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Catamarca: la mitar de las minas nunca pagaron el canon

Por casi la mitad de las concesiones mineras nunca se pagó un canon al Estado

Fecha de Publicación: 03/06/2020
Fuente: El Ancasti
Provincia/Región: Catamarca


Son más de mil minas por las que no hay pagos, pero además se suman otras tantas sobre las que no hay ningún tipo de registro. Hay 2.284 minas entregadas.
En el padrón minero de Catamarca figuran 2.284 yacimientos concesionados, y por prácticamente la mitad de ellos nunca se pagó un canon al Estado e incluso de muchos de esos yacimientos ni siquiera hay registros de pago. En total, apenas el 38% de los concesionarios de minas pagaron un canon en los últimos 10 años.
De los casi 2.300 yacimientos mineros reconocidos por la Provincia, 1.015 de ellos jamás pagaron canon minero alguno, lo que representa el 44,4% del total. A esto debe sumarse que hay otros 298 yacimientos sobre los que no hay datos sobre el pago de sus cánones, y son el 13% del padrón minero. Es decir que el 57,4% de las minas reconocidas y entregadas a un concesionario nunca pagaron un canon o se desconoce si lo hicieron.
En esa línea, se debe reconocer que el otro 42,6% de las minas sí pagaron el correspondiente canon. Entre las que cumplieron hay un porcentaje que pagaron por el plazo de tres años y son las que fueron reconocidas a partir de 2016. En total son 338 y representan menos del 15% del total de las minas.
Además, hay otras 538 que tienen cánones pagados entre 2011 y este año, entre las hay apenas 83 que pagaron por el 2020 (ya sea el año completo o el primer semestre). Estas representan el 23% del total del padrón, que sumadas a las que fueron reconocidas recientemente completan el 38% de los yacimientos que cumplen con su canon.
Por su parte, hay otras 21 minas que pagaron por última vez entre el año 2001 y 2010 (menos del 1%) y otras 74 cuyo último pago fue registrado entre 1976 y 2000 (3%).
Sobre el total de las minas registradas, prácticamente la mitad son yacimientos en los que el principal mineral encontrado fue el litio o el cobre, en tercer lugar oro, seguidos de plata, plomo, carbón mineral, entre otros. Geográficamente, el 40% de las minas están en Antofagasta de la Sierra.

¿Cómo se registran las minas?
Según el Código de Procedimientos de Minería, toda persona física o jurídica puede solicitar un permiso de exploración y ser propietaria de una mina. Para ser concesionario, se debe obtener una sentencia del Juzgado de Minas provincial. Cada concesionario tiene un plazo determinado en esa sentencia en el que deberá cumplir con la presentación de distintos informes y dar cuenta del progreso de la actividad; mientras que el Ministerio de Minería debe fiscalizar y elevar la información al Juzgado. Por cada yacimiento corresponde el pago de un canon, y el incumplimiento de ese pago determina la caducidad del pedimento o la concesión minera. Además, son causales de caducidad la falta de inversión, la falta de la mensura o simplemente un desistimiento del descubridor.
Muchos de los pedimentos mineros otorgados han caducado de hecho, porque sus propietarios nunca pagaron o se atrasaron los cánones correspondientes, pero en materia de derecho "siguen vigentes". En este sentido, el Juzgado de Minería mantiene la caducidad de hecho hasta tanto aparezca un interesado serio en adquirir los pedimentos, y allí se dicta la caducidad de derecho. Esta práctica se implementó porque el mayor inconveniente es que la actual legislación permite la especulación con los yacimientos mineros, ya que cualquier particular puede solicitar un pedimento que haya descubierto, lo mantiene sin realizar avances ni inversiones y luego lo vende a un mejor postor.

Modificación al Código
En la actualidad, el Gobierno trabaja en una modificación del Código de Procedimientos Mineros. De hecho, esta tarea fue especialmente encomendada por el gobernador Raúl Jalil al ministro de Minería, Rodolfo Micone, cuando la semana pasada acordaron su continuidad en el cargo.
"La minería es una política de Estado y es necesario actualizar el Código que regula, por ejemplo, cómo se realiza la concesión de los yacimientos. La normativa que está vigente ya quedó desactualizada", dijo el gobernador consultado al respecto.
Las modificaciones al Código fueron encomendadas al Consejo Asesor Minero en 2017, luego de que la entonces gobernadora Lucía Corpacci anunciara la creación de este instituto en la Asamblea Legislativa de ese año.
Tras dos años de trabajo, en noviembre del año pasado el Consejo le entregó un anteproyecto a Corpacci con las propuestas que se habían recolectado.
Según indicó en ese momento el juez electoral y de Minas, Guillermo Cerda, entre las modificaciones se incluyeron los nuevos usos de la tecnología, entre otros aspectos.

Regalías y utilidades
El canon minero es distinto de los otros conceptos que generan ingresos por la actividad para la Provincia, ya que este corresponde a un valor determinado en base a la extensión del pedimento.
La semana pasada, El Ancasti publicó un informe en el que advirtió que desde el inicio de la explotación minera en Catamarca, en 1998, y hasta 2019, Catamarca recibió $2.507.982.261 en concepto regalías mineras que se distribuyeron entre los municipios y la Provincia; y por su parte, YMAD obtuvo $5.537.528.144 por utilidades mineras. De ese total, una parte coparticipó a la Provincia y también a la Universidad de Tucumán, por lo que solo por esos dos ingresos, a Catamarca le quedaron $8.045.510.405.
Las regalías mineras son el concepto que pagan las empresas por la extracción de los minerales; mientras que las utilidades mineras son un beneficio económico que corresponde por la sociedad para la explotación del emprendimiento minero Bajo de la Alumbrera, que fue explotado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE), celebrada en 1994 entre YMAD (empresa compuesta por Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional) y Minera Alumbrera.
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El Riachuelo parece más limpio, pero...




El Riachuelo se ve más limpio por la cuarentena, pero los ambientalistas dicen que el cambio es superficial

Fecha de Publicación
: 02/06/2020
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Riachuelo


La actividad industrial en la cuenca cayó un 60% y eso se refleja en el curso de agua, que está más claro y fluido. Sin embargo, los expertos afirman que es una mejoría transitoria.
Peces nadando en el Riachuelo. El agua levemente más clara, más fluida. La caída de la actividad industrial de la cuenca en un 60% se nota y no solamente en el agua, sino también en el aire de la zona más contaminada de la Ciudad. Un fenómeno que engrosa la lista de desintoxicaciones de cuarentena, liderada por los canales de Venecia y los despejados cielos de China.
De todas formas, y para tristeza de quienes se habían ilusionado, los expertos coinciden en que el cambio en la cuenca Matanza-Riachuelo no es sustancial. "Puede ser que haya mejorado la calidad del agua porque hay menor vertido industrial, pero es algo excepcional y transitorio, no permanente", aclara Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), integrante del Cuerpo Colegiado de ONGs que controlan el saneamiento del curso de agua.
Alfredo Alberti es presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, otra de las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado. Admite que, "a simple vista y olfato, parecería que sí está mejor, pero no tenemos datos oficiales. Nuestra experiencia real nos enseña que nunca las vacaciones mejoraron nuestro río. La enorme contaminación que sube de su lecho sigue siendo la misma".
Desde la propia Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) reconocen que la mejoría "no es sustancial en términos técnicos". "Registramos una merma del 60% en la actividad industrial de la cuenca en esta cuarentena, pero eso no se traduce tan directamente en términos de impacto en las pruebas y el monitoreo", advierte un vocero consultado por este diario.
De hecho, semanas atrás, el organismo publicó un hilo en Twitter en el que su director ambiental, Bruno De Alto, y su coordinador de impacto ambiental, Claudio Patat, aclararon que la presencia de peces en la cuenca "es normal pero no permanente y sólo ocurre en condiciones especiales".
"Es prematuro evaluar el impacto de la cuarentena sobre la cuenca ya que la contaminación tiene múltiples factores: tipo y nivel de actividad industrial, vertidos cloacales y generación y tratamiento de residuos domiciliarios", reza uno de los tuits. Todos estos factores "han tenido un comportamiento heterogéneo", agrega.
Raúl Estrada Oyuela es apoderado de la Asociación de Vecinos de La Boca. Consultado por este diario, admite que leyó comentarios sobre la presencia de peces en el Riachuelo, pero aclara que "si bien eso puede ser cierto para la cuenca alta, especialmente en algunos arroyos, en la cuenca media y en la baja no es así, ya que la cantidad de oxígeno disuelto por litro no llega a ser la requerida para que haya vida aeróbica en las aguas".
"Lo que suele ocurrir con creciente frecuencia es que la marea introduce por unas horas, en la desembocadura del Riachuelo, aguas del Río de la Plata que tienen oxígeno disuelto y que, consecuentemente, traen peces. Como el nivel del Riachuelo es más bajo que el del Río de la Plata, eso puede confundir a algunos", deduce Estrada Oyuela.
Del mismo modo, los técnicos de Acumar precisan que "el fenómeno de aparición de peces es algo frecuente" y que se da "cuando una importante masa de agua ingresa desde el Río de la Plata al Riachuelo, con suficiente contenido de oxígeno disuelto. Eso permite que con ella también lo hagan los peces". En ese sentido, "la marea alta y la sudestada son las causas más comunes para explicar estos fenómenos".
¿Esto significa que este pequeño descanso carece de valor? No necesariamente. Al igual que ocurre con otros fenómenos de reducción de contaminación alrededor del mundo, lo que ocurre en el Riachuelo permite repensar el vínculo entre ambiente y seres humanos.
"Esto que pasa nos ayuda sólo a reflexionar la relación de los humanos con la naturaleza: que ella no nos necesita, pero nosotros sí la necesitamos a ella -analiza Nápoli-. Podemos cambiar el paradigma de que todos los recursos naturales tenemos que apropiárnoslos".
Mientras tanto, la construcción del “Sistema Riachuelo” sigue avanzando incluso en cuarentena. La obra, a cargo de la empresa AySA, permitirá transportar y tratar los desechos de 4,3 millones de habitantes porteños y del GBA. Así, se evitaría arrojar al Riachuelo efluentes cloacales, una fuente de contaminación que, a diferencia de la industrial, no mermó en días de aislamiento.
"Es posible que la cuarentena haya disminuido la actividad industrial y con ello la descarga de efluentes con alta demanda química de oxígeno, pero se mantuvo la descarga cloacal que genera una alta demanda bioquímica de oxígeno y así no permite aumentar la cantidad de oxígeno disuelto -destaca Estrada Oyuela-. La solución, y lo hemos dicho 10.000 veces, es modificar las resoluciones que autorizan esas descargas, que hoy no tienen límites".
Afortunadamente, las obras del Sistema Riachuelo continuaron, salvo por un parate de unos días a fines de marzo. Desde AySA informan que se retomaron actividades ni bien se implementaron los protocolos de trabajo seguro y que la obra "avanza conforme a lo previsto, para que el sistema pueda iniciar su puesta en funcionamiento hacia fines de 2021 o principios de 2022".
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Nación piensa en "reactivar" la minería pronto



