Juicio a Conarpesa: testigos describen el caño que volcaba efluentes pesqueros en el Golfo Nuevo

En el nuevo juicio por presunta contaminación en Puerto Madryn, que se hace después de que el Superior Tribunal de Chubut anulara la absolución, declararon funcionarios, un investigador del CONICET y un perito informático sobre el vertido de efluentes sin tratar de 2023.

El nuevo juicio por presunta contaminación ambiental contra dos empleados de la pesquera Conarpesa sumó en Puerto Madryn testimonios clave sobre el caño que, según la acusación, volcaba efluentes industriales sin tratar sobre una playa del Golfo Nuevo. En la segunda audiencia del debate, un exfuncionario municipal, un funcionario provincial, un investigador del CONICET y un perito informático describieron el hallazgo de la conexión, el resultado de los análisis y los mensajes que forman parte de la prueba.
Los acusados son la responsable del área ambiental de la empresa y el encargado del sistema de tratamiento de efluentes, imputados como presuntos coautores del delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El juicio se desarrolla ante la jueza Yamila Flores, en un tribunal unipersonal, con la acusación a cargo del fiscal jefe Alex Williams. En la primera jornada, ambos imputados negaron haber dispuesto una conexión clandestina.

Un juicio que vuelve a empezar
Es la segunda vez que el caso llega a juicio oral. En el primer debate, realizado en 2025, la Fiscalía había pedido penas de tres años y seis meses y de tres años y tres meses de prisión, pero la jueza Patricia Reyes absolvió a los dos acusados. En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló por unanimidad esa absolución por deficiencias jurídicas en la sentencia y ordenó un nuevo juicio con otro juez. El debate comenzó el 5 de noviembre.
La empresa involucrada es Continental Armadores de Pesca S.A. (Conarpesa), una exportadora de langostinos con planta en el Parque Industrial Pesquero de Puerto Madryn, alejado del área urbana y junto a una playa de acantilados.

El caño en la playa
Los hechos se remontan a comienzos de febrero de 2023, cuando denuncias públicas y el video de un vecino alertaron sobre un vertido en la costa del Golfo Nuevo. El líquido, de color naranja o rosado intenso y fuerte olor, salía de una cañería que desembocaba en la playa y que, según la investigación, provenía de la pesquera. Para la Fiscalía, los responsables conocían ese conducto de desvío y lo utilizaron hasta que la presencia judicial y policial obligó a interrumpir el vertido.
Facundo Ursino, quien durante nueve años fue secretario de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn, describió el hallazgo de un caño de PVC que llevaba el líquido por gravedad hacia la costa. Explicó que elevó un informe técnico y que, tras el monitoreo municipal, esa coloración no volvió a registrarse.
Jonatan Ueberfeld, hoy director general de Logística de la Secretaría de Ambiente provincial, relató que siguieron el recorrido aguas arriba. En las cámaras de otras dos plantas encontraron agua tratada, pero, tras excavar, hallaron un caño de cemento roto con líquido sin tratar que llegaba hasta la línea de Conarpesa. Ante una fotografía exhibida por la Fiscalía, el testigo dijo ver dos caños, mientras que la acusada sostuvo que eran tres.

Lo que revelaron los análisis
El investigador Mauricio Faleschini, del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR), que depende del CENPAT-CONICET, y especialista con más de veinte años en tratamiento de aguas residuales, tomó muestras en la cámara que rebalsaba y en la descarga sobre la playa. Según declaró, los valores superaban los límites del decreto provincial 1540/16, y advirtió sobre el efecto que una descarga sostenida puede tener en un cuerpo de agua cerrado como el golfo. De acuerdo con los datos de la causa, las muestras mostraron más de 1.500 miligramos por litro de materia orgánica, frente a un límite permitido de 50.

Los mensajes del celular
El perito informático forense Ariel Aburto presentó su informe sobre los mensajes que el encargado de efluentes envió al teléfono de la responsable ambiental. Entre ellos figura uno que decía: “no podemos derivar más al pay pass”. Los imputados explicaron en la primera audiencia que el mensaje se refería al cierre del by-pass, una derivación que la empresa había declarado.
Las defensas, a cargo de Luis Novoa y Jorge Rubiolo, interrogaron a los testigos sobre las inspecciones realizadas en otras plantas de la zona. En un momento de la audiencia, la jueza llamó la atención a uno de los defensores por formular una pregunta que condicionaba la respuesta.

Un golfo de alto valor ecológico
El Golfo Nuevo, junto a la Península Valdés, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral en el Atlántico Sur. Según Faleschini, este tipo de vertidos no elimina los nutrientes, lo que podría alterar el equilibrio del ecosistema. El juicio continuará con nuevas audiencias.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut; Portal Economía Sustentable; Diario Jornada; Ministerio Público Fiscal de Chubut

Un libro del CONICET y la UNCuyo analiza las desigualdades en el acceso al agua en Mendoza

Investigadores de la UNCuyo, el CONICET y la UNAM sostienen que la escasez hídrica en la provincia no es solo un fenómeno climático y analizan los conflictos por el agua en Lavalle, el Atuel, la megaminería y los territorios mapuche-pehuenche.

¿Quién se queda con el agua en Mendoza y por qué? Esa pregunta atraviesa Problemáticas, conflictos y controversias sobre la “cuestión ambiental” en Mendoza, un libro elaborado por investigadores del CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sostiene que la escasez hídrica en la provincia no puede explicarse solo por el clima. Para sus autores, la apropiación del agua y del territorio estructura las relaciones de poder en Mendoza y ayuda a entender por qué algunos territorios concentran el recurso mientras otros quedan postergados.
La obra fue presentada en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en el marco de la Feria del Libro, y es el primer tomo de la Serie Vaguada. Fue coordinada por Facundo Rojas, Pedro S. Urquijo y Diana Méndez Rojas, y reúne trabajos de especialistas como Lucrecia Wagner, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), y Jorge Ivars y Paula Mussetta, del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA), ambos del CONICET. El prólogo es de la socióloga Gabriela Merlinsky.

Una cuestión con historia y geografía
El libro propone entender la cuestión ambiental como un proceso abierto, con una historia y una geografía propias, y no como un asunto puramente técnico. Según sus autores, la gestión del agua y de otros bienes naturales “no es una cuestión exclusivamente técnica ni neutral”, sino el resultado de decisiones estatales y del rumbo de las inversiones, que ayudaron a consolidar territorios privilegiados mientras otras zonas quedaron relegadas.
Rojas, investigador del CONICET en el IANIGLA, explicó que la cuestión ambiental adquiere una espesura histórico-geográfica que permite comprender el papel del Estado provincial. En esa línea, los investigadores cuestionan el paradigma productivista, que presenta la escasez de agua como un fenómeno meramente físico, sin considerar sus dimensiones sociales y políticas.

