Argentina olvida sus leyes climáticas y las incumple
09:00 | 
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Las leyes contra el cambio climático están fracasando
Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Las medidas nacionales que fomentan las energías renovables y la que protege los bosques nativos no se cumplen. Faltan normas para reducir emisiones agropecuarias.
Desde el lunes y hasta el vienes 12, el mundo discute cómo evitar el calentamiento global en la cumbre sobre cambio climático de Lima (COP20). El objetivo es lograr un acuerdo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Los principales protagonistas son las potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, responsables históricos de la contaminación. En 2015 estas naciones deberán firmar un acuerdo vinculante de reducción de emisiones.
La meta es evitar que la temperatura global del planeta aumente más de dos grados respecto de las mediciones de la época preindustrial.
Con menos del uno por ciento de las emisiones mundiales, Argentina se ubica 23º en el ranking de países y está tercero en América latina. En emisiones per cápita se ubica 52º, con unas ocho toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, una cifra similar a países europeos como España, Italia o Portugal y a la poderosa China.
“Aunque somos una economía del G20, con una matriz energética compuesta en un 90 por ciento por combustibles fósiles, el país está encaprichado en no asumir ningún compromiso vinculante”, dice Mauro Fernández, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Fernández dice que ya no pueden seguir poniendo excusas. Otros países de América latina le han puesto números a sus compromisos. Argentina aún no. “El país no realizará una propuesta de reducción de emisiones, sino de adaptación”, asegura Nazareno Castillo, quien hasta octubre fue el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Y explica que al mundo no le interesan los planes de adaptación que haremos en nuestro territorio, sino una reducción de emisiones que influirá en el clima mundial.
Fernández y Castillo coinciden en que la prioridad para el país es adaptarse a las consecuencias de un planeta más caliente: inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos, pérdida de costas y avance de enfermedades trasmitidas por vectores, entre otras.
Pero Castillo entiende que Argentina debería aprovechar las oportunidades de financiamiento para mitigar la contaminación.
Para reducir sus emisiones el países sancionó algunas leyes que ya tienen más de cinco años de vigencia. Casi ninguna ha sido exitosa.
Energías renovables
Las plantas generadoras de energía son la principal fuente de emisión de GEI (el 28% del total). En 2006, se sancionó la ley de fomento para el uso de fuentes renovables de energía.
La meta era lograr que en 2016 el 8 por ciento de la producción eléctrica nacional provenga de las energías eólica, solar, minihidráulica, biogás y biomasa. Establece exenciones fiscales para incentivar la inversión en el sector.
Las proyecciones indican que no se va a cumplir el objetivo. “Hasta el momento no superamos el 2 por ciento y las perspectivas no son promisorias”, dice Fernández.
Otra forma de producir menos energía es ser más eficiente en el consumo. La ley de reemplazo de lámparas incandescentes se engloba en este punto, como también las normativas para etiquetar los aparatos eléctricos para que el consumidor se informe sobre su eficiencia.
Esta última reglamentación es obligatoria para heladeras, lavarropas y aires acondicionados. A pesar de que son normas que se cumplen, no hay datos oficiales sobre la reducción de emisiones que significaron estas medidas.
Bosques
Otra ley clave fue la de bosques nativos, sancionada en 2007. Los árboles sirven para captar el CO2. Pero si se los tala, el carbono vuelve a la atmósfera.
“Es una normativa muy buena pero difícil de implementar. Cerca del 7 por ciento de las emisiones provienen de la tala de árboles”, dice Castillo.
Fernández agrega que desde la sanción de la ley, se desmontaron 1,9 millones de hectáreas de bosques, a razón de dos hectáreas por minuto.
“Y se desmontó más en áreas protegidas que en las que está permitido deforestar. Además, el Presupuesto Nacional 2015 incluyó sólo el 5 por ciento de lo que obliga la ley para protección de bosques”, comenta.
Transporte
El 13 por ciento de la emisiones del país provienen de lo que emiten los caños de escapes de autos, camiones y colectivos.
Por ley, desde 2010 la nafta y el diésel deben tener un 5 por ciento de bioetanol y biodiésel, que en el país se producen a partir de cultivos agrícolas. Desde diciembre de este año ese porcentaje es del 10 por ciento.
Desde el sector ambiental discuten la eficacia de este medida. Algunos estudios señalan que el bioetanol producido a partir del maíz no reduce las emisiones, si se compara con la nafta del petróleo. Lo números son más “verdes” en el bioetanol de caña de azúcar y el biodiésel de soja.
El campo
El país no ha señalado ninguna medida o política para mitigar las emisiones generadas por las actividades agrícola y ganadera, que representan el 43 por ciento del total de la contaminación nacional con GEI.
La digestión de las vacas produce metano y representa el 20 por ciento de los GEI emitidos en Argentina. En tanto, los fertilizantes y el cultivo de soja provocan emisiones de óxido nitroso, otro GEI, el cual es culpable del 23 por ciento de nuestras emanaciones.
En este sector, entre las medidas a considerar deberían promoverse la rotación de cultivo y el remplazo de un sistema de crianza pastoril por otro de alimentación a partir de concentrado en corrales.
Aunque también hay medidas extremas e impensadas en la economía y cultura nacionales, como disminuir la superficie sembrada con soja o desalentar la ganadería vacuna.
Otro sector contaminante son los enterramientos de residuos que contribuyen con el 5 por ciento de las emisiones nacionales.
Algunos municipios con ayuda de la nación están realizando acciones para gestionar de forma más eficientes los residuos y hay iniciativas para capturar sus emanaciones y transformarlas en biogás reutilizable.
La razones
Castillo fue funcionario por varios años en la gestión kirchnerista. Explica por qué Argentina ha fracaso en sus acciones contra el cambio climático.
“Falta trabajo interno. El cambio climático en Brasil ha llegado a los máximos referentes. Dilma Rousseff habla de cambio climático. En Argentina no está en la agenda política de los que toman las decisiones en los altos niveles”, dice.
Y agrega: “En otros países, detrás del cambio climático hay otros temas. En Brasil, está el Amazonas y su soberanía. El mundo se quiere meter adentro del país para controlarlos. Argentina no está en los ojos del mundo, entonces el decisor político no se preocupa”.
El calor no respeta a Papá Noel
Un descanso. Vestido como para las temperaturas del Hemisferio Norte, Papá Noel sufrió como nadie el calor de la peatonal cordobesa. Ayer tuvimos en la Capital una máxima de 34,5 grados a las 16. Para hoy se prevé una máxima de 37 grados, mientras que recién el domingo bajaría la temperatura y se registrarían algunas lluvias.
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Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Las medidas nacionales que fomentan las energías renovables y la que protege los bosques nativos no se cumplen. Faltan normas para reducir emisiones agropecuarias.
Desde el lunes y hasta el vienes 12, el mundo discute cómo evitar el calentamiento global en la cumbre sobre cambio climático de Lima (COP20). El objetivo es lograr un acuerdo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Los principales protagonistas son las potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, responsables históricos de la contaminación. En 2015 estas naciones deberán firmar un acuerdo vinculante de reducción de emisiones.
La meta es evitar que la temperatura global del planeta aumente más de dos grados respecto de las mediciones de la época preindustrial.
Con menos del uno por ciento de las emisiones mundiales, Argentina se ubica 23º en el ranking de países y está tercero en América latina. En emisiones per cápita se ubica 52º, con unas ocho toneladas de dióxido de carbono (CO2) por año, una cifra similar a países europeos como España, Italia o Portugal y a la poderosa China.
“Aunque somos una economía del G20, con una matriz energética compuesta en un 90 por ciento por combustibles fósiles, el país está encaprichado en no asumir ningún compromiso vinculante”, dice Mauro Fernández, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Fernández dice que ya no pueden seguir poniendo excusas. Otros países de América latina le han puesto números a sus compromisos. Argentina aún no. “El país no realizará una propuesta de reducción de emisiones, sino de adaptación”, asegura Nazareno Castillo, quien hasta octubre fue el director de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Y explica que al mundo no le interesan los planes de adaptación que haremos en nuestro territorio, sino una reducción de emisiones que influirá en el clima mundial.
Fernández y Castillo coinciden en que la prioridad para el país es adaptarse a las consecuencias de un planeta más caliente: inundaciones, sequías, eventos climáticos extremos, pérdida de costas y avance de enfermedades trasmitidas por vectores, entre otras.
Pero Castillo entiende que Argentina debería aprovechar las oportunidades de financiamiento para mitigar la contaminación.
Para reducir sus emisiones el países sancionó algunas leyes que ya tienen más de cinco años de vigencia. Casi ninguna ha sido exitosa.
Energías renovables
Las plantas generadoras de energía son la principal fuente de emisión de GEI (el 28% del total). En 2006, se sancionó la ley de fomento para el uso de fuentes renovables de energía.
La meta era lograr que en 2016 el 8 por ciento de la producción eléctrica nacional provenga de las energías eólica, solar, minihidráulica, biogás y biomasa. Establece exenciones fiscales para incentivar la inversión en el sector.
Las proyecciones indican que no se va a cumplir el objetivo. “Hasta el momento no superamos el 2 por ciento y las perspectivas no son promisorias”, dice Fernández.
Otra forma de producir menos energía es ser más eficiente en el consumo. La ley de reemplazo de lámparas incandescentes se engloba en este punto, como también las normativas para etiquetar los aparatos eléctricos para que el consumidor se informe sobre su eficiencia.
Esta última reglamentación es obligatoria para heladeras, lavarropas y aires acondicionados. A pesar de que son normas que se cumplen, no hay datos oficiales sobre la reducción de emisiones que significaron estas medidas.
Bosques
Otra ley clave fue la de bosques nativos, sancionada en 2007. Los árboles sirven para captar el CO2. Pero si se los tala, el carbono vuelve a la atmósfera.
“Es una normativa muy buena pero difícil de implementar. Cerca del 7 por ciento de las emisiones provienen de la tala de árboles”, dice Castillo.
Fernández agrega que desde la sanción de la ley, se desmontaron 1,9 millones de hectáreas de bosques, a razón de dos hectáreas por minuto.
“Y se desmontó más en áreas protegidas que en las que está permitido deforestar. Además, el Presupuesto Nacional 2015 incluyó sólo el 5 por ciento de lo que obliga la ley para protección de bosques”, comenta.
Transporte
El 13 por ciento de la emisiones del país provienen de lo que emiten los caños de escapes de autos, camiones y colectivos.
Por ley, desde 2010 la nafta y el diésel deben tener un 5 por ciento de bioetanol y biodiésel, que en el país se producen a partir de cultivos agrícolas. Desde diciembre de este año ese porcentaje es del 10 por ciento.
Desde el sector ambiental discuten la eficacia de este medida. Algunos estudios señalan que el bioetanol producido a partir del maíz no reduce las emisiones, si se compara con la nafta del petróleo. Lo números son más “verdes” en el bioetanol de caña de azúcar y el biodiésel de soja.
El campo
El país no ha señalado ninguna medida o política para mitigar las emisiones generadas por las actividades agrícola y ganadera, que representan el 43 por ciento del total de la contaminación nacional con GEI.
La digestión de las vacas produce metano y representa el 20 por ciento de los GEI emitidos en Argentina. En tanto, los fertilizantes y el cultivo de soja provocan emisiones de óxido nitroso, otro GEI, el cual es culpable del 23 por ciento de nuestras emanaciones.
En este sector, entre las medidas a considerar deberían promoverse la rotación de cultivo y el remplazo de un sistema de crianza pastoril por otro de alimentación a partir de concentrado en corrales.
Aunque también hay medidas extremas e impensadas en la economía y cultura nacionales, como disminuir la superficie sembrada con soja o desalentar la ganadería vacuna.
Otro sector contaminante son los enterramientos de residuos que contribuyen con el 5 por ciento de las emisiones nacionales.
Algunos municipios con ayuda de la nación están realizando acciones para gestionar de forma más eficientes los residuos y hay iniciativas para capturar sus emanaciones y transformarlas en biogás reutilizable.
La razones
Castillo fue funcionario por varios años en la gestión kirchnerista. Explica por qué Argentina ha fracaso en sus acciones contra el cambio climático.
“Falta trabajo interno. El cambio climático en Brasil ha llegado a los máximos referentes. Dilma Rousseff habla de cambio climático. En Argentina no está en la agenda política de los que toman las decisiones en los altos niveles”, dice.
Y agrega: “En otros países, detrás del cambio climático hay otros temas. En Brasil, está el Amazonas y su soberanía. El mundo se quiere meter adentro del país para controlarlos. Argentina no está en los ojos del mundo, entonces el decisor político no se preocupa”.
El calor no respeta a Papá Noel
Un descanso. Vestido como para las temperaturas del Hemisferio Norte, Papá Noel sufrió como nadie el calor de la peatonal cordobesa. Ayer tuvimos en la Capital una máxima de 34,5 grados a las 16. Para hoy se prevé una máxima de 37 grados, mientras que recién el domingo bajaría la temperatura y se registrarían algunas lluvias.
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Agroecología urbana en Buenos Aires y el conurbano
Agroecología urbana; alimentos sanos: del huerto en casa a la mesa
Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Sembrar en el momento adecuado, buscar cada temporada semillas que se adapten al suelo y al clima, encontrar la mejor estrategia para preparar la tierra y el abono. Ésas son algunas de las claves a la hora de diseñar un huerto hogareño. Remolachas, ciboulette, papas, lechugas y espinacas asomarán a su tiempo en cada cantero, macetero o bolsa para empezar a generar una producción propia de alimentos.
Los huertos pequeños, familiares y urbanos superan las barreras sociales. Se trata de elegir un modo más sano de alimentarse. Y más económico. La agroecología urbana se afianza en Buenos Aires y el conurbano. Hoy, sólo el programa Pro Huerta tiene registrados 55.000 emprendimientos de este tipo.
La agroecología urbana se diferencia de la producción orgánica o la siembra en grandes espacios: se trata de una decisión personal por razones económicas, sociales o ideológicas, que tiene detrás conceptos como el comercio justo, la solidaridad y el desarrollo sustentable.
La agroecología urbana engloba también el concepto de soberanía alimentaria; debate el modo actual de producción agrícola y aparece como una solución posible para las necesidades de millones de personas en todo el mundo que viven con menos de dos dólares por día.
Las motivaciones y el movimiento de la agroecología urbana se expanden en la región. En Rosario nació con la crisis de 2001 y sigue en pie. Al AMBA llegó para quedarse.
Juan Pablo La Porta y María Belén Richter tomaron la semana pasada la última clase para convertirse en promotores sociales de esta movida. No sólo tienen su propia cosecha de verduras, sino que también, de forma voluntaria, enseñarán a otros cómo generar su huerta.
"Tuvimos esta iniciativa porque en mi casa siempre hubo huerta. Como vivimos en un departamento generamos los plantines y después los llevamos a la casa de mi hermano, que tiene un espacio un poco más grande", contó a LA NACION La Porta, que vive en San Miguel y cree que es preferible consumir frutas y verduras que no hayan tenido ningún contacto con agroquímicos.
