El Distrito Minero en Malargüe pasó la prueba: gran apoyo en la audiencia pública

Fecha de Publicación: 16/09/2024
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El cuidado ambiental y el respeto a la ley 7722 estuvo a la cabeza de las explicaciones por parte de los funcionarios. El río Atuel está excluido. Apoyo vecinal, empresario, de productores, comerciantes y profesionales de todo Mendoza al desarrollo de la actividad.
El Gobierno pasó la prueba y podrá seguirá adelante con la aprobación del Malargüe Distrito Minero Occidental. Con un gran apoyo de vecinos de distintos puntos de Mendoza como así también de especialistas, profesionales o productores, se desarrollo una extensa audiencia pública en la que se sometió a debate el ambicioso proyecto minero en el Sur.
La audiencia de evaluación de impacto ambiental de los 34 proyectos que están dentro del área se llevó a cabo en el departamento sureño y los oradores como así también la comunidad en general pudo seguir las alternativas de manera presencial, en el Centro de Congresos y Exposiciones, o por internet a través de la plataforma Zoom y YouTube.
Desde que Alfredo Cornejo llegó a Casa de Gobierno para hacer frente a un segundo mandato, inició de lleno el proceso para desarrollar la minería metalífera en el sur provincial.
La estrategia incluyó la creación y delimitación de los 18.000 km2 del Distrito Minero Occidental y la modificación al Código de Procedimiento Minero lo que permitió agilizar los pasos burocráticos para que exista una sola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que englobe a todos los proyectos de exploración que luego será analizado por la Legislatura.
Antes de que la DIA pase a las Cámaras legislativas, “se decidió realizar la audiencia pública en el territorio sureño y extensiva a toda la provincia por medio de las plataformas digitales.

La audiencia
Para abrir la audiencia, el intendente justicialista Celso Jaque se expidió favorablemente por la actividad recalcando que “se puede hacer minería sustentable” respetando “el marco legal vigente”.
A su turno, Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía, sostuvo que “queremos una minería que sea sostenible económicamente pero también, y sobre todo, social y ambientalmente. Por eso necesitamos una constante vinculación con la sociedad”.
Entrando de lleno en las exposiciones, los primeros en tomar la palabra fueron los funcionarios mendocinos que dejaron en claro que se sometió a debate la DIA de 34 proyectos, en la etapa de “exploración”, y luego hicieron un repaso por los procesos de control que están previstos llevarse a cabo.
A lo largo de la explicación que realizó Jerónimo Shantal, director de Minería, se encargó de remarcar que “no había obligación” de realizar la audiencia pública, y luego mencionó explícitamente que la ley 7722 se cumplirá a rajatabla ya que, son proyectos mineros metalíferos porque “sabemos que el potencial es cobre”.
Además recordó que es la única actividad que deberá actualizar “la DIA cada 2 años” y siguiendo los pasos que dicta la 7722, deberá pasar por la Legislatura.
En tanto, Emilio Guiñazú, gerente general de Impulsa Mendoza, hizo foco en un punto que siempre generó conflictos en el Sur: el agua y en particular el río Atuel.
Para desterrar todo tipo de dudas y cuestionamientos, Guiñazú aseguró que analizaron cuidadosamente la zona y tomaron “una muy importante decisión, no tocamos la cuenca del río Atuel”.
“No queríamos entrar en una discusión que no nos llevaba a ningún lado sobre el uso del recurso hídrico, entonces la decisión fue excluir específicamente la cuenca del Atuel de los límites del distrito minero”, sentenció.
Además indicó que explícitamente están excluidas “todas las áreas naturales protegidas de los límites del distrito minero” como “el parque provincial de la Laguna del Atuel, la Payunia o  Llancanelo”.

Licencia social para la minería
Los más de 70 oradores inscriptos tenían cinco minutos para defender su postura. En líneas generales, el Distrito Minero recibió el aval de la comunidad.
Se expresaron a favor desde vecinos del lugar como así también los que viajaron exclusivamente para participar en la audiencia entre los que había representantes de cámaras empresarias, profesionales, comerciantes, prestadores turísticos, productores agropecuarios y también estudiantes. Además hubo voces políticas como la de Hebe Casado, la vicegobernador, y legisladores.
Precisamente, un ganadero alvearense estuvo entre los primeros oradores y se mostró a favor del proyecto por “los puestos de trabajo que va a generar la actividad”. En la misma sintonía estuvo María Luz Freites, estudiante escuela técnica en Malargüe que pidió que “se abran las puertas a los desarrollos mineros. La minería no solo genera puestos de trabajo directos sino también indirectos, lo que nos permite crecer como y ciudad además la provincia. La minería no es un capricho, sino el futuro de todos”, afirmó.
La diputada provincial por Malargüe (LUM) Jimena Cogo utilizó sus 5 minutos para lanzar duras críticas al gobierno mendocino y hasta dejó en claro que no estuvo en todo de acuerdo con la modificación del Código de Procedimientos Mineros por lo que “me llamaron antiminera”, sin embargo, luego aclaró que está a favor “del desarrollo minero” porque “en Malargüe hay licencia social para hacer minería”.
David Sacarías, licenciado en administración y postgrado en psicología laboral, vive en Malargüe hace 6 años y llegó inicialmente por el tema turístico. También aclaró que tiene una trayectoria de 20 años en el rubro minero. “Nos debemos el compromiso de que esto funcione”, fue una de las frases que lanzó.
Matías Ávalos titular de una pyme alvearense dedicada al trabajo con aluminio mencionó que “es bueno que se desarrolle la minería porque se va a genera empleo, pero siempre hay que respetar el medio ambiente. Para crecer con nuestro trabajo en donde vivimos, actualmente tenemos que viajar bastante y para hacer una buena venta dependemos del mercado patagónico (Vaca Muerta). Por eso, si Malargüe crece se beneficia todo el Sur de Mendoza. Apoyo todas las actividades que generen desarrollo económico y mano de obra de calidad”.
Silvina Pietreli expresó sus preocupaciones sobre los proyectos mineros La Pechera y Los Galgos ya que están cerca de las áreas naturales protegidas, como el Parque científico de Observación del Espacio (Estación DS3), y La Payunia porque “son áreas de gran valor científico, ecológico y turístico y su protección es prioritaria”, pero al mismo tiempo destacó: “Creo firmemente que es posible conciliar el desarrollo económico como el que ofrecen en estos proyectos mineros con la preservación de nuestro entorno”.

Silvina aseguró que “la minería tiene el potencial de convertirse en una fuente de ingresos fundamental para la región impulsando la creación de empleo y el crecimiento económico que tanto necesitamos en Malargüe y en todo Mendoza” pero “por supuesto debe realizarse de manera responsable. Es clave que los proyectos cumplan con los más estrictos controles ambientales”, agregó.
Otro alvearense que se dio cita, Mariano Sancan, empleado público y con un incipiente proyecto familiar vinculado al turismo dijo sin vuelta que “la minería va a generar oportunidades y el sur necesita diversificar la matriz productiva para que el empleo crezca”.
En la participación vía Zoom, también se escuchó a profesionales como el caso de Bernardo Javier González, paleontólogo con especialización en dinosaurios, integrante de la UNCuyo e investigador del Conicet.
“Si se hacen las cosas bien siguiendo las reglamentaciones se puede hacer perfectamente una actividad y la preservación del patrimonio paleontológico. Y esto no lo digo en forma teórica si no que hemos trabajado como consultores en más de 20 proyectos petroleros y mineros” para que “sean rescatados y preservados restos fósiles, por más pequeños que sean”.
La vicegobernadora Hebe Casado eligió estar del lado de los oradores. En su exposición manifestó su apoyo “a la política pública que el Gobierno de Mendoza ha decidido llevar adelante. También vengo como ciudadana del sur mendocino, consciente de que en esta audiencia pública se requiere el apoyo de toda la población, especialmente de los sureños, quienes conocemos el significado de la minería”.
“Hemos visto cómo Malargüe, cuya principal actividad económica fue la minería durante muchos años, se vio coartada en algún momento. Es el momento de reactivar esta actividad para que la sociedad malargüina, el sur mendocino y toda la provincia puedan ver los frutos de la exploración de estos 34 primeros proyectos. Sabemos que esto tendrá un impacto positivo en toda la sociedad, ya que no solo trabajarán aquellos en el lugar de exploración, sino también proveedores, prestadores de servicios y técnicos”, dijo Casado.

Un aviso
José Pasos de la agencia espacial DS3, no se explayó en contra del Distrito Minero, pero si lanzó una voz de alerta por los proyectos que “invaden” el perímetro del Parque Provincial de Observación del Espacio.
“Hemos observado que existen dos proyectos llamados La Pechera y Huemul que invaden el área y nos vemos en la obligación de presentarnos aquí para enfatizar que esto viola el perímetro y las actividades permitidas dentro del Parque y el acuerdo internacional firmado entre la Argentina y la Agencia Espacial Europea”.
Tampoco dejó de remarcar que “hemos observado también, con mucha satisfacción, que la Subsecretaría de Ambiente en el dictamen sectorial exhorta a los autores del distrito minero a excluir de la superficie del proyecto, al parque”.

En contra
Durante las más de 6 horas que duró la audiencia pública, dentro del salón Tesaurus en Malargüe casi no hubo voces en contra del proyecto. La faz crítica y totalmente opuesta a la actividad llegó por medio del uso de la plataforma Zoom.
Por lo general fueron integrantes de distintas asambleas por el agua o “mujeres militantes” como dijo Paula, que están “a favor de la vida” y se oponen férreamente a “la mega minería”. Tal fu el caso de María Teresa Cañas, de la asamblea de Luján, que lucha contra el “extractivismo” y afirmó que la minería “no tiene licencia social” en Mendoza.
Marta López, una docente mendocina se presentó como una “defensora del agua” y puso en duda “cómo van a garantizar la protección de las áreas naturales”.