Nación contará con un programa para reactivar las inversiones mineras antes de fin de año

Fecha de Publicación
: 01/06/2020
Fuente: La Opinión Austral
Provincia/Región: Nacional


Alberto Hensel inició una ronda de conversaciones con cada una de las compañías que tienen proyectos en estado avanzado de factibilidad, con el objetivo de "recuperar las condiciones de competitividad".
El secretario de Minería, Alberto Hensel, afirmó que el programa de reactivación de inversiones en el sector minero será presentado antes de fin de año al presidente Alberto Fernández, como resultado del análisis de los factores de competitividad "proyecto por proyecto".
En los últimos diez días Hensel inició una ronda de conversaciones con cada una de las compañías que tienen proyectos en estado avanzado de factibilidad, con el objetivo de "recuperar las condiciones de competitividad de manera tal que los inversores elijan a la Argentina por sobre los países vecinos".
"Propondremos un acuerdo específico para cada proyecto minero, donde mostremos en qué punto está cada uno de ellos y cuál podría pasar a la etapa de construcción y producción", dijo Hensel durante una videoconferencia organizada por la Asociación Civil de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer.
Hensel afirmó que la política minera de San Juan, donde fue ministro del área, es una de las guías de la gestión nacional y adelantó que el esquema de reactivación atenderá las necesidades relacionadas con la estabilidad fiscal y de desarrollo productivo de cada proyecto, según consignó la revista especializada "Panorama minero".
El objetivo, dijo el secretario, es acelerar la puesta en marcha de los emprendimientos mineros más avanzados y aumentar la contribución de la minería a las arcas públicas tal como sucedió en San Juan, "donde hoy se puede afirmar que existe solvencia fiscal, paz social y una realidad totalmente distinta a la que existía antes de la llegada de la minería".
Hensel admitió que se prevé una disminución importante de las exportaciones, que el año pasado rondaron los US$ 3.200 millones, debido al cierre de los proyectos que comenzaron su desarrollo a partir del Acuerdo Federal Minero de 1993.
"Entendemos que si pusiéramos en marcha 17 de los proyectos del enorme portfolio que se ha podido constituir a partir de la inversión sostenida en exploración podríamos cuanto menos triplicar las exportaciones en la minería para pasar a un piso de US$ 10.000 millones", dijo el funcionario.
Para ello, agregó, "hay que encontrar un equilibrio entre la solvencia fiscal y la reactivación económica, y en esto inciden las retenciones, el mercado cambiario y algunos embates permanentes que se tienen contra la minería".
Tras destacar el respaldo al sector del presidente Alberto Fernández, Hensel advirtió que "hoy ya no es suficiente con un acuerdo entre los gobiernos, por cuanto hay toda una serie de aspectos que son fundamentales y nuevos actores que hay que atender", como los sectores ambientalistas, los proveedores, las universidades y cámaras sectoriales.
"El objetivo es convocar a un gran acuerdo y establecer reglas entre todos los involucrados; no podemos discutir si hacemos o no minería, dado nuestro enorme potencial, debemos ver cómo hacemos minería", definió.
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Provincias patagónicas marcan su agenda ambiental



Cambio Climático, control de actividades industriales y manejo costero integrado: ejes de la agenda ambiental de la Patagonia Sur

Fecha de Publicación
: 28/05/2020
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Patagonia


Las máximas autoridades ambientales de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego definieron los temas prioritarios para la región
En el marco de la primera reunión de la Regional Patagonia Sur del Consejo Federal del Ambiente (COFEMA), las máximas autoridades ambientales de Chubut, Eduardo Arzani, de Santa Cruz, Mariano Bertinat y de Tierra del Fuego, Eugenia Álvarez, definieron los temas prioritarios a nivel regional para el trabajo conjunto en el presente año.
Del encuentro online, del que también participaron los subsecretarios de Regulación y Control Ambiental, Daniel Micheloud y la subsecretaria de Gestión Ambiental, Carolina Humphreys, surgieron los cuatro ejes sobre los cuales las tres provincias trabajaran el enfoque regional: el fortalecimiento de las capacidades en la implementación de la agenda de cambio climático, la gestión y control ambiental de actividades industriales y productivas, el manejo de la zona costera y el  diseño e implementación de la estrategia de educación ambiental.
El titular de la cartera ambiental provincial valoró “la posibilidad de trabajar en conjunto con las demás provincias patagónicas en el armado de una agenda de temas ambientales que nos permita generar sinergias, compartir experiencias y pensarnos en el contexto regional en temas que si bien tienen sus características propias en cada provincia, es bueno pensarlas a nivel región”.
Arzani destacó que “del debate y puesta en común sobre los temas aportados por cada jurisdicción se llegó definir una agenda de temas afines y un coordinador para cada uno de ellos a fin de motorizarlos”, en tanto que, respecto de la modalidad, “se trabajará una mesa técnica que podrá ir proponiendo un plan de trabajo con actividades a y metas para este año y los subsiguientes”, agregó.
“Como parte de la modalidad de trabajo, se acordó la conformación de una Mesa técnica para cada tema que articule cada 15 o 20 días intercambios para el avance en la discusión y la generación de acuerdos sobre los temas clave” indicó el funcionario, para concluir que “en la medida de lo posible, se realizarán encuentros presenciales en las tres jurisdicciones de manera rotativa permitiendo la generación de espacios de fortalecimiento institucional y articulación operativa”.
Cabe mencionar además que, por su parte, la Comisión Regional, mantendrá mensualmente reuniones virtuales y/o presenciales que permitirá la articulación, acompañamiento a los equipos técnicos y la ejecución de las políticas conjuntas.
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Los nombres tras los desmontes




Difunden lista de más de 300 empresarios y compañías que deforestaron en los últimos 30 años

Fecha de Publicación
: 26/05/2020
Fuente: biodiversidadla.org
Provincia/Región: Nacional


La organización ambientalista difundió más de 300 nombres de grandes empresarios  y compañías que deforestaron en el país durante los últimos 30 años, en los cuales se perdieron casi 8 millones de hectáreas de bosques nativos -una superficie similar a la provincia de Entre Ríos-. Esta cifra coloca a Argentina entre los diez países con más deforestación.
Greenpeace reveló los nombres de  más de 300 empresarios y empresas por ser responsables de la destrucción de bosques en Argentina. Entre ellos, figuran Eduardo Elsztain (120.000 hectáreas desmontadas), Jorge Horacio Brito (50.000 hectáreas), Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio, Aldo Adriano Navilli, Benjamín Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Luis Caputo, Victorio Américo Gualtieri, Alfredo Olmedo, Roberto Urquía, David Lacroze Ayerza, Manuel Santos Uribelarrea, Enrique Urbano Duhau, Orlando Canido, Alberto Verra, César Raúl Mochón, Ángel Sanchís Perales, José Macera, Jorge Alberto Pocovi, John Dieter Kahlbetzer y Daniel Lifsitz. (1)
“Le pusimos nombre y apellido a algunos de los responsables de uno de los peores crímenes ambientales que sufre nuestro país: la deforestación. Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La pérdida de bosques se produce principalmente por el avance de la frontera agropecuaria (soja y ganadería). De acuerdo a los  informes de la organización y datos oficiales, el 80 por ciento de los desmontes del país se concentran en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa y continúan a pesar de la cuarentena.
“Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios” , afirmó Giardini. “Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más.”
La organización ecologista está impulsando una  petición en su página web para que los gobernadores de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa decreten la emergencia forestal para frenar la deforestación para siempre. (2)