"Además, es una gran satisfacción ver crecer lo que uno planta. Es muy importante conseguir y generar buenas semillas para después poder intercambiar", agregó su pareja, María Belén.
"La agricultura urbana es distinta de la periurbana. Esta última es la que hace un productor hortícola que tiene cinco hectáreas. El agricultor urbano vive en una cuadrícula urbana y produce en el fondo de su casa, básicamente porque no le da la superficie o porque tiene un espacio reducido. Tiene como premisa el comercio justo", explicó Claudio Leveratto, jefe de la delegación de la Zona Norte del INTA.
El comercio justo es una forma alternativa de intercambio de bienes promovida por ONG y por las Naciones Unidas. Busca que productores y consumidores acuerden el valor de las mercancías que intercambian.
Por caso, las semillas no se compran ni se venden, sino que son objeto de trueque. Así sucede en los encuentros y talleres que se dictan en ferias estables como Sabe la Tierra o Raíz, o en convocatorias específicas de intercambio. Se hace en El Galpón, en Chacarita, o en el Mercado Bonpland, de Palermo.
El sistema Pro Huerta cumple 25 años y cada temporada, cada seis meses, reparte gratuitamente los sobres de semillas.
"Tratamos de que quienes vendan sus productos no lo hagan muy caro porque si no resulta privativo para algunas personas. Es una diferencia con el cultivo orgánico que termina incrementando su valor después de la certificación", agregó Leveratto.
San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas trabajan en sinergia con el apoyo del INTA y de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) para crear una red de promotores voluntarios que, con ayuda de los municipios, generan nuevos cultivos y huertas en la zona.
Detrás de la estación Muñiz del ferrocarril San Martín, en San Miguel, lo que era un baldío y fue escenario de la muerte violenta de un adolescente muestra hoy radichetas en flor, tomates que asoman y dos repollos que esperan a ser cosechados, entre otras plantaciones. Allí se instaló una huerta en maceteros que sirve para la formación de promotores ambientales, a cargo de la UNGS.
"La tierra no era buena en este terreno. Tuvimos que colocar estos canteros y elevar los cultivos para conseguir una buena producción. Pero empezamos hace un año y ya tuvimos varias cosechas", dijo Santiago Piaggio, director de Medio Ambiente e Industria de San Miguel.
Valeria Sosa estudia Ecología Urbana en la UNGS y enseña a quienes serán los futuros promotores ambientales: "Compartimos este terreno con un vecino, José Painemilla, que también produce en la huerta y fabrica adornos ornamentales. Hace lombricultura y permite que el abono mejore la producción".
Los futuros promotores se preguntan por qué puede fracasar un cultivo. Les explican que siempre es mejor dejar que la planta cumpla su ciclo. La paciencia y el respeto por los ciclos naturales y estacionales son fundamentales para este tipo de cultivos y de producción. "Siempre es mejor usar una semilla que se generó en nuestro huerto que utilizar otra que provenga de otro ecosistema. Las plantas se van adaptando y transmiten la información genética, razón por la cual tendrán más posibilidades de éxito si consiguen sus propias semillas", explicó Sosa a los más de 120 alumnos que se convertirán en promotores.
La variedad de la producción de una huerta en el clima del AMBA es interesante: papas, batatas, rabanitos, cebollas, puerros, repollo, berenjenas, varios tipos de lechuga, perejil, zapallo, acelgas, rúcula, radicheta, maíz y todas las aromáticas.
Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto. Algunas se pueden recolectar a los 60 días de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana.
Las papas, por ejemplo, se siembran y cosechan en bolsas grandes sólo a partir de un brote. "Necesita mucha cantidad de tierra. Es por eso que se usa un brote y se lo tapa hasta que se ve la planta; se vuelve a colocar tierra y así hasta que la capacidad de la bolsa queda repleta. Después de tres meses se cosechan hasta 20 papas por bolsa", explicó Piaggio.
Según un estudio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilos de comida al año.
"Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios", indica el último informe de la FAO.
Este tipo de agricultura se practica, por ejemplo, en un 40 % de los hogares de Cuba y en el 20 % de los de Guatemala y Santa Lucía. En las principales ciudades y municipios del Estado Plurinacional de Bolivia 50.000 familias son productoras de alimentos. En Bogotá, 8500 familias producen alimentos para consumo doméstico. En Haití, 25.500 familias cultivan 260 hectáreas de tierra en Puerto Príncipe y sus alrededores.
Entre las capitales, la "más verde" es La Habana, donde 90.000 cubanos se dedican a alguna forma de agricultura, ya sea en huertos caseros o trabajando en los huertos y las granjas pecuarias comerciales de la ciudad. Quito es otra de las que destacan; según el último recuento la capital ecuatoriana contaba con 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 huertos escolares.
En Buenos Aires, las escuelas públicas ya cuentan con 306 huertas que tienen una doble función: la social y ambiental y la educativa. Cada escuela trabaja sobre distintos dispositivos según el espacio y las posibilidades edilicias con las que cuentan. El 41% instaló su huerto en un terreno; el 32%, en cajones; el 15%, en botellas y recipientes reutilizados, y el 12%, en macetas y canteros.
"Gracias al proyecto Huertas Escolares los chicos pueden abordar distintos contenidos pedagógicos a través de la experiencia y el contacto con las plantas y la tierra y tener la oportunidad de conocer de dónde vienen los alimentos que consumen en sus casas. Para eso se les entrega a los docentes un manual que detalla el anclaje curricular para su implementación en clase", explicó Carlos Gentile, responsable del programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño.
También en la Legislatura se debate el tema. El proyecto presentado por Pablo Bergel (Bien Común) pretende convertir en política pública lo que es una práctica creciente, aunque todavía marginal.
"La iniciativa fue presentada en 2012. Y abarca tres aspectos: el primero se refiere a la producción de compost a partir de la producción de residuos orgánicos; el segundo, a la promoción de las huertas familiares, individuales y en edificios, y el tercero, a los puntos de venta", explicó el diputado, que espera que su iniciativa se debata en el recinto.
Federico Moschettoni, fundador del emprendimiento Del Gorro (www.delgorro.net), es asesor en la construcción de huertas a medida: "Aumentó la demanda de la gente de querer tener huertas, está mucho más asentada. Ya pasó a otra etapa y hay mucha que tiene algo sembrado en donde esté".
Moschettoni empezó a armar este tipo de soluciones ante la demanda cada vez más frecuente de gente que quiere obtener sus propios alimentos, al menos para las ensaladas. "Empecé preparando estas huertas para chefs; gracias al boca en boca la gente se entera y llama. Primero nos sentamos y vemos qué es lo que quiere la gente. Se define el tamaño del cantero, si se necesita más o menos sol, el tipo de riego, cómo se harán los canteros. Después ponemos el relleno y nos sentamos y definimos qué vamos a poner. Lo importante es que con el tiempo la gente se da cuenta de lo que da la huerta, de lo que consume y, también, de lo que necesita".
Leveratto contó que el año próximo se incorporará la Agroecología Urbana como curso de posgrado en la UNGS. Y el INTA lanzará en los próximos días la guía "Mi casa, Mi huerta", realizada por Janine Schonwald y Francisco Pescio, una publicación didáctica dedicada a todos aquellos habitantes del ámbito urbano que quieran emprender una huerta en su hogar y no se animen a hacerlo por creer que no disponen del espacio suficiente.
Todas estas acciones fortalecen el concepto de la propia provisión de alimentos sanos. Del huerto en casa a la mesa de la familia.
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Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires
Sembrar en el momento adecuado, buscar cada temporada semillas que se adapten al suelo y al clima, encontrar la mejor estrategia para preparar la tierra y el abono. Ésas son algunas de las claves a la hora de diseñar un huerto hogareño. Remolachas, ciboulette, papas, lechugas y espinacas asomarán a su tiempo en cada cantero, macetero o bolsa para empezar a generar una producción propia de alimentos.
Los huertos pequeños, familiares y urbanos superan las barreras sociales. Se trata de elegir un modo más sano de alimentarse. Y más económico. La agroecología urbana se afianza en Buenos Aires y el conurbano. Hoy, sólo el programa Pro Huerta tiene registrados 55.000 emprendimientos de este tipo.
La agroecología urbana se diferencia de la producción orgánica o la siembra en grandes espacios: se trata de una decisión personal por razones económicas, sociales o ideológicas, que tiene detrás conceptos como el comercio justo, la solidaridad y el desarrollo sustentable.
La agroecología urbana engloba también el concepto de soberanía alimentaria; debate el modo actual de producción agrícola y aparece como una solución posible para las necesidades de millones de personas en todo el mundo que viven con menos de dos dólares por día.
Las motivaciones y el movimiento de la agroecología urbana se expanden en la región. En Rosario nació con la crisis de 2001 y sigue en pie. Al AMBA llegó para quedarse.
Juan Pablo La Porta y María Belén Richter tomaron la semana pasada la última clase para convertirse en promotores sociales de esta movida. No sólo tienen su propia cosecha de verduras, sino que también, de forma voluntaria, enseñarán a otros cómo generar su huerta.
"Tuvimos esta iniciativa porque en mi casa siempre hubo huerta. Como vivimos en un departamento generamos los plantines y después los llevamos a la casa de mi hermano, que tiene un espacio un poco más grande", contó a LA NACION La Porta, que vive en San Miguel y cree que es preferible consumir frutas y verduras que no hayan tenido ningún contacto con agroquímicos.
"Además, es una gran satisfacción ver crecer lo que uno planta. Es muy importante conseguir y generar buenas semillas para después poder intercambiar", agregó su pareja, María Belén.
"La agricultura urbana es distinta de la periurbana. Esta última es la que hace un productor hortícola que tiene cinco hectáreas. El agricultor urbano vive en una cuadrícula urbana y produce en el fondo de su casa, básicamente porque no le da la superficie o porque tiene un espacio reducido. Tiene como premisa el comercio justo", explicó Claudio Leveratto, jefe de la delegación de la Zona Norte del INTA.
El comercio justo es una forma alternativa de intercambio de bienes promovida por ONG y por las Naciones Unidas. Busca que productores y consumidores acuerden el valor de las mercancías que intercambian.
Por caso, las semillas no se compran ni se venden, sino que son objeto de trueque. Así sucede en los encuentros y talleres que se dictan en ferias estables como Sabe la Tierra o Raíz, o en convocatorias específicas de intercambio. Se hace en El Galpón, en Chacarita, o en el Mercado Bonpland, de Palermo.
El sistema Pro Huerta cumple 25 años y cada temporada, cada seis meses, reparte gratuitamente los sobres de semillas.
"Tratamos de que quienes vendan sus productos no lo hagan muy caro porque si no resulta privativo para algunas personas. Es una diferencia con el cultivo orgánico que termina incrementando su valor después de la certificación", agregó Leveratto.
San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas trabajan en sinergia con el apoyo del INTA y de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) para crear una red de promotores voluntarios que, con ayuda de los municipios, generan nuevos cultivos y huertas en la zona.
Detrás de la estación Muñiz del ferrocarril San Martín, en San Miguel, lo que era un baldío y fue escenario de la muerte violenta de un adolescente muestra hoy radichetas en flor, tomates que asoman y dos repollos que esperan a ser cosechados, entre otras plantaciones. Allí se instaló una huerta en maceteros que sirve para la formación de promotores ambientales, a cargo de la UNGS.
"La tierra no era buena en este terreno. Tuvimos que colocar estos canteros y elevar los cultivos para conseguir una buena producción. Pero empezamos hace un año y ya tuvimos varias cosechas", dijo Santiago Piaggio, director de Medio Ambiente e Industria de San Miguel.
Valeria Sosa estudia Ecología Urbana en la UNGS y enseña a quienes serán los futuros promotores ambientales: "Compartimos este terreno con un vecino, José Painemilla, que también produce en la huerta y fabrica adornos ornamentales. Hace lombricultura y permite que el abono mejore la producción".
Los futuros promotores se preguntan por qué puede fracasar un cultivo. Les explican que siempre es mejor dejar que la planta cumpla su ciclo. La paciencia y el respeto por los ciclos naturales y estacionales son fundamentales para este tipo de cultivos y de producción. "Siempre es mejor usar una semilla que se generó en nuestro huerto que utilizar otra que provenga de otro ecosistema. Las plantas se van adaptando y transmiten la información genética, razón por la cual tendrán más posibilidades de éxito si consiguen sus propias semillas", explicó Sosa a los más de 120 alumnos que se convertirán en promotores.
La variedad de la producción de una huerta en el clima del AMBA es interesante: papas, batatas, rabanitos, cebollas, puerros, repollo, berenjenas, varios tipos de lechuga, perejil, zapallo, acelgas, rúcula, radicheta, maíz y todas las aromáticas.
Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto. Algunas se pueden recolectar a los 60 días de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana.
Las papas, por ejemplo, se siembran y cosechan en bolsas grandes sólo a partir de un brote. "Necesita mucha cantidad de tierra. Es por eso que se usa un brote y se lo tapa hasta que se ve la planta; se vuelve a colocar tierra y así hasta que la capacidad de la bolsa queda repleta. Después de tres meses se cosechan hasta 20 papas por bolsa", explicó Piaggio.
Según un estudio de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilos de comida al año.
"Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios", indica el último informe de la FAO.
Este tipo de agricultura se practica, por ejemplo, en un 40 % de los hogares de Cuba y en el 20 % de los de Guatemala y Santa Lucía. En las principales ciudades y municipios del Estado Plurinacional de Bolivia 50.000 familias son productoras de alimentos. En Bogotá, 8500 familias producen alimentos para consumo doméstico. En Haití, 25.500 familias cultivan 260 hectáreas de tierra en Puerto Príncipe y sus alrededores.
Entre las capitales, la "más verde" es La Habana, donde 90.000 cubanos se dedican a alguna forma de agricultura, ya sea en huertos caseros o trabajando en los huertos y las granjas pecuarias comerciales de la ciudad. Quito es otra de las que destacan; según el último recuento la capital ecuatoriana contaba con 140 huertos comunitarios, 800 huertos familiares y 128 huertos escolares.
En Buenos Aires, las escuelas públicas ya cuentan con 306 huertas que tienen una doble función: la social y ambiental y la educativa. Cada escuela trabaja sobre distintos dispositivos según el espacio y las posibilidades edilicias con las que cuentan. El 41% instaló su huerto en un terreno; el 32%, en cajones; el 15%, en botellas y recipientes reutilizados, y el 12%, en macetas y canteros.
"Gracias al proyecto Huertas Escolares los chicos pueden abordar distintos contenidos pedagógicos a través de la experiencia y el contacto con las plantas y la tierra y tener la oportunidad de conocer de dónde vienen los alimentos que consumen en sus casas. Para eso se les entrega a los docentes un manual que detalla el anclaje curricular para su implementación en clase", explicó Carlos Gentile, responsable del programa Escuelas Verdes del Ministerio de Educación porteño.