Que es Malargüe Distrito Minero
El distrito se ubica en el sector cordillerano y centro-sur del departamento de Malargüe. Cuenta con una superficie de 18.000 km2 y 1,9 millones ha. Sus principales vías de acceso son las rutas nacionales 40 y 188.
Las propiedades mineras ubicadas dentro de esta zona representan el 37,5% de la superficie total del distrito, es decir, 703.000 ha.
En la zona del distrito minero de Malargüe, hay potencialidad para explorar el cobre, uno de los minerales críticos para la transición energética.
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Ambientalistas piden que se declare la inconstitucionalidad del decreto que regula la actividad minera en Jujuy - Política

Fecha de Publicación: 09/09/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Organizaciones ambientales, de derechos humanos piden la insconstitucionalidad del decreto 7751/23, además de una serie de incumplimiento de la provincia que hacen a derechos indígenas y ambientales .
Organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc presentaron una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de Jujuy para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N° 7751/2023, el cual regula los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de las actividades mineras en la provincia.
Además en la Corte Suprema de Nación, hay un expediente que iniciaron las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc que demandan al estado provincial de Jujuy y Salta, demanda que marca un precedente para evitar que los recursos naturales y las comunidades sufran daños irreparables.
El Decreto 7751/2023, que deroga al Decreto 5772/2010, establece las etapas, requisitos exigibles, contenido e instancias de relacionamiento con los superficiarios en el contexto de actividades de prospección, exploración y explotación minera en la provincia.
La provincia no garantiza  un abordaje integral de la cuenca, la ausencia de información y  la necesidad de protección y conservación del ambiente y del agua ante los potenciales efectos adversos de la minería de litio, los derechos ambientales y humanos de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, para que sus territorios y modos de vida no se conviertan en una nueva zona de sacrificio en la disputa geopolítica por el litio.
El decreto cuestionado vulnera los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas como al consentimiento libre, previo e informado, ya que permite a las empresas obtener sus permisos mineros tras reunirse con una o más comunidades identificadas unilateralmente como afectadas -sobre la base del área de influencia definida sólo por la empresa en total contravención de los mandatos del Convenio 169 de la OIT-, o con el aval de un gobierno que aún no ha reconocido los territorios comunitarios.
Excluye del proceso a comunidades que también habitan en la misma cuenca hídrica y pueden verse afectadas por posibles impactos de los proyectos.
Bajo este mecanismo, el Gobierno de Jujuy aprobó la exploración de Mina Agonic (operada por la empresa minera Lition Energy, subsidiaria de la empresa Pan American Energy, propiedad de la británica BP y la argentina BC Energy Investment, perteneciente a su vez a China National Offshore Oil Corporation y a Bridas Corporation, de la familia Bulgheroni) en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lo que despertó graves conflictos en el territorio.
La situación derivó en la judicialización de la autorización por comunidades afectadas por el proyecto; por no haber sido admitidas en el proceso de aprobación, pese a sus reiterados reclamos en ese sentido.
Además de estas irregularidades, se pudo constatar con especialistas, el uso de GPS y en presencia de escribana, la empresa instaló un campamento en territorio de la comunidad aborigen El Angosto Distrito Moreno, una de las comunidades que se opone al avance de la minería y a la que se prohibió participar del proceso de discusión de evaluación del proyecto. La Dirección Provincial de Minería y la Secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia negaron que el territorio de la comunidad esté en la zona de concesión, a pesar de que la constatación en campo demuestra lo contrario.
A su vez, el decreto avasalla los derechos de acceso a la información y a la participación en asuntos ambientales garantizados en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú, y en la Constitución Nacional y provincial. Por lo tanto, se cercena la posibilidad del desarrollo de un debate público y que las observaciones presentadas sean debidamente tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones, lo que implica un claro retroceso a los derechos adquiridos.
El decreto tampoco incorpora herramientas clave para la protección del ambiente, como la realización de estudios de impacto ambiental acumulativo, fundamental para medir los daños reales que puede ocasionar la minería del litio en ecosistemas como los humedales andinos, en los que la interconexión del agua hace necesario analizar el impacto de todos los proyectos que existen y/o se proyectan en la cuenca, en conjunción con los usos de agua pre-existentes de las comunidades. La Corte de Justicia de Catamarca, en el fallo “Guitian”, reconoció la necesidad de realizar este tipo de estudios para prevenir el daño en los salares al constatar daños irreversibles provocados por la minería del litio, y suspendió el otorgamiento de nuevos permisos.
La adecuada reglamentación de la protección ambiental en la actividad minera y respeto de los derechos humanos resulta trascendental, máxime ante los elevados impactos ambientales que puede provocar. Los daños serán irreversibles en los territorios, en el acceso al agua principalmente afectando las formas de vida de comunidades indígenas que mantienen un vínculo armónico con el entorno desde tiempos ancestrales.
La provincia de Jujuy adhirió de manera parcial y reciente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual da privilegios por 30 años a grandes empresas inversoras, beneficio adicional a los otorgados por la Ley 24.196 a las empresas mineras que les permitiría ampliar la estabilidad fiscal ya concedida, y prioriza a sus proyectos antes que a los argentinos y argentinas en el uso de bienes como el agua. Esto nos debe poner en especial alerta en la defensa y protección de los recursos naturales.
La presentación, realizada tiene fecha de 26 de agosto de 2024, cuenta con las firmas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Fundación de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), y las comunidades indígenas Santuario de Tres Pozos, El Angosto Distrito Moreno, San Francisco de Alfarcito, Aguas Blancas, Cianzo, Cochagaste, Casabindo, Tambillos y Tusaquillas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
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Irrigación, el IANIGLA y Malargüe condicionan el plan minero y piden mejoras en el informe ambiental

Fecha de Publicación: 05/09/2024
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza


El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y la Municipalidad de Malargüe cuestionaron el informe de impacto ambiental del Distrito Minero Malargüe. Piden condicionar el avance.
El Gobierno de Mendoza busca impulsar la minería porque entiende que hay una “ventana de oportunidad” por la “fiebre del cobre”. Hay, también, un objetivo político de parte de Alfredo Cornejo: convertirse en el gobernador que implementó una política minera en una provincia que era hostil a esa actividad. La estrategia para avanzar tiene un territorio, Malargüe, un plan de ejecución con el Estado y sus empresas como base y un camino político y administrativo, donde se actualizaron y reglamentaron normas para hacer más ágiles los proceso. También tiene un método osado: quieren implementar un shock de exploración para comenzar el largo camino que puede llevar a que haya una mina de cobre.
Esta semana comienza un período clave para el plan porque se incorporan al mega expediente del Distrito Minero Malargüe Occidental los informes sectoriales del sector científico. En paralelo, el Gobierno debe terminar de definir la estrategia antes de la audiencia pública y de emitir las autorizaciones. En ese camino aparecieron advertencias profundas. El Departamento General de Irrigación, el IANIGLA y hasta la Municipalidad de Malargüe condicionaron el avance del plan oficial a que se profundicen los estudios ambientales, pues consideran insuficiente la información aportada. Incluso sugieren que no podría aprobarse la exploración, sino solo la etapa de prospección.
Los informes son altamente críticos, pues cuestionan la metodología elegida para hacer el informe de impacto ambiental. Es que se trata de estudios “bibliográficos”, sin que se hayan ejecutado análisis específicos. La Consultora contratada por Impulsa Mendoza tomó de base la información de los informes de impacto ambiental de El Azufre, Potasio Río Colorado y el plan de Pata Mora. Por eso no se hicieron estudios hidrológicos profundos, ni se analizó el ambiente periglacial. Otro cuestionamiento profundo tiene que ver con las prácticas a realizar. En todos los casos se cuestiona que no haya un detalle preciso en cada proyecto sobre qué y dónde se va a realizar. Es decir, la zonificación, la infraestructura, las técnicas, la logística y los recursos a usar en cada plan. En todos los casos, los organismos consultados advierten que para avanzar en el plan es imprescindible que se cumplan las exigencias detalladas en los informes sectoriales, que son muchas.
El Gobierno busca aprobar 34 proyectos de exploración juntos en una primera etapa, y luego serán cientos más en una superficie enorme, de casi 20 mil kilómetros cuadrados. Además, buscan que en un mismo trámite que se habilite la prospección y la exploración. Para ello se tomó un “modelo” de exploración que fue replicado, pero no tiene detalles específicos. La empresa Impulsa Mendoza es la que presentó el plan, pero agrupa a proyectos y permisos mineros de otras empresas que solo tuvieron que adherir con la firma. Impulsa financió todo y es la responsable legal. Ahora esa empresa es la que debe responder los cuestionamientos, aunque los organismos científicos y técnicos advirtieron que los dueños de los otros proyectos también deben ser responsables.
Desde el Gobierno aseguran que la empresa debe responder y que el proceso seguirá.. “Los informes no implican un rechazo, sino un aporte. La DIA se puede emitir rechazando, admitiendo o admitiendo con condicionantes los proyectos. Siempre tuvimos en cuenta que la aprobación iba a ser condicionada a muchos factores y así va a ser”, explicaron desde la Dirección de Minería. Como había adelantado MDZ, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (de la UNCuyo) ya había puesto reparos al plan.

