Madryn para enviar hacia esa localidad los desechos de merluza, a fin de que los mismos sean procesados en la planta de la firma Harinas Patagónicas.
Por tal motivo la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que esta semana GP iniciará la construcción de un playón que servirá de estación de transferencia donde se colocará una batea de 20 toneladas para ser retirada por un transportista perteneciente a dicha empresa.
De esa forma, indicó Silvina Sotomayor, se evitará que entre 15 a 20 volquetes de desecho de pescado generados por tres pesqueras, continúen siendo arrojados casi a diario en el basural sin un tratamiento adecuado.
La restante situación ambiental preocupante es generada por la gran cantidad de automóviles en desuso, de los cuales en su mayoría son solo carrocerías oxidadas que se siguen acumulando en el basural.
Por esa razón, se establecieron contactos con el subsecretario de Medio Ambiente de Comodoro Rivadavia, Daniel González, quien facilitó un enlace con referentes del Programa Nacional de Compactación (ProNaCom).
El objetivo del municipio caletense es adherir a ese programa para posibilitar la compactación de material y una vez de convertido en bloques de chatarra, proceder a retirarlo de basural.
Se indicó que ambas medidas permitirán un saneamiento profundo del predio de disposición final de residuos que además fue cercado hace pocos días.
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Fecha de Publicación: 26/02/2020
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Santa Cruz
El municipio de Caleta Olivia comenzó a estructurar un programa para solucionar el pasivo ambiental que generan los residuos de plantas pesqueras y centenares de viejas carrocerías de automóviles acumuladas en el predio del basural, muchas de ellas destruidas por incendios.
El anuncio se realizó el viernes en una rueda de prensa ofrecida por el intendente Fernando Cotillo, la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Silvina Sotomayor; el secretario de Servicios, Rubén Contreras y el supervisor de Tránsito Héctor Ramos También se contó con la presencia por la diputa por pueblo, Liliana Toro.
En ese marco se anunciaron los acuerdos logrados con las pesqueras para retirar los residuos de su actividad y el plan para compactar los vehículos en desuso y venderlos como chatarra.
En principio se indicó que el municipio estableció un convenio con la empresa PG Inversiones de Puerto Madryn para enviar hacia esa localidad los desechos de merluza, a fin de que los mismos sean procesados en la planta de la firma Harinas Patagónicas.
Por tal motivo la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó que esta semana GP iniciará la construcción de un playón que servirá de estación de transferencia donde se colocará una batea de 20 toneladas para ser retirada por un transportista perteneciente a dicha empresa.
De esa forma, indicó Silvina Sotomayor, se evitará que entre 15 a 20 volquetes de desecho de pescado generados por tres pesqueras, continúen siendo arrojados casi a diario en el basural sin un tratamiento adecuado.
La restante situación ambiental preocupante es generada por la gran cantidad de automóviles en desuso, de los cuales en su mayoría son solo carrocerías oxidadas que se siguen acumulando en el basural.
Por esa razón, se establecieron contactos con el subsecretario de Medio Ambiente de Comodoro Rivadavia, Daniel González, quien facilitó un enlace con referentes del Programa Nacional de Compactación (ProNaCom).
El objetivo del municipio caletense es adherir a ese programa para posibilitar la compactación de material y una vez de convertido en bloques de chatarra, proceder a retirarlo de basural.
Se indicó que ambas medidas permitirán un saneamiento profundo del predio de disposición final de residuos que además fue cercado hace pocos días.
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Catamarca: cortes de ruta por la minería, a favor y en contra
Anti y pro mineros cortan rutas en Antofagasta y El Eje
Fecha de Publicación: 26/02/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Una nueva jornada de protestas de anti y pro mineros se lleva adelante a raíz del conflicto originado por la construcción del acueducto del Río Los Patos en Antofagasta de la Sierra.
