Frenaron un desmonte ilegal de 50 hectáreas en el norte santafesino

Fecha de Publicación: 11/09/2025
Fuente: El Once
Provincia/Región: Santa Fe


El Ministerio de Ambiente constató la deforestación de bosque nativo en el departamento 9 de Julio. Una empresa avanzó con obras industriales sin estudio de impacto ambiental.  
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe frenó un desmonte ilegal de casi 50 hectáreas de bosque nativo de máxima conservación en el departamento 9 de Julio. La empresa responsable, Algoservicio S.A., había iniciado además la construcción de una planta algodonera sin contar con la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Tras la constatación de la infracción, se dispuso la clausura del predio y la denuncia ante la Justicia.
El ministro Enrique Estévez sostuvo: “No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias”. 

Acciones judiciales y medidas cautelares
La Procuración General de la Corte Suprema provincial promovió una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En ese marco, el Juzgado de Distrito de Tostado ordenó la prohibición de toda intervención en el predio, ubicado en el distrito de Logroño, y exigió el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción. 
La resolución también obliga a la firma a abstenerse de realizar nuevas acciones sobre el área, clasificada como Categoría I - Zona Roja por la Ley Provincial N.º 13.372 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, lo que la convierte en una zona de máxima protección.

El valor de conservar los bosques nativos
Las autoridades recordaron que la Ley Nacional de Bosques (N.º 26.331) protege los ecosistemas más valiosos del país, y remarcaron que la conservación del bosque nativo no solo es un deber legal sino también productivo: permite proteger suelos, conservar agua, resguardar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.
“La protección del bosque nativo no es un capricho: es cuidar la biodiversidad, el agua, los suelos y la vida de las generaciones que vienen. En Santa Fe apostamos a una producción sostenible que mire al futuro”, concluyó Estévez. 
El rol del sistema de alerta temprana
El desmonte fue detectado a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana de Deforestación, que monitorea continuamente la pérdida de bosques nativos mediante imágenes satelitales y reportes quincenales. Esta herramienta permite a las provincias actuar de manera rápida y efectiva, además de brindar acceso público a la información para que la sociedad civil participe en la defensa de los ecosistemas.
El gobierno provincial reafirmó que el cuidado del ambiente y el cumplimiento de la ley son condiciones innegociables para garantizar una producción que impulse el desarrollo humano sin hipotecar el futuro. 
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Tensión judicial: los fiscales piden prisión para los que queman caña pero los jueces se niegan

Fecha de Publicación: 06/09/2025
Fuente: Portal Contexto
Provincia/Región: Tucumán


La quema de cañaverales y pastizales abrió una fuerte disputa judicial en Tucumán. Mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) insiste en solicitar prisión preventiva para quienes son sorprendidos iniciando incendios, los jueces hasta ahora se limitaron a abrir causas sin ordenar la privación de libertad.
El último episodio se registró el jueves pasado en Mancopa, cuando efectivos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la división Delitos Rurales y Ambientales detectaron a tres hombres apilando restos de desmonte para prender fuego.
Según el informe pericial, la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Bella Vista impidió que las llamas alcanzaran un cañaveral y los bosques nativos de la zona. Por orden de la fiscala Mariana Rivadeneira, los sospechosos fueron aprehendidos.
El sábado se concretó la audiencia de formulación de cargos, donde la auxiliar fiscal Brenda Deroy advirtió sobre la gravedad de estas prácticas, que “ocasionan accidentes de tránsito, daños a inmuebles, a personas y a los animales”. 
Deroy pidió la prisión preventiva por 30 días para dos de los imputados, al señalar que no tienen domicilio acreditado en la provincia y que la defensa sólo aportó como referencia la localidad de El Mojón, Santiago del Estero.
Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el pedido y dictó medidas de menor intensidad, considerando la situación económica de los acusados y la falta de pruebas sobre un dolo intencional.
Desde que el MPF adoptó una política criminal contra las quemas, al menos 10 personas fueron acusadas por delitos que prevén penas de cumplimiento efectivo. No obstante, sólo tres imputados recibieron prisión preventiva, dos de ellos bajo arresto domiciliario.
Pese a los fallos judiciales, fuentes fiscales ratificaron que seguirán pidiendo preventivas. De hecho, el domingo el ECIF intervino en un nuevo incendio en Cevil Pozo, a tres kilómetros de la rotonda de Los Gutiérrez, que afectó una línea de alta tensión de Transnoa. Los peritos trabajan para identificar a los responsables.
En paralelo, avanzan las investigaciones contra al menos cuatro grandes productores cañeros, dos de ellos propietarios de ingenios, sospechados de ordenar o permitir quemas en sus campos.
Según la fiscal Rivadeneira, estos empresarios habrían presentado denuncias de supuestos ataques incendiarios contra sus propiedades como estrategia preventiva para evitar causas penales. Los registros muestran que las presentaciones se concentraron en los meses de agosto y septiembre, época de mayor riesgo, lo que refuerza las sospechas.
Además, no se descarta que puedan ser imputados por no tomar medidas de seguridad adecuadas para prevenir estos siniestros, pese a su reiteración anual.
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El Ministerio Público Fiscal impugnó el fallo que absolvió a los acusados por contaminación ambiental en el Golfo Nuevo

Fecha de Publicación: 03/09/2025
Fuente: El Chubut
Provincia/Región: Chubut


La medida se dirige contra la sentencia absolutoria dictada por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto en beneficio de Nadine Parry y Yosef Vargas. 
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, representado por el fiscal jefe Alex Williams, presentó una impugnación extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia contra la resolución que absolvió a los dos imputados en la causa por contaminación ambiental vinculada a la empresa pesquera Conarpesa.
La medida se dirige contra la sentencia absolutoria dictada por la jueza Patricia Reyes el pasado 25 de agosto en beneficio de Nadine Parry y Yosef Vargas. 
El Ministerio Público Fiscal alude que “el fallo presenta una errónea aplicación de la ley penal, una motivación insuficiente y contradicciones que lo tornan arbitrario, lo que fundamenta el pedido de revisión”.

El caso 
Según Fiscalía, Nadine Parry, responsable ambiental de la empresa, y Josep Vargas, encargado de la planta de tratamiento de efluentes, “dispusieron un sistema clandestino de volcado de líquidos industriales sin tratamiento al mar durante al menos dos jornadas de febrero de 2023”. 
Conforme las pericias, las muestras de agua superaron ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente: la legislación autoriza hasta 50 mg por litro de materia orgánica, mientras que los análisis arrojaron valores superiores a 1.500 mg por litro.

Fundamentos de la impugnación 
Fiscalía sostiene que la jueza Reyes “absolvió a los imputados basándose en una supuesta variación en la acusación fiscal durante el debate oral, lo que habría vulnerado el principio de congruencia y el derecho de defensa”. 
El fiscal remarcó que “el hecho histórico atribuido se mantuvo inalterado desde el inicio del proceso hasta el alegato final: el volcado de efluentes crudos al Golfo Nuevo mediante un sistema de cañerías no declarado (“bypass”). En consecuencia, la defensa ejerció plenamente sus derechos y no existió afectación al debido proceso”. 
En tal sentido, indican que “al minuto 32 y al minuto 46, se remarca textualmente que la única conclusión lógica, válida, que se puede arribar es que se había dispuesto exactamente un sistema de vuelco de líquido sin tratar al mar proveniente del lavado de la materia prima”.

Sentencia “sin fundamentos” y “plagada de subjetividades y adjetivaciones”
Asimismo, se planteó que la sentencia “carece de una fundamentación adecuada, recurriendo a argumentaciones formales sin precisar en qué medida se habría limitado la defensa de los acusados, requerimiento ineludible para poder aplicar la sanción que la jueza dispuso pero que en su fallo nada dice al respecto”, remarcan los fiscales que por el contrario la sentencia se encuentra “plagada de subjetividades y adjetivaciones impropias de quien tiene el deber de velar por la imparcialidad”. 