También en la Legislatura se debate el tema. El proyecto presentado por Pablo Bergel (Bien Común) pretende convertir en política pública lo que es una práctica creciente, aunque todavía marginal.
"La iniciativa fue presentada en 2012. Y abarca tres aspectos: el primero se refiere a la producción de compost a partir de la producción de residuos orgánicos; el segundo, a la promoción de las huertas familiares, individuales y en edificios, y el tercero, a los puntos de venta", explicó el diputado, que espera que su iniciativa se debata en el recinto.
Federico Moschettoni, fundador del emprendimiento Del Gorro (www.delgorro.net), es asesor en la construcción de huertas a medida: "Aumentó la demanda de la gente de querer tener huertas, está mucho más asentada. Ya pasó a otra etapa y hay mucha que tiene algo sembrado en donde esté".
Moschettoni empezó a armar este tipo de soluciones ante la demanda cada vez más frecuente de gente que quiere obtener sus propios alimentos, al menos para las ensaladas. "Empecé preparando estas huertas para chefs; gracias al boca en boca la gente se entera y llama. Primero nos sentamos y vemos qué es lo que quiere la gente. Se define el tamaño del cantero, si se necesita más o menos sol, el tipo de riego, cómo se harán los canteros. Después ponemos el relleno y nos sentamos y definimos qué vamos a poner. Lo importante es que con el tiempo la gente se da cuenta de lo que da la huerta, de lo que consume y, también, de lo que necesita".
Leveratto contó que el año próximo se incorporará la Agroecología Urbana como curso de posgrado en la UNGS. Y el INTA lanzará en los próximos días la guía "Mi casa, Mi huerta", realizada por Janine Schonwald y Francisco Pescio, una publicación didáctica dedicada a todos aquellos habitantes del ámbito urbano que quieran emprender una huerta en su hogar y no se animen a hacerlo por creer que no disponen del espacio suficiente.
Todas estas acciones fortalecen el concepto de la propia provisión de alimentos sanos. Del huerto en casa a la mesa de la familia.
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Urbanismo feróz y cuidado del agua en Córdoba
La guerra del agua en Córdoba
Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Al noroeste de la capital provincial, un caso testigo pone de relieve la crisis del agua en la provincia. El gobierno autorizó un emprendimiento inmobiliario y turístico cerca de la histórica Capilla de Candonga, pero los pobladores denuncian que los dejará sin agua.
Las Sierras Chicas cordobesas ofrecen su agreste paisaje, característico por sus ríos y arroyos, a miles de turistas cada verano. Esa belleza natural, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, está en disputa permanente. De un lado están quienes habitan la zona. Desde otra posición aparecen empresarios que apuestan por la proliferación de barrios cerrados, villas turísticas y campos de golf, entre otras iniciativas. La principal problemática de discusión es el agua, que no pocas veces escasea para los vecinos de las sierras. Un caso testigo es el del proyecto inmobiliario de la empresa Ticupil, en cercanías de la histórica Capilla de Candonga. Resistido por la Asamblea de la cuenca del Chavascate, el emprendimiento en cuestión abarca la captación de agua que abastece a tres poblados serranos, Cerro Azul, Agua de Oro y El Manzano, ubicados a 40 kilómetros de la capital provincial. Un reciente informe de la Universidad Nacional de Córdoba sugiere “la preservación de toda la zona circundante a la obra de captación en el vado de Candonga”, para garantizar cantidad y calidad de agua. Y apunta que “no es recomendable la urbanización de manera absoluta, hasta tanto se realicen las investigaciones del caso”. El Poder Judicial y el gobierno provincial avalan al grupo empresario, que continúa con su avanzada.
En 2010, la Secretaría de Ambiente de Córdoba aprobó el aviso de proyecto de Ticupil mediante la resolución 1200. La empresa comenzó a ofrecer 300 lotes ubicados dentro de las 150 hectáreas de predio, en las que montarán cabañas para turistas, canchas de tenis, fútbol y pileta climatizada. Todo protegido con “vigilancia las 24 horas, alambrado perimetral y control de acceso”. Los vecinos de la zona manifestaron que el proyecto violaba la Ley de Bosques nacional, y su complementaria provincial. Parte del predio se encuentra ubicado en lo que según esas normas se denomina como zona roja, es decir, áreas de alto valor de conservación que no debieran ser intervenidas. Este reclamo desembocó en una denuncia penal por parte de la asamblea contra el ex secretario de Ambiente Raúl Cosa, quien autorizó a Ticupil.
Frente al avance empresario, la organización social también presentó el año pasado un amparo en los Tribunales de Jesús María para detener las tareas en Candonga. Acompañada por la firma de los vecinos, la acción de amparo se basó en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces” para proteger el ambiente. El juez José Sartori hizo lugar al amparo, pero al mes se expidió a favor de la empresa.
El amparo tuvo un curioso capítulo. Los abogados que acompañaron la presentación de la asamblea, Marco Constantino y Juan Smith, fueron denunciados por la empresa e imputados por el fiscal José Almeyda por “estafa procesal”. “Sería un intento de engaño al juez por una supuesta falsedad de las firmas que acompañaban el amparo”, explica Smith. Pero asegura que “el objetivo de fondo era intimidar y dejar a la asamblea sin defensa”. “Esa imputación es lo peor que le pueden hacer a un abogado”, agrega. La medida fue apelada y Smith aclara: “No vamos a dejar la causa a pesar del poder que tienen y sabiendo que son capaces de cualquier cosa”.
Días atrás fue allanada la casa de Carlos Alvarez, uno de los asambleístas, por la desaparición de un cartel de Ticupil. El objeto buscado había sido tomado por una persona que estaba junto a Alvarez en una jornada de manifestación, y el propio miembro de la asamblea hizo una exposición ese día en la comisaría de Salsipuedes, donde entregó el cartel. Sin embargo, semanas atrás, se desayunó con un allanamiento en el domicilio de Córdoba donde reside su madre. “Nos buscan extorsionar, y además no discutir el tema de fondo, que es el agua”, denuncia Alvarez.
Del lado de la empresa oficia de vocero el ingeniero agrónomo Marcos Martínez, ex diputado provincial e hijo del ex vicepresidente radical Víctor Martínez. El técnico de Ticupil plantea un slogan para enfrentar al de la asamblea: “Ellos dicen ‘Candonga no se toca’, nosotros decimos ‘Candonga sustentable’”. “Hay gente que plantea no hacer nada allí, y eso es condenar a toda el área a no ser sustentable socialmente”, analiza. Acerca del daño sobre el bosque y la toma de agua, Martínez señala que “la mitigación prevista compensa el impacto”, mientras que “habrá beneficio por la reconversión de la zona”.
El titular de la Secretaria de Ambiente, Germán Pratto, asegura que “la preocupación y el reclamo vecinal son legítimos”, pero “no está en los planes revisar la resolución 1200”. Pratto apuesta a “generar reuniones para explicar los motivos que dispararon esa resolución”. El funcionario confía en el trabajo realizado por sus antecesores: “El gobierno tiene personal de excelentísimo nivel técnico, y en principio no vamos a cuestionar ese trabajo”.
Para Carlos Alvarez el avance de esta empresa sirve de reflejo para otros actores que “buscan generar un gran polo inmobiliario en esta zona que se volvió muy apetecible”. Aunque mantienen la esperanza en las siguientes instancias, desde la Asamblea son conscientes de que por ahora “Ticupil no tiene ningún impedimento para seguir avanzando”. “Lo único que queda es la movilización social”, arenga Alvarez.
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Fecha de Publicación: 10/12/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Córdoba
Al noroeste de la capital provincial, un caso testigo pone de relieve la crisis del agua en la provincia. El gobierno autorizó un emprendimiento inmobiliario y turístico cerca de la histórica Capilla de Candonga, pero los pobladores denuncian que los dejará sin agua.
Las Sierras Chicas cordobesas ofrecen su agreste paisaje, característico por sus ríos y arroyos, a miles de turistas cada verano. Esa belleza natural, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, está en disputa permanente. De un lado están quienes habitan la zona. Desde otra posición aparecen empresarios que apuestan por la proliferación de barrios cerrados, villas turísticas y campos de golf, entre otras iniciativas. La principal problemática de discusión es el agua, que no pocas veces escasea para los vecinos de las sierras. Un caso testigo es el del proyecto inmobiliario de la empresa Ticupil, en cercanías de la histórica Capilla de Candonga. Resistido por la Asamblea de la cuenca del Chavascate, el emprendimiento en cuestión abarca la captación de agua que abastece a tres poblados serranos, Cerro Azul, Agua de Oro y El Manzano, ubicados a 40 kilómetros de la capital provincial. Un reciente informe de la Universidad Nacional de Córdoba sugiere “la preservación de toda la zona circundante a la obra de captación en el vado de Candonga”, para garantizar cantidad y calidad de agua. Y apunta que “no es recomendable la urbanización de manera absoluta, hasta tanto se realicen las investigaciones del caso”. El Poder Judicial y el gobierno provincial avalan al grupo empresario, que continúa con su avanzada.
En 2010, la Secretaría de Ambiente de Córdoba aprobó el aviso de proyecto de Ticupil mediante la resolución 1200. La empresa comenzó a ofrecer 300 lotes ubicados dentro de las 150 hectáreas de predio, en las que montarán cabañas para turistas, canchas de tenis, fútbol y pileta climatizada. Todo protegido con “vigilancia las 24 horas, alambrado perimetral y control de acceso”. Los vecinos de la zona manifestaron que el proyecto violaba la Ley de Bosques nacional, y su complementaria provincial. Parte del predio se encuentra ubicado en lo que según esas normas se denomina como zona roja, es decir, áreas de alto valor de conservación que no debieran ser intervenidas. Este reclamo desembocó en una denuncia penal por parte de la asamblea contra el ex secretario de Ambiente Raúl Cosa, quien autorizó a Ticupil.
Frente al avance empresario, la organización social también presentó el año pasado un amparo en los Tribunales de Jesús María para detener las tareas en Candonga. Acompañada por la firma de los vecinos, la acción de amparo se basó en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces” para proteger el ambiente. El juez José Sartori hizo lugar al amparo, pero al mes se expidió a favor de la empresa.
El amparo tuvo un curioso capítulo. Los abogados que acompañaron la presentación de la asamblea, Marco Constantino y Juan Smith, fueron denunciados por la empresa e imputados por el fiscal José Almeyda por “estafa procesal”. “Sería un intento de engaño al juez por una supuesta falsedad de las firmas que acompañaban el amparo”, explica Smith. Pero asegura que “el objetivo de fondo era intimidar y dejar a la asamblea sin defensa”. “Esa imputación es lo peor que le pueden hacer a un abogado”, agrega. La medida fue apelada y Smith aclara: “No vamos a dejar la causa a pesar del poder que tienen y sabiendo que son capaces de cualquier cosa”.
Días atrás fue allanada la casa de Carlos Alvarez, uno de los asambleístas, por la desaparición de un cartel de Ticupil. El objeto buscado había sido tomado por una persona que estaba junto a Alvarez en una jornada de manifestación, y el propio miembro de la asamblea hizo una exposición ese día en la comisaría de Salsipuedes, donde entregó el cartel. Sin embargo, semanas atrás, se desayunó con un allanamiento en el domicilio de Córdoba donde reside su madre. “Nos buscan extorsionar, y además no discutir el tema de fondo, que es el agua”, denuncia Alvarez.
Del lado de la empresa oficia de vocero el ingeniero agrónomo Marcos Martínez, ex diputado provincial e hijo del ex vicepresidente radical Víctor Martínez. El técnico de Ticupil plantea un slogan para enfrentar al de la asamblea: “Ellos dicen ‘Candonga no se toca’, nosotros decimos ‘Candonga sustentable’”. “Hay gente que plantea no hacer nada allí, y eso es condenar a toda el área a no ser sustentable socialmente”, analiza. Acerca del daño sobre el bosque y la toma de agua, Martínez señala que “la mitigación prevista compensa el impacto”, mientras que “habrá beneficio por la reconversión de la zona”.
El titular de la Secretaria de Ambiente, Germán Pratto, asegura que “la preocupación y el reclamo vecinal son legítimos”, pero “no está en los planes revisar la resolución 1200”. Pratto apuesta a “generar reuniones para explicar los motivos que dispararon esa resolución”. El funcionario confía en el trabajo realizado por sus antecesores: “El gobierno tiene personal de excelentísimo nivel técnico, y en principio no vamos a cuestionar ese trabajo”.
Para Carlos Alvarez el avance de esta empresa sirve de reflejo para otros actores que “buscan generar un gran polo inmobiliario en esta zona que se volvió muy apetecible”. Aunque mantienen la esperanza en las siguientes instancias, desde la Asamblea son conscientes de que por ahora “Ticupil no tiene ningún impedimento para seguir avanzando”. “Lo único que queda es la movilización social”, arenga Alvarez.
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Río Negro: Determinan desprotección de aves costeras
En la costa atlántica rionegrina conviven numerosas aves desprotegidas
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
En la formación de acantilados que comienzan en el balneario el Cóndor, ubicado a 30 kilómetros de Viedma, se asienta la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.
Pero, en esos lugares anidan, en asociación con esas aves, otras especies como Halcón Peregrino, Halconcito Colorado, Chimango, Lechuza de Campanario, Lechucita de las Vizcacheras, Jote de Cabeza Negra, Golondrina Barranquera y Golondrina Negra, entre otras.
Como resultado del relevamiento oficial de aves rapaces en la costa atlántica rionegrina, se pudo determinar la importancia del área en cuanto a la riqueza y diversidad de aves que contiene. “Si bien dentro del sector observado se encuentran dos Áreas Naturales Protegidas (Punta Bermeja y Caleta de Los Loros), gran parte del sector de acantilados habitados por estas aves no cuenta con protección alguna”, consignó un parte oficial.
Agregó: “Las amenazas a las que están expuestas las aves están directamente relacionadas con la presencia del hombre, entre las que está la aceleración de la caída de los acantilados a causa de diferentes actividades antrópicas que aumentan la erosión de los mismos (circulación de vehículos por la costa, desmontes y eliminación de dunas costeras)”.
Se informó que profesionales de la Dirección de Fauna Silvestre y el cuerpo de Guardas Ambientales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, durante las últimas semanas de noviembre colaboraron en las tareas de relevamiento anual de aves rapaces en el sector del acantilado de la costa atlántica de Río Negro.
El trabajo forma parte de las investigaciones que viene realizando, desde el año 2010, el veterinario y director del Centro para el Estudio y el Manejo de Predadores de Argentina (CEMPA), de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Eduardo De Lucca.
Los objetivos generales del proyecto “Aves de Presa del Nordeste Patagónico” son: establecer una base de datos y efectuar monitoreos anuales respecto de la distribución y performance reproductiva de las aves de presa – número de pichones criados con éxito – que habitan el litoral del mar argentino en Río Negro.