Notas:
1) Para leer la lista de denunciados por Greenpeace por deforestación en Argentina (1990-2020)  hacé click aquí.
2)  https://pages.greenpeace.org.ar/deforestacioncero
3) INFORME:  El sacrificio de los bosques del Gran Chaco.
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Renovables ya emplean 25.000 personas en mantenimiento



El mantenimiento de las instalaciones del sector de las energías renovables ocupa en nuestro país a 25.000 personas

Fecha de Publicación
: 02/05/2020
Fuente: energias-renovables.com
Provincia/Región: Nacional


La Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energía Renovable (Aemer) ha difundido hoy un comunicado en el que, por una parte, recuerda que en estos días muchos de los técnicos de estas empresas "han tenido que trabajar, y lo seguirán haciendo, en condiciones complicadas, al tener que desplazarse a su lugar de trabajo en un escenario de movilidad restringida y escasos locales de pernocta y avituallamiento", y, por otra, plantea una serie de reivindicaciones para la defensa de este colectivo, integrado por muchas pymes que están haciendo un esfuerzo extraordinario -destaca Aemer- que está resultando clave para garantizar el suministro esencial eléctrico.
¿Los protagonistas? "Pymes que, por lo general, han mantenido su base laboral en un escenario de incremento de costes para cumplir con los compromisos contractuales, ya sea en términos de disponibilidad u horas mínimas de funcionamiento, tanto en las plantas como en las infraestructuras eléctricas y viales, así como en la reparación, almacén, logística y en los servicios conexos". ¿El escenario de su desempeño? El estado de alarma, que no solo afecta a los suministros, que es lo primero que nos puede venir a la cabeza, sino que alcanza aspectos que pueden resultar mucho más prosaicos pero que resultan igualmente básicos, como las restricciones y/o dificultades en materia de movilidad o los escasos locales de pernocta y avituallamiento. Por todo ello, Aemer explica en su comunicado que "creemos que es necesario reconocer el esfuerzo realizado y, sobre todo, poner en valor la importancia del papel del mantenimiento para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos", una sostenibilidad para la que, "a corto plazo, los servicios van a seguir siendo fundamentales para mantener la posición competitiva de las empresas europeas".
Pues bien, en ese marco conceptual, Aemer plantea una serie de vindicaciones. Son estas
• Utilizar los fondos públicos disponibles para mantener la liquidez de las empresas, impulsar la formación y el reciclaje continuo de los trabajadores.
• Impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica del mantenimiento, apoyado en subvenciones y en los fondos estructurales.
• Impulsar la calidad como criterio clave para la selección de las empresas soportada por el sello ISP-AEMER.
• Reconocer a empresas que han mantenido su personal en estas condiciones difíciles.
• Optimizar los costes de gestión interna en la cadena de valor, si es necesario, y evitar trasladar al mantenimiento la presión del resultado de subastas agresivas.
• Establecer contratos de largo plazo, donde el saber hacer se muestre con la experiencia y trayectoria de las empresas y no tanto, en la información de detalle de los procesos internos.
• El mantenimiento renovable no necesita un desescalado, siempre ha estado ahí y AEMER considera que por una vez tenemos que aprender de la experiencia para que se reconozca y potencie nuestro valor añadido.
La situación -reconoce Aemer- es muy distinta a la que legó la crisis anterior, "pero es importante -alertan desde la asociación- poner el empeño en reforzar la posición competitiva española para no ocupar un lugar irrelevante en el contexto mundial renovable (...) y, sobre todo, para conseguir que la situación actual no se convierta en una crisis prolongada".

Qué es Aemer
La Asociación de Empresas de Mantenimiento de Energía Renovable se presenta como "un punto de encuentro de expertos vinculados a los servicios de operación y mantenimiento" cuya misión es "impulsar el debate, desarrollar estándares, homogeneizar procesos y prácticas y ofrecer alternativas de crecimiento ante los nuevos desafíos". Sus dos objetivos principales son (1) elaborar documentos, guías sobre procedimientos de diagnóstico y buenas prácticas; y (2) fomentar el intercambio de experiencias e información entre sus socios y los agentes del sector en general a través de diferentes seminarios y jornadas técnicas. Actualmente, Aemer cuenta con más de 30 asociados.
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El Paraná en estado crítico



Río Paraná. Casi no tiene agua y provoca pérdidas millonarias

Fecha de Publicación
: 29/04/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Litoral


Cuando la naturaleza se impone de manera tajante, como en este caso, es poco lo que se puede hacer para hacerle frente. Lo cierto es que la producción agropecuaria es tan riesgosa como incierta porque depende factores climáticos. Hoy toca la peor bajante del río Paraná en los últimos 50 años que, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), representa una pérdida económica de US$ 244 millones para el complejo agroindustrial exportador. Es a causa de la sequía en la zona, que no tiene buen pronóstico hasta ahora.
El complejo agroindustrial exportador del Gran Rosario, que descansa sobre el Paraná, concentra el 80% de la capacidad diaria de procesamiento de soja y girasol que tiene la Argentina. Además, desde las diferentes terminales portuarias se despacharon en 2019 el 67% de los granos, el 96% de las harinas y el 93% de los aceites vegetales que exportó el país en el período, se lee en el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Solo como ejemplo de la pérdida concreta para la economía argentina, el aceite de soja va a dejar de percibir US$86 millones como efecto castigo , porque los barcos que llegan a buscarlo a Rosario tardan más por efecto de la bajante y también porque existe el temor de que se queden varados en el río. Por cada día de demora de un buque para cargar y despachar al exterior el costo adicional es de US$ 45.000 .
Por debajo del metro de profundidad ya se habían encendido los alertas ,también porque aguas arriba se encuentra la central hidroeléctrica Yacyretá , pero ahora la bajante ya llegó a los 0,40 metros de profundidad, nivel que no se registraba desde hace casi 50 años . E ste nivel es muy inferior al mínimo de 2,47 metros que tiene que registrarse a la altura de Rosario para que Hidrovía S.A. tenga la obligación de garantizar los 34 pies de calado y se puedan cargar los buques en todo su potencial . "Esto implica enormes problemas logísticos, de transporte y de industrialización con un costo asociado de US$ 244 millones en el primer cuatrimestre de 2020 , al resentir la navegación y carga máxima de los buques y barcazas en las terminales portuarias del Gran Rosario, epicentro de la agroindustria argentina", se lee en el informe elaborado por el equipo técnico de BCR.

En 70 kilómetros, 29 terminales portuarias
La región del Gran Rosario es el gran polo industrial-exportador de granos y subproductos, gracias a su cercanía a la zona núcleo y a su desembocadura en el Río de la Plata.
Allí, según se lee en el informe de BCA, desde Timbúes hasta Arroyo Seco, hay 70 kilómetros de costa sobre el Paraná , donde están asentadas 29 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. De estas, 19 despachan granos, aceites y subproductos y 12 tienen además plantas de molienda de oleaginosas anexados a sus terminales portuarias. El complejo cuenta también con d os centrales termoeléctricas (San Martín y Vuelta de Obligado) localizadas en Timbúes, dos terminales que operan fertilizantes (Profertil y TFA), una terminal que despacha concentrados de cobre y oro (Minera Alumbrera), cinco terminales portuarias que operan petróleo y sus derivados (Petrobras, YPF, Esso, Oil Combustibles y en Arroyo Seco, Shell), y una terminal multipropósito, Terminal Puerto Rosario (TPR), que opera contenedores, cargas generales y aceites.
Una consecuencia de la bajante es la necesidad de cargar menos los buques, y completar esta carga en los puertos del sur, lo que encarece los costos . "Los mayores costos de adquisición, transporte y logísticos se estiman en 25 U$S por cada tonelada que no se pueda cargar en el Gran Rosario ", estima BCR. Por ejemplo, "en un buque Handysize o Handymax cada pie de calado que baja el río Paraná representa una pérdida de la capacidad de carga de entre 1.500 y 1.800 toneladas.Sufren el costo del denominado "Falso Flete", es decir el transporte al exterior sale lo mismo pero llevan menos mercadería por la bajante . El falso flete asciende a U$S 164.000 por cada buque (es el producto de igual costo de transporte en un viaje más cargado versus ese mismo costo de viaje con menos carga)" calculan los expertos.
En consecuencia, las pérdidas estimadas por falso flete y mayores costos de transporte/logísticos para completar la carga en otros puertos para los 510 buques que operarán en el Gran Rosario entre marzo y mayo del 2020 ascienden a US$ 91,2 millones.

