Presupuesto: un peso por hectárea de bosques por mes
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Subió la deforestación y preocupa la baja partida a la protección de bosques en el nuevo Presupuesto
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas
Un peso por hectárea por mes. Ese es el presupuesto que el gobierno nacional asignó a la protección de este recurso natural que no para de perder frente al avance de la frontera agropecuaria. El ejercicio financiero, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección las 53.645.545 hectáreas de bosque nativo de la Argentina, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
A este panorama se suma un dato que preocupa: el año pasado volvió a subir la deforestación en el país. Según el Informe del Estado del Ambiente, presentado por la secretaría que conduce Sergio Bergman, en 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851 ha y se había detenido una tendencia que ya llevaba 10 años. Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
"Las presiones del bosque están fundamentadas en la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería, la urbanización e infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Las áreas desmontadas son usadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, principalmente el cultivo de la soja, a causa de sus elevados precios internacionales y la incorporación de nuevos países a la demanda", sostiene el reporte que la actual gestión presenta por segunda vez.
La reactivación del cultivo de los commodities por la baja de retenciones es una de las razones de este cambio en los usos del suelo. Sin embargo, existe una ley, conocida como la Ley de Bosques, precisamente para proteger el bosque nativo que crea un fondo para compensar a las provincias por no permitir esa deforestación. Pero no se cumple.
La norma es clara: en su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese fondo para 2019 debería ser de $12.500 millones. El monto se completaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
"Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria.
En Argentina, durante los últimos 35 años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales. La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"En el mundo existen cerca de 3.710 millones de hectáreas de bosques nativos, a las que Argentina contribuye con el 1,4%. Esa extensión equivale al 93% de la superficie de bosque del planeta, siendo el 7% de bosques implantados. Dentro de América del Sur, los bosques nativos de Argentina representan un 6,5 por ciento", sostiene el reporte oficial.
La conexión con el cambio climático
La conservación de los bosques es una herramienta central a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático. En la Argentina la deforestación provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que, continuando con la tendencia actual, la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
"El compromiso argentino frente al Acuerdo de París habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es la herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos", detalló Jaramillo.
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación indicó: "Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación".
Otra herramienta es la plataforma Forestar 2030 que el gobierno nacional lanzó en el marco del Gabinete de Cambio Climático, del que participan varios ministerios y secretarías y se basa en construir sobre los avances logrados en forestación por cada uno de los sectores para crear un nuevo mercado competitivo, sustentable y posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
El Presupuesto para el año 2019, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de bosques nativos, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques. Según números oficiales, el año pasado desaparecieron 172.639 hectáreas
Un peso por hectárea por mes. Ese es el presupuesto que el gobierno nacional asignó a la protección de este recurso natural que no para de perder frente al avance de la frontera agropecuaria. El ejercicio financiero, que esta semana obtuvo media sanción del Congreso, asigna apenas 595 millones de pesos para la protección las 53.645.545 hectáreas de bosque nativo de la Argentina, lo que representa apenas el 4,75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
A este panorama se suma un dato que preocupa: el año pasado volvió a subir la deforestación en el país. Según el Informe del Estado del Ambiente, presentado por la secretaría que conduce Sergio Bergman, en 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851 ha y se había detenido una tendencia que ya llevaba 10 años. Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
"Las presiones del bosque están fundamentadas en la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería, la urbanización e infraestructura, la extracción de madera y los incendios forestales. Las áreas desmontadas son usadas para el cultivo de diferentes especies agrícolas, principalmente el cultivo de la soja, a causa de sus elevados precios internacionales y la incorporación de nuevos países a la demanda", sostiene el reporte que la actual gestión presenta por segunda vez.
La reactivación del cultivo de los commodities por la baja de retenciones es una de las razones de este cambio en los usos del suelo. Sin embargo, existe una ley, conocida como la Ley de Bosques, precisamente para proteger el bosque nativo que crea un fondo para compensar a las provincias por no permitir esa deforestación. Pero no se cumple.
La norma es clara: en su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ese fondo para 2019 debería ser de $12.500 millones. El monto se completaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
"Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. Sin el adecuado estímulo financiero previsto, las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable" explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
El Gran Chaco es una de las principales ecorregiones del país y se encuentra seriamente amenazada. Lamentablemente, es uno los 11 sitios con mayor deforestación del mundo y niveles más altos de degradación. Desde hace más de un siglo esta región enfrenta la pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos y el avance de la frontera agropecuaria.
En Argentina, durante los últimos 35 años se perdieron 12 millones de hectáreas de zonas boscosas en la región chaqueña, lo que significa aproximadamente un 20% de sus ecosistemas naturales. La mayor proporción de esta transformación ocurrió durante los últimos quince años y se concentró principalmente en las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero.
"En el mundo existen cerca de 3.710 millones de hectáreas de bosques nativos, a las que Argentina contribuye con el 1,4%. Esa extensión equivale al 93% de la superficie de bosque del planeta, siendo el 7% de bosques implantados. Dentro de América del Sur, los bosques nativos de Argentina representan un 6,5 por ciento", sostiene el reporte oficial.
La conexión con el cambio climático
La conservación de los bosques es una herramienta central a la hora de hablar de la lucha contra el cambio climático. En la Argentina la deforestación provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones.
Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que, continuando con la tendencia actual, la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
"El compromiso argentino frente al Acuerdo de París habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es la herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos", detalló Jaramillo.
Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación indicó: "Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación".
Otra herramienta es la plataforma Forestar 2030 que el gobierno nacional lanzó en el marco del Gabinete de Cambio Climático, del que participan varios ministerios y secretarías y se basa en construir sobre los avances logrados en forestación por cada uno de los sectores para crear un nuevo mercado competitivo, sustentable y posicionar a la Argentina en el contexto forestal internacional.
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Avanza la megaobra para sanear el Riachuelo
La planta para tratar efluentes, una “pieza” clave del Sistema Riachuelo
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El emisario es una de las piezas clave del Sistema Riachuelo. Pero no la única. La megaobra también incluye una planta de tratamiento de efluentes y una nueva cloaca de 11 kilómetros. Su finalización, estiman desde AySA, beneficiará a 4.3 millones de personas.
La nueva cloaca -el Colector Margen Izquierda- transportará efluentes y "caudales en tiempo seco". El eufemismo técnico refiere a los desperdicios que ahora llegan a pluviales y arroyos a través de conexiones clandestinas o por fallas en la red. Captándolos se evitará que terminen en el Riachuelo.
"El colector se inicia en General Paz y Fernández de la Cruz, en Lugano, después toma Perito Moreno, pasa por Amancio Alcorta, toma Australia, Quinquela Martín, cruza el Riachuelo, va por todo el frente portuario de Dock Sud y llega a este predio", precisa la ingeniera Álvarez.
En Dock Sud primero pasa por una planta de pretramiento, que remueve sólidos gruesos, arenas y flotantes, y luego deriva los efluentes al emisario. A su turno, el túnel de 12 kilómetro adentra los desechos en el río, pasando por debajo de los canales de navegación.
Hoy los desagües de la Ciudad y parte del Gran Buenos Aires se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres saturadas cloacas máximas. Dos datan de fines del siglo XIX y principios del XX, y otra es de 1946. El nuevo sistema aliviará al actual, que funciona sobreexigido.
Si se cumplen los plazos, el sistema estará terminado el 31 de marzo de 2021. Desde AySA aseguran que ni la situación económica actual ni "la causa de los cuadernos" -en la construcción de la planta depuradora intervienen empresas involucradas en el caso- ponen en peligro su desarrollo y finalización.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Riachuelo
El emisario es una de las piezas clave del Sistema Riachuelo. Pero no la única. La megaobra también incluye una planta de tratamiento de efluentes y una nueva cloaca de 11 kilómetros. Su finalización, estiman desde AySA, beneficiará a 4.3 millones de personas.
La nueva cloaca -el Colector Margen Izquierda- transportará efluentes y "caudales en tiempo seco". El eufemismo técnico refiere a los desperdicios que ahora llegan a pluviales y arroyos a través de conexiones clandestinas o por fallas en la red. Captándolos se evitará que terminen en el Riachuelo.
"El colector se inicia en General Paz y Fernández de la Cruz, en Lugano, después toma Perito Moreno, pasa por Amancio Alcorta, toma Australia, Quinquela Martín, cruza el Riachuelo, va por todo el frente portuario de Dock Sud y llega a este predio", precisa la ingeniera Álvarez.
En Dock Sud primero pasa por una planta de pretramiento, que remueve sólidos gruesos, arenas y flotantes, y luego deriva los efluentes al emisario. A su turno, el túnel de 12 kilómetro adentra los desechos en el río, pasando por debajo de los canales de navegación.
Hoy los desagües de la Ciudad y parte del Gran Buenos Aires se transportan hasta una planta de tratamiento en Berazategui a través de tres saturadas cloacas máximas. Dos datan de fines del siglo XIX y principios del XX, y otra es de 1946. El nuevo sistema aliviará al actual, que funciona sobreexigido.
Si se cumplen los plazos, el sistema estará terminado el 31 de marzo de 2021. Desde AySA aseguran que ni la situación económica actual ni "la causa de los cuadernos" -en la construcción de la planta depuradora intervienen empresas involucradas en el caso- ponen en peligro su desarrollo y finalización.
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No subirán los impuestos a los biocombustibles
El Gobierno Nacional no subirá impuestos a los biocombustibles
Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional decidió no gravar con más impuestos a la comercialización de los biocombustibles. La noticia trae alivio a todo el cordón industrial del Gran Rosario, donde se radican la mayoría de estas empresas.
La Nación había impulsado un artículo por el que sólo quedaran exentos del cobro de impuestos apenas el 12% de biodiesel con que se corta el diesel que expenden las estaciones de servicio, lo mismo que el 10% de alcohol de caña que llevan las naftas. Por sobre esos porcentajes, toda otra comercialización hubiera tenido que pagar los mismos impuestos que los derivados del petróleo.
La decisión se debió a la presión que se ejerció por parte de la oposición en el marco del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La Liga Bioenergética que forman las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero presionó a la Casa Rosada para impedir el avance de esa iniciativa, que iba a discutirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside un santafesino: Luciano Laspina (PRO).
El sector teme que el poder de lobby de la industria del petróleo presione para frenar los proyectos en marcha, especialmente impulsados desde el gobierno de Santa Fe, para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles, y para hacer funcionar las flotas del transporte público de pasajeros con combustibles de fuentes renovables.
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Fecha de Publicación: 31/10/2018
Fuente: Sin Mordaza
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional decidió no gravar con más impuestos a la comercialización de los biocombustibles. La noticia trae alivio a todo el cordón industrial del Gran Rosario, donde se radican la mayoría de estas empresas.
La Nación había impulsado un artículo por el que sólo quedaran exentos del cobro de impuestos apenas el 12% de biodiesel con que se corta el diesel que expenden las estaciones de servicio, lo mismo que el 10% de alcohol de caña que llevan las naftas. Por sobre esos porcentajes, toda otra comercialización hubiera tenido que pagar los mismos impuestos que los derivados del petróleo.
La decisión se debió a la presión que se ejerció por parte de la oposición en el marco del debate por la aprobación del Presupuesto 2019, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.
La Liga Bioenergética que forman las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba y Santiago del Estero presionó a la Casa Rosada para impedir el avance de esa iniciativa, que iba a discutirse en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside un santafesino: Luciano Laspina (PRO).
El sector teme que el poder de lobby de la industria del petróleo presione para frenar los proyectos en marcha, especialmente impulsados desde el gobierno de Santa Fe, para aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles, y para hacer funcionar las flotas del transporte público de pasajeros con combustibles de fuentes renovables.
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Región Metropolitana de BA en riesgo por el cambio climático
El cambio climático en el AMBA afecta a los más vulnerables: está en riesgo el 30% de la población
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Las amenazas del cambio climático sobre la Región Metropolitana son la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y tormentas severas. Este es el diagnóstico de los científicos expertos que colaboran con las Naciones Unidas para enfrentar este escenario dramático. Un estudio realizado por el think tank Cippec suma otra preocupación: los más pobres son los que corren más riesgo e identifica geográficamente los potenciales impactos.
El trabajo, presentado el 8 de octubre en conmemoración del Día Metropolitano, es el resultado de la investigación de tres expertas y comienza poniendo en contexto el problema y la amenaza: "La situación más desfavorable, calculada en el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres, afecta al 30,1% de la población, que vive en el 8,3% de la superficie total de la región, lo que refleja un alto grado de concentración poblacional".