Lavalle y los humedales olvidados
Uno de los ejes del libro es el ciclo hidrosocial del norte provincial, en particular el departamento de Lavalle y las lagunas de Guanacache. Estos humedales, que forman parte de un sitio Ramsar de importancia internacional compartido con San Juan y San Luis, fueron durante siglos el territorio del pueblo huarpe. Los autores contrastan la situación de estas áreas rurales, afectadas por la falta de agua, con la concentración del recurso en las zonas altas y en los nuevos desarrollos inmobiliarios.
El trabajo también analiza el conflicto con La Pampa por el río Atuel, uno de los litigios ambientales más largos del país, y lo que los autores describen como su giro ambiental en la Justicia. En julio de 2020, la Corte Suprema fijó un caudal mínimo de 3,2 metros cúbicos por segundo que Mendoza debe dejar pasar hacia territorio pampeano, aunque la disputa sigue abierta. Por eso, los investigadores remarcan la importancia de garantizar caudales ambientales o ecológicos para preservar la vida de los ríos y los humedales.

Megaminería, fracking y pueblos originarios
Otro capítulo central es el de las movilizaciones contra la megaminería y la defensa de la Ley 7722, que desde 2007 prohíbe el uso de sustancias como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera. Los autores destacan las protestas masivas de diciembre de 2019, cuando la Legislatura modificó la norma y, tras días de movilizaciones en toda la provincia, debió dar marcha atrás. El libro aborda además el cuestionamiento social al fracking en el sur mendocino.
La obra analiza también la presencia de los pueblos mapuche-pehuenche en el sur de la provincia y los discursos que buscan negar sus reclamos territoriales. En ese marco, los autores proponen una mirada ecocéntrica, en diálogo con el concepto mapuche de Kvme Felen, el buen vivir.

Propuestas y alternativas
Entre sus recomendaciones, el libro plantea fortalecer la participación ciudadana y asegurar la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También destaca el papel de la sociedad organizada, como asambleas, comunidades indígenas y productores, que aportan otras formas de relacionarse con la naturaleza, y visibiliza el proyecto de Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas como alternativa productiva.
El libro, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, puede descargarse de forma libre y gratuita desde su Biblioteca Digital. Un segundo tomo, sobre la historia del paisaje y el ambiente desde Mesoamérica hasta el Cono Sur, está en preparación, y una tercera entrega abordará las dimensiones ambientales de la vitivinicultura.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Mendoza
Fuentes Consultadas: Portal Mendoza Today; CONICET Mendoza; Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo); IANIGLA-CONICET; INCIHUSA-CONICET

El aire contaminado de Tucumán reduce hasta dos años y medio la esperanza de vida, según un estudio

Durante la zafra, la contaminación atmosférica llega a ser siete veces mayor que el valor guía de la OMS, y un trabajo científico estima que eliminar las quemas agrícolas podría evitar unas 519 muertes por año en la provincia.

Respirar en Tucumán tiene un costo sanitario que empieza a medirse en años de vida. Una investigación interdisciplinaria basada en una red de sensores de calidad del aire estimó que la contaminación atmosférica puede reducir hasta dos años y medio la esperanza de vida de los tucumanos en comparación con el resto del país. Durante la zafra, entre mayo y octubre, los niveles de contaminación llegan a ser siete veces superiores a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El estudio fue realizado por neumólogos y especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Laboratorio de Estudios Ambientales (LEA), que forma parte del Instituto de Química del Noroeste Argentino (Inquinoa), y la Fundación Breathe2Change, con la colaboración de la Subsecretaría de Medio Ambiente provincial. El trabajo fue premiado en el 52° Congreso Argentino de Medicina Respiratoria y sus resultados se presentaron en el foro Tucumán Respira.
Los investigadores también detectaron un aumento de los síntomas respiratorios en unos 2.000 chicos de entre 7 y 11 años de distintas escuelas, que relacionaron con los registros de la red de monitoreo. “Tucumán es la provincia más contaminada del NOA y la segunda del país”, afirmó María Marta Sáez, de Breathe2Change.

Fuego, ingenios y una geografía que encierra el humo
Las fuentes de la contaminación son múltiples. Una de las más importantes es la quema de cañaverales, que todavía se utiliza para facilitar la cosecha: según las estimaciones difundidas, cada año se quema entre el 10% y el 20% de las aproximadamente 260.000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar, sobre todo en manos de pequeños productores que no cuentan con cosechadoras. A eso se suman la quema de restos de la producción citrícola, de pastizales en las banquinas de rutas y caminos y de basura domiciliaria, además de las emisiones de los ingenios azucareros y el tránsito vehicular, cuyo peso confirmó un estudio de la UNT y el CONICET durante las restricciones de la pandemia.
La geografía agrava el problema. El cordón montañoso del oeste dificulta la circulación del aire y favorece que el humo quede concentrado cerca del suelo, una situación que se acentúa en San Miguel de Tucumán por el relieve sobre el que está asentada la ciudad.

Cientos de muertes evitables
Un estudio publicado en 2025 en la revista Salud Ambiental dimensionó el impacto sanitario de las quemas agrícolas. Con la herramienta AirQ+, desarrollada por la OMS, y datos de nueve estaciones de monitoreo de 2023, los autores estimaron que alrededor de 1,1 millones de habitantes estuvieron expuestos a concentraciones de partículas finas PM2.5 que durante el invierno superaron los 40 microgramos por metro cúbico como promedio mensual.
A partir de esos datos, calcularon que unas 888 muertes anuales podrían atribuirse a la exposición a PM2.5. Al simular un escenario sin el período de mayor quema, la cifra bajó a 369, por lo que eliminar las quemas a cielo abierto podría evitar alrededor de 519 muertes por año. Se trata de una estimación epidemiológica basada en modelos de riesgo, no de una identificación individual de fallecimientos.

Hollín sobre los techos y olores nauseabundos
Los números tienen su correlato en la vida cotidiana. En el sur provincial, vecinos de Aguilares, Concepción y Villa La Trinidad denuncian desde hace años la llamada lluvia negra: partículas de hollín que cubren veredas, patios, autos y techos durante la zafra, y que con las lluvias forman un barro que obstruye canaletas y desagües. En el Gran Tucumán, en cambio, el reclamo más repetido es el olor nauseabundo que invade las calles antes de las tormentas, que los vecinos asocian con la vinaza, el residuo de la destilación de alcohol, y con efluentes y basurales.
La industria sucroalcoholera acumula además antecedentes de sanciones. En junio de este año, la Subsecretaría de Medio Ambiente ordenó el cese de un vertido del ingenio Bella Vista tras detectar peces boqueando en el arroyo del Rey, y en 2024 el ingenio Concepción fue multado con unos 17 millones de pesos por volcar efluentes en la cuenca Salí-Dulce. En octubre, organismos provinciales y nacionales inspeccionaron diez establecimientos azucareros en el marco del acuerdo de 2011 para sanear la cuenca, cuyos resultados se informan a la Corte Suprema.
Para los especialistas, la salida combina educación, control y sanción: reemplazar las quemas por cosecha mecanizada, mejorar los filtros de las calderas y fiscalizar los basurales. La Ley provincial 6.253 de protección ambiental ya permite sancionar las quemas, pero la persistencia del humo cada invierno muestra que la norma, por sí sola, no alcanza.


Fecha de Publicación: 09/11/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Portal La Política Ambiental; Portal Contexto Tucumán; Diario La Gaceta; Universidad Nacional de Tucumán; Revista Salud Ambiental.