Efecto castigo
En la actualidad se observa un castigo en el precio del aceite de soja argentino, por los problemas logísticos que dificultan la navegación y por el tiempo extra que conlleva toda la operación.
Con base en una estimación del Departamento de Información y Estudios Económicos de la BCR las exportaciones de aceite de soja en el período marzo-mayo desde el Gran Rosario serían de 1,44 millones de toneladas. El castigo que hoy hace el mercado sobre el aceite de soja argentino asciende a 86,4 millones de dólares.
Otra consecuencia es la dificultad para que lleguen las barcazas que vienen de Paraguay con soja, que mezclada con el poroto de soja argentino, da a la exportación mayor proteína y como consecuencia un mejor precio . "La no recepción a tiempo, genera retrasos en la industrialización del poroto en el Gran Rosario e incumplimientos en el programa de embarques y contratos de compra con el exterior", dice BCR. "Pero lo más importante es que se necesitan mayores trenes de barcazas para bajar la misma mercadería al Gran Rosario ante la bajante del Río. Esto genera un importante aumento en los costos de transporte que deben afrontar las empresas del sector", concluye el reporte.
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Río Negro: millonaria multa a empresa por contaminar



Condena millonaria a ALPAT por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 21/04/2020
Fuente: La Mañana de Cipolletti
Provincia/Región: Río Negro


Se trata de la empresa ALPAT, de Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, condenada por arrojar desechos industriales en un predio rural. Deberán pagar más de $4,9 millones.
La titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, María Gabriela Tamarit, condenó a la empresa ALPAT a pagar una indemnización de 4.912.303,87 más intereses a los propietarios de un campo vecino al bajo El Riñón, un paraje situado a unos 8 kilómetros al noroeste de San Antonio Oeste.
Allí la firma productora de carbonato de sodio, propiedad del holding que encabezan Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, y una de las principales fuentes de trabajo de la zona (cerca de 450 puestos), arroja desde fines de 2005 sus desechos industriales en cuatro enormes cuencos construidos en el sector rural.
El fallo conocido recientemente –y que puede ser apelado- revela los gravísimos daños que el acopio de residuos líquidos y sólidos provoca en el medio ambiente de toda la región, y que vecinos preocupados por esta problemática lo habían advertido.
La jueza valoró en la sentencia informes periciales que determinaron de manera coincidente el grado de contaminación progresivo que se registra.
Especialistas subrayan en el dictamen que se deben tomar medidas para mitigar los efectos.
La demanda en este caso la inició Oscar Sánchez, y ante su fallecimiento fue continuada por familiares.
La denuncia apunta a los perjuicios que padecieron en el establecimiento rural por los líquidos con altos niveles de salinidad y amoníaco que se filtran desde el predio que utiliza como vertedero la firma, que elevaron la napa freática y contaminaron los pozos del agua que bebe el ganado vacuno que allí producen.
Agregaron los gastos que les demandó el transporte de agua en camiones para el consumo de los animales, y que el daño registrado provocó que la actividad ganadera resultara inviable, y una notable desvalorización del campo, que ocupa 4.000 hectáreas.
Destacaron que no solo ellos aparecen afectados, sino otros campos de la zona, por lo que el escenario alcanzaría “la dimensión de un desastre ambiental”.
La presentación puntualiza que los cuencos receptores “no se encuentran debidamente impermeabilizados, sino que por el contrario tienen constantes infiltraciones que invaden y contaminan el suelo, los cursos de agua subterráneos y toda la zona del Bajo Riñón”.

El descargo de la empresa
Desde ALPAT negaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con la legislación y reglamentación ambiental.
Sostuvieron que la salinidad de los pozos se debe a que “puedan ser afectados por la intrusión de agua marina”, mientras que arguyeron respecto al amoniaco que “dicha sustancia puede encontrarse naturalmente en el medio”.
En su defensa, la firma aseveró que “los hechos en que gira la demanda son falsos y que, por 1o tanto, no podrán ser acreditados”.
En tanto que recordaron que “desde el año 2004 el Sr. Sánchez junto a otros interesados, intentaron sin fundamento científico, relacionar los valores resultantes del agua extraía de sus pozos, con la actividad productiva de ALPAT”.
Concluyeron que “no existe comunicación alguna entre las correntías subterráneas del Bajo y los pozos del Sr. Sánchez”.
Como otro punto del argumento, aclararon que esa zona fue declarada “de sacrificio”, y que las muestras del agua subterránea tomadas en 2002 “indicaban que ésta era inapta para todo uso (doméstico, ganadero y para riego)”.
Pese a las aseveraciones de la compañía, por esta causa se inició otra por el delito de “contaminación de residuos peligrosos” que investiga la Unidad fiscal 3 de Viedma, con competencia en “Delitos Complejos”, indica el dictamen.
Pero además las sospechas del daño al entorno natural que provocarían los efluentes en el Riñón tiene un antecedente: en 2016 había sido advertido por el Observatorio Ambiental Permanente, que conformaron integrantes de la Escuela de Ciencias marinas de la Universidad del Comahue, la fundación Inalafquen y del Instituto de Formación Docente.
En agosto de ese año brindaron una charla, en la que especialista afirmaron que los líquidos desechados escurren a las aguas subterráneas y drenan a la ría que penetra por el norte del ejido urbano.

Pericias relevantes
En los fundamentos, Tamarit consideró relevantes los distintos informes periciales que reunió el expediente, pruebas que fueron impugnadas por ALPAT, pero validadas por la jueza.
El perito designado de oficio Néstor Martín Delfor, detectó “altísima concentración de sales, principalmente Cloruro de Calcio” y “una sustancia considerada contaminante para el ambiente como lo es el Amoníaco”.
Adjudicó esos componentes a “las grandes fallas en el proyecto ingenieril del repositorio o Área de Sacrificio pretendida por la Empresa”, y los perjuicios son progresivos.
Con posterioridad se solicitó otra pericia química efectuada por la ingeniera Laura Magnani, quien realizó los análisis en el laboratorio CIATI S.A, de Villa Regina, que e posee un área especializa en medio ambiente.
La jueza Tamarit destacó que los resultados hallados por Magnani fueron similares a los de Delfor.
Pero además Magnani aconsejó “efectuar obra acorde a la condición del lugar para impermeabilizar (los cuencos) y aplicar soluciones de ingeniería sobre el efluente para que cumpla con los parámetros legales del vuelco”.
Advirtió, en este mismo sentido, la ampliación del daño. “La calidad del agua subterránea se verá cada vez más afectada extendiéndose a la geografía de la zona de acuerdo a la escorrentía subterránea”, resaltó.
Otro peritaje fue solicitado al ingeniero Mario Oscar Carmody para determinar el estado sanitario del campo.
Describió que lo observó “seco; la plantación natural muerta”.
Informó que “a partir de la construcción del reservorio de ALPAT, la explotación quedó sujeta a una utilización real de aproximadamente el treinta (30) por ciento del predio, es decir entre. un mil doscientas (1200) y un mil cuatrocientas (1400) hectáreas”.
Tamarit acordó con Carmody acerca de que el establecimiento de 4.000 hectáreas sufrió un deterioro del 75%, lo que también reduce la explotación de ganado.
También se incluyen informes del Departamento Provincial de Aguas que la magistrada consideró “contundentes”, en el que se indicó entre otros datos que el escurrimiento “podría alcanzar la ría”.
Con el cúmulo de pruebas y ante la ausencia de elementos que las rebatieran, la magistrada determinó la responsabilidad de ALPAT.
Resolvió que la sentencia resarcitoria por 4.912.303,87 pesos, corresponden 774.890 a daño emergente de gasto de agua; 2.574.583,87 por lucro cesante y 1.562.830 por daño moral.
Además, le impuso a la empresa el pago de las costas del juicio y defirió la regulación de honorarios de los abogados intervinientes “hasta que existan pautas totales para ello”.
En tanto, ordenó informar el fallo a Ministerio Público Fiscal -Temática Ambiental-; al Departamento Provincial de Aguas de Río Negro y a la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo sustentable Provincial.
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Dura realidad de los recuperadores informales



"La cadena de subsistencia está quebrada"   

Fecha de Publicación
: 23/03/2020
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta - Nacional


Con la pandemia del coronavirus, el Gobierno nacional y el provincial han pedido a la población que se quede en casa, sin embargo, siguen sin implementarse medidas que garanticen el alimento y los insumos necesarios a trabajadores informales
Es el caso de 163 recuperadores de la basura que realizaban la clasificación en el Vertedero San Javier para después vender lo que conseguían y tener un ingreso diario. Desde el miércoles ya no pueden hacerlo. También es la situación de cartoneros y carreros que colectaban residudos en el centro de la ciudad y no pueden ingresar porque está vallado.
El referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE), Rodrigo García, sostuvo que la situación "es caótica en todo sentido y más para trabajadores de la economía popular". Planteó que necesitan un plan de contingencia por parte del gobierno de la Nación, que tiene 7 millones de trabajadores en la informalidad. y también de Salta, una de las provincias que tiene más empleo no registrado. "La cadena de subsistencia está quebrada. No están tranquilizando a todo este sector de la población", afirmó.
Pasadas las 21 de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que en los próximos días anunciará medidas para trabajadores y trabajadoras informales y reconoció que no había tenido en cuenta al sector hasta el momento.
"Cartoneros, carreros, recicladores, verduleros, fruteros, vendedores ambulantes, cortadores de pasto", todos están imposibilitados de salir a la calle a buscar el ingreso diario con el que venían subsistiendo hasta antes de la pandemia. García planteó que los gobiernos "no tienen un plan de contingencia para eso" y no han previsto ni un reparto de comida. ¿Cuánto pueden aguantar?, ¿una semana, 4 o 5 días?, 15 días así no pueden llegar a soportar. La ausencia del gobierno provincial es indignante", manifestó el referente.
"La intendenta Bettina Romero no sé dónde está", expresó García. El referente dijo que ante la falta de accionar del gobierno provincial y del municipal necesitan un permiso especial para entregar bolsones que el MTE recibe de la Nación a la gente que trabaja en el vertedero y son parte de la organización, aunque señaló que estos alimentos no bastarán para cubrir las necesidades.