Los grupos antimineros continúan con el bloqueo en el acceso a la Villa de Antofagasta. Por su parte, trabajadores nucleados en AOMA y vecinos que apoyan la actividad minera cortan el tránsito en el paraje El Eje, en el empalme de la RNN 40 y RPN 43, para pedir que se convoque a una mesa de diálogo.
Los manifestantes antimineros solo permiten el paso de ambulancias o personas enfermas; mientras que los promineros bloquean el paso a los que llevan asistencia al otro corte.
Esta situación generó malestar en el sector turístico dado a que los cortes impiden la libre circulación de las personas que llegan a la provincia para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval. Habría turistas varados en Hualfín.
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Fecha de Publicación: 26/02/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca
Una nueva jornada de protestas de anti y pro mineros se lleva adelante a raíz del conflicto originado por la construcción del acueducto del Río Los Patos en Antofagasta de la Sierra.
Los grupos antimineros continúan con el bloqueo en el acceso a la Villa de Antofagasta. Por su parte, trabajadores nucleados en AOMA y vecinos que apoyan la actividad minera cortan el tránsito en el paraje El Eje, en el empalme de la RNN 40 y RPN 43, para pedir que se convoque a una mesa de diálogo.
Los manifestantes antimineros solo permiten el paso de ambulancias o personas enfermas; mientras que los promineros bloquean el paso a los que llevan asistencia al otro corte.
Esta situación generó malestar en el sector turístico dado a que los cortes impiden la libre circulación de las personas que llegan a la provincia para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval. Habría turistas varados en Hualfín.
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Las falacias del discurso minero
No es posible una megaminería sustentable
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La megaminería tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las explotaciones, no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes.
Los últimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras y también protege el agua. Esto significó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad sobre la actividad minera y sus implicancias socioambientales.
El eje del debate giró en torno a un tipo particular de explotación y no cualquier tipo de minería: la megaminería o minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina, la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la permiten. En otras siete, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados.
En un renovado intento por ampliar la frontera de estas explotaciones, se procuró forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Sin embargo, a pesar del freno logrado a la modificación de la ley mendocina, los intentos para cambiar la ley y permitir la megaminería continúan en Mendoza, Chubut (ley 5001) y en todo el país (como la embestida contra la Ley Nacional de Glaciares, que prohíbe la megaminería en zona glaciar y periglaciar).
En este contexto, circulan en medios diversos argumentos que generan confusión y pueden favorecer una nueva avanzada de la megaminería. No creemos que exista una intención de buscar una minería alternativa y “sustentable”, sino de hacer pasar a la megaminería como lo que no es. Como respuesta, hemos escrito, junto a otros científicas/os e investigadores del CONICET y Universidades, una declaración que refuta estos argumentos y expresa una fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios.
“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso.
Las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).
Esto conlleva: 1) La degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la presencia de partículas en el aire y contaminación sonora. 2) La utilización y contaminación de grandes cantidades de agua en zonas en las que generalmente hay escasez de esta. 3) La exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias químicas utilizadas, que implica mayor riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y de la piel, entre otras. A la exposición crónica se suma la exposición aguda, producto de "accidentes" como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.
“La megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”. Falso. En los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza. A su vez, las explotaciones de minas y canteras aportaron sólo el 2,95 por ciento del Valor Bruto de Producción total en Argentina desde el 2004 hasta el 2018 y, dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49 por ciento (en comparación con el 6,95 por ciento que aportó la ganadería, agricultura, caza y silvicultura; según los informes del INDEC, 2019).
“Quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local”. Falso. Se han ido construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a las particularidades de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades preexistentes (como la vitivinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo, etc.) con una perspectiva agroecológica o en consonancia con el ambiente y las necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a su diversificación productiva. Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de las energías renovables, por parte de poblaciones que se enfrentan al fracking, o la agroecología, que se impulsa en simultáneo a las luchas contra los impactos socioambientales del agronegocio.
En síntesis, las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país. Para esto, es fundamental involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas tanto al desarrollo de la megaminería como de cualquier otra actividad contaminante.