Fin de la zafra: Tucumán y Santiago del Estero refuerzan los controles sobre la cuenca Salí-Dulce

Ambas provincias coordinan el monitoreo de los ríos que desembocan en el embalse de Río Hondo y Tucumán intensificó las inspecciones en los ingenios azucareros, con el antecedente de la mortandad masiva de peces de 2023.

Con el cierre de la zafra azucarera, Tucumán y Santiago del Estero reforzaron los controles ambientales sobre la cuenca Salí-Dulce, el sistema de ríos que desemboca en el embalse de Río Hondo y que durante décadas sufrió el impacto de los efluentes de la industria sucroalcoholera. El subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán, Facundo Moreno Majnach, y el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Daniel Escobar Correa, se reunieron para intercambiar información sobre la temporada y coordinar las acciones de monitoreo.
Ambos coincidieron en la necesidad de sostener los controles sobre los afluentes de la cuenca, sobre todo durante la actividad de los ingenios, con el objetivo de “prevenir posibles impactos en los recursos hídricos que desembocan en el embalse de Río Hondo”, según informó el gobierno tucumano. El trabajo se enmarca en el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Salí-Dulce, con la participación de su Grupo de Gestión en Tiempo Real y del Grupo de Mediciones en Embalse, y en un acuerdo de cooperación entre ambas provincias.

Inspecciones en los ingenios
En paralelo, la Dirección de Fiscalización Ambiental tucumana, dependiente de la Secretaría de Producción, intensificó durante la última semana las inspecciones en establecimientos industriales, con foco en los ingenios azucareros. Los controles incluyeron tomas de muestras, la verificación de la gestión de efluentes y del funcionamiento de las plantas de tratamiento, y la revisión del manejo de residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas. Las autoridades no informaron cuántos establecimientos fueron inspeccionados ni los resultados de las muestras.
Según el gobierno provincial, el monitoreo de las aguas superficiales en distintos tramos de la cuenca se realiza de manera permanente desde 2009, a cargo de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y de la Dirección de Recursos Hídricos, y se intensifica durante la zafra.

Una temporada atípica
La campaña de este año estuvo marcada por el clima. En algunos sectores de Tucumán se acumularon entre 800 y 1.000 milímetros de lluvia, lo que obligó a frenar temporalmente la molienda de entre ocho y nueve ingenios durante algunas semanas y elevó los caudales de los ríos por encima de los del año anterior. En ese contexto, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de que la vinaza y las cenizas, los principales residuos de la producción de azúcar y alcohol, terminen en los cursos de agua, en especial si se disponen en terrenos que no están en condiciones de recibirlos. La Dirección de Fiscalización vinculó también el refuerzo de los controles con las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.
A comienzos de septiembre, el balance oficial era positivo. “No hemos tenido ningún episodio significativo”, afirmó entonces Moreno Majnach, mientras que Escobar Correa señaló que el embalse presentaba un buen nivel de oxígeno.

Una deuda ambiental histórica
La vigilancia tiene una razón. La cuenca Salí-Dulce y el embalse de Río Hondo, uno de los principales destinos turísticos de Santiago del Estero, fueron escenario de reiterados episodios de contaminación vinculados a los desechos de la industria azucarera. En noviembre de 2023, millones de peces aparecieron muertos a lo largo de unos 14 kilómetros de costa en la desembocadura del río Salí en el embalse. “Son millones, kilómetros y kilómetros de peces muertos”, describió entonces un pescador de la zona.
En aquella oportunidad, el gobierno tucumano descartó la contaminación por vinaza y atribuyó la mortandad a la sequía y la falta de oxígeno por el bajo caudal, mientras que los pescadores apuntaron contra los ingenios. Santiago del Estero se presentó como querellante en una denuncia penal ante la Justicia federal, y las dos provincias realizaron investigaciones en paralelo.
Ese antecedente explica por qué el trabajo conjunto entre ambas jurisdicciones resulta clave. La salud del embalse no depende solo de lo que ocurre en sus orillas, sino de lo que llega aguas arriba, desde los ríos tucumanos que atraviesan una de las principales regiones azucareras del país. Con el fin de la zafra y la llegada de la temporada de lluvias, los controles sobre los afluentes seguirán siendo la principal herramienta para evitar nuevos episodios.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Tucumán - Santiago del Estero 
Fuentes Consultadas: Portal El Tucumano; Portal Info del Estero; Diario La Nación

Biocombustibles: el freno en Diputados golpea al etanol de maíz y deja a Córdoba como rehén

Aunque el capítulo del bioetanol tiene consenso, la disputa entre pymes y aceiteras por el biodiésel paraliza toda la reforma, que podría pasar a 2027 y frena una expansión de hasta 600.000 metros cúbicos para la industria cordobesa.

El freno a la reforma de la ley de biocombustibles en la Cámara de Diputados tiene un perjudicado principal: la industria del etanol de maíz y, con ella, la provincia de Córdoba. El capítulo del bioetanol no genera controversias, pero la ley es una sola. Mientras no se resuelva la disputa dentro del sector del biodiésel, tampoco avanzará la suba del corte de etanol en las naftas. Si no hay acuerdo este mes, el proyecto podría pasar a sesiones extraordinarias o incluso a 2027.
La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich y aprobada por el Senado en septiembre, eleva el corte de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. El de bioetanol en las naftas pasa del 12% al 15%, con un 6% garantizado para el etanol de caña y otro 6% para el de maíz. También elimina los cupos discrecionales por empresa y los precios fijados por resolución, y los reemplaza por un mercado electrónico con subastas mensuales y contratos a término.

La pelea del biodiésel
El conflicto enfrenta a las grandes aceiteras integradas, que hasta ahora producían para exportar, con las pymes no integradas que abastecen el mercado interno, radicadas sobre todo en Buenos Aires y La Pampa. El proyecto prevé que, a partir del año de su entrada en vigencia, ambos sectores compartan el mercado: 6,5% del corte para las pymes y 3,5% para las grandes. Esa proporción se invertiría de forma gradual hasta fines de 2035, cuando las pymes quedarían con el 4% y las integradas con el 6%. Las pequeñas se resisten a pasar de abastecer el 7,5% del gasoil a solo el 4% en diez años.
En la disputa pesa el Grupo Bahía Energía, del empresario Juan Carlos Bojanich. Según la información difundida, controla al menos seis pymes aceiteras que en los últimos meses habrían abastecido casi el 30% del biodiésel del mercado interno.
Para destrabar el conflicto, el diputado Cristian Ritondo, del PRO, propuso llevar el corte de biodiésel al 11% y asignar ese punto extra a las pymes, además de extender su cuota hasta 2038. El oficialismo, sin embargo, rechaza modificar el texto del Senado. Las refinadoras, por su parte, consideran el 10% como un punto de equilibrio y como “un techo por razones de calidad”.