Los cuestionamientos
El impulso de la minería genera alguna expectativa porque Mendoza tiene una base potente: un sistema científico y técnico con mucho volumen, una sociedad civil activa, participativa y con experiencia, un sector gremial empresario inquieto y una red industrial extensa ligada a las actividades extractivas. Por eso los informes sectoriales son relevantes, así como la forma de ejecutar cada paso.
El Departamento General de Irrigación es quien cuestiona con términos más duros el informe de impacto ambiental. En primer lugar explican que la información es muy general e incompleta. Incluso cuestionan que no se haya utilizado la documentación disponible por parte del propio Gobierno y las empresas petroleras. Es que no hay en todo el informe un estudio hidrológico propio o ajeno.
“La información técnica que sustenta el Informe de Impacto Ambiental, entendiendo como tal la descripción de las acciones y tareas a ejecutar en cada uno de los proyectos, así como la informaciõn relacionada a hidrología superficial tanto a nivel descriptivo como cualitativo, y la informaciõn relativa a la hidrogeología del área bajo estudio, resulta insuficiente, debiendo ser ampliada y presentada por el proponente como condición size qua non en forma previa al inicio de cualquier acción o actividad”, advierten desde Irrigación.
Desde el ese organismo condicionan el avance. “En la presente propuesta, se han unificado instancias prospectivas y exploratorias, requiriendo estas últimas un nivel de detalle superior. La autoridad ambiental provincial, debe considerar especialmente esta observación, y definir con claridad el alcance de esta propuesta, entendiendo este organismo en forma coincidente con las consideraciones vertidas en el Dictamen técnico, que solo se dan las condiciones básicas para avanzar hacia una instancia de prospección ,con un nivel mínimo de intervención directa sobre el territorio”, explican. “El avance hacia etapas subsiguientes, como la exploración, debe quedar claramente supeditado a la recopilación, sistematización, evaluación y presentación ante los organismos pertinentes”, agregan.  
En Irrigación condicionan el avance a una extensa cantidad de requisitos y piden que cada autorización sea solicitada por los titulares de las propiedades mineras, no por el proponente, es decir Impulsa Mendoza. Si avanzan “pese   a   los   reparos   señalados”, como menciona el informe, deberán cumplirse esos requisitos.
En la zona hay más de 600 glaciares inventariados. Por eso el informe del IANIGLA es clave. Ese organismo científico también pone reparos y considera insuficiente la información. “De acuerdo a las consideraciones previas se solicita, antes de avanzar con las siguientes etapas, realizar una línea de base ambiental de detalle, a una escala de análisis que permita una adecuada caracterización de los diferentes proyectos”, dice el informe de manera general. No se observa que los informes específicos tengan en cuenta las particularidades del lugar en el que se localizan los emprendimientos, en donde se pueda visualizar, describir y representar la gran variabilidad climática y ambiental… el informe muestra falencias en la evaluación de las sensibilidades y vulnerabilidades de cada una de las áreas que componen al MDMO”, dice el informe en sus conclusiones, donde advierten la “vulnerabilidad” de los ambientes glaciares ante el cambio climático y también las actividades humanas.
El Plan del Distrito Minero excluye a los glaciares como zona a explorar y determina que no se pueden hacer tareas en un radio de hasta 500 metros de cualquier glaciar. Desde el IANIGLA advierten que el informe no es preciso con un área fundamental: el ambiente periglacial. En el Distrito minero Malargüe hay 635 glaciares inventariados, según figura en el Informe Impacto Ambiental. De ese total 51 son glaciares descubiertos. Pero no está detallado la zona periglacial.
La Municipalidad de Malargüe, que encabeza Celso Jaque, apoya el plan. Pero también pone reparos por la metodología empleada la falta de información. Entre otras cosas reclaman que se sume información sobre la afectación hacia la actividad de los puesteros. Y hasta sugieren que debe imponerse un canon especial a las empresas. Esa comuna apoya el plan “siempre y cuando, antes de continuar con los trámites jurídicos-administrativos del informe de impacto ambiental, se dé cumplimiento a cada una de las observaciones y recomendaciones que se han realizado en este sectorial”.
La ambición del Gobierno es que la Legislatura apruebe al menos un paquete de proyectos para que el próximo verano haya actividad en la cordillera. El próximo 14 de septiembre es la audiencia pública y luego debe emitirse la DIA para enviar el pedido de autorización a la Legislatura.
En el Ejecutivo defienden el plan y remarcan que los estudios presentados son solo para la etapa exploratoria, con tareas de bajo impacto. Por eso se exigió un Informe de Impacto Ambiental y no una Manifestación General de Impacto Ambiental. Incluso la realización de la audiencia pública no era un requisito del “camino corto” elegido por el Gobierno. Ese sendero está basado en el artículo 25 del Decreto 820/06, que reglamenta la ley de Ambiente para la actividad minera. “Para las etapas de prospección y exploración minera.. y cuando sus actividades, por lo escaso de su impacto o magnitud no puedan afectar el equilibrio ecológico.., emitirá la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) bastando para ello el cumplimiento de los pasos y trámites previstos por los Artículos 8°, 9° y 10° del presente decreto”, dice ese Decreto, que es previo a la ley 7722. Justamente a pesar del bajo impacto alegado, es necesario que haya ratificación legislativa como indica esa ley.
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“En algún momento el debate por la minería se volverá a dar”

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Diario Jornada
Provincia/Región: Chubut


El titular de la cartera de Hacienda expresó en Cadena Tiempo, que no hay que tenerle miedo al debate y que el gobernador encontrará el momento oportuno para ponerlo sobre la mesa.
El ministro de Economía de la provincia, Andrés Meiszner, sostuvo que “en algún momento el debate sobre la minería se volverá a dar” y agregó que “seguramente el gobernador encontrará el momento oportuno para hacerlo”.
En diálogo con “Mañana G” el programa periodístico que se emite por Cadena Tiempo, el funcionario indicó que “la provincia tiene que empezar a debatir cual es el sistema productivo que llevará adelante porque los únicos ingresos son de regalías petroleras y coparticipación y hay que diversificar la matriz productiva para generar más trabajo”.
Meiszner señaló que, si bien el artículo 2 de la ley de adhesión al RIGI excluye a las actividades mineras previstas en la ex ley 5.001, “también queda claro que la provincia es la que zoonifica y aprueba los proyectos productivos”.
“No podemos sentirnos culposos de debatir y poner sobre la mesa cualquier tipo de proyecto que pueda generar empleo en la provincia” enfatizó el titular de la cartera económica.
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La Cámara Federal de Casación ordenó la investigación de la megaminería en Catamarca

Fecha de Publicación: 31/08/2024
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera
El máximo tribunal penal del país hizo lugar hoy a los recursos interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la parte querellante, que reclamaban la continuidad de la investigación de la megaminería en la provincia de Catamarca. De este modo, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Daniel A. Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar, decidió por unanimidad hacer lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella.
También determinó los sobreseimientos de Luis De Miguel, Ángel de Jesús Mercado, Justo Daniel Barros, Domingo Mario Marchese y Alfredo Grau, directores de la empresa YMAD; de Eduardo Bautto, funcionario de la Secretaría de Política Minera dependiente de la Secretaría de Minería de la Nación y de Irma Miranda e Ignacio Díaz Zavalla, representantes de la Sindicatura General de la Nación.
En el caso se investiga a diversos funcionarios por el incumplimiento de sus deberes al validar el acuerdo de integración entre las empresas mineras Agua Rica y Alumbrera, en el cual desconocieron intencionalmente los glaciares y el ambiente periglacial en la cuenca del Río Andalgalá. Para así decidir, el juez Petrone refirió que en la sentencia recurrida "no se brindaron argumentos suficientes para que permitan alcanzar el grado de certeza negativo o que se haya agotado la investigación para cerrar la causa".
A su vez, el magistrado aseveró que "no podía soslayarse que el objeto de la investigación se vinculaba con cuestiones del derecho a un medioambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, sustentable para éste y para las generaciones futuras".
Además, afirmó que la "función jurisdiccional debe llevarse con minuciosidad y responsabilidad, habida cuenta que también se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino". Por su parte, el juez Barroetaveña adhirió a la solución propuesta.
El juez Alejandro W. Slokar sostuvo, por su lado, que compartía la solución propiciada y abundó en orden a la necesidad de prevenir el daño ambiental, en tanto "no se trata de un daño ordinario o tradicional, sino de aquél que puede alcanzar a un número indeterminado de víctimas con nocivos efectos, cuyas consecuencias pueden diferirse en el tiempo y extenderse en el espacio, al punto de comprometer a las generaciones futuras".
También, en el sentido referido por los amigos del tribunal, advirtió acerca "de las consecuencias de la matriz que privilegia el modelo extractivo provoca negativos impactos ambientales, culturales, sociales y humanos".
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RIGI: La Pampa advierte sobre el impacto negativo de la minería en el Río Colorado

Fecha de Publicación: 24/08/2024
Fuente: Ambito
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza


La provincia reiteró su preocupación por la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. "Es una locura, pero es lo que han votado los legisladores nacionales", advirtieron.
El presidente del Ente Provincial del Río Colorado (EPRC), Jorge Poletti, señaló que los mega proyectos de minería tienen prioridad total por la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el Congreso Nacional y que su aplicación, en el caso del Colorado, implicará una disminución en cantidad y calidad del recurso.
El ingeniero brindó precisiones al respecto durante la presentación de un informe ante la Comisión de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria, Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados provincial junto a su equipo de gestión.