Por
Matías Blaustein - Dr. en Biología. iB3-Dpto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular-UBA, Investigador de CONICET
Federico Giovannetti - Lic. en Psicología. Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC, Becario de CONICET
Florencia Aranciba- Dr en Sociología. CENIT-UNSAM, Investigadora de CONICET
Nicolás Fernández Larrosa - Dr en Biología. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias-UBA,Investigador de CONICET
Juan Wahren - Dr. en Cs. Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA, Investigador de CONICET
Cecilia Rikap - Dra. en Economía. IICE-UBA. Investigadora de CONICET
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
La megaminería tiene consecuencias negativas sobre la salud de las poblaciones aledañas a las explotaciones, no contribuye significativamente al desarrollo económico local y puede afectar el crecimiento de otras actividades no contaminantes.
Los últimos días de diciembre, el pueblo mendocino salió a la calle contra la modificación de la Ley 7722. Esta prohíbe la utilización de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas en explotaciones mineras y también protege el agua. Esto significó un nuevo hito en un largo proceso de conflictividad sobre la actividad minera y sus implicancias socioambientales.
El eje del debate giró en torno a un tipo particular de explotación y no cualquier tipo de minería: la megaminería o minería metalífera a cielo abierto. Esta, a diferencia de la minería tradicional, está prohibida en muchos lugares del mundo por sus ya comprobados irreversibles efectos debido al uso de tóxicos como el cianuro. En Argentina, la megaminería se practica desde los años ‘90 y sólo siete provincias la permiten. En otras siete, la actividad fue prohibida gracias a la resistencia de los pueblos afectados.
En un renovado intento por ampliar la frontera de estas explotaciones, se procuró forzar su habilitación en provincias donde el rechazo social ya había logrado plasmarse en resguardo jurídico. Sin embargo, a pesar del freno logrado a la modificación de la ley mendocina, los intentos para cambiar la ley y permitir la megaminería continúan en Mendoza, Chubut (ley 5001) y en todo el país (como la embestida contra la Ley Nacional de Glaciares, que prohíbe la megaminería en zona glaciar y periglaciar).
En este contexto, circulan en medios diversos argumentos que generan confusión y pueden favorecer una nueva avanzada de la megaminería. No creemos que exista una intención de buscar una minería alternativa y “sustentable”, sino de hacer pasar a la megaminería como lo que no es. Como respuesta, hemos escrito, junto a otros científicas/os e investigadores del CONICET y Universidades, una declaración que refuta estos argumentos y expresa una fuerte preocupación por las consecuencias que la megaminería tiene sobre nuestra salud y nuestros territorios.
“La megaminería ‘bien hecha’ puede no tener efectos dañinos en el medio ambiente y la salud pública”. Falso.
Las técnicas utilizadas tienen un alto impacto socio-ambiental. Mediante la utilización de explosivos se producen voladuras de montañas que permiten remover grandes volúmenes de roca donde se encuentra el mineral de interés. Se aplican tratamientos químicos que separan los minerales de la roca y los desechos se descartan en diques de cola, extensos cuerpos de agua artificiales dónde se depositan los millones de litros de agua con químicos tóxicos. El drenaje ácido, las filtraciones de los diques de cola en las napas y los ríos, así como otras formas de contaminación, son efectos comprobados, tal como sucedió con los derrames tóxicos en San Juan, Minas Gerais (Brasil) y Mar de Cortés (México).
Esto conlleva: 1) La degradación del paisaje y del suelo de forma permanente, la presencia de partículas en el aire y contaminación sonora. 2) La utilización y contaminación de grandes cantidades de agua en zonas en las que generalmente hay escasez de esta. 3) La exposición prolongada en el tiempo de las poblaciones aledañas a las sustancias químicas utilizadas, que implica mayor riesgo de enfermedades crónicas respiratorias, cáncer de pulmón, enfermedades renales, de la sangre y de la piel, entre otras. A la exposición crónica se suma la exposición aguda, producto de "accidentes" como derrames, accidentes de transporte, rotura de caños, o emisiones de los diques de cola, que producen trastornos cardiovasculares, respiratorios y del sistema nervioso central, entre otros.