Los índices más altos se observan en los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela y algunos sectores de Tigre, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui. "Los efectos del cambio climático en la Región Metropolitana comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 [La Plata y zonas aledañas] y la ola de calor en la Ciudad, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos", explica a Infobae Ana Carolina Herrero, investigadora del Programa de Ciudades de Cippec que realizó la investigación junto a Claudia Natenzon y Mariela Miño.
Herrero destaca que este trabajo pretende mostrar la evidencia para que los municipios cuenten con información para poder tomar acciones. "Hay veces que se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades. Y, en el contexto de algunos municipios, invertir en probabilidades aparece como muy caro. Sin embargo, cuando algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión", indica.
El nivel de riesgo es la intersección entre amenaza y vulnerabilidad social: "La amenaza cada vez es mayor y con más frecuencia, entonces la forma de disminuir el riesgo es trabajando en la vulnerabilidad social", sostiene el informe.
Cada amenaza es diferente, según el punto geográfico. Así, el reporte identifica tres grandes grupos:
-Inundaciones
Los partidos con más del 50% de su superficie en áreas inundables son Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora y Brandsen. En menor medida también se pueden mencionar Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Cañuelas y San Vicente.
Aunque esta amenaza está relacionada con la pertenencia o no a una cuenca hídrica, si se cruza con el mapa de vulnerabilidad social, el riesgo se multiplica.
-Olas de calor
El informe de Cippec identifica a los partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, debido principalmente a la presencia de cultivos y/o rastrojo. Para los sectores urbanos, los focos de calor solar potencial o efectivo se deben al hormigón, principalmente a las autopistas Panamericana o Ruta 9 al norte, Ruta 3 en La Matanza, del Oeste desde el centro hasta Luján, General Paz en la CABA; también a los aeropuertos en Ezeiza, CABA, Palomar y Morón y en menor medida galpones, áreas industriales, techos, playas de estacionamiento, shoppings, etc.
-Vientos
Los peligros potenciales vinculados a los vientos según su velocidad, presenta claramente una franja noreste-sureste en el centro de la región, con partidos que reciben los temporales muy fuertes (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente). Los temporales fuertes, según los registros, se dan en los partidos del Oeste y, temporales de menor intensidad, en partidos del Noroeste.
12 años para actuar
Las políticas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático son centrales y urgentes. Así lo indica el último reporte de la ONU que indica que, para frenar la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC queda una ventana de 12 años para actuar. En la Región Metropolitana de Buenos Aires la suba promedio, desde que se tiene registro, es de 1ºC.
Gabriel Lanfranchi, quien dirige el Programa de Ciudades en Cippec, explica: "Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático. La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura".
Herrero sostiene que es fundamental que las acciones sean locales, porque "debe analizarse con qué población se trabaja, cómo deben ser los mensajes y los sistemas de riesgos que se implementan". Las medidas de adaptación abarcan medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, con la creación de un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Las investigadoras también creen que deben existir otras acciones complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
Las amenazas del cambio climático sobre la Región Metropolitana son la mayor frecuencia de inundaciones, olas de calor y tormentas severas. Este es el diagnóstico de los científicos expertos que colaboran con las Naciones Unidas para enfrentar este escenario dramático. Un estudio realizado por el think tank Cippec suma otra preocupación: los más pobres son los que corren más riesgo e identifica geográficamente los potenciales impactos.
El trabajo, presentado el 8 de octubre en conmemoración del Día Metropolitano, es el resultado de la investigación de tres expertas y comienza poniendo en contexto el problema y la amenaza: "La situación más desfavorable, calculada en el Índice de Vulnerabilidad Social ante Desastres, afecta al 30,1% de la población, que vive en el 8,3% de la superficie total de la región, lo que refleja un alto grado de concentración poblacional".
Los índices más altos se observan en los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno, La Matanza, Esteban Echeverría, Florencio Varela y algunos sectores de Tigre, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y Berazategui. "Los efectos del cambio climático en la Región Metropolitana comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 [La Plata y zonas aledañas] y la ola de calor en la Ciudad, entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos", explica a Infobae Ana Carolina Herrero, investigadora del Programa de Ciudades de Cippec que realizó la investigación junto a Claudia Natenzon y Mariela Miño.
Herrero destaca que este trabajo pretende mostrar la evidencia para que los municipios cuenten con información para poder tomar acciones. "Hay veces que se piensa que las vulnerabilidades son probabilidades. Y, en el contexto de algunos municipios, invertir en probabilidades aparece como muy caro. Sin embargo, cuando algún evento extremo sucede, puede sacudir toda la gestión", indica.
El nivel de riesgo es la intersección entre amenaza y vulnerabilidad social: "La amenaza cada vez es mayor y con más frecuencia, entonces la forma de disminuir el riesgo es trabajando en la vulnerabilidad social", sostiene el informe.
Cada amenaza es diferente, según el punto geográfico. Así, el reporte identifica tres grandes grupos:
-Inundaciones
Los partidos con más del 50% de su superficie en áreas inundables son Campana, Escobar, Pilar, Tigre, San Fernando, San Isidro, General San Martín, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora y Brandsen. En menor medida también se pueden mencionar Zárate, Exaltación de la Cruz, Luján, General Rodríguez, Moreno, San Miguel, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Cañuelas y San Vicente.
Aunque esta amenaza está relacionada con la pertenencia o no a una cuenca hídrica, si se cruza con el mapa de vulnerabilidad social, el riesgo se multiplica.
-Olas de calor
El informe de Cippec identifica a los partidos de Zárate, Campana y Exaltación de la Cruz, debido principalmente a la presencia de cultivos y/o rastrojo. Para los sectores urbanos, los focos de calor solar potencial o efectivo se deben al hormigón, principalmente a las autopistas Panamericana o Ruta 9 al norte, Ruta 3 en La Matanza, del Oeste desde el centro hasta Luján, General Paz en la CABA; también a los aeropuertos en Ezeiza, CABA, Palomar y Morón y en menor medida galpones, áreas industriales, techos, playas de estacionamiento, shoppings, etc.
-Vientos
Los peligros potenciales vinculados a los vientos según su velocidad, presenta claramente una franja noreste-sureste en el centro de la región, con partidos que reciben los temporales muy fuertes (Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente). Los temporales fuertes, según los registros, se dan en los partidos del Oeste y, temporales de menor intensidad, en partidos del Noroeste.
12 años para actuar
Las políticas de adaptación o de mitigación frente al cambio climático son centrales y urgentes. Así lo indica el último reporte de la ONU que indica que, para frenar la suba promedio global del termómetro en 1.5ºC queda una ventana de 12 años para actuar. En la Región Metropolitana de Buenos Aires la suba promedio, desde que se tiene registro, es de 1ºC.
Gabriel Lanfranchi, quien dirige el Programa de Ciudades en Cippec, explica: "Las áreas urbanas producen el 67% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por esta razón, las ciudades deben liderar la lucha contra el cambio climático. La transición hacia ciudades resilientes y con bajas emisiones de carbono requiere cambios en la asignación de recursos que permitan financiar inversión pública en infraestructura".
Herrero sostiene que es fundamental que las acciones sean locales, porque "debe analizarse con qué población se trabaja, cómo deben ser los mensajes y los sistemas de riesgos que se implementan". Las medidas de adaptación abarcan medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, con la creación de un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Las investigadoras también creen que deben existir otras acciones complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.
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Encuentro en Mendoza por el cambio climático
Cambio climático: especialistas debatirán en Mendoza
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Profesionales de primer nivel de distintos lugares del mundo llegarán a la provincia para disertar sobre una temática que plantea, entre otros tantos aspectos, cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero. Las inscripciones están abiertas.
Con el interrogante de "cómo hacer rentable la reducción de gases del efecto invernadero", se realizará el martes próximo el "Taller de captura y usos de CO2 con tecnología de carbono negativo" al que asistirán expertos en la materia.
Entre otros profesionales, se destaca la participación de Graciela Chichilnisky, economista y matemática, conocida por proponer y diseñar el comercio de emisiones de carbono subyacente al Protocolo de Kyoto. Su disertación se denomina "Una tecnología concebida para ganar dinero mientras revertimos el cambio climático".
Quienes quieran participar pueden inscribirse abonando la entrada en los siguientes correos electrónicos: carbononegativomza@gmail.com o tenocarbononegativomza@gmail.com
La cita es a las 8.30 en el Salón Fernando Fader del Hotel Sheraton, ubicado en Primitivo de la Reta 989 de Ciudad. El precio para público en general es de $2.000, mientras que los estudiantes deberán abonar $600.
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Ley 7.722 siguen debatiendo como dar luz verde a la minería
Minería: buscan darle más poder a los municipios
Fecha de Publicación: 30/10/2018
Fuente: El Sol
Provincia/Región: Mendoza
Como resultado de las distintas opiniones de los sindicatos que se escucharon este jueves en el Senado, surgieron propuestas para darle una mayor potestad a las comunas en los controles de la actividad y a los trabajadores del sector.
En medio de la discusión por los cambios en la Ley 7.722 que pone límites a la minería metalífera en la provincia, este jueves en el Senado se escucharon las opiniones de los sindicatos vinculados al sector, quienes pusieron de manifiesto otorgarle mayor competencia a los municipios para la realización de los controles, pero también de darle un rol de protagonismo a los empleados de la minería, como auditores de ese proceso.
Otros gremios, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) y aquellos vinculados a la producción agropecuaria rechazaron de plano hacer modificaciones al texto de la normativa.
Esta legislación que regula la actividad desde el 2007, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en los procesos mineros.
Uno de los sectores que se manifestó en contra estuvo representado por la gremialista Raquel Blas, actual secretaria general de la CTA en Mendoza.
Las exposiciones se realizaron en el marco de una reunión conjunta entre las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales en el Senado, como también la de Minería e Hidrocarburos y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Juan Agulles y Alejandro Abraham, ambos autores de dos textos que buscan habilitar la minería metalífera en la provincia.
"Fue muy positivo escuchar los distintos análisis, sobre todo aquellos que plantean darle una mayor competencia a los municipios para los controles. Ahora, lamento que desde los gremios que están en contra se opongan por oponerse sin haber leído el proyecto", sostuvo Abraham al término de las exposiciones.
Por otro lado, destacó que "al darle un reconocimiento a las comunas donde se realizará la minería, estamos enriqueciendo su autonomía, el planteo fue interesante y lo podemos llegar a incorporar".
"Estamos abiertos a tomar nota de todo lo que están planteando. Hemos permitido que todos los sectores involucrados puedan hacer sus aportes. Ahora, quienes rechazan el proyecto no han hecho ninguna consideración que enriquezca el debate", afirmó, por su parte Agulles.
Entre los modelos que se buscan replicar en la provincia, se citaron las experiencias de Chile y de Canadá, donde según aseguraron los controles son efectivos.
Sin embargo, a nivel regional también se mencionaron las situaciones de contaminación, como las que se produjeron en San Juan, en donde se detectaron sustancias cianuradas en el río Jáchal.
Posturas a favor
Desde la Asociación Sindical del Personal Jerárquico y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz afirmó que "si se pudiera avanzar con un método de gran escala, estamos hablando de que se podrían generar unos 20.000 puestos de trabajo".
Mena recalcó que "Mendoza tiene una riqueza minera muy importante, pero se deberían incorporar controles estrictos que tienen que ser ejercidos por el mismo trabajador y el gobierno".
Por su parte, el productor e integrante de la Sociedad Rural en el Valle de Uco, Martín Garboide expuso su visión en contra de la modificación de la norma.
"Pertenezco a un movimiento que defiende a los trabajdores, ustedes no los están protegiendo, los ponen como mascarón de proa para disminuir los costos que requiere la minería seria y de la remediación para que el ambiente quede tal cual como estaba", disparó.
Las claves
- Ambos proyectos buscan flexibilizar la letra de la ley y permitir la minería metalífera.
- La iniciativa del senador Abraham elimina la obligatoriedad de que la Legislatura avale la declaración de impacto ambiental.
- Mientras que el de Agulles habla de fijar controles a la actividad, a través del concepto "parques mineros controlados".
- La próxima semana se espera la intervención de uno de los sectores más reactivos, las asambleas por el agua pura.
- Los proyectos podrían llegar a tratarse a mediados de noviembre, cuando se haya escuchado a todos los actores, como también, a los funcionarios del gobierno provincial.