Alerta en La Pampa por el impacto del RIGI en el Río Colorado
Durante su presentación, el funcionario alertó por los riesgos que podrían comprometer a La Pampa como consecuencia de la aprobación del RIGI, al que adhirieron varias provincias, entre ellas Mendoza.
“El RIGI condiciona la vida misma del río, porque le da la prioridad total a los proyectos de mega minería. Todo lo que hagan las grandes empresas río arriba en cuanto a extracción indiscriminada pondrá en serio riesgo al Colorado, tanto en calidad como en calidad del recurso. Es una locura, pero es lo que han votado los legisladores nacionales, incluso algunos pampeanos”, señaló el funcionario.
Poletti, que fue concejal e intendente de su ciudad, 25 de Mayo, tiene una destacada trayectoria en el EPRC y señaló que los ejes de su gestión están relacionados con el programa de promoción de inversiones. “Es una política pública del Gobierno de Sergio Ziliotto y en esa línea estamos trabajando intensamente, poniendo el foco en la producción y en la creación de nuevas áreas productivas”, indicó.
En este sentido, remarcó la reciente cesión de parcelas para la producción de pistacho. “Un estudio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) marcaba que el área era apta para el cultivo del pistacho y frutos secos, así que se inició esa actividad con muchas expectativas. Actualmente diría que es “el producto estrella” de la zona”, dijo Poletti.
Claro que también se están produciendo otros frutos secos, como nueces y almendras. En el caso de las nueces, una empresa de 25 de Mayo embolsó más de 250 mil kilogramos en la última temporada. Otro caso exitoso de los proyectos del Ente Provincial del Río Colorado, que este año cumplió 62 años apoyando a los productores con el riego necesario para sus cultivos.
También hizo referencia al cultivo de vides en Casa de Piedra, destacando las bondades meteorológicas de la zona.
“Tiene muy poca incidencia de heladas, lo cual significa una ventaja trascendental para la producción de vinos. El prestigioso enólogo Enzo Mugnani, que nos asesora y tiene un gran expertíse en el tema, se sorprende por la calidad del clima que tenemos. Eso nos permite producir vinos de altísima calidad y de diferentes variedades”.

Río Atuel: advertencia de La Pampa a Mendoza
A principios de mes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, había reavivado la pulseada histórica con Mendoza por el río Atuel, al denunciar que la aprobación del RIGI en la provincia cuyana -ocurrida hace dos semanas- “habilita a las mineras el uso discrecional del agua que también es pampeana” y sostuvo que la norma dictada por el Gobierno nacional avala “la extranjerización de la explotación de los recursos naturales”.
En paralelo, el mandatario sostuvo que la normativa pondera "primero a las mineras, después a Mendoza y por último La Pampa". "El RIGI es una nueva amenaza a la lucha popular por nuestros ríos”, subrayó.
"Hoy nosotros y ustedes, los habitantes del oeste pampeano, somos ciudadanos de segunda en el acceso al agua potable, porque primero está Mendoza. Si nosotros no levantamos la voz, si no ponemos en alerta a toda la sociedad, a partir de mañana la prioridad antes que el pueblo de Mendoza la van a tener las mineras", lanzó.
Actualmente, diversas provincias ya aprobaron la adhesión al RIGI, y otras iniciaron trámites. Entre las que le dieron luz verde al proyecto están Río Negro, Jujuy, Mendoza, Chubut y San Juan, mientras que Corrientes, Salta y Catamarca presentaron proyectos al respecto.
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Cuáles son las empresas mineras que ya pagaban menos impuestos antes del RIGI

Fecha de Publicación: 23/08/2024
Fuente: elDiarioAR
Provincia/Región: Nacional


La irlandesa Arcadium Lithium, la sudafricana AngloGold Ashanti, la suiza Glencore y la canadiense Barrick figuran entre las que recibieron en 2023 descuentos impositivos por $28.900 millones por la ley de inversiones mineras. Con el negocio del litio se sumarán petroleras como Tecpetrol, Pluspetrol y PAE. La fundación FARN advierte que la minería no trajo desarrollo en 30 años.
Faltan pocos días para que el Gobierno reglamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para impulsar siete sectores: minería, hidrocarburos, tecnología, siderurgia, turismo, infraestructura y actividad forestal. Pagarán menos impuestos, no tendrán que traer las divisas de sus exportaciones y recibirán beneficios para importar por 30 años. Habrá que ver si la reglamentación permite que la industria local provea a estos sectores o el porcentaje de proveedores nacionales quede limitado a la construcción. Pero mientras se desvela el misterio bien vale conocer quiénes han sido los beneficiarios del antecedente del RIGI, la ley de inversiones mineras, que desde 1993 otorga estabilidad tributaria por 30 años a aquellos que exploten los minerales argentinos.
 En 2023, el Estado dejó de percibir $28.900 millones en beneficios otorgados a empresas mineras por esa norma votada en el gobierno de Carlos Menem y nunca modificada, según un pedido de acceso a la información que elevó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Las ventajas impositivas incluyen deducción de Ganancias, devolución del IVA y amortización acelerada, entre otros. “El Estado desconoce cuánto dejará de percibir el fisco por beneficios otorgados a la actividad minera en 2024”, advierte la FARN, que dirige Andrés Nápoli y que tiene a Ariel Slipak como coordinador de investigación.
“Los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras alcanzan a 829 empresas mineras y otras 94 de servicios. Entre ellas, empresas petroleras se expanden y comienzan a hacer minería de litio. Obtienen beneficios fiscales por ambas actividades”, resalta FARN entre sus principales conclusiones. Pero si bien cientos de empresas tienen iniciados los trámites, son 42 las que efectivamente gozan de la estabilidad fiscal porque están en explotación del recurso natural. Las otras son proyectos que van de la exploración del subsuelo hasta la construcción de la futura mina.
Entre esas 42 del listado oficial al que tuvo acceso la fundación aparecen las dos empresas que llevan más tiempo sacando litio en la Argentina, Minera del Altiplano, en Catamarca, y Sales de Jujuy, que pertenecen a la nueva empresa fusionada Arcadium Lithium, con casa matriz en Irlanda. FARN señala que Arcadium podrá adherir al RIGI en sus proyectos de ampliación de los yacimientos, con lo cual sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos de la ley minera.
En la lista también está Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold, que extrae oro en Santa Cruz; y la suiza Glencore, dueña de las minera Alumbrera y Agua Rica, que entre ambas constituyen el proyecto Mara. Otras firmas que gozan de estabilidad fiscal son Minera Aguilar, de José Luis Manzano, que saca plomo, plata y zinc en Jujuy; la calera y cementera Loma Negra, de Olavarría, propiedad de la brasileña Camargo Corrêa; Minera Andina del Sol, que obtiene oro en San Juan y es propiedad de la canadiense Barrick Gold —con otras iniciativas a futuro— y la china Shandong Gold; y las litieras Exar, en Jujuy, de la canadiense Lithium Americas y la china Ganfeng Lithium; y Eramine, en Salta, de la francesa Eramet y la china Tsingshan. En este link, el listado completo.
“El recientemente aprobado RIGI marca una continuidad en una premisa que sostienen los gobiernos argentinos independientemente de su color político: es necesario otorgar beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a grandes empresas de actividades extractivas, bajo la promesa de crear empleos y desarrollo económico”, concluye FARN. “Este régimen de incentivos, que rige para sectores como la minería, viene a sumarse a una serie de beneficios existentes como los que ofrece la ley 24.196 de inversiones mineras, que se ha traducido en grandes pérdidas para el fisco. Mientras, la creación de empleo y el desarrollo económico no terminan de llegar”, advierte la fundación, que integra redes como Climate Action Network y que es presidida por Daniel Ryan.
En Argentina, la minería cuenta con 100 mil puestos de trabajo directos e indirectos pero no se puede decir que las provincias que la acogieron son desarrolladas.
“El RIGI aparece nuevamente bajo la narrativa de 'promesa de desarrollo', sin embargo, en los hechos, la Minera del Altiplano ha generado un daño ecosistémico secando la vega del río Trapiche, y ahora solicita más volúmenes de agua de la vega Los Patos”, ejemplifica FARN. En su momento, elDiarioAR dio cuenta de este conflicto a partir de la voz de los pobladores y de la propia empresa, que hasta el año pasado era de la norteamericana Livent y que ahora se fusionó en Arcadium con la australiana Allkem. Distinto fue el desempeño de la ex Allkem en Jujuy.
FARN recuerda que los $28.900 millones de beneficios a las mineras en 2023 equivalen al 0,2% del PBI argentino, y lo compara con varios presupuestos: es “más del doble de lo destinado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En el proyecto de presupuesto 2024, que elaboró el anterior gobierno y utilizó el de Javier Milei, se subestiman las ventajas tributarias a las mineras al calcularse en $55.00 millones, según la fundación, pero aun así equivalen al 96% del presupuesto de la Subsecretaría de Ambiente y al 79% de la Administración de Parques Nacionales. Además suponen más de 4,5 veces el presupuesto que asigna el Tesoro al Servicio Nacional del Manejo del Fuego, más de 7 veces el destinado a energías renovables y más de 11 veces el del Instituto Nacional del Cáncer.
“Lo novedoso en el listado de beneficiarios es la aparición de nuevas empresas vinculadas a proyectos de minería de litio, que son subsidiarias de grandes actores del sector petrolero”, señala FARN. Como aún no comenzaron la explotación en sí, todavía no cuentan con la estabilidad fiscal. “Así, se puede ver como por ejemplo, Pluspetrol, Pan American Energy y Tecpetrol (del Grupo Techint) se lanzan a la carrera de explotación de litio, a través de empresas subsidiarias”, se refiere a las petroleras de las familias Rey Poli; PAE, de la británica BP, la china CNOOC y los Bulgheroni; y la firma del conglomerado de Paolo Rocca.
“En este sentido aparece Alpha Lithium Argentina SA, perteneciente a Techenergy Lithium, la cual es subsidiaria de Tecpetrol. Se encuentra Lithium Corporation, de Pluspetrol; y también Lithos Minerales del Norte, ambas pertenecientes a PAE”, la dueña de Axion. “Estas son empresas que ya reciben una serie de beneficios por su actividad en el sector hidrocarburífero como los subsidios a la oferta de fósiles vinculados al Plan Gas. Durante 2023 el monto correspondiente a subsidios a la oferta de hidrocarburos resultó en más de $140.000 millones, tres veces más de lo que recibió el ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La inmersión de estos nuevos actores en la minería de litio les permite, a su vez, hacer uso de una narrativa vinculada a la transición energética, pretendiendo mostrarse como promotores de la transición”.
“La otra premisa que sostienen de manera ininterrumpida las diferentes gestiones es que para que haya desarrollo económico las normas ambientales deben ser flexibilizadas. En el caso del RIGI un ejemplo claro es que el régimen obliga a gobiernos subnacionales a garantizar la provisión de insumos a las empresas beneficiarias como pueden ser el agua y la energía. Así, prioriza a las empresas en el acceso por sobre la población”, advierte FARN.
“Esto es especialmente importante si consideramos que el RIGI pretende promover entre otras, la minería a gran escala, la cual consume grandes cantidades de agua y energía en áreas donde escasean, a la vez que es una actividad con grandes impactos ambientales y sociales. Los ejemplos en este sentido abundan. El 13 de septiembre de 2015 Barrick Gold derramó en su mina Veladero, en la provincia de San Juan, más de 1 millón de litros de agua cianurada”.
“En este escenario, las empresas deberían redoblar sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de la normativa internacional (con jerarquía superior al Código de Minería y los decretos procedimentales que regulan los procesos de evaluación de impacto ambiental a nivel provincial), y la normativa nacional de aplicación en materia ambiental y de derechos humanos, así como aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, máxime si reciben incentivos económicos para el desarrollo de su actividad extractiva”, aconseja la fundación. “Sin embargo, lejos de cumplir con tales mandatos, despliegan sus intereses rompiendo acuerdos comunitarios de consulta colectiva y ofreciendo beneficios a cambio de su aprobación, en completa violación de las normas existentes y de los acuerdos comunitarios.”
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El Gobierno convocó a audiencia pública por el impacto ambiental del distrito minero Malargüe