Nada para llevar a casa
"Nos dijeron desde la cooperativa que no vayamos a trabajar hasta el 31 de marzo, somos 79 mujeres, hay unas 20 mamás solteras sin ayuda. Lamentablemente no hay nada para llevar a la casa. Es una situación muy difícil. Al no trabajar no podemos vender", sostuvo una trabajadora que clasifica y recupera la basura en el Vertedero San Javier. Ella prefirió que no se publique su nombre.
Los recuperadores de la basura que trabajan en el vertedero están agrupados en tres cooperativas: Ceferino Namuncurá, Recuperadores de Residuos de Sata y Materiales Reciclables de Salta. Estas integran a la vez la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la CTEP.
"Desde el miércoles, estamos sin trabajar. No tenemos que acercarnos al vertedero o nos van a suspender de las cooperativas. No se dan cuenta que hay muchas familias que dependen de ahí. Lo que me gustaría es que el Gobierno realmente vea qué va a comer la gente si no puede ir a trabajar, ¿cómo vamos a hacer para comprar alimentos?. ¿Qué van a hacer las madres que están solas?. Que el Gobierno trate de ver la manera de ayudarnos a quienes trabajamos en negro", manifestó la trabajadora.
García explicó que la mayoría de los recuperadores y recuperadoras de la basura no son beneficiarios del salario social complementario. Dijo que no todos cobran la Asignación Universal por Hijo, ni tienen la tarjeta Alimentar, y a quienes los perciben tampoco les va a alcanzar para hacer frente a los gastos en esta cuarentena.
El referente sostuvo que hay incapacidad del gobierno provincial, porque si no contienen a los sectores excluídos van a tener una "marcha de hambrientos" y consideró que es probable que las respuestas que preparen sea la represión con las fuerzas de seguridad.
"En el MTE no recibimos nada de intendencia ni de Gobernación a pesar de que hemos hecho pedidos de mercadería", contó García. La organización tiene 4 merenderos (1 en el barrio 20 de Junio, 3 en el barrio 26 de Marzo, donde asisten 50 niños y niñas). También realizan ollas populares en los barrios Virgen de Urkupiña, Santa Mónica, San Rafael y 20 de Junio, de donde llevan la comida más 300 personas, detalló el referente. Dijo que reciben de la Nación lo justo de mercadería y que aportan del bolsillo de los y las integrantes de la organización para comprar la carne.
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Los costos de la megaminería



Los costos de la megaminería

Fecha de Publicación
: 18/03/2020
Fuente: TSS - Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional


Investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país elaboraron un documento en el que cuestionan concepciones que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina. La iniciativa, que sumó casi 800 adhesiones, reavivó una controversia que exige un debate profundo sobre el modelo de desarrollo del país y la región.
 “De las entrañas de nuestra América Latina salió el 45% del cobre, el 15% del hierro, el 20% del oro, el 51% de la plata, el 19% de la bauxita, el 21% del zinc, el 10% del níquel, el 14% del plomo, el 19% del estaño y el 29% del molibdeno del mundo, sobre el total de lo extraído durante la década 2008-2017. Sin embargo, en la región solo vive el 8,4% de los habitantes del planeta y su consumo de metales ronda apenas entre el 5 y 7 % del total mundial”, sostiene el geógrafo Marcelo Giraud, uno de los 33 investigadores de distintas universidades y dependencias del CONICET del país, que participaron de la elaboración y difusión de  un documento en el que, a partir de datos de estudios nacionales e internacionales, buscan desmitificar los argumentos del sector minero que avalan el desarrollo de la megaminería en la Argentina.
“Desde el inicio de la humanidad, ya se han extraído 185.000 toneladas de oro, de las cuales la industria apenas demanda 330 por año, que podrían reciclarse del oro que hoy está dando vueltas por el mundo. Los bancos centrales de los países y el FMI tienen unas 32.000 toneladas acumuladas, mientras que los propietarios individuales conservan el resto. De hecho, el 36% de la demanda se abastece con oro reciclado”, agrega Giraud, que es docente en la  Unicversidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), y aclara que la importancia de la minería de oro radica en que la búsqueda de más yacimientos y la generación de nuevos proyectos de explotación de oro determina, prácticamente, “la mitad de la actividad exploratoria minera metalífera en el mundo”.
Estos ejemplos ponen en cuestión uno de los argumentos que más circula en torno a la megaminería: que no es posible vivir sin ella y que quienes se oponen deberían renunciar a consumir y utilizar objetos que contengan metales. Por el contrario, sostiene Giraud, “América Latina es la gran exportadora neta (diferencia entre exportaciones e importaciones) de metales al mundo. Se extraen del subsuelo muchos más metales que lo que los latinoamericanos consumimos. Es decir, que nos tenemos que hacer cargo de todos los riesgos de contaminación del agua, aire, suelo, degradación del paisaje, flora, fauna y todos los impactos sociales en las comunidades, así como del aumento de prostitución y de adicciones a las drogas y al juego, por algo que  tiene que ver con una inserción en la división internacional del trabajo. Cinco siglos después, con algunas variantes, seguimos siendo los grandes exportadores netos de productos minerales”.
El documento elaborado por los científicos y científicas del CONICET se refiere particularmente a la megaminería metalífera, entendida como un concepto que no solo se refiere a un método técnico sino a un modo de extracción de metales que involucra a cierto tipo de actores y agentes económicos, generalmente empresas medianas y grandes de carácter transnacional, que es la que más conflictos y resistencias genera en los territorios, así como la que más riesgos presenta para el ambiente.
Otra de las grandes promesas que llegan de la mano de la minería a gran escala es que generará desarrollo, empleo y diversificación de la economía regional. Sin embargo, los datos del INDEC plasmados en el documento elaborado por este grupo multidisciplinario indican que, desde 2004 hasta 2018, la “explotación de minas y canteras” aportó sólo el 2,95% del valor bruto de producción total en Argentina, mientras que el aporte de la megaminería metalífera fue de apenas el 0,49. En cuanto a la generación de puestos laborales, del total de empleo público y privado registrado en el país al segundo trimestre de 2019, los de la actividad minera no alcanzan el 1% del total, considerando la extracción de minerales metalíferos, no metalíferos e incluso la de petróleo crudo y gas natural, según estimaciones tomadas del Ministerio de Trabajo.
“No se puede negar que existe algo de movimiento en las zonas donde se instalan estos proyectos, pero hay que analizar otros datos de la realidad, como cuánta pobreza había antes y cuánta hay después”, sostiene la especialista en Sociología Económica Laura Álvarez, que es investigadora en la  Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y también participó en la redacción del documento. Según Álvarez, también hay que sumar otras variables, como la impositiva, y el consumo de agua y energía de estos mega proyectos. “Según datos oficiales, en un año de buena producción, el yacimiento de Bajo de la Alumbrera –en Catamarca– usó 85 millones de metros cúbicos de agua y consumió la energía eléctrica equivalente al doble del consumo residencial de toda la provincia”, dice Álvarez.
“Particularmente, planteamos nuestros argumentos en relación a la mega minería metalífera, que usa sustancias como el cianuro y acido sulfúrico, y es la que está en el ojo de los diferentes gobiernos y políticas de Estado desde los 90. No hay un proyecto de generar divisas o inversiones a partir de una minería que no sea de gran escala o algún tipo de intervención diferente del fracking”, sostiene el biólogo Matías Blaustein, del  Instituto de fisiología, biología molecular y neurociencias (IFIBYNE-UBA/CONICET) y otro de los autores del documento, y agrega que podría ser “interesante” discutir acerca de la minería a pequeña escala, pero que no es el contexto actual. “Lo que se busca son inversores de grandes empresas transnacionales que vengan a hacer minería a gran escala. No hay un proyecto de industrialización, ni de generación de minería a pequeña escala destinado a algún tipo de generación de empleo o industria nacional sino que, por el contrario, se va a un modelo de reprimarizacion de la economía con quienes puedan afrontar esas inversiones, se puedan llevar el mineral y procesarlo, dejando cantidades irrisorias de dinero, del orden del 1% de lo que se llevan en material”, puntualiza.
Otros de los argumentos que desmitifica el documento son que siempre hubo minería y no trajo problemas graves a la humanidad, y que los impactos en la salud y el ambiente de la megaminería ocurren a muy largo plazo o son reversibles. Al respecto, basta recordar el  accidente de la mina Veladero, en San Juan, que en 2015 contaminó con 15.000 litros de solución cianurada las aguas del río Potrerillos, o la tragedia que ese mismo año provocó al menos 17 muertes en Mariana, cerca del estado de Minas Gerais, en Brasil, en lo que muchos catalogan como la mayor catástrofe ambiental de ese país y es considerado el mayor colapso de diques de cola de la historia de toda la minería mundial.
“Hay trabajos internacionales que consideran el último siglo y que muestran que, en cada década que transcurre, el impacto acumulado de los accidentes de diques de cola, lejos de disminuir gracias al avance de la tecnología, son cada vez más grandes e inmanejables”, advierte Giraud. En el caso de Veladero, en San Juan, a pesar de que la minera Barrick Gold era la principal extractora de oro del mundo y  cumplia con todas las certificaciones ambientales, no contaba con un sensor de bajo costo que podría haber evitado la tragedia. “Nunca hay garantías plenas, el punto es a quién le corresponde decidir qué riesgo se quiere asumir en determinado territorio”, cuestiona Giraud, que además es representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.
“También cuestionamos el argumento que plantea que la minería a gran escala ´bien hecha´ no traería efectos dañinos. Explicamos que eso no es posible por la propia lógica, ya que los materiales que se emplean, la voladura de cerros de montañas, las nubes tóxicas que se generan y la degradación del paisaje son algunos de los efectos potenciales”, agrega Blaustein, que entre 2010 y 2016 participó en un relevamiento en Tinogasta, Catamarca, adonde se quería hacer minería de uranio, cobre y plata. “Como científicos, tratamos de aportar un grano de arena a favor de las resistencias que hay en diferentes partes del país frente a este método extractivo, que a nuestro parecer genera más que nada enfermedad, contaminación y malestar a cambio de muy poco”, sostiene.
Frente al avance de esta actividad, en la Argentina hay ejemplos exitosos y fallidos de movilizaciones que lograron evitar la explotación minera, tal como ocurrió en Esquel en 2003, cuando los asambleístas lograron, a través de un plesbicito, la sancion de la Ley 5001, que prohíbe la actividad minera en la provincia de Chubut, y el más reciente de Mendoza, que en diciembre  salió a las calles a defender la Ley 7722, que prohibe el uso de cianuro y otras sustancias tóxicas en mineria, y de los intentos de modificación de la legislación por parte de las flamantes autoridades políticas de la provincia.
“El enfoque multidisciplinario es fundamental pero no solo en torno a las disciplinas, sino a diferentes aspectos que tiene una realidad. Por eso, temas así deben ser tratados desde diferente miradas y trayectorias, no solo académicas. En el caso de las asambleas socioambientales, después de 10 o 15 años de investigación y recopilación de información, hay gente que ya se ha convertido en experta”, advierte Álvarez, que se involucró en la Asamblea de Esquel durante 2011, mientras realizaba el trabajo de campo para su investigación sobre políticas públicas nacionales y provinciales del sector minero. Y concluye: “Como sociedad tenemos que preguntarnos qué necesitamos y esto no puede ser una decisión de unos pocos. Hay que hacerse la pregunta a nivel social. Por ejemplo: ¿Para qué se extraen estos minerales? ¿Cuál es su costo social? Cuando las poblaciones dicen que el agua vale más que el oro, no es solo una consigna para reproducir sino para pensar que queremos”.
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Crisis del petróleo impacta en el biodiésel argentino



