Salta: aniversario del SIPAP
17:51 | 
Publicado por
Eco Sitio |
31 de octubre, Aniversario del Sistema provincial de Áreas protegidas
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: Opinión Calificada
Provincia/Región: Salta
El 31 de Octubre de 2000 se promulgaba la Ley Nº: 7107 que establecía la creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). Transcurrieron ya once años de la instauración de un marco legal, tanto para el conjunto de espacios naturales, seminaturales, y su regulación para la planificación y ejecución de procesos destinados a alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia de Salta.
Las Áreas Protegidas son territorios públicos o privados en estado natural o con diferentes grados de intervención, comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección legal, sometidos a manejo especial, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos de preservación y/o conservación de los ecosistemas.
Hoy por hoy, Salta cuenta con 18 Áreas Protegidas entre las cuales, existe una privada y otra internacional. Estas áreas representan un 10 % del territorio del territorio provincial con ambientes que varían entre Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. De la totalidad de las Áreas Protegidas un 65% posee ocupación humana y están resguardadas por 21 guardaparques.
Dentro de las áreas hay diversas especies en peligro que se encuentran protegidas, como por ejemplo es el caso del Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso del Monte, Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica; entre otras. Como así también hay zonas de trabajo prioritarias que son la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, Reserva de Flora y Fauna Los Palmares, Reserva Hídrica Finca Las Costas, Reserva Natural Manejada Quebrada de Las Conchas y el Parque Laguna Pintascayo.
Uno de los sitios más destacados a nivel provincial se trata de la Reserva de Biosfera de Las Yungas, creada por el Consejo Internacional de Coordinación del programa del Hombre y la Biosfera MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO en 2002. Es un conjunto de ecosistemas terrestres o acuáticos que pueden contribuir al desarrollo sustentable y que son importantes desde el punto de vista de la conservación como de la generación de conocimientos prácticos y de los valores humanos. Tiene una superficie de 854.466 hectáreas en Salta (1.340.000 hectáreas entre Salta y Jujuy), su ambiente es Yungas y en nuestra provincia abarca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar y el Parque Provincial Laguna Pintascayo.
En este día, desde el ministerio de Ambiente se desea subrayar la importancia de seguir contando con estos espacios que son referentes de la biodiversidad de la provincia. Ambiente trabaja permanentemente realizando estudios para incorporar nuevas áreas que constituyan ambientes a conservar. Esta gestión, particularmente, hace hincapié en las reservas privadas que se pueden crear consultando en el ministerio de Ambiente, Zuviría 744.
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: Opinión Calificada
Provincia/Región: Salta
El 31 de Octubre de 2000 se promulgaba la Ley Nº: 7107 que establecía la creación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas (SIPAP). Transcurrieron ya once años de la instauración de un marco legal, tanto para el conjunto de espacios naturales, seminaturales, y su regulación para la planificación y ejecución de procesos destinados a alcanzar la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales de la Provincia de Salta.
Las Áreas Protegidas son territorios públicos o privados en estado natural o con diferentes grados de intervención, comprendidos dentro de límites bien definidos, que están bajo protección legal, sometidos a manejo especial, con el propósito de alcanzar uno o más objetivos de preservación y/o conservación de los ecosistemas.
Hoy por hoy, Salta cuenta con 18 Áreas Protegidas entre las cuales, existe una privada y otra internacional. Estas áreas representan un 10 % del territorio del territorio provincial con ambientes que varían entre Chaco, Yungas, Puna, Monte y Altoandino. De la totalidad de las Áreas Protegidas un 65% posee ocupación humana y están resguardadas por 21 guardaparques.
Dentro de las áreas hay diversas especies en peligro que se encuentran protegidas, como por ejemplo es el caso del Yaguareté, Ocelote, Vicuña, Cóndor Andino, Ganso del Monte, Quirquincho, Lampalagua , Gato Andino, Jabirú, Flamenco de James, Flamenco Austral, Suri cordillerano, Chinchilla Chica; entre otras. Como así también hay zonas de trabajo prioritarias que son la Reserva de Flora y Fauna Acambuco, Reserva de Flora y Fauna Los Palmares, Reserva Hídrica Finca Las Costas, Reserva Natural Manejada Quebrada de Las Conchas y el Parque Laguna Pintascayo.
Uno de los sitios más destacados a nivel provincial se trata de la Reserva de Biosfera de Las Yungas, creada por el Consejo Internacional de Coordinación del programa del Hombre y la Biosfera MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO en 2002. Es un conjunto de ecosistemas terrestres o acuáticos que pueden contribuir al desarrollo sustentable y que son importantes desde el punto de vista de la conservación como de la generación de conocimientos prácticos y de los valores humanos. Tiene una superficie de 854.466 hectáreas en Salta (1.340.000 hectáreas entre Salta y Jujuy), su ambiente es Yungas y en nuestra provincia abarca el Parque Nacional Baritú, la Reserva Nacional El Nogalar y el Parque Provincial Laguna Pintascayo.
En este día, desde el ministerio de Ambiente se desea subrayar la importancia de seguir contando con estos espacios que son referentes de la biodiversidad de la provincia. Ambiente trabaja permanentemente realizando estudios para incorporar nuevas áreas que constituyan ambientes a conservar. Esta gestión, particularmente, hace hincapié en las reservas privadas que se pueden crear consultando en el ministerio de Ambiente, Zuviría 744.
Etiquetas:
Santa Fe: ministerios reciben a Pueblos Fumigados
Cinco ministerios reciben hoy a Pueblos Fumigados
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
Fecha de Publicación: 31/10/2011
Fuente: AgenciaFe
Provincia/Región: Santa Fe
El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
Relocalizan familias que viven frente al Riachuelo
Relocalizan familias que viven frente al Riachuelo
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: lanoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires
Son habitantes de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita. Serán reubicados el predio La Bastilla de Rafael Castillo, en el Municipio que gestiona Espinoza. Lo decidió la Autoridad de aplicación de la Cuenca Matanza Riacchuelo y también trasladarán a familias porteñas.
La Acumar comenzó a llevar adelante el proceso exigido por el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, que había determinado que 180 familias de La Matanza sean relocalizadas para cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Los vecinos de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita están siendo trasladados al predio La Bastilla de Rafael Castillo.
Al mismo tiempo, 32 familias del barrio porteño de Pompeya serán relocalizados en Flores, para continuar con el proceso de limpieza de la cuenca exigida por la Corte Suprema hace tres años.
La relocalización de los asentamientos linderos al Riachuelo forma parte de la decisión judicial que determinaba "la erradicación total y definitiva de todas las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como camino de sirga".
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: lanoticia1
Provincia/Región: Buenos Aires
Son habitantes de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita. Serán reubicados el predio La Bastilla de Rafael Castillo, en el Municipio que gestiona Espinoza. Lo decidió la Autoridad de aplicación de la Cuenca Matanza Riacchuelo y también trasladarán a familias porteñas.
La Acumar comenzó a llevar adelante el proceso exigido por el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, que había determinado que 180 familias de La Matanza sean relocalizadas para cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza - Riachuelo.
Los vecinos de los barrios Mi Esperanza, Don Juan, El Mosquito, Los Ceibos y La Saladita están siendo trasladados al predio La Bastilla de Rafael Castillo.
Al mismo tiempo, 32 familias del barrio porteño de Pompeya serán relocalizados en Flores, para continuar con el proceso de limpieza de la cuenca exigida por la Corte Suprema hace tres años.
La relocalización de los asentamientos linderos al Riachuelo forma parte de la decisión judicial que determinaba "la erradicación total y definitiva de todas las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y la zona de restricción establecida como camino de sirga".
Famatina: 1.270 firmas contra la minería
Minería: juntan 1.270 firmas
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Pobladores de la localidad riojana de Famatina presentaron al Gobierno provincial un documento avalado por 1.270 firmas, que representan el 25 por ciento del electorado local, en repudio a un convenio con una empresa de minería canadiense para la región.
Los manifestantes elevaron al gobierno del kirchnerista Luis Herrera un escrito, rubricado por escribano público, en el que advirtieron que en Famatina ‘no le otorgamos licencia social‘ a la megaminería. Un total de 1.270 ciudadanos de Famatina, un departamento que cuenta con 4.700 electores en padrón, firmó el documento en repudio al convenio firmado con la empresa canadiense Osisko Mining Corp para la búsqueda y extracción de oro, entre otros metales de los cerros de la región.
El documento también denunció que el acuerdo con la minera canadiense pone ‘en riesgo el agua sólo para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios mineros extranjeros y nacionales‘.
Los firmantes del documento señalaron que lo responsabilizaban al ‘gobernador por las represalias que sin duda ya habrán dictado contra nuestro pueblo, como consecuencia de la decisión de resistir la política minera que pretenden imponernos‘. ‘No le otorgamos licencia social a ningún emprendimiento minero que se pretenda instalar en nuestro territorio, porque el (cerro) Famatina no se toca‘, remarcaron los pobladores. En las últimas elecciones, sufrieron reveses electorales Famatina y Chilecito, las dos ciudades más movilizadas contra la minería.
Fecha de Publicación: 30/10/2011
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: La Rioja
Pobladores de la localidad riojana de Famatina presentaron al Gobierno provincial un documento avalado por 1.270 firmas, que representan el 25 por ciento del electorado local, en repudio a un convenio con una empresa de minería canadiense para la región.
Los manifestantes elevaron al gobierno del kirchnerista Luis Herrera un escrito, rubricado por escribano público, en el que advirtieron que en Famatina ‘no le otorgamos licencia social‘ a la megaminería. Un total de 1.270 ciudadanos de Famatina, un departamento que cuenta con 4.700 electores en padrón, firmó el documento en repudio al convenio firmado con la empresa canadiense Osisko Mining Corp para la búsqueda y extracción de oro, entre otros metales de los cerros de la región.
El documento también denunció que el acuerdo con la minera canadiense pone ‘en riesgo el agua sólo para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios mineros extranjeros y nacionales‘.
Los firmantes del documento señalaron que lo responsabilizaban al ‘gobernador por las represalias que sin duda ya habrán dictado contra nuestro pueblo, como consecuencia de la decisión de resistir la política minera que pretenden imponernos‘. ‘No le otorgamos licencia social a ningún emprendimiento minero que se pretenda instalar en nuestro territorio, porque el (cerro) Famatina no se toca‘, remarcaron los pobladores. En las últimas elecciones, sufrieron reveses electorales Famatina y Chilecito, las dos ciudades más movilizadas contra la minería.
El Gobierno congeló la ley de glaciares
El Gobierno congeló la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Fecha de Publicación: 29/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El segundo veto, el silencioso, fue más efectivo. Mientras las empresas mineras bloquean judicialmente la aplicación de la ley de glaciares, la Casa Rosada no cumplió los plazos para realizar el inventario que debía identificar las reservas estratégicas de agua en la Cordillera, para preservarlas. A un año de su promulgación, los objetivos principales de la ley, vetada por la Presidenta pero votada dos veces por el Congreso, continúan siendo letra muerta.
De hecho, la norma ordenaba completar antes de marzo el relevamiento de glaciares en las zonas donde se encuentran los megaemprendimientos mineros (que utilizan cianuro para separar el metal de la roca). El inventario no sólo no comenzó, sino que el titular del equipo técnico encargado de la tarea reconoció que los glaciares de las "provincias conflictivas" serán los últimos en ser relevados.
Para entonces, denuncian los ambientalistas, los emprendimientos mineros contaminarán o harán desaparecer los glaciares en peligro.
Los 18 artículos de la ley 26.639 desataron un feroz debate legislativo. Votada por unanimidad en noviembre de 2008, la norma impulsada por el diputado Miguel Bonasso fue objeto del primer veto total de Cristina Kirchner (el segundo fue para el 82% móvil a los jubilados), que consideró "excesivo" prohibir la actividad minera y petrolera en los glaciares.