Córdoba, rehén de una disputa ajena
“Un lobby chiquito que no va a traer nuevas inversiones” traba el desarrollo de sectores potentes, se quejó Manuel Ron, presidente de la planta cordobesa Bio4. El etanol de maíz es el que más tiene por crecer con la nueva ley. Víctor Accastello, vicepresidente ejecutivo de AcaBio, estimó que hay entre 500.000 y 600.000 metros cúbicos adicionales por sumar en un horizonte de cinco a siete años. Su cálculo se apoya en cuatro factores:
- pasar del corte actual estimado del 13,5% al 15% obligatorio, lo que sumaría unos 150.000 metros cúbicos;
- los cortes voluntarios superiores que la ley habilita a las provincias, un camino que Córdoba ya decidió recorrer;
- el crecimiento del parque automotor;
- las exportaciones a Brasil y Chile.
Ese volumen requeriría entre cuatro y cinco plantas nuevas o ampliaciones de las existentes, y unos 1,25 millones de toneladas adicionales de maíz. Según la Bolsa de Cereales provincial, Córdoba cosechó 26 millones de toneladas en la última campaña y exporta la mayor parte en grano, así que tiene margen para agregar valor: además del combustible, de las plantas salen burlanda para alimento animal y aceite de maíz.
Hoy, las petroleras ya pueden llevar voluntariamente el corte del 12% al 15%, y ese excedente lo aportan las plantas cordobesas Bio4, AcaBio y Promaíz. Pero, según Juan Cano, gerente general de Promaíz, ese cupo voluntario se paga a un precio menor que el fijado por la Secretaría de Energía.

La transición energética en juego
El debate excede a Córdoba. Mientras la ley se demora, YPF anunció inversiones por más de 400 millones de dólares para reconvertir su refinería de San Lorenzo, en Santa Fe. Allí, junto con otras empresas, prevé producir unas 170.000 toneladas anuales de combustible sostenible de aviación y diésel renovable. Desde una mirada ambiental, el especialista Claudio Molina advirtió que un corte de biodiésel del 10% resulta insuficiente para reducir de manera significativa las emisiones del transporte.
En el sector del etanol todavía circula una alternativa: aprobar primero en Diputados el capítulo del bioetanol y seguir debatiendo el del biodiésel. Pero con el proyecto ya en tratamiento, varios actores la ven difícil y temen que se repita la frustración de 2025.


Fecha de Publicación: 04/11/2026
Provincia/Región: Nacional - Córdoba
Fuentes Consultadas: Diario Página/12; Diario La Nación; Diario Infobae; Diario  El Argentino Diario

Riachuelo: 354 establecimientos siguen declarados contaminantes y ACUMAR apuesta a reforestar

Grandes empresas y pymes siguen en el registro de agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, mientras el organismo de cuenca suma un plan para restaurar humedales, talares y riberas con especies nativas.

Más de 350 establecimientos siguen bajo control ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo por su impacto sobre el agua, el suelo y el aire. Según los datos de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a fines de 2025, 354 establecimientos permanecían activos en el registro de “agentes contaminantes”. Esa categoría alcanza a las industrias y comercios que vuelcan efluentes, generan residuos peligrosos o emiten contaminantes.
El listado incluye a grandes empresas y a pymes de distintos rubros. Entre ellas figura YPF, con su planta Líquidos Docke, en Avellaneda, declarada en octubre de 2011 y todavía activa en el registro. Raízen Argentina, la ex Shell, tiene tres establecimientos activos, dos en Ezeiza y uno en Avellaneda. La operadora de Carrefour suma cuatro locales: uno en Mataderos, uno en Monte Grande y dos en Avellaneda. Coto cuenta con dos establecimientos: uno comercial en la Comuna 3 porteña y una planta de faena y procesamiento de carne en La Matanza, declarada en 2009.
La lista se completa con frigoríficos de Avellaneda, La Matanza y la Comuna 9, y una firma química de Almirante Brown. También incluye una empresa de tratamiento de residuos peligrosos de Cañuelas, incorporada en enero de 2025, y una curtiembre de Avellaneda, sumada en julio de ese año. Figurar en el registro, de todos modos, no implica que se trate de los mayores contaminantes del río.

Planes de adecuación
Para salir del registro, los establecimientos deben presentar y cumplir un Plan de Adecuación Ambiental. A fines de 2025 había 139 planes activos: 81 aprobados y en ejecución y 58 todavía sin aprobar. Desde que comenzó el sistema se presentaron 455 planes, de los cuales 127 se cumplieron y 189 fueron rechazados, incumplidos o excluidos.
El padrón histórico de ACUMAR reúne 1.469 registros. Además de los 354 activos, 520 establecimientos se reconvirtieron y 281 cesaron su actividad. Otros 119 fueron considerados adecuados, 135 quedaron excluidos y 49 volvieron a su condición anterior. Algunas empresas, en definitiva, corrigieron sus procesos y lograron salir de los listados oficiales.
El organismo mantiene, además, un listado de establecimientos de seguimiento particular, que exigen una inspección más estrecha. Allí figuran los mayores aportantes de contaminación, los involucrados en conflictos socioambientales, las instalaciones del Polo Petroquímico Dock Sud, las del aeropuerto de Ezeiza y las curtiembres. Para las curtiembres, una resolución de 2024 permite presentar planes de adecuación que contemplen su traslado al Parque Industrial Curtidor de Lanús o el envío de sus efluentes a la planta de tratamiento de ese predio.

Del control a la restauración
Mientras continúan los controles industriales, ACUMAR aprobó en agosto, mediante la Disposición 1/2026, el Plan Integral de Reforestación para la Cuenca Matanza Riachuelo. La iniciativa marca un giro: de frenar la contaminación a restaurar los ecosistemas degradados.
El plan busca recuperar sistemas naturales, aumentar la biodiversidad y mejorar las condiciones socioambientales de la cuenca. Contempla trabajar con especies nativas en áreas ribereñas, talares y ambientes de estepa pampeana, y recuperar vegetación degradada y humedales, que almacenan agua y amortiguan las inundaciones. También prevé corredores biológicos para conectar fragmentos de vegetación y el desarrollo de infraestructura verde y azul, con parques, plazas, áreas naturales, cursos de agua y humedales.
Para medir sus avances, el plan fija indicadores como la cantidad de ejemplares plantados, la tasa de supervivencia, la superficie forestada y reforestada, los espacios verdes recuperados y los kilómetros de corredores biológicos. La producción de especies nativas podría además generar demanda para viveros, cooperativas, bancos de semillas y trabajadores especializados. Sin embargo, no se informaron el presupuesto ni el cronograma del programa.

Una cuenca con historia
La cuenca arrastra una larga historia de vuelcos industriales y cloacales, residuos y transformaciones urbanas. ACUMAR fue creada por la Ley 26.168 como un organismo interjurisdiccional que reúne a la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad, porque ninguna jurisdicción puede abordar el problema por sí sola. En octubre de 2024, tras 16 años de supervisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por finalizado el control de cumplimiento de la sentencia de la causa Mendoza, el fallo que había ordenado sanear el Riachuelo.
Con cientos de establecimientos todavía bajo control y un plan de restauración sin metas presupuestarias conocidas, el saneamiento del Riachuelo sigue siendo una tarea abierta.