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Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: ADN Río Negro
Provincia/Región: Río Negro
En la formación de acantilados que comienzan en el balneario el Cóndor, ubicado a 30 kilómetros de Viedma, se asienta la colonia de loros barranqueros más grande del mundo.
Pero, en esos lugares anidan, en asociación con esas aves, otras especies como Halcón Peregrino, Halconcito Colorado, Chimango, Lechuza de Campanario, Lechucita de las Vizcacheras, Jote de Cabeza Negra, Golondrina Barranquera y Golondrina Negra, entre otras.
Como resultado del relevamiento oficial de aves rapaces en la costa atlántica rionegrina, se pudo determinar la importancia del área en cuanto a la riqueza y diversidad de aves que contiene. “Si bien dentro del sector observado se encuentran dos Áreas Naturales Protegidas (Punta Bermeja y Caleta de Los Loros), gran parte del sector de acantilados habitados por estas aves no cuenta con protección alguna”, consignó un parte oficial.
Agregó: “Las amenazas a las que están expuestas las aves están directamente relacionadas con la presencia del hombre, entre las que está la aceleración de la caída de los acantilados a causa de diferentes actividades antrópicas que aumentan la erosión de los mismos (circulación de vehículos por la costa, desmontes y eliminación de dunas costeras)”.
Se informó que profesionales de la Dirección de Fauna Silvestre y el cuerpo de Guardas Ambientales del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, dependientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, durante las últimas semanas de noviembre colaboraron en las tareas de relevamiento anual de aves rapaces en el sector del acantilado de la costa atlántica de Río Negro.
El trabajo forma parte de las investigaciones que viene realizando, desde el año 2010, el veterinario y director del Centro para el Estudio y el Manejo de Predadores de Argentina (CEMPA), de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Eduardo De Lucca.
Los objetivos generales del proyecto “Aves de Presa del Nordeste Patagónico” son: establecer una base de datos y efectuar monitoreos anuales respecto de la distribución y performance reproductiva de las aves de presa – número de pichones criados con éxito – que habitan el litoral del mar argentino en Río Negro.
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Tráfico diezma la fauna de Salta (aparte de los desmontes)
El tráfico, una trampa mortal para muchos animales en Salta
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
De cada diez animales que son atrapados para la venta, sólo dos llegan con vida al mercado ilegal. En el 2013 la Estación de Fauna de la provincia albergó a mil animales rescatados en operativos
Un puma suelto en la vía pública, no representa un hecho aislado. Existen probabilidades que sea la evidencia más clara de un tráfico de animales.
El año pasado, mil ejemplares fueron albergados en la Estación de Fauna provincial (Finca Las Costas) provenientes de distintos operativos y secuestros de venta clandestina. Durante el 2012 se registraron dos mil.
Hacinamiento, mal estado sanitario o inclusive heridas de bala, son algunas de las causas por las que cientos de animales son recuperados luego de una comercialización ilegal con efectos mortales.
Sólo dos de cada diez animales atrapados llegan a ser vendidos, el resto muere en el camino.
El tráfico de fauna está reconocido como la tercera actividad ilegal en el mundo, luego del de drogas y armas.
Salta no está ajena a ello. El loro hablador y el mono caí son las especies autóctonas más vendidas mientras que las víboras (boas o pitón) erizos africanos y hurones son de las exóticas, entendidas éstas como los exponentes oriundos de otros países.
La falta de concientización e información sobre el tema son los obstáculos más importantes con los que deben luchar los organismos de control como la Dirección de Biodiversidad de la Provincia y División Rural Ambiental de la Policía de Salta.
El mascotismo de especies no domésticas es uno de los conceptos que se trata de erradicar desde hace tiempo.
"Hoy en día la fauna es como la droga, tiene más valor en Europa . En Salta existen lugares como algunos Petshop en donde se pueden encontrar este tipo de animales. Quizás no los tienen en ese mismo lugar pero los consiguen. Un loro hablador en el exterior se llega a vender hasta en 2 mil dólares", dijo a El Tribuno, Marcelo Choque, médico veterinario legal de la policía.
Cautivos 150 Loros habladores, es la cantidad que se encuentra generalmente por caja a la hora de los operativos que se realizan tanto en comercios, casas particulares como en rutas
"El tráfico es constante durante todo el año. Hay épocas, como el Día del Niño y otras fechas que tienen que ver con los chicos, en que se acrecienta aún más", explicó.
Para los especialistas, tener un animal para exhibirlo o coleccionarlo, es un acto de crueldad.
Existen mecanismos legales para contrarrestar la venta clandestina y la tenencia irresponsable, pero la concientización sobre el daño que se produce en la fauna y neutralizar la demanda son las únicas garantías de revertir la triste historia de muchos animales en la provincia.
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
De cada diez animales que son atrapados para la venta, sólo dos llegan con vida al mercado ilegal. En el 2013 la Estación de Fauna de la provincia albergó a mil animales rescatados en operativos
Un puma suelto en la vía pública, no representa un hecho aislado. Existen probabilidades que sea la evidencia más clara de un tráfico de animales.
El año pasado, mil ejemplares fueron albergados en la Estación de Fauna provincial (Finca Las Costas) provenientes de distintos operativos y secuestros de venta clandestina. Durante el 2012 se registraron dos mil.
Hacinamiento, mal estado sanitario o inclusive heridas de bala, son algunas de las causas por las que cientos de animales son recuperados luego de una comercialización ilegal con efectos mortales.
Sólo dos de cada diez animales atrapados llegan a ser vendidos, el resto muere en el camino.
El tráfico de fauna está reconocido como la tercera actividad ilegal en el mundo, luego del de drogas y armas.
Salta no está ajena a ello. El loro hablador y el mono caí son las especies autóctonas más vendidas mientras que las víboras (boas o pitón) erizos africanos y hurones son de las exóticas, entendidas éstas como los exponentes oriundos de otros países.
La falta de concientización e información sobre el tema son los obstáculos más importantes con los que deben luchar los organismos de control como la Dirección de Biodiversidad de la Provincia y División Rural Ambiental de la Policía de Salta.
El mascotismo de especies no domésticas es uno de los conceptos que se trata de erradicar desde hace tiempo.
"Hoy en día la fauna es como la droga, tiene más valor en Europa . En Salta existen lugares como algunos Petshop en donde se pueden encontrar este tipo de animales. Quizás no los tienen en ese mismo lugar pero los consiguen. Un loro hablador en el exterior se llega a vender hasta en 2 mil dólares", dijo a El Tribuno, Marcelo Choque, médico veterinario legal de la policía.
Cautivos 150 Loros habladores, es la cantidad que se encuentra generalmente por caja a la hora de los operativos que se realizan tanto en comercios, casas particulares como en rutas
"El tráfico es constante durante todo el año. Hay épocas, como el Día del Niño y otras fechas que tienen que ver con los chicos, en que se acrecienta aún más", explicó.
Para los especialistas, tener un animal para exhibirlo o coleccionarlo, es un acto de crueldad.
Existen mecanismos legales para contrarrestar la venta clandestina y la tenencia irresponsable, pero la concientización sobre el daño que se produce en la fauna y neutralizar la demanda son las únicas garantías de revertir la triste historia de muchos animales en la provincia.
Subproductos y comidas
El circuito de comercialización ilegal de los animales no sólo hace referencia a los exponentes vivos sino a todo subproducto de los mismos o alimentos elaborados. Es el caso de las pieles y cueros felinos y de reptiles que son utilizados para elaborar carteras, zapatos o para decorar algunos lugares como clubes deportivos u hoteles. Además de la preparación de platos con animales protegidos por la ley como el quirquincho.
"En el interior se les paga a personas para recolectar loros, por ejemplo. En una caja llegan a viajar hasta 150 loros. Eso les causa un estrés por cautiverio muy grande y el estrés en un animal de fauna es mucho mayor que en un doméstico", explicaron especialistas.
"Si no se corta la cadena de comercialización y no se trabaja para disminuir la compra de estos animalitos, el tráfico va seguir existiendo", aseguró Gustavo Dada, jefe de la Dirección de Bioseguridad.
La clandestinidad se evidencia a través de un proceso en el cual el inicio está determinado por recolectores que capturaran animales que luego son transportados por rutas y puntos fronterizos para terminar en la vía pública o lugares reconocidos como el mercado negro.
En Salta, la Capital es el punto que concentra el mayor flujo de tráfico en toda la provincia.
El parque San Martín o esquinas céntricas de la ciudad son conocidas por comercializar animales de manera ilegal además de algunas veterinarias, pet shops (locales dedicados a la venta de artículos para animales) o en distintos barrios.
Requerimientos
Existen animales que pueden ser comercializados legalmente. Entre ellos figuran los perros, gatos y loros (siempre y cuando no sean trasladados fuera de la provincia) además de la catita común, calacante cara roja y calacante común.
Las personas o comercios encargados de venderlos deben cumplir con ciertos requisitos entre ellos: estar en el registro de personas físicas y/o jurídicas para realizar actividades relacionadas con fauna silvestre, tener una guía de legítima tenencia y contar con una guía de tránsito en el caso de que los animales vayan a salir o ingresar a la provincia.
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Santa Fe: pedirán extraordinarias por ley de agroquímicos
Diputados pedirán a Bonfatti que trate en extraordinarias la ley de agroquímicos
Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El proyecto de modificación de la ley de fitosanitarios, redactado por organizaciones sociales prohibiendo las fumigaciones aéreas y alejando mil metros de las escuelas las aspersiones terrestres, entre otras medidas mínimas, aún después de tres años no consiguió la media sanción de Diputados. Con el fin de que el proyecto no pierda estado parlamentario, sus impulsores intentarán que el gobernador, Antonio Bonfatti, lo incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Con la participación de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, la firma del diputado José María Tessa y el acompañamiento de sus pares Oscar Urruty, Pablo Di Bert, Santiago Mascheroni y Gerardo Rico, en mayo de 2013 fue presentado el proyecto modificatorio en la Cámara de Diputados provincial. A fuerza de "empujones" y recordatorios públicos, al cabo de un año la Comisión de Agricultura lo aprobó por mayoría; cuatro meses después hizo lo propio la de Medio Ambiente y el 27 de noviembre —último día de sesiones de la cámara—, lo aprobó la de Asuntos Constitucionales, con el apoyo de la oposición parlamentaria provincial, quedando en estado de ser votado en el recinto. El oficialismo votó sistemáticamente en contra y a favor de su proyecto de minoría.
La esperanza de los vecinos afectados y las organizaciones ambientalistas y gremiales involucradas en el proyecto, se vio destrozada cuando la última sesión se frustró por falta de quórum, culminando así el año legislativo ordinario. Desde Paren de Fumigarnos emitieron un comunicado donde se deplora "que el proyecto recién ingresara al pleno de la Cámara baja el último día de sesiones, luego de estar dos años legislativos completos durmiendo en Diputados, clara evidencia de la poca importancia concedida a un tema muy caro a los intereses de las mayorías, pero que no cuenta con el aval empresarial".
Iniciativa. Un proyecto pierde estado parlamentario si no es aprobado durante dos periodos legislativos y eso sucedió con la iniciativa popular, excepto que el gobernador lo incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Los damnificados pedirán ahora "formalmente la inclusión del proyecto en el llamado que ya anunció. Todo debe quedar debidamente documentado, también para la posteridad".
En caso de ser incluido y luego aprobado, el proyecto deberá pasar por el Senado. Desde la multisectorial avizoran que se desatará un "conflicto de intereses" debido a que "unos cuantos legisladores son productores agropecuarios. La media sanción, no obstante, transmitiría un mensaje esperanzador respecto de las instituciones, a las cuales la ciudadanía comienza a ver como parte del problema y no de la solución".
"La insistencia en poner límites a un modelo agrario que enferma y mata se convirtió en un imperativo de subsistencia que impide abandonar la batalla, sumado a la constatación de que, como en los peores momentos de los'90, aun las débiles regulaciones existentes resultan obstáculos a esta nueva oleada colonizadora, comandada por las multinacionales extractivistas que lo quieren todo, aunque las cajas fuertes suizas rebalsen de riquezas", remarcaron.
Indicaron que "no sería la primera vez que el gobernador adopte decisiones sugeridas por este colectivo, como cuando era integrante del Comité Interministerial que prohibió el uso de fosfuro de aluminio en los camiones y que salvó la vida de muchos choferes. La demora en adoptar las medidas que hoy se demandan se traduce en vidas que se pierden, embarazos que se frustran, familias que se destruyen y personas que enferman y no solo la historia juzgará. Debemos confiar entonces en el buen criterio de la máxima autoridad provincial".
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Fecha de Publicación: 09/12/2014
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe
El proyecto de modificación de la ley de fitosanitarios, redactado por organizaciones sociales prohibiendo las fumigaciones aéreas y alejando mil metros de las escuelas las aspersiones terrestres, entre otras medidas mínimas, aún después de tres años no consiguió la media sanción de Diputados. Con el fin de que el proyecto no pierda estado parlamentario, sus impulsores intentarán que el gobernador, Antonio Bonfatti, lo incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
Con la participación de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, la firma del diputado José María Tessa y el acompañamiento de sus pares Oscar Urruty, Pablo Di Bert, Santiago Mascheroni y Gerardo Rico, en mayo de 2013 fue presentado el proyecto modificatorio en la Cámara de Diputados provincial. A fuerza de "empujones" y recordatorios públicos, al cabo de un año la Comisión de Agricultura lo aprobó por mayoría; cuatro meses después hizo lo propio la de Medio Ambiente y el 27 de noviembre —último día de sesiones de la cámara—, lo aprobó la de Asuntos Constitucionales, con el apoyo de la oposición parlamentaria provincial, quedando en estado de ser votado en el recinto. El oficialismo votó sistemáticamente en contra y a favor de su proyecto de minoría.
La esperanza de los vecinos afectados y las organizaciones ambientalistas y gremiales involucradas en el proyecto, se vio destrozada cuando la última sesión se frustró por falta de quórum, culminando así el año legislativo ordinario. Desde Paren de Fumigarnos emitieron un comunicado donde se deplora "que el proyecto recién ingresara al pleno de la Cámara baja el último día de sesiones, luego de estar dos años legislativos completos durmiendo en Diputados, clara evidencia de la poca importancia concedida a un tema muy caro a los intereses de las mayorías, pero que no cuenta con el aval empresarial".
Iniciativa. Un proyecto pierde estado parlamentario si no es aprobado durante dos periodos legislativos y eso sucedió con la iniciativa popular, excepto que el gobernador lo incluya en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Los damnificados pedirán ahora "formalmente la inclusión del proyecto en el llamado que ya anunció. Todo debe quedar debidamente documentado, también para la posteridad".