Fecha de Publicación: 20/08/2024
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza.


Técnicos finalizaron el informe ambiental para 34 proyectos ubicados en Malargüe Distrito Minero Occidental. Debe pasar por audiencia pública para su aprobación
Las direcciones de Minería y Protección ambiental de Mendoza convocaron a audiencia pública para el viernes 6 de septiembre para analizar el informe de impacto ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental, que abarca 34 proyectos.
Todo aquel que “invoque un interés razonable, individual o de incidencia colectiva” podrá inscribirse hasta el 5 de septiembre a las 23.59 para participar de la audiencia que se realizará al día siguiente, a las 9, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de Malargüe, o de manera virtual, mediante la plataforma Zoom.
Este informe, que llevó a cabo la UNCuyo, fue financiado por la empresa estatal Impulsa Mendoza. La intención es que los 34 proyectos mineros puedan comenzar lo antes posible con la exploración.

Los 34 proyectos mineros que se sumaron al informe de impacto ambiental de Impulsa Mendoza
    N° 1 S/ IIA permiso Exploración “El Seguro” (zona N° 1);
    N° 2 S/ IIA permiso Exploración “Campeones” (zonas N° 1 y 2);
    N° 3 S/ IIA permiso Exploración “Canillita” (zonas N° 1 y 2);
    N° 4 S/ permiso Exploración “Conejera” (zona N° 2);
    N° 5 S/ IIA permiso Exploración “Dibu” (zona N° 2);
    N° 6 S/ permiso Exploración “Fideo” (zona N° 2);
    N° 7 S/ IIA permiso Exploración “Hechicera” (zona N° 2);
    N° 8 S/ IIA permiso Exploración “La Herradura” (zona N° 1);
    N° 9 S/ IIA permiso Exploración “La Pechera” (zona N° 2);
    N° 10 S/ IIA permiso Exploración “Los Azulejos” (zona N° 2);
    N° 11 S/ IIA permiso Exploración “Mate Amargo” (zona N° 1);
    N° 12 S/ IIA permiso Exploración “Mochileros” (zona N° 2);
    N° 13 S/ IIA permiso Exploración “Papu” (zona N° 2);
    N° 14 S/ IIA permiso Exploración “Pehuenche Oriental” (zona N° 2);
    N° 15 - S/ IIA permiso Exploración “Vecindario” (zona N° 1);
    N° 16 - S/ IIA permiso Exploración “Los Galgos” (zona N° 3 y 4);
    N° 17 - S/ IIA permiso Exploración “Las Arañas” (zona N° 3);
    N° 18 - S/ IIA permiso Exploración “Las Estrellas” (zona N° 1);
    N° 19 - S/ IIA permiso Exploración “La Meli” (zona N° 2);
    N° 20 - S/ IIA permiso Exploración “Elena” (zona N° 1);
    N° 21 - S/ IIA permiso Exploración “El Perdido” (zona N° 1);
    N° 22 - S/ IIA permiso Exploración “Cerro de la Virgen” (zona N° 1);
    N° 23 - S/ IIA permiso Exploración “Merlot - Sirah” (zona N° 2);
    N° 24 - S/ IIA permiso Exploración “El Toro” (zona N° 3 y 4);
    N° 25 - S/ IIA permiso Exploración “Pórticos” (zona N° 4);
    N° 26 - S/ IIA permiso Exploración “Malbec” (zona N° 2);
    N° 27 - S/ IIA permiso Exploración “Calmuco” (zona N° 2);
    N° 28 - S/ IIA permiso Exploración “El Montón” (zona N° 2);
    N° 29 - S/ IIA permiso Exploración “Los Carrizos” (zona N° 2);
    N° 30 - S/ IIA permiso Exploración “Minue” (zona N° 1);
    N° 31 - S/ IIA permiso Exploración “Riesling” (zona N° 1 y 2);
    N° 32 - S/ IIA permiso Exploración “Valenciana” (zona N° 1 y 2);
    N° 33 - S/ IIA permiso Exploración “Lego” (zona N° 2);
    N° 34 - S/ IIA permiso Exploración “Huemul” (zona N° 2); presentado por el proponente Impulsa Mendoza Sostenible S.A.
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Las mineras BHP y Lundin, sus prontuarios y las montañas de San Juan

Fecha de Publicación: 12/08/2024
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Desastres ambientales, muertos, violencia y demandas laborales son parte del historial de las mineras BHP y Lundin, multinacionales que anunciaron su fusión para explotar los proyectos Filo del Sol y Josemaría en San Juan. Acumulan denuncias y condenas en Chile, Brasil, África y Australia. BHP fue responsable del desastre minero en Minas Gerais, con 19 fallecidos y cientos de casas destruidas.
Las corporaciones mineras BHP y Lundin comunicaron su asociación para explotar de manera conjunta los proyectos Filo del Sol y Josemaría, ambos en San Juan. El anuncio fue aplaudido por funcionarios políticos, empresas y medios de prensa afines al sector. En sus discursos, las cifras monetarias ocupan el centro de atención: montos de inversiones, valor de las acciones, primas y promesas de entrada de dólares por exportaciones. Ni una línea en esos discursos menciona los costos socioambientales, la falta de licencia social de las comunidades ni, mucho menos, los prontuarios de estas empresas.
Fundada en 1885, BHP es hoy la corporación minera más grande del mundo, por su valor de capitalización de mercado. Tiene su sede en Melbourne (Australia), y proyectos en ese país, Chile, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú. En su página oficial, señala que se enfoca en la extracción de cobre, níquel, potasa, hierro y carbón metalúrgico. Aunque no lo refiere en su emotiva historia pública, la empresa también tiene antecedentes en Argentina: en Andalgalá (Catamarca), el gobierno provincial le otorgó en secreto la concesión para explorar y explotar un yacimiento bautizado como Pilciao 16, literalmente debajo de las casas del centro departamental. La rebelión popular logró frenar el macabro proyecto en 2010.
El origen de Lundin Mining Corporation se remonta, según su historia oficial, al año 1994, en Canadá, donde tiene su sede central. Se especializa en extracción de cobre, zinc, oro y níquel, que extrae —o planea extraer— de yacimientos en Argentina, Brasil, Chile, Suecia y Estados Unidos. La compañía forma parte de Lundin Group, un holding fundado “hace más de 50 años”, constituido por diferentes empresas “centradas en los sectores de minerales, metales, energías renovables y energía”, según refiere en su página web. En Argentina, Lundin Mining era la única propietaria del proyecto Josemaría, mientras que Filo Colorado estaba en manos del grupo empresarial Lundin.