Cómo impacta la crisis del petróleo en el biodiésel argentino

Fecha de Publicación
: 13/03/2020
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La soja es una de las producciones que recibió las esquirlas de la bomba que representó para la economía mundial la mayor caída en el valor del petróleo desde 1991.
Si bien este martes recuperaba terreno tras caer hasta siete dólares por tonelada en el arranque de la semana, fue un golpe más para una cotización internacional de la oleaginosa que está en uno de sus valores más bajos en más de una década.
Paralelamente, esta crisis del petróleo también perjudica a uno de los principales subproductos que se obtienen con la industrialización de las semillas de soja: el biodiésel.
Este biocombustible es un sustituto del petróleo que pierde competitividad y prácticamente queda fuera de juego si el precio internacional del crudo se derrumba, como ocurrió el último domingo.
Durante una conferencia que ofreció junto con sus pares de las cadenas del maíz (Maizar), trigo (ArgenTrigo) y girasol (Asagir), en el marco de la feria Expoagro, dijo que constituye un dolor de cabeza en "un mundo que demanda sustentabilidad y en el que Argentina tiene un enorme potencial para vender energía 'verde'".

Externo e interno
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, coincidió con Zubizarreta sobre este panorama negativo y agregó que el impacto puede sentirse con más fuerza en las pequeñas y medianas empresas que procesan soja en el interior del país y les venden el biodiésel a las petroleras que operan en la Argentina, para que "corten" el 10 por ciento del gasoil.
"Hay que dividir esto en dos partes: el mercado de exportación va a seguir activo porque países importadores europeos, que son nuestro único mercado hoy, tienen la obligatoriedad de comprarlo todos los meses para cumplir un cupo, sin importar el precio del barril. Por lo tanto, las petroleras tendrán que asumir las pérdidas, pero en Europa", explicó Idígoras a La Voz.
De esta manera, es en el mercado interno donde surgen los problemas. "La fórmula que se utiliza para establecer el precio del biodiésel que se destina al corte del 10 por ciento puede hacer inviable la producción para las pequeñas y medianas empresas del interior", advirtió el titular de Ciara.
Esto es en lo inmediato. En una mirada de mediano y largo plazo, Idígoras consideró que las grandes procesadoras de soja ubicadas a la vera del Paraná, en el Gran Rosario, también sufrirían el impacto.
"Esto deteriora nuestras chances de exportación y reduce las posibilidades de volver a los mercados peruano y norteamericano (cerrados por denuncias de dumping), que por más gestiones que hagamos, tanto a nivel gubernamental como privado, van a tener menos interés en reabrirse por un producto que no puede competir con el petróleo en estas condiciones", añadió.

Ley en suspenso
Bajo este panorama, un problema adicional es que este año debe renovarse o modificarse la Ley de Biocombustibles. La Liga Bioenergética, que nuclea a la industria y a los gobiernos de provincias donde se elaboran biodiésel y bioetanol, propone aumentar los cupos de corte en naftas y en gasoil. Pero eso requiere de la aceptación por parte de las petroleras, que son las que deben comprar estos combustibles, y que están complicadas financieramente debido a la política del Gobierno de congelar los precios en el surtidor.
"El debate parlamentario será más difícil aún en un escenario de precios bajos del petróleo", reconoció Idígoras.
De todos modos, relató su expectativa de que esta crisis no se extienda demasiado. "La actual coyuntura no nos tiene que detener en el camino del futuro, que es hacia la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables. Además, esta coyuntura tiene más razones geopolíticas que económicas; por lo tanto, el precio debería volver a niveles normales, por encima de 50 dólares por barril. El problema es que no sabemos cuándo va a suceder eso", concluyó Idígoras.
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Bonos verdes para El Impenetrable