En caso de ser incluido y luego aprobado, el proyecto deberá pasar por el Senado. Desde la multisectorial avizoran que se desatará un "conflicto de intereses" debido a que "unos cuantos legisladores son productores agropecuarios. La media sanción, no obstante, transmitiría un mensaje esperanzador respecto de las instituciones, a las cuales la ciudadanía comienza a ver como parte del problema y no de la solución".
"La insistencia en poner límites a un modelo agrario que enferma y mata se convirtió en un imperativo de subsistencia que impide abandonar la batalla, sumado a la constatación de que, como en los peores momentos de los'90, aun las débiles regulaciones existentes resultan obstáculos a esta nueva oleada colonizadora, comandada por las multinacionales extractivistas que lo quieren todo, aunque las cajas fuertes suizas rebalsen de riquezas", remarcaron.
Indicaron que "no sería la primera vez que el gobernador adopte decisiones sugeridas por este colectivo, como cuando era integrante del Comité Interministerial que prohibió el uso de fosfuro de aluminio en los camiones y que salvó la vida de muchos choferes. La demora en adoptar las medidas que hoy se demandan se traduce en vidas que se pierden, embarazos que se frustran, familias que se destruyen y personas que enferman y no solo la historia juzgará. Debemos confiar entonces en el buen criterio de la máxima autoridad provincial".
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Fondo Fiduciario para bosques nativos
Acordaron la puesta en marcha del Fondo Fiduciario para bosques nativos
Fecha de Publicación: 08/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se convinieron mecanismos para poner en funcionamiento una herramienta fundamental para facilitar la transferencia de fondos de Nación a las provincias.
El presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), Hugo Bilbao, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Omar Judis, y referentes ambientales de todas las provincias un nuevo acordaron el funcionamiento y puesta en marcha del Fondo Fiduciario para bosques nativos.
"En la reunión acordamos mecanismos para poner en funcionamiento una herramienta fundamental para facilitar la transferencia de fondos de Nación a las provincias, siendo éstas las que tienen el manejo de los bosques nativos”, dijo Bilbao en un comunicado.
Bilbao consideró que “la conservación de los bosques nativos genera beneficios ambientales como la regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, suelo y calidad del agua; fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; contribución a la diversificación y belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural”.
Normativa
Cofema recordó que en noviembre de 2007 se sancionó en el país la ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
Asimismo, informó que se estableció un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
"Más allá de las discusiones que se dan en función de distintas visiones respecto a cuál es la metodología más apropiada y hasta dónde se puede avanzar, lo que está claro es que es una constante en el pensamiento de los representantes de las 24 jurisdicciones, que hemos dado sustantivos pasos adelante en cuestiones de Medio Ambiente", añadió el titular del Cofema.
¿Qué son los bosques nativos?
El organismo dijo que son “los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—“.
Eso, explicó, conforma “una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica”.
Presentes
En el encuentro, se informó, también estuvieron el asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Claudio Levy; la subsecretaria de ambiente de la Nación, Silvia Rébora, y la directora Nacional de Bosques, Inés Gómez.
A su vez, formaron parte también de la mesa de trabajo representantes de las áreas ambientales de los gobiernos de Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
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Fecha de Publicación: 08/12/2014
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Se convinieron mecanismos para poner en funcionamiento una herramienta fundamental para facilitar la transferencia de fondos de Nación a las provincias.
El presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), Hugo Bilbao, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, Omar Judis, y referentes ambientales de todas las provincias un nuevo acordaron el funcionamiento y puesta en marcha del Fondo Fiduciario para bosques nativos.
"En la reunión acordamos mecanismos para poner en funcionamiento una herramienta fundamental para facilitar la transferencia de fondos de Nación a las provincias, siendo éstas las que tienen el manejo de los bosques nativos”, dijo Bilbao en un comunicado.
Bilbao consideró que “la conservación de los bosques nativos genera beneficios ambientales como la regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, suelo y calidad del agua; fijación de emisiones de gases con efecto invernadero; contribución a la diversificación y belleza del paisaje y defensa de la identidad cultural”.
Normativa
Cofema recordó que en noviembre de 2007 se sancionó en el país la ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
Asimismo, informó que se estableció un régimen de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos.
"Más allá de las discusiones que se dan en función de distintas visiones respecto a cuál es la metodología más apropiada y hasta dónde se puede avanzar, lo que está claro es que es una constante en el pensamiento de los representantes de las 24 jurisdicciones, que hemos dado sustantivos pasos adelante en cuestiones de Medio Ambiente", añadió el titular del Cofema.
¿Qué son los bosques nativos?
El organismo dijo que son “los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea —suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos—“.
Eso, explicó, conforma “una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica”.
Presentes
En el encuentro, se informó, también estuvieron el asesor de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Claudio Levy; la subsecretaria de ambiente de la Nación, Silvia Rébora, y la directora Nacional de Bosques, Inés Gómez.
A su vez, formaron parte también de la mesa de trabajo representantes de las áreas ambientales de los gobiernos de Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
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Producción Más Limpia para Jujuy
Jujuy se perfila como modelo de producción limpia
Fecha de Publicación: 08/12/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Representantes del BID visitaron empresas jujeñas que conformaron el grupo de participación en el programa de Producción Más Limpia (P+L).
Autoridades del Programa de Producción Más Limpia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitaron empresas jujeñas que conformaron el grupo de participación en el programa de Producción Más Limpia (P+L), para auditar la aplicación y cumplimiento de las primeras medidas propuestas en sus planes generales.
La Auditora del BID, Graciela Scavone, explicó que esta visita se realizó para "ver en el sitio las distintas medidas que incluyeron las empresas en el programa P+L, las cuales debían ser medidas preventivas para reducir las emisiones y la contaminación en general y además que puedan atender el tema de salud de los trabajadores".
Precisó que "estas deben considerar aspectos ambientales, sociales y económicos, que resulten en una mejora en estas tres líneas". Se evalúa cómo llevó adelante la empresa estas medidas y qué resultados pueden percibir estas empresas que están en su etapa inicial. "Luego habrá una etapa de cierre donde van a volcar cómo mejoró su negocio esta estrategia de desarrollo sustentable que adoptaron, que significa producir mejor, respetando el ambiente, a la comunidad y generando más dinero", puntualizó.
Por su parte, el Coordinador General del Programa P+L de la SAyDS, Alfredo Galliano, dijo que analizaron en qué consistieron los proyectos con la toma de determinados indicadores que permitan ver el avance en general del mismo. Agregó que "a estas empresas ya se les entregó el 40% del aporte no reembolsable previsto, ahora cuando terminen de hacer las medidas se les entregará el 60% restante para ir a una auditoría final".
Cabe consignar, que el programa entregó a ocho empresas de Jujuy el 40% y "estamos muy cerca de finalizar con ellas y creemos que hasta marzo del 2015 ya se va a concluir", apuntó el funcionario nacional.
Resaltó que las empresas de Jujuy "dieron más pronta respuesta en este programa en comparación con otras provincias", como Santa Fe o Buenos Aires, entre otras, "contando con el apoyo de las autoridades provinciales, con los empresarios que creyeron en esto y con un buen desarrollo de las consultoras", completó.
Finalmente, destacó el convencimiento que tiene el empresario respecto a que "estas medidas realmente mejoraron su competitividad para que después que el programa concluya, este siga con esa visión, con esta estrategia ambiental preventiva".
El propietario de la empresa Salmónidos de Yala, Héctor Zarif, señaló que "además de explotar la trucha en el proceso de apicultura, intentamos desarrollar la explotación de un pez diferente que se llama Tilapia, que es estacional y, a diferencia de la trucha, habita en agua tibia.
Precisó que que al suministrarse un ambiente de agua caliente, "nos hace superar el tiempo en el que habitualmente vive la tilapia -desde septiembre a abril-, produciendo prácticamente todo el año, y con energía limpia, cambiando el sistema de caldera a leña por energía solar y eléctrica".
Agradeció a la Secretaría de Gestión Ambiental por la implementación de este programa en la provincia, "el cual estamos desarrollando con éxito", acotó.
Finalmente la Secretaria de Gestión Ambiental, María Elina Domínguez, sostuvo que la producción más limpia mejora la educación económica de las empresas, "ya que con pocos cambios tecnológicos y de infraestructura, ahorran dinero optimizando los recursos energéticos y materias primas, aumentan su competitividad, benefician al ambiente y contribuye a la sustentabilidad".
Ponderó la articulación que se logró entre el sector público y privado, consignando que "desde la Provincia vamos a seguir generando programas que alienten al cuidado del ambiente con desarrollo sustentable, con la creación de una línea a través del Consejo de la Microempresa en producción más limpia".
De esta manera, aseveró que "Jujuy continúa alentando estos procesos que son para el bien de todos" y finalmente subrayó que "hay una línea clara que venimos trabajando por mandato del Gobernador Eduardo Fellner, que consiste en la generación de empleo, porque creemos que el gran movilizador social es el trabajo".
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Fecha de Publicación: 08/12/2014
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Jujuy
Representantes del BID visitaron empresas jujeñas que conformaron el grupo de participación en el programa de Producción Más Limpia (P+L).
Autoridades del Programa de Producción Más Limpia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), visitaron empresas jujeñas que conformaron el grupo de participación en el programa de Producción Más Limpia (P+L), para auditar la aplicación y cumplimiento de las primeras medidas propuestas en sus planes generales.
La Auditora del BID, Graciela Scavone, explicó que esta visita se realizó para "ver en el sitio las distintas medidas que incluyeron las empresas en el programa P+L, las cuales debían ser medidas preventivas para reducir las emisiones y la contaminación en general y además que puedan atender el tema de salud de los trabajadores".
Precisó que "estas deben considerar aspectos ambientales, sociales y económicos, que resulten en una mejora en estas tres líneas". Se evalúa cómo llevó adelante la empresa estas medidas y qué resultados pueden percibir estas empresas que están en su etapa inicial. "Luego habrá una etapa de cierre donde van a volcar cómo mejoró su negocio esta estrategia de desarrollo sustentable que adoptaron, que significa producir mejor, respetando el ambiente, a la comunidad y generando más dinero", puntualizó.
Por su parte, el Coordinador General del Programa P+L de la SAyDS, Alfredo Galliano, dijo que analizaron en qué consistieron los proyectos con la toma de determinados indicadores que permitan ver el avance en general del mismo. Agregó que "a estas empresas ya se les entregó el 40% del aporte no reembolsable previsto, ahora cuando terminen de hacer las medidas se les entregará el 60% restante para ir a una auditoría final".
Cabe consignar, que el programa entregó a ocho empresas de Jujuy el 40% y "estamos muy cerca de finalizar con ellas y creemos que hasta marzo del 2015 ya se va a concluir", apuntó el funcionario nacional.
Resaltó que las empresas de Jujuy "dieron más pronta respuesta en este programa en comparación con otras provincias", como Santa Fe o Buenos Aires, entre otras, "contando con el apoyo de las autoridades provinciales, con los empresarios que creyeron en esto y con un buen desarrollo de las consultoras", completó.
Finalmente, destacó el convencimiento que tiene el empresario respecto a que "estas medidas realmente mejoraron su competitividad para que después que el programa concluya, este siga con esa visión, con esta estrategia ambiental preventiva".
El propietario de la empresa Salmónidos de Yala, Héctor Zarif, señaló que "además de explotar la trucha en el proceso de apicultura, intentamos desarrollar la explotación de un pez diferente que se llama Tilapia, que es estacional y, a diferencia de la trucha, habita en agua tibia.
Precisó que que al suministrarse un ambiente de agua caliente, "nos hace superar el tiempo en el que habitualmente vive la tilapia -desde septiembre a abril-, produciendo prácticamente todo el año, y con energía limpia, cambiando el sistema de caldera a leña por energía solar y eléctrica".
Agradeció a la Secretaría de Gestión Ambiental por la implementación de este programa en la provincia, "el cual estamos desarrollando con éxito", acotó.
Finalmente la Secretaria de Gestión Ambiental, María Elina Domínguez, sostuvo que la producción más limpia mejora la educación económica de las empresas, "ya que con pocos cambios tecnológicos y de infraestructura, ahorran dinero optimizando los recursos energéticos y materias primas, aumentan su competitividad, benefician al ambiente y contribuye a la sustentabilidad".
Ponderó la articulación que se logró entre el sector público y privado, consignando que "desde la Provincia vamos a seguir generando programas que alienten al cuidado del ambiente con desarrollo sustentable, con la creación de una línea a través del Consejo de la Microempresa en producción más limpia".
De esta manera, aseveró que "Jujuy continúa alentando estos procesos que son para el bien de todos" y finalmente subrayó que "hay una línea clara que venimos trabajando por mandato del Gobernador Eduardo Fellner, que consiste en la generación de empleo, porque creemos que el gran movilizador social es el trabajo".
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Atropellan y matan otro yaguareté, 300 mil de multa
Multado con 300 mil pesos por atropellar y matar a un yaguareté
Fecha de Publicación: 07/12/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Misiones
Se trata de camionero que atravesaba un parque protegido con exceso de velocidad. El yaguareté fue declarado Monumento Natural Provincial en Misiones. Se estima que quedan sólo unos 65 ejemplares en la región.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones resolvió multar con 307.450 pesos al camionero que en julio pasado atropelló y mató a un yaguareté sobre la ruta provincial 19, que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, confirmaron fuentes de la cartera provincial.
"La muerte del yaguareté macho adulto ocurrió por el exceso de velocidad del camión que transportaba sustancias químicas en un área protegida", señalaron los voceros.
“La instrucción de la ministra (de Ecología) Viviana Rovira fue proceder con toda la fuerza de la ley sobre quienes causen daños al ambiente”, fue el argumento de la decisión.
El yaguareté o panthera onca es el felino más grande de América y fue declarado Monumento Natural Provincial (Ley 25463).
En el transcurso del año dos de estos ejemplares murieron por atropellamientos en rutas de la provincia de Misiones.
A este macho adulto de unos 80 kilogramos hay que sumarle la muerte de un cachorro de unos 6 meses de edad que fue encontrado con heridas mortales a un costado de la ruta nacional 12, en cercanías de Puerto Iguazú, el vehículo que lo atropelló se dio a la fuga.
Según el último censo realizado en el 2010, sólo quedarían entre 60 y 65 ejemplares de yaguareté en toda la región.
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Fecha de Publicación: 07/12/2014
Fuente: La Mañana de Córdoba
Provincia/Región: Misiones
Se trata de camionero que atravesaba un parque protegido con exceso de velocidad. El yaguareté fue declarado Monumento Natural Provincial en Misiones. Se estima que quedan sólo unos 65 ejemplares en la región.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones resolvió multar con 307.450 pesos al camionero que en julio pasado atropelló y mató a un yaguareté sobre la ruta provincial 19, que atraviesa el Parque Provincial Urugua-í, confirmaron fuentes de la cartera provincial.
"La muerte del yaguareté macho adulto ocurrió por el exceso de velocidad del camión que transportaba sustancias químicas en un área protegida", señalaron los voceros.