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Exdirectivos de empresa a jucio por contaminar el Sali-Dulce
Exdirectivos de un ingenio irán a juicio por contaminación
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a la SA Azucarera Argentina. Comenzó en 2006, por hechos ocurridos en Concepción, Tucumán. Los residuos arrojados al río Gastona llegaron a la cuenca del Salí-Dulce y afectaron la provincia de Santiago del Estero
En el marco de la causa por contaminación ambiental que involucra a la empresa Azucarera Argentina SA, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de la defensa de los tres encartados -Enrique González, Silvio Peluffo y Héctor Mateos-, que cuestionaron el fallo que les negó el beneficio de la probation.
En el caso se investiga la emisión de sustancias tóxicas a través de los efluentes del ingenio La Corona, en Tucumán.
De manera unipersonal, el vocal Mariano Borinsky resolvió que los encausados deberán sentarse en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de delito previsto en el artículo 55 de la ley 24051.
Borinsky decidió en ese sentido ante la ausencia de un ofrecimiento de reparación del daño que revele la voluntad de González, Peluffo y Mateos de superar el conflicto; especialmente, teniendo en consideración la importancia de los bienes jurídicos presuntamente afectados, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en autos “Mendoza”.
Además, le encomendó al tribunal de juicio que adopte los pasos necesarios para realizar el debate oral con celeridad.
Los directivos fueron procesados y embargados en julio de 2008. La medida sentó jurisprudencia: fue la primera vez que la Justicia federal incriminó a presuntos responsables por contaminación en la industria azucarera.
La sentencia la dictó el magistrado Daniel Bejas, quien concluyó que estaba probado que la fábrica, radicada en Concepción, arrojó residuos tóxicos al río Gastona, que luego llegaron a la cuenca Salí-Dulce y, en consecuencia, hasta la provincia de Santiago del Estero.
“El desafío que pesa sobre el Poder Judicial es la protección del derecho a un ambiente sano”, sostuvo.
Dos años después, en agosto de 2010, por mayoría, la Cámara de Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó aquella sentencia.
Interjurisdiccionalidad
En esa oportunidad, los jueces Raúl Mender, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino sostuvieron la interjurisdiccionalidad del daño causado por el ingenio.
Así, al igual que el a quo, indicaron que las aguas contaminadas llegaron a Santiago del Estero, poniendo en peligro la salud de los habitantes, ya que el liquido se destina a animales, riego de hortalizas y, eventualmente, para que lo beban las personas. En esa línea, destacaron que los estudios revelaron parámetros de contaminación “muy por encima de lo permitido hasta por normas flexibles”.
Los vocales Ricardo Sanjuan y Marina Cossio de Mercau votaron en disidencia.
La causa se inició en 2006, con la denuncia de un vecino de Concepción, quien expuso que la empresa estaba causando daños a la salud de la población.
La impulsó el fiscal General federal Antonio Gómez, al iniciar de oficio una investigación preliminar en agosto de aquel año, durante la zafra.
Gómez determinó que no cabían dudas de que el Ingenio La Corona contaminaba la atmósfera (por medio de partículas en suspensión) y el agua (mediante líquidos no tratados, cachaza y vinaza).
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Tucumán
La causa involucra a la SA Azucarera Argentina. Comenzó en 2006, por hechos ocurridos en Concepción, Tucumán. Los residuos arrojados al río Gastona llegaron a la cuenca del Salí-Dulce y afectaron la provincia de Santiago del Estero
En el marco de la causa por contaminación ambiental que involucra a la empresa Azucarera Argentina SA, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de la defensa de los tres encartados -Enrique González, Silvio Peluffo y Héctor Mateos-, que cuestionaron el fallo que les negó el beneficio de la probation.
En el caso se investiga la emisión de sustancias tóxicas a través de los efluentes del ingenio La Corona, en Tucumán.
De manera unipersonal, el vocal Mariano Borinsky resolvió que los encausados deberán sentarse en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de delito previsto en el artículo 55 de la ley 24051.
Borinsky decidió en ese sentido ante la ausencia de un ofrecimiento de reparación del daño que revele la voluntad de González, Peluffo y Mateos de superar el conflicto; especialmente, teniendo en consideración la importancia de los bienes jurídicos presuntamente afectados, conforme la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en autos “Mendoza”.
Además, le encomendó al tribunal de juicio que adopte los pasos necesarios para realizar el debate oral con celeridad.
Los directivos fueron procesados y embargados en julio de 2008. La medida sentó jurisprudencia: fue la primera vez que la Justicia federal incriminó a presuntos responsables por contaminación en la industria azucarera.
La sentencia la dictó el magistrado Daniel Bejas, quien concluyó que estaba probado que la fábrica, radicada en Concepción, arrojó residuos tóxicos al río Gastona, que luego llegaron a la cuenca Salí-Dulce y, en consecuencia, hasta la provincia de Santiago del Estero.
“El desafío que pesa sobre el Poder Judicial es la protección del derecho a un ambiente sano”, sostuvo.
Dos años después, en agosto de 2010, por mayoría, la Cámara de Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó aquella sentencia.
Interjurisdiccionalidad
En esa oportunidad, los jueces Raúl Mender, Ernesto Wayar y Graciela Fernández Vecino sostuvieron la interjurisdiccionalidad del daño causado por el ingenio.
Así, al igual que el a quo, indicaron que las aguas contaminadas llegaron a Santiago del Estero, poniendo en peligro la salud de los habitantes, ya que el liquido se destina a animales, riego de hortalizas y, eventualmente, para que lo beban las personas. En esa línea, destacaron que los estudios revelaron parámetros de contaminación “muy por encima de lo permitido hasta por normas flexibles”.
Los vocales Ricardo Sanjuan y Marina Cossio de Mercau votaron en disidencia.
La causa se inició en 2006, con la denuncia de un vecino de Concepción, quien expuso que la empresa estaba causando daños a la salud de la población.
La impulsó el fiscal General federal Antonio Gómez, al iniciar de oficio una investigación preliminar en agosto de aquel año, durante la zafra.
Gómez determinó que no cabían dudas de que el Ingenio La Corona contaminaba la atmósfera (por medio de partículas en suspensión) y el agua (mediante líquidos no tratados, cachaza y vinaza).
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Insisten con que que acá se hace minería de bajo impacto
Argentina asegura que promueve una minería de bajo impacto en el ambiente
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno promociona entre grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
La secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, planteó el potencial de desarrollo en el país de una “minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales inclusivas”, tras su regreso de China.
La funcionaria expuso acerca de las oportunidades de negocios para los inversores mundiales durante el road show "Mining Investment in Argentina".
El Gobierno argentino viene promocionando entre los grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
Como parte de esa difusión del potencial minero, Sánchez desarrollará la semana próxima una visita a Australia, donde participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos - Imarc 2018 y firmará un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Victoria, uno de los de mayor desarrollo minero de ese país.
La funcionaria del Ministerio de Producción llegó hoy al país tras participar de la China Mining Congress and Expo que se celebró por 19 años consecutivos, en la ciudad de Tianjin, considerado uno de los eventos mineros más importantes junto a PDAC en Canadá, ambos referencia para inversores y países mineros a nivel global.
“Nos interesa que los países que miran a la Argentina evalúen inversiones en nuestro país trayendo las mejores tecnologías disponibles para hacer minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales de la minería inclusiva con la población, que genere empleo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas asociadas”, expresó la funcionaria.
En ese sentido, Sánchez reafirmó que la cartera impulsa “la actividad minera como sector estratégico en la cadena productiva nacional para el desarrollo de las economías regionales y sus comunidades”.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Mariano Lamothe, destacó que “la Argentina, un país joven en minería, tiene un vasto territorio para invertir en proyectos ya sea en estado inicial o avanzado para el desarrollo sustentable de las distintas regiones del país, sus economías regionales y sus comunidades”.
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno promociona entre grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
La secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, planteó el potencial de desarrollo en el país de una “minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales inclusivas”, tras su regreso de China.
La funcionaria expuso acerca de las oportunidades de negocios para los inversores mundiales durante el road show "Mining Investment in Argentina".
El Gobierno argentino viene promocionando entre los grandes inversores extranjeros 18 proyectos que se encuentran en etapa de factibilidad y evaluación económica previa, 25 proyectos en evaluación avanzada con definición de recursos y más de 400 proyectos entre etapa inicial de exploración y prospección.
Como parte de esa difusión del potencial minero, Sánchez desarrollará la semana próxima una visita a Australia, donde participará de la Conferencia Internacional de Minería y Recursos - Imarc 2018 y firmará un memorándum de entendimiento con el gobierno del estado de Victoria, uno de los de mayor desarrollo minero de ese país.
La funcionaria del Ministerio de Producción llegó hoy al país tras participar de la China Mining Congress and Expo que se celebró por 19 años consecutivos, en la ciudad de Tianjin, considerado uno de los eventos mineros más importantes junto a PDAC en Canadá, ambos referencia para inversores y países mineros a nivel global.
“Nos interesa que los países que miran a la Argentina evalúen inversiones en nuestro país trayendo las mejores tecnologías disponibles para hacer minería de bajo impacto en el ambiente y las mejores prácticas sociales de la minería inclusiva con la población, que genere empleo y desarrollo de pequeñas y medianas empresas asociadas”, expresó la funcionaria.
En ese sentido, Sánchez reafirmó que la cartera impulsa “la actividad minera como sector estratégico en la cadena productiva nacional para el desarrollo de las economías regionales y sus comunidades”.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Mariano Lamothe, destacó que “la Argentina, un país joven en minería, tiene un vasto territorio para invertir en proyectos ya sea en estado inicial o avanzado para el desarrollo sustentable de las distintas regiones del país, sus economías regionales y sus comunidades”.
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Aves poco frecuentes son relevadas en Corrientes
Nuevo registro de especies de aves poco frecuentes en Corrientes
Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Corrientes
En el marco de estudios de la avifauna local, investigadores de la UNNE registraron la presencia de seis especies de aves poco frecuente para la provincia de Corrientes. En una publicación destacan esos nuevos registros porque confirman la presencia de estas especies y actualizan su distribución en el territorio.
En el territorio de la provincia de Corrientes confluyen tres provincias fitogeográficas (Paranaense, Chaqueña y Espinal), que le brindan características particulares en la composición de su fauna, debido a la presencia de biotas de distinta procedencia.
El nordeste correntino en particular, mantiene una elevada diversidad de aves, con aproximadamente 400 especies, constituyendo el área de la provincia con mayor riqueza específica, debido a la continuidad de las formaciones vegetales entre el sur de Misiones y el nordeste de Corrientes, que permite el ingreso de especies características de la región paranaense, que tienen en esa zona su límite austral de distribución.
Desde la Universidad Nacional del Nordeste desde hace años se mantienen distintas líneas de estudios sobre aves, por la importancia que posee el conocimiento de la distribución de las especies, tanto por los aspectos biogeográficos como también por la conservación de las mismas.
En ese sentido, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, realizó una publicación en la que se da a conocer una serie de registros novedosos de seis especies de aves que contaban con citas antiguas para Corrientes, o bien eran conocidas en sólo una o dos localidades de la provincia.
Se trata de la recopilación de varios registros logrados en el marco de diversos trabajos de investigación en campo, según comentó la licenciada Romina Mauriño, integrante del Laboratorio de Ornitología y Mastozoología de la FACENA-UNNE.
Indicó que los registros de observación de especies poco frecuentes posibilitan confirmar la presencia de especies así como precisar su distribución en el territorio.
Las especies registradas fueron el Aguilucho Cola Corta (Buteo brachyurus), una rapaz que no contaba con citas/menciones previas en la provincia de Corrientes; el Burrito Pecho Gris (Laterallus exilis), un pequeño rálido poco conocido, cuyo hábitat son los juncales y pajonales húmedos, donde resulta difícil de observar. No obstante, dos individuos fueron hallados muertos tras fuertes lluvias en la ciudad de Corrientes.
Los investigadores de la UNNE observaron además la especie “Alilicucú Grande (Megascops atricapilla)” en el interior de un pinar en el Establecimiento Las Marías de Santo Tomé. También fueron registrados “auditivamente” ejemplares de “Alilicucús” en eucaliptales y capueras a 3 y 5 km del sitio donde se describió el primer ejemplar.
También se destacó la observación de la especie “Yacutoro” (Pyroderus scutatus), con un ejemplar consumiendo infrutescencias de ambay, en el sitio arqueológico Capilla Jesuítica de San Alonso, en Santo Tomé. En 2012, esta especie había sido vista tras casi 100 años en la provincia.
La especie “Saí Azul” (Dacnis cayana) también fue considerada de relevancia por su poca frecuencia de observación. Entre 2014 y 2017, los especialistas de la UNNE registraron al Saí Azul en tres nuevas localidades de los departamentos Santo Tomé e Ituzaingó, datos que amplían su distribución en el nordeste correntino.