Dimensión ambiental y de derechos humanos 
El recurso presentado por los fiscales también subraya la relevancia colectiva del caso, recordando que los delitos ambientales afectan derechos fundamentales como la salud y la vida. En esa línea, se citaron pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, que obligan a los Estados a garantizar el acceso a la justicia y la sanción de quienes provoquen daños ambientales.

Superior tribunal de justicia de Chubut 
El Ministerio Público Fiscal solicitó al Superior Tribunal de Justicia que revoque la sentencia absolutoria y ordene la realización de un nuevo juicio oral. Además, se efectuó reserva de caso federal, lo que habilita recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de ser necesario.
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Nuevo índice: se reciclaron casi 235.000 toneladas del plásticos en la Argentina 

Fecha de Publicación: 30/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional


Un relevamiento de ECOPLAS y CAIRPLAS indicó que, en Argentina, en 2024 se revalorizaron 263.500 toneladas de plásticos. Además, señala la necesidad de políticas públicas para impulsar su crecimiento.
En Argentina se reciclaron mecánicamente 233.200 toneladas de plásticos y se valorizaron energéticamente otras 30.300 en hornos cementeros, durante 2024. Los datos fueron revelados en el último Índice de Reciclado de Plásticos presentado conjuntamente por Ecoplas, la asociación civil especializada en plásticos y medio ambiente, y la Cámara Argentina de Reciclados Plásticos (CAIRPLAS).
El informe señala que el año pasado se recicló un menor volumen de plástico que años anteriores. Sin embargo, la proporción reciclada respecto al total consumido en este periodo subió del 14 al 17%, lo que demuestra una mayor eficiencia. Además, fueron relevadas nuevas empresas recicladoras, lo que sugiere una adaptación y evolución dentro del sector.
 Para poner en contexto, hasta 2023, el sector del reciclado de plásticos en Argentina mostró una evolución notable, con más de 4 millones de toneladas recuperadas desde 2003 y la consolidación de una cadena productiva que en la actualidad reúne a más de 190 empresas y 50 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Sin embargo, 2024 marcó una inflexión: aunque la tasa de reciclado aumentó, el volumen total cayó.
De esta manera, en la actualidad la industria recicladora plástica opera con más del 50% de capacidad ociosa: debe aumentar y mejorar la separación de residuos y la demanda de plástico reciclado en la fabricación de nuevos productos. A esto se suma un escenario internacional en el que el plástico virgen se ofrece a precios más competitivos, lo que desalienta la incorporación de reciclado en los procesos productivos.
Sin embargo, estas dificultades deben interpretarse como una coyuntura de mercado que puede y debe revertirse con políticas públicas y decisiones empresariales orientadas a un futuro sostenible.

Reciclaje: un motor de desarrollo económico y social
El Índice pone en evidencia que el reciclado de plásticos es mucho más que una práctica ambiental: es un motor de desarrollo económico y social.
Verónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas, comentó: “cada tonelada que se recupera reduce la presión sobre rellenos sanitarios enviando recursos recuperables como lo son los plásticos y genera empleo en distintas etapas de la cadena, desde la recolección diferenciada hasta la transformación industrial”. De esta forma, afirma que reforzar esta cadena no solo es clave para la competitividad local, sino también para impulsar exportaciones que podrían generar divisas a través de productos con valor agregado.
En este marco, Ecoplas subraya la importancia de avanzar hacia una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de envases, que se trata de una herramienta ya adoptada en numerosos países que obliga a los envasadores a hacerse cargo de su gestión posconsumo. Por ese motivo, su implementación en Argentina sería un paso decisivo para asegurar que el esfuerzo individual de los ciudadanos y el compromiso de la industria se traduzcan en resultados sistémicos, con más materiales reciclados reinsertados en el circuito productivo.
“El reciclado de plásticos en Argentina es una historia de logros, pero también de desafíos. Tenemos una industria preparada, con infraestructura y conocimiento técnico, que necesita mayor articulación y un marco normativo que acompañe. Apostar al uso de material reciclado es apostar al empleo, a la competitividad y a un país más sustentable”, sentencia Ramos.
La experiencia de los últimos 20 años demuestra que los plásticos pueden dejar de ser residuos para convertirse en recursos. El desafío ahora es generar las condiciones necesarias para que la economía circular no sea solo un compromiso ambiental, sino también un motor de reactivación productiva para la Argentina.
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ACUMAR endurece sanciones por infracciones ambientales en la Cuenca Matanza Riachuelo 

Fecha de Publicación: 27/08/2025
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Riachuelo


La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo dispuso modificaciones al régimen de fiscalización y sanciones, con multas más severas para incumplimientos en la presentación de información, falsificación de documentos y construcción de sistemas de control de vertidos.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) modificó el régimen de fiscalización, control y sanciones aplicables en el área de la Cuenca, mediante la Resolución 203/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. El organismo dispuso un endurecimiento de las multas y la simplificación de los procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la eficacia del control ambiental en la zona.
Entre las principales modificaciones se incorporan como infracciones la falsedad de los datos o documentación presentada y la falta de empadronamiento, que podrán ser imputadas directamente por los inspectores en las actas de fiscalización. Además, se establece un plazo de intimación en los casos de información falsa, con sanciones agravadas en caso de incumplimiento.
La norma también eleva las sanciones para los establecimientos que no construyan o adecúen la Cámara de Toma de Muestra y Medición de Caudales, considerada esencial para identificar un único punto de vertido. ACUMAR señaló que la ausencia de este sistema representa una omisión grave que obstaculiza el control ambiental en la cuenca desde hace 17 años.
Asimismo, se modifican los montos de las multas vinculadas a la falta de presentación de información, informes de avance, planes de adecuación y documentación técnica ambiental, y se reincorporan sanciones específicas para el incumplimiento parcial o total de esos planes. También se introducen cambios en los plazos y modalidades de pago de las multas, con beneficios por cancelación temprana y la posibilidad de pago en cuotas.
La resolución simplifica las etapas intermedias en los procedimientos sancionatorios, sin alterar el derecho de defensa, y regula cuestiones que antes no estaban especificadas, como la reincidencia, la prescripción y el cálculo de intereses en los certificados de deuda.
La medida, firmada por el presidente de ACUMAR, Lucas Figueras, entrará en vigencia a partir de mañana.
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El RIGI bajo la lupa: un informe advierte sobre el altísimo consumo de agua de San Jorge y el fracking

Fecha de Publicación: 23/08/2025
Fuente: El Editor Mendoza
Provincia/Región: Mendoza


El Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) analizó las implicancias del RIGI y los riesgos sociales, ambientales y económicos de San Jorge.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, piedra angular de la Ley de Bases del gobierno nacional, se vendió como el salvavidas para una Argentina en crisis. Sin embargo, un riguroso análisis del Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) titulado “RIGI, ¿una vía al desarrollo o a la dependencia?” pinta un cuadro muy distinto: el de una herramienta desesperada para obtener dólares rápidos, que hipoteca la soberanía, los recursos naturales y el futuro de provincias como Mendoza, jaqueada por una emergencia hídrica histórica.
El informe fue presentado este martes en la sala Talampaya del Cricyt (Conicet) de mano de sus autores, Lautaro Breitman Pacheco (sociólogo y miembro del INCIHUSA), Gabriel Olmedo (economista del CIEC), Eliana Canafoglia (socióloga, INCIHUSA) y Gustavo García Zanotti (economista, SEC).