“La instrucción de la ministra (de Ecología) Viviana Rovira fue proceder con toda la fuerza de la ley sobre quienes causen daños al ambiente”, fue el argumento de la decisión.
El yaguareté o panthera onca es el felino más grande de América y fue declarado Monumento Natural Provincial (Ley 25463).
En el transcurso del año dos de estos ejemplares murieron por atropellamientos en rutas de la provincia de Misiones.
A este macho adulto de unos 80 kilogramos hay que sumarle la muerte de un cachorro de unos 6 meses de edad que fue encontrado con heridas mortales a un costado de la ruta nacional 12, en cercanías de Puerto Iguazú, el vehículo que lo atropelló se dio a la fuga.
Según el último censo realizado en el 2010, sólo quedarían entre 60 y 65 ejemplares de yaguareté en toda la región.
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Santa Fe va a medir su recurso solar
Santa Fe mapea su recurso solar
Fecha de Publicación: 07/12/2014
Fuente: pv-magazine-latam.com
Provincia/Región: Santa Fe
La provincia argentina de Santa Fe va a medir su recurso solar. La Secretaría de Energía de la provincia ya ha recibido el equipamiento para llevar a cabo el proyecto, según se informa en un comunicado gubernamental el martes. Con la instalación de una Red Solarimétrica, Santa Fe se convierte en la primera provincia argentina en realizar una medición de su recurso solar en el conjunto del territorio provincial, según se indica en el comunicado.
En concreto, se van a instalar cinco estaciones de medición en las siguientes localizaciones: Tostado, Reconquista, Elisa, Cañada Rosquín y Firmat. La medición del recurso solar permitirá elaborar un mapa solar de la provincia que incluya la variabilidad en términos espaciales y temporales de la irradiación solar. De la instalación de las estaciones de medición estarán a cargo técnicos de la Universidad Nacional del Litoral.
El presupuesto para este proyecto se sitúa en 505.295 pesos argentinos (unos 59.217 dólares estadounidenses). En el comunicado, el gobierno provincial indica que la información precisa sobre el recurso solar es necesaria para elaborar estudios técnicos detallados sobre proyectos solares, los cuales son demandados por las entidades financiadoras de proyectos solares.
Esta iniciativa para medir el recurso solar de la provincia se suma a otras iniciativas en el campo de la energía solar en Santa Fe. Recientemente se lanzó una licitación para un proyecto fotovoltaico de un megavatio de potencia en un terreno público, la cual está abierta a la presentación de ofertas hasta el 17 de diciembre. Asimismo, la provincia argentina de Santa Fe llevo a cabo recientemente una licitación para sistemas fotovoltaicos en edificios gubernamentales.
Hasta la fecha no se ha construido ninguna central fotovoltaica de megavatios en Santa Fe. En la actualidad, las únicas provincias argentinas que acogen centrales solares de megavatios en operación son San Juan y San Luis. La potencia fotovoltaica acumulada se sitúa en unos diez megavatios en la actualidad en Argentina.
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Fecha de Publicación: 07/12/2014
Fuente: pv-magazine-latam.com
Provincia/Región: Santa Fe
La provincia argentina de Santa Fe va a medir su recurso solar. La Secretaría de Energía de la provincia ya ha recibido el equipamiento para llevar a cabo el proyecto, según se informa en un comunicado gubernamental el martes. Con la instalación de una Red Solarimétrica, Santa Fe se convierte en la primera provincia argentina en realizar una medición de su recurso solar en el conjunto del territorio provincial, según se indica en el comunicado.
En concreto, se van a instalar cinco estaciones de medición en las siguientes localizaciones: Tostado, Reconquista, Elisa, Cañada Rosquín y Firmat. La medición del recurso solar permitirá elaborar un mapa solar de la provincia que incluya la variabilidad en términos espaciales y temporales de la irradiación solar. De la instalación de las estaciones de medición estarán a cargo técnicos de la Universidad Nacional del Litoral.
El presupuesto para este proyecto se sitúa en 505.295 pesos argentinos (unos 59.217 dólares estadounidenses). En el comunicado, el gobierno provincial indica que la información precisa sobre el recurso solar es necesaria para elaborar estudios técnicos detallados sobre proyectos solares, los cuales son demandados por las entidades financiadoras de proyectos solares.
Esta iniciativa para medir el recurso solar de la provincia se suma a otras iniciativas en el campo de la energía solar en Santa Fe. Recientemente se lanzó una licitación para un proyecto fotovoltaico de un megavatio de potencia en un terreno público, la cual está abierta a la presentación de ofertas hasta el 17 de diciembre. Asimismo, la provincia argentina de Santa Fe llevo a cabo recientemente una licitación para sistemas fotovoltaicos en edificios gubernamentales.
Hasta la fecha no se ha construido ninguna central fotovoltaica de megavatios en Santa Fe. En la actualidad, las únicas provincias argentinas que acogen centrales solares de megavatios en operación son San Juan y San Luis. La potencia fotovoltaica acumulada se sitúa en unos diez megavatios en la actualidad en Argentina.
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Voracidad minera sin límites e irracional en San Juan
El sector minero, en alerta por la ley que cuida humedales
Fecha de Publicación: 06/12/2014
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
A un año de la media sanción de un proyecto que preserva los humedales en todo el país, el Gobierno y el sector empresario de la minería local renuevan la preocupación porque se llegue a la aprobación de la norma en Diputados.
En San Juan lo califican como "peor que la Ley de Glaciares” y se preguntan cómo, hace justamente un año con apoyo de los senadores sanjuaninos, obtuvo media sanción en la Cámara alta. Se trata del proyecto de Ley de Humedales, que intenta fijar los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. En el Ministerio de Minería local y en el sector empresario minero sanjuanino hay preocupación porque esta iniciativa se convierta en ley porque afecta la realización de actividades en la cordillera como el desarrollo minero.
Según la Secretaría de Medio Ambiente local, "los humedales son áreas donde el agua es el factor primario que condiciona al ambiente así como a la vida vegetal y animal asociada. Juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas. Aparecen donde la tierra está cubierta por aguas que no superan los 6 metros de profundidad”. El proyecto de Ley de Humedales fue aprobado por unanimidad en noviembre de 2013, impulsado por el socialista santafecino Rubén Giustiniani y ahora se estudia en la Cámara de Diputados de la Nación, con fuerte lobby de los sectores ambientalistas para lograr que el proyecto se convierta en ley nacional.
En San Juan dicen que el contenido del articulado es impreciso y lo ven como una amenaza para el desarrollo no sólo minero sino de toda actividad en la cordillera. Así lo dijeron el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione; el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé; y el presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Julio Ríos Gómez.
Ghiglione explicó que "El proyecto de la Ley de Humedales adolece de las imprecisiones de la Ley de Glaciares. Cada ley tiene una fundamentación de tipo técnico y se habla de la intangibilidad de humedales y también considera humedales a las vegas o humedales de altura que son los que se encuentran en la zona Centro-Oeste como San Juan y Mendoza. Al plantear la intangibilidad así con tanta ligereza genera un problema de accesibilidad a los proyectos mineros y también en cuanto a la explotación de los diferentes yacimientos que hay”.
Y agregó que se presentan al menos dos conflictos. "El primer problema grave es que para acceder a los proyectos mineros se hace a través de los valles intermontanos en las cercanías de los humedales y necesariamente se intervienen los humedales al pasar cerca. Si se plantea la intangibilidad va a haber que reglamentar y definir un área perihumedal que va a conducir a los mismos problemas que condujo la Ley de Glaciares. Porque esta indefinición genera que no podamos acceder a los altos valles cordilleranos por ser intangibles los humedales. En segundo término, es gravísimo que se avanza nuevamente la Nación sobre la potestad de las provincias y la administración de sus recursos naturales. En este caso, un recurso hídrico. Las provincias no han delegado en la Nación desde 1953 a la fecha la administración de sus recursos naturales, el humedal es un recurso hídrico y como tal debe ser administrado, controlado y regulado por la Provincia.
Imagínese que no podamos acceder a la cordillera porque no podamos pasar por las vegas. Los proyectos mineros tales como Veladero, Pachón, Los Azules, Altares, Vicuña, Caballo, se hace a través de valles intermontanos, se pasa por el costado de los humedales o se los atraviesa en forma perpendicular tratando de afectarlos lo menos posible pero a los caminos hay que hacerlos por donde es posible, no se puede hacer por las cumbres”.
Por su parte, Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Creo que nos afecta tanto o más que la Ley de Glaciares ya que complica el accionar de nuestras empresas en esas zonas. Acá hay problemas cuando se traen conceptos que ni siquiera están claros en la Literatura universal. Entonces eso complica muchísimo y en ningún momento se previó o se llamó a la gente vinculada a las industrias en general que podían verse afectadas”.
Desde la Cámara Minera, Bergé dijo que "este proyecto afecta en el acceso a yacimientos que pasan por pequeñas vegas o zonas que puedan tener algún grado de humedad como los bordes glaciares que pueden trabajarse porque no aportan al sistema hídrico prácticamente nada. No se ha hecho un mapa de afectación pero entendemos que es una ley que se presta a que cualquiera que quiera exagerar lo pueda hacer, porque el término es muy difuso, sencillamente habla de humedales”.
El ministro de Minería local, Felipe Saavedra, aseguró que "Nosotros estamos siguiendo el tema. Yo he estado en contacto con algunos diputados nacionales particularmente con la diputada Griselda Herrera que es de Recursos Naturales y le hemos hecho llegar nuestra preocupación sobre todo por los humedales de altura que son las vegas y que seguramente van a complicar el acceso a algunos emprendimientos. Nosotros hemos aconsejado que no sería bueno que sea tan general”.
De todos estos sectores hay gestiones para que el proyecto no prospere tal y como está. El diputado nacional sanjuanino Daniel Tomas, que preside la comisión de Minería en la Cámara baja dijo que aún no ve el proyecto porque no está en su comisión sino en la de Recursos Naturales y que prevé estudiarlo.
Bergé dijo que "Hemos hablado con gente de la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), se lo hemos dicho al gobernador y estamos tratando que se pare, que se analice de otra manera de encontrarle una cuestión lógica”. Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Esto lo hemos llevado a nivel de la CAEM y vamos a renovar los pedidos para hablar con el Gobernador haciendo hincapié en la afectación que puede tener esto en la actividad y que le quita a la Provincia en autoridad de aplicación, lo que también es muy grave”. Y Ghiglione afirmó que "Yo tomando conocimiento del proyecto me he puesto en campaña de advertirles a los diputados nacionales que nos va a pasar lo mismo que con la Ley de Glaciares”.
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Fecha de Publicación: 06/12/2014
Fuente: Tiempo de San Juan
Provincia/Región: San Juan
A un año de la media sanción de un proyecto que preserva los humedales en todo el país, el Gobierno y el sector empresario de la minería local renuevan la preocupación porque se llegue a la aprobación de la norma en Diputados.
En San Juan lo califican como "peor que la Ley de Glaciares” y se preguntan cómo, hace justamente un año con apoyo de los senadores sanjuaninos, obtuvo media sanción en la Cámara alta. Se trata del proyecto de Ley de Humedales, que intenta fijar los presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de los humedales. En el Ministerio de Minería local y en el sector empresario minero sanjuanino hay preocupación porque esta iniciativa se convierta en ley porque afecta la realización de actividades en la cordillera como el desarrollo minero.
Según la Secretaría de Medio Ambiente local, "los humedales son áreas donde el agua es el factor primario que condiciona al ambiente así como a la vida vegetal y animal asociada. Juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones ecológicas. Aparecen donde la tierra está cubierta por aguas que no superan los 6 metros de profundidad”. El proyecto de Ley de Humedales fue aprobado por unanimidad en noviembre de 2013, impulsado por el socialista santafecino Rubén Giustiniani y ahora se estudia en la Cámara de Diputados de la Nación, con fuerte lobby de los sectores ambientalistas para lograr que el proyecto se convierta en ley nacional.
En San Juan dicen que el contenido del articulado es impreciso y lo ven como una amenaza para el desarrollo no sólo minero sino de toda actividad en la cordillera. Así lo dijeron el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra; el secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo Ghiglione; el titular de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé; y el presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), Julio Ríos Gómez.
Ghiglione explicó que "El proyecto de la Ley de Humedales adolece de las imprecisiones de la Ley de Glaciares. Cada ley tiene una fundamentación de tipo técnico y se habla de la intangibilidad de humedales y también considera humedales a las vegas o humedales de altura que son los que se encuentran en la zona Centro-Oeste como San Juan y Mendoza. Al plantear la intangibilidad así con tanta ligereza genera un problema de accesibilidad a los proyectos mineros y también en cuanto a la explotación de los diferentes yacimientos que hay”.
Y agregó que se presentan al menos dos conflictos. "El primer problema grave es que para acceder a los proyectos mineros se hace a través de los valles intermontanos en las cercanías de los humedales y necesariamente se intervienen los humedales al pasar cerca. Si se plantea la intangibilidad va a haber que reglamentar y definir un área perihumedal que va a conducir a los mismos problemas que condujo la Ley de Glaciares. Porque esta indefinición genera que no podamos acceder a los altos valles cordilleranos por ser intangibles los humedales. En segundo término, es gravísimo que se avanza nuevamente la Nación sobre la potestad de las provincias y la administración de sus recursos naturales. En este caso, un recurso hídrico. Las provincias no han delegado en la Nación desde 1953 a la fecha la administración de sus recursos naturales, el humedal es un recurso hídrico y como tal debe ser administrado, controlado y regulado por la Provincia.
Imagínese que no podamos acceder a la cordillera porque no podamos pasar por las vegas. Los proyectos mineros tales como Veladero, Pachón, Los Azules, Altares, Vicuña, Caballo, se hace a través de valles intermontanos, se pasa por el costado de los humedales o se los atraviesa en forma perpendicular tratando de afectarlos lo menos posible pero a los caminos hay que hacerlos por donde es posible, no se puede hacer por las cumbres”.
Por su parte, Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Creo que nos afecta tanto o más que la Ley de Glaciares ya que complica el accionar de nuestras empresas en esas zonas. Acá hay problemas cuando se traen conceptos que ni siquiera están claros en la Literatura universal. Entonces eso complica muchísimo y en ningún momento se previó o se llamó a la gente vinculada a las industrias en general que podían verse afectadas”.
Desde la Cámara Minera, Bergé dijo que "este proyecto afecta en el acceso a yacimientos que pasan por pequeñas vegas o zonas que puedan tener algún grado de humedad como los bordes glaciares que pueden trabajarse porque no aportan al sistema hídrico prácticamente nada. No se ha hecho un mapa de afectación pero entendemos que es una ley que se presta a que cualquiera que quiera exagerar lo pueda hacer, porque el término es muy difuso, sencillamente habla de humedales”.
