Pesca: se necesitan normas claras
Pesca: se necesitan normas claras
Fecha de Publicación: 01/07/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La trascendencia pública que han adquirido las conclusiones del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el desempeño de la Subsecretaría de Pesca invita una vez más a la reflexión sobre el estado del sector y su actividad, de importancia estratégica para nuestro país. También plantea la necesidad de ponderar su aporte al desarrollo sustentable de la Argentina en su sentido más amplio.
Si bien el informe destaca resultados promisorios en el control de la pesca ilegal en aguas nacionales, ratifica ciertas cuestiones que desde hace tiempo hemos expuesto en estas columnas. En particular, advierte sobre la "falta de transparencia" y las "falencias de control y fiscalización" de buques que pescan merluza y calamar. Como consecuencia de la sobrepesca, las reservas de ambas especies se encuentran en vías de extinción.
Las irregularidades cometidas en el otorgamiento de los permisos de pesca y la asignación de las cuotas correspondientes, así como los vicios en los procesos de inspección de las capturas, llevan a ambas especies al borde de la desaparición. Esa trágica situación pone en riesgo la supervivencia de la actividad pesquera y amenaza con estrangular en el corto y el mediano plazos la oferta al mercado consumidor.
La pesca es una actividad de carácter estratégico para nuestro país que, año tras año, reporta aproximadamente 1000 millones de dólares en exportaciones. La Argentina tiene una de las plataformas marítimas más extensas en el mundo. En un contexto de fuerte demanda internacional de alimentos, la actividad cobra una relevancia fundamental, pero es insuficientemente atendida por los responsables políticos. No puede dejar de mencionarse, asimismo, el impacto social y laboral en las localidades que viven del producto de los puertos.
Los entendimientos poco transparentes entre autoridades sectoriales y empresarios pesqueros ponen en peligro la sustentabilidad general del recurso pesquero, sobre todo de la merluza y el calamar. Eso mina la confiabilidad y la previsibilidad del sistema político y normativo argentino en su conjunto, condiciones esenciales para cualquier actividad económica o inversión productiva.
El desarrollo sustentable de cualquier país se fundamenta en normas claras y un recto funcionamiento de los mecanismos de control y de sanción de los infractores. En este sentido, una efectiva aplicación del Régimen Federal de Pesca, por largo tiempo descuidada y violada, resulta de particular urgencia.
De este modo, no sólo sería favorable para el sector la recreación de un clima previsible y confiable para la inversión de capital, sino también para la economía y el medio ambiente mientras se cuidan las especies ictícolas.
Las empresas productoras verían rentable el desarrollo de sus actividades y podrían afrontar sus costos de modo eficiente y sostenible, lo cual representaría un aporte a la productividad global de la economía y a su competitividad.
La Argentina acarrea una larga deuda con el sector pesquero. Urge su saneamiento y una apuesta por la transparencia y por la eficiencia regulatoria. Los esfuerzos en esta dirección ratificarían la intención de recrear la institucionalidad, largamente devaluada, y significarían un claro signo de compromiso con el bien común.
Fecha de Publicación: 01/07/2008
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
La trascendencia pública que han adquirido las conclusiones del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el desempeño de la Subsecretaría de Pesca invita una vez más a la reflexión sobre el estado del sector y su actividad, de importancia estratégica para nuestro país. También plantea la necesidad de ponderar su aporte al desarrollo sustentable de la Argentina en su sentido más amplio.
Si bien el informe destaca resultados promisorios en el control de la pesca ilegal en aguas nacionales, ratifica ciertas cuestiones que desde hace tiempo hemos expuesto en estas columnas. En particular, advierte sobre la "falta de transparencia" y las "falencias de control y fiscalización" de buques que pescan merluza y calamar. Como consecuencia de la sobrepesca, las reservas de ambas especies se encuentran en vías de extinción.
Las irregularidades cometidas en el otorgamiento de los permisos de pesca y la asignación de las cuotas correspondientes, así como los vicios en los procesos de inspección de las capturas, llevan a ambas especies al borde de la desaparición. Esa trágica situación pone en riesgo la supervivencia de la actividad pesquera y amenaza con estrangular en el corto y el mediano plazos la oferta al mercado consumidor.
La pesca es una actividad de carácter estratégico para nuestro país que, año tras año, reporta aproximadamente 1000 millones de dólares en exportaciones. La Argentina tiene una de las plataformas marítimas más extensas en el mundo. En un contexto de fuerte demanda internacional de alimentos, la actividad cobra una relevancia fundamental, pero es insuficientemente atendida por los responsables políticos. No puede dejar de mencionarse, asimismo, el impacto social y laboral en las localidades que viven del producto de los puertos.
Los entendimientos poco transparentes entre autoridades sectoriales y empresarios pesqueros ponen en peligro la sustentabilidad general del recurso pesquero, sobre todo de la merluza y el calamar. Eso mina la confiabilidad y la previsibilidad del sistema político y normativo argentino en su conjunto, condiciones esenciales para cualquier actividad económica o inversión productiva.
El desarrollo sustentable de cualquier país se fundamenta en normas claras y un recto funcionamiento de los mecanismos de control y de sanción de los infractores. En este sentido, una efectiva aplicación del Régimen Federal de Pesca, por largo tiempo descuidada y violada, resulta de particular urgencia.
De este modo, no sólo sería favorable para el sector la recreación de un clima previsible y confiable para la inversión de capital, sino también para la economía y el medio ambiente mientras se cuidan las especies ictícolas.
Las empresas productoras verían rentable el desarrollo de sus actividades y podrían afrontar sus costos de modo eficiente y sostenible, lo cual representaría un aporte a la productividad global de la economía y a su competitividad.
La Argentina acarrea una larga deuda con el sector pesquero. Urge su saneamiento y una apuesta por la transparencia y por la eficiencia regulatoria. Los esfuerzos en esta dirección ratificarían la intención de recrear la institucionalidad, largamente devaluada, y significarían un claro signo de compromiso con el bien común.
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