Un régimen a medida del capital extranjero
Sancionado en junio de 2024, el RIGI no es un simple paquete de incentivos. Es una reforma estructural que redefine la relación entre el Estado y el capital. Está destinado a proyectos de más de USD 200 millones en sectores extractivos –minería, petróleo, gas– e infraestructura, que reciben beneficios sin precedentes.
El informe del CIEC los detalla con precisión. Estabilidad fiscal por 30 años, exención de retenciones e impuestos a la importación, y una ventaja cambiaria clave: la “Autorización a liquidar divisas generadas por exportaciones por fuera del mercado de cambios argentino”. En criollo, las empresas pueden quedarse con los dólares que generen, en un país donde la falta de divisas es una enfermedad crónica. Pero la cláusula más polémica, el Artículo 193, les garantiza acceso prioritario a los “insumos” necesarios para exportar, incluso sobre las necesidades de la población.
La contrapartida exigida a estos gigantes corporativos es, a todas luces, inexistente. “Argentina no recibe, en contrapartida, ninguno de estos beneficios estructurales”, concluye el informe. No se negocia transferencia tecnológica, encadenamientos productivos sólidos ni empleo de calidad masivo. La promesa de desarrollo se esfuma frente a una realidad de concesiones unilaterales.

Una verdad incómoda: el RIGI como mecanismo de liquidez para la deuda
¿Por qué un país aceptaría un trato tan aparentemente desventajoso? El informe no duda: la urgencia por dólares supera cualquier plan de desarrollo de largo plazo. “Su función central es generar una entrada inmediata de dólares, durante la fase inicial de inversión de proyectos extractivos”, afirma el texto. El plazo perentorio para ejecutar el 40% de la inversión en dos años delata la ansiedad.
Este para qué conduce inevitablemente al por qué. La respuesta, según el análisis, yace en “la estructura de dependencia que impone la deuda externa”.
 El RIGI, en esta lógica, es la pieza final de un engranaje perverso: se promueven actividades que aseguren un ingreso rápido de dólares –la extracción intensiva– en un contexto de fuga sistemática de capitales. “Este ciclo de endeudamiento, ajuste y saqueo no solo erosiona la democracia sino que convierte el ‘desarrollo’ en una excusa para profundizar la dependencia”, advierte el CIEC.

Mendoza, la adhesión al RIGI y el proyecto San Jorge
Para Mendoza, la adhesión al RIGI no es una abstracción. La provincia es un blanco perfecto: tiene presión por desarrollar Vaca Muerta en el sur y una larga historia de intentos por imponer la megaminería metalífera en el centro y norte, contra la cual la sociedad se levantó con la Ley 7722.
El informe alerta sobre una confluencia crítica: proyectos altamente demandantes de agua en una provincia que se seca. “Estamos atravesando una profundización del estrés hídrico para la provincia, y los escenarios proyectados prevén que esto se acentúe”, señala el documento, citando la dramática reducción de los glaciares, que “funcionan como una reserva de agua natural” clave, y el aumento de la evapotranspiración.
“Las empresas adheridas al régimen accederían al agua en igualdad de condiciones que las personas que la necesitan para vivir”, algo que “tiene un enorme potencial de conflicto”, indica el documento.
 El caso del proyecto megaminero San Jorge en Uspallata es emblemático. Según el informe, su Estudio de Impacto Ambiental se basa en datos hídricos de hace 15 años, “cuando las condiciones hídricas de la región eran significativamente más favorables”. El fracking, por su parte, requiere millones de litros de agua por pozo, inyectados con químicos en zonas cercanas a ríos vitales como el Salado o el Colorado.

Balance a un año de régimen de beneficios
A un año de su implementación, el RIGI es un fiasco hasta en sus propios términos, señalan los expertos. Solo 15 proyectos presentados, muchos de ellos ya en marcha antes de la ley, que solo recibieron beneficios extras. La generación de empleo prometida es ínfima: “24 veces más empleos perdidos de los que el RIGI promete generar” a nivel nacional desde el cambio de gobierno.
El informe indica que para las provincias que, como San Juan o Catamarca apostaron hace décadas por la megaminería con un régimen similar, el resultado es claro: pobreza por encima de la media nacional, aportes fiscales marginales y empleo escaso. “En ninguno de estos casos la minería se tradujo en beneficios sociales para estas provincias”, sentencia el informe. Neuquén, aunque con mejores números gracias a Vaca Muerta, aún tiene un tercio de su población en la pobreza y un altísimo costo ambiental.
La conclusión del CIEC suena a advertencia final: “Proteger [los bienes comunes] no es un capricho ni un lujo: es una responsabilidad ética, política e histórica”.
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El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo en Villaguay

Fecha de Publicación: 21/08/2025
Fuente: Portal DespertarEntrerriano
Provincia/Región: Entre Ríos


 El STJ ordenó la regeneración natural de un bosque nativo
Así lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. Se trata de un área forestal ubicada en el departamento Villaguay.
El máximo órgano judicial de Entre Ríos rechazó los recursos de apelación interpuestos por la empresa Salentein Argentina BV, por Martín Fernando Beglinomini -por derecho propio- y Cristian Luis Stertz -en el carácter de presidente de la firma SYS S.A , por Jorge Rodríguez y por el gobierno de la provincia, contra la sentencia del 29 de mayo pasado e hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora Fundación Cauce.
El Tribunal integrado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispusieron la elaboración de un plan por parte los responsables de la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes podrán requerir colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ente Ríos y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de la Cátedra de Dasonomía de la carrera de Ciencias Agropecuarias de la Universdi9dad Nacional de Entre Ríos.
La vocal Claudia Mizawak fue quien fundó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la previa elaboración del mencionado plan.
La sentencia establece que en el mismo se deberá especificar y detallar cómo se llevará adelante la regeneración natural del bosque nativo o su restauración mediante plantación de especies nativas, debiendo en el plazo de tres (3) meses ser presentado ante a la jueza de grado para su aprobación; quien, efectuada las diligencias que considere necesarias, fijará un tiempo prudencial para que los que han sido declarados responsables del daño lo ejecuten.
También se confirmó en lo demás al fallo apelado, por el que la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, ordenó oportunamente el cese inmediato del desmonte en los lotes de su propiedad, ubicados en los distritos Mojones Norte y Mojones Sur en el departamento de Villaguay.
La medida fue adoptada por la magistrada al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.
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Piden que dos directivos de Conarpesa vayan presos por contaminación ambiental: las 5 claves de la acusación

Fecha de Publicación: 20/08/2025
Fuente: ADNSur
Provincia/Región: Chubut


En sus alegatos, la fiscal Florencia Bianchi solicitó penas de cumplimiento efectivo para Nadine Parry y Yosef Vargas. Los señaló como responsables del volcado al mar de líquidos crudos sin tratamiento, provenientes del procesamiento de langostino.
El juicio contra dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa, acusados de verter residuos sin tratar al Golfo Nuevo, tuvo este lunes la jornada de alegatos, donde la Fiscalía solicitó una condena de cumplimiento efectivo para ambos imputados.
La fiscal Florencia Bianchi pidió que se dicte condena contra Nadine Parry, responsable ambiental, y Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes de Conarpesa, por el volcado al mar líquidos crudos sin tratamiento provenientes del procesamiento de langostino.
En la audiencia realizada este lunes en Puerto Madryn, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se dicte la culpabilidad y la pena de prisión de efectivo cumplimiento de 3 años y 6 meses para Parry, y 3 años y 3 meses para Vargas.
La acusación, según remarcaron desde el MPF, se apoya en testimonios, pericias, actas, fotos, inspecciones oculares y análisis de laboratorio, que confirmaron la existencia de un by pass o conexión clandestina para desviar efluentes sin tratar al Golfo Nuevo con valores miles de veces lo permitido. También se incorporaron como prueba mensajes de WhatsApp entre los imputados que evidencian conocimiento y decisión conjunta sobre la maniobra.
El Ministerio Público Fiscal detalló cuáles son las claves de la acusación que formularon contra los directivos de la empresa Conarpesa.
1-Hallazgo de líquido que llegaba al mar: en febrero de 2023 se detectó un líquido rosado y con olor putrefacto llegando al mar desde el Parque Pesquero.
2-Pruebas científicas: fotos, videos, pericias y análisis confirmaron que eran efluentes crudos de langostino. Los valores superaban miles de veces los permitidos.
3-By Pass: se descubrió una conexión clandestina que desviaba líquidos sin tratar, evitanto el sistema de tratamiento.
4-Los mensajes: un chat entre los imputados habló de “tapar salidas porque al by pass no podemos desviar más”.
5-Los responsables: para la fiscalía, Nadine Parry (responsable ambiental) y Yosef Vargas (jefe de efluentes) dispusieron y ejecutaron la maniobra.
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El dilema del plástico. Los argentinos consumimos 42,7 kilos por año y la mayoría termina en el mar 