Por último, en la publicación de especies no frecuentes, se menciona además la especie “Tangará Amarillo” (Euphonia violacea), que en esta zona alcanzan su límite meridional.
Los interesados podrían consultar en todo caso el sitio web de Nuestras Aves, y descargar el artículo si lo desean. El artículo completo puede ser consultado en el sitio web de la Revista Nuestras Aves: https://drive.google.com/file/d/1GEbWVWrc_gJDhO0RmbpiJhoniXsFtEX7/view.
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Fecha de Publicación: 29/10/2018
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Corrientes
En el marco de estudios de la avifauna local, investigadores de la UNNE registraron la presencia de seis especies de aves poco frecuente para la provincia de Corrientes. En una publicación destacan esos nuevos registros porque confirman la presencia de estas especies y actualizan su distribución en el territorio.
En el territorio de la provincia de Corrientes confluyen tres provincias fitogeográficas (Paranaense, Chaqueña y Espinal), que le brindan características particulares en la composición de su fauna, debido a la presencia de biotas de distinta procedencia.
El nordeste correntino en particular, mantiene una elevada diversidad de aves, con aproximadamente 400 especies, constituyendo el área de la provincia con mayor riqueza específica, debido a la continuidad de las formaciones vegetales entre el sur de Misiones y el nordeste de Corrientes, que permite el ingreso de especies características de la región paranaense, que tienen en esa zona su límite austral de distribución.
Desde la Universidad Nacional del Nordeste desde hace años se mantienen distintas líneas de estudios sobre aves, por la importancia que posee el conocimiento de la distribución de las especies, tanto por los aspectos biogeográficos como también por la conservación de las mismas.
En ese sentido, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE, realizó una publicación en la que se da a conocer una serie de registros novedosos de seis especies de aves que contaban con citas antiguas para Corrientes, o bien eran conocidas en sólo una o dos localidades de la provincia.
Se trata de la recopilación de varios registros logrados en el marco de diversos trabajos de investigación en campo, según comentó la licenciada Romina Mauriño, integrante del Laboratorio de Ornitología y Mastozoología de la FACENA-UNNE.
Indicó que los registros de observación de especies poco frecuentes posibilitan confirmar la presencia de especies así como precisar su distribución en el territorio.
Las especies registradas fueron el Aguilucho Cola Corta (Buteo brachyurus), una rapaz que no contaba con citas/menciones previas en la provincia de Corrientes; el Burrito Pecho Gris (Laterallus exilis), un pequeño rálido poco conocido, cuyo hábitat son los juncales y pajonales húmedos, donde resulta difícil de observar. No obstante, dos individuos fueron hallados muertos tras fuertes lluvias en la ciudad de Corrientes.
Los investigadores de la UNNE observaron además la especie “Alilicucú Grande (Megascops atricapilla)” en el interior de un pinar en el Establecimiento Las Marías de Santo Tomé. También fueron registrados “auditivamente” ejemplares de “Alilicucús” en eucaliptales y capueras a 3 y 5 km del sitio donde se describió el primer ejemplar.
También se destacó la observación de la especie “Yacutoro” (Pyroderus scutatus), con un ejemplar consumiendo infrutescencias de ambay, en el sitio arqueológico Capilla Jesuítica de San Alonso, en Santo Tomé. En 2012, esta especie había sido vista tras casi 100 años en la provincia.
La especie “Saí Azul” (Dacnis cayana) también fue considerada de relevancia por su poca frecuencia de observación. Entre 2014 y 2017, los especialistas de la UNNE registraron al Saí Azul en tres nuevas localidades de los departamentos Santo Tomé e Ituzaingó, datos que amplían su distribución en el nordeste correntino.
Por último, en la publicación de especies no frecuentes, se menciona además la especie “Tangará Amarillo” (Euphonia violacea), que en esta zona alcanzan su límite meridional.
Los interesados podrían consultar en todo caso el sitio web de Nuestras Aves, y descargar el artículo si lo desean. El artículo completo puede ser consultado en el sitio web de la Revista Nuestras Aves: https://drive.google.com/file/d/1GEbWVWrc_gJDhO0RmbpiJhoniXsFtEX7/view.
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Experimentalmente logran desontaminar el Riachuelo
Logran reducir con microalgas la contaminación de metales pesados en el Riachuelo
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo
Las pruebas se hicieron a una escala pre-piloto y resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes que incluso se podrían "descarga en el conducto cloacal", explicó la licenciada Adelina Nashiro.
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) logró sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados utilizando microalgas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, informó hoy el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente de la universidad.
La novedosa técnica, denominada biosorción, se probó con éxito al utilizar biomasa de microalgas, por lo que los especialistas se concentraron en el zinc generado por la industria de la galvanoplastia, que "conlleva graves problemas para la salud humana", se informó en un comunicado.
“El zinc es uno de los metales pesados que suele aparecer en mayor proporción en el agua y sedimentos”, explicó la licenciada en Ciencias Ambientales, Adelina Nashiro, quien llevó adelante la investigación.
Ese metal puede llegar al río como parte de los efluentes luego de ser utilizado por la industria de la galvanoplastia, que realizan unos 600 talleres o empresas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Tras lograr reducir las elevadas concentraciones de zinc presentes en los efluentes hasta los niveles permitidos por los entes encargados de su saneamiento, como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la Autoridad del Agua (ADA), el grupo conformado por docentes y graduados busca llegar con esa tecnología a las industrias con el objetivo de "mejorar los tratamientos y disminuir el impacto en el ambiente".
“Los metales pesados que se liberan de las industrias metalúrgicas y que contaminan el río no se degradan”, enfatizó Agustín Rearte, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la facultad, y agregó que “sólo podemos sacarlos del agua, disponerlos en un lugar seguro o reutilizarlos en caso de que sean útiles”.
Las pruebas se hicieron a una escala prepiloto en el campo experimental de la Fauba, donde obtuvieron la biomasa de las algas, y luego emplearon la técnica de biosorción.
Según afirmó Nashiro, la técnica resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes e incluso "haría posible su descarga en el conducto cloacal", cumpliendo la legislación vigente.
“Se logró reducir desde una concentración inicial de zinc en el efluente de 230 partes por millón (ppm) hasta los 5 permitidos”, detalló y adelantó que están planeando aumentar la escala de las investigaciones "desde el laboratorio hasta la cuenca del río, donde están instaladas las industrias".
El río Matanza-Riachuelo, llamado Riachuelo en su desembocadura y río Matanza en la mayor parte de su desarrollo, tiene 64 kilómetros de largo y un ancho medio de 35 metros, cubriendo una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados hasta la desembocadura en el Río de La Plata.
Su curso recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Recientemente, varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente infantil.
La Cuenca del Matanza-Riachuelo comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Sus principales afluentes son los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la provincia de Buenos Aires y el Cildáñez (entubado) en la ciudad de Buenos Aires, todos altamente contaminados.
En la cuenca, de 2.240 kilómetros cuadrados, viven alrededor de 3.500.000 personas.
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Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: Télam
Provincia/Región: Riachuelo
Las pruebas se hicieron a una escala pre-piloto y resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes que incluso se podrían "descarga en el conducto cloacal", explicó la licenciada Adelina Nashiro.
Un equipo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) logró sanear efluentes industriales contaminados con metales pesados utilizando microalgas en la Cuenca Matanza-Riachuelo, informó hoy el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente de la universidad.
La novedosa técnica, denominada biosorción, se probó con éxito al utilizar biomasa de microalgas, por lo que los especialistas se concentraron en el zinc generado por la industria de la galvanoplastia, que "conlleva graves problemas para la salud humana", se informó en un comunicado.
“El zinc es uno de los metales pesados que suele aparecer en mayor proporción en el agua y sedimentos”, explicó la licenciada en Ciencias Ambientales, Adelina Nashiro, quien llevó adelante la investigación.
Ese metal puede llegar al río como parte de los efluentes luego de ser utilizado por la industria de la galvanoplastia, que realizan unos 600 talleres o empresas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Tras lograr reducir las elevadas concentraciones de zinc presentes en los efluentes hasta los niveles permitidos por los entes encargados de su saneamiento, como la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y la Autoridad del Agua (ADA), el grupo conformado por docentes y graduados busca llegar con esa tecnología a las industrias con el objetivo de "mejorar los tratamientos y disminuir el impacto en el ambiente".
“Los metales pesados que se liberan de las industrias metalúrgicas y que contaminan el río no se degradan”, enfatizó Agustín Rearte, docente de la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la facultad, y agregó que “sólo podemos sacarlos del agua, disponerlos en un lugar seguro o reutilizarlos en caso de que sean útiles”.
Las pruebas se hicieron a una escala prepiloto en el campo experimental de la Fauba, donde obtuvieron la biomasa de las algas, y luego emplearon la técnica de biosorción.
Según afirmó Nashiro, la técnica resultó eficiente para el tratamiento de esos efluentes e incluso "haría posible su descarga en el conducto cloacal", cumpliendo la legislación vigente.
“Se logró reducir desde una concentración inicial de zinc en el efluente de 230 partes por millón (ppm) hasta los 5 permitidos”, detalló y adelantó que están planeando aumentar la escala de las investigaciones "desde el laboratorio hasta la cuenca del río, donde están instaladas las industrias".
El río Matanza-Riachuelo, llamado Riachuelo en su desembocadura y río Matanza en la mayor parte de su desarrollo, tiene 64 kilómetros de largo y un ancho medio de 35 metros, cubriendo una superficie de 2.200 kilómetros cuadrados hasta la desembocadura en el Río de La Plata.
Su curso recibe numerosos desechos industriales, especialmente metales pesados y aguas servidas provenientes de las napas saturadas de toda la cuenca. Recientemente, varios estudios alertaron sobre las graves consecuencias de la contaminación en la población, especialmente infantil.
La Cuenca del Matanza-Riachuelo comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente.
Sus principales afluentes son los arroyos Cañuelas, Chacón y Morales en la provincia de Buenos Aires y el Cildáñez (entubado) en la ciudad de Buenos Aires, todos altamente contaminados.
En la cuenca, de 2.240 kilómetros cuadrados, viven alrededor de 3.500.000 personas.
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Advierten sobre el problema del plomo en pinturas
Advierten por la contaminación con plomo en pinturas
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que se siguen utilizando y vendiendo. El Taller Ecologista alertó sobre los impactos del metal pesado en la salud y el ambiente.
En el marco de la semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo, el Taller Ecologista organiza una serie de actividades para informar sobre los impactos en la salud y en el ambiente por la contaminación que produce ese metal pesado.
"El plomo es un metal tóxico que ocasiona efectos adversos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Nos preocupa especialmente la influencia de la exposición al plomo en el aumento del número de niños con discapacidad intelectual. El retraso mental ocasionado por plomo en edades tempranas está entre la lista de enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)" subrayó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista.
En venta
La especialista agregó que las pinturas con plomo para uso hogareño "se siguen produciendo, vendiendo y utilizando ampliamente en países en vías de desarrollo a pesar de que la mayoría de los países de alto nivel de industrialización las prohibieron para uso doméstico hace más de 40 años".
Bianco agregó que los efectos de este metal tóxico en la salud "generalmente son irreversibles y su impacto puede perdurar a lo largo de toda la vida", y reclamó regulaciones y políticas públicas acordes a la magnitud de la problemática.
El año pasado en el informe "Plomo en pinturas a base de solventes para uso doméstico en Argentina" elaborado por el Taller Ecologista se conoció que algunas marcas no cumplían con los estándares internacionales en cuanto a presencia de plomo en su contenido al superar el máximo permitido de 600 partes de plomo por millón.
Recientemente, el Ministerio de la Producción de la Nación le informó a la ONG su intención de actualizar antes de fin de año las normativas para limitar el contenido de plomo en pinturas hogareñas hasta 90 partes por millón (ppm).
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Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Aseguran que se siguen utilizando y vendiendo. El Taller Ecologista alertó sobre los impactos del metal pesado en la salud y el ambiente.
En el marco de la semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo, el Taller Ecologista organiza una serie de actividades para informar sobre los impactos en la salud y en el ambiente por la contaminación que produce ese metal pesado.
"El plomo es un metal tóxico que ocasiona efectos adversos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Nos preocupa especialmente la influencia de la exposición al plomo en el aumento del número de niños con discapacidad intelectual. El retraso mental ocasionado por plomo en edades tempranas está entre la lista de enfermedades reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)" subrayó Cecilia Bianco, coordinadora del área Tóxicos de Taller Ecologista.
En venta
La especialista agregó que las pinturas con plomo para uso hogareño "se siguen produciendo, vendiendo y utilizando ampliamente en países en vías de desarrollo a pesar de que la mayoría de los países de alto nivel de industrialización las prohibieron para uso doméstico hace más de 40 años".
