La otra cara del boom sojero

La otra cara del boom sojero

Fecha de Publicación: 01/04/2008
Fuente: Derf
Provincia/Región: Nacional


Distintos movimientos campesinos denuncian los malos tratos que reciben de los empresarios y aseguran que “los agronegocios son sinónimo de desmontes, contaminación y destrucción de la biodiversidad”.
Además, cuestionan a las cuatro entidades tradicionales.
El boom sojero que vive actualmente el país tiene una cara muchas veces desconocida por la mayoría de la población: los malos tratos y la expulsión de campesinos y pueblos originarios del campo.
Por ello, en su edición de este lunes, Página/12 realiza un informe en el que rescata la voz de los movimientos campesinos, entre ellos el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que asegura que “los agronegocios, con la soja a la cabeza, son sinónimo de desmontes, degradación de suelos, contaminación, eliminación de otros cultivos, destrucción de la biodiversidad y expulsión, siempre de forma violenta, de campesinos y pueblos originarios hacia los márgenes de las grandes ciudades”.
Este movimiento está integrado por quince mil familias de siete provincias, poseedoras ancestrales de pequeñas parcelas, que crían animales, son arrieros o hacheros, cosechadores de algodón, uva o yerba, y que le ponen el cuerpo al resto de los trabajos duros del campo.
El diario cuenta que no siembran soja, cuestionan a las cuatro entidades tradicionales y denuncian el papel de las transnacionales químicas, semilleras y exportadoras. El reclamo de fondo: un cambio de modelo agrario.
En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa predomina el cultivo de soja. Con las modificaciones de laboratorio, es resistente a las inclemencias del tiempo, por lo cual avanza sobre territorios antes impensados para la agricultura de oleaginosas: Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta. Pero el avance de la frontera agropecuaria, festejado por empresas y clase política, es padecido por campesinos y pueblos originarios, que son desalojados de sus territorios ancestrales. Según el Censo Agropecuario 2002, sólo en diez años, más de 200 mil familias fueron expulsadas de sus históricas chacras, con destino a los barrios de emergencia de las grandes ciudades.
En Salta, Jujuy y Santiago, campesinos y pueblos indígenas denuncian desde fines de los ’90 el avance sobre sus espacios de la mano del desmonte nativo para la siembra de soja. En el período 2002-2006, en Salta dejaron de existir 414.934 hectáreas de bosque, más del doble del registrado entre 1998-2002, y cuyo índice de desmonte supera el promedio mundial, según datos de la Secretaría de Ambiente de Nación.
En el país, en el mismo lapso, dejaron de existir 1.108.669 hectáreas de bosques, 277 mil hectáreas por año, que equivalen a 760 por día, 32 hectáreas por hora. La misma Secretaría remarca que la deforestación se produce para destinar esas superficies a la agricultura, principalmente al cultivo de soja.
“El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los cambios climáticos sumados a los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras santiagueñas un paraíso para grandes empresarios. Con la soja, las tierras se tornaron un bien preciado”, explicaron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina, integrante del MNCI).
“Así como hoy nadie puede discutir el genocidio de la dictadura, en 30 años va pasar lo mismo con el saqueo de los recursos naturales, por el desastre producido por la soja, la minería y las pasteras”, afirman desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
“Repudiamos el lockout agropecuario, que expresa la ambición egoísta de los agronegocios, modelo que devastó y saqueó los bienes naturales, que ganaron millones de dólares y ahora quieren más. Y por sobre todo, repudiamos el modelo de agronegocios actual, que es la cuestión de fondo y que atenta contra la vida campesina indígena”, afirman los trabajadores del campo. También apuntan al papel de las denominadas “entidades del campo” (SRA, CRA, FAA y Coninagro) por su “rol cómplice en la devastación de bosques y desalojos de comunidades rurales”.
Exigen el freno a los desalojos sobre tierras ancestrales y proponen un modelo basado en la soberanía alimentaria.
Diego Montón, mendocino de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST), destaca que soberanía alimentaria es la posibilidad de que el país tenga un propio proyecto alimentario “que produzca la variedad de alimentos que necesita y no que vengan las multinacionales semilleras y químicas a imponer qué debemos producir”.

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