Los territorios “vendidos”
Filo del Sol es el nombre del proyecto que, por un plazo estimado de 14 años, planea extraer cobre, oro y plata de un área compartida entre Argentina y Chile, según indica su página oficial. El yacimiento se ubica 140 kilómetros al sureste de la ciudad chilena de Copiapó y en el extremo norte del departamento Iglesia, en la provincia argentina de San Juan. Su adquisición conjunta significó —afirma Lundin Mining en un comunicado— “una contraprestación total de aproximadamente 4.100 millones de dólares canadienses” (poco más de 2.960 millones de dólares estadounidenses).
Diez kilómetros al norte, se ubica Josemaría, el otro proyecto adquirido por el matrimonio corporativo. Con una “vida útil” estimada en 19 años, el yacimiento se ubica íntegramente en San Juan y también alberga cobre, oro y plata. El proyecto se encuentra en construcción —etapa previa a la explotación— y, pese a sus irregularidades, la empresa se jacta de haber obtenido la aprobación del Informe de Impacto Ambiental. Por compartir el proyecto, “BHP pagará a Lundin Mining una contraprestación en efectivo de 690 millones de dólares”, afirma la empresa canadiense en su web.
“Estamos posicionados para crear un distrito minero multigeneracional con importantes sinergias y ahorros de costos a una escala que tiene el potencial de convertirse en uno de los más grandes de su tipo”, expresó Jack Lundin, presidente y director ejecutivo de Lundin Mining sobre la operación combinada de ambos proyectos. Mientras los empresarios festejan el ahorro de costos, con un discurso cercano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró que “el complejo va a estar entre las diez minas de cobre más grandes del mundo y le va a aportar a San Juan, cuando produzca a pleno, 1.100 millones de dólares en exportaciones anuales”.
Desde la Asamblea Jáchal No Se Toca, Saúl Zeballos no comparte ese optimismo. “Las inversiones son para ellos”, afirma, con la autoridad que le da vivir en un territorio donde la megaminería tiene dos décadas. Refiere que las promesas de construir caminos y ampliar el tendido eléctrico, por ejemplo, son para beneficio y uso de las propias empresas. “Se vende como progreso, pero en 20 años la megaminería en San Juan no ha dejado dinero ni siquiera para repavimentar las rutas que ellos mismos rompen”.
Mientras las ganancias favorecen a las corporaciones, el costo es para las comunidades y en Jáchal saben que el precio es muy alto: el agua. “Si el proyecto Josemaría ya suponía un riesgo impresionante de secar el río Jáchal, con la incorporación de Filo del Sol eso está asegurado”, lamenta Zeballos.
Como a nivel nacional, la megaminería es política de Estado en San Juan: José Luis Gioja, Sergio Uñac y Marcelo Orrego, los últimos gobernadores, estuvieron siempre alineados con los intereses de las grandes empresas multinacionales.

Tragedia minera en Brasil
Diecinueve personas murieron, cientos fueron desterradas, sus casas derribadas, sus cultivos destruidos y sus modos de vida arrasados por el barro tóxico que se derramó y avanzó 650 kilómetros por el río Doce, tras la rotura de un dique de colas en Brasil. Ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en Mariana, Minas Gerais, y tiene como responsable visible a Samarco, la firma encargada de extraer “mineral de hierro” en nombre de BHP y Vale, que “tienen una participación del 50 por ciento cada una”, según informa la primera.
“BHP es un símbolo del desastre, del crimen”, expresa Letícia Oliveira, del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). La empresa representa, dice, “la minería de hierro sin escrúpulos, sin preocuparse por las comunidades, por sus derechos, por el desarrollo de la ciudad y por los derechos de los trabajadores. Esto es lo que significa para cualquiera que viva en Mariana; para mí, que vivo en Mariana”. Y añade que la empresa “sólo busca ganancias y no tiene ningún compromiso con el ambiente, con las personas, no le preocupa el riesgo a que están sometidas estas personas en este entorno”. Y apunta que “sólo le preocupan los beneficios de los accionistas, convencerlos de que inviertan cada vez más en la empresa, incluso intentando ocultarles la información real de lo que la empresa provoca en el territorio donde opera”.
Justamente, días atrás un Juzgado brasileño condenó a la fundación Renova —patrocinada por BHP, Vale y Samarco— por los daños materiales y morales que causó la realización de anuncios de autopromoción sobre el colapso del dique de colas. En la sentencia, el tribunal consideró que la fundación creó una “narrativa de fantasía”, lo cual “demuestra claramente una falta de respeto hacia las víctimas”.
En enero de este año, un Tribunal Federal de Brasil condenó a las empresas por “daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas” y está previsto que en octubre comience en Reino Unido otro juicio contra estas mismas empresas en una causa que tiene más de 700 mil demandantes afectados por ese crimen socioambiental.

Crímenes de guerra en África
Dos ex ejecutivos de Lundin Oil —que ha mutado su nombre a Orrön Energy y forma parte del grupo Lundin— están siendo juzgados por un Tribunal en Estocolmo (Suecia). Se los acusa de complicidad en crímenes de guerra cometidos en Sudán, entre 1999 y 2003.
“La acusación describe violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos que ocurrieron en la zona de operaciones de Lundin en Sudán del Sur y causaron daños indescriptibles, desarraigando a decenas de miles de personas y empobreciendo una gran zona”, afirma la organización holandesa PAX.
Se calcula que 12.000 personas murieron por la violencia desatada en el área concesionada a la empresa. El juicio podría extenderse hasta 2026 y sentaría un precedente, ya que “rara vez las corporaciones internacionales son procesadas por complicidad en violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos”, expresa PAX, que desarrolla el programa Deuda Impaga, para visibilizar los crímenes cometidos en Sudán.

Exprimir los acuíferos
La mina Escondida se encuentra ubicada en la región de Antofagasta, al sur del Salar de Atacama, en el norte de Chile. Desde 1991, se extrae de allí tanto cobre que la ha posicionado como la principal “productora” de este metal en el planeta. La gran beneficiada es BHP, que posee más del 57 por ciento de las acciones.
Aunque se la postula como un modelo a copiar, “al menos dos denuncias reflejan el cuestionado actuar de la empresa”, refiere desde Chile, Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).
En 2016, organizaciones y funcionarios denunciaron a la empresa por incumplir legislación ambiental y secar un acuífero. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) la demandó formalmente por “daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del Salar de Punta Negra”. En 2021, la empresa llegó a un acuerdo de compensación económica y reparación ambiental con las comunidades.
Aunque la empresa habría dejado de extraer agua subterránea en 2017, otra causa se inició en su contra en 2018. Cuatro años después, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) la multó con 6.660 millones de pesos chilenos “tras acreditar un daño irreparable a las vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama”.
Además, en 2022, la comunidad indígena Atacameños de Peine iniciaron otra causa contra tres proyectos mineros —otra vez la mina Escondida figura entre las denunciadas— por provocar daños irreparables en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, afectar la biodiversidad e impactar negativamente en su sistema de vida. Con la etapa de alegatos concluida en enero de este año, aún aguardan la sentencia.

El agujero “misterioso” de Atacama
“Misterioso” fue el adjetivo más utilizado por los medios de comunicación para referirse a un pozo de más de 30 metros de diámetro y más de 60 metros de profundidad que “apareció” —otra palabra muy utilizada— en Atacama (Chile). Lo cierto es que el socavón sería consecuencia de la actividad minera en Alcaparrosa, donde Lundin posee el 80 por ciento de la propiedad de una mina de cobre. Por esto, el CDE “ingresó una demanda contra la minera Ojos del Salado (filial de Lundin) que apunta a un eventual daño producido en el acuífero del lugar, tras una sobreexplotación de la faena minera”, afirma Arroyo Olea.
Un dato complica a la empresa: “Tenía una proyección indicada de 38.000 toneladas de mineral a extraer, pero extrajo cerca de 138 mil toneladas, más del triple”, explicaron desde la ONG Red Geocientífica de Chile.
Los ríos violentados
“Lundin Mining opera y maneja minas en el norte del país, donde arrastra denuncias que han sido judicializadas”, señala Arroyo Olea. En 2023, la SMA multó a la empresa por el equivalente a nueve millones de dólares debido a infracciones graves en el uso del agua en la mina de cobre Caserones, donde Lundin tiene el 51 por ciento de la propiedad. Los incumplimientos afectaron la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en la cuenca de un río.
En la misma región, Lundin opera el complejo minero de cobre Candelaria, que comprende Ojos del Salado. En 2022, la Corte Suprema de Chile sentenció a la empresa por dañar la cuenca del río Copiapó y la obligó a pagar una multa. Pero no fue la única denuncia: éstas se acumulan en expedientes generados por los habitantes de Tierra Amarilla, un pueblo a sólo cinco kilómetros del proyecto. Allí afirman y documentan el agrietamiento de sus viviendas y el polvo en suspensión que están obligados a respirar, que se suman a acusaciones por sobre extraer agua en una región de alta escasez hídrica.
“Estos impactos lo viven recurrentemente comunidades como también la propia naturaleza”, señala Arroyo Olea y agrega que “en el caso de Lundin, refleja una conducta que rompe con los márgenes de la legalidad y favorece la profundización de impactos ambientales y sociales”.

El mito del buen trabajo
A inicios de agosto, el 99 por ciento de las y los trabajadores de la mina Escondida votaron a favor de una huelga. El sindicato justificó la medida en “la extensión de las jornadas de trabajo, pérdida de beneficios tan básicos como alimentación en faena, aumento de las exigencias operacionales, la afectación de trabajadores enfermos y contraindicados”.
No es la primera vez que los trabajadores demandan a la empresa. En 2017, habían denunciado que BHP mantenía los campamentos (donde viven los empleados) de las minas Escondida y Spence en zonas no aptas ambientalmente. Ya en 2001, la autoridad sanitaria habría advertido que se trataba de “zonas saturadas” y, por ende, no cumplía con la normativa de calidad de aire.