Bianco agregó que los efectos de este metal tóxico en la salud "generalmente son irreversibles y su impacto puede perdurar a lo largo de toda la vida", y reclamó regulaciones y políticas públicas acordes a la magnitud de la problemática.
El año pasado en el informe "Plomo en pinturas a base de solventes para uso doméstico en Argentina" elaborado por el Taller Ecologista se conoció que algunas marcas no cumplían con los estándares internacionales en cuanto a presencia de plomo en su contenido al superar el máximo permitido de 600 partes de plomo por millón.
Recientemente, el Ministerio de la Producción de la Nación le informó a la ONG su intención de actualizar antes de fin de año las normativas para limitar el contenido de plomo en pinturas hogareñas hasta 90 partes por millón (ppm).
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Colegio público logra combustible con descartables
Alumnos de una escuela de Córdoba crearon biocombustible a partir de materia prima ordinaria
Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Córdoba
Alumnos de un colegio público de Calamuchita elaboraron un producto que llegó a la final de un certamen nacional. Es fácil de hacer para cualquier familia y útil para calefaccionar casas de un modo más económico.
Se trata de estudiantes del séptimo año del Ipet 76 Gustavo Riemann, de Villa Rumipal, quienes crearon biocombustible a base de productos descartables, como una alternativa económica y ecológica para calefaccionar viviendas.
Aseguran que reemplazaría, sin problemas, a otros insumos como el gas, el querosén, la leña o la electricidad y que cada persona podría prepararlo en su casa.
“Nuestro proyecto busca solucionar dos problemáticas: una socioeconómica y otra ambiental”, apunta Camila del Río (18), integrante del grupo junto a Ailen Lezana (18), Florencia Depetris (18), Julieta Leguizamón (19) y Franco Iglesias (18), indicaron al diario La Voz.
El propósito ecológico se sustenta en el reciclaje de residuos y en la disminución del impacto ambiental al utilizar un combustible que proviene de la biomasa vegetal y puede sustituir a los fósiles, de alto efecto contaminante. También, porque reduciría la tala de plantas para extraer la leña que termina en las salamandras.
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Fecha de Publicación: 28/10/2018
Fuente: La Gaceta (Salta)
Provincia/Región: Córdoba
Alumnos de un colegio público de Calamuchita elaboraron un producto que llegó a la final de un certamen nacional. Es fácil de hacer para cualquier familia y útil para calefaccionar casas de un modo más económico.
Se trata de estudiantes del séptimo año del Ipet 76 Gustavo Riemann, de Villa Rumipal, quienes crearon biocombustible a base de productos descartables, como una alternativa económica y ecológica para calefaccionar viviendas.
Aseguran que reemplazaría, sin problemas, a otros insumos como el gas, el querosén, la leña o la electricidad y que cada persona podría prepararlo en su casa.
“Nuestro proyecto busca solucionar dos problemáticas: una socioeconómica y otra ambiental”, apunta Camila del Río (18), integrante del grupo junto a Ailen Lezana (18), Florencia Depetris (18), Julieta Leguizamón (19) y Franco Iglesias (18), indicaron al diario La Voz.
El propósito ecológico se sustenta en el reciclaje de residuos y en la disminución del impacto ambiental al utilizar un combustible que proviene de la biomasa vegetal y puede sustituir a los fósiles, de alto efecto contaminante. También, porque reduciría la tala de plantas para extraer la leña que termina en las salamandras.
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Vaca Muerta, derrame y contaminación
Impactante derrame de petróleo en Vaca Muerta: el daño ambiental afectó "varias hectáreas"
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: La Mañana de Chipoletti
Provincia/Región: Neuquén
Desde 2014 que no se da una situación similar. Hoy Ambiente de la Provincia de Neuquén determinará el alcance con el sobrevuelo de un drone.
El subsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, aseguró que el derrame de petróleo de la semana pasada afectó "varias hectáreas" en la zona de Bandurrias Sur y resaltó que desde 2014 no se producía un incidente similar. Hoy con un drone determinarán exactamente el alcance del daño.
"Es un derrame mayor en el área Bandurrias Sur, concedida a YPF, nuestro sujeto obligado es YPF y será quien tendrá que sanear y hacerse responsable del daño", sostuvo Luccelli en diálogo con LU5.
El funcionario explicó que el incidente ocurrió el pasado viernes a las cero y que se pudo controlar el sábado a las 13 y agregó que la empresa avisó a Ambiente de la Provincia inmediatamente y comenzó con las tareas de contención, con 20 camiones cisterna extrayendo el líquido derramado.
Lucchellu indicó que YPF les presentó el estado de situación y que hoy desde la Provincia estarán sobrevolando el área con un drone para determinar el alcance del daño ambiental para determinar como remediarlo.
A su vez, explicó que una locación de este tipo de pozos tiene un superficie de 100 x 150 metros y el campamento para la gente se encuentra en un sector aledaño.
"Generalmente, cuando se habla de un derrame, el área de sacrificio está dentro de esa superficie. Ya cuando impacta el ambiente natural pasa a ser un incidente grave", sostuvo.
Al tiempo que afirmó: "En este caso pasa unos centímetros de la locación, y por factores climáticos adversos, se escurrió y tenemos algunas hectáreas impactadas".
El funcionario informó que directamente están hablando con la vicepresidencia de YPF, que se está trabajando, y se comprometió a que desde Ambiente de la Provincia “va a ser muy exhaustivo para que se repare al 100%. La idea es que no se repita- desde el 2014 que esto no sucedía”.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: La Mañana de Chipoletti
Provincia/Región: Neuquén
Desde 2014 que no se da una situación similar. Hoy Ambiente de la Provincia de Neuquén determinará el alcance con el sobrevuelo de un drone.
El subsecretario de Ambiente de la Provincia, Juan de Dios Lucchelli, aseguró que el derrame de petróleo de la semana pasada afectó "varias hectáreas" en la zona de Bandurrias Sur y resaltó que desde 2014 no se producía un incidente similar. Hoy con un drone determinarán exactamente el alcance del daño.
"Es un derrame mayor en el área Bandurrias Sur, concedida a YPF, nuestro sujeto obligado es YPF y será quien tendrá que sanear y hacerse responsable del daño", sostuvo Luccelli en diálogo con LU5.
El funcionario explicó que el incidente ocurrió el pasado viernes a las cero y que se pudo controlar el sábado a las 13 y agregó que la empresa avisó a Ambiente de la Provincia inmediatamente y comenzó con las tareas de contención, con 20 camiones cisterna extrayendo el líquido derramado.
Lucchellu indicó que YPF les presentó el estado de situación y que hoy desde la Provincia estarán sobrevolando el área con un drone para determinar el alcance del daño ambiental para determinar como remediarlo.
A su vez, explicó que una locación de este tipo de pozos tiene un superficie de 100 x 150 metros y el campamento para la gente se encuentra en un sector aledaño.
"Generalmente, cuando se habla de un derrame, el área de sacrificio está dentro de esa superficie. Ya cuando impacta el ambiente natural pasa a ser un incidente grave", sostuvo.
Al tiempo que afirmó: "En este caso pasa unos centímetros de la locación, y por factores climáticos adversos, se escurrió y tenemos algunas hectáreas impactadas".
El funcionario informó que directamente están hablando con la vicepresidencia de YPF, que se está trabajando, y se comprometió a que desde Ambiente de la Provincia “va a ser muy exhaustivo para que se repare al 100%. La idea es que no se repita- desde el 2014 que esto no sucedía”.
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Otra muestra del desastre de las fumigaciones periurbanas
Sastre: el dramático pedido de una madre para frenar las fumigaciones
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: Rosario 3
Provincia/Región: Santa Fe
La mamá de Zoe, una nena de 2 años con tratamiento oncológico, exigió una zona de protección para no padecer los agrotóxicos. "Ella necesita urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”, reclamó tras una nueva aplicación frente a su casa
“Mi nena necesita con urgencia que esto salga. Es urgente que pongan esos metros de distancia por pedido médico”. El reclamo desesperado es de Sonia González, la mamá de Zoe Giraudo, la niña de 2 años bajo tratamiento oncológico, que debe vivir en Sastre expuesta a las fumigaciones en los campos linderos.
Los padres de la chica fueron junto a Vecinos autoconvocados a buscar respuestas al Concejo de esa localidad del departamento San Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe.
El pedido (registrado por la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente) refleja la tensión que existe en los pueblos de la región ante la falta de límites y regulaciones claras de las aplicaciones con agrotóxicos, que perjudican la salud de los habitantes.
“Les pido una respuetsa lo antes posible porque el 1º de noviembre ya estoy en mi casa y necesito ya una respuesta. Zoe no puede esperar a que se reunan un día, otro día con todo el tiempo del mundo”, exige la mujer en la reunión con los ediles y funcionarios de Sastre.
El pedido es para fijar una zona de exclusión de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros. El petitorio fue elevado después de haber denunciado una nueva aplicación en un campo frente a la casa que debe ocupar Zoe y su familia desde la semana próxima.
Los padres de Zoe adjuntaron las recomendaciones de los médicos que atienden a la niña (oncólogo e infectólogo): debe estar en un ambiente alejado por lo menos unos 1.500 metros de la zona en la que se utilizan agrotóxicos. Es porque lucha desde hace un año contra un tipo de cáncer denominado linfoma linfoblástico tipo T.
La familia Giraudo alquiló una casa en el centro del pueblo para evitar esa situación pero a partir del 1º de noviembre debe regresar a su vivienda (frente a un campo) porque no les renuevan el contrato.
El debate en Sastre (al igual que otras localidades de Santa Fe) no es nuevo. El Concejo aprobó en agosto una ordenanza para llevar a 200 metros la zona de exclusión de agroquímicos, pese a que los vecinos reclamaron un mínimo de 800 metros. Esa norma fue vetada por la intendenta María del Carmen Amero y sólo rige una restricción de 100 metros.
Este mes, además, representantes de la cátedra Práctica Final y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron a la Municipalidad de Sastre los resultados finales del campamento sanitario realizado en esta ciudad, a mediados de marzo de 2017.
Entre otros puntos analizados, según publicó La Capital, los especialistas indicaron la prevalencia de enfermedades circulatorias, cardiovasculares y cáncer. La incidencia supera la media nacional por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud.
Respecto a la tasa de cáncer, Sastre se ubica por encima de la mayoría de los resultados hallados en otras localidades analizadas, explicaron los médicos a cargo.
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OPDS ajusta la regulación ambiental
Multas ambientales bonaerenses: ya escalan a montos muy altos, y ahora se reglamentan
Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras los organismos de control del ambiente y de la calidad del agua, aplican multas de hasta $ 800.000, una resolución del organismo provincial de Desarrollo Sostenible reglamentó el régimen sancionatorio ecológico
En la provincia de Buenos Aires, hubo en estos días varias novedades en materia de regulación ambiental para las industrias, que están sufriendo altísimas multas por infracciones en esta materia. Las nuevas normas son una resolución sobre el régimen de sanciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (OPDS) y un decreto provincial sobre emisiones gaseosas a la atmósfera.
En los últimos meses, tanto el OPDS como la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) vienen aplicando sanciones de multas por montos considerablemente más elevados, comentó Angeles Murgier, del estudio Beccar Varela.
Cada régimen normativo provincial sobre medio ambiente, como los de radicación industrial, residuos especiales, efluentes gaseosos, y otros que están vigentes, tiene previstas su propia calificación y graduación de multas por infracciones ecológicas, añadió Murgier.
En el caso de las multas se prevén sanciones que van de 1 a 1000 y hasta 1500 sueldos básicos de la categoría inicial para los empleados de la Administración Pública Provincial.
Murgier puso como ejemplo la reciente aplicación de una sanción de multa de más de $ 330.000, por parte del OPDS a una empresa, por no haber acreditado la solicitud de renovación del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera; es decir que se había acreditado la obtención del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, pero se encontraba vencido.
Y también citó una multa de más de $ 800.000, aplicada por la ADA, relacionada a las obligaciones de vigilancia y limpieza de las instalaciones y a la calidad de los efluentes líquidos.
En este marco, la Resolución OPDS Nº445/18 aprobó el reglamento sancionatorio administrativo de multas y sanciones por infracciones a la normativa ambiental, aplicable a todo procedimiento sumarial sancionatorio en el que el OPDS es autoridad de aplicación, indicó Murgier.
La Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia de Buenos Aires, a la que reglamenta esta Resolución, dispone que a fin de determinar el tipo y graduación de la sanción debe tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionados, la condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de reincidente.