Chaco tendrá bonos verdes para preservar El Impenetrable

Fecha de Publicación
: 12/03/2020
Fuente: El Heraldo
Provincia/Región: Chaco


El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, encabezaron la apertura del Foro “Fondos verdes: financiamiento e incentivos para un desarrollo sostenible”, realizado en el Centro de Biotecnología del Chaco. El objetivo es exponer los alcances de los llamados “Bonos Verdes”, una herramienta para financiar o refinanciar proyectos relacionados con el ambiente y el cambio climático.
“Queremos llamar la atención internacional para lograr financiamiento que permita preservar el patrimonio ambiental de la humanidad que es El Impenetrable”, expresó el mandatario al presentar la jornada junto a la Coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades (PNUD) en Argentina, María Eugenia Di Paola. El gobernador resaltó la importancia de la realización del Foro ya que permite incorporar experiencias de carácter internacional de los Bonos Verdes y construir una agenda al respecto. Destacó la participación de expertas del programa de naciones unidades que brindan sus conocimientos al respecto.
El gobernador explicó que el objetivo del gobierno “es diseñar estrategias que permitan garantizar la provisión de finamiento para la preservación de las zonas boscosas y el desarrollo de las comunidades que lo habitan”, y detalló que Chaco cuenta con 4,6 millones de hectáreas de bosques, donde el núcleo principal es El Impenetrable, al que señaló como un patrimonio ambiental de la humanidad.
“Buscamos indagar en fuentes posibles para mecanismos de compensación para el desarrollo del patrimonio ambiental y establecer estrategias de sensibilización ante organismos internacionales que permitan generar apalancamiento financiero para mejorar la calidad de vida de las familias que allí viven y la preservación del ambiente”, expresó.
Detalló que la zona necesita acceso a agua potable, infraestructura escolar, energía, red sanitaria, generación de valor agregado, cadena de preservación y aprovechamiento del bosque nativo y de sus frutos para el desarrollo de alimentación sana y saludable y cadenas productivas sustentables, lo cual demanda una gran inversión de alrededor de 250 millones de dólares. “Mejorar la calidad de vida significa asignar recursos, con inversiones significativas y una mirada especial del estado”, aseguró.
En ese sentido el gobernador consideró que la cuestión de la preservación de los bosques nativos, y sus usos sustentables, es de interés internacional. Por lo tanto remarcó la importancia de trabajar en la generación de Bonos Verdes, cuyos fondos se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean nuevos o existentes.
Capitanich indicó que para lograr las inversiones se requiere personal “debidamente calificado, comprometido y un Estado que sea líder en esa política, capaz de organizar y promover un ambiente adecuado para el diseño de esas políticas públicas y su ejecución”. Por su parte, Marta Soneira remarcó el acompañamiento de la ONU, del PNUD y los consultores y coordinadores internacionales y nacionales, y explicó que junto a los equipos técnicos provinciales, trabajarán en el nuevo esquema de protección ambiental. En esta línea recordó que se convocó a organizaciones civiles, universidades y parlamentos para constituir, como propuesta del gobernador, un Consejo de Políticas Ambientales y trabajar mancomunadamente en proyectos que garanticen el desarrollo de El Impenetrable y la conservación de los bosques nativos chaqueños. En lo que se refiere a la protección del ambiente, comunicó que Chaco tiene acumuladas 580 millones de toneladas de carbono que presta servicios ambientales a todo el país, lo que se traduce en Bonos de Carbono que responden a una de las metas del Acuerdo de París al que la Argentina suscribe. Vale decir que los Bonos de Carbono son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. El Foro se realiza en el marco del PNUD, que promueve la cooperación con gobiernos y la sociedad civil para dar respuesta a desafíos ambientales críticos, como el impacto del cambio climático, el control de la polución, la pérdida de la base de recursos naturales para la producción, la lucha contra la desertificación, la sostenibilidad de los ecosistemas, la prevención, respuesta y recuperación ante riesgos de desastres.
Además acompañaron la presentación el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager; el titular del Centro Biotecnológico Agroforestal, José Alberto Ruchesi; la Consultora PNUD en Argentina, Mariana Conte Grand de UCEMA; además de intendentes y legisladores.
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Anulan el sobreseimiento de empresarios contaminadores



Contaminación en el Puerto: anulan el sobreseimiento de acusados de arrojar residuos peligrosos

Fecha de Publicación
: 21/02/2020
Fuente: 0223.com.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cámara Federal de Casación ordenó devolver las actuaciones a su origen. El hecho investigado ocurrió en septiembre de 2016.
Dos personas acusadas de arrojar desde un buque amarrado en el puerto residuos peligrosos al agua deberán afrontar una nueva instancia judicial luego de que la Cámara Federal de Casación dejara sin efecto la absolución dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones. El hecho que generó la investigación se dio en septiembre de 2016 cuando personal de Prefectura Naval Argentina observó el vertido de una sustancia oscura y un líquido desangrasante desde el buque Messina I.
A partir de la investigación pertinente, la toma y análisis de muestras y escucha de testigos se procesó a Juan Vicente Taranto -presidente de la empresa- y de César Ricardo Toletti -técnico de mantenimiento- por el delito de contaminación con residuos peligrosos.
Luego de la apelación de los abogados defensores la Cámara Federal de Apelaciones resolvió el sobreseimiento de los acusados “por no encuadrar la conducta investigada en una figura penal”. Frente a ello, el fiscal general Daniel Adler acudió a la instancia superior para revisar la resolución, cuestionó pruebas no valoradas y dejó en claro que existe un resguardo constitucional al medio ambiente.
La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón: anuló los sobreseimientos y devolvió las actuaciones a su origen. “El no resguardo del medio ambiente, evitando la contaminación, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en razón de verse afectados derechos humanos protegidos por tratados internacionales”, señala el fallo.
Para los magistrados de la Cámara de Apelaciones los hechos bajo análisis resultaban alcanzados por el derecho administrativo sancionador, pero descartaron que pueda tomar intervención el derecho penal. Frente a ello, Adler sostuvo que estaba dado el tipo penal del artículo 55 de la ley 24.051, que prevé penas para quien envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
Los residuos fueron tirados al mar a través del desagote de líquidos de sentina, que es aquel espacio de los buques donde se recolectan todos los líquidos aceitosos de tuberías, juntas y bombas que pudieren derramarse como consecuencia de la normal operación de la planta motriz. Esos líquidos pueden ser purificados –mediante separadores de materia oleosa-, y quedan a bordo los productos contaminantes, que son retirados en puerto para su tratamiento y eliminación.
“Esa es la obligación esencial que tiene todo navío para preservar el medio ambiente”, apuntó Adler al dictaminar, y reparó en que los acusados “decidieron voluntariamente no cumplir, en el entendimiento de que el deliberado achique de la sentina hacia el espejo de agua sin el tratamiento convierten al vertido en su conjunto en un residuo peligroso”.
Según informó el sitio fiscales.gob.ar la toma de muestras en el espejo de agua y en la sentina del buque evidenciaron que eran coincidentes. Y esto además se encuentra acreditado dado que en el puerto hay una única empresa habilitada para la extracción de residuos, que reveló que desde el 2015 la empresa Messina SA no contrató ningún servicio.
Para el representante del Ministerio Público Fiscal “aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento, cargando con ese pasivo ambiental a la sociedad toda, en tanto su decisión lesiona el patrimonio de todos los seres humanos, pues el líquido vertido tiene efectos acumulativos”. "Aquí no hubo una falla, fatalidad o error, sino un obrar deliberado de eludir los costos del tratamiento", agregó.
Los argumentos fueron compartidos por el fiscal ante Casación, Raúl Omar Pleé, quien señaló que los hechos se tuvieron por acreditados. Y reparó con cita en doctrina que “para que se configure el delito no se requiere la efectiva lesión del bien jurídico tutelado sino la generación de un peligro común”. Y más adelante sumó que la maniobra investigada generó un impacto ambiental, independientemente de que se haya concretado o no el peligro. “Prefectura Naval Argentina redujo los resultados dañosos del actuar de los imputados, cuando llevando a cabo maniobras de limpieza removió 50 litros de hidrocarburos del agua”, destacó y observó que esto no fue tenido en cuenta por los jueces de la Cámara a la hora de resolver.

Por qué se trata de un hecho contaminante
Uno de los argumentos centrales del Ministerio Público Fiscal fue señalar “una arbitraria valoración de la prueba” que consta en el expediente. Y marcaron que están dadas las condiciones que surgen de la normativa  para que su conducta pueda ser encuadrada legalmente: que exista un componente definido como “residuo peligroso”; que se compruebe una acción definida como envenenar, adulterar o contaminar; que esa acción genere un impacto -en este caso- en el agua o el ambiente en general; que la acción y su impacto deben ser peligrosos para la salud.
Para el juez Daniel Antonio Petrone, cuyo voto fue acompañado por el de sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, no pueden pasarse por alto los exámenes de las sustancias vertidas por el buque, realizados por profesionales de la Prefectura, que concluyen en que deben ser consideradas como “residuos peligrosos” en la categoría Y9 del Anexo I de la ley 24.051. “Su vertido en forma directa implica necesariamente una contaminación del medio ambiente”, apuntó más adelante. Y al mismo tiempo infirió que la maniobra de achique de la sentina fue “deliberada”, al contemplar que se realizó de madrugada, horario en que la oscuridad dificulta visualizar la sustancia en el agua, y por otro lado, se intentó disipar la mancha con un líquido desengrasante.
Sobre la pretendida falta de acreditación del daño o contaminación, citó un fallo de Casación en el que Gustavo Hornos opinó que “el daño al medio ambiente mediante el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes”.