El debate posterior estuvo marcado por las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre los nexos entre las compañías mineras y funcionarios del Gobierno. En particular, los encuentros que la Presidenta mantuvo -antes y después del veto- con los máximos ejecutivos de la canadiense Barrick Gold, que explota en San Juan los yacimientos de Veladero y Pascua Lama.
Con el apoyo del senador kirchnerista Daniel Filmus, la norma volvió a ser aprobada por el Congreso -esta vez dividido- en septiembre del año pasado.
El texto prohíbe las actividades contaminantes en los cuerpos de agua y hielo -y sus zonas aledañas- y establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del Conicet.
El muestreo
A su vez, obligaba a Ianiglia a comenzar en noviembre de 2010 el muestreo en las zonas donde existen actividades que pudieran ser contaminantes. El inventario de esas regiones, según la norma, debía presentarse en un plazo de 180 días, es decir, para el 30 de marzo de este año. Nada de eso ocurrió.
Desde su sanción, de hecho, la ley enfrentó la indiferencia glaciar de la Casa Rosada, que ni siquiera la promulgó: al cumplirse el plazo legal, el 28 de octubre de 2010, quedó promulgada de hecho.
La reglamentación debió esperar otros cuatro meses. Al presentarla, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue cualquier cosa menos contundente: sostuvo que en un año se iban a tener "algunas definiciones" respecto del análisis "que se empiece a hacer" y que "a los cincos años" se iba a contar con "alguna definición específica de lo que es el inventario".
Cuando se reglamentó la ley, en febrero, la Presidenta anunció en Olivos la entrega de 3.402.900 pesos para Ianiglia. Según pudo comprobar LA NACION, los fondos tardaron ocho meses más en llegar al instituto. De continuar las demoras podría perderse otro verano, la única época en que se puede hacer el relevamiento en la alta montaña.
Fuentes del sector minero, por su parte, dejaron en claro que la ley no afectó "en nada" sus proyectos. "No existen operaciones sobre los glaciares y la región periglaciar no fue definida en la reglamentación", argumentaron. Desde la Secretaría de Ambiente, a cargo de Juan José Mussi, no respondieron las llamadas de LA NACION.
"La demora implica una violación explícita de la ley. Lo que hace el Gobierno es mantener el saqueo y el veto de la Barrick", sostuvo otra de las impulsoras de la ley, la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Tras aclarar que el equipo de científicos de Ianiglia no es parte del conflicto político y que el compromiso del instituto es "establecer cuál es el área a proteger", su director, Ricardo Villalba, reveló a LA NACION: "No puedo a enviar a mis técnicos a donde son personas no gratas", en relación con las provincias mineras que rechazan la ley. En los yacimientos, por convenios estatales, las fuerzas de seguridad reciben su sueldo de las mineras. "Los lugares conflictivos deberán esperar", completó Villalba.
"Si siguen las demoras, cuando suban a la montaña, no van a encontrar nada", señaló el sanjuanino Carlos González, titular de la organización ambiental Inti Chuteh, que denuncia que las perforaciones (cateos) de las mineras en la montaña están funcionando como chimeneas que calientan y drenan los hielos cordilleranos.
"Ianiglia debe ir primero a los lugares en riesgo y Villalba debe hacer públicas las condiciones precarias en las que se hace el inventario", agregó Bonasso. "Que el relevamiento no haya empezado es complicidad de Cristina Kirchner", completó.
Sin ese inventario no se pueden establecer las actividades prohibidas, ni controlar las que se encuentren en ejecución. En otras palabras, sin ese inventario, el veto presidencial sigue vigente.
La ley y la realidad
P.-¿Qué dice la ley 26.639?
R.- La norma prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años, y obligaba a que, antes del 30 de marzo de este año, se relevaran las zonas prioritarias, donde existen emprendimientos industriales.
P.- ¿Qué sucede en la realidad?
R.- El inventario nunca comenzó y, por las demoras en la entrega de fondos y equipos por parte del Gobierno, se corre riesgo de que tampoco comience este verano (la única época en que se puede trabajar en la montaña). Por otra parte, las empresas y gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la justicia de San Juan, que se encuentra desde hace meses en estudio de la Corte Suprema.
P.- ¿Por qué es importante identificar los glaciares?
R.- Son reservas estratégicas de agua dulce (contienen el 75% del cúmulo mundial), indicadores del cambio climático e íconos naturales. San Juan presentó un inventario provincial en 2010 que sólo incluye los glaciares descubiertos (no así los cubiertos y los de escombros). Con fondos provinciales, Ianiglia relevó la cuenca del río Mendoza..
Nueva reunión del Comité de Cuenca Salí- Dulce
Se realizo una nueva reunión del Comité de Cuenca Salí- Dulce en Tucumán
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Durante la mañana de hoy se realizó una nueva reunión para analizar las acciones que realiza el gob. de Tucumán para solucionar el problema de los desechos contaminantes.
Durante la mañana de hoy, miembros del Comité de Cuenca Salí –Dulce participaron de una reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Tucumán.
En representación de la provincia, participó el Ing. Juan José Targa, Director de Medioambiente de Santiago del Estero, acompañado por asesores y profesionales. También estuvo presente Alfredo Montalbán, Secretario de Medioambiente de Tucumán, el Ing. Jorge Casenbauer, Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Nora Martínez, Subsecretaria de Desarrollo y Ambiente de Catamarca, y demás delegados de diversos organismos nacionales.
Durante la reunión denominada “La mesa de la Vinaza” diversos ingenios radicados en la vecina provincia expusieron acerca de las pruebas piloto que se están realizando en cuanto al tratamiento de la vinaza en las industrias.
Además, el encuentro tuvo como eje de discusión las alternativas para solucionar el tema de la vinaza. Por un lado, algunos profesionales propusieron la construcción de vinazoductos como obra pública para que la vinaza no desemboque en los ríos sino en zonas salinas que no sean productivas.
Por otro lado, otros especialistas aconsejaron revalorizar y reutilizar la vinaza para la fertilización de las tierras, algo que demandará una fuerte inversión.
Visita del Gobernador Alperovich
Mientras se desarrollaba la reunión, llegó el Gobernador de la Provincia de Tucumán, José Alperovich, acompañado por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Manzur.
El gobernador dialogó unos instantes con los funcionarios reunidos y garantizó el interés del gobierno provincial en trabajar para solucionar la problemática de la contaminación.
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero
Durante la mañana de hoy se realizó una nueva reunión para analizar las acciones que realiza el gob. de Tucumán para solucionar el problema de los desechos contaminantes.
Durante la mañana de hoy, miembros del Comité de Cuenca Salí –Dulce participaron de una reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Casa de Gobierno de la Provincia de Tucumán.
En representación de la provincia, participó el Ing. Juan José Targa, Director de Medioambiente de Santiago del Estero, acompañado por asesores y profesionales. También estuvo presente Alfredo Montalbán, Secretario de Medioambiente de Tucumán, el Ing. Jorge Casenbauer, Ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Nora Martínez, Subsecretaria de Desarrollo y Ambiente de Catamarca, y demás delegados de diversos organismos nacionales.
Durante la reunión denominada “La mesa de la Vinaza” diversos ingenios radicados en la vecina provincia expusieron acerca de las pruebas piloto que se están realizando en cuanto al tratamiento de la vinaza en las industrias.
Además, el encuentro tuvo como eje de discusión las alternativas para solucionar el tema de la vinaza. Por un lado, algunos profesionales propusieron la construcción de vinazoductos como obra pública para que la vinaza no desemboque en los ríos sino en zonas salinas que no sean productivas.
Por otro lado, otros especialistas aconsejaron revalorizar y reutilizar la vinaza para la fertilización de las tierras, algo que demandará una fuerte inversión.
Visita del Gobernador Alperovich
Mientras se desarrollaba la reunión, llegó el Gobernador de la Provincia de Tucumán, José Alperovich, acompañado por el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Juan Manzur.
El gobernador dialogó unos instantes con los funcionarios reunidos y garantizó el interés del gobierno provincial en trabajar para solucionar la problemática de la contaminación.
Río Negro: desmonte de 6800 ha para sembrar
Estudio de impacto ambiental por desmonte de 6.800 hectáreas para plan productivo
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El Gobierno rionegrino aprobó –a través del Consejo de Ecología y Medio Ambiente- el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de riego de aproximadamente 10.000 hectáreas del establecimiento rural “El Cerro”, ubicado sobre la margen norte del río Negro en el Departamento General Conesa, presentado por la empresa El Cerro SA. En dos años desmontarán 6.800 hectáreas.
Se estableció que para garantizar la protección del medio ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área para el redoblamiento con especies nativas, se exige que las instalaciones de los
equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua se realicen inmediatamente de efectuado el desmonte para obtener “una rápida coberturavegetal para protección edáfica”.
Donde sea posible, se recomienda instalar la base del equipo de riego y desmontar solo la superficie bajo el dominio del mismo. En todos los espacios no afectados directamente al proyecto (servidumbre, caminos o dominio de los pivots deberá respetarse la vegetación natural, así como en el borde de la ruta provincial Nº 53, para evitar voladuras, polvo en suspensión y erosión eólica.
Un expediente presentado ante el CODEMA tramitó el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto que contempla la sistematización necesaria para poner en producción con riego presurizado una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.
El proyecto está localizado aproximadamente a 20 kilómetros río arriba de la localidad de Guardia Mitre y a poco más de 100 kilómetros de Viedma. En ese lugar, el establecimiento “El Cerro” tiene una superficie de 18.500 ha, con 15 kilómetros de costa de río.
La Asesoría Letrada del organismo manifestó que “se han cumplimentado los recaudos legales exigidos por la Ley M Nº 3.266, de impacto ambiental, y normativa reglamentaria” y se constató que el consultor ambiental Humberto Colombo se encuentra inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de la Provincia, cumplimentando lo establecido por la resolución Nº 028/04 y lo que prescribe la Ley M Nº 3266.
Según CODEMA, un dictamen efectuó “un exhaustivo análisis del estudio presentado. Detalla las etapas de desarrollo del proyecto, haciendo saber que en el año uno de la primera fase del proyecto se colocarán 10 equipos de pivot central en la zona del valle cercana a la ribera del río Negro, donde se implantará alfalfa. La captación se hará directamente del río Negro.
Se realizarán también labores de limpieza y restauración de unas 2.400 hectáreas de superficie de valle, en las cuales se colocarán 30 equipos de riego con pivot central. Allí se sembrarán cereales de invierno.
El dictamen puntualiza también que “se realizará el menor movimiento de suelos posible a los efectos de aprovechar los horizontes de mayor aprovechamiento productivo, evitando exponer superficies con exceso de sales, que dificulten la recuperación de los suelos.
En el segundo año se implantará maíz para grano en los 30 equipos de riego instalados en el año uno, posterior a la cebada, pero también se realizarán tareas de limpieza y desmonte de una superficie aproximada de 6.800 hectáreas, donde se colocarán otros 85 equipos de pivot central, con captación de agua de perforación, “siempre y cuando la calidad y cantidad así lo permita”.
En esa superficie se implantarán cereales, que servirán para preparar el suelo previo a la implantación de alfalfa. Se prevé un plan de rotación de cultivos que comprenda cuatro años de alfalfa y un año de maíz para grano; “El método de riego (pivot central) fue decidido en función del conocimiento, experiencias anteriores de la empresa en la zona, considerando que la misma se adapta muy bien a la utilización del riego presurizado. La disponibilidad, origen, captación y caudales de agua necesarios para el proyecto se encuentra tramitando mediante expediente Nº 126368-IGR-2011 del Departamento Provincial de Aguas. La aprobación queda supeditada al otorgamiento definitivo de la autorización del uso de agua pública”, consigna la documentación a la cual accedió ADN.