Acosos y abusos sexuales
“Es suficiente”, es el nombre de un informe de 2022 que recopila denuncias por acosos y abusos sexuales, sufridos por mujeres que trabajan en el sector minero en Australia, uno de los países tomados como ejemplo por el vocero presidencial en el anuncio de la fusión empresarial. Una de las empresas donde ocurrieron es BHP, que opera varios yacimiento en ese país. El reporte fue elaborado por un comité parlamentario de Australia occidental y derivó en una serie de recomendaciones gubernamentales.
Sin especificar localizaciones de los hechos, la propia firma australiana reconoce que en 2023 la empresa receptó 475 denuncias por acoso sexual en sus instalaciones. Aunque auto-elogia el sistema que permitiría “aumentar la conciencia y promover la denuncia”, son los propios gerentes y líderes de las compañías los encargados de recibirlas.

Sobre modelos y beneficios
En su discurso, Adorni aludió a Australia y Chile como modelos, pero lejos están de ser ideales. “Bajo el manto de ser un ‘país minero´, Chile ha enfrentado fuertes impactos ambientales” que han afectado comunidades y ecosistemas, señala Arroyo Olea. “De igual forma, bajo la idea de trabajo e inversión, los gobiernos chilenos han sido permisivos con las irregularidades y sobreexplotaciones del modelo minero”, agrega.
Aunque Adorni aseguró que BHP no se habría sumado a los proyectos si no fuera por la aprobación del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), lo cierto es que aún San Juan no se adhirió y recién lo debatirá en la mitad del mes.
Mientras en Argentina el Gobierno amplía más los beneficios para una actividad mimada, desde Chile, Arroyo Olea objeta algo que también sostienen las Asambleas de Argentina: “Las ganancias del Estado llegan a ser marginales en comparación a las utilidades de las empresas privadas nacionales y transnacionales”. Un negocio redondo para las empresas que, concluye Zeballos desde San Juan: “A nosotros nos hace cada vez más esclavos”.
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Ingresó a Legislatura el pedido de adhesión al RIGI

Fecha de Publicación: 09/08/2024
Fuente: Canal 12
Provincia/Región: Chubut


Este martes se envió el proyecto para que sea tratado por los diputados; deja expreso que la minería metalífera seguirá sin permitirse en Chubut y que sigue vigente la Ley 5001.
En la tarde de este martes tomó ingreso formal a la Legislatura del Chubut el proyecto de Ley 175/24 enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se impulsa la adhesión de Chubut al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que fuera aprobado por el Congreso de la Nación.
La iniciativa, y ante toda especulación al respecto, deja expresamente aclaro que la adhesión al RIGE excluye cualquier posibilidad de avanzar con la actividad minera metalífera en el territorio provincial y que sigue prohibida con la vigencia de la Ley Provincial 5001.  
Se espera que el proyecto enviado por el Ejecutivo tome estado parlamentario en la próxima sesión legislativa, suscitando el debate correspondiente. Sin embargo, desestimada cualquier posibilidad de habilitar la actividad minera metalífera se estima que tendrá acompañamiento al menos mayoritario. Tanto diputados del oficialismo como de la oposición reconocieron que Chubut necesita inversiones importantes y que esta puede ser una herramienta para tal fin.

El proyecto
El proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura consta de cinco artículos:
▪️ Artículo 1° Adherir al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)” que establece la Ley Nacional N° 27.742, en su Título VII, Capítulo I, artículos del 164 a 228, inclusive.
▪️ Artículo 2° “Excluir de la adhesión dispuesta en el artículo 1° las actividades mineras prohibidas por la Ley XVII N° 68”.
▪️ Artículo 3° “El Ministerio de Producción o el organismo que institucionalmente lo reemplace, será la autoridad de aplicación en todo lo atinente a las competencias correspondientes a la Provincia del Chubut para la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”.
▪️ Artículo 4° “Invitar a los Municipios a adherir al Título VII, Capitulo I, artículos del 164 al 228 de la Ley Nacional No 27.742 y a la presente ley”.
▪️ Artículo 5° Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Los fundamentos para adherir al RIGI
En cuanto a los fundamentos presentado por el Gobierno de Chubut para que tenga acompañamiento de los diputados la adhesión al RIGI, se plante que ese sistema “constituye un mecanismo para promover inversiones del sector privado de gran escala en sectores estratégicos de la economía, con la finalidad de revertir la falta de crecimiento y desarrollo de nuestro país”.
 “El ingreso per cápita de la Argentina lleva años de estancamiento y uno de los principales factores que ha provocado ese resultado está dado por la falta de inversión privada”, se indica en el proyecto.
“La Argentina ha venido perdiendo densidad empresarial y ello ha repercutido en una dificultad creciente para crear empleo en el sector privado. Está claro que sin inversiones privadas en la economía real y sin empresas no será posible crear puestos de trabajo de calidad y buena remuneración”.
“No podemos seguir un camino en cual el PBI no crece en la misma proporción que la población y en el cual la única respuesta de la dirigencia política ha sido hasta acá multiplicar de modo exponencial el empleo público y los programas de asistencia social”, se esgrime en los fundamentos.
Más adelante se indica: “Debemos apostar al desarrollo y para ello hay que facilitar las inversiones privadas tal como lo viene haciendo este Gobierno provincial con las iniciativas de promoción de las inversiones turísticas y de la industria naval. Solo así podrá respetarse la dignidad de las personas que quieren incorporarse al mercado de trabajo para forjar su propio destino sin depender de ningún tipo de favor político”.
Se argumenta la necesidad de “revertir los escandalosos e inaceptables indicadores de pobreza que hoy existen en nuestro país y que dan lugar a una situación inexplicable para un país con el potencial y la historia de la Argentina”.
Es por ello que, “el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones se presenta como una herramienta que va en el mismo sentido que propicia este gobierno Provincial, en este caso para las inversiones de gran escala en sectores estratégicos, en muchos de los cuales la Provincia del Chubut tiene ventajas comparativas y competitivas indiscutibles, tal el caso del petróleo, gas, energía, forestoindustria, turismo e infraestructura”.
 “La necesidad de tratar la adhesión a la que invita el artículo 224 de la ley Nacional N°27.742 no puede ser postergada ya que el régimen tiene un plazo de vigencia acotado a dos años contados a partir de su entrada en vigencia”, indica el texto.
En la parte final señala: “Convencido entonces de que debemos propiciar y sostener todos aquellos instrumentos legales que propendan a engrandecer y desarrollar nuestra provincia pongo a consideración de esa Honorable Cámara el adjunto proyecto de ley”.
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“Minería responsable”: el proyecto de un opositor para supervisar la actividad

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Diario NDI
Provincia/Región: Mendoza


El diputado del PJ, Gustavo Perret, presentó un proyecto mediante el cual apunta a crear un registro de ambientalistas para supervisar la actividad minera en Mendoza. El objetivo de esto “es defender los intereses y recursos naturales de nuestra provincia”, señala la iniciativa.
Los equipos que se conformen deberán tener participación dentro de las empresas mineras que realicen la actividad en Mendoza. Además, se exigirá que ninguno de los ambientalistas tengan vínculos familiares con la empresa.
Con esto Perret, apunta a lograr una “minería responsable” en la Provincia. Esto se da tras los cambios en el Código Minero que aprobó tiempo atrás la Legislatura.
“Que, en este contexto, la creación de un registro de ambientalistas profesionales para la supervisión de la actividad minera es esencial para asegurar una explotación sostenible de los recursos y proteger el medio ambiente”, señala el legislador en los argumentos del proyecto.
Además, hace mención a las consecuencias ambientales que puede traer la  controles estatales adecuados y confiables exponiendo a las comunidades a convivir con materiales tóxicos.
“Que, implementar auditorías externas e independientes de los procesos de inspección para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas puede asegurar que los informes y resultados de las inspecciones sean accesibles al público para aumentar la transparencia y la confianza de la ciudadanía, en el proceso”, añade entre los argumentos.
Tareas que cumplirán los ambientalistas profesionales que formen parte del registro:
- Monitorear y evaluar los impactos ambientales de las operaciones mineras de manera continua.
- Implementar medidas correctivas y de mitigación cuando se identifiquen riesgos o daños.  Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales locales, nacionales e internacionales.  Verificar que las prácticas mineras cumplan con las leyes y regulaciones vigentes.  
- Realizar auditorías ambientales periódicas para asegurar el cumplimiento constante.  
- Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión minera
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La Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia la «impunidad» de la Barrick Gold y lo que implicará el RIGI para la región

Fecha de Publicación: 03/08/2024
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: San Juan - Nacional


En 2023 presentaron 71 mil firmas exigiendo a la jueza federal María Romilda Servini que fijara fecha de juicio oral contra la empresa minera por dos derrames ocurridos en 2015. Sin embargo, no hay avances en la causa. La Asamblea advierte que existe un sistema de injusticia, contaminación e impunidad.
Fueron 71 mil las firmas que la Asamblea Jáchal No Se Toca entregó hace, exactamente, un año al juzgado federal a cargo de María Romilda Servini. En aquel entonces, 11 integrantes viajaron a Buenos Aires desde la localidad de Jáchal en San Juan para exigirle a la justicia que fijara la fecha del juicio oral contra la Barrick Gold que hace casi 9 años causó dos derrames, sin ningún tipo de condena.
Reclamaban que, finalmente, se juzgara la responsabilidad por los graves delitos y daños cometidos en el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina en toda su historia. En ese momento, nadie los recibió en el juzgado. Un año después, la fecha sigue en la incertidumbre.
Mientras tanto, ven con preocupación la política del actual gobierno nacional, promoviendo el extractivismo sin control y con extremas facilidades para las empresas extranjeras.