“La megaminería genera desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional”. Falso. En los últimos 22 años (OEDE, 2018), la minería ha generado solamente el 1,15 por ciento del empleo total (en comparación con el 5,9 por ciento de la ganadería, agricultura y silvicultura). La megaminería también tiende a destruir el empleo al tener un impacto negativo en otras actividades locales, aumentando también los niveles de pobreza. A su vez, las explotaciones de minas y canteras aportaron sólo el 2,95 por ciento del Valor Bruto de Producción total en Argentina desde el 2004 hasta el 2018 y, dentro de estas, la megaminería incidió en solo 0,49 por ciento (en comparación con el 6,95 por ciento que aportó la ganadería, agricultura, caza y silvicultura; según los informes del INDEC, 2019).
“Quienes critican a la megaminería no plantean alternativas de desarrollo local”. Falso. Se han ido construyendo diferentes alternativas de desarrollo local de acuerdo a las particularidades de cada región. Un ejemplo es la promoción de actividades preexistentes (como la vitivinicultura, olivicultura, fruticultura, turismo, etc.) con una perspectiva agroecológica o en consonancia con el ambiente y las necesidades de las comunidades locales. Estas actividades tienen una alta potencialidad para desarrollarse en los territorios y contribuir a su diversificación productiva. Lo mismo ha ocurrido con la propuesta de las energías renovables, por parte de poblaciones que se enfrentan al fracking, o la agroecología, que se impulsa en simultáneo a las luchas contra los impactos socioambientales del agronegocio.
En síntesis, las experiencias históricas y las evidencias científicas disponibles llevan a la conclusión inequívoca de que la megaminería (al igual que otras actividades extractivas) atenta gravemente contra la salud y el ambiente de las sociedades donde se instala. Por esto, el objeto del debate no debería ser el modo de habilitar la megaminería allí donde está prohibida, sino la necesidad de extender la salvaguarda de la prohibición de esta explotación a todo país. Para esto, es fundamental involucrar al conjunto de nuestro pueblo en las decisiones políticas relativas tanto al desarrollo de la megaminería como de cualquier otra actividad contaminante.
Por
Matías Blaustein - Dr. en Biología. iB3-Dpto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular-UBA, Investigador de CONICET
Federico Giovannetti - Lic. en Psicología. Unidad de Neurobiología Aplicada, CEMIC, Becario de CONICET
Florencia Aranciba- Dr en Sociología. CENIT-UNSAM, Investigadora de CONICET
Nicolás Fernández Larrosa - Dr en Biología. Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias-UBA,Investigador de CONICET
Juan Wahren - Dr. en Cs. Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA, Investigador de CONICET
Cecilia Rikap - Dra. en Economía. IICE-UBA. Investigadora de CONICET
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Piden no extraer más arenas silíceas en Entre Ríos
Pidieron que se suspenda la extracción de arenas silíceas
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Diario La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos
La Fundación CAUCE, Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó este jueves una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet: “para exigir el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales vigentes en lo que concierne a la actividad extractiva de arenas silíceas que se desarrolla en nuestra provincia”, informaron en un comunicado. La nota cuenta “con la adhesión de personas, grupos y asambleas que defienden derechos colectivos ambientales y sociales”, explayaron desde la ONG.
En el escrito se le solicita al mandatario que “suspenda la extracción y procesamiento de arenas silíceas que se encuentran realizando más de dieciocho (18) empresas en nuestro suelo, sin certificado de aptitud ambiental y sin la debida certificación minera” y que “ordene a sus funcionarios el debido control y evaluación de los impactos que individual y acumulativamente genera en el ambiente y en la salud de la población el desarrollo de esta actividad”.
