Agroquímicos y una discusión interminable en Santa Fe
08:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
Una discusión interminable
Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: La Opinión de Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe
En un país donde la agricultura constituye una de las actividades económicas centrales, la utilización de fitosanitarios debe ser regulada con la mayor rigurosidad con la premisa puesta en la protección de la vida. Por eso no sorprende que la agenda de las entidades ecologistas tiene entre sus principales preocupaciones y campos de acción la cuestión de los agroquímicos, que constituyen un riesgo para la salud de las personas.
En Rafaela, el Concejo Municipal mantiene en sus cajones sin avanzar demasiado una propuesta que actualiza la ordenanza mediante la cual se establece qué está permitido y qué está prohibido al momento de realizar fumigaciones en áreas rurales o semirrurales. A pesar de la insistencia de quienes militan por la causa ambiental, los ediles no realizaron modificaciones a la legislación vigente, más allá de que por momentos recibieron a profesionales y dirigentes de entidades ligadas a la explotación agropecuaria, partes interesadas en el debate. Uno de los aspectos medulares se refiere a los límites agronómicos, esto es desde donde se puede aplicar agroquímicos una vez que termina la ciudad para evitar que este tipo de productos afecten la salud pública. Esa restricción contempla en la actualidad 200 metros, pero los ecologistas procuran que se extienda a 800 metros.
En la provincia de Santa Fe la problemática está en discusión en la Legislatura a partir de un proyecto impulsado por el diputado provincial, José María Tessa, quien propone modificar quince artículos de la ley actual que rige desde 1995 y además agregar cuatro nuevos puntos. La ley de 1995 regula la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y la destrucción de envases de fitosanitarios.
Entidades ecologistas se manifestaron a favor de la actualización que promueve Tessa a una ley que debe contemplar los avances constantes de la ciencia y la innovación en lo que hace a desarrollo de productos fitosanitarios. Al respecto, el proyecto prohibiría las fumigaciones aéreas a la vez que amplía los límites de cascos urbanos a preservar de la aplicación de fitosanitarios.
Al igual que en el Concejo Municipal de Rafaela, el debate hace tiempo está en la agenda de la Legislatura pero nunca termina de contar con los consensos necesarios para llegar al recinto. En este sentido, la práctica legislativa obliga a generar sólidos respaldos para que una ley no sólo sea aprobada en su cámara de origen sino que también no se trabe en la otra cámara o en el Poder Ejecutivo en caso de que haya objeciones que se transforman en un veto.
Teniendo en cuenta que hay importantes intereses económicos en juego, la construcción de consenso exige un enorme esfuerzo. Porque los límites agronómicos tienen un impacto real en los campos cercanos a pueblos y ciudades y determina qué pueden hacer sus propietarios en esa tierra y qué no. Por ejemplo, un productor que hoy siempre soja a 300 metros de la ciudad puede aplicar productos fitosanitarios, pero si la legislación se modifica y el límite agronómico se establece en 800 metros, entonces no podrá usar agroquímicos. En este contexto, lo más probable es que no siempre y deberá dedicar la tierra para otro uso.
A nivel provincial, las entidades que respaldan el proyecto Tessa están a favor de prohibir la fumigación en un perímetro de 800 metros alrededor de centros urbanos y 1.000 metros de escuelas; vedar la fumigación aérea; obliga a la reutilización de envases y prohíbe su reciclado, entre otros puntos.
Hay que recordar que en Rafaela se avanza con una iniciativa que promueve el reciclado de los bidones de plástico con los que se transportan agroquímicos, que son residuos peligrosos y en la actualidad no cuentan con una disposición final adecuada.
Cabe recordar que en marzo de este año, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables". En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como "probablemente cancerígenos para los humanos".
En la Argentina se consumen unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. En este sentido, sobre el herbicida glifosato hay "evidencia limitada" de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y hay pruebas "convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. En el país, su utilización creció sustancialmente a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas, precisamente, resistentes al uso de este agente.
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Fecha de Publicación: 03/09/2015
Fuente: La Opinión de Rafaela
Provincia/Región: Santa Fe
En un país donde la agricultura constituye una de las actividades económicas centrales, la utilización de fitosanitarios debe ser regulada con la mayor rigurosidad con la premisa puesta en la protección de la vida. Por eso no sorprende que la agenda de las entidades ecologistas tiene entre sus principales preocupaciones y campos de acción la cuestión de los agroquímicos, que constituyen un riesgo para la salud de las personas.