El ministro de Minería local, Felipe Saavedra, aseguró que "Nosotros estamos siguiendo el tema. Yo he estado en contacto con algunos diputados nacionales particularmente con la diputada Griselda Herrera que es de Recursos Naturales y le hemos hecho llegar nuestra preocupación sobre todo por los humedales de altura que son las vegas y que seguramente van a complicar el acceso a algunos emprendimientos. Nosotros hemos aconsejado que no sería bueno que sea tan general”.
De todos estos sectores hay gestiones para que el proyecto no prospere tal y como está. El diputado nacional sanjuanino Daniel Tomas, que preside la comisión de Minería en la Cámara baja dijo que aún no ve el proyecto porque no está en su comisión sino en la de Recursos Naturales y que prevé estudiarlo.
Bergé dijo que "Hemos hablado con gente de la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros), se lo hemos dicho al gobernador y estamos tratando que se pare, que se analice de otra manera de encontrarle una cuestión lógica”. Ríos Gómez de GEMERA dijo que "Esto lo hemos llevado a nivel de la CAEM y vamos a renovar los pedidos para hablar con el Gobernador haciendo hincapié en la afectación que puede tener esto en la actividad y que le quita a la Provincia en autoridad de aplicación, lo que también es muy grave”. Y Ghiglione afirmó que "Yo tomando conocimiento del proyecto me he puesto en campaña de advertirles a los diputados nacionales que nos va a pasar lo mismo que con la Ley de Glaciares”.
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Podrán trasladar las familias de la Villa 21- 24
Se aprobó la ley que permitirá el traslado de familias de la Villa 21- 24
Fecha de Publicación: 06/12/2014
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura Porteña aprobó en forma definitiva la ley que permitirá el traslado de 1.334 familias de la Villa 21-24 que viven a orillas del Riachuelo y serán relocalizadas a nuevos complejos habitacionales.
Las familias serán trasladas a viviendas que se construirán en los barrios de Barracas, La Boca, Flores, Parque Chacabuco, Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos.
El director de Relaciones Institucionales, Antolín Magallanes, sostuvo: “Este fue un proceso virtuoso, que puso en funcionamiento las capacidades de articulación y negociación de todos los actores intervinientes. Es muy importante el logro alcanzado y nos plantea un importante desafío hacia adelante, ya que el consenso alcanzado permite avizorar la solución habitacional para muchísimas familias. Sin dudas esto se inscribe como uno de los momentos más importantes en la recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo, por la calidad del proceso y por la perseverancia de los distintos actores intervinientes”.
Uno de los delegados de la villa 21 24, Mencho Sosa, aseguró: “Después de tanta lucha para tener los terrenos dentro de los perímetros que habíamos pedidos esta ley es un gran logro. Creo que va a servir para apurar el proceso de construcción y traslado. La gente lo tomó bien, porque no quieren irse tan lejos. Sienten que los escucharon y no van a perder la posibilidad de llevar a los chicos al mismo el colegio que era lo que más los preocupaba. Ahora vamos a seguir reuniéndonos para acordar los pasos a seguir”.
Silvia Lospennato, representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de ACUMAR, consideró que “la ley fue el producto del diálogo y el consenso entre los vecinos, el gobierno de la Ciudad y la ACUMAR, un consenso que llevó años de trabajo construir pero que fue acompañado por todas las fuerzas políticas en la Legislatura. Con la implementación de esta ley la Ciudad estará en condiciones de cumplir con el 100% de las relocalizaciones de la Sirga, los vecinos tienen certezas de los lugares a donde serán relocalizados, es por ello un paso fundamental en el cumplimiento del fallo Mendoza en nuestra jurisdicción”.
La iniciativa fue presentada por la diputada macrista Karina Spalla, quién durante el debate afirmó: "La localización de todos los predios cuenta con la aprobación de las familias que desean relocalizarse en cercanías de los lugares que actualmente habitan tal como consta en las actas de las mesas de trabajo que se realizan para mantener informados a los vecinos del proceso de relocalizaciones".
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Fecha de Publicación: 06/12/2014
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo
La Legislatura Porteña aprobó en forma definitiva la ley que permitirá el traslado de 1.334 familias de la Villa 21-24 que viven a orillas del Riachuelo y serán relocalizadas a nuevos complejos habitacionales.
Las familias serán trasladas a viviendas que se construirán en los barrios de Barracas, La Boca, Flores, Parque Chacabuco, Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos.
El director de Relaciones Institucionales, Antolín Magallanes, sostuvo: “Este fue un proceso virtuoso, que puso en funcionamiento las capacidades de articulación y negociación de todos los actores intervinientes. Es muy importante el logro alcanzado y nos plantea un importante desafío hacia adelante, ya que el consenso alcanzado permite avizorar la solución habitacional para muchísimas familias. Sin dudas esto se inscribe como uno de los momentos más importantes en la recuperación de la Cuenca Matanza Riachuelo, por la calidad del proceso y por la perseverancia de los distintos actores intervinientes”.
Uno de los delegados de la villa 21 24, Mencho Sosa, aseguró: “Después de tanta lucha para tener los terrenos dentro de los perímetros que habíamos pedidos esta ley es un gran logro. Creo que va a servir para apurar el proceso de construcción y traslado. La gente lo tomó bien, porque no quieren irse tan lejos. Sienten que los escucharon y no van a perder la posibilidad de llevar a los chicos al mismo el colegio que era lo que más los preocupaba. Ahora vamos a seguir reuniéndonos para acordar los pasos a seguir”.
Silvia Lospennato, representante por la Ciudad de Buenos Aires en el Consejo Directivo de ACUMAR, consideró que “la ley fue el producto del diálogo y el consenso entre los vecinos, el gobierno de la Ciudad y la ACUMAR, un consenso que llevó años de trabajo construir pero que fue acompañado por todas las fuerzas políticas en la Legislatura. Con la implementación de esta ley la Ciudad estará en condiciones de cumplir con el 100% de las relocalizaciones de la Sirga, los vecinos tienen certezas de los lugares a donde serán relocalizados, es por ello un paso fundamental en el cumplimiento del fallo Mendoza en nuestra jurisdicción”.
La iniciativa fue presentada por la diputada macrista Karina Spalla, quién durante el debate afirmó: "La localización de todos los predios cuenta con la aprobación de las familias que desean relocalizarse en cercanías de los lugares que actualmente habitan tal como consta en las actas de las mesas de trabajo que se realizan para mantener informados a los vecinos del proceso de relocalizaciones".
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MinCyT apoya con fondos investigación en bosques
Bosques nativos: subsidiarán proyectos científicos para su protección y manejo sustentable
Fecha de Publicación: 05/12/2014
Fuente: MinCyT
Provincia/Región: Nacional
Autoridades de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, visitaron Santiago del Estero para presentar una nueva línea de financiamiento de proyectos en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Fernando Goldbaum, junto a la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación, Dra. Silvia Révora, encabezaron la primera jornada de difusión y capacitación en el marco de la convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados al manejo sustentable de los bosques nativos (PICTO 2014 Bosques Nativos).
Durante la apertura, Goldbaum sostuvo que “así como el siglo XX se caracterizó por la extracción y el uso intensivo de recursos no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón, la bioeconomía del siglo XXI se basa en el uso intensivo del conocimiento para el aprovechamiento de recursos renovables”. El titular de la Agencia indicó además que junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable “queremos promover la generación de conocimientos que contribuyan al manejo, la protección y el aprovechamiento sustentable del bosque nativo y fomentar el desarrollo de bosques implantados”. “La industria forestal es uno de los sectores más dinámicos de la bioeconomía y presenta una gran oportunidad para su desarrollo en la Argentina” aseguró Goldbaum en su exposición.
La convocatoria PICTO 2014 Bosques Nativos, administrada por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia, destinará $7.500.000 para financiar proyectos de grupos de investigación que promuevan la generación y aplicación de conocimientos que contribuyan al manejo, la protección y el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, en concordancia con los objetivos expresados en la Ley N° 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”. Los fondos a adjudicar en la convocatoria serán aportados en partes iguales por la Agencia y la SAyDS.
Las iniciativas deberán versar sobre tres ejes de trabajo: (1) aspectos económicos y sociales vinculados al uso, la transformación y la comercialización de los recursos provenientes del bosque nativo; (2) ordenamiento territorial y manejo del bosque nativo; y (3) monitoreo de los recursos forestales nativos. Los grupos de investigación que trabajen sobre el primer eje contarán con un plazo de ejecución de hasta dos años y podrán solicitar hasta $300.000 de subsidio. Aquellos que orienten sus proyectos al segundo y tercer eje de trabajo tendrán hasta tres años para su consecución y podrán solicitar subsidios por un máximo de $500.000.
La jornada, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero ante la presencia de su rectora, Lic. Natividad Nassif, contó con la participación de representantes del FONCYT quienes brindaron una presentación sobre los detalles de la convocatoria, los ejes de trabajo y las líneas de investigación sobre las que deberán discurrir las iniciativas.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de febrero del 2015. Para más información sobre bases y condiciones de la misma ingrese en el sitio web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica www.agencia.gob.ar o comuníquese por correo electrónico a: foncyt@mincyt.gob.ar.
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Fecha de Publicación: 05/12/2014
Fuente: MinCyT
Provincia/Región: Nacional
Autoridades de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, visitaron Santiago del Estero para presentar una nueva línea de financiamiento de proyectos en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
El presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Fernando Goldbaum, junto a la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) de la Nación, Dra. Silvia Révora, encabezaron la primera jornada de difusión y capacitación en el marco de la convocatoria de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados al manejo sustentable de los bosques nativos (PICTO 2014 Bosques Nativos).
Durante la apertura, Goldbaum sostuvo que “así como el siglo XX se caracterizó por la extracción y el uso intensivo de recursos no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón, la bioeconomía del siglo XXI se basa en el uso intensivo del conocimiento para el aprovechamiento de recursos renovables”. El titular de la Agencia indicó además que junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable “queremos promover la generación de conocimientos que contribuyan al manejo, la protección y el aprovechamiento sustentable del bosque nativo y fomentar el desarrollo de bosques implantados”. “La industria forestal es uno de los sectores más dinámicos de la bioeconomía y presenta una gran oportunidad para su desarrollo en la Argentina” aseguró Goldbaum en su exposición.
La convocatoria PICTO 2014 Bosques Nativos, administrada por el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) de la Agencia, destinará $7.500.000 para financiar proyectos de grupos de investigación que promuevan la generación y aplicación de conocimientos que contribuyan al manejo, la protección y el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, en concordancia con los objetivos expresados en la Ley N° 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”. Los fondos a adjudicar en la convocatoria serán aportados en partes iguales por la Agencia y la SAyDS.
Las iniciativas deberán versar sobre tres ejes de trabajo: (1) aspectos económicos y sociales vinculados al uso, la transformación y la comercialización de los recursos provenientes del bosque nativo; (2) ordenamiento territorial y manejo del bosque nativo; y (3) monitoreo de los recursos forestales nativos. Los grupos de investigación que trabajen sobre el primer eje contarán con un plazo de ejecución de hasta dos años y podrán solicitar hasta $300.000 de subsidio. Aquellos que orienten sus proyectos al segundo y tercer eje de trabajo tendrán hasta tres años para su consecución y podrán solicitar subsidios por un máximo de $500.000.
La jornada, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero ante la presencia de su rectora, Lic. Natividad Nassif, contó con la participación de representantes del FONCYT quienes brindaron una presentación sobre los detalles de la convocatoria, los ejes de trabajo y las líneas de investigación sobre las que deberán discurrir las iniciativas.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de febrero del 2015. Para más información sobre bases y condiciones de la misma ingrese en el sitio web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica www.agencia.gob.ar o comuníquese por correo electrónico a: foncyt@mincyt.gob.ar.
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Agricultura se siente "atacada" por los agroquímicos
El Ministerio de Agricultura se mostró preocupado por las campañas anti-agroquímicos
Fecha de Publicación: 05/12/2014
Fuente: infocampo.com.ar
Provincia/Región: Nacional
No es usual que los funcionarios del Gobierno nacional hablen públicamente sobre los agroquímicos. De hecho, es un tema que en los últimos años el kirchnerismo prefirió evadir por su cercanía a diversos grupos ambientalistas que confrontan con el campo.
Pero esta estrategia política pareciera que comenzó a quedar atrás cuando, en un cóctel de fin de año organizado por las Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA), el segundo del ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, sentó la posición oficial.
Se trata del secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, un hombre formado en el INTA de buena relación con el conjunto de los integrantes del sector agropecuario (confeso hincha de Boca, es uno de los pocos funcionarios que asiste a buena parte de los eventos del agro).
Así, en la sede porteña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Delgado advirtió: "Detrás de la palabra 'Agrotóxicos', hay una militancia con un accionar estructurado, que puede traer problemas para el desarrollo de nuestro país".
Las declaraciones del hombre de confianza de Casamiquela no pasaron desapercibidas: se dieron ante la presencia de los máximos directivos de ASA, CASAFE y CAPROVE (las entidades que conforman ACTA).
"La institucionalidad pública y privada es el único camino para revertir estos vaivenes que tanto daño generan", señaló Delgado, para luego mencionar que "los esfuerzos que hay que hacer en materia comunicacioonal son tremendamente importantes".
Luego, el funcionario de Agricultura contó con preocupación una campaña en un medio de China que pudo observar cuando en octubre visitó el país. "Leí un artículo de 3 páginas con 11 fotos titulado 'Argentina envenena al mundo con sus productos alimenticios'", destacó.
"Las imágenes con envases de agroquímicos eran terribles; imaginen el efecto que eso genera en el público urbano del centro de Pekín que, con muy buena voluntad, no cuenta con la información necesaria para sacar conclusiones con base científica", afirmó Delgado.
"Tenemos que generar instancias de diálogo para que, si realmente existe algún efecto negativo, el Estado tenga las herramientas para tomar las medidas que haya que tomar; y sino, para aumentar los recaudos necesarios en prevención", agregó el funcionario.
Por su parte, otro que habló en el evento fue el presidente de ACTA, Hernán Bagliero: "Pedimos a todos que acompañen este esfuerzo que hacemos por mantener la competitividad en la producción respetando el medio ambiente", dijo.
"Estamos convencidos que en la actualidad el modelo productivo es de menor costo ambiental; tenemos el enorme desafío de abastecer la demanda mundial de alimentos y para esto la base científica es la que nos da la reputación", concluyó Bagliero.
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Fecha de Publicación: 05/12/2014
Fuente: infocampo.com.ar
Provincia/Región: Nacional
No es usual que los funcionarios del Gobierno nacional hablen públicamente sobre los agroquímicos. De hecho, es un tema que en los últimos años el kirchnerismo prefirió evadir por su cercanía a diversos grupos ambientalistas que confrontan con el campo.
Pero esta estrategia política pareciera que comenzó a quedar atrás cuando, en un cóctel de fin de año organizado por las Cámaras de Tecnología Agropecuaria (ACTA), el segundo del ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, sentó la posición oficial.