Se analizaron también los impactos ambientales del proyecto, destacando que “las metodologías de riego por aspersión y por goteo en sus variadas formas y configuraciones permiten superar los problemas de topografía, tipo de suelo y permiten mejor control sobre la cantidad, la uniformidad y la frecuencia de riego, en particular en las condiciones de terrenos ondulados y/o suelos arenosos. Los impactos negativos del proyecto, como ser erosión, planchado y salinización disminuyen con estas tecnologías de riego”.
El dictamen técnico sugiere la aprobación del estudio, debiendo exigir como condicionantes que para garantizar la protección del ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área, para el repoblamiento de especies nativas, se realice la instalación de los equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua a los mismos inmediatamente después de realizado el desmonte. “Ello tiende a asegurar una rápida cobertura vegetal para protección edáfica”, agrega.
Obra también en el expediente la disposición Nº 127/11 de la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción, por medio de la cual se otorgó la autorización al titular del emprendimiento a realizar las tareas de desmonte de 5.340 hectáreas del establecimiento “El Cerro”. El mencionado acto administrativo supedita la autorización a la aprobación del estudio de impacto ambiental y al otorgamiento definitivo de la autorización de uso de agua pública que debe otorgar el Departamento Provincial de Aguas.
Fecha de Publicación: 28/10/2011
Fuente: ADN
Provincia/Región: Río Negro
El Gobierno rionegrino aprobó –a través del Consejo de Ecología y Medio Ambiente- el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto de riego de aproximadamente 10.000 hectáreas del establecimiento rural “El Cerro”, ubicado sobre la margen norte del río Negro en el Departamento General Conesa, presentado por la empresa El Cerro SA. En dos años desmontarán 6.800 hectáreas.
Se estableció que para garantizar la protección del medio ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área para el redoblamiento con especies nativas, se exige que las instalaciones de los
equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua se realicen inmediatamente de efectuado el desmonte para obtener “una rápida coberturavegetal para protección edáfica”.
Donde sea posible, se recomienda instalar la base del equipo de riego y desmontar solo la superficie bajo el dominio del mismo. En todos los espacios no afectados directamente al proyecto (servidumbre, caminos o dominio de los pivots deberá respetarse la vegetación natural, así como en el borde de la ruta provincial Nº 53, para evitar voladuras, polvo en suspensión y erosión eólica.
Un expediente presentado ante el CODEMA tramitó el estudio de impacto ambiental correspondiente al proyecto que contempla la sistematización necesaria para poner en producción con riego presurizado una superficie aproximada de 10.000 hectáreas.
El proyecto está localizado aproximadamente a 20 kilómetros río arriba de la localidad de Guardia Mitre y a poco más de 100 kilómetros de Viedma. En ese lugar, el establecimiento “El Cerro” tiene una superficie de 18.500 ha, con 15 kilómetros de costa de río.
La Asesoría Letrada del organismo manifestó que “se han cumplimentado los recaudos legales exigidos por la Ley M Nº 3.266, de impacto ambiental, y normativa reglamentaria” y se constató que el consultor ambiental Humberto Colombo se encuentra inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de la Provincia, cumplimentando lo establecido por la resolución Nº 028/04 y lo que prescribe la Ley M Nº 3266.
Según CODEMA, un dictamen efectuó “un exhaustivo análisis del estudio presentado. Detalla las etapas de desarrollo del proyecto, haciendo saber que en el año uno de la primera fase del proyecto se colocarán 10 equipos de pivot central en la zona del valle cercana a la ribera del río Negro, donde se implantará alfalfa. La captación se hará directamente del río Negro.
Se realizarán también labores de limpieza y restauración de unas 2.400 hectáreas de superficie de valle, en las cuales se colocarán 30 equipos de riego con pivot central. Allí se sembrarán cereales de invierno.
El dictamen puntualiza también que “se realizará el menor movimiento de suelos posible a los efectos de aprovechar los horizontes de mayor aprovechamiento productivo, evitando exponer superficies con exceso de sales, que dificulten la recuperación de los suelos.
En el segundo año se implantará maíz para grano en los 30 equipos de riego instalados en el año uno, posterior a la cebada, pero también se realizarán tareas de limpieza y desmonte de una superficie aproximada de 6.800 hectáreas, donde se colocarán otros 85 equipos de pivot central, con captación de agua de perforación, “siempre y cuando la calidad y cantidad así lo permita”.
En esa superficie se implantarán cereales, que servirán para preparar el suelo previo a la implantación de alfalfa. Se prevé un plan de rotación de cultivos que comprenda cuatro años de alfalfa y un año de maíz para grano; “El método de riego (pivot central) fue decidido en función del conocimiento, experiencias anteriores de la empresa en la zona, considerando que la misma se adapta muy bien a la utilización del riego presurizado. La disponibilidad, origen, captación y caudales de agua necesarios para el proyecto se encuentra tramitando mediante expediente Nº 126368-IGR-2011 del Departamento Provincial de Aguas. La aprobación queda supeditada al otorgamiento definitivo de la autorización del uso de agua pública”, consigna la documentación a la cual accedió ADN.
Se analizaron también los impactos ambientales del proyecto, destacando que “las metodologías de riego por aspersión y por goteo en sus variadas formas y configuraciones permiten superar los problemas de topografía, tipo de suelo y permiten mejor control sobre la cantidad, la uniformidad y la frecuencia de riego, en particular en las condiciones de terrenos ondulados y/o suelos arenosos. Los impactos negativos del proyecto, como ser erosión, planchado y salinización disminuyen con estas tecnologías de riego”.
El dictamen técnico sugiere la aprobación del estudio, debiendo exigir como condicionantes que para garantizar la protección del ambiente, minimizar la erosión y la voladura de suelos y conservar la biodiversidad y el banco genético del área, para el repoblamiento de especies nativas, se realice la instalación de los equipos de pivot y de las cañerías que abastecen de agua a los mismos inmediatamente después de realizado el desmonte. “Ello tiende a asegurar una rápida cobertura vegetal para protección edáfica”, agrega.
Obra también en el expediente la disposición Nº 127/11 de la Dirección de Bosques del Ministerio de la Producción, por medio de la cual se otorgó la autorización al titular del emprendimiento a realizar las tareas de desmonte de 5.340 hectáreas del establecimiento “El Cerro”. El mencionado acto administrativo supedita la autorización a la aprobación del estudio de impacto ambiental y al otorgamiento definitivo de la autorización de uso de agua pública que debe otorgar el Departamento Provincial de Aguas.
Plan de Gestión en la Reserva Olaroz Cauchari
Firmaron convenio para estudiar y ejecutar un Plan de Gestión en la Reserva Olaroz Cauchari
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
Representantes de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Dirección de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, junto al referente de la empresa Sales de Jujuy, formalizaron la firma de un convenio marco de colaboración para establecer acciones de estudio y ejecutar un plan de gestión en la Reserva de Olaroz Cauchari.
Participaron de la rúbrica, el director de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Martín Sánchez, el director de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de Jujuy, Raúl Ibarra y el gerente general de la empresa Sales de Jujuy, José De Castro Alem.
El convenio tiene por objeto concretar un trabajo en conjunto para el estudio del área de la Reserva de Olaroz Cauchari y establecer una revisión y ampliación de la línea base, en una primera etapa. A su vez, se mostrará el estado ambiental, social y económico del área en cuestión, y posteriormente la elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de la Reserva.
En relación al convenio, José De Castro, destacó el valor del contenido del documento de las partes firmantes para la protección de la Reserva Olaroz Cauchari, creada por Ley en el año 1981 y transmitió la celebración por el trabajo en conjunto entre organismos público y privado y especialmente, por el compromiso único en el Noroeste del país, que asume el sector minero. “La firma del convenio demuestra la sinergia que pueden lograr ambos sectores y que nuestra propuesta, estudiada y mejorada por los organismos provinciales, no estaba equivocada”, expresó De Castro
Señaló que el trabajo será inmediato para ampliar y estudiar la línea base de la reserva para el conocimiento en detalles del ecosistema, la interacción con las comunidades y el estado económico para ejecutar, luego, un Plan de Gestión de la Reserva. En el mismo sentido, agregó que se pondrá a disposición gran parte de la logística que posee la empresa radicada hace cinco años en la región para la producción de carbonato de litio.
Para la aplicación del convenio, se creará una Comisión de Coordinación, integrada por cada una de las partes y una Unidad Técnica para el desarrollo de las tareas necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado.
Finalmente, José De Castro enfatizó que todas las reparticiones del Estado, empresas u organizaciones del medio quedan invitadas a adherir al presente convenio, formalizado en instalaciones de la empresa en la capital jujeña.
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: El Libertario
Provincia/Región: Jujuy
Representantes de la Dirección de Políticas Ambientales y Recursos Naturales y la Dirección de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, junto al referente de la empresa Sales de Jujuy, formalizaron la firma de un convenio marco de colaboración para establecer acciones de estudio y ejecutar un plan de gestión en la Reserva de Olaroz Cauchari.
Participaron de la rúbrica, el director de Minería y Recursos Energéticos de Jujuy, Martín Sánchez, el director de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de Jujuy, Raúl Ibarra y el gerente general de la empresa Sales de Jujuy, José De Castro Alem.
El convenio tiene por objeto concretar un trabajo en conjunto para el estudio del área de la Reserva de Olaroz Cauchari y establecer una revisión y ampliación de la línea base, en una primera etapa. A su vez, se mostrará el estado ambiental, social y económico del área en cuestión, y posteriormente la elaboración y ejecución de un Plan de Gestión de la Reserva.
En relación al convenio, José De Castro, destacó el valor del contenido del documento de las partes firmantes para la protección de la Reserva Olaroz Cauchari, creada por Ley en el año 1981 y transmitió la celebración por el trabajo en conjunto entre organismos público y privado y especialmente, por el compromiso único en el Noroeste del país, que asume el sector minero. “La firma del convenio demuestra la sinergia que pueden lograr ambos sectores y que nuestra propuesta, estudiada y mejorada por los organismos provinciales, no estaba equivocada”, expresó De Castro
Señaló que el trabajo será inmediato para ampliar y estudiar la línea base de la reserva para el conocimiento en detalles del ecosistema, la interacción con las comunidades y el estado económico para ejecutar, luego, un Plan de Gestión de la Reserva. En el mismo sentido, agregó que se pondrá a disposición gran parte de la logística que posee la empresa radicada hace cinco años en la región para la producción de carbonato de litio.
Para la aplicación del convenio, se creará una Comisión de Coordinación, integrada por cada una de las partes y una Unidad Técnica para el desarrollo de las tareas necesarias para el cumplimiento del objetivo planteado.
Finalmente, José De Castro enfatizó que todas las reparticiones del Estado, empresas u organizaciones del medio quedan invitadas a adherir al presente convenio, formalizado en instalaciones de la empresa en la capital jujeña.
Neuquén: Aval al proyecto de ley de bosques
Aval para el proyecto de ley de bosques
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos -que garantiza a través de fondos de Nación su conservación- consiguió ayer despacho de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura y podría tratarse en la sesión del jueves próximo.
La diputada del MPN Graciela Muñiz Saavedra destacó la aprobación por unanimidad del proyecto que, según explicó, promueve la conservación y el uso sustentable del bosque nativo mediante el ordenamiento territorial del mismo. Comentó que todos los bloques participaron de la discusión y que finalmente luego de hacer algunos cambios al proyecto le dieron despacho.
“Se respetó mucho lo que venía del Ejecutivo, la creación de las dos subcategorías de bosques ya que de esta manera se respeta mucho la característica del bosque nativo local”, comentó la diputada, quien agregó: “Además se remarcó el respeto a la autonomía municipal, ante cualquier cambio de plan o manejo de aprovechamiento del bosque tiene que pasar primero por todas las instancias municipales”.