Fecha de Publicación: 30/10/2026
Provincia/Región: Riachuelo
Fuentes Consultadas: iProfesional, Economía Sustentable, ACUMAR, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Habrá un nuevo juicio por la presunta contaminación del Golfo Nuevo con efluentes de Conarpesa

El Superior Tribunal de Chubut anuló la absolución de dos empleados jerárquicos de la pesquera, acusados de verter al mar líquidos sin tratar mediante un sistema de desvío oculto, y el debate oral volverá a empezar el 5 de noviembre en Puerto Madryn.

La causa por la presunta contaminación del Golfo Nuevo con efluentes de la pesquera Conarpesa vuelve a juicio. La Oficina Judicial de Puerto Madryn fijó para el 5 de noviembre el inicio de un nuevo debate oral contra dos empleados jerárquicos de la empresa. Están acusados de verter al mar líquidos industriales sin tratar. El nuevo proceso llega después de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anulara la absolución dictada en el primer juicio.
El juicio se hará en los tribunales de Puerto Madryn, ante una jueza penal que actuará como tribunal unipersonal. Los acusados son la responsable ambiental de Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. y el encargado de su planta de tratamiento de efluentes. La acusación estará a cargo del fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, y del fiscal Juan Pablo Santos.

Un caño oculto hacia el mar
La investigación comenzó por un video difundido en redes sociales. Mostraba un líquido rosado y de fuerte olor que corría por un canal a cielo abierto hasta la playa, desde el parque industrial pesquero de la ciudad. La Fiscalía abrió una investigación de oficio con el apoyo de la Policía Científica, la Secretaría de Ecología y Ambiente municipal y especialistas del CENPAT, el centro científico del Conicet en Puerto Madryn.
En un allanamiento con retroexcavadora, los investigadores encontraron una cámara de inspección. Allí confirmaron la existencia de un sistema de desvío no declarado, conocido como “bypass”. Según la acusación, ese sistema conectaba las instalaciones de la pesquera con el caño autorizado. Por esa vía se descargaban en el mar efluentes del procesamiento de langostinos sin tratamiento previo, sobre todo cuando la planta superaba su capacidad. Tras la intervención judicial, el sistema fue obstruido y el vertido cesó.
Los análisis de laboratorio mostraron valores muy por encima de los permitidos:
- Materia orgánica: según la Fiscalía, la normativa fija un límite de 50 miligramos por litro y las muestras superaron los 1.500.
- Sólidos en suspensión: 21 veces por encima de lo autorizado.
- Bacteria Escherichia coli: unas 2.700 veces por encima del límite.
La causa se tramita por el delito de contaminación ambiental previsto en la Ley 24.051 de residuos peligrosos. En 2023, cuando se dictó el procesamiento, la Fiscalía destacó que era la primera vez que esa ley se usaba para imputar penalmente a una persona jurídica por un daño cuya víctima es el ambiente.

De la absolución al nuevo juicio
El primer juicio terminó en agosto de 2025 con la absolución de los dos acusados. La Fiscalía había pedido penas de prisión efectiva de tres años y seis meses y de tres años y tres meses. La jueza sostuvo que la acusación había cambiado durante el debate y que eso había afectado el derecho de defensa.
La Fiscalía impugnó el fallo con estos argumentos:
- el hecho imputado fue siempre el mismo;
- la sentencia no estaba bien fundamentada;
- el daño ambiental tiene una dimensión colectiva, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú.
“Los delitos ambientales impactan directamente en derechos fundamentales como la salud y la vida”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal en su presentación.
En junio de este año, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut aceptó por unanimidad la impugnación. Consideró que no existió el error procesal invocado, anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio. En ese momento, la Fiscalía advirtió que el paso del tiempo podría afectar la memoria de los testigos.

Un golfo de alto valor ambiental
El Golfo Nuevo no es un cuerpo de agua cualquiera. Junto con la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, es una de las principales áreas de cría de la ballena franca austral. Además alberga una rica fauna marina que sostiene buena parte de la economía turística de Puerto Madryn.
Los vertidos con alta carga orgánica y bacteriológica pueden reducir el oxígeno del agua, alterar los ecosistemas costeros y afectar la calidad de las playas. La causa muestra la tensión entre la actividad pesquera, uno de los motores económicos de la provincia, y la protección de un ecosistema marino muy frágil.
El nuevo juicio volverá a poner a prueba la aplicación de la legislación penal ambiental en la Argentina. Hasta que haya una sentencia firme, los acusados mantienen su estado de inocencia.


Fecha de Publicación: 26/10/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Chubut, Ministerio Público Fiscal de Chubut, Portal Economía Sustentable, Portal Pescare

La ley de biocombustibles llega a Diputados con apoyo al bioetanol y disputa por el biodiésel

La Comisión de Energía recibió a las cámaras del sector: el bioetanol y las aceiteras respaldaron el proyecto con media sanción, mientras las pymes del biodiésel advierten que la apertura del mercado a las exportadoras las llevaría a la quiebra.

La nueva ley de biocombustibles comenzó su tratamiento en la Cámara de Diputados con un amplio apoyo a la suba de los cortes obligatorios, pero con una disputa abierta en torno al biodiésel. La Comisión de Energía y Combustibles, que preside el diputado Facundo Correa Llano, de La Libertad Avanza, recibió el martes a representantes del sector para debatir el proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 41 votos a favor y 25 en contra.
La iniciativa eleva de manera gradual los cortes obligatorios de biocombustibles: el biodiésel mezclado con el gasoil pasará del 7,5% al 10%, y el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en un plazo de doce meses. El punto conflictivo es que las grandes empresas exportadoras, hoy excluidas, podrán ingresar al mercado interno de biodiésel con una transición hasta 2036, lo que reduce la porción reservada a las pymes.

El respaldo de los bloques y el bioetanol
Los diputados cordobeses Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, defendieron la sanción del proyecto. Bornoroni sostuvo que la norma salda deudas con el interior y garantiza previsibilidad a los productores, y resumió el espíritu del cambio: “Pasamos de un Estado que reparte a un mercado que crece”.
El sector del bioetanol, que obtiene su materia prima del maíz y la caña de azúcar, respaldó la iniciativa. Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, consideró que la ley vigente está agotada y no contempla los avances tecnológicos ni los nuevos mercados: “Pasamos de ser pioneros en biocombustibles a ser rezagados”, advirtió. Según su visión, el proyecto elimina cupos y fórmulas de precios, promueve la competencia mediante licitaciones públicas y abre la actividad a nuevas inversiones.
Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, destacó que el bioetanol es decisivo para la actividad azucarera y que el texto recogió los reclamos del sector. También apoyaron el proyecto la cámara de pymes productoras y expendedoras de biocombustibles Biopyme, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.

La pelea por el biodiésel
El biodiésel concentró las diferencias. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), advirtió que las plantas de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran el 65% del corte obligatorio y que, si la norma no se modifica, quedarán al borde de la quiebra. Aunque coincidió en la necesidad de modernizar el régimen, sostuvo que eso no puede significar “mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”.
En la misma línea se pronunciaron representantes de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno y la Cámara Santafesina de Energías Renovables, que apoyan una nueva ley, pero con cambios al texto aprobado por el Senado.
Del otro lado, Gustavo Idígoras, presidente de la cámara aceitera, defendió la apertura del mercado y sostuvo que el régimen actual, sin competencia, perjudica a la Argentina cuando intenta abrir mercados externos para sus biocombustibles.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, valoró el amplio consenso que tuvo la iniciativa, aunque reconoció la necesidad de encontrar una solución para las pymes del biodiésel.