Se trata del secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, un hombre formado en el INTA de buena relación con el conjunto de los integrantes del sector agropecuario (confeso hincha de Boca, es uno de los pocos funcionarios que asiste a buena parte de los eventos del agro).
Así, en la sede porteña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), Delgado advirtió: "Detrás de la palabra 'Agrotóxicos', hay una militancia con un accionar estructurado, que puede traer problemas para el desarrollo de nuestro país".
Las declaraciones del hombre de confianza de Casamiquela no pasaron desapercibidas: se dieron ante la presencia de los máximos directivos de ASA, CASAFE y CAPROVE (las entidades que conforman ACTA).
"La institucionalidad pública y privada es el único camino para revertir estos vaivenes que tanto daño generan", señaló Delgado, para luego mencionar que "los esfuerzos que hay que hacer en materia comunicacioonal son tremendamente importantes".
Luego, el funcionario de Agricultura contó con preocupación una campaña en un medio de China que pudo observar cuando en octubre visitó el país. "Leí un artículo de 3 páginas con 11 fotos titulado 'Argentina envenena al mundo con sus productos alimenticios'", destacó.
"Las imágenes con envases de agroquímicos eran terribles; imaginen el efecto que eso genera en el público urbano del centro de Pekín que, con muy buena voluntad, no cuenta con la información necesaria para sacar conclusiones con base científica", afirmó Delgado.
"Tenemos que generar instancias de diálogo para que, si realmente existe algún efecto negativo, el Estado tenga las herramientas para tomar las medidas que haya que tomar; y sino, para aumentar los recaudos necesarios en prevención", agregó el funcionario.
Por su parte, otro que habló en el evento fue el presidente de ACTA, Hernán Bagliero: "Pedimos a todos que acompañen este esfuerzo que hacemos por mantener la competitividad en la producción respetando el medio ambiente", dijo.
"Estamos convencidos que en la actualidad el modelo productivo es de menor costo ambiental; tenemos el enorme desafío de abastecer la demanda mundial de alimentos y para esto la base científica es la que nos da la reputación", concluyó Bagliero.
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Agua: la SCJ señaló que se debe garantizar el derecho
La Corte vino por el agua
Fecha de Publicación: 05/12/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los supremos señalaron que los jueces deben garantizar ese derecho, al que reconocieron como colectivo.
La Corte Suprema reconoció el “acceso al agua potable” como un derecho humano y dijo que los jueces son los que deben garantizarlo. Lo hizo ante una demanda de habitantes del partido bonaerense de 9 de Julio, donde se habían detectado niveles de arsénico que ponían en riesgo la salud de la población. La misma resolución señala que el caso debe tramitar como una demanda colectiva y dispone que los tribunales inferiores corrijan el trámite que le dieron hasta ahora al expediente como si se tratara de reclamos sueltos individuales. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el alto tribunal dejó firme una medida cautelar que ordena a Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y a la provincia de Buenos Aires la provisión de agua potable a los particulares, entidades educativas y asistenciales “para satisfacer necesidades básicas de consumo e higiene personal”.
“No hay duda de que, en el caso, existe la necesidad de una tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora de la demandada en la solución definitiva de esta situación”, afirma el fallo de la Corte, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. “El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas”, subraya el texto, que recoge y consolida la tendencia internacional. Recuerda que Naciones Unidas declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y que así lo establecen varias convenciones. Además de que en la Cumbre del Milenio, en 2000, los países acordaron reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de agua potable para el 2015.
En 2014, todavía los vecinos de 9 de Julio están entrampados en los vaivenes de su demanda judicial por agua potable. Todo empezó con un reclamo de 25 personas, algunos de ellos menores de edad, que denunciaron que el agua de la zona contenía niveles de arsénico muy superiores a los permitidos, lo que implicaba un riesgo de daño irreparable para la salud de los pobladores. El arsenicismo crónico es una enfermedad derivada de inhalar o ingerir el arsénico, que es neurotóxico y cancerígeno. La presentación judicial inicial era una acción de amparo que pedía que se intime a la empresa ABSA y a la provincia de Buenos Aires a realizar los trabajos necesarios para adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario de acuerdo con parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
El Juzgado de Garantías 1 de Mercedes dictó una medida cautelar y ordenó la provisión de agua potable en bidones hasta que se resuelva el tema de fondo y dispuso un análisis periódico del agua, cuyo consumo prohibió en los domicilios y establecimientos educativos y asistenciales. Después aceptó que se incorporaran a la causa 2641 personas más. También informó que celebró un acuerdo de vecinos con el defensor del Pueblo y los ministerios de Salud e Infraestructura locales para la construcción de una obra que adecuara el contenido de arsénico en el agua, y en función de eso sostuvo que había que revocar la medida cautelar original. La Cámara de Apelaciones de La Plata, en cambio, sostuvo que había que mantener la cautelar para la provisión de agua apta para el consumo humano. La empresa de agua, ABSA, llevó el tema a la Corte y centró su cuestionamiento en la gran cantidad de personas que habían sido incorporadas a la demanda (a las que pidió apartar) alegando que carece de “capacidad de respuesta” al problema. Lo que sostuvo es que le cambiaron las reglas del juego en el medio del juicio y eso viola el derecho de defensa.
La Corte desechó ese planteo de ABSA, pero a la vez cuestionó a los jueces que intervinieron, por haber tratado el tema como si fuera una sumatoria de reclamos individuales. Se trata, dijo, de “un proceso colectivo, pues procura la tutela de un derecho de incidencia colectiva referido a uno de los componentes del bien colectivo ambiente: el agua potable”. Los jueces inferiores, advirtió el tribunal, no aplicaron las reglas de los procesos colectivos previstas en la Constitución y la Ley General del Ambiente. “Los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas, a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales.” En los casos de derecho ambiental, dice el fallo, los jueces tienen facultades amplias para manejar el proceso. Por eso, en un aspecto le da la razón a la empresa de agua, en cuanto a su planteo de que le cambiaron las reglas al integrar de manera “sorpresiva” e “intempestiva” a “un número exorbitante de coactores”. Debieron buscar, señala el fallo, la forma de garantizar la defensa en juicio y extender el proceso al “colectivo involucrado”.
Hay un párrafo del fallo que a simple vista parece técnico pero es una llave de lectura: “En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio”. Esto quiere decir que el derecho ambiental –una especialidad de Lorenzetti, presidente supremo– es preventivo ya que está destinado a prevenir la consumación de un daño y para evitarlo hay que apuntar al origen o la fuente del problema. A la vez, cuando hay peligro de un daño grave o irreversible, aun ante la falta de certeza científica o la ausencia de información, no se deben postergar medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. En el caso en cuestión, además, funcionarios de la Corte explicaron que la provincia y ABSA no niegan, más bien asumen, los elevados niveles de arsénico.
En su decisión, la Corte hace propia la declaración del derecho al agua como un derecho humano y esencial, tal como lo definió Naciones Unidas. Lo había hecho en 2004 de manera más indirecta, cuando dispuso la construcción de una planta potabilizadora en Berazategui. Es novedoso, además, que confirme una “cautelar anticipatoria” que tiene el fin de evitar un daño ambiental y a la salud. El derecho al agua figuraba en el proyecto original de reforma del Código Civil y Comercial que la Corte entregó al Poder Ejecutivo, en el artículo 241, pero fue excluido del texto final pese a reclamos de diversas organizaciones, que planteaban que a menudo la falta de reconocimiento complica el acceso a otros derechos y servicios básicos. La Corte dice, en el fallo de ayer, que los jueces deben tutelar el derecho al agua.
El otro aspecto clave del fallo es que se lo reconoce como derecho colectivo. “Aparece como un derecho humano que es autónomo, lo que significa que amplía las posibilidades de reclamo de grupos que se ven privados del acceso al agua potable”, señaló Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que analizaron el tema durante la discusión por el nuevo Código Civil. Morales explicó que en “las causas que involucran a una cantidad importante de personas o que se refieren a bienes colectivos o grupos en situación de vulnerabilidad, el proceso colectivo es el que mejor asegura el acceso a la justicia”.
Ahora la causa deberá volver al juzgado de primera instancia, que tendrá que modificar el trámite y encararlo como una acción de clase, colectiva. La empresa tendrá que garantizar la provisión de agua potable. Para este caso se espera una resolución concreta sobre el fondo y, por el modo en que lo encaró la Corte, es factible que se repliquen reclamos similares donde la problemática afecta a muchas comunidades.
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Fecha de Publicación: 05/12/2014
Fuente: Página/12
Provincia/Región: Nacional
Los supremos señalaron que los jueces deben garantizar ese derecho, al que reconocieron como colectivo.
La Corte Suprema reconoció el “acceso al agua potable” como un derecho humano y dijo que los jueces son los que deben garantizarlo. Lo hizo ante una demanda de habitantes del partido bonaerense de 9 de Julio, donde se habían detectado niveles de arsénico que ponían en riesgo la salud de la población. La misma resolución señala que el caso debe tramitar como una demanda colectiva y dispone que los tribunales inferiores corrijan el trámite que le dieron hasta ahora al expediente como si se tratara de reclamos sueltos individuales. Hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el alto tribunal dejó firme una medida cautelar que ordena a Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) y a la provincia de Buenos Aires la provisión de agua potable a los particulares, entidades educativas y asistenciales “para satisfacer necesidades básicas de consumo e higiene personal”.
“No hay duda de que, en el caso, existe la necesidad de una tutela judicial urgente, en la medida que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas y al mismo tiempo existe una demora de la demandada en la solución definitiva de esta situación”, afirma el fallo de la Corte, que lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. “El acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas”, subraya el texto, que recoge y consolida la tendencia internacional. Recuerda que Naciones Unidas declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y que así lo establecen varias convenciones. Además de que en la Cumbre del Milenio, en 2000, los países acordaron reducir a la mitad la proporción de personas que carecen de agua potable para el 2015.
En 2014, todavía los vecinos de 9 de Julio están entrampados en los vaivenes de su demanda judicial por agua potable. Todo empezó con un reclamo de 25 personas, algunos de ellos menores de edad, que denunciaron que el agua de la zona contenía niveles de arsénico muy superiores a los permitidos, lo que implicaba un riesgo de daño irreparable para la salud de los pobladores. El arsenicismo crónico es una enfermedad derivada de inhalar o ingerir el arsénico, que es neurotóxico y cancerígeno. La presentación judicial inicial era una acción de amparo que pedía que se intime a la empresa ABSA y a la provincia de Buenos Aires a realizar los trabajos necesarios para adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario de acuerdo con parámetros de la Organización Mundial de la Salud.
El Juzgado de Garantías 1 de Mercedes dictó una medida cautelar y ordenó la provisión de agua potable en bidones hasta que se resuelva el tema de fondo y dispuso un análisis periódico del agua, cuyo consumo prohibió en los domicilios y establecimientos educativos y asistenciales. Después aceptó que se incorporaran a la causa 2641 personas más. También informó que celebró un acuerdo de vecinos con el defensor del Pueblo y los ministerios de Salud e Infraestructura locales para la construcción de una obra que adecuara el contenido de arsénico en el agua, y en función de eso sostuvo que había que revocar la medida cautelar original. La Cámara de Apelaciones de La Plata, en cambio, sostuvo que había que mantener la cautelar para la provisión de agua apta para el consumo humano. La empresa de agua, ABSA, llevó el tema a la Corte y centró su cuestionamiento en la gran cantidad de personas que habían sido incorporadas a la demanda (a las que pidió apartar) alegando que carece de “capacidad de respuesta” al problema. Lo que sostuvo es que le cambiaron las reglas del juego en el medio del juicio y eso viola el derecho de defensa.
La Corte desechó ese planteo de ABSA, pero a la vez cuestionó a los jueces que intervinieron, por haber tratado el tema como si fuera una sumatoria de reclamos individuales. Se trata, dijo, de “un proceso colectivo, pues procura la tutela de un derecho de incidencia colectiva referido a uno de los componentes del bien colectivo ambiente: el agua potable”. Los jueces inferiores, advirtió el tribunal, no aplicaron las reglas de los procesos colectivos previstas en la Constitución y la Ley General del Ambiente. “Los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas, a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales.” En los casos de derecho ambiental, dice el fallo, los jueces tienen facultades amplias para manejar el proceso. Por eso, en un aspecto le da la razón a la empresa de agua, en cuanto a su planteo de que le cambiaron las reglas al integrar de manera “sorpresiva” e “intempestiva” a “un número exorbitante de coactores”. Debieron buscar, señala el fallo, la forma de garantizar la defensa en juicio y extender el proceso al “colectivo involucrado”.
Hay un párrafo del fallo que a simple vista parece técnico pero es una llave de lectura: “En el caso resulta de fundamental importancia el derecho de acceso al agua potable y la aplicación del principio de prevención y, aun en la duda técnica, del principio precautorio”. Esto quiere decir que el derecho ambiental –una especialidad de Lorenzetti, presidente supremo– es preventivo ya que está destinado a prevenir la consumación de un daño y para evitarlo hay que apuntar al origen o la fuente del problema. A la vez, cuando hay peligro de un daño grave o irreversible, aun ante la falta de certeza científica o la ausencia de información, no se deben postergar medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. En el caso en cuestión, además, funcionarios de la Corte explicaron que la provincia y ABSA no niegan, más bien asumen, los elevados niveles de arsénico.
En su decisión, la Corte hace propia la declaración del derecho al agua como un derecho humano y esencial, tal como lo definió Naciones Unidas. Lo había hecho en 2004 de manera más indirecta, cuando dispuso la construcción de una planta potabilizadora en Berazategui. Es novedoso, además, que confirme una “cautelar anticipatoria” que tiene el fin de evitar un daño ambiental y a la salud. El derecho al agua figuraba en el proyecto original de reforma del Código Civil y Comercial que la Corte entregó al Poder Ejecutivo, en el artículo 241, pero fue excluido del texto final pese a reclamos de diversas organizaciones, que planteaban que a menudo la falta de reconocimiento complica el acceso a otros derechos y servicios básicos. La Corte dice, en el fallo de ayer, que los jueces deben tutelar el derecho al agua.
El otro aspecto clave del fallo es que se lo reconoce como derecho colectivo. “Aparece como un derecho humano que es autónomo, lo que significa que amplía las posibilidades de reclamo de grupos que se ven privados del acceso al agua potable”, señaló Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones que analizaron el tema durante la discusión por el nuevo Código Civil. Morales explicó que en “las causas que involucran a una cantidad importante de personas o que se refieren a bienes colectivos o grupos en situación de vulnerabilidad, el proceso colectivo es el que mejor asegura el acceso a la justicia”.
Ahora la causa deberá volver al juzgado de primera instancia, que tendrá que modificar el trámite y encararlo como una acción de clase, colectiva. La empresa tendrá que garantizar la provisión de agua potable. Para este caso se espera una resolución concreta sobre el fondo y, por el modo en que lo encaró la Corte, es factible que se repliquen reclamos similares donde la problemática afecta a muchas comunidades.
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