Cada comuna tendrá que hacerse cargo de las normas locales necesarias para llevar adelante esta ley provincial que se sustenta en la Ley nacional Nº 26.331.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos, y a partir de esta ley se asignará presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos. Del total que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
Muñiz Saavedra dijo que el presupuesto se divide en un 70% para compensar a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de las tierras con bosques nativos, y el 30% para mantener el monitoreo de las zonas llevado adelante por la autoridad de aplicación provincial. El diputado Rodolfo Canini explicó que los propietarios deberán presentar proyectos para confirmar los fondos y agregó que “habrá que estar atento al momento de aplicación de la ley”.
Fecha de Publicación: 27/10/2011
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos -que garantiza a través de fondos de Nación su conservación- consiguió ayer despacho de la Comisión de Medio Ambiente de la Legislatura y podría tratarse en la sesión del jueves próximo.
La diputada del MPN Graciela Muñiz Saavedra destacó la aprobación por unanimidad del proyecto que, según explicó, promueve la conservación y el uso sustentable del bosque nativo mediante el ordenamiento territorial del mismo. Comentó que todos los bloques participaron de la discusión y que finalmente luego de hacer algunos cambios al proyecto le dieron despacho.
“Se respetó mucho lo que venía del Ejecutivo, la creación de las dos subcategorías de bosques ya que de esta manera se respeta mucho la característica del bosque nativo local”, comentó la diputada, quien agregó: “Además se remarcó el respeto a la autonomía municipal, ante cualquier cambio de plan o manejo de aprovechamiento del bosque tiene que pasar primero por todas las instancias municipales”.
Cada comuna tendrá que hacerse cargo de las normas locales necesarias para llevar adelante esta ley provincial que se sustenta en la Ley nacional Nº 26.331.
Neuquén tiene 1.200.000 hectáreas de bosques nativos, y a partir de esta ley se asignará presupuesto y mecanismos para protegerlos y conservarlos. Del total que tiene la provincia, 530 mil están bajo la administración provincial y el resto por Parques Nacionales.
Muñiz Saavedra dijo que el presupuesto se divide en un 70% para compensar a los propietarios, arrendatarios y usufructuarios de las tierras con bosques nativos, y el 30% para mantener el monitoreo de las zonas llevado adelante por la autoridad de aplicación provincial. El diputado Rodolfo Canini explicó que los propietarios deberán presentar proyectos para confirmar los fondos y agregó que “habrá que estar atento al momento de aplicación de la ley”.
13 millones para la gestión de residuos
Mussi transfirió más de 13 millones para la gestión de residuos de 10 provincias
Fecha de Publicación: 26/10/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de fortalecer los programas municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 15 comunas de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Chaco y Formosa recibieron el financiamiento de la Secretaría de Ambiente por un monto aproximado de 13.5 millones de pesos.
“El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos es el más importante y exitoso que tiene este organismo a nivel nacional, llegamos a todo el país incluso a los municipios chicos y en lo que va del año ya ejecutamos 70 millones de pesos”, aseguró el titular de la cartera ambiental Dr. Juan José Mussi.
La transferencia quedo sellada tras la firma de los convenios entre el secretario de Ambiente y los intendentes de Alberti Leonel Omar Zacca, Gonzalez Chávez José Martínez y Lincoln Jorge Abel Fernandez (Buenos Aires); Leones Fabián Francioni y Juárez Celman Jorge Daniel Cortez (Córdoba); Santa Rosa Pedro Encinas (Corrientes); Clorinda Juan Federico Crivelli (Formosa); Yala Facundo Vargas Duran (Jujuy); General Alvear Gustavo Horacio Marcos (Mendoza); Luis Beltran Juan Carlos Apud (Río Negro); El Chaltén Luis Guevara (Santa Cruz); Chanear Ladeado Raul Serra, Comuna de Emilia Omar Panigo y San Vicente Gustavo Daniel Racca (Santa Fe); Lapachito Juan Mosqueda (Chaco).
En referencia al financiamiento que el organismo nacional entrega a las distintas municipalidades y la posterior visita del secretario de Ambiente para observar los avances de obras, Mussi aseguró que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió a todos los funcionarios de su gabinete que “nos metamos en todos los pueblos, porque en todos lados hay argentinos” . “Sepan que estamos a disposición de todos los municipios, más allá de su tamaño o partido político”, le remarcó a los intendentes.
Por su parte, Facundo Vargas Duran recordó el paso del titular de Ambiente por el municipio jujeyo de Yala , “en mi pueblo, una comuna de 5 mil habitantes, estaban todos muy contentos por la llegada de un funcionario nacional”.
El intendente de Juárez Celman agradeció a los funcionarios de la secretaria de Ambiente y declaró que por primera vez “la distribución de la riqueza no queda sólo en los discursos, desde hace 8 años se lleva a la práctica”.
Fecha de Publicación: 26/10/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
Con el objetivo de fortalecer los programas municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, 15 comunas de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, Corrientes, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Chaco y Formosa recibieron el financiamiento de la Secretaría de Ambiente por un monto aproximado de 13.5 millones de pesos.
“El Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos es el más importante y exitoso que tiene este organismo a nivel nacional, llegamos a todo el país incluso a los municipios chicos y en lo que va del año ya ejecutamos 70 millones de pesos”, aseguró el titular de la cartera ambiental Dr. Juan José Mussi.
La transferencia quedo sellada tras la firma de los convenios entre el secretario de Ambiente y los intendentes de Alberti Leonel Omar Zacca, Gonzalez Chávez José Martínez y Lincoln Jorge Abel Fernandez (Buenos Aires); Leones Fabián Francioni y Juárez Celman Jorge Daniel Cortez (Córdoba); Santa Rosa Pedro Encinas (Corrientes); Clorinda Juan Federico Crivelli (Formosa); Yala Facundo Vargas Duran (Jujuy); General Alvear Gustavo Horacio Marcos (Mendoza); Luis Beltran Juan Carlos Apud (Río Negro); El Chaltén Luis Guevara (Santa Cruz); Chanear Ladeado Raul Serra, Comuna de Emilia Omar Panigo y San Vicente Gustavo Daniel Racca (Santa Fe); Lapachito Juan Mosqueda (Chaco).
En referencia al financiamiento que el organismo nacional entrega a las distintas municipalidades y la posterior visita del secretario de Ambiente para observar los avances de obras, Mussi aseguró que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió a todos los funcionarios de su gabinete que “nos metamos en todos los pueblos, porque en todos lados hay argentinos” . “Sepan que estamos a disposición de todos los municipios, más allá de su tamaño o partido político”, le remarcó a los intendentes.
Por su parte, Facundo Vargas Duran recordó el paso del titular de Ambiente por el municipio jujeyo de Yala , “en mi pueblo, una comuna de 5 mil habitantes, estaban todos muy contentos por la llegada de un funcionario nacional”.
El intendente de Juárez Celman agradeció a los funcionarios de la secretaria de Ambiente y declaró que por primera vez “la distribución de la riqueza no queda sólo en los discursos, desde hace 8 años se lleva a la práctica”.
Pueblos fumigados de Santa Fe reclaman
Los pueblos fumigados de Santa Fe reclamaron por el derecho a la salud
Fecha de Publicación: 25/10/2011
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Llamamos a los pueblos fumigados a movilizarse en defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo de esta generación sin comprometer a las futuras". La frase resume el espíritu de la declaración que emitieron unas 70 organizaciones de pueblos fumigados de la provincia en el VIII Encuentro de la Campaña "Paren de fumigarnos". Aseguraron que "el actual modelo de agronegocios sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada".
El escrito es un llamamiento a los vecinos de los pueblos de la "pampa sojera" que alerta en defensa de la salud y del ambiente y renueva el pedido de prohibir la aspersión aérea de agroquímicos, fijar una zona de exclusión para las aspersiones terrestres de 800 metros de distancia, respecto del límite de los ejidos municipales, escuelas, caseríos y cursos de agua.
También llama a concretar acciones para recategorizar inmediatamente los agrotóxicos en uso, según lo dispone una resolución del defensor del Pueblo de la Nación. El texto también advierte sobre la necesidad de que cada población garantice el acopio, almacenamiento y manipulación de agrotóxicos en áreas alejadas.
Sobre los organismos oficiales recomienda que se fijen las disposiciones legales para que las empresas proveedoras se hagan cargo de los envases descartados. También pide que se prohíba la instalación de silos en el casco urbano y que se trasladen los existentes a una distancia no menor de 5 kilómetros de las áreas urbanas.
Cumplir resoluciones. A las autoridades sanitarias les pide que garanticen el cumplimiento público y privado en la provincia de una resolución nacional que exige la formulación de un registro de intoxicaciones por plaguicidas y que realicen con urgencia estudios epidemiológicos de morbilidad y mortalidad asociadas a los agroquímicos.
Finalmente recomienda que se desarrollen y estimulen programas de producción agroecológica en toda la provincia, promoviendo y coordinando iniciativas con organismos nacionales y áreas universitarias específicas.
Los ambientalistas señalaron que "la Argentina está en un proceso de agriculturización intensiva basado en el uso de químicos que produce la concentración de capital y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales en villas miseria, así como la destrucción de ecosistemas, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población".
"Para cada argentino, la Constitución nos brinda este derecho, pero también nos obliga a preservarlo así como obliga al Estado a proteger ese derecho, al uso racional del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica.
Denuncias. En las conclusiones del encuentro, los ambientalistas enumeran los casos denunciados de violación ambiental y afectación de la salud de los pobladores. "En los arrozales correntinos, en los montes quemados de las sierras córdobesas, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en las alfombras verdes en que se convirtieron los campos de Buenos Aires y Santa Fe, se ve la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada"
"Los más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que usados sólo para la soja, revolotean sobre nuestras cabezas y además de contaminar el ambiente, son aspirados, absorbidos o consumidos junto con los alimentos", señalaron.
"En Santa Fe, donde se produce el 80 por ciento del biodiesel del país, la provincia asumió seriamente una producción de agrocombustible que produjo la proliferación de plantas que significarán cada vez más hectáreas para dar de comer a los vehículos antes que a la gente. Los gobiernos provinciales, municipales y comunales pueden convertirse en vasallos y rehenes del fondo sojero y ser parte del problema, o ponerse al lado de sus poblaciones en defensa de la salud y la vida, mientras tanto, las tasas de mortalidad y de morbilidad se incrementan en los pueblos fumigados".
Muerte en Vera
Un hombre que manipulaba agroquímicos murió hace unos días en un centro de salud de Santa Fe al que fue llevado desde Vera. Néstor Vargas, sufrió una descompostura al manipular productos agroquímicos en un campo de Vera y llegó al hospital con vómitos y fiebre, pero tras aplicarle paracetamol fue enviado a su casa pese a indicar al personal que había manipulado esos productos. Tras fuertes dolores, un par de días después volvió al nosocomio pero no lo internaron. Vargas acudió entonces a un especialista privado que lo derivó a la capital provincial. Allí, internado en terapia intensiva, falleció por un ataque cardíaco.
Fecha de Publicación: 25/10/2011
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
"Llamamos a los pueblos fumigados a movilizarse en defensa del derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado que garantice el desarrollo de esta generación sin comprometer a las futuras". La frase resume el espíritu de la declaración que emitieron unas 70 organizaciones de pueblos fumigados de la provincia en el VIII Encuentro de la Campaña "Paren de fumigarnos". Aseguraron que "el actual modelo de agronegocios sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada".
El escrito es un llamamiento a los vecinos de los pueblos de la "pampa sojera" que alerta en defensa de la salud y del ambiente y renueva el pedido de prohibir la aspersión aérea de agroquímicos, fijar una zona de exclusión para las aspersiones terrestres de 800 metros de distancia, respecto del límite de los ejidos municipales, escuelas, caseríos y cursos de agua.
También llama a concretar acciones para recategorizar inmediatamente los agrotóxicos en uso, según lo dispone una resolución del defensor del Pueblo de la Nación. El texto también advierte sobre la necesidad de que cada población garantice el acopio, almacenamiento y manipulación de agrotóxicos en áreas alejadas.
