Presiones e intereses por Ley de Agroquímicos
16:44 | 
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Presiones e intereses contrarios a una nueva Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Agenciafe
Provincia/Región: Santa Fe
En la Legislatura santafesina son varios los proyectos de ley presentados que buscan poner un límite a la utilización de glifosato y endosulfán –entre otros químicos– en zonas rurales cercanas a poblaciones, escuelas y cursos de agua. Sin embargo, las presiones de productores sojeros –entre ellos algunos diputados y senadores– juegan en contra de la posibilidad de discutir una norma que, en su justa medida, garantice la salud pública y la producción agropecuaria.
Por lo pronto, el 10 de junio último la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe firmó un dictamen para modificar la Ley Nº 11.273, que es la que regula el uso de productos fitosanitarios.
El texto establece límites físicos (distancias) y legales más claros en cuanto a la utilización de químicos en zonas urbanas y rurales, pero ahora en la comisión de Agricultura y Ganadería se hicieron cambios –ver página cinco– que ponen de manifiesto los intereses personales de algunos legisladores, productores y multinacionales proveedoras de agrotóxicos, que están en contra de las restricciones introducidas.
El tema no es nuevo, lleva varios años siendo discutido en ambas cámaras. Los contrapuestos criterios científicos –a favor y en contra– sobre los límites para la utilización de agroquímicos son funcionales a que no avance la sanción de una ley que contenga más garantías para la salud pública, en razón del boom sojero que experimenta gran parte del territorio santafesino y el consecuente uso de fitosanitarios.
A su vez, tanto productores como diputados santafesinos consideran que no hay estudio científico publicado en la Argentina que ratifique la peligrosidad que denuncian algunas organizaciones medioambientales, científicos, biólogos y otros profesionales en relación al glifosato o el endosulfán, por ejemplo.
No obstante, ésa no es toda la verdad sino una parte. Al respecto, varios de los estudios que hablan de la inocuidad de los agroquímicos en personas, animales, suelo y agua son los encargados por la empresa Monsanto –el fabricante. En tanto, un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) expresó que el glifosato no implica riesgos para la salud humana “siempre y cuando se utilice de forma responsable”, aunque hay investigadores que aseguran que esa conclusión está basada en el informe de la multinacional Monsanto.
Medio ambiente vs. agricultura
El dictamen de Medio Ambiente y Recursos Naturales con las modificaciones a la Ley Nº 11.273 –firmado por los diputados Mario Drisun (luego renunció para ser secretario de Gobierno de la provincia), Oscar Urruty (PPS), Luis Mauri (PDP), Santiago Mascheroni (UCR) y Leonardo Simoniello (UCR)– estaba hacía cuatro meses en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja.
En ese contexto, Mascheroni reconoció que hay colegas suyos –y ahora quedó demostrado en la comisión de Agricultura y Ganadería– que no están conformes con los límites que se introdujeron en la iniciativa para permitir las fumigaciones aéreas y terrestres.
¿Qué dice el dictamen que ahora un sector legislativo no quiere ver? Sobre la utilización de productos peligrosos y tóxicos (Banda Roja), se estableció una prohibición desde los 3.000 metros del límite de las plantas urbanas para la aplicación aérea y 1.000 para la terrestre. En cuanto a la cercanía con los establecimientos educacionales rurales, parques industriales, complejos deportivos y recreativos y zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas se instauró 1.000 metros para la pulverización aérea y 500 para la terrestre, y los mismos radios de protección se pretenden implantar para proximidad de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Pero además se prevé que en caso de existir ordenanza municipal o comunal, y que “taxativamente” figure en la reglamentación, se podrán aplicar a través de equipos terrestres productos de clase toxicológicas “moderadamente peligrosos (Banda Amarilla)”, “poco peligrosos (Banda Azul)” y “que normalmente no ofrecen peligro (Banda Amarilla)” hasta los 300 metros del límite de las plantas urbanas, escuelas rurales, parques industriales, complejos deportivos y recreativos, zonas de interés turístico, áreas naturales protegidas, ríos, arroyos, lagunas y humedales. Para la aplicación aérea de los mencionados productos se establecieron 500 metros.
—Mascheroni, ¿existen presiones en relación a los límites previstos?
—Sí, hay disputas de intereses objetivas, pero nosotros más allá de impulsar medidas puntuales lo que estamos diciendo es que se impone necesario discutir el modelo productivo, porque se atropella todo con el cuento de la rentabilidad. También es necesario compatibilizar los intereses que, en algunos casos, están contrapuestos.
“Vamos a seguir con las consultas porque nos permite enriquecer la opinión, pero al final se debe tomar una decisión política”, dijo el diputado Santiago Mascheroni, en lo que constituye un reclamo por elevación al socialismo, que tiene la llave política para destrabar el conflicto de intereses. “Mi preocupación sería que nos la pasemos discutiendo hasta el hartazgo, con un excesivo celo en cuestiones estrictamente técnicas y que impida conseguir una mejora a la normativa que ayude a resguardar la salud pública de la gente”, finalizó el diputado radical que espera “una mayor predisposición de sus pares para cambiar la ley”.