El medio ambiente y su jerarquía constitucional
A su turno, la jueza Ana María Figueroa dio un marco a las actuaciones y señaló que las cuestiones vinculadas al medioambiente “pertenecen a una rama del derecho que posee jerarquía constitucional y agrupa cuestiones de sensible interés social, vinculadas con la defensa de un bien colectivo –ambiente- y con la calidad de vida, desarrollo sustentable, la salud pública y la protección de futuras generaciones”.
En esta línea, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo –en el marco de la causa por los daños derivados de la contaminación del Río Matanza- que “el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la obligación de recomponer el daño ambiental configuran la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente”.
Figueroa remarcó que “la protección estatal al medio ambiente  conduce a que sean adoptadas todas aquellas decisiones que permitan proteger el derecho a un ambiente sano, cuya titularidad no sólo es de las generaciones actuales, sino también de las futuras”. Y sumó: “Debe garantizarse el juzgamiento de las acciones desplegadas por empresas o particulares que puedan poner en riesgo el derecho de toda la sociedad a vivir en un ambiente sano”.
“El derecho a la vida y la seguridad e integridad física no admiten un análisis al margen de la protección del medio ambiente. Su goce no es posible en tanto haya una amenaza al entorno en el que desarrollan las vidas los habitantes afectados”, sostuvo Figueroa.
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Empresa forestal logra importante certificación internacional



Primera empresa forestal del país certificada por cuidar servicios ecosistémicos

Fecha de Publicación
: 10/02/2020
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Una empresa forestal logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques, por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná y Misiones. Es la primera firma de la Argentina en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo.
El cuidado de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques nativos y las forestaciones, así como la necesidad de adoptar pautas de manejo productivo con bajo impacto ambiental en pos de la preservación de los recursos naturales y la biodiversidad, es una demanda cada vez más presente y priorizada por los actores sociales.
“Con el apoyo de un equipo de investigadores del INTA y del Conicet, la empresa forestal Arauco Argentina logró una certificación internacional de manejo responsable de bosques otorgada por el Forest Stewardship Council (FSC, según su sigla en inglés), por la preservación de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en sus predios de Delta del Paraná –Buenos Aires– y en la selva paranaense –Misiones–. Es la primera firma del país en lograr un estándar de este tipo y la décima en el mundo”, informó ayer INTA.
En esta línea, la certificación reconoce la contribución de la empresa a la conservación de dos de las especies de mamíferos más emblemáticas de la Argentina: el yaguareté (Panthera onca) en Misiones y el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) en el Delta del Paraná. Ambas especies se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de extinción, tanto a escala mundial como nacional.
En el caso del ciervo de los pantanos, el conocimiento utilizado como base para la gestión de la certificación fue obtenido por un equipo de investigadores del INTA, del Conicet y de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, quienes integran el Proyecto Pantano y se encargaron de evaluar el rol del predio “Oasis” (de alrededor de 11.000 hectáreas) para la conservación de la especie en el Bajo Delta del Paraná.
En el caso del yaguareté, la certificación recurrió a los estudios realizados por un equipo de científicos del Conicet y del Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA) de Iguazú -Misiones-, quienes desde hace más de 13 años llevan a cabo relevamientos con cámaras trampas en la zona.
De acuerdo con Ricardo Austin, gerente forestal de Arauco Argentina, “la certificación FSC de los Servicios Ecosistémicos muestra que soluciones innovadoras y creativas son necesarias para compatibilizar el desarrollo productivo nacional con la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos derivados”.
En esta línea, Austin remarcó la importancia de la articulación entre el sector productivo y el académico-ambiental como estrategia para el desarrollo de acciones de gestión sostenible de los territorios.
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Biocombustibles en el limbo

Biocombustibles: alerta por posibles despidos

Fecha de Publicación
: 31/01/2020
Fuente: Super Campo
Provincia/Región: Nacional


La Liga Bioenergética de Provincias Argentinas solicitó una audiencia con el ministro de Desarrollo Productivo para tratar la crisis del sector.
La Liga Bioenergética Argentina, que reúne a las provincias productoras de biocombustibles, solicitó una audiencia al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya que “no todos pueden esperar a que se solucione la macro”.
En un comunicado, la entidad sostiene que en “entre 2018 y 2019 la política de biocombustibles ha sido erática, con nulo control dela aplicación de la ley y un marcado desinterés oficial respecto al tema”.
“Ya con casos de empresas cerradas en 2019, otras en convocatoria de acreedores, con más de 3.000 puestos perdidos y con plantas e ingenios totalmente paralizados porque el precio no cubre el costo de la materia prima, la situación hoy tiene como consecuencias previsibles y lamentablemente ineludibles las cesantías y despidos”, advierten desde la Liga Bioenergética Argentina.
El comunicado finaliza: “el sector que produce más del 10% de los combustibles que se usan en el país puede aportar soluciones, para eso solicitamos una audiencia con el ministro Kulfas. Dialogando vamos a cuidar las fuentes laborales, el ambiente y el federalismo”.
La Liga Bioenergética es una iniciativa de carácter está formada por los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires.
Desde el sector privado la integran la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara Argentina de Industria Sucro Alcoholera, la Cámara de Bioetanol de Maíz y de la Cámara de Industrializadores de Granos, Productores de Biocombustibles de Origen (CIGBO) y la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno.
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Reciclaje con inclusión



Reciclaje inclusivo: la propuesta para cambiar el tratamiento de los residuos

Fecha de Publicación
: 23/01/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Desarrollar iniciativas a nivel local, interactuando con cooperativas y municipios para promover políticas públicas que impulsen la gestión de residuos con reciclaje inclusivo. Ese es el principal objetivo de una de las propuestas que la Fundación Avina empezó a implementar en la Argentina en 2013.
"Implica trabajar por la formalización de las cooperativas, la profesionalización de los trabajadores y el acceso a derechos básicos", resume Florencia Rojas, coordinadora del Proyecto de Reciclaje Inclusivo de Avina, que tiene como socios locales a Danone y Compromiso Empresarial por el Reciclado (Cempre). Además, están aliados con la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr).
Hoy tienen presencia en 12 ciudades del país, con 17 cooperativas asociadas que incluyen a unos 3000 trabajadores formalizados, lo que impacta en 16.000 personas si se incluye a sus grupos familiares. De esta forma, se recuperan un promedio mensual de 2400 toneladas de materiales reciclables.Una de las cooperativas con las que trabajan en la ciudad de Buenos Aires, es El Álamo.
El trabajo de El Álamo abarca los barrios de Villa Devoto, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Agronomía y Villa del Parque. Por día, recuperan unas 12 toneladas de residuos: 400 por mes.
"El último proyecto que inauguramos fue en Guaymallén, Mendoza, donde se hizo un diseño de la política pública en articulación con el municipio", detalla Rojas. El Álamo participó de la elaboración del proyecto y puesta en marcha de una planta de clasificación de residuos urbanos, mientras que Danone, al igual que Avina, contribuyeron con fondos. "Se sacó del basural que funcionaba allí a 150 personas, de las cuales 50 trabajan hoy en la planta y otras 100 están en proceso de incorporación", dice Rojas.
 También en Mendoza, hoy hay cinco cooperativas -incluyendo a El Álamo y El Algarrobo- que están trabajando en una mesa de diálogo con el municipio de Las Heras para articular el cierre del basural de El Borbollón, con la garantía de inclusión de los trabajadores. "Se estima que para marzo estará cerrado y, por otro lado, se prevé que se desarrolle ahí un centro ambiental para el área metropolitana", cuenta Alicia Montoya, de El Álamo.
Viviana Nasiff, integrante del equipo técnico de El Algarrobo, cuenta que tienen censadas 260 personas que trabajan actualmente en el basural de El Borbollón, aunque muchas otras se suman fuera de la época de cosecha o en tiempos de crisis. "Hay tres grupos que están trabajando allí. Logramos que varios de ellos se sumen a las cooperativas, sacándolos del basural: el objetivo es incorporarlos a todos", dice Nasiff.
En la ciudad de Buenos Aires, el proyecto "Comunidades protagonistas sin basura", de la asociación civil Surcos, busca promover la separación en origen y reducir la basura que se genera en las villas.
Nació en 2018 en alianza con la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad, y la Fundación Emergencias, que lo financian. Empezaron a trabajar en la villa 21-24 de Barracas, donde consiguieron que en menos de un año el 85% de los hogares que participaron de la iniciativa incorpore hábitos de separación de residuos y que se recuperen varias toneladas de material reciclable, mejorando los ingresos de las cooperativas. Luego, se extendieron a Villa Soldati.
Luciano López Santesteban es coordinador operativo del proyecto. Explica que por la alta densidad poblacional de las villas y la distribución de los pasillos, entre otros factores, la recolección de la basura se complica en esos territorios. "Eso genera un problema grave de salud ambiental, y empezamos a pensar distintas estrategias", cuenta.
Una de las cooperativas que trabajan con Surcos es Siempre Verde, en Villa Soldati. Leandro Ávila tiene 37 años y es su coordinador. Se crió en La Matanza con sus seis hermanos y a los once años se fue de su casa escapando de los golpes de un padre violento. Empezó a vivir en la calle y a comer de la basura.
En Soldati, Leandro conoció a quien había fundado la cooperativa en 2001. "Acá hice cursos de reciclado, de materiales y me fui capacitando. Somos 50 compañeros", cuenta. Hoy y gracias al trabajo en la cooperativa, tiene garantizado el sustento para las dos hijas de tres y siete años que cría solo.
Con respecto a la mirada de la sociedad, Leandro asegura que, de a poco, se va tomando conciencia del rol que cumplen las cooperativas. "Cada vez más vecinos separan los residuos y se esfuerzan. Pero también hay personas que no tienen respeto por este trabajo, no cuidan los tachos y si se les rompe una botella de vidrio la tiran así nomás en el contenedor de los reciclables, sin pensar que después alguien puede cortarse", dice.
Está orgulloso del trabajo que hacen: "Sacamos a muchos pibes de la droga y la calle. Nos gustaría que sean muchos más", asegura.

Cómo colaborar
Hace dos años, la cooperativa Siempre Verde sufrió un incendio que destruyó sus maquinarias. Realizan todo el trabajo de forma manual. "Laburamos a pulmón y soñamos con recuperar lo que perdimos", dice Leandro. Para ayudar, escribir a surcos@surcos.org
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