Fecha de Publicación: 15/08/2025
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Representantes de 184 países debatieron en Ginebra un acuerdo internacional para frenar la contaminación plástica; la Argentina mantiene una postura alineada con Estados Unidos
Durante diez días, representantes de 184 países se reunieron en Ginebra para consolidar el Tratado Global sobre Plásticos de la Organización de Naciones Unidas. Este es un acuerdo internacional que tiene como objetivo principal atender la sobreacumulación de plástico en el mundo, una de las tres crisis globales.
El tratado pretende convertirse en un eje rector vinculante para que todos los países adopten medidas urgentes para reducir la cantidad de residuos no solo por los impactos ambientales que supone, sino también por los riesgos que genera a la salud humana. Son cada vez más los estudios que no apuntan solo a los impactos a la biodiversidad, o la contaminación que hay detrás de los plásticos, sino también a su creciente presencia en el cuerpo humano.
En general, el documento contempla un enfoque de regulación del plástico en todo su ciclo de vida. En otras palabras, buscan implementar regulaciones en la producción, distribución y disposición final de los residuos. Dentro del documento, se plantea reducir y gestionar la producción y el consumo, mejorar el diseño de productos para la economía circular y minimizar las emisiones de microplásticos. También se pretende prohibir los vertidos abiertos y la quema de residuos, abordar la contaminación existente y promover la responsabilidad ampliada del productor, así como una transición justa para los trabajadores. 
Si bien existe un consenso entre países, científicos y los distintos sectores de la industria plástica en que es necesario consolidar este tratado, durante la plenaria afloraron tensiones difíciles de aliviar, vinculadas a la limitación de la producción de plástico y la prohibición de químicos de preocupación para la salud humana. Ayer se llamó a una sesión plenaria extraordinaria porque varios países siguen sin acordar la versión final del documento. Se espera que mañana se consolide, aunque de no haber consenso, podría posponerse a un próximo encuentro.
El gobierno argentino envió una delegación encabezada Eliana Ester Saissac, subsecretaría de Asuntos Ambientales de Cancillería, Juan José Galeano, director de Industria Sostenible, dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, y Candela Nassi, responsable de Evaluación y Control Ambiental dentro de la Subsecretaría de Ambiente. LA NACION contactó a representantes de la Subsecretaría de Ambiente para conocer su posición, pero los voceros no dieron definiciones claras y advirtieron que todavía no había acuerdo sobre el documento. Según observadores de las negociaciones consultados, el país mantiene un perfil neutral en las negociaciones, aunque señalaron que “mantiene una postura cercana a Estados Unidos”.
Si bien durante la administración de Joe Biden, la potencia del norte había impulsado un primer y ambicioso plan para abordar el problema, quedó relegado tras la asunción de Donald Trump. A pesar de ello, Estados Unidos sigue participando de las negociaciones en este espacio y empuja para evitar limitar la producción de plástico. 
A pesar de ello, el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, el libertario puntano Carlos D’Alessandro, confirmó que el Ejecutivo busca firmar el acuerdo, pero se opone a limitar la producción de plástico y de químicos de preocupación para la salud humana. En comparación a vecinos como Colombia y Costa Rica, la posición es flexible. “El Estado debe establecer reglas claras, simples y estables, pero no reemplazar la dinámica de innovación, inversión y mercado, que es la verdadera fuerza para resolver problemas como la sobreacumulación de plásticos”, advirtió en diálogo con LA NACION.
En línea con el gobierno nacional, D’Alessandro plantea que tanto el tratado internacional como cualquier legislación nacional debe plantear “medidas de regulación basadas en evidencia científica y no dogmas ideológicos, incentivos al desarrollo tecnológico en lugar de prohibiciones arbitrarias y responsabilidad del productor sin asfixiarlo con cargas burocráticas”, desglosó el diputado.
Hoy, son más de 100 los países, dentro de las discusiones del tratado, que impulsan regulaciones más estrictas a la producción y gestión del plástico. Desde la OCDE advirtieron que si el tratado se enfoca únicamente en mejorar la gestión de residuos y no aborda la producción, ni la demanda, se seguirían filtrando al medio ambiente unos 13,5 millones de toneladas de residuos plásticos cada año.
“Si va a haber un tratado, queremos que sea uno bueno y ambicioso. Si va a ser un documento solo para cumplir, mejor es no tenerlo. Lo que no queremos es que esto sea un Acuerdo de París”, advirtió María Esther Briz, bióloga y representante de la organización Gaia para América Latina y el Caribe. “Actualmente, tenemos una crisis de contaminación por plásticos. No solo cuando son residuos, sino desde la fase de extracción, durante la fabricación de los polímeros, el uso y el desecho”, añadió.
Para Jaquelina Tapia, representante argentina de la organización Salud sin Daño, la intención no es eliminar todos los plásticos del mundo. “Pero más de la mitad son fabricados para embalajes, o sea que se vuelven residuos rápidamente. Muchos forman parte de nuestra cotidianeidad”, describió.
Sergio Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), que representa a más de 2500 empresas vinculadas a la transformación del plástico, planteó que los plásticos llamados de un solo uso son aptos para estar en contacto con los alimentos. “Son monomateriales, por lo que son altamente reciclables”, añadió. “Estamos a favor de un tratado global sin prohibiciones. Sí regulaciones”, sintetizó Hilbrecht.

El plástico en la Argentina
Cada argentino consume 42,7 kilogramos de plástico por año. El país es el tercer mayor productor de plástico de la región, aunque se encuentra muy por debajo de Brasil y de México. Para 2019, la Argentina tenía el 10% de la capacidad instalada en América Latina, mientras que las otras dos potencias de la región sumaban, en conjunto, casi el 80%.
Su producción, en términos generales, ha crecido de forma consistente hasta el 2023, con la llegada de la administración libertaria, en la que presentó una caída, importación y exportación de materias primas plásticas. Así se presentó en el último Anuario Estadístico de la Industria Plástica, con datos del 2024.
En esa línea, casi la mitad de los plásticos usados por la industria son destinados a envases y embalajes, le siguen la construcción, después artículos eléctricos, la industria automotriz y finalmente artículos domésticos y decoración. Hilbrecht reconoció que el mayor caudal de plásticos se destina a los de un solo uso, aunque advirtió que estos son los que mayor capacidad de reciclaje tienen —un 9,3%—. Sin embargo, para Tapia la mejor solución no es solo el reciclaje, sino que no se genere el plástico en primer lugar.
“Ya partimos de un piso alto cuando hablamos de la cantidad de plásticos que tenemos. Pensemos que la mayoría tardan siglos en degradarse. Y si pensamos en el mal manejo que hace tanto Nación como las provincias, es lógico que terminen en el mar, o en vertederos a cielo abierto”, denunció Tapia.
Si bien hay ciertas regulaciones en materia de residuos, la legislación en torno a los plásticos es una gran deuda en la Argentina. Existen regulaciones al uso de ciertos aditivos peligrosos para la salud. También hay leyes que prohíben los microplásticos en cosméticos. Sin embargo, organizaciones como Salud Sin Daño o Taller Ecologista critican que las regulaciones son flexibles y es necesario prohibir componentes que afecten a la salud humana.
Estas organizaciones también señalan que hace falta una Ley de Envases que regule los plásticos más producidos y desechados. Estos, usualmente, terminan en vertederos, en ríos o incluso llegan al mar. En un mapa mundial, Global Plastic Watch identificó miles de tiraderos en los que sobre todo hay residuos plásticos. Con 912 registrados, América Latina y el Caribe concentra la mayor parte de ellos. 
La Argentina es el tercer país con más tiraderos de la región, concentrados en especial en el centro y noreste del territorio. Varios de ellos se encuentran cerca de ríos. Un estudio de 2021 publicado en la revista Science concluyó que más de 1000 ríos acarrean el 80% de los plásticos que llegan al océano.
Por las corrientes marinas, todos los residuos plásticos que terminan en el mar y que no decantan, se concentran en cinco grandes islas de basura que se distribuyen en todos los océanos del planeta. La más grande se encuentra sobre el Pacífico, entre América del Norte y el Este Asiático, y su extensión es tres veces el tamaño de Francia. Según el reporte de la revista Science, en 2019, la Argentina vertió 4137 toneladas de plástico al mar. 
En marzo pasado, D’Alessandro presentó ante la comisión que preside un proyecto de Ley de Envases en conjunto con representantes de la CAIP y de una fundación dedicada al reciclaje asociada a la industria llamada Ecoplas. Este proyecto apunta al reciclaje como eje central de acción frente a la crisis de los plásticos y descarta regulaciones productivas sobre la industria.
“Desde la industria impulsamos fuertemente la Ley de Envases propuesta por D’Alessandro, ya que entendemos que los plásticos no son residuos, sino recursos para una economía circular que abriría no solo oportunidades ambientales, sino también de desarrollo productivo”, planteó Verónica Ramos, directora Ecoplas. Otros proyectos de Ley de Envases, como el propuesto en 2023 por la diputada Natalia Zaracho (UP), se distancian de la visión libertaria, en especial en cuanto a los mecanismos de financiamiento, el rol de los trabajadores recicladores y autoridades de aplicación. Ninguna busca limitar la producción, tampoco los químicos de preocupación.