La reincidencia generalmente hace incrementar las sanciones aplicadas; en parte de la normativa vigente, el monto o plazo de las sanciones puede duplicarse, triplicarse y así sucesivamente, conforme se compruebe la calificación de reincidente del infractor.
La Resolución regula las imputaciones de oficio o en sede, estableciendo que cuando un funcionario del OPDS constate la existencia de incumplimientos a la normativa ambiental, que por su naturaleza revistan calidad de faltas formales, debe remitir por simple providencia las actuaciones a la Dirección Provincial de Controladores Ambientales para que labre un acta y forme una nueva actuación (el tramite prevé el traslado al domicilio constituido de la empresa en infracción, plazo para presentación de descargo, etc.), precisó Murgier.
Por otra parte, se conoció el proyecto de ley de licenciamiento ambiental industrial y actividades semejantes que, de aprobarse, reemplazará la Ley de Radicación de Industrias de la provincia de Buenos Aires 11.459, agregó Murgier.
Algunos de los aspectos más relevantes previstos en el proyecto de ley son el reemplazo del certificado de aptitud ambiental (CAA) por la licencia ambiental.
También la clasificación de establecimientos industriales en cuatro categorías de complejidad ambiental y la potencialidad para generar impactos negativos al ambiente, frente a las tres actuales, y los nuevos plazos de vigencia de las licencias ambientales, que se extienden de 2 a 5 años para los establecimientos clasificados en la primera y segunda categoría, y a 4 años para los clasificados en la tercera y cuarta categoría.
Por último, el gobierno de María Eugenia Vidal dictó el Decreto Provincial 1074/2018 sobre emisiones gaseosas a la atmósfera que reemplaza el Decreto Provincial 3395/1996. sobre licencias de emisiones gaseosas a la atmósfera y calidad de aire.
Murgier resumió así los aspectos más relevantes del Decreto:
-Alcanza a todos los generadores de emisiones gaseosas, existentes o a instalarse, que viertan las mismas a la atmósfera y se encuentren ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
-Exceptúa las fuentes móviles y domiciliarias.
-Establece la obligación de obtener la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera - "LEGA" (en el régimen anterior se exigía un permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera).
-Para obtener la LEGA se debe presentar una declaración jurada con un informe técnico que permita evaluar y controlar el impacto sobre la calidad del aire y del ambiente.
-Dispone que los permisos de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera vigentes mantendrán sus efectos hasta su vencimiento y que los generadores deberán presentar una auditoría de renovación de conformidad a lo establecido en el Decreto.
-Prevé un plazo de adecuación de 180 días.
-Establece que la LEGA tendrá una validez de 4 años y que para su renovación se deberá presentar una auditoría en un período de cuatro meses previos al vencimiento de la respectiva licencia (en el régimen anterior el permiso tenía una vigencia de dos años).
-Da pautas a seguir en caso de modificaciones en las emisiones a la atmósfera.
-Establece exigencias de los conductos finales de evacuación de efluentes gaseosos a la atmósfera exterior.
-Dispone la obligación de declarar situaciones anormales, de emergencia y que representen un riesgo ambiental en materia de contaminación atmosférica.
-Los generadores de emisiones gaseosas deberán cumplir con las normas de calidad de aire y valores establecidos en el Decreto (estándares internacionales fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).
-El Decreto incorpora como parámetro un indicador de contaminación urbana denominado PM 2,5 que se refiere al tamaño mínimo que deben tener las partículas en suspensión en el aire.
-Establece que la implementación de los estándares se realizará mediante tres etapas y que durante los primeros dos años se mantendrán vigentes los valores identificados como valores iniciales que corresponden al derogado Decreto 3395/1996.
-Regula la posibilidad de establecer niveles de emisión específicos (tanto para un generador o grupo de generadores o rubros específicos) y normas de emisión por regiones.
-Crea la Comisión Revisora Permanente.
-Crea el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero.
-Fija que el OPDS podrá requerir la instalación de sistemas de monitoreo continuo.
-Pone a disposición del público la información actualizada sobre la gestión de la calidad del aire ambiente.
-Crea el Registro Provincial de Monitoreo para la Gestión de las Fuentes de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire.
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Fecha de Publicación: 27/10/2018
Fuente: El Cronista Comercial
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras los organismos de control del ambiente y de la calidad del agua, aplican multas de hasta $ 800.000, una resolución del organismo provincial de Desarrollo Sostenible reglamentó el régimen sancionatorio ecológico
En la provincia de Buenos Aires, hubo en estos días varias novedades en materia de regulación ambiental para las industrias, que están sufriendo altísimas multas por infracciones en esta materia. Las nuevas normas son una resolución sobre el régimen de sanciones del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires (OPDS) y un decreto provincial sobre emisiones gaseosas a la atmósfera.
En los últimos meses, tanto el OPDS como la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) vienen aplicando sanciones de multas por montos considerablemente más elevados, comentó Angeles Murgier, del estudio Beccar Varela.
Cada régimen normativo provincial sobre medio ambiente, como los de radicación industrial, residuos especiales, efluentes gaseosos, y otros que están vigentes, tiene previstas su propia calificación y graduación de multas por infracciones ecológicas, añadió Murgier.
En el caso de las multas se prevén sanciones que van de 1 a 1000 y hasta 1500 sueldos básicos de la categoría inicial para los empleados de la Administración Pública Provincial.
Murgier puso como ejemplo la reciente aplicación de una sanción de multa de más de $ 330.000, por parte del OPDS a una empresa, por no haber acreditado la solicitud de renovación del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera; es decir que se había acreditado la obtención del permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera, pero se encontraba vencido.
Y también citó una multa de más de $ 800.000, aplicada por la ADA, relacionada a las obligaciones de vigilancia y limpieza de las instalaciones y a la calidad de los efluentes líquidos.
En este marco, la Resolución OPDS Nº445/18 aprobó el reglamento sancionatorio administrativo de multas y sanciones por infracciones a la normativa ambiental, aplicable a todo procedimiento sumarial sancionatorio en el que el OPDS es autoridad de aplicación, indicó Murgier.
La Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales de la provincia de Buenos Aires, a la que reglamenta esta Resolución, dispone que a fin de determinar el tipo y graduación de la sanción debe tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionados, la condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de reincidente.
La reincidencia generalmente hace incrementar las sanciones aplicadas; en parte de la normativa vigente, el monto o plazo de las sanciones puede duplicarse, triplicarse y así sucesivamente, conforme se compruebe la calificación de reincidente del infractor.
La Resolución regula las imputaciones de oficio o en sede, estableciendo que cuando un funcionario del OPDS constate la existencia de incumplimientos a la normativa ambiental, que por su naturaleza revistan calidad de faltas formales, debe remitir por simple providencia las actuaciones a la Dirección Provincial de Controladores Ambientales para que labre un acta y forme una nueva actuación (el tramite prevé el traslado al domicilio constituido de la empresa en infracción, plazo para presentación de descargo, etc.), precisó Murgier.
Por otra parte, se conoció el proyecto de ley de licenciamiento ambiental industrial y actividades semejantes que, de aprobarse, reemplazará la Ley de Radicación de Industrias de la provincia de Buenos Aires 11.459, agregó Murgier.
Algunos de los aspectos más relevantes previstos en el proyecto de ley son el reemplazo del certificado de aptitud ambiental (CAA) por la licencia ambiental.
También la clasificación de establecimientos industriales en cuatro categorías de complejidad ambiental y la potencialidad para generar impactos negativos al ambiente, frente a las tres actuales, y los nuevos plazos de vigencia de las licencias ambientales, que se extienden de 2 a 5 años para los establecimientos clasificados en la primera y segunda categoría, y a 4 años para los clasificados en la tercera y cuarta categoría.
Por último, el gobierno de María Eugenia Vidal dictó el Decreto Provincial 1074/2018 sobre emisiones gaseosas a la atmósfera que reemplaza el Decreto Provincial 3395/1996. sobre licencias de emisiones gaseosas a la atmósfera y calidad de aire.
Murgier resumió así los aspectos más relevantes del Decreto:
-Alcanza a todos los generadores de emisiones gaseosas, existentes o a instalarse, que viertan las mismas a la atmósfera y se encuentren ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
-Exceptúa las fuentes móviles y domiciliarias.
-Establece la obligación de obtener la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósfera - "LEGA" (en el régimen anterior se exigía un permiso de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera).
-Para obtener la LEGA se debe presentar una declaración jurada con un informe técnico que permita evaluar y controlar el impacto sobre la calidad del aire y del ambiente.
-Dispone que los permisos de descarga de efluentes gaseosos a la atmósfera vigentes mantendrán sus efectos hasta su vencimiento y que los generadores deberán presentar una auditoría de renovación de conformidad a lo establecido en el Decreto.
-Prevé un plazo de adecuación de 180 días.
-Establece que la LEGA tendrá una validez de 4 años y que para su renovación se deberá presentar una auditoría en un período de cuatro meses previos al vencimiento de la respectiva licencia (en el régimen anterior el permiso tenía una vigencia de dos años).
-Da pautas a seguir en caso de modificaciones en las emisiones a la atmósfera.
-Establece exigencias de los conductos finales de evacuación de efluentes gaseosos a la atmósfera exterior.
-Dispone la obligación de declarar situaciones anormales, de emergencia y que representen un riesgo ambiental en materia de contaminación atmosférica.
-Los generadores de emisiones gaseosas deberán cumplir con las normas de calidad de aire y valores establecidos en el Decreto (estándares internacionales fijados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos).
-El Decreto incorpora como parámetro un indicador de contaminación urbana denominado PM 2,5 que se refiere al tamaño mínimo que deben tener las partículas en suspensión en el aire.
-Establece que la implementación de los estándares se realizará mediante tres etapas y que durante los primeros dos años se mantendrán vigentes los valores identificados como valores iniciales que corresponden al derogado Decreto 3395/1996.
-Regula la posibilidad de establecer niveles de emisión específicos (tanto para un generador o grupo de generadores o rubros específicos) y normas de emisión por regiones.
-Crea la Comisión Revisora Permanente.
-Crea el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero.
-Fija que el OPDS podrá requerir la instalación de sistemas de monitoreo continuo.
-Pone a disposición del público la información actualizada sobre la gestión de la calidad del aire ambiente.
-Crea el Registro Provincial de Monitoreo para la Gestión de las Fuentes de Emisiones Gaseosas y Calidad de Aire.
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Terrible masacre de pumas en Chubut
Denuncian masacre de pumas en Manantiales Behr
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajadores petroleros denunciaron a El Patagónico su preocupación por la importante cantidad de pumas masacrados en las estancias de Manantiales Behr. "Todos los días cuelgan un nuevo puma en el alambrado", detallaron a este medio. Cabe recordar que el puma es una especie protegida y en peligro de extinción en la provincia de Chubut
La Ley 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado, además de que en Chubut es considerada una especie en peligro de extinción ya que décadas atrás este animal abundaba y hoy en día quedan pocas especies.
A pesar de todas estas leyes e información, la caza del puma sigue existiendo en la provincia de Chubut y más aún en las estancias de Manantiales Bher, donde son, no solo masacrados, si no que exhibidos en los alambrados de entrada de los campos a modo de trofeos, según denunciaron trabajadores petroleros a El Patagónico.
Según detalló Andrés, un trabajador petrolero que pidió que reserven su identidad, en la Estancai La Carolina en la zona Bajo el Alba de Manantiales Bher: “todas las semanas hay uno o dos pumas colgando de los alambrados, muertos obviamente, los dueños de las estancias dicen que les matan a las ovejas y por eso ellos matan a los pumas, a veces los matan con armas y otras los persiguen con perros y dejan que la manada los mate y que después jueguen con el cuerpo”.
Esta masacre no solo es de pumas sino que también “matan perros, la gente muchas veces va a tirar cachorros a las afueras de la ciudad y esos cachorros crecen y comienzan a adentrarse en el campo en búsqueda de comida y llegan a estas estancias donde también son asesinados y luego exhibidos, creo que debe haber algún tipo de asociación o alguien del gobierno que debería cuidar a los animales, tengo entendido que el puma está en extinción y yo los veo colgados todos los días en los alambrados, encima que no hay matan los que quedan”, finalizó el trabajador petrolero.
En Argentina, el puma se encuentra extinto en las provincias de Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el centro de Tucumán y en casi toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy es también una especie protegida, por lo que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se encarga de la captura y reubicación de ejemplares denunciados por los pastores como potenciales predadores de ganado. En la provincia de Mendoza es monumento natural, especie protegida, y uno de sus ámbitos más frágiles se da en la región precordillerana de Paramillos de Uspallata.