Sobre los organismos oficiales recomienda que se fijen las disposiciones legales para que las empresas proveedoras se hagan cargo de los envases descartados. También pide que se prohíba la instalación de silos en el casco urbano y que se trasladen los existentes a una distancia no menor de 5 kilómetros de las áreas urbanas.
Cumplir resoluciones. A las autoridades sanitarias les pide que garanticen el cumplimiento público y privado en la provincia de una resolución nacional que exige la formulación de un registro de intoxicaciones por plaguicidas y que realicen con urgencia estudios epidemiológicos de morbilidad y mortalidad asociadas a los agroquímicos.
Finalmente recomienda que se desarrollen y estimulen programas de producción agroecológica en toda la provincia, promoviendo y coordinando iniciativas con organismos nacionales y áreas universitarias específicas.
Los ambientalistas señalaron que "la Argentina está en un proceso de agriculturización intensiva basado en el uso de químicos que produce la concentración de capital y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales en villas miseria, así como la destrucción de ecosistemas, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población".
"Para cada argentino, la Constitución nos brinda este derecho, pero también nos obliga a preservarlo así como obliga al Estado a proteger ese derecho, al uso racional del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica.
Denuncias. En las conclusiones del encuentro, los ambientalistas enumeran los casos denunciados de violación ambiental y afectación de la salud de los pobladores. "En los arrozales correntinos, en los montes quemados de las sierras córdobesas, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en las alfombras verdes en que se convirtieron los campos de Buenos Aires y Santa Fe, se ve la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada"
"Los más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que usados sólo para la soja, revolotean sobre nuestras cabezas y además de contaminar el ambiente, son aspirados, absorbidos o consumidos junto con los alimentos", señalaron.
"En Santa Fe, donde se produce el 80 por ciento del biodiesel del país, la provincia asumió seriamente una producción de agrocombustible que produjo la proliferación de plantas que significarán cada vez más hectáreas para dar de comer a los vehículos antes que a la gente. Los gobiernos provinciales, municipales y comunales pueden convertirse en vasallos y rehenes del fondo sojero y ser parte del problema, o ponerse al lado de sus poblaciones en defensa de la salud y la vida, mientras tanto, las tasas de mortalidad y de morbilidad se incrementan en los pueblos fumigados".
Muerte en Vera
Un hombre que manipulaba agroquímicos murió hace unos días en un centro de salud de Santa Fe al que fue llevado desde Vera. Néstor Vargas, sufrió una descompostura al manipular productos agroquímicos en un campo de Vera y llegó al hospital con vómitos y fiebre, pero tras aplicarle paracetamol fue enviado a su casa pese a indicar al personal que había manipulado esos productos. Tras fuertes dolores, un par de días después volvió al nosocomio pero no lo internaron. Vargas acudió entonces a un especialista privado que lo derivó a la capital provincial. Allí, internado en terapia intensiva, falleció por un ataque cardíaco.
Río Negro: reactivación de la minería?
La reactivación de la minería ya genera opiniones encontradas
Fecha de Publicación: 24/10/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
"Los recursos están y hay que explotarlos", dijo un funcionario provincial del sector.
Posicionamientos encontrados suscitó el anuncio del gobernador electo, Carlos Soria, de impulsar la explotación minera en la Línea Sur, aún aquella como la del oro a cielo abierto y con cianuro, que en la actualidad se encuentra prohibida por las normativas vigentes.
Referentes ambientalistas y representantes de comunidades mapuches cuestionaron la pretensión del futuro mandatario reiterando la necesidad de preservar el ambiente frente al impacto que significaría ese tipo de actividad.
De la misma manera, la legisladora Magdalena Odarda, quien oportunamente presentó un proyecto de ley prohibiendo esa producción y que luego fue tomado por el gobernador Miguel Saiz, generando una norma que se aprobó en la Legislatura rionegrina, rechazó la posición de Soria al respecto.
En cambio, el ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto ambiental, Sergio Plunkett, dijo que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde puedan darse argumentos técnicos y políticos, además de considerar factible la explotación de la minería.
Por su parte, el director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez, destacó que la provincia tiene "un potencial minero impresionante y por eso comparto lo que dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de estas actividades".
Afirmó que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un proyecto de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".
Reveló que a pesar de la vigencia de la ley que prohíbe la explotación minera con cianuro, la provincia mantiene relaciones con la empresa Pan American Silver, propietaria de los derechos mineros del proyecto Calcatreu, que precisamente quedó congelado por aquella norma. Dijo que la empresa quiere realizar esa explotación y de hecho sigue radicada en Jacobacci y mantiene los expedientes actualizados.
El director de Minería de la Provincia explicó que "Pan American Silver desde hace tiempo está trabajando fuertemente en Ingeniero Jacobacci; no hay otra cosa que hacer que consultar a la misma comunidad de Jacobacci, donde en estos momentos con el grave fenómeno de la ceniza la empresa se ha puesto al frente de un montón de actividades, está colaborando permanente con la comunidad y todavía no tiene un horizonte claro de lo que va a pasar con este proyecto".
Al recordársele que una propia ley provincial congeló ese proyecto (la ley anticianuro), expresó que "se congeló la actividad de la empresa en ese momento, pero hemos mantenido reuniones permanentemente con empresas que están en la primera categoría, incluida Pan American".
Fecha de Publicación: 24/10/2011
Fuente: Río Negro On Line
Provincia/Región: Río Negro
"Los recursos están y hay que explotarlos", dijo un funcionario provincial del sector.
Posicionamientos encontrados suscitó el anuncio del gobernador electo, Carlos Soria, de impulsar la explotación minera en la Línea Sur, aún aquella como la del oro a cielo abierto y con cianuro, que en la actualidad se encuentra prohibida por las normativas vigentes.
Referentes ambientalistas y representantes de comunidades mapuches cuestionaron la pretensión del futuro mandatario reiterando la necesidad de preservar el ambiente frente al impacto que significaría ese tipo de actividad.
De la misma manera, la legisladora Magdalena Odarda, quien oportunamente presentó un proyecto de ley prohibiendo esa producción y que luego fue tomado por el gobernador Miguel Saiz, generando una norma que se aprobó en la Legislatura rionegrina, rechazó la posición de Soria al respecto.
En cambio, el ingeniero agrónomo y especialista en estudios de impacto ambiental, Sergio Plunkett, dijo que es necesario poner el tema nuevamente en debate, donde puedan darse argumentos técnicos y políticos, además de considerar factible la explotación de la minería.
Por su parte, el director general de Minería de Río Negro, Sebastián Sánchez, destacó que la provincia tiene "un potencial minero impresionante y por eso comparto lo que dice el gobernador electo Carlos Soria de promover el desarrollo de estas actividades".
Afirmó que "realmente creo que la minería hay que explotarla", subrayando que "debe ser un proyecto de desarrollo humano sustentable, pero los recursos mineros están y hay que explotarlos".
Reveló que a pesar de la vigencia de la ley que prohíbe la explotación minera con cianuro, la provincia mantiene relaciones con la empresa Pan American Silver, propietaria de los derechos mineros del proyecto Calcatreu, que precisamente quedó congelado por aquella norma. Dijo que la empresa quiere realizar esa explotación y de hecho sigue radicada en Jacobacci y mantiene los expedientes actualizados.
El director de Minería de la Provincia explicó que "Pan American Silver desde hace tiempo está trabajando fuertemente en Ingeniero Jacobacci; no hay otra cosa que hacer que consultar a la misma comunidad de Jacobacci, donde en estos momentos con el grave fenómeno de la ceniza la empresa se ha puesto al frente de un montón de actividades, está colaborando permanente con la comunidad y todavía no tiene un horizonte claro de lo que va a pasar con este proyecto".
Al recordársele que una propia ley provincial congeló ese proyecto (la ley anticianuro), expresó que "se congeló la actividad de la empresa en ese momento, pero hemos mantenido reuniones permanentemente con empresas que están en la primera categoría, incluida Pan American".
Alumbrera: derrame de 2 T de molibdeno
Fecha de Publicación: 24/10/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Catamarca
Un camión de la empresa chilena "Messina" que regresaba de la mina Bajo La Alumbrera derrapó el viernes en la localidad de La Puntilla, a 13 kilómetros de la ciudad de Tinogasta. Como consecuencia de ello, dos bolsas conteniendo molibdeno -uno de los minerales extradídos por Minera La Alumbrera- de aproximadamente 2 mil kilos cada una cayeron a un costado del camino. Parte del polvo también cayó en un canal de riego que lleva agua hacia localidades del sur tinogasteño. Una vecina fue golpeada por un chofer de los camiones.
De acuerdo con las primeras versiones, al llegar una curva peligrosa sobre la ruta 60 habría derrapado, luego de intentar evitar el choque con otro vehículo, yendo a parar contra las barandas de contención del camino.
A causa de la inercia, dos bolsas de aproximadamente 2 mil kilos cada una cayeron a un costado del camino y se desparramaron por el aire. Parte del polvo también habría caído en un canal de riego que lleva agua hacia localidades del sur tinogasteño.
El vehículo de carga transportaba hacia el país vecino 25.000 kilos de molibdeno, una sustancia en polvo que se utiliza para aleaciones con el acero.
Cuando caminaba por la ruta con mis manos manchadas por la sustancia desparramada fui agredida cobardemente por uno de los choferes, proporcionándome contusiones y hematomas productos de la gran presión que ejerció en mis brazos.
De acuerdo con las primeras versiones, al llegar una curva peligrosa sobre la ruta 60 habría derrapado, luego de intentar evitar el choque con otro vehículo, yendo a parar contra las barandas de contención del camino.
A causa de la inercia, dos bolsas de aproximadamente 2 mil kilos cada una cayeron a un costado del camino y se desparramaron por el aire. Parte del polvo también habría caído en un canal de riego que lleva agua hacia localidades del sur tinogasteño.
El tránsito se vio interrumpido durante un lapso de horas prolongado y la policía se hizo presente junto al cuerpo de bomberos voluntarios, Defensa Civil y operarios de Vialidad Provincial para colaborar con la situación.
Para recoger el molibdeno se utilizaron máquinas pertenecientes a Vialidad, cuyos operarios trabajaron en forma intensa y a las 19:30 se logró rehabilitar la ruta para su normal tránsito.
Por tratarse de una ruta nacional, personal de gendarmería dio intervención a la fiscalía federal.
La policía intentó dar con el auto que se habría cruzado en el camino del chofer del camión, aunque los resultados fueron infructuosos. La gente en el lugar protestó por la mala señalización del camión.
Esta clase de accidentes no es la primera vez que ocurre en Tinogasta, recordemos que en julio del año pasado un camión cargado con cuatro mil kilos de nitrato de amonio volcó a 30 kilómetros de Tinogasta y puso en alerta a los habitantes de las poblaciones cercanas. Por el incidente, los vecinos de la zona habían radicado una denuncia en la fiscalía general de Tucumán investigando la posible existencia de un delito de contaminación ambiental.
La mitad de la carga, que era transportada en esa oportunidad dentro de bolsas en el interior de un container, había quedado desparramada al costado de la ruta nacional 60, en una zona desértica sobre el kilómetro 22.
Agresión a una vecina
En horas de la tarde de hoy 21 de octubre , en la localidad de La Puntilla, TINOGASTA, un camión del Transporte Messina en una curva , derramó dos bolsas de una sustancia oscura, cayendo una de ellas en el canal de riego y la otra a la orilla, volcando parte de su contenido en el agua y en el suelo.
Cuando caminaba por la ruta con mis manos manchadas por la sustancia desparramada fui agredida cobardemente por uno de los choferes, proporcionándome contusiones y hematomas productos de la gran presión que ejerció en mis brazos.
Los efectivos policiales presentes en el lugar como siempre custodiando la preciosa carga del camión, por mis desesperados pedidos de auxilio, se acercaron a tratar de que me soltara, pero este individuo ciego de furia no acató las órdenes de la Policía. Ante esto debieron intervenir los demás, llamados ambientalistas, presentes a socorrerme.
