El Estado quiere meterse con el litio
Minería y Estado
Fecha de Publicación: 27/07/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Nacional
Cada vez toma mayor fuerza la idea de conformar lo que se ha denominado figurativamente "la YPF del litio”, para graficar lo que sería una empresa estatal para preservar en la órbita nacional el manejo del estratégico mineral.
Se sabe que el litio es considerado el mineral del futuro, y nuestro país lo posee en grandes cantidades en el norte, sobre todo en Jujuy, Salta y Catamarca. De hecho, Argentina conforma junto con Bolivia y Chile el "triángulo del litio”, que contiene el 85% de las reservas mundiales.
Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado se llamará la nueva empresa si es que prospera el proyecto que impulsan algunos diputados del oficialismo nacional. El propósito es que el Estado nacional regule y participe del negocio de la explotación de este mineral, para la que se anuncian fuertes inversiones extranjeras.
La idea es que YEL tenga el manejo de los permisos de exploración y explotación del litio. El proyecto también consigna que "el Estado Nacional -a través de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado- tendrá la primera opción para adquirir el litio y todos sus derivados producidos en el país en las condiciones de precio y modalidades del mercado”.
La iniciativa que espera su tratamiento en el Congreso de la Nación se articula con la idea de conformar, junto con Bolivia y Chile, la "OPEP del litio”, es decir, una estructura supranacional para la coordinación del manejo del mineral.
La intención es romper con la hegemonía privada, pues actualmente hay en el mundo cuatro grandes empresas que tienen el oligopolio del litio y fijan precios de manera arbitraria.
Bolivia ya sancionó una ley que califica al litio como un activo de carácter estratégico, mientras que Chile, a partir de la Ley Orgánica Constitucional Minera, también considera al mineral como un aspecto clave para su futuro económico.
Uno de los aspectos que deberían ser centrales en este tema es el de la necesidad de agregarle valor al mineral extraído, desalentando la exportación de la salmuera de litio, que no requiere de ningún proceso de industrialización. La salmuera tiene un precio estimado de 300 dólares por kilo, mientras que el carbonato de litio, que ya pasa por una primera etapa de procesamiento, cuesta diez veces más, y el litio metálico –tercera etapa del procesamiento- cotiza actualmente alrededor de 6.000 pesos el kilo.
La participación decidida del Estado en el negocio de la minería –no sólo como regulador de la actividad sino también como socio de los emprendimientos- es fundamental para lograr que tenga un impacto decisivo en la economía local en vista de un desarrollo productivo sustentable.
Pero esa intervención activa no debe reservarse solo al Estado nacional, sino también al provincial, que no puede permanecer apático, distante o como mero cobrador de regalías.
La experiencia del proyecto Bajo de la Alumbrera, que se apresta a cumplir dos décadas, es un buen ejemplo del costo que implica la indiferencia estatal tanto como de los beneficios que significa su participación activa.
.
Fecha de Publicación: 27/07/2015
Fuente: El Ancasti (Catamarca)
Provincia/Región: Nacional
Cada vez toma mayor fuerza la idea de conformar lo que se ha denominado figurativamente "la YPF del litio”, para graficar lo que sería una empresa estatal para preservar en la órbita nacional el manejo del estratégico mineral.
Se sabe que el litio es considerado el mineral del futuro, y nuestro país lo posee en grandes cantidades en el norte, sobre todo en Jujuy, Salta y Catamarca. De hecho, Argentina conforma junto con Bolivia y Chile el "triángulo del litio”, que contiene el 85% de las reservas mundiales.
Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado se llamará la nueva empresa si es que prospera el proyecto que impulsan algunos diputados del oficialismo nacional. El propósito es que el Estado nacional regule y participe del negocio de la explotación de este mineral, para la que se anuncian fuertes inversiones extranjeras.
La idea es que YEL tenga el manejo de los permisos de exploración y explotación del litio. El proyecto también consigna que "el Estado Nacional -a través de Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado- tendrá la primera opción para adquirir el litio y todos sus derivados producidos en el país en las condiciones de precio y modalidades del mercado”.
La iniciativa que espera su tratamiento en el Congreso de la Nación se articula con la idea de conformar, junto con Bolivia y Chile, la "OPEP del litio”, es decir, una estructura supranacional para la coordinación del manejo del mineral.
La intención es romper con la hegemonía privada, pues actualmente hay en el mundo cuatro grandes empresas que tienen el oligopolio del litio y fijan precios de manera arbitraria.
Bolivia ya sancionó una ley que califica al litio como un activo de carácter estratégico, mientras que Chile, a partir de la Ley Orgánica Constitucional Minera, también considera al mineral como un aspecto clave para su futuro económico.
Uno de los aspectos que deberían ser centrales en este tema es el de la necesidad de agregarle valor al mineral extraído, desalentando la exportación de la salmuera de litio, que no requiere de ningún proceso de industrialización. La salmuera tiene un precio estimado de 300 dólares por kilo, mientras que el carbonato de litio, que ya pasa por una primera etapa de procesamiento, cuesta diez veces más, y el litio metálico –tercera etapa del procesamiento- cotiza actualmente alrededor de 6.000 pesos el kilo.
La participación decidida del Estado en el negocio de la minería –no sólo como regulador de la actividad sino también como socio de los emprendimientos- es fundamental para lograr que tenga un impacto decisivo en la economía local en vista de un desarrollo productivo sustentable.
Pero esa intervención activa no debe reservarse solo al Estado nacional, sino también al provincial, que no puede permanecer apático, distante o como mero cobrador de regalías.
La experiencia del proyecto Bajo de la Alumbrera, que se apresta a cumplir dos décadas, es un buen ejemplo del costo que implica la indiferencia estatal tanto como de los beneficios que significa su participación activa.
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