10.000 FIRMAS EN CONTRA DEL EXTERMINIO DEL PUMA
En agosto del año pasado El Patagónico dio a conocer un video en el que se mostraba como dos hombres junto a una manada de perros acosaban y asesinaban al cachorro de un puma, esta situación generó indignación entre los usuarios que rápidamente generaron una iniciativa a través de la plataforma Change.org para poder "Detener y buscar alternativas al exterminio del puma en Argentina".
En la petición se señalaba lo siguiente:
"El puma es probablemente el animal más torturado, abusado y exterminado de nuestro país, se lo mata por conflictos con el ganado, se lo mata por deporte en forma "legal" en algunas provincias, se lo caza furtivamente, se lo trafica como mascota, y en muchas provincias se lo hace pelear con dogos y pittbulls solo por sadismo y placer de individuos sin escrúpulos. En el video de abajo se ve una jauría de perros destrozando a un puma juvenil en Chubut, mientras quienes filman y observan disfrutan de semejante acto de cobardía y sadismo.
Solicitamos a las autoridades de fauna, medioambiente, tanto provinciales como nacionales.
1) Implementar medidas alternativas al exterminio del puma para mitigar los conflictos con el ganado, evitando por todos los medios trampas, el uso de cebos envenenados que luego son también ingeridos por otros animales, como cóndores.
En Chile se utilizan perros guardaganados que no atacan al puma y lo ahuyentan con su presencia, el Mastín de los Pirineos, perro de la Maremma, son algunas razas aptas.
2) Aumentar las penas para aquellos que utilicen perros para cazar cualquier tipo de animales, ya que es otra forma de maltrato animal y por ende violación a la ley 14.346. Someter a un perro a pelear con un animal autóctono puede causarle heridas que luego derivan en el sacrificio de ese animal, por no "servir más". Esta es otra de las tantas formas de abuso de los galgos, por ejemplo.
3) Derogar inmediatamente el pago de recompensas por cada puma y/o zorro muerto en las provincias donde así ocurra, ya que muchos verán en la caza del puma y zorro una forma de lucrar e incentivará las prácticas aberrantes, sadistas y perversas que se denuncian.
4) Aumentar las penas para quienes trafiquen, usen como mascota, hagan pelear con perros, críen, o posean en cautiverio a pumas.
5) Implementar un plan de compensación económica para quienes sufran pérdidas por daños al ganado hecho por fauna autóctona, hasta tanto se haya logrado implementar sistemas o métodos alternativos.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
Trabajadores petroleros denunciaron a El Patagónico su preocupación por la importante cantidad de pumas masacrados en las estancias de Manantiales Behr. "Todos los días cuelgan un nuevo puma en el alambrado", detallaron a este medio. Cabe recordar que el puma es una especie protegida y en peligro de extinción en la provincia de Chubut
La Ley 22.421, de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, declara al puma de interés público, haciendo de su protección y uso racional una obligación del Estado, además de que en Chubut es considerada una especie en peligro de extinción ya que décadas atrás este animal abundaba y hoy en día quedan pocas especies.
A pesar de todas estas leyes e información, la caza del puma sigue existiendo en la provincia de Chubut y más aún en las estancias de Manantiales Bher, donde son, no solo masacrados, si no que exhibidos en los alambrados de entrada de los campos a modo de trofeos, según denunciaron trabajadores petroleros a El Patagónico.
Según detalló Andrés, un trabajador petrolero que pidió que reserven su identidad, en la Estancai La Carolina en la zona Bajo el Alba de Manantiales Bher: “todas las semanas hay uno o dos pumas colgando de los alambrados, muertos obviamente, los dueños de las estancias dicen que les matan a las ovejas y por eso ellos matan a los pumas, a veces los matan con armas y otras los persiguen con perros y dejan que la manada los mate y que después jueguen con el cuerpo”.
Esta masacre no solo es de pumas sino que también “matan perros, la gente muchas veces va a tirar cachorros a las afueras de la ciudad y esos cachorros crecen y comienzan a adentrarse en el campo en búsqueda de comida y llegan a estas estancias donde también son asesinados y luego exhibidos, creo que debe haber algún tipo de asociación o alguien del gobierno que debería cuidar a los animales, tengo entendido que el puma está en extinción y yo los veo colgados todos los días en los alambrados, encima que no hay matan los que quedan”, finalizó el trabajador petrolero.
En Argentina, el puma se encuentra extinto en las provincias de Entre Ríos, el sur y centro de Santa Fe, el centro de Tucumán y en casi toda la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Jujuy es también una especie protegida, por lo que la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) se encarga de la captura y reubicación de ejemplares denunciados por los pastores como potenciales predadores de ganado. En la provincia de Mendoza es monumento natural, especie protegida, y uno de sus ámbitos más frágiles se da en la región precordillerana de Paramillos de Uspallata.
10.000 FIRMAS EN CONTRA DEL EXTERMINIO DEL PUMA
En agosto del año pasado El Patagónico dio a conocer un video en el que se mostraba como dos hombres junto a una manada de perros acosaban y asesinaban al cachorro de un puma, esta situación generó indignación entre los usuarios que rápidamente generaron una iniciativa a través de la plataforma Change.org para poder "Detener y buscar alternativas al exterminio del puma en Argentina".
En la petición se señalaba lo siguiente:
"El puma es probablemente el animal más torturado, abusado y exterminado de nuestro país, se lo mata por conflictos con el ganado, se lo mata por deporte en forma "legal" en algunas provincias, se lo caza furtivamente, se lo trafica como mascota, y en muchas provincias se lo hace pelear con dogos y pittbulls solo por sadismo y placer de individuos sin escrúpulos. En el video de abajo se ve una jauría de perros destrozando a un puma juvenil en Chubut, mientras quienes filman y observan disfrutan de semejante acto de cobardía y sadismo.
Solicitamos a las autoridades de fauna, medioambiente, tanto provinciales como nacionales.
1) Implementar medidas alternativas al exterminio del puma para mitigar los conflictos con el ganado, evitando por todos los medios trampas, el uso de cebos envenenados que luego son también ingeridos por otros animales, como cóndores.
En Chile se utilizan perros guardaganados que no atacan al puma y lo ahuyentan con su presencia, el Mastín de los Pirineos, perro de la Maremma, son algunas razas aptas.
2) Aumentar las penas para aquellos que utilicen perros para cazar cualquier tipo de animales, ya que es otra forma de maltrato animal y por ende violación a la ley 14.346. Someter a un perro a pelear con un animal autóctono puede causarle heridas que luego derivan en el sacrificio de ese animal, por no "servir más". Esta es otra de las tantas formas de abuso de los galgos, por ejemplo.
3) Derogar inmediatamente el pago de recompensas por cada puma y/o zorro muerto en las provincias donde así ocurra, ya que muchos verán en la caza del puma y zorro una forma de lucrar e incentivará las prácticas aberrantes, sadistas y perversas que se denuncian.
4) Aumentar las penas para quienes trafiquen, usen como mascota, hagan pelear con perros, críen, o posean en cautiverio a pumas.
5) Implementar un plan de compensación económica para quienes sufran pérdidas por daños al ganado hecho por fauna autóctona, hasta tanto se haya logrado implementar sistemas o métodos alternativos.
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Agrotóxicos: la ONU indica que hay que aplicar la precaución
La ONU exigió al país una regulación más rigurosa del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Nacional
Pidió al Estado argentino aplicar el principio de precaución para prevenir el impacto en la salud y el medio ambiente, sobre todo del glifosato
En un reporte emitido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a raíz del informe socio-ambiental sobre Argentina presentado la semana pasada por el médico Damián Verzeñassi, se resaltó la preocupación del organismo internacional por la situación ambiental del país y se exigió al Estado actuar en forma preventiva.
La exposición de Verzeñassi, titular del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, fue en la 64ª reunión del Comité de la ONU donde habló sobre la experiencia de los campamentos sanitarios realizados en 36 localidades santafesinas, bonaerenses y entrerrianas.
Tras ello, esta semana desde el organismo multilateral emitieron un reporte donde el Comité se manifestó "muy preocupado por el aumento en el uso de pesticidas y herbicidas, que incluyen glifosato, a pesar de los graves impactos adversos a la salud y al medio ambiente de muchos de ellos, en especial del glifosato, señalado como probablemente carcinógeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) de la Organización Mundial de la Salud".
En su exposición, el médico y docente se refirió a las conclusiones de los campamentos sanitarios donde se evidencia la relación directa entre las enfermedades que padecen los pobladores de las localidades evaluadas y el modelo agroindustrial contaminante que allí predomina.
"Ojalá este reconocimiento que me toca vivir como representante del equipo de la UNR sirva para que las autoridades comprendan que nuestro trabajo no es contra ellos, sino a favor de los pueblos, y se retomen diálogos necesarios y urgentes para avanzar en la defensa de la salud de las comunidades", confió el investigador a LaCapital.
Glifosato y prevención
En la sección de "Agricultura, medio ambiente sano y salud" del mencionado reporte se indicó que "el Comité recomienda al Estado parte que adopte un marco regulatorio que incluya la aplicación del principio de precaución en cuanto al uso de pesticidas y herbicidas dañinos, en particular los que incluyen glifosato, para prevenir los impactos negativos en la salud por su uso y en la degradación del medio ambiente. El Comité remite el Estado parte a su observación general número 14 (del año 2000), sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".
En conceptos generales, el reporte es muy duro con el Estado argentino, especialmente porque evidencia el incumplimiento de su parte en cuanto al respeto por los derechos económicos, sociales y culturales que forman parte de los derechos humanos.
Asimismo, la ONU realiza una serie de recomendaciones sobre la necesidad de fomentar la agricultura familiar, generar estadísticas serias, respetar los derechos de los pueblos originarios y, entre otros, de aplicar el principio precautorio para resguardar la salud de la población ante el incremento del uso de pesticidas, especialmente del glifosato.
"Es Naciones Unidas quien escuchó nuestro informe sobre ambiente y salud relacionado con el tema de los agrotóxicos y la que realizó recomendaciones específicas y concretas sobre el tema. Esto además despeja todo tipo de dudas sobre la seriedad y validez de nuestro trabajo en los campamentos sanitarios", indicó Verzeñassi.
Universidad pública y servicio
"Haber sido escuchado por el Comité, como representante de todo el equipo del Instituto de Medicina Socio-ambiental de la UNR, vuelve a poner a la universidad pública en el lugar donde tiene que estar que es al servicio de la comunidad, al lado de quienes la sostienen y construyendo la información que permita que el mundo sepa lo que está ocurriendo y habilitando que se tomen las medidas necesarias para cuidar la salud de la gente".
Por otra parte, el facultativo consideró que "el impacto que tendrá este reporte en el país dependerá de la capacidad que tengamos las academias y los organismos sociales en utilizarlo. El gobierno nacional quizás pueda desoír las recomendaciones, con todo lo que eso significa, pero aun así ni el gobierno ni los defensores del modelo de producción a base de venenos podrán seguir diciendo de este es inocuo y que nuestro trabajo no es serio".
"Es la ONU, a través del Comité de Derechos Humanos, la que ha reconocido que la situación de los pesticidas y su relación con los problemas de salud es una violación a los derechos humanos y que es el Estado quien debe empezar a garantizar que estas cosas dejen de ocurrir", resumió Verzeñassi.
El investigador también disertó sobre el tema ante el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, y participó en Ginebra de un trabajo en la Sociedad de Científicos Críticos de Suiza con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (Iarc por sus siglas en inglés), que fuera el trabajo por el cual fue reclasificado el herbicida glifosato como probable cancerígeno humano.
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Córdoba en problemas por la acumulación de pilas
Fuerte controversia por nueve toneladas de pilas
Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace 19 meses la Municipalidad de Córdoba sólo recolecta las pilas que los vecinos depositan en los contenedores ubicados en los CPC y frente al Palacio 6 de Julio porque no puede completar el tratamiento de estos residuos peligrosos que con antelación se realizaba en la planta Taym, la que fue cerrada en el marco de una causa judicial por anegamientos en el suelo. Para el municipio, la práctica de reunir estos desechos no es hoy un foco contaminante. Sin embargo, la Provincia lo desaconsejó por considerar que la acumulación de esta basura en grandes volúmenes es un riesgo ambiental y para las personas.
Desde abril de 2013, la Municipalidad retomó el servicio de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee), además del acopio de pilas y baterías en los contenedores dispuestos en los CPC y en el Paseo Sobremonte (desde hace casi un mes están en la Plaza de la Intendencia por arreglos en el primer espacio verde). En todos estos puntos, se reciben, de 8 a 14, y se las coloca en tachos de 20 litros, los que son cerrados y apilados en el interior de estos contenedores.