Una cobarde agresión, una salvaje defensa del saqueo, un repugnante hecho que sigue mostrando la impunidad con la que actúan los miserables, seguros de que pueden saquearnos, destruirnos, contaminarnos y los que deberian garantizarnos los derechos, miran hacia otro lado.
Luego de los tristes momentos vividos, de la angustia de estar declarando frente a un oficial como si la delicuente fuera yo, de la impotencia de ver como los derechos humanos solo se declaman para ganar votos, me voy a descansar, con la promesa de continuar esta lucha hasta donde lleguen mis fuerzas, de agradecer las reconfortantes muestras de apoyo y con más amor por la vida y esta bendita tierra que me vio nacer.
----------------------------------------------------------------------------------
Minera Alumbrera niega riesgo por el derrame químico
Fecha de Publicación: 24/10/2011
Fuente: Dairio C
Provincia/Región: Catamarca
Luego de que se conociera que, durante un accidente de tránsito, un camión que trabaja para la empresa Minera Alumbrera volcara la sustancia tóxica "molibdeno" en un canal de riego de la localidad de la Puntilla en Tinogasta, desde la empresa minera se negó que hubiera riesgo para el ambiente.
Según se informó oficialmente, de un camión que transportaba molibdeno desde el yacimiento de Bajo la Alumbrera se volcaron algunos kilos del producto. Y que luego de esto, inmediatamente se iniciaron los protocolos de seguridad y limpieza de la zona afectada, descartándose cualquier consecuencia negativa.
Además, se comunicó a las autoridades provinciales y se dispuso en el lugar personal del área de medio ambiente y seguridad industrial, quienes trabajaron en conjunto con bomberos, policía provincial y defensa civil de Tinogasta.
Salí-Dulce: Procesaron a empresario tucumano
Procesaron a empresario tucumano por contaminar la cuenca Salí-Dulce
Fecha de Publicación: 22/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El juez dispuso un embargo de $ 150 mil para el administrador de Citromax, ubicada en Tafí Viejo, tras comprobarse que la firma arrojó desechos por encima de los valores permitidos por ley.
La Justicia asestó un nuevo golpe a los responsables de industrias tucumanas que contaminan los ríos y arroyos que desembocan en el embalse Río Hondo, tras conocerse el fallo del titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, Mario Racedo, donde procesó y embargó por $ 150 mil al gerente general de la citrícola Citromax, Eduardo Lucas Fornaciari, luego de comprobar que la planta arrojó sus desechos a un canal que atraviesa la ciudad de Tafí Viejo y que luego desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Además, esta firma es investigada por la Justicia Federal local en la causa que impulsa el fiscal Simón.
Según informaron fuentes del Juzgado de Tucumán a EL LIBERAL, la causa se originó por denuncias de vecinos y abarcaba también a la citrícola Cota, pero luego el magistrado dispuso separar las causas, porque las industrias arrojan sus residuos a dos cursos hidrológicos distintos. Tras ser citado a indagatoria, el investigado Eduardo Lucas Fornaciari se presentó ante el juez Racedo, para declarar como imputado por infringir el artículo 55 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Pruebas contundentes
En los considerandos, el magistrado federal hizo hincapié en que la empresa arrojó sus desechos con los valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), de Demanda Química de Oxígeno (DQO), y de sólidos sedimentales, por encima de los parámetros que fija la ley nacional. Esto, de acuerdo con los resultados de los análisis a las muestras tomadas en la zona de descarga de la firma. Tras esta decisión de la Justicia, la causa está más cerca de ir a un juicio oral.
Cerco judicial
La citrícola Citromax lidia con otra causa judicial por contaminación, impulsada por el fiscal federal local, Pedro Simón, en el expediente 4166/10 caratulado “Denuncia Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”. En ella se investiga la responsabilidad de varias industrias tucumanas en la polución del embalse Río Hondo y sus afluentes.
Como se recordará, el titular del Ministerio Público Fiscal tiene en su poder un informe que compromete seriamente a la firma, en el que autoridades ambientales de Tucumán señalan que los líquidos industriales violan las normas.
Este informe fue incorporado a la causa por Simón como prueba, y contiene datos precisos de cómo contaminaban esta empresa y otras 16 industrias tucumanas. Dicha documentación había sido elaborada por la Dirección de Fiscalización Ambiental de Tucumán (DFA), que a su vez depende de la secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfredo Montalván.
Fecha de Publicación: 22/10/2011
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán
El juez dispuso un embargo de $ 150 mil para el administrador de Citromax, ubicada en Tafí Viejo, tras comprobarse que la firma arrojó desechos por encima de los valores permitidos por ley.
La Justicia asestó un nuevo golpe a los responsables de industrias tucumanas que contaminan los ríos y arroyos que desembocan en el embalse Río Hondo, tras conocerse el fallo del titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, Mario Racedo, donde procesó y embargó por $ 150 mil al gerente general de la citrícola Citromax, Eduardo Lucas Fornaciari, luego de comprobar que la planta arrojó sus desechos a un canal que atraviesa la ciudad de Tafí Viejo y que luego desemboca en un tributario de la cuenca Salí-Dulce. Además, esta firma es investigada por la Justicia Federal local en la causa que impulsa el fiscal Simón.
Según informaron fuentes del Juzgado de Tucumán a EL LIBERAL, la causa se originó por denuncias de vecinos y abarcaba también a la citrícola Cota, pero luego el magistrado dispuso separar las causas, porque las industrias arrojan sus residuos a dos cursos hidrológicos distintos. Tras ser citado a indagatoria, el investigado Eduardo Lucas Fornaciari se presentó ante el juez Racedo, para declarar como imputado por infringir el artículo 55 de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.
Pruebas contundentes
En los considerandos, el magistrado federal hizo hincapié en que la empresa arrojó sus desechos con los valores de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), de Demanda Química de Oxígeno (DQO), y de sólidos sedimentales, por encima de los parámetros que fija la ley nacional. Esto, de acuerdo con los resultados de los análisis a las muestras tomadas en la zona de descarga de la firma. Tras esta decisión de la Justicia, la causa está más cerca de ir a un juicio oral.
Cerco judicial
La citrícola Citromax lidia con otra causa judicial por contaminación, impulsada por el fiscal federal local, Pedro Simón, en el expediente 4166/10 caratulado “Denuncia Luis Saleme sobre envenenamiento de aguas y daño en el lago contra autores desconocidos”. En ella se investiga la responsabilidad de varias industrias tucumanas en la polución del embalse Río Hondo y sus afluentes.
Como se recordará, el titular del Ministerio Público Fiscal tiene en su poder un informe que compromete seriamente a la firma, en el que autoridades ambientales de Tucumán señalan que los líquidos industriales violan las normas.
Este informe fue incorporado a la causa por Simón como prueba, y contiene datos precisos de cómo contaminaban esta empresa y otras 16 industrias tucumanas. Dicha documentación había sido elaborada por la Dirección de Fiscalización Ambiental de Tucumán (DFA), que a su vez depende de la secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Alfredo Montalván.
Neuquén: Reclamaron por el referendum minero
Vecinos reclamaron por el referendum minero
Fecha de Publicación: 21/10/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Neuquén
En protesta silenciosa los vecinos de la Mesa del Sí desplegaron banderas y una urna encadenada frente al palco oficial. La protesta pacífica se llevo en respetuoso silencio ante la proscripción del cuerpo electoral para decidir en referendum la aprobación o rechazo de una ordenanza de iniciativa popular que propone la prohibición de la minería tóxica y otras actividades contaminantes en el éjido municipal.
Los manifestantes se sumaron a las instituciones que desfilaron ante el palco y marcharon con la urna encadenada y con sus banderas pese al disgusto de las autoridades, a quienes se atribuye la demora de 40 días que ocasionó que la Junta Electoral no habilitara el mecanismo de democracia semidirecta previsto en la ley 53 de Neuquén.
Los miembros de la mesa del sí se comprometieron a continuar sus reclamos hasta que se lleve a cabo el referendum, pese al silencio de la Cámara Nacional Electoral al recurso de queja que se interpusiera hace más de una semana contra la decisión de la Junta Electoral nacional de Neuquén que decidió que los vecinos no eran parte para intervenir en un proceso donde se discute un mecanismo de democracia participativa.
El Intendente Walter Fonseca reconoció en su discurso su frustración por no haber podido llevarse adelante el referendum, y se comprometió a que se realice en el futuro.
Los vecinos entienden que hubo presiones del gobierno provincial para apagar esta iniciativa que podría "contagiarse" a otros municipios.
Para este domingo, la Mesa del Sí espera un alto porcentaje de votos en blanco en protesta a la supresión del referendum popular.
Fecha de Publicación: 21/10/2011
Fuente: No a la Mina
Provincia/Región: Neuquén
En protesta silenciosa los vecinos de la Mesa del Sí desplegaron banderas y una urna encadenada frente al palco oficial. La protesta pacífica se llevo en respetuoso silencio ante la proscripción del cuerpo electoral para decidir en referendum la aprobación o rechazo de una ordenanza de iniciativa popular que propone la prohibición de la minería tóxica y otras actividades contaminantes en el éjido municipal.
Los manifestantes se sumaron a las instituciones que desfilaron ante el palco y marcharon con la urna encadenada y con sus banderas pese al disgusto de las autoridades, a quienes se atribuye la demora de 40 días que ocasionó que la Junta Electoral no habilitara el mecanismo de democracia semidirecta previsto en la ley 53 de Neuquén.
Los miembros de la mesa del sí se comprometieron a continuar sus reclamos hasta que se lleve a cabo el referendum, pese al silencio de la Cámara Nacional Electoral al recurso de queja que se interpusiera hace más de una semana contra la decisión de la Junta Electoral nacional de Neuquén que decidió que los vecinos no eran parte para intervenir en un proceso donde se discute un mecanismo de democracia participativa.
El Intendente Walter Fonseca reconoció en su discurso su frustración por no haber podido llevarse adelante el referendum, y se comprometió a que se realice en el futuro.
Los vecinos entienden que hubo presiones del gobierno provincial para apagar esta iniciativa que podría "contagiarse" a otros municipios.
Para este domingo, la Mesa del Sí espera un alto porcentaje de votos en blanco en protesta a la supresión del referendum popular.
Ledesma quiere invertir en biocombustibles
El Ingenio Ledesma podría realizar una fuerte inversión en caña para biocombustibles en Corrientes
Fecha de Publicación: 21/10/2011
Fuente: Siete Puntas
Provincia/Región: Corrientes
El ministro de la Producción de la provincia Jorge Vara expresó que existe una “Muy buena posibilidad con el tema de la caña, ya que el Ingenio Ledesma se ha mostrado interesado en invertir en Corrientes. Actualmente hay unos cultivadores de caña en 700 hectáreas"
En un diálogo con Cristina Vicentín, el ministro de la Producción de la provincia Jorge Vara expresó que existe una “Muy buena posibilidad con el tema de la caña, ya que el Ingenio Ledesma se ha mostrado interesado en invertir en Corrientes. Actualmente hay unos cultivadores de caña en 700 hectáreas. Las plantaciones que existen allí son clones que provienen de Ledesma”.
Vara destacó que “Corrientes fue una provincia cañera, sería bueno que vuelva a ser reconocida por ese rubro. Acá ahora se planta para hacienda, pero estamos avanzando en el trabajo con la empresa Ledesma”. Actualmente se realizan ensayos en Bella Vista con y sin riego, como en el Instituto San Nicolás (entre San Miguel y Loreto). Hace un año plantamos cañas de la bio fábrica de Misiones y funcionó muy bien, ellos quedaron asombrados con los resultados.
"Hay que aclarar que todo este tipo de proyectos, pueden salir o no. Lo que no podemos hacer nosotros es dejar de atender esta cuestión. Me parece que es una obligación de nuestro organismo. No tengo dudas de que con Ledesma o con otro grupo, o inclusive productores correntinos, se pueda avanzar en esto. Pero necesitamos 4 o 5 mil hectáreas de caña, para poder avanzar en una planta de producción, necesitamos escala para poder competir”,afirmó el funcionario.