Qué está en juego
Según los datos de Cepreb, la reforma reduciría casi a la mitad la producción de las pymes, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y pondría en riesgo unos 9.500 empleos directos e indirectos en el interior del país. Las grandes aceiteras, en cambio, controlan la materia prima, que representa alrededor del 80% del costo de producción del biodiésel.
Más allá de la disputa económica, el debate tiene una dimensión ambiental. Los biocombustibles reducen las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en comparación con los combustibles fósiles, por lo que el aumento de los cortes obligatorios representa un avance para la descarbonización. La discusión de fondo es quién producirá ese combustible: si un entramado de pymes distribuido en distintas provincias o un grupo reducido de grandes empresas exportadoras concentradas en el polo agroindustrial.
Si Diputados aprueba el proyecto sin cambios, se convertirá en ley; si introduce modificaciones para atender el reclamo de las pymes, deberá volver al Senado.


Fecha de Publicación: 24/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Clarín, Diario Página/12, Cámara de Diputados de la Nación, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Neuquén exige a las petroleras sanear el pasivo ambiental de 441 pozos del petróleo convencional

Mientras Vaca Muerta atrae inversiones, la provincia fija obligaciones de abandono y remediación a YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA por pozos, ductos e instalaciones que quedaron de décadas de explotación.

Mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, Neuquén enfrenta la herencia de décadas de explotación convencional: pozos inactivos, ductos, instalaciones en desuso y suelos contaminados. Un relevamiento de los compromisos asumidos en 2025 y 2026 reúne 441 registros de pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre o evaluaciones técnicas, en los que están involucradas YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
La cuenta surge de los decretos provinciales que autorizaron transferencias de áreas maduras. Incluye 208 pozos del programa de abandono asumido por Fluxus, 111 clasificados para abandono en concesiones que YPF transfirió a Bentia Energy y otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar. Se suman 8 pozos en áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA, 7 en Aguada Villanueva, 4 en Meseta Buena Esperanza y 3 en Las Tacanas.

Quién paga el pasivo
El crecimiento de Vaca Muerta modificó el negocio petrolero neuquino. Las grandes compañías comenzaron a desprenderse de yacimientos convencionales maduros, como hizo YPF a través del Proyecto Andes, y la provincia incorporó a esas transferencias una exigencia clave: definir qué empresa debe cerrar los pozos, retirar las instalaciones y sanear los pasivos generados durante décadas.
Un ejemplo es la cesión de las áreas Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy, autorizada por el Decreto 380/2025. El inventario identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 ya abandonados y 20 sin conexión, además de 40 instalaciones de producción y más de 939 kilómetros de ductos. Bentia debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años.
En otra operación, el Decreto 372/2025 autorizó la transferencia de cuatro áreas de YPF a Bentia Energy e Ingeniería SIMA, con una garantía de 450.000 dólares. Allí, la autoridad ambiental provincial fijó un criterio central: los acuerdos privados entre empresas no pueden limitar la facultad de Neuquén de exigir el saneamiento. Es decir, la compañía que generó un pasivo puede seguir obligada a remediarlo aun después de vender la concesión.
Abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas distintas: el cierre técnico aísla las formaciones para impedir la migración de fluidos, mientras que la recuperación ambiental exige además retirar instalaciones, tratar suelos y gestionar residuos.

Pozos junto a casas y escuelas
El problema es especialmente sensible donde las ciudades crecieron sobre antiguos yacimientos. En Octógono, en Plaza Huincul, la documentación provincial identificó unas 82 hectáreas destinadas a un posible desarrollo urbano, donde pozos, ductos e instalaciones pueden interferir con el proyecto. Entre Neuquén capital y Plottier, viejas instalaciones quedaron cerca de viviendas, escuelas, chacras y barrios. Una falla en el aislamiento de un pozo puede permitir fugas de gases o fluidos, con riesgos para el suelo, el agua subterránea y las personas.
Allí se concentra el mayor programa individual de abandono. Fluxus, vinculada al conglomerado brasileño J&F, adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario. El Decreto 982/2025 fijó originalmente el abandono de 76 pozos y la reactivación de 54, con una inversión de 21,3 millones de dólares, pero luego el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que la empresa se comprometió a abandonar 208 pozos en cinco años. Los trabajos comenzaron en Bajada de Maida, priorizando los pozos cercanos a viviendas y escuelas. El decreto exige además sanear antiguas piletas, suelos contaminados y derrames, y cerrar caminos para favorecer la revegetación.

Nuevos plazos y reclamos
Este año, los decretos 475, 476 y 496 de 2026 fijaron cronogramas de abandono para pozos en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, transferidas de Pluspetrol a YPF.
Los conflictos también alcanzan a dueños de tierras. En Chihuido de la Sierra Negra, propietarios reclamaron por 580 pozos, baterías, centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos en sus campos, que buscan recuperar para la actividad agropecuaria, aunque la provincia rechazó el reclamo.

El metano, un riesgo invisible
Neuquén también empezó a medir emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede escapar de pozos mal sellados. Entre marzo y abril, técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Universidad McGill, de Canadá, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang, relevaron 124 pozos inactivos y abandonados en 64 áreas, en el marco de una iniciativa vinculada al Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de la ONU. Los resultados se publicarán en una revista científica.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal iProfesional, Gobierno de la Provincia de Neuquén

El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

La reforma de la ley de biocombustibles pone en riesgo 14 plantas pymes y casi 10.000 empleos

El proyecto con media sanción del Senado reduce casi a la mitad la participación de las pymes en el mercado del biodiésel y abre el negocio a las grandes aceiteras, en un debate que también define el futuro de los biocombustibles en el país.

La reforma del régimen de biocombustibles que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora se debate en la Cámara de Diputados pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel en el interior del país. Según la cámara que las agrupa, la nueva ley reduciría casi a la mitad su participación en el mercado, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y amenaza unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y respaldado por el gobierno nacional, fue aprobado por el Senado el 17 de septiembre y pasó a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. Busca reemplazar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, por un nuevo marco regulatorio con una vigencia de 15 años, que elimina los precios fijados por la Secretaría de Energía y desregula el mercado.

Qué cambia para el biodiésel
Hoy, el gasoil que se vende en el país debe contener un 7,5% de biodiésel, y ese volumen es abastecido en su totalidad por productores no integrados, en su mayoría pymes regionales, que compran el aceite de soja a las grandes aceiteras. La reforma eleva la mezcla total, pero reduce la porción reservada a las pymes a un piso del 4% y abre un segmento de libre negociación del 6%, en el que competirían las grandes agroexportadoras.
Según los cálculos difundidos por el sector, la producción de las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. Con ese volumen, solo 11 de las 25 plantas podrían seguir operando. Las restantes, distribuidas en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, quedarían en riesgo de quiebra.