Sin embargo, desde que Taym salió de operación y dejó de recibir este tipo desechos peligrosos, el municipio acumulada nueve toneladas de pilas y baterías sin tratamiento alguno. Y ahí está el punto de conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. ¿Es posible acumular millones de pilas sin que generen contaminación?
La respuesta del secretario de Ambiente provincial a La Voz, Javier Britch, fue tajante: “Vamos a exigirles un plan de gestión ambiental de los residuos peligrosos y con esto que planifique qué hará la Municipalidad de Córdoba con las pilas. La concentración en el mismo lugar es lo que contamina. Hay que evitar la concentración de las pilas”.
Britch precisó que desde 2009 la Provincia advirtió y desalentó al municipio para una campaña de recolección de pilas por el poder de contaminación que tienen estos desechos al estar concentrados y en espacios abiertos de acceso a los vecinos.
Ante este cuadro, y junto con el no tratamiento de estos desechos desde hace 19 meses, la Provincia avanzará con el reclamo al municipio para que presente un plan de acción.
“Al igual que lo que pasa con los basurales, podemos sugerir, emplazar, pero la Provincia no puede hacer de policía. Sí, advertimos que la concentración genera contaminación, por lo que le vamos a pedir cuál es la estrategia, cuál es el plan, la frecuencia y cómo se hacen los rellenos”, insistió el funcionario, quien aseguró que los contenedores donde se receptan tampoco son los adecuados para almacenar las pilas. “Tienen que ser lugares cerrados, bajo techo, algunos de los requisitos para estos residuos”, explicó.
Para la Municipalidad, en cambio, la concentración de pilas en desuso en los sitios habilitados genera menor impacto que el hecho de que estén dispersas en la ciudad, en contacto con agua o con otro tipo de residuos domiciliarios. Por esa razón, se mantiene la recolección de esta basura, pese a que no hay fecha cierta de su tratamiento final. Sobre todo porque hay pocas plantas de tratamiento en la Argentina que recepten residuos peligrosos y cumplan con los procesos para su desactivación.
Dónde llevarlas
El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, explicó que se está en trámite para que sean trasladas a Puerto San Martín, en Santa Fe, antes de fin de año, donde el Grupo Pelco trata los residuos industriales para reinsertarlos en un circuito de materiales reciclados, con componentes para su reutilización. Y se mostró sorprendido por el planteo provincial. “Tiene que quedar claro que el acopio de pilas no es un riesgo, no es contaminante. Y nunca desde la Provincia se hizo un señalamiento de este tipo porque se trabaja coordinadamente con ellos desde una comisión que se reúne todo los miércoles”, explicó el funcionario municipal, quien insistió que los residuos aún no fueron trasladados porque resta un permiso nacional.
Fuentes del directorio de Pelco, la planta de tratamientos de estos desechos, aclararon que hasta el momento la Municipalidad “sólo realizó un pedido de cotización”. “No hay una relación contractual, más que un pedido de costos hace meses. Tampoco hay fecha de recepción”, se explicó.
Ante las diferencias marcadas entre Municipalidad y Provincia sobre la recepción o no de las pilas, el ambientalista Raúl Montenegro señaló a La Voz que rechaza cualquier intento por cortar la cadena de recolección. “Se generaría un impacto social, cultural y ambiental desalentar la recolección cuando costó mucho esfuerzo y años para convencer a la gente que no la tire con la basura en su casa. No es ridículo ni razonable lo que plantea la Provincia, ahora bien, la Municipalidad debería tomar los recaudos mientras sean lugares transitorios hasta que tenga un tratamiento”, expresó.
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Fecha de Publicación: 26/10/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Desde hace 19 meses la Municipalidad de Córdoba sólo recolecta las pilas que los vecinos depositan en los contenedores ubicados en los CPC y frente al Palacio 6 de Julio porque no puede completar el tratamiento de estos residuos peligrosos que con antelación se realizaba en la planta Taym, la que fue cerrada en el marco de una causa judicial por anegamientos en el suelo. Para el municipio, la práctica de reunir estos desechos no es hoy un foco contaminante. Sin embargo, la Provincia lo desaconsejó por considerar que la acumulación de esta basura en grandes volúmenes es un riesgo ambiental y para las personas.
Desde abril de 2013, la Municipalidad retomó el servicio de Recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee), además del acopio de pilas y baterías en los contenedores dispuestos en los CPC y en el Paseo Sobremonte (desde hace casi un mes están en la Plaza de la Intendencia por arreglos en el primer espacio verde). En todos estos puntos, se reciben, de 8 a 14, y se las coloca en tachos de 20 litros, los que son cerrados y apilados en el interior de estos contenedores.
Sin embargo, desde que Taym salió de operación y dejó de recibir este tipo desechos peligrosos, el municipio acumulada nueve toneladas de pilas y baterías sin tratamiento alguno. Y ahí está el punto de conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y la Provincia. ¿Es posible acumular millones de pilas sin que generen contaminación?
La respuesta del secretario de Ambiente provincial a La Voz, Javier Britch, fue tajante: “Vamos a exigirles un plan de gestión ambiental de los residuos peligrosos y con esto que planifique qué hará la Municipalidad de Córdoba con las pilas. La concentración en el mismo lugar es lo que contamina. Hay que evitar la concentración de las pilas”.
Britch precisó que desde 2009 la Provincia advirtió y desalentó al municipio para una campaña de recolección de pilas por el poder de contaminación que tienen estos desechos al estar concentrados y en espacios abiertos de acceso a los vecinos.
Ante este cuadro, y junto con el no tratamiento de estos desechos desde hace 19 meses, la Provincia avanzará con el reclamo al municipio para que presente un plan de acción.
“Al igual que lo que pasa con los basurales, podemos sugerir, emplazar, pero la Provincia no puede hacer de policía. Sí, advertimos que la concentración genera contaminación, por lo que le vamos a pedir cuál es la estrategia, cuál es el plan, la frecuencia y cómo se hacen los rellenos”, insistió el funcionario, quien aseguró que los contenedores donde se receptan tampoco son los adecuados para almacenar las pilas. “Tienen que ser lugares cerrados, bajo techo, algunos de los requisitos para estos residuos”, explicó.
Para la Municipalidad, en cambio, la concentración de pilas en desuso en los sitios habilitados genera menor impacto que el hecho de que estén dispersas en la ciudad, en contacto con agua o con otro tipo de residuos domiciliarios. Por esa razón, se mantiene la recolección de esta basura, pese a que no hay fecha cierta de su tratamiento final. Sobre todo porque hay pocas plantas de tratamiento en la Argentina que recepten residuos peligrosos y cumplan con los procesos para su desactivación.
Dónde llevarlas
El subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, explicó que se está en trámite para que sean trasladas a Puerto San Martín, en Santa Fe, antes de fin de año, donde el Grupo Pelco trata los residuos industriales para reinsertarlos en un circuito de materiales reciclados, con componentes para su reutilización. Y se mostró sorprendido por el planteo provincial. “Tiene que quedar claro que el acopio de pilas no es un riesgo, no es contaminante. Y nunca desde la Provincia se hizo un señalamiento de este tipo porque se trabaja coordinadamente con ellos desde una comisión que se reúne todo los miércoles”, explicó el funcionario municipal, quien insistió que los residuos aún no fueron trasladados porque resta un permiso nacional.
Fuentes del directorio de Pelco, la planta de tratamientos de estos desechos, aclararon que hasta el momento la Municipalidad “sólo realizó un pedido de cotización”. “No hay una relación contractual, más que un pedido de costos hace meses. Tampoco hay fecha de recepción”, se explicó.
Ante las diferencias marcadas entre Municipalidad y Provincia sobre la recepción o no de las pilas, el ambientalista Raúl Montenegro señaló a La Voz que rechaza cualquier intento por cortar la cadena de recolección. “Se generaría un impacto social, cultural y ambiental desalentar la recolección cuando costó mucho esfuerzo y años para convencer a la gente que no la tire con la basura en su casa. No es ridículo ni razonable lo que plantea la Provincia, ahora bien, la Municipalidad debería tomar los recaudos mientras sean lugares transitorios hasta que tenga un tratamiento”, expresó.
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Entre Ríos: al agronegocio le preocupa sus ganancias
En Entre Ríos quedarían miles de hectáreas sin producir por restricciones a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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Fecha de Publicación: 25/10/2018
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
En el sector apuntan a las buenas prácticas de aplicación para mostrar ante la sociedad cómo se trabaja
Luego de un fallo judicial a nivel provincial y de una resolución municipal en Gualeguaychú, en ambos casos contra la aplicación de agroquímicos, el campo en Entre Ríos alertó por un impacto sobre la producción del sector con miles de hectáreas que se verían afectadas.
Por un lado, un fallo de la Cámara Civil, Sala Segunda de esa provincia, ordenó el cese de "fumigaciones terrestres con agrotóxicos en un radio de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos, y la fumigación aérea con iguales pesticidas en un radio de tres mil metros alrededor de dichos establecimientos educativos".
Remarcó que "existiendo niños involucrados en el conflicto, rige el principio rector de su interés superior". Ese fallo, ahora apelado por el gobierno provincial, fue después de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En la provincia existen 850 escuelas rurales.
En tanto, en Gualeguaychú una ordenanza municipal avanzó sobre la prohibición del glifosato, afectando inclusive a las empresas distribuidoras.
En un reciente comunicado, las entidades del sector indicaron que el fallo con respecto a las escuelas utilizó denominaciones erróneas e inadecuadas para nombrar a los fitosanitarios y alertaron: "Si no se puede utilizar para agricultura un radio de 1000 metros, estamos dejando sin producir un total de 282.000 hectáreas". Para comparar, eso equivale a casi toda la siembra de trigo en Entre Ríos, que ocupa unas 300.000 hectáreas.
"Estamos convencidos que la aplicación de fitosanitarios se debe hacer con responsabilidad pero no podemos dejar de producir, se debe encontrar un punto medio", sostuvo a *LA NACION* Miguel Pacheco, gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Y agregó: "Es el Estado quien debe controlar a que los productores hagan bien las cosas".
El directivo de la entidad destacó que en el sector están preocupados por lo que consideran un avance ambientalista que busca poner a la actividad agrícola como "nociva para la sociedad". Agregó que, no obstante, según el fallo "los fines de semana se puede aplicar fitosanitarios porque no hay chicos en los establecimientos educativos".
El gobierno provincial apeló la medida y convocó a las partes para que acuerden sobre un tema como son las aplicaciones fitosanitarias. Álvaro Gabás, secretario de la Producción del gobierno entrerriano, explicó a *LA NACION* que el estado provincial apuesta por las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y por el cumplimiento de la ley 6599 que regula las pulverizaciones, pero indicó que el sector agrícola tiene mucha incertidumbre porque "si se hace lugar al fallo se deja de producir".
"Hay que convivir con tres modelos: el agroecológico, el tradicional y el orgánico. El cambio debe ser gradual para equilibrar el sistema productivo; esta transformación cultural va a durar al menos 20 años", dijo. Y añadió: "Los jueces son demagógicos e ideológicos y emiten fallos sin convocar a las partes involucradas".
Otro caso
En Gualeguaychú, la sanción de la ordenanza 12.216 por parte del Concejo Deliberante prohibió el uso, la aplicación, expendio, almacenamiento, comercialización, transporte y venta del glifosato dentro del ejido municipal. Según afirman, dejó a los distribuidores y a los productores agrícolas sin poder trabajar.
La interposición de un amparo, porque entienden se estaría afectando el derecho constitucional a trabajar, y luego la negativa de un juez, los dejó intranquilos, según señalan. Allí cuestionan que el organismo legislativo comunal se subrogó facultades inherentes al Senasa, que con anterioridad habilitó el producto en cuestión.
Según un estudio realizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el 4% de la superficie de las 708.000 hectáreas que tiene el departamento de Gualeguaychú no se podrá hacer ninguna aplicación, en tanto que en el 33% se afectarán las aplicaciones aéreas.
En este sentido, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó "la decisión del Gobierno en la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)", pero remarcó que cada provincia tiene su jurisdicción que se debe respetar.
"No nos parece adecuada la decisión ni el camino que tomó la Justicia porque no tienen elementos fehacientes que prueben los daños", dijo. Y agregó: "Esperemos que se revisen esas medidas".
Para Pacheco todo es un contrasentido. "Los mismos intendentes que quieren prohibir las aplicaciones fitosanitarias piden que vuelva el Fondo Sojero", dijo.
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