Fecha de Publicación: 21/10/2011
Fuente: Siete Puntas
Provincia/Región: Corrientes
El ministro de la Producción de la provincia Jorge Vara expresó que existe una “Muy buena posibilidad con el tema de la caña, ya que el Ingenio Ledesma se ha mostrado interesado en invertir en Corrientes. Actualmente hay unos cultivadores de caña en 700 hectáreas"
En un diálogo con Cristina Vicentín, el ministro de la Producción de la provincia Jorge Vara expresó que existe una “Muy buena posibilidad con el tema de la caña, ya que el Ingenio Ledesma se ha mostrado interesado en invertir en Corrientes. Actualmente hay unos cultivadores de caña en 700 hectáreas. Las plantaciones que existen allí son clones que provienen de Ledesma”.
Vara destacó que “Corrientes fue una provincia cañera, sería bueno que vuelva a ser reconocida por ese rubro. Acá ahora se planta para hacienda, pero estamos avanzando en el trabajo con la empresa Ledesma”. Actualmente se realizan ensayos en Bella Vista con y sin riego, como en el Instituto San Nicolás (entre San Miguel y Loreto). Hace un año plantamos cañas de la bio fábrica de Misiones y funcionó muy bien, ellos quedaron asombrados con los resultados.
"Hay que aclarar que todo este tipo de proyectos, pueden salir o no. Lo que no podemos hacer nosotros es dejar de atender esta cuestión. Me parece que es una obligación de nuestro organismo. No tengo dudas de que con Ledesma o con otro grupo, o inclusive productores correntinos, se pueda avanzar en esto. Pero necesitamos 4 o 5 mil hectáreas de caña, para poder avanzar en una planta de producción, necesitamos escala para poder competir”,afirmó el funcionario.
Protección y conservación de Mar Chiquita
Nación y provincia de Córdoba evaluaron iniciativas para la protección y conservación de los humedales de la Cuenca Salí Dulce
Fecha de Publicación: 20/10/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero - Nacional
Por expreso pedido del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Juan José Mussi, y en respuesta a la preocupación por la bajante de la laguna Mar Chiquita y su impacto en la economía regional, el Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ing. Armando Gandía y el Coordinador de la Oficina del Agua de ese organismo, Ing. Miguel Gomez, se reunieron con los representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. En el encuentro se analizó la problemática relacionada con la contaminación y el manejo del agua del río Dulce, principal afluente de la laguna, y se evaluaron iniciativas y acciones tendientes a la protección y conservación de los humedales y su biodiversidad asociada.
En ese sentido el Subsecretario transmitió la decisión del Secretario Mussi de apoyar desde el organismo nacional las actividades que se promuevan en el Comité de Cuenca del Río Salí Dulce para la protección y el uso sustentable de los cuerpos de agua ubicados en la cuenca, en particular los bañados del río Dulce, humedal de importancia internacional (sitio Ramsar) que comparten las Provincias de Córdoba y Santiago del Estero.
Los funcionarios presentes coincidieron en la necesidad de impulsar la búsqueda de consensos para ejecutar acciones que garanticen un uso equitativo del agua en la Cuenca y la protección de la laguna Mar Chiquita, cuerpo de agua que es el depositario final del río Dulce. En ese marco, es que la Secretaría de Ambiente de Córdoba propone que el Comité de Cuenca acompañe a las Provincias de Córdoba y Santiago del Estero en las actividades de control de canalizaciones y uso del agua en el curso medio y bajo del río para asegurar la conservación de los ecosistemas, tal como se viene realizando con la inspección de las industrias ubicadas en la Provincia de Tucumán.
Fecha de Publicación: 20/10/2011
Fuente: Secretaría de Ambiente
Provincia/Región: Córdoba - Santiago del Estero - Nacional
Por expreso pedido del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Dr. Juan José Mussi, y en respuesta a la preocupación por la bajante de la laguna Mar Chiquita y su impacto en la economía regional, el Subsecretario de Coordinación de Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ing. Armando Gandía y el Coordinador de la Oficina del Agua de ese organismo, Ing. Miguel Gomez, se reunieron con los representantes de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. En el encuentro se analizó la problemática relacionada con la contaminación y el manejo del agua del río Dulce, principal afluente de la laguna, y se evaluaron iniciativas y acciones tendientes a la protección y conservación de los humedales y su biodiversidad asociada.
En ese sentido el Subsecretario transmitió la decisión del Secretario Mussi de apoyar desde el organismo nacional las actividades que se promuevan en el Comité de Cuenca del Río Salí Dulce para la protección y el uso sustentable de los cuerpos de agua ubicados en la cuenca, en particular los bañados del río Dulce, humedal de importancia internacional (sitio Ramsar) que comparten las Provincias de Córdoba y Santiago del Estero.
Los funcionarios presentes coincidieron en la necesidad de impulsar la búsqueda de consensos para ejecutar acciones que garanticen un uso equitativo del agua en la Cuenca y la protección de la laguna Mar Chiquita, cuerpo de agua que es el depositario final del río Dulce. En ese marco, es que la Secretaría de Ambiente de Córdoba propone que el Comité de Cuenca acompañe a las Provincias de Córdoba y Santiago del Estero en las actividades de control de canalizaciones y uso del agua en el curso medio y bajo del río para asegurar la conservación de los ecosistemas, tal como se viene realizando con la inspección de las industrias ubicadas en la Provincia de Tucumán.
Los Esteros del Iberá, en el centro de una disputa
Los Esteros del Iberá, en el centro de una disputa
Fecha de Publicación: 20/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Corrientes
Se impulsa la creación de un parque nacional, pero en la provincia rechazan ese estatus
El manejo de los recursos naturales del humedal más grande de América del Sur, la zona correntina conocida como los Esteros del Iberá, está en el centro de una disputa. Mientras varias ONG, que cuentan con la anuencia del gobierno nacional, impulsan convertirlo en parque nacional, otras, con una postura más cercana a la administración provincial de Ricardo Colombi (de origen radical), quieren conservarlo como área protegida local.
La reserva natural que incluye a los Esteros del Iberá es una amplia red de arroyos, lagunas, pantanos y bañados que abarcan 1.300.000 ha en la provincia de Corrientes.
La propiedad y el uso de esas tierras son el centro de discusión. Como para darse una idea, de todo el territorio, unas 550.000 ha son terrenos fiscales. El resto, de propiedad privada.
Conservation Land Trust (CLT), la ONG que preside el millonario norteamericano Douglas Tompkins, es propietaria de 135.000 ha en esa zona. El resto corresponde a productores privados. En este último rubro el reparto no es equitativo: hay 1800 propietarios chicos y dos empresas forestales que tienen, con conjunto, 220.000 ha.
La producción es liderada por el ganado; le siguen la explotación maderera y, en tercer lugar, el arroz.
Tompkins asegura que donará las tierras a la provincia una vez que tengan el estatus jurídico de parque nacional. Incluso, ha diseñado una ruta escénica en los esteros para que los correntinos puedan disfrutar de las bellezas a las que hoy no tienen ingreso.
"Es el humedal más grande de agua dulce que tiene la Argentina. Buscamos poder completar nuestro proyecto, que incluye la reinserción de especies, y permitir el desarrollo local", explicó Sofía Heinonen, bióloga y presidenta de CLT.
Pero esta iniciativa, que tendría el visto bueno de la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Turismo, a cargo de Enrique Meyer, es resistida por las autoridades provinciales y por varias ONG de la zona.
Represa
La pelea recrudeció después de que la Secretaría de Ambiente de la Nación denegara el permiso de impacto ambiental a la represa Ayuí Grande, proyectada en la cuenca del río Uruguay y que tiene como uno de los principales accionistas al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
"Pese al prédica de falsos ambientalistas y de sectores extramuros, los correntinos seguiremos siendo los únicos en decidir cómo explotar nuestros recursos", dijo el gobernador Colombi, al defender el proyecto de la represa.
"A todos aquellos que quieren convertir al Iberá en parque nacional les digo con claridad: el Iberá es y seguirá siendo de los correntinos y en esto vamos a poner todo lo que tenemos que poner para sostenerlo", sostuvo el mandatario provincial durante la inauguración de la exposición ganadera de Mercedes. LA NACION intentó contactarlo en tres ocasiones y la llamada no fue respondida por sus funcionarios.
"Con el cuento de algunos proyectos turísticos se quieren eliminar molinos, establecimientos ganaderos y otros relacionados con la producción para preservar la visión. La realidad indica que hay formas de compatibilizar el turismo y la producción y que nuestra gente obtenga réditos de ambas maneras de generar empleo", había agregado el gobernador en aquella oportunidad.
En el mismo sentido explicó el conflicto Mabel Moulin, vocera de la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos: "Este siniestro plan [el de Tompkins] afectaría, además de las 500.000 ha fiscales, a 800.000 ha privadas, productivas y pobladas por comunidades organizadas de siete departamentos. Sabiendo que la pretensión final de Tompkins es la declaración de parque nacional de toda esa superficie, siendo que allí está prohibida la presencia de poblaciones y de toda actividad productiva, cabe preguntarse ¿cuál será el destino de los habitantes del lugar y el futuro de esta postergada provincia?".
LA NACION consultó a la APN sobre el impulso al parque nacional, entidad donde reiteraron que no se inmiscuirán en las decisiones que tome la provincia.
Fecha de Publicación: 20/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Corrientes
Se impulsa la creación de un parque nacional, pero en la provincia rechazan ese estatus
El manejo de los recursos naturales del humedal más grande de América del Sur, la zona correntina conocida como los Esteros del Iberá, está en el centro de una disputa. Mientras varias ONG, que cuentan con la anuencia del gobierno nacional, impulsan convertirlo en parque nacional, otras, con una postura más cercana a la administración provincial de Ricardo Colombi (de origen radical), quieren conservarlo como área protegida local.
La reserva natural que incluye a los Esteros del Iberá es una amplia red de arroyos, lagunas, pantanos y bañados que abarcan 1.300.000 ha en la provincia de Corrientes.
La propiedad y el uso de esas tierras son el centro de discusión. Como para darse una idea, de todo el territorio, unas 550.000 ha son terrenos fiscales. El resto, de propiedad privada.
Conservation Land Trust (CLT), la ONG que preside el millonario norteamericano Douglas Tompkins, es propietaria de 135.000 ha en esa zona. El resto corresponde a productores privados. En este último rubro el reparto no es equitativo: hay 1800 propietarios chicos y dos empresas forestales que tienen, con conjunto, 220.000 ha.
La producción es liderada por el ganado; le siguen la explotación maderera y, en tercer lugar, el arroz.
Tompkins asegura que donará las tierras a la provincia una vez que tengan el estatus jurídico de parque nacional. Incluso, ha diseñado una ruta escénica en los esteros para que los correntinos puedan disfrutar de las bellezas a las que hoy no tienen ingreso.
"Es el humedal más grande de agua dulce que tiene la Argentina. Buscamos poder completar nuestro proyecto, que incluye la reinserción de especies, y permitir el desarrollo local", explicó Sofía Heinonen, bióloga y presidenta de CLT.
Pero esta iniciativa, que tendría el visto bueno de la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ministerio de Turismo, a cargo de Enrique Meyer, es resistida por las autoridades provinciales y por varias ONG de la zona.
Represa
La pelea recrudeció después de que la Secretaría de Ambiente de la Nación denegara el permiso de impacto ambiental a la represa Ayuí Grande, proyectada en la cuenca del río Uruguay y que tiene como uno de los principales accionistas al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda.
"Pese al prédica de falsos ambientalistas y de sectores extramuros, los correntinos seguiremos siendo los únicos en decidir cómo explotar nuestros recursos", dijo el gobernador Colombi, al defender el proyecto de la represa.