La concentración del mercado
El conflicto enfrenta a las pymes con las grandes aceiteras. Las 25 productoras pequeñas y medianas tienen, cada una, una participación de mercado del 5% o menos, pero elaboran cerca del 65% del biodiésel destinado al corte obligatorio. En cambio, las grandes procesadoras de soja controlan la materia prima, que representa el 80% del costo de producción. Del lado de los compradores, YPF concentra el 59% de las adquisiciones y las principales petroleras, el 92% del mercado.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dejar que las aceiteras ingresen al mercado interno a costa de las pymes concentraría la producción en pocos grupos empresarios, en su mayoría ubicados en el polo agroexportador de Santa Fe. Su director ejecutivo, Federico Martelli, sostuvo que, si las grandes empresas quieren entrar al mercado interno, debería hacerse aumentando el cupo total de biodiésel y no reduciendo el de las pymes.

La contrapropuesta de las pymes
La cámara propone elevar el corte de biodiésel al 12,5% del gasoil, dividido en tres segmentos: un 5% para pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de los puertos, un 2,5% para pymes portuarias no integradas y un 5% abierto a las grandes exportadoras. También plantea reemplazar los cupos y precios regulados por licitaciones competitivas.
Según Cepreb, el sector genera más de 1.000 millones de dólares anuales, sostiene a unas 400 extrusoras regionales de soja y produce un combustible con emisiones de gases de efecto invernadero un 69% menores que las del gasoil fósil.

Un debate también ambiental
Los biocombustibles son una de las herramientas con las que la Argentina reduce las emisiones del transporte, uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Por eso, más allá de la disputa económica, la reforma define cuánto biocombustible se mezclará con los combustibles fósiles en los próximos 15 años y quién lo producirá.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo régimen amplía los cortes obligatorios, incorpora competencia y elimina distorsiones de precios. Las pymes, en cambio, advierten que la desregulación favorecerá a los grandes jugadores y pondrá en riesgo un entramado productivo distribuido en el interior, vinculado a las economías regionales.
La media sanción en el Senado no estuvo exenta de tensiones. Según Cepreb, el senador radical Maximiliano Abad votó en contra y pidió un cuarto intermedio para negociar cambios, que fue rechazado. Ahora, la discusión se traslada a Diputados, donde las pymes buscan modificar el texto antes de que se convierta en ley.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Senado de la Nación Argentina, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Derrame de Shell en Magdalena: 27 años después, el exintendente dice que el acuerdo fue un engaño

Fernando Carballo, que en 2009 firmó el convenio de reparación con Shell, dice que el municipio fue engañado, mientras la Cámara Federal revisa el fallo que rechazó ese acuerdo.

Más de 27 años después del mayor desastre petrolero en la historia de Magdalena, la causa sigue sin cerrarse y suma un nuevo capítulo. El exintendente Fernando Carballo, que en 2009 firmó con Shell el acuerdo de reparación que hoy está en discusión en la Justicia, admitió que aquel convenio fue un error y que el municipio fue engañado.
El derrame ocurrió el 15 de enero de 1999, cuando el buque petrolero Estrella Pampeana, operado por Shell, chocó con el portacontenedores Sea Paraná en el Río de la Plata, frente a la costa de Magdalena. Se volcaron unos 5,4 millones de litros de crudo, que afectaron más de 30 kilómetros de playas, humedales y arroyos. Es considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce registrado.

Un largo recorrido judicial
El municipio demandó a la empresa poco después del accidente. En 2002, durante la gestión del intendente Oscar Sibetti, el Juzgado Federal N° 4 de La Plata ordenó a la petrolera medidas de recomposición ambiental por unos 35 millones de dólares. Pero en diciembre de 2007 la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitarse ante la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dejó sin efecto aquella decisión.
En 2009, ya con Carballo al frente del municipio, Magdalena y Shell firmaron un acuerdo por 9,5 millones de dólares, más asistencia para proyectos de desarrollo local. A cambio, el municipio desistía de sus acciones judiciales, mientras la empresa no reconocía responsabilidad. El pago quedaba sujeto a la homologación de un juez. Para respaldar el convenio, la comuna convocó a un plebiscito no vinculante en mayo de ese año: la propuesta obtuvo alrededor del 77% de los votos, aunque esa aprobación equivalió a cerca de una cuarta parte del padrón.

“Nos mintió”
Hoy, Carballo revisa aquella decisión con dureza. En una entrevista con un medio local, sostuvo que la información oficial difundida antes del plebiscito fue tendenciosa: detallaba el dinero y los proyectos que llegarían, pero no explicaba que aceptar el acuerdo implicaba abandonar las demandas. “Nos mintió, nos operó por atrás en la Justicia con mucho poder de Shell”, afirmó, en alusión a la petrolera y a su conducción de entonces, encabezada por Juan José Aranguren, quien años más tarde fue ministro de Energía y Minería de la Nación.
El exintendente aseguró que no volvería a impulsar una consulta de ese tipo y que el municipio debió haber seguido reclamando la totalidad de la reparación. Desde la organización ambientalista Ala Plástica, que sigue la causa desde hace años, señalaron que con el acuerdo se perdió la posibilidad de profundizar la investigación y el reclamo con proyección nacional e internacional.

El fallo que reabrió la causa
El convenio nunca llegó a cerrar el conflicto. El 30 de diciembre de 2025, el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, rechazó homologarlo. En su resolución sostuvo que los derechos ambientales son de orden público y no pueden negociarse en forma privada, y que ni el aval del Concejo Deliberante ni el plebiscito pueden estar por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente.
El magistrado también consideró que el monto carecía de sustento técnico, porque no había estudios ambientales ni estimaciones de costos de recomposición que justificaran los 9,5 millones, y calificó el acuerdo como “objetivamente desactualizado”. Admitió que las pericias recientes no detectan un daño ambiental activo, pero sostuvo que el análisis debía situarse en el momento en que se firmó el convenio. El fallo no fijó, sin embargo, una nueva indemnización.
Shell y su aseguradora apelaron ante la Cámara Federal. La empresa sostiene que el ambiente ya fue recompuesto, que no hay daños pendientes de reparación y que pericias e informes oficiales realizados entre 2020 y 2024 no detectan contaminación por hidrocarburos. La Municipalidad de Magdalena también recurrió el fallo, aunque con otro objetivo: reclama una indemnización acorde con el daño sufrido.
Ahora será la Cámara la que deberá decidir si confirma el rechazo del acuerdo. Mientras tanto, a casi tres décadas del derrame, la costa de Magdalena sigue esperando una respuesta definitiva sobre quién y cuánto debe pagar por el daño.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Santiago del Estero inspeccionó diez ingenios tucumanos por la contaminación del Salí-Dulce

La Defensoría del Pueblo santiagueña, junto con organismos de Tucumán y de Nación, revisó plantas sucroalcoholeras en plena zafra para verificar que no haya vuelcos de vinaza ni cenizas a la cuenca compartida.