Un sistema a medida del RIGI
En un comunicado, la Asamblea denuncia la creación e implementación de un Sistema de Injusticia, Contaminación e Impunidad (SICI) en la provincia de San Juan, que atraviesa a las diferentes gestiones, desde José Luis Gioja y Sergio Uñac hasta la actual de Marcelo Orrego.
Según detallaron, este sistema nació “para proteger a la Barrick Gold por los continuos derrames de cianuro y mercurio desde su mina Veladero, y se ha extendido al ámbito nacional de tal manera que los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández encubrieron, junto con sus funcionarios”. Y enfatizan que Barrick Gold, «de manera persistente, concretó violaciones» a la ley nacional de protección de glaciares, a la ley general del ambiente, a la ley de residuos peligrosos e inclusive al Código de Minería.
No obstante la gravedad de lo reseñado, la gestión presidencial de Javier Milei –asegura el comunicado- con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “pretende blindar a todas las corporaciones mineras que vengan a la Argentina y no no se preocupen en cumplir las leyes de protección ambiental”. De esta manera, de forma implícita, se continúa en resguardo de los intereses económicos de la minera canadiense Barrick Gold, pero también de la oriunda de China, Shandong Gold.

Impunidad que escala a la Corte Suprema de Justicia
La Asamblea señala que este sistema fue implementado y promovido, a su vez, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al determinar la competencia en la causa penal por el primero de los derrames conocidos de la mina Valedero. En este caso, la causa quedó en manos del juez Pablo Oritja de San Juan, y de esta manera “la Suprema Corte le garantizó la impunidad al ex CEO Guillermo Caló (y funcionarios públicos) por el derrame de cianuro y mercurio ocurrido en septiembre de 2015”.
La denuncia había sido iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por medio del expediente Nº 10049/2015 ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del Juez Sebastián Casanello. Pero ese magistrado “no pudo avanzar en la investigación sobre la responsabilidad del ex CEO Guillermo Caló por expresa disposición de la Corte Suprema que no le permitió al juez Casanello investigar a la Barrick Gold”.
Cabe mencionar que la Asamblea es querellante en el expediente mencionado después de haber acreditado su legitimidad con 3 mil firmas de ciudadanos jachalleros. No así en la causa penal que tramita ante el juez Oritja, quien rechazó su participación y donde, según denuncian, el juez sostuvo que el derrame fue producto de la rotura de una válvula que nunca fue peritada.

Sin fecha cierta de juicio oral
La Asamblea denuncia que existen dos causas penales acumuladas y elevadas en 2018 a juicio oral por el juez Casanello que esperan la fijación de una fecha por parte de María Romilda Servini de Cubría, jueza federal. “A pesar de haber entregado hace un año atrás las 71 mil firmas en el Juzgado de Servini no hemos logrado que ponga fecha para el juicio oral. Parece que la jueza también aplica el SICI a la perfección”, alertan en su comunicado.
La Asamblea asegura que la gestión de Javier Milei “utiliza el RIGI y el SICI de una manera brutal” y que, por ello, “los distintos poderes del Estado Argentino se confabulan para proteger a la Barrick Gold y sospechamos que nunca se llevará a cabo el juicio oral en Buenos Aires, de la misma forma que nunca avanzaron los juicios en la provincia de San Juan”.

Qué pasó hace casi 9 años
Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la mina Veladero, ubicada en la localidad de Jáchal, San Juan y operada por la empresa canadiense Barrick Gold, derramó un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada, mercurio, entre otros metales pesados, sobre el agua de cinco ríos. Una válvula estalló y el veneno se filtró a las cuencas pero la empresa, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales no alertó a la población de forma inmediata.
La información se filtró, los mensajes de texto comenzaron a circular y la población de Jáchal se autoconvocó en la plaza principal para exigir respuestas oficiales. Ese día acamparon allí, después instalaron una carpa que se sostiene, en reclamo de justicia, hasta el día de hoy, a casi 8 años desde el derrame. La Asamblea Jáchal No Se Toca nació a partir de esta resistencia de vecinas y vecinos.
La estrategia de Barrick Gold, la mayor minera de oro del mundo, fue primero el ocultamiento. Cuando se hizo imposible sostener la negativa, al día siguiente, reconoció un derrame de 15.000 litros de solución cianurada, pero aseguró que no había llegado al río y desmintió la contaminación. Pero una semana después, el 21 de septiembre, aceptó que fueron 224.000 litros y que, al contrario de lo que afirmaba, sí había llegado al río.
Dos días después, cuando finalmente llegó la intervención judicial, la empresa reconoció el derramamiento de al menos 1.070.000 litros de solución cianurada sobre las aguas de los ríos. A pesar del escándalo y la gravedad de los hechos, tras el pago de una multa, la mina Valedero continuó en operaciones. En la actualidad se encuentra a cargo de Minera Argentina Gold SRL, una sociedad entre las empresas Barrick Gold y Shandong Gold (China).
A casi nueve años desde el mayor desastre ambiental minero que tuvo Argentina no se ha llevado a cabo el juicio oral, ordenado por la justicia federal hace ya seis años. Hace ya un año, la  Asamblea Jáchal No Se Toca junto a las organizaciones Ekō, Earthworks y MiningWatch Canadá, recolectaron 71 mil firmas en un petitorio donde reclamaron que se fije fecha para el juicio oral, entregado al juzgado de Servini. Además denunciaron que después del 2015, hubo otros dos derrames.
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Río Negro: la minería avanza a paso firme y Weretilneck logra un guiño de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 01/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Río Negro


Organizaciones de la meseta le ponen fichas al desarrollo en la provincia. Algunas voces mapuches se desmarcan de sus pares. El mensaje del gobernador.
Mientras se ultiman las condiciones para que se inicie el proyecto Calcatreu, el reservorio de oro y plata que es la punta de lanza del desarrollo de la minería a gran escala en Río Negro, Ingeniero Jacobacci fue sede de un encuentro de organizaciones que se destacó por las manifestaciones a favor de la actividad y el aval de una comunidad originaria, que deja en carne viva la división del pueblo mapuche.
La reunión del último fin de semana congregó a diversas figuras de la política local, organizaciones sociales y sindicales. Se destacaron integrantes de la comunidad Peñi Mapu de Lepitrén Chico, que reconocieron a la explotación minera como principal esperanza regional. Esta expresión se diferencia de la de algunos voceros del Parlamento Mapuche-Tehuelche, un espacio crítico del gobierno provincial, que anticipó acciones si la minería sigue su curso.
Fue el gobernador Alberto Weretilneck el que celebró la reunión, utilizada para explicar aspectos técnicos del proyecto. “La comunidad participó con genuino interés, defendiendo el proyecto y mostrando su compromiso. Quiero destacar este respaldo masivo que refleja un profundo deseo de trabajo y bienestar”, matizó en sus redes.

Reunión ampliada
La foto en el estadio polideportivo de Jacobacci se capturó a poco de la convocatoria al Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), citado especialmente la última semana con el objetivo de inspeccionar el territorio. El Copeam está compuesto por integrantes de la Legislatura, representantes de universidades, comunidades mapuches donde se emplazan los yacimientos (en este caso, a 80 kilómetros de Jacobacci) y autoridades de la Secretaría de Energía rionegrina.
En las últimas horas se oficializó que la audiencia pública del proyecto se desarrollará a finales de agosto, luego de la visita de figuras del partido gobernante, Juntos Somos Río Negro, acompañadas por referentes de la oposición. El que condujo al segundo grupo fue Juan Martín, flamante presidente del PRO rionegrino.

A favor de la minería en Río Negro
Más de 600 personas llegaron a Jacobacci desde Comallo, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Grande, San Carlos de Bariloche, Valcheta y Ñorquinco, convocadas a una charla informativa en la que se colgaron banderas a favor de Calcatreu y organizaciones sindicales de la actividad en la Patagonia.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fue uno de los gremios que más movilizó, al igual que los trabajadores de la construcción bajo el paraguas protector de la UOCRA. Según confiaron fuentes de la organización, hay “enorme expectativa” por la generación de puestos de trabajo. Se espera que el proyecto garantice alrededor de 700 empleos directos e indirectos.
“Estamos todos en el mismo carril, con la expectativa de que esto salga. El gobierno rionegrino, en general, apuesta al cambio y a este proyecto”, reconoció a Letra P el secretario de la seccional rionegrina de AOMA, Maximiliano Castro. “Calcatreu es el primero de los proyectos, es importante para los trabajadores que esto avance”, se sinceró ante la consulta de este medio.
Castro recordó inversiones de otras empresas, de la producción de arenas silíceas para Vaca Muerta, uranio o litio en roca. "Hay enormes posibilidades de inversiones y puestos de trabajo", atizó el dirigente sindical.
La expectativa es enorme por el número que se maneja. Aunque suena estadísticamente bajísimo, en la denominada Región Sur de Río Negro, la más extensa de la provincia y menos poblada, reside apenas el 3% de algo más de 700.000 habitantes.

Guiño local
Una de las integrantes de Peñi Mapu, Camila Onorio, vaticinó un auge a través del proyecto y profundizó las diferencias con otros sectores de las comunidades originarias. “Podemos acceder a varias cosas para mejorar la vida de los campesinos. Los jóvenes tendrán una posibilidad, una salida laboral”, vislumbró Onorio.
Las declaraciones coinciden con las del intendente local, el periodista José Mellado (JSRN). De linaje radical, con pasado en la corresponsalía del diario Río Negro, construyó poder y reconocimiento desde los medios, como docente en el instituto universitario ligado a la minería y en la presidencia de la cooperativa de agua local.
“Hay información y se siente otra perspectiva con Calcatreu”, dijo el aliado del gobierno provincial, que publicó un manual para estudiantes de 5° grado para una batalla cultural sin consentimientos.
El próximo mes será trascendental. Se inicia la fase final de una discusión de vieja data.
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