Los dilemas del plástico
En diferentes tipos y formas, los plásticos son tan esenciales para la vida contemporánea como lo es la luz eléctrica. Si nos detenemos un momento y observamos a nuestro alrededor, podemos encontrarlo en casi cualquier rincón al que enfoquemos: en nuestro celular o en la botella de agua que tenemos sobre la mesa. Existen también pequeñas partículas de plástico suspendidas en el aire y también dentro de nuestro cerebro, riñones, hígado y sangre. Estudios científicos recientes han hallado plástico incluso en la leche materna.
Es una situación dual, pues el plástico se usa en casi cualquier actividad, abarata costos de producción y ha posibilitado el desarrollo de tecnologías para todo tipo de industria. Sin embargo, como residuo es uno de los mayores problemas globales no solo por la contaminación que supone al ambiente, sino por los riesgos a la salud humana.
A partir de 1950 la producción de plástico comenzó a expandirse. Entre los 80 y el 2020 pasó de 70 millones de toneladas a un aproximado de 460 millones de toneladas, según datos de la OCDE. Y la tendencia crece de manera exponencial. Las proyecciones apuntan a que sería más del doble para 2050. El manejo de residuos sólidos como los plásticos ha sido un flagelo para casi todos los países del mundo y el reciclaje de los plásticos es mínimo a nivel global.
Para Michelle Reyes, médica familiar en Filipinas y representante de Salud sin Daño para el sudeste asiático, todavía no se conocen con certeza los efectos de los microplásticos en el cuerpo. Sin embargo, los reportes publicados apuntan a que el cuerpo puede desarrollar enfermedades asociadas al sistema inmunológico y al cardiaco. “Tenemos que regularlos, tener reglas claras e información suficiente para desarrollar políticas que nos alejen de los daños nocivos”, concluyó.
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El lunes comienza en Puerto Madryn el juicio a directivos de Conarpesa por contaminación en el Golfo Nuevo

Fecha de Publicación: 11/08/2025
Fuente: Portal LaTeclaPatagónica
Provincia/Región: Chubut


La gerenta de planta y el encargado de efluentes enfrentarán cargos por daño ambiental, tras detectarse un bypass que habría permitido verter líquidos sin tratamiento al mar con niveles de contaminación muy superiores a los permitidos
El próximo lunes por la mañana, en Puerto Madryn, comenzará el juicio oral contra dos responsables jerárquicos de la empresa Conarpesa, acusados de presunto daño ambiental en el Golfo Nuevo. La audiencia inicial está prevista para las 8.30 horas y estará a cargo de la jueza Patricia Reyes. En el banquillo estarán Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, responsable del tratamiento de efluentes, representados por el abogado de la firma, Luis Novoa. La acusación será llevada adelante por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia Especial de Delitos Ambientales.
El caso se remonta a 2020, cuando un video que mostraba un líquido de color rosado y fuerte olor vertido directamente al mar desde el Parque Industrial Pesquero encendió las alarmas. A partir de esas imágenes, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio que incluyó inspecciones, peritajes técnicos y análisis de laboratorio.
En el marco de esas diligencias, personal de criminalística, especialistas en medio ambiente del municipio y científicos del CENPAT-CONICET constataron la existencia de un bypass no autorizado en la planta industrial de Conarpesa. Según los peritajes, a través de esa conexión se habrían derivado líquidos al Golfo Nuevo sin pasar por el sistema de tratamiento, lo que resultó en vertidos con altos niveles de contaminación.
Los análisis de laboratorio revelaron que las muestras de efluentes contenían bacterias como Escherichia coli en cantidades hasta 2.000 veces por encima del límite legal permitido. Estos resultados fueron considerados como prueba clave por la Fiscalía, que sostiene que el vertido fue potencialmente perjudicial para la salud humana y produjo un daño concreto al ambiente marino.
El juicio buscará determinar la responsabilidad penal de los imputados, en un caso que generó fuerte preocupación en la comunidad local por el impacto sobre uno de los ecosistemas más valiosos de la región. La causa también se convirtió en un precedente en la aplicación de la figura penal de daño ambiental en la actividad pesquera industrial.
De encontrarse culpables, los acusados podrían enfrentar sanciones que incluyen multas significativas y penas de prisión, en un proceso que será seguido de cerca tanto por organizaciones ambientales como por el sector pesquero, atento a las implicancias de la decisión judicial para la actividad en la zona.
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El gobierno eliminó las retenciones a la minería

Fecha de Publicación: 09/08/2025
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


El Ejecutivo anunció la eliminación de las retenciones a la exportación de mercaderías del sector minero y además quitó un régimen especial para la exportación de cobre. Cuáles fueron los detalles y qué objetivos se busca con estos cambios. 
El Gobierno Nacional de Javier Milei anunció este jueves 7 de agosto, por medio del Boletín Oficial, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero, además de la quita de un régimen especial para los envíos al exterior de cobre.
De esta manera, deja fijada la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para aquellas mercaderías que se encuentran dentro de los productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.
El Ejecutivo remarcó en el Decreto 563/2025 que "la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertades económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal".
Como complemento a esto, destacó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.
También se destacó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Nuevos objetivos y la relevancia del sector minero y el cobre
Con la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.
Agrego además que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.
En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.
Por otro lado, el decreto también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado “con el objeto de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación”
El Gobierno precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”, por lo que lo dio de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.
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Atanor en San Nicolás: una historia de contaminación e impunidad

Fecha de Publicación: 04/08/2025
Fuente: Portal LaPoliticaOnLine
Provincia/Región: Buenos Aires