En Rafaela, el Concejo Municipal mantiene en sus cajones sin avanzar demasiado una propuesta que actualiza la ordenanza mediante la cual se establece qué está permitido y qué está prohibido al momento de realizar fumigaciones en áreas rurales o semirrurales. A pesar de la insistencia de quienes militan por la causa ambiental, los ediles no realizaron modificaciones a la legislación vigente, más allá de que por momentos recibieron a profesionales y dirigentes de entidades ligadas a la explotación agropecuaria, partes interesadas en el debate. Uno de los aspectos medulares se refiere a los límites agronómicos, esto es desde donde se puede aplicar agroquímicos una vez que termina la ciudad para evitar que este tipo de productos afecten la salud pública. Esa restricción contempla en la actualidad 200 metros, pero los ecologistas procuran que se extienda a 800 metros.
En la provincia de Santa Fe la problemática está en discusión en la Legislatura a partir de un proyecto impulsado por el diputado provincial, José María Tessa, quien propone modificar quince artículos de la ley actual que rige desde 1995 y además agregar cuatro nuevos puntos. La ley de 1995 regula la elaboración, formulación, transporte, almacenamiento, distribución, fraccionamiento, expendio, aplicación y la destrucción de envases de fitosanitarios.
Entidades ecologistas se manifestaron a favor de la actualización que promueve Tessa a una ley que debe contemplar los avances constantes de la ciencia y la innovación en lo que hace a desarrollo de productos fitosanitarios. Al respecto, el proyecto prohibiría las fumigaciones aéreas a la vez que amplía los límites de cascos urbanos a preservar de la aplicación de fitosanitarios.
Al igual que en el Concejo Municipal de Rafaela, el debate hace tiempo está en la agenda de la Legislatura pero nunca termina de contar con los consensos necesarios para llegar al recinto. En este sentido, la práctica legislativa obliga a generar sólidos respaldos para que una ley no sólo sea aprobada en su cámara de origen sino que también no se trabe en la otra cámara o en el Poder Ejecutivo en caso de que haya objeciones que se transforman en un veto.
Teniendo en cuenta que hay importantes intereses económicos en juego, la construcción de consenso exige un enorme esfuerzo. Porque los límites agronómicos tienen un impacto real en los campos cercanos a pueblos y ciudades y determina qué pueden hacer sus propietarios en esa tierra y qué no. Por ejemplo, un productor que hoy siempre soja a 300 metros de la ciudad puede aplicar productos fitosanitarios, pero si la legislación se modifica y el límite agronómico se establece en 800 metros, entonces no podrá usar agroquímicos. En este contexto, lo más probable es que no siempre y deberá dedicar la tierra para otro uso.
A nivel provincial, las entidades que respaldan el proyecto Tessa están a favor de prohibir la fumigación en un perímetro de 800 metros alrededor de centros urbanos y 1.000 metros de escuelas; vedar la fumigación aérea; obliga a la reutilización de envases y prohíbe su reciclado, entre otros puntos.
Hay que recordar que en Rafaela se avanza con una iniciativa que promueve el reciclado de los bidones de plástico con los que se transportan agroquímicos, que son residuos peligrosos y en la actualidad no cuentan con una disposición final adecuada.
Cabe recordar que en marzo de este año, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró cinco pesticidas como cancerígenos "posibles" o "probables". En un comunicado, la IARC explicó que se ha publicado un sumario con las evaluaciones finales en la revista The Lancet Oncology en el que se detallan los hallazgos de los investigadores de la agencia. El herbicida glifosato (sustancia activa del Roundup, uno de los herbicidas más vendidos) y los insecticidas diazinón y malatión han sido clasificados como "probablemente cancerígenos para los humanos".
En la Argentina se consumen unos 300 millones de litros de glifosato en 28 millones de hectáreas, especialmente en las que se produce soja. En este sentido, sobre el herbicida glifosato hay "evidencia limitada" de que puede producir linfoma no-Hodgkin en seres humanos, y hay pruebas "convincentes" de que puede causar cáncer en animales de laboratorio. En el país, su utilización creció sustancialmente a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas, precisamente, resistentes al uso de este agente.
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