Asimismo, en el comunicado destacan la importancia de los cumplimientos en las instancias de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, la necesidad de intervención de otros organismos competentes, dada la ubicación de las empresas, y la concreción de los acuerdos establecidos en el PIECAS (Plan Integral Estratégico Para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta Del Paraná).
“Recuerde que la necesidad de repensar un modelo de desarrollo productivo provincial basado en prácticas respetuosas de los ciclos naturales y de la esencia cultural de las comunidades que habitan nuestros suelos es imperiosa. A la vez, debe Usted tener presente que, al gobernar para todos y todas las/los entrerrianos/as debe velar por el bien común, sin olvidar que fue el pueblo entrerriano quien le dijo NO AL FRACKING y que por ley provincial se encuentra prohibida en nuestro territorio esta actividad tan contaminante y destructiva de la naturaleza”, manifiestan el pedido de la Fundación.
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: Diario La Calle
Provincia/Región: Entre Ríos
La Fundación CAUCE, Cultura Ambiental – Causa Ecologista presentó este jueves una nota dirigida al gobernador Gustavo Bordet: “para exigir el cumplimiento de las normas ambientales provinciales y nacionales vigentes en lo que concierne a la actividad extractiva de arenas silíceas que se desarrolla en nuestra provincia”, informaron en un comunicado. La nota cuenta “con la adhesión de personas, grupos y asambleas que defienden derechos colectivos ambientales y sociales”, explayaron desde la ONG.
En el escrito se le solicita al mandatario que “suspenda la extracción y procesamiento de arenas silíceas que se encuentran realizando más de dieciocho (18) empresas en nuestro suelo, sin certificado de aptitud ambiental y sin la debida certificación minera” y que “ordene a sus funcionarios el debido control y evaluación de los impactos que individual y acumulativamente genera en el ambiente y en la salud de la población el desarrollo de esta actividad”.
Asimismo, en el comunicado destacan la importancia de los cumplimientos en las instancias de participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, la necesidad de intervención de otros organismos competentes, dada la ubicación de las empresas, y la concreción de los acuerdos establecidos en el PIECAS (Plan Integral Estratégico Para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible en el Delta Del Paraná).
“Recuerde que la necesidad de repensar un modelo de desarrollo productivo provincial basado en prácticas respetuosas de los ciclos naturales y de la esencia cultural de las comunidades que habitan nuestros suelos es imperiosa. A la vez, debe Usted tener presente que, al gobernar para todos y todas las/los entrerrianos/as debe velar por el bien común, sin olvidar que fue el pueblo entrerriano quien le dijo NO AL FRACKING y que por ley provincial se encuentra prohibida en nuestro territorio esta actividad tan contaminante y destructiva de la naturaleza”, manifiestan el pedido de la Fundación.
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Kicillof, el tema agroquímicos requiere políticas públicas
El gobierno bonaerense promoverá políticas públicas en materia de aplicación de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Protestas y movilizaciones
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
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Fecha de Publicación: 25/02/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Protestas y movilizaciones
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
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Primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Los compromisos tras la primera reunión del Gabinete Nacional de Cambio Climático
Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gabinete Nacional de Cambio Climático se reunió por primera vez desde la aprobación de la ley de presupuestos mínimos del Cambio Climático que transformó la crisis ambiental y ecológica en una cuestión de Estado. Si bien la ley que se oficializó en diciembre aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, convocaron a todos los ministros a participar del encuentro en Casa de Gobierno.
Este año comenzó el plazo de cumplimiento del Acuerdo de París y la Argentina debe actualizar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para presentar en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en Glasgow durante noviembre próximo.
Si bien el nivel de emisiones de la Argentina es sólo del 0,7% a nivel global, el país está entre los 30 más contaminantes del mundo y tercero, después de Brasil y México en América Latina. De ahí que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento de 1,5 a 2°C por encima de los niveles preindustriales, el Gobierno deberá consolidar un plan ambicioso. Hoy las cuentas dan 3,2°C en 2100 respecto de la época preindustrial.