Fecha de Publicación: 26/10/2009
Fuente: Agenciafe
Provincia/Región: Santa Fe
En la Legislatura santafesina son varios los proyectos de ley presentados que buscan poner un límite a la utilización de glifosato y endosulfán –entre otros químicos– en zonas rurales cercanas a poblaciones, escuelas y cursos de agua. Sin embargo, las presiones de productores sojeros –entre ellos algunos diputados y senadores– juegan en contra de la posibilidad de discutir una norma que, en su justa medida, garantice la salud pública y la producción agropecuaria.
Por lo pronto, el 10 de junio último la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe firmó un dictamen para modificar la Ley Nº 11.273, que es la que regula el uso de productos fitosanitarios.
El texto establece límites físicos (distancias) y legales más claros en cuanto a la utilización de químicos en zonas urbanas y rurales, pero ahora en la comisión de Agricultura y Ganadería se hicieron cambios –ver página cinco– que ponen de manifiesto los intereses personales de algunos legisladores, productores y multinacionales proveedoras de agrotóxicos, que están en contra de las restricciones introducidas.
El tema no es nuevo, lleva varios años siendo discutido en ambas cámaras. Los contrapuestos criterios científicos –a favor y en contra– sobre los límites para la utilización de agroquímicos son funcionales a que no avance la sanción de una ley que contenga más garantías para la salud pública, en razón del boom sojero que experimenta gran parte del territorio santafesino y el consecuente uso de fitosanitarios.
A su vez, tanto productores como diputados santafesinos consideran que no hay estudio científico publicado en la Argentina que ratifique la peligrosidad que denuncian algunas organizaciones medioambientales, científicos, biólogos y otros profesionales en relación al glifosato o el endosulfán, por ejemplo.
No obstante, ésa no es toda la verdad sino una parte. Al respecto, varios de los estudios que hablan de la inocuidad de los agroquímicos en personas, animales, suelo y agua son los encargados por la empresa Monsanto –el fabricante. En tanto, un consejo de expertos que trabajó en el ámbito del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) expresó que el glifosato no implica riesgos para la salud humana “siempre y cuando se utilice de forma responsable”, aunque hay investigadores que aseguran que esa conclusión está basada en el informe de la multinacional Monsanto.
Medio ambiente vs. agricultura
El dictamen de Medio Ambiente y Recursos Naturales con las modificaciones a la Ley Nº 11.273 –firmado por los diputados Mario Drisun (luego renunció para ser secretario de Gobierno de la provincia), Oscar Urruty (PPS), Luis Mauri (PDP), Santiago Mascheroni (UCR) y Leonardo Simoniello (UCR)– estaba hacía cuatro meses en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja.
En ese contexto, Mascheroni reconoció que hay colegas suyos –y ahora quedó demostrado en la comisión de Agricultura y Ganadería– que no están conformes con los límites que se introdujeron en la iniciativa para permitir las fumigaciones aéreas y terrestres.
¿Qué dice el dictamen que ahora un sector legislativo no quiere ver? Sobre la utilización de productos peligrosos y tóxicos (Banda Roja), se estableció una prohibición desde los 3.000 metros del límite de las plantas urbanas para la aplicación aérea y 1.000 para la terrestre. En cuanto a la cercanía con los establecimientos educacionales rurales, parques industriales, complejos deportivos y recreativos y zonas de interés turístico y áreas naturales protegidas se instauró 1.000 metros para la pulverización aérea y 500 para la terrestre, y los mismos radios de protección se pretenden implantar para proximidad de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y humedales.
Pero además se prevé que en caso de existir ordenanza municipal o comunal, y que “taxativamente” figure en la reglamentación, se podrán aplicar a través de equipos terrestres productos de clase toxicológicas “moderadamente peligrosos (Banda Amarilla)”, “poco peligrosos (Banda Azul)” y “que normalmente no ofrecen peligro (Banda Amarilla)” hasta los 300 metros del límite de las plantas urbanas, escuelas rurales, parques industriales, complejos deportivos y recreativos, zonas de interés turístico, áreas naturales protegidas, ríos, arroyos, lagunas y humedales. Para la aplicación aérea de los mencionados productos se establecieron 500 metros.
—Mascheroni, ¿existen presiones en relación a los límites previstos?
—Sí, hay disputas de intereses objetivas, pero nosotros más allá de impulsar medidas puntuales lo que estamos diciendo es que se impone necesario discutir el modelo productivo, porque se atropella todo con el cuento de la rentabilidad. También es necesario compatibilizar los intereses que, en algunos casos, están contrapuestos.
“Vamos a seguir con las consultas porque nos permite enriquecer la opinión, pero al final se debe tomar una decisión política”, dijo el diputado Santiago Mascheroni, en lo que constituye un reclamo por elevación al socialismo, que tiene la llave política para destrabar el conflicto de intereses. “Mi preocupación sería que nos la pasemos discutiendo hasta el hartazgo, con un excesivo celo en cuestiones estrictamente técnicas y que impida conseguir una mejora a la normativa que ayude a resguardar la salud pública de la gente”, finalizó el diputado radical que espera “una mayor predisposición de sus pares para cambiar la ley”.
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