La planta de Atanor en San Nicolás fue clausurada por segunda vez tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Demuestra la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución.
 Hace unos días, autoridades de la provincia de Buenos Aires ordenaron la clausura preventiva total de la planta de Atanor en San Nicolás tras confirmarse un nuevo evento de contaminación producto de un vuelco clandestino. Fue detectado por la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) tras una inspección en junio pasado. Esta es la segunda clausura en menos de dos años, y demuestra, una vez más, la gravedad de una problemática que no parece encontrar solución pese a las reiteradas denuncias de contaminación contra la empresa durante décadas en la localidad bonaerense.
El escandaloso accionar de esta empresa ha expuesto a la comunidad de San Nicolás a la contaminación ambiental en varias oportunidades, dejando a la población en un estado de permanente riesgo y vulnerabilidad. Entre ellos, el daño irreversible al Río Paraná reconocido en un fallo judicial en 2023 y producto de una causa iniciada por los vecinos de San Nicolás hace más de una década, quienes con esfuerzo y coraje han buscado justicia todo este tiempo frente a la indiferencia institucional.
En las muestras tomadas el mes pasado, provenientes del vuelco clandestino y analizadas por ADA, se detectaron más de 30 sustancias contaminantes, entre ellas glifosato, atrazina y metales pesados como arsénico, plomo y cromo, entre otros, lo cual confirma que efectivamente se trataba de efluentes industriales. Esto no es un accidente ni una falla aislada: es la expresión de una irresponsabilidad sistemática, agravada por el hecho de que la empresa solo contaba con autorización para descargar efluentes cloacales. A su vez, en las muestras se encontraron niveles por sobre los parámetros legales de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051, lo cual evidencia el desprecio por las normativas vigentes y la salud pública.
La Autoridad del Agua ordenó hace semanas la clausura preventiva, el cierre del ducto industrial y la limpieza del líquido contaminante, además de exigir un plan para desmantelar la planta. Además, el Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y egreso de camiones.
Para Atanor, la contaminación ambiental es historia conocida. La planta ya había sido responsable de una explosión en su reactor de atrazina en marzo del año pasado. Producto de dicha explosión, un equipo de Greenpeace tomó muestras en las paredes de viviendas cercanas y en el suelo a 350 metros de la planta. Los resultados fueron contundentes: había presencia de atrazina, un agroquímico altamente contaminante. En los últimos días y en el marco de la nueva clausura, fueron citados a indagatoria los gerentes y un representante legal de la empresa por dicha explosión, imputados penalmente por delitos graves como contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública y violaciones a las leyes de residuos peligrosos y de ambiente.
A raíz de las denuncias y la presión ejercida por los vecinos a lo largo de más de una década, la empresa finalmente anunció que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva hacia otras plantas que tiene en el país, en las ciudades de Río Tercero (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires). Sin embargo, en el predio de San Nicolás quedaría en funcionamiento un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar. Esta situación aún representa un riesgo persistente para la salud y el ambiente local que no podemos pasar por alto: trasladar el problema no es una solución sino una forma de perpetuar la contaminación y el peligro para las comunidades. Además, la presencia de este centro mantendrá la circulación de sustancias peligrosas en una zona que ya cuenta con graves antecedentes de contaminación.
En el marco de la relocalización, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires también exigió que Atanor lleve adelante un plan urgente de remediación ambiental en San Nicolás, advirtiendo que la empresa tiene una responsabilidad indeclinable. Este reclamo debe ser escuchado y cumplido.
Atanor es un claro ejemplo de impunidad, que ha generado graves daños al ambiente y a la comunidad nicoleña durante años. Si bien se espera que el proceso de relocalización le lleve tiempo a la empresa, no podemos permitir que evada su responsabilidad por los pasivos ambientales que dejará en San Nicolás, tal como ya ocurrió en otras localidades dónde se retiró sin hacerse cargo de los costos ambientales que dejó atrás su producción.
Desde Greenpeace, seguiremos de cerca las operaciones de esta empresa, que se irá de San Nicolás dejando atrás décadas de contaminación y daño hacia el ambiente y la comunidad. La relocalización no puede ser un escape para evadir responsabilidades. La defensa del ambiente y el acompañamiento a la comunidad seguirán siendo prioridad.
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Exigen un “urgente plan” de remediación ambiental tras la salida de Atanor de San Nicolás

Fecha de Publicación: 19/07/2025
Fuente: Portal InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


El pedido fue realizado desde el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. Piden a la provincia “diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados”. 
Ante la reciente salida de San Nicolás de la empresa de agroquímicos Atanor, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ)  hizo un “urgente llamado a las autoridades gubernamentales” plan que la empresa lleve a cabo un plan de remediación ambiental.
Desde el organismo pidieron que Atanor cumpla con su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”.
En ese marco, la entidad exigió “que los organismos del Estado pertinentes lleven a cabo rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación” indicaron.
Incluso, desde el CPQ se reclamó que, de ser necesario, “se apliquen las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”.
Los antecedentes de Atanor señalados por el Consejo Profesional de Química
Desde la entidad profesional recordaron que, recientemente, la Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires dispuso “la clausura total y preventiva de la planta que la empresa Atanor posee en San Nicolás, luego de confirmar un episodio de contaminación ambiental sobre la ribera del Río Paraná”.
La medida se adoptó tras los resultados de análisis realizados por laboratorios oficiales, que comprobaron “la presencia de glifosato, atrazina y clorpirifos (este último prohibido en el país)” así como de compuestos tóxicos como fenoles y metales pesados —arsénico, plomo y cromo— en los desechos industriales de la firma. Se verificó que los residuos eran arrojados a través de un ducto autorizado solo para efluentes cloacales, en violación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.
Asimismo vale remarcar que, tras la clausura, Atanor anunció que iniciará un proceso de relocalización de sus operaciones, aunque informó que planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos.
En relación a esto, el presidente del Consejo Profesional de Química, Dr. Carlos Colángelo, manifestó que “es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años” sostuvo.
Y se preguntó: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?” cuestionó.
Además dejó otros interrogantes: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales ? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?” advirtió.
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Clausuran planta de Atanor en San Nicolás por grave contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 17/07/2025
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Buenos Aires


La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires clausuró preventivamente la planta de Atanor en San Nicolás tras detectar, durante una inspección realizada el 9 de junio, una grave violación a las normas ambientales. Los análisis de laboratorio confirmaron el vertido ilegal de efluentes industriales con altos niveles de agroquímicos (como glifosato, atrazina y clorpirifos) y metales pesados (arsénico, plomo, cromo, entre otros) directamente al Río Paraná. La empresa solo tenía autorización para descargar efluentes cloacales, no industriales.
Vecinos, organizaciones como FOMEA y Greenpeace habían denunciado la situación, que fue calificada como una acción deliberada y clandestina, con posibles consecuencias penales. Como respuesta a la presión social y legal, Atanor anunció el traslado de su producción, aunque mantendrá un centro logístico en el predio, lo que preocupa a la comunidad por el posible almacenamiento continuo de sustancias peligrosas.
Greenpeace y representantes legales de los vecinos exigen que la empresa asuma su responsabilidad por el daño ambiental generado, se impida el uso futuro del sitio para actividades con riesgo químico y se garantice una remediación integral del área afectada.
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"Cenizas cero": inspecciones ambientales en diez ingenios de Tucumán