En diálogo con LA NACION, el ministro Juan Cabandié reiteró la necesidad de un plan estratégico a largo plazo para cumplir con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050 y enumeró algunas de las temáticas abordadas en la reunión por los distintos ministerios.
"Trabajamos para ver cómo cada área puede colaborar en la lucha contra el cambio climático. Transporte y su vínculo con la movilidad sustentable y energías limpias, Justicia con un andamiaje jurídico para los delitos vinculados al incumplimiento de las leyes relacionadas al medio ambiente y Cancillería con la presentación frente al mundo", manifestó Cabandié.
A su vez, anticipó que en los próximos días presentarán con Nicolás Trotta, ministro de Educación, y el presidente Alberto Fernández, un proyecto de ley de educación ambiental que deberá ser consensuado en ámbitos de amplia participación, como el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación antes de su presentación en el Congreso.
Ante la consulta sobre el sector energético que depende del Ministerio de Producción pero es la mayor (52%) fuente de emisiones del país y aún no se nombró a nadie en el cargo de Director Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables, Cabandié dijo: "Es muy específico del área de Kulfas. Nosotros abordamos temas en conjunto como la minería dado lo que ocurrió en Mendoza, pero no todas. Quedan cosas pendientes. Hay que encarar un marco de transición ecológica y justa, resguardar las fuentes de ingreso y conservar el ambiente. Es necesario cruzar las dos agendas".
Tras las palabras de apertura de Cafiero que evidenciaron el deseo de priorizar la agenda ambiental, los ministros intercambiaron posturas e iniciativas para la conformación de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático transversal entre todas las áreas.
Dieron el presente los ministros: Matías Kulfas (Producción), Claudio Moroni (Trabajo), Mario Meoni (Transporte), Marcela Losardo (Justicia), Tristán Bauer (Cultura), Felipe Solá (Cancillería), Ginés González García (Salud).
Los ausentes enviaron representantes en su lugar. Desde Ciencia y Tecnología, participó Carolina Vera, jefa de gabinete del ministerio, investigadora del CONICET y co-autora de informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) coordinado por la Organización de Naciones Unidas.
"Esta fue la primera mesa de ministros desde que se institucionalizó en el Gobierno argentino la lucha contra el cambio climático. Hubo una voluntad política de todos los presentes para empezar a actuar desde el inicio de la transición en una nueva forma de desarrollo del país, socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable que brinde una respuesta al cambio climático, pero que también contribuya a mejoras sociales de nuestro país", sostuvo Vera.
Próximos pasos
Aún no se definió la fecha del próximo encuentro. Pero la tarea continuará con el desarrollo de distintas actividades mediante una instancia técnica, representada por los puntos focales ministeriales y designados por cada actor gubernamental.
Todavía se debe aprobar el presupuesto de este año y el decreto reglamentario de la ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático que delimitará la aplicación de la legislación que contempla además del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la participación de un Consejo Asesor Externo de carácter consultivo y permanente. Será integrado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, todavía permanece como deuda la creación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático como instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta para garantizar la transparencia y el monitoreo de medidas de mitigación.
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Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gabinete Nacional de Cambio Climático se reunió por primera vez desde la aprobación de la ley de presupuestos mínimos del Cambio Climático que transformó la crisis ambiental y ecológica en una cuestión de Estado. Si bien la ley que se oficializó en diciembre aún no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, convocaron a todos los ministros a participar del encuentro en Casa de Gobierno.
Este año comenzó el plazo de cumplimiento del Acuerdo de París y la Argentina debe actualizar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional para presentar en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en Glasgow durante noviembre próximo.
Si bien el nivel de emisiones de la Argentina es sólo del 0,7% a nivel global, el país está entre los 30 más contaminantes del mundo y tercero, después de Brasil y México en América Latina. De ahí que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento de 1,5 a 2°C por encima de los niveles preindustriales, el Gobierno deberá consolidar un plan ambicioso. Hoy las cuentas dan 3,2°C en 2100 respecto de la época preindustrial.