"A todos aquellos que quieren convertir al Iberá en parque nacional les digo con claridad: el Iberá es y seguirá siendo de los correntinos y en esto vamos a poner todo lo que tenemos que poner para sostenerlo", sostuvo el mandatario provincial durante la inauguración de la exposición ganadera de Mercedes. LA NACION intentó contactarlo en tres ocasiones y la llamada no fue respondida por sus funcionarios.
"Con el cuento de algunos proyectos turísticos se quieren eliminar molinos, establecimientos ganaderos y otros relacionados con la producción para preservar la visión. La realidad indica que hay formas de compatibilizar el turismo y la producción y que nuestra gente obtenga réditos de ambas maneras de generar empleo", había agregado el gobernador en aquella oportunidad.
En el mismo sentido explicó el conflicto Mabel Moulin, vocera de la Fundación Iberá Patrimonio de los Correntinos: "Este siniestro plan [el de Tompkins] afectaría, además de las 500.000 ha fiscales, a 800.000 ha privadas, productivas y pobladas por comunidades organizadas de siete departamentos. Sabiendo que la pretensión final de Tompkins es la declaración de parque nacional de toda esa superficie, siendo que allí está prohibida la presencia de poblaciones y de toda actividad productiva, cabe preguntarse ¿cuál será el destino de los habitantes del lugar y el futuro de esta postergada provincia?".
LA NACION consultó a la APN sobre el impulso al parque nacional, entidad donde reiteraron que no se inmiscuirán en las decisiones que tome la provincia.
Nuestros bosques, sin presupuesto
Nuestros bosques, sin presupuesto
Fecha de Publicación: 19/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno no cumple con la ley al asignar fondos ínfimos para la preservación de nuestras reservas forestales
Desde el punto de vista ambiental, el debate del presupuesto resulta esencial. El monto asignado al desarrollo de una política ambiental adecuada define las posibilidades de garantizar una respuesta acorde con temas críticos como la problemática del agua, la energía, la protección de la biodiversidad, el ordenamiento ambiental, la conservación y el uso de todos nuestros valiosos recursos naturales que tanto contribuyen a la calidad de vida de todos los argentinos.
De nada sirve contar con grandes leyes o suscribir convenios internacionales si no podemos lograr que se cumplan. Los recursos para la autoridad ambiental permiten definir si será posible poner en su verdadera dimensión los principios consagrados en los convenios internacionales, y los preceptos de nuestra Constitución sobre el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo y a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
La ley de protección ambiental de bosques nativos dispone la creación de un fondo que tiene como objetivo compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial de sus jurisdicciones, no puedan poner en producción los territorios en cuestión. Ahora bien, el proyecto de presupuesto para 2012 enviado por el gobierno nacional al Congreso dispone una partida de apenas 267 millones de pesos que serían destinados al Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, lo cual representaría poco menos de la mitad del total contemplado para Fútbol para Todos.
Esto es muy preocupante, ya que la misma norma señala: "Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional". Esto significaría que para el año que viene deberían girarse 2200 millones de pesos, de manera que si ello no ocurriera se estaría violando la propia ley, cosa que ya viene ocurriendo en los años anteriores. Para el presupuesto del año pasado, se implementó un Fondo de Conservación de Bosques por 300 millones de pesos, cuando la asignación a las provincias debería haber sido por lo menos de 1300 millones.
Resulta lógico que los gobernadores de las provincias reclamen una asignación mayor por parte de la Nación, puesto que a partir de los fondos mencionados no se llegaría a cumplir con los objetivos de conservación de bosques nativos consagrados por la norma, a través del ya conocido mecanismo de pago por servicios ambientales, perjudicando su correcto funcionamiento y fomentando la utilización y expansión de grandes territorios para la producción agropecuaria.
La responsabilidad del Estado en los aspectos ambientales tiene como fundamento principal la cooperación e integración entre los tres Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, tanto sea para el dictado de normas como en lo que respecta a su correcto funcionamiento y acatamiento.
El umbral de percepción de nuestros representantes es tan bajo que parece que este tipo de dilemas escapan a sus responsabilidades. La crisis dirigencial también se ve en esta materia, donde se percibe una falta de educación adecuada a la complejidad del problema. No se advierte su magnitud y ciertamente prevalece una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas parecen ajenos a la realidad.
Fecha de Publicación: 19/10/2011
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno no cumple con la ley al asignar fondos ínfimos para la preservación de nuestras reservas forestales
Desde el punto de vista ambiental, el debate del presupuesto resulta esencial. El monto asignado al desarrollo de una política ambiental adecuada define las posibilidades de garantizar una respuesta acorde con temas críticos como la problemática del agua, la energía, la protección de la biodiversidad, el ordenamiento ambiental, la conservación y el uso de todos nuestros valiosos recursos naturales que tanto contribuyen a la calidad de vida de todos los argentinos.
De nada sirve contar con grandes leyes o suscribir convenios internacionales si no podemos lograr que se cumplan. Los recursos para la autoridad ambiental permiten definir si será posible poner en su verdadera dimensión los principios consagrados en los convenios internacionales, y los preceptos de nuestra Constitución sobre el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado, con el deber correlativo de preservarlo y a las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental.
La ley de protección ambiental de bosques nativos dispone la creación de un fondo que tiene como objetivo compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial de sus jurisdicciones, no puedan poner en producción los territorios en cuestión. Ahora bien, el proyecto de presupuesto para 2012 enviado por el gobierno nacional al Congreso dispone una partida de apenas 267 millones de pesos que serían destinados al Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, lo cual representaría poco menos de la mitad del total contemplado para Fútbol para Todos.
Esto es muy preocupante, ya que la misma norma señala: "Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la presente ley no podrán ser inferiores al 0,3 por ciento del presupuesto nacional". Esto significaría que para el año que viene deberían girarse 2200 millones de pesos, de manera que si ello no ocurriera se estaría violando la propia ley, cosa que ya viene ocurriendo en los años anteriores. Para el presupuesto del año pasado, se implementó un Fondo de Conservación de Bosques por 300 millones de pesos, cuando la asignación a las provincias debería haber sido por lo menos de 1300 millones.
Resulta lógico que los gobernadores de las provincias reclamen una asignación mayor por parte de la Nación, puesto que a partir de los fondos mencionados no se llegaría a cumplir con los objetivos de conservación de bosques nativos consagrados por la norma, a través del ya conocido mecanismo de pago por servicios ambientales, perjudicando su correcto funcionamiento y fomentando la utilización y expansión de grandes territorios para la producción agropecuaria.
La responsabilidad del Estado en los aspectos ambientales tiene como fundamento principal la cooperación e integración entre los tres Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, tanto sea para el dictado de normas como en lo que respecta a su correcto funcionamiento y acatamiento.
El umbral de percepción de nuestros representantes es tan bajo que parece que este tipo de dilemas escapan a sus responsabilidades. La crisis dirigencial también se ve en esta materia, donde se percibe una falta de educación adecuada a la complejidad del problema. No se advierte su magnitud y ciertamente prevalece una política de coyuntura frente a la cual todos los demás problemas parecen ajenos a la realidad.
Argentina, líder en biocombustibles
Argentina, líder en biocombustibles
Fecha de Publicación: 19/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación, Julio De Vido destacó en Santa Fe que las ganancias del dector deben servir para “sostener el crecimiento regional” donde se produce e industrializa.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó ayer que la Argentina “es el primer exportador de biodiesel en el mundo”, elogió “la magnitud y la calidad” de la producción nacional, y señaló que las ganancias que generen los biocombustibles deben servir para sostener el crecimiento de las regiones donde se producen e industrializan.
Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco de la reunión anual del sector que se desarrolló ayer en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. “De esta cadena de valor debemos armar la mesa de trabajo para que las plusvalías que generen los biocombustibles se queden en las localidades donde se producen las materias primas (caña de azúcar, soja y maíz) y en especial donde se los procesa”, dijo De Vido, ante la atenta mirada de representantes de toda la cadena de valor de los biocombustibles. Los datos de la actividad en el país son concretos: en Argentina se producen 2,4 millones de toneladas anuales de biodiesel, de los cuales 1,6 millones se exportan y 800 mil toneladas (33%) se destinan al corte del 7% en el gasoil para consumo interno. Esas 800 mil toneladas de biodiesel sustituyen importaciones de gasoil por U$S 900 millones. Argentina también produce alrededor de 120 mil metros cúbicos anuales de bioetanol, con una proyección para el final de esta zafra de alcanzar los 180 mil metros cúbicos.
La totalidad del bioetanol proviene de la caña de azúcar. A partir del próximo año parte de la producción de maíz también se utilizará para producir bioetanol, lo que elevará la oferta a 218 mil metros cúbicos.
En el encuentro estuvieron presentes el coordinador nacional de Biocombustibles, Javier De Urquiza; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid; el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victora, Omar Perotti, y el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero. En su exposición, De Vido dijo que el objetivo del gobierno es que “el millón de biodiesel que se va a producir de más entre 2012 y 2013 se consuma en el país, porque eso va a significar que está creciendo la industria, los ferrocarriles, la integración con la energía renovable a partir de turbinas accionadas al 100% con biocombustibles”.
En relación a las trabas arancelarias dispuestas por los países más desarrollados, De Vido sostuvo que “ellos hacen lo que les conviene y nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene, es decir usar la integración para avanzar en las prioridades que el sector de biocombustibles demande, para que estos asuman el rol protagónico en la matriz energética nacional”.
Fecha de Publicación: 19/10/2011
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
El ministro de Planificación, Julio De Vido destacó en Santa Fe que las ganancias del dector deben servir para “sostener el crecimiento regional” donde se produce e industrializa.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó ayer que la Argentina “es el primer exportador de biodiesel en el mundo”, elogió “la magnitud y la calidad” de la producción nacional, y señaló que las ganancias que generen los biocombustibles deben servir para sostener el crecimiento de las regiones donde se producen e industrializan.
Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco de la reunión anual del sector que se desarrolló ayer en Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe. “De esta cadena de valor debemos armar la mesa de trabajo para que las plusvalías que generen los biocombustibles se queden en las localidades donde se producen las materias primas (caña de azúcar, soja y maíz) y en especial donde se los procesa”, dijo De Vido, ante la atenta mirada de representantes de toda la cadena de valor de los biocombustibles. Los datos de la actividad en el país son concretos: en Argentina se producen 2,4 millones de toneladas anuales de biodiesel, de los cuales 1,6 millones se exportan y 800 mil toneladas (33%) se destinan al corte del 7% en el gasoil para consumo interno. Esas 800 mil toneladas de biodiesel sustituyen importaciones de gasoil por U$S 900 millones. Argentina también produce alrededor de 120 mil metros cúbicos anuales de bioetanol, con una proyección para el final de esta zafra de alcanzar los 180 mil metros cúbicos.
La totalidad del bioetanol proviene de la caña de azúcar. A partir del próximo año parte de la producción de maíz también se utilizará para producir bioetanol, lo que elevará la oferta a 218 mil metros cúbicos.
En el encuentro estuvieron presentes el coordinador nacional de Biocombustibles, Javier De Urquiza; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el ex gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid; el candidato a diputado nacional por el Frente para la Victora, Omar Perotti, y el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero. En su exposición, De Vido dijo que el objetivo del gobierno es que “el millón de biodiesel que se va a producir de más entre 2012 y 2013 se consuma en el país, porque eso va a significar que está creciendo la industria, los ferrocarriles, la integración con la energía renovable a partir de turbinas accionadas al 100% con biocombustibles”.
En relación a las trabas arancelarias dispuestas por los países más desarrollados, De Vido sostuvo que “ellos hacen lo que les conviene y nosotros tenemos que hacer lo que nos conviene, es decir usar la integración para avanzar en las prioridades que el sector de biocombustibles demande, para que estos asuman el rol protagónico en la matriz energética nacional”.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse
Entradas
Comentarios