Fecha de Publicación: 08/07/2025
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, junto a organismos nacionales y defensorías del pueblo controlan el tratamiento y la disposición final de cenizas, vinaza y agua de lavado de caña.
Este miércoles, la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente de la Secretaría de Producción, en conjunto con la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y las Defensorías del Pueblo de Santiago del Estero y Tucumán, llevaron adelante nuevas inspecciones en ingenios sucroalcoholeros de la provincia, con el objetivo de verificar que cumplan sus compromisos de “cenizas cero” y “vinaza cero”.
Desde Casa de Gobierno se informó que el subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Abg. Facundo Moreno Majnach, participó de las tareas de supervisión, acompañado por el equipo técnico del Programa de Reconversión Industrial (PRI), perteneciente a la Dirección de Protección Ambiental (DiPrA), y detallaron que estas actividades dan continuidad a las inspecciones conjuntas que se llevan a cabo antes del inicio de la zafra.
El objetivo de las mismas es verificar, conforme al marco normativo vigente, el tratamiento y la disposición final de cenizas, vinaza y agua de lavado de caña (en caso de que se utilice). De este modo, se busca evitar el vertido de cenizas generadas por los filtros de calderas en los efluentes líquidos residuales (“ceniza cero”), impedir el vuelco de vinaza a cuerpos de agua receptores (“vinaza cero”) y garantizar la recuperación total del agua utilizada en el lavado de caña de azúcar.
En ese sentido, detallaron que las inspecciones se realizan de forma trimestral y continua durante todo el año. Luego de cada visita, se labra un acta que registra el cumplimiento de los puntos establecidos en el Acuerdo, la cual es firmada por todas las partes presentes. Este procedimiento tiene como finalidad fortalecer el trabajo articulado en la reducción de la contaminación en la cuenca.
Posteriormente, se elabora un informe que, de manera trimestral, es presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del amparo promovido por la provincia de Santiago del Estero.
En este contexto, funcionarios y equipos técnicos recorrieron distintos ingenios sucroalcoholeros, organizados en tres comisiones de trabajo que permitieron cumplir con el cronograma establecido durante dos jornadas. En total, se visitaron diez ingenios: Bella Vista, Famaillá, Santa Rosa, La Corona, Marapa, Santa Bárbara, San Juan, Concepción, Leales y La Florida.
Durante el recorrido estuvieron presentes, por parte de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Lic. Javier M. Finkelstein, el Lic. Luis Tournier, Ing. Pablo Martin y el Lic. Leonardo Di Paolo; y, por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán, el subsecretario Abg. Facundo Moreno Majnach, el director de Protección Ambiental Lic. Marcelo Lizárraga, y la Lic. Noemí Santillán, a cargo del equipo del PRI junto a la Lic. Nadia Obrist, Lic. Mariano Robles, Ing. Agustín Samaniego y el Ing. Emanuel Castro.
El defensor del pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa y, por parte de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, la Abg. Silvina Bosio y Abg. Teresita Albornoz Mena, junto a sus equipos técnicos.
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Probation para un empresario petrolero en Centenario: la situación de otra compañía de servicios

Fecha de Publicación: 01/07/2025
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén


La firma accedió a una probation por contaminar un desagüé con residuos del fracking. Otra empresa consiguió una licencia comercial en ese predio. Detalles.
La justicia penal de Neuquén avaló una probation de tres años para el dueño de una empresa petrolera en Centenario que vertía residuos del fracking en canales de riego en Centenario, en el predio de la exjuguera. Sin embargo, una derivación de ese mismo caso tuvo un final mucho más exigente en el plano político: otra firma, BM Inspecciones, que compartía ese espacio con la cuestionada Monali SAS, fue autorizada a operar, pero bajo estrictas condiciones, tras un debate en el Concejo Deliberante.
Vale recordar que la jueza de garantías Carina Álvarez homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de un hombre, titular de Monali SA.S., imputado por haber arrojado líquidos contaminantes con hidrocarburos al desagüe principal de la ciudad entre enero y agosto de 2024. Se trataba de efluentes provenientes del lavado de maquinaria petrolera, que fueron canalizados ilegalmente al sistema hídrico de Centenario.
El empresario accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por tres años, con la obligación de cumplir pautas de conducta, remediar el predio y destinar $300.000 en materiales de construcción a una organización civil. A pesar del daño ambiental constatado, la sanción penal fue considerada por muchos sectores como leve.
 El ingreso a la exjuguera donde estaba la empresa que vertió líquidos a los desagües. Ahora BM Inspecciones logró tener la licencia comercial por cinco años y tiene que remediar lo que dejó la otra empresa judicializada.
En paralelo a ese proceso, el Concejo Deliberante de Centenario aprobó hace unos días, por unanimidad, la licencia comercial por cinco años para BM Inspecciones, otra de las empresas que operaba en el predio de la ex Jugos del Sur. Pero la habilitación no fue automática ni sencilla. Los concejales impusieron condiciones duras y específicas, que incluyen la obligación de asumir parte de la remediación del daño ambiental que dejó la empresa vecina.

Empresa de Vaca Muerta: cómo le dieron la licencia comercial
El tema, de todas maneras, no cerró por la lógica, ya que le dieron seis meses para remediar, mientras que a la otra empresa que asumió la condena, tres años. Si bien BM Inspecciones no fue imputada penalmente, la presión pública y el antecedente del escándalo obligaron al órgano político a intervenir con mayor firmeza que la propia Justicia.
Esa diferencia de criterios generó malestar entre empresarios y vecinos. Sin embargo, ni los concejales sabían la decisión judicial que se iba a tomar con Monali SAS y le extendieron una licencia comercial a la empresa que quedó adentro del predio, que de alguna manera no se sabe si fue testigo de la contaminación, estando tan cerca a metros, una de otra.
Pero la polémica no termina ahí. Una de las preguntas que surgió en el debate es cómo una empresa de servicios petroleros puede operar durante años en medio de las chacras, sin licencia comercial, sin habilitación de Recursos Hídricos, sin inscripción como generadora de residuos peligrosos ni estudios de impacto ambiental actualizados.
Es más, en ese lugar que es zona rural, hace un par de años un taller de chapa y pinturas que trabajaba con solventes tuvo que abandonar el predio. Sin embargo, estas empresas de servicios, que operan por perfilados, siguen apostadas. ¿'Cuál es la razón? Nadie sabe.
En contraste, otras compañías que trabajan en la industria deben someterse a estrictos controles ambientales, pagar tasas elevadas, contratar auditorías externas y hasta certificar normas de calidad ISO 9001 para poder seguir funcionando. El caso de Monali SAS y la empresa que quedaron en el precio, sala a la luz que a todos se los mide con distinta vara.
La firma fue multada con $10,3 millones en 2023 por la jueza de Faltas Carolina Vidal. Pero más allá de la sanción económica, operó caños sin controles efectivos ni intervenciones a tiempo. BM Inspoecciones no tuvo sanciones (las inspecciones municipales no hallaron irregularidades graves y hubo voluntad de trabajo) y logró la licencia comercial definitiva por cinco años, pese a que convivía en el mismo predio con Monali SAS.
El predio en cuestión de la exjuguera es una marca registrada ene la historia de Centenario. Allí funcionaba la antigua Jugos del Sur SA, una planta frutícola que cerró hace años y cuyos dueños estaban en división de bienes desde hace años. Ell galpón reciclado en instalaciones industriales albergaba al menos tres empresas vinculadas a la industria del petróleo: Monali SAS, un taller de soldadura y BM Inspecciones.
Desde hace años, vecinos de las zonas rurales advertían movimientos irregulares como el lavado de flota pesada con agua subterránea, olores fuertes, presencia de hidrocarburos en los desagües. Una torre de acero entre las alamedas se volvió símbolo del avance petrolero en zonas tradicionalmente agrícolas.

Residuos del fracking, directo al río Neuquén
Las inspecciones municipales constataron que los efluentes iban directo a los canales de riego a través de un caño clandestino. A pesar de las actas labradas en abril y mayo de 2024, la actividad no se detuvo. La clausura preventiva recién llegó después del escándalo.
Lo ocurrido en Centenario se transformó en una postal del modelo que avanza en lo poco que queda de la zona rural en Neuquén. Las áreas cultivadas, donde antes predominaban las chacras y el cultivo de manzanas, hoy conviven con torres petroleras, camiones pesados y empresas que muchas veces operan en la informalidad o con escasa fiscalización.
La torre ficticia (se hacen reparaciones) que se alza en medio de las alamedas resume esta transformación. Es parte del decorado de una ciudad que empieza a oler más a petróleo que a fruta. Una ciudad donde, al parecer, algunas empresas pueden operar sin licencia ni permisos, mientras otras deben pagar costos millonarios por cumplir con las normas.
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La Justicia investiga otra vez a Atanor por vertidos de efluentes industriales con una conexión clandestina

Fecha de Publicación: 30/06/2025
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Buenos Aires