En plena zafra, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero volvió a cruzar el límite provincial para revisar de cerca la industria que durante años fue señalada como una de las principales fuentes de contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Durante dos jornadas, un equipo encabezado por su titular, Daniel Escobar Correa, inspeccionó diez establecimientos sucroalcoholeros de Tucumán.
El recorrido incluyó el ingenio y la destilería Bella Vista, y los ingenios Santa Rosa, Corona, Marapa, Santa Bárbara, Famaillá, San Juan, Concepción, La Florida y Leales. Fue la tercera inspección del año. Participaron también el ingeniero Guillermo Silva, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán; el ingeniero Marcelo Lizárraga, de la Secretaría de Medio Ambiente tucumana, y el ingeniero Javier Finkelstein, junto con técnicos del área de Ambiente de la Nación.

Tres controles clave
Los inspectores verificaron tres variables. La primera fue el cumplimiento de la meta de "vinaza cero", es decir, que ese residuo no llegue a los cursos de agua. La segunda, la de "ceniza cero", referida a los restos de la quema del bagazo en las calderas. La tercera, el reciclado del agua utilizada para lavar la caña.
La vinaza es el principal desafío ambiental de la producción de bioetanol de caña de azúcar. Por cada litro de alcohol se generan unos 13 litros de este efluente, un líquido con una altísima carga orgánica. Cuando llega a ríos y embalses sin tratamiento, consume el oxígeno disuelto en el agua y puede provocar la muerte masiva de peces.
Los controles se realizan antes del inicio de la zafra, hasta dos veces durante la molienda y al cierre de la temporada. Algunas plantas que producen bioetanol todo el año reciben inspecciones adicionales. Las fuentes consultadas no informaron hallazgos ni incumplimientos concretos detectados en esta recorrida.

Un acuerdo con supervisión de la Corte
Las inspecciones se apoyan en un acuerdo interprovincial firmado el 30 de diciembre de 2011 por los entonces gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y José Alperovich, de Tucumán. Del convenio también participaron la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo santiagueña, y habilita a una provincia a controlar las industrias de la otra y sus vuelcos.
El origen del acuerdo fue un amparo ambiental que Santiago del Estero presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Fiscalía de Estado y su Defensoría del Pueblo, por la contaminación de la cuenca. Toda la información que surge de los controles se eleva al máximo tribunal, que supervisa el cumplimiento.
La cuenca Salí-Dulce se extiende por cinco provincias, abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados y en ella viven cerca de 2,5 millones de personas. El río Salí atraviesa Tucumán y desemboca en el embalse de Río Hondo. Ya en territorio santiagueño, continúa como río Dulce hasta la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. Sus aguas se usan para riego, producción y consumo humano y animal. La contaminación del río y del embalse motivó en 2007 la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca.

Monitoreo permanente
Desde mayo de 2012, la Defensoría santiagueña monitorea los 365 días del año 32 puntos de control de efluentes, el embalse de Río Hondo y los afluentes industriales. Es un control diario que busca detectar a tiempo cualquier vuelco. Desde el Gobierno tucumano sostienen que la calidad del río mejoró en materia de residuos industriales gracias a los controles semanales que se realizan en conjunto con Santiago del Estero antes de que el cauce ingrese en esa provincia.
Sin embargo, el Salí sigue enfrentando otros problemas. Un estudio difundido esta semana, con muestras analizadas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, no encontró valores significativos de metales ni sustancias químicas en su paso por el Gran Tucumán. Pero sí detectó una fuerte contaminación de origen cloacal, con niveles de coliformes fecales que llegaron a superar 2.400 veces el máximo de referencia a la altura del puente Ingeniero Barros.
Para la cuenca compartida, el desafío es doble: sostener los controles sobre la industria azucarera, que durante la zafra concentra el mayor riesgo, y avanzar sobre los efluentes urbanos que todavía llegan sin tratamiento al río.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Fuentes Consultadas: El Liberal, Nuevo Diario de Santiago del Estero, Contexto Tucumán, Ministerio de Ambiente de la Nación (Cuenca Salí-Dulce)

AR Zinc: la Fiscalía citará a audiencia imputativa a los dueños por los residuos tóxicos

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a los responsables de AR Zinc por el riesgo que implican unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos acumulados junto al río Paraná, días después de que la Justicia ordenara medidas urgentes para evitar un derrumbe de la barranca.

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a audiencia imputativa a los responsables de AR Zinc S.A., la firma propietaria del predio de la ex Sulfacid en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos a pocos metros del Paraná. El anuncio llega poco después de que el juez Eugenio Romanini ordenara a la empresa estabilizar la barranca lindera al río y contener el pasivo ambiental. "Los vamos a citar a la audiencia imputativa", aseguró Nicosia, quien explicó que la situación es considerada de riesgo inminente y que por eso la Fiscalía pidió avanzar con medidas para detener el deterioro del lugar.

Un riesgo medido y un derrumbe previo
Los residuos contienen jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados. Según el fiscal, mediciones realizadas por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires determinaron que existe peligro de derrumbe en la barranca, y recordó que en 2024 ya se desmoronó parte de ese talud. "Con las cantidades que hay, eso contamina todo el Paraná", advirtió. Agregó que el predio está prácticamente a la intemperie y que se encuentra próximo a una instalación de agua que abastece a la localidad. La resolución judicial responde por ahora a un riesgo potencial de contaminación y no a un derrame confirmado, y la Fiscalía sostuvo además que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían aumentar la urgencia.

La posible responsabilidad penal
Nicosia explicó que ya quedó planteada la eventual responsabilidad penal de los directivos, a partir de la desobediencia a resoluciones judiciales y de las normas de protección ambiental. El antecedente central es una orden de 2022: dentro de un expediente civil iniciado en 2020, un juzgado dispuso obras de apuntalamiento de la barranca que, según se expuso en la audiencia, la empresa nunca ejecutó.

Qué debe hacer la empresa
La primera medida y la más urgente es apuntalar y sostener la barranca. También se pidió intervenir los tres depósitos donde están los residuos, con tareas de remoción y remediación del suelo, y cerrar el predio para impedir el ingreso de personas y el arrojo de basura. La firma tiene 10 días para informar si optará por retirar los residuos o tratarlos y contenerlos, y 15 días para presentar la documentación técnica, el equipo profesional y un cronograma que no podrá superar los ocho meses. Deberá además elevar informes quincenales, supervisados por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Quién responde por un pasivo de seis décadas
El intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, expresó su preocupación por el riesgo de derrumbe y de contaminación del agua. Explicó que el pasivo tiene una historia de unos 60 años, y que parte de esos residuos se generó cuando las normas ambientales eran distintas. "La responsabilidad cabe no solamente al titular actual, sino también a Integra Capital", sostuvo, y mencionó que Glencore mantiene responsabilidad solidaria en materia ambiental.
La planta, conocida como Sulfacid, fue fundada en la década de 1950 y llegó a ser la única fábrica de zinc electrolítico del país. Pasó a manos de Glencore en 2005, cerró en 2016 y dejó a unos 400 trabajadores sin empleo. En 2021, según los antecedentes del expediente, el predio fue adquirido por Integra Capital, el grupo que encabeza José Luis Manzano. Con la citación anunciada, la causa pasa de exigir la remediación a discutir quiénes deberán responder penalmente por ella.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Cadena 3, Portal SL24, Elonce, El Ciudadano