En diálogo con LA NACION, el ministro Juan Cabandié reiteró la necesidad de un plan estratégico a largo plazo para cumplir con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para el 2050 y enumeró algunas de las temáticas abordadas en la reunión por los distintos ministerios.
"Trabajamos para ver cómo cada área puede colaborar en la lucha contra el cambio climático. Transporte y su vínculo con la movilidad sustentable y energías limpias, Justicia con un andamiaje jurídico para los delitos vinculados al incumplimiento de las leyes relacionadas al medio ambiente y Cancillería con la presentación frente al mundo", manifestó Cabandié.
A su vez, anticipó que en los próximos días presentarán con Nicolás Trotta, ministro de Educación, y el presidente Alberto Fernández, un proyecto de ley de educación ambiental que deberá ser consensuado en ámbitos de amplia participación, como el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación antes de su presentación en el Congreso.
Ante la consulta sobre el sector energético que depende del Ministerio de Producción pero es la mayor (52%) fuente de emisiones del país y aún no se nombró a nadie en el cargo de Director Nacional de Generación Hidroeléctrica y Energías Renovables, Cabandié dijo: "Es muy específico del área de Kulfas. Nosotros abordamos temas en conjunto como la minería dado lo que ocurrió en Mendoza, pero no todas. Quedan cosas pendientes. Hay que encarar un marco de transición ecológica y justa, resguardar las fuentes de ingreso y conservar el ambiente. Es necesario cruzar las dos agendas".
Tras las palabras de apertura de Cafiero que evidenciaron el deseo de priorizar la agenda ambiental, los ministros intercambiaron posturas e iniciativas para la conformación de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático transversal entre todas las áreas.
Dieron el presente los ministros: Matías Kulfas (Producción), Claudio Moroni (Trabajo), Mario Meoni (Transporte), Marcela Losardo (Justicia), Tristán Bauer (Cultura), Felipe Solá (Cancillería), Ginés González García (Salud).
Los ausentes enviaron representantes en su lugar. Desde Ciencia y Tecnología, participó Carolina Vera, jefa de gabinete del ministerio, investigadora del CONICET y co-autora de informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) coordinado por la Organización de Naciones Unidas.
"Esta fue la primera mesa de ministros desde que se institucionalizó en el Gobierno argentino la lucha contra el cambio climático. Hubo una voluntad política de todos los presentes para empezar a actuar desde el inicio de la transición en una nueva forma de desarrollo del país, socialmente inclusivo y ambientalmente sustentable que brinde una respuesta al cambio climático, pero que también contribuya a mejoras sociales de nuestro país", sostuvo Vera.
Próximos pasos
Aún no se definió la fecha del próximo encuentro. Pero la tarea continuará con el desarrollo de distintas actividades mediante una instancia técnica, representada por los puntos focales ministeriales y designados por cada actor gubernamental.
Todavía se debe aprobar el presupuesto de este año y el decreto reglamentario de la ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático que delimitará la aplicación de la legislación que contempla además del Gabinete Nacional de Cambio Climático, la participación de un Consejo Asesor Externo de carácter consultivo y permanente. Será integrado por científicos, representantes de organizaciones ambientales, sindicatos, comunidades indígenas, universidades, centros de investigación públicos y privados y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria.
A su vez, todavía permanece como deuda la creación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático como instrumento para el diagnóstico y desarrollo de planes de respuesta para garantizar la transparencia y el monitoreo de medidas de mitigación.
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La Pampa: ruralistas contra normativa de pesticidas
Plaguicidas: los ruralistas también cuestionaron la distancia y propusieron fumigar a 100 metros
Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
Debate
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
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Fecha de Publicación: 24/02/2020
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
Debate
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
Preguntas
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
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