La irregularidad en la fábrica de agroquímicos de San Nicolás, que estuvo cerrada durante varios meses en 2024 tras la explosión de un reactor, fue constatada por el Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. La firma cuenta con una condena por daño ambiental en su haber
En marzo de 2024, la planta que la empresa Atanor tiene en San Nicolás, que fábrica agroquímicos, sufrió la explosión de un reactor que obligó a evacuar los barrios aledaños y a clausurar el predio donde funciona. Tras ese episodio, reabrió sus puertas en noviembre pasado. Pero una inspección del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires en junio de este año marcó una grave inconsistencia por vertidos de efluentes industriales en el suelo que está dentro del mismo predio y que se encuentra muy cercano a la barranca del río Paraná.
Esta irregularidad surge de un informe tras una inspección hecha el 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), organismo que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense. La exposición del mismo tuvo lugar cuatro días después en una audiencia en la que participaron ocho funcionarios del ADA junto a la jueza que entiende en la causa, Luciana Díaz Bancalari.
El informe, al que tuvo acceso La Capital, constató la existencia de una bomba que evacuaba líquidos al “suelo natural”. Y según se desprende del acta de la audiencia mencionada, los representantes del ADA detallaron la existencia de una “conexión clandestina” que volcaba efluentes industriales al referido suelo.
Desde Greenpeace, ONG que sigue de cerca las acciones de la firma, detallaron a este medio que el sector en cuestión está muy cerca de la barranca del río Paraná, “por lo que la descarga representa un nuevo riesgo inminente de contaminación hídrica”.
El acta que hicieron los agentes de la ADA dio cuenta de la existencia de “encharcamientos en el suelo natural” y “líquidos acumulados” que, con la bomba mencionada, se expulsaban hacia el exterior desde el sistema de tratamientos de efluentes industriales de Atanor. “Esto incumple la prohibición expresa de vuelcos que pesaba sobre la empresa”, señalaron desde Greenpeace.

Condena reciente
El abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, afirmó que esta situación “refleja el accionar criminal de una empresa que no sólo contamina sino que, además, desafía las decisiones judiciales y pone en riesgo a comunidades enteras”.
La referencia del letrado es hacia una condena que ya pesa sobre Atanor. A principios de 2023, la Justicia de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva y dictó una sentencia definitiva contra la firma por considerar que ocasionó contaminación ambiental tras volcar sustancias tóxicas al curso del río Paraná sin ser correctamente tratadas.Por esta reiteración de infracciones, Maggi indicó que se presentó el pedido una medida cautelar para “tratar de frenar el desmanejo que la empresa hace de sus efluentes industriales, que son residuos peligrosos por la actividad que despliega”.
“Pese a estar clausurado el vuelco, siguen volcando a través de bombas clandestinas y de mangueras”, resaltó en diálogo con La Capital. Y profundizó sobre la medida cautelar solicitada a la jueza Díaz Bancalari: “Se intenta darle un corte al circuito de agua. Si Atanor no puede extraer agua de las napas subterráneas y no puede usar el agua del río, le impedimos la posibilidad de que genere efluentes líquidos industriales y, de esa manera, logramos proteger el ambiente impidiendo que vuelquen clandestinamente como lo vienen haciendo hasta ahora.

Incumplimientos de Atanor
En línea con el abogado, la especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra, que forma parte del equipo de Greenpeace, remarcó: “Este nuevo vuelco clandestino confirma lo que venimos denunciando: Atanor opera con total impunidad, repite prácticas ilegales, desobedece fallos judiciales, y pone en riesgo al ambiente y a la salud de toda la población”.
“No estamos ante un accidente sino frente a un patrón sistemático de contaminación, y estamos frente a una empresa reincidente que ya fue condenada por causar daño irreversible al río Paraná. Es urgente que la Justicia actúe con firmeza y que el Estado garantice controles reales para que esto deje de ocurrir”, agregó.
Por parte, Maggi puntualizó que no sólo la firma reincide sino que, además, viola compromisos asumidos que fueron pactados con la jueza para poder reabrir su planta a finales del año pasado. Este fue el principal motivo por el que el abogado que representa a Fomea ingresó el pedido de medida cautelar.
Tras la audiencia del 13 de junio, Díaz Bancalari notificó a la Fiscalía General departamental y a la Fiscalía Federal para que investiguen la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos y personal de la empresa.
Por su parte, la magistrada pidió que esta nueva irregularidad detectada por la ADA se sume al expediente asociado a la medida cautelar que, en marzo del año pasado, había clausurado la actividad en la planta tras la explosión. A su vez, solicitó al organismo dependiente del Ministerio de Ambiente bonaerense otro informe para magnificar el impacto ambiental por los vuelcos y sus riesgos asociados.
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Abejas en peligro: el impacto de los agroquímicos

Fecha de Publicación: 24/06/2025
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional


Los agroquímicos no solo amenazan la biodiversidad: estudios recientes revelan cómo afectan los sentidos, el aprendizaje y la vida social de las abejas melíferas
En los campos argentinos, donde los cultivos se despliegan en vastas extensiones, un problema silencioso pero profundo amenaza el equilibrio de los ecosistemas.
Las abejas, fundamentales para la polinización de un tercio de los cultivos agrícolas, enfrentan un enemigo silencioso: los agroquímicos. ¿Qué consecuencias tiene esta exposición en las colmenas?
Un estudio pionero realizado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), junto con otras instituciones, destapa un panorama preocupante que podría comprometer la sustentabilidad del agro.
La polinización, un proceso esencial que une flores y frutos, trasciende lo estético al ser clave para la producción agrícola y la biodiversidad. Es una base insustituible de la producción agrícola. Sin embargo, las abejas melíferas, principales aliadas de este proceso, están en peligro.
“En los campos argentinos se usan agroquímicos masivamente. Las abejas, al polinizar, entran en contacto con estos productos, los cuales se acumulan en la colmena, afectando a toda la colonia”, explicó Jorge Zavala, investigador de la FAUBA y del CONICET.
El estudio reveló que los agroquímicos, especialmente el glifosato, impactan en las abejas a múltiples niveles: desde sus capacidades sensoriales y cognitivas hasta su comportamiento social.
Ivana Macri, profesional del INTA y autora principal de la investigación, comentó que estas sustancias alteran genes esenciales, debilitando las defensas y complicando actividades vitales como la higiene y la recolección de alimento.
En condiciones reales de campo, los investigadores instalaron colmenas en distintos lotes y monitorearon a las abejas antes y después de las aplicaciones de agroquímicos. “Hallamos residuos químicos en el polen y en las abejas recolectoras. Esto generó una exposición múltiple que debilitó a toda la colonia”, señaló Macri.
Los resultados fueron contundentes: las abejas expuestas perdieron capacidad para asociar olores de flores con recompensas y fueron menos sensibles al néctar, recolectando menos alimento para la colmena.
El daño no se limitó a las habilidades individuales. “Cuando se altera un gen vinculado al cerebro, el comportamiento social se ve afectado, reduciendo la eficiencia en la recolección de alimento y comprometiendo la supervivencia de la colonia”, agregó Macri.
La exposición a agroquímicos también redujo la calidad y diversidad de los recursos alimenticios disponibles, acentuando las dificultades.
¿Podemos imaginar un futuro sin abejas? Su rol en la polinización no solo sustenta la producción agrícola, sino que también garantiza la diversidad en los ecosistemas.
Estos insectos trabajan incansablemente, moviéndose de flor en flor, asegurando la continuidad de cientos de especies vegetales. Su declive no solo impactaría la economía agrícola, sino también la estabilidad ambiental.
Para Jorge Zavala, la conclusión es clara: “Si se afecta la capacidad de las abejas para recolectar alimento y transmitir información, la polinización a largo plazo se verá comprometida”.
Por su parte, Macri adelantó que el equipo continuará investigando, profundizando en cómo los agroquímicos afectan a las abejas según sus diferentes edades y tareas en la colmena. Además, buscarán entender cómo estos compuestos alteran la flora intestinal de las abejas, clave para su inmunidad y nutrición.
La relación entre la producción agrícola intensiva y el impacto en los polinizadores plantea interrogantes cruciales. Abordar esta problemática será esencial para garantizar un equilibrio entre la agricultura sostenible y la conservación de los ecosistemas.
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