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Carbio no quiere promesas de Macri



Biocombustibles: rechazan una promesa de Macri y piden avanzar con una nueva ley

Fecha de Publicación
: 18/10/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La cámara que agrupa a las grandes empresas productoras de biocombustibles rechazó la prórroga de la actual ley para el sector, como prometió el presidente Mauricio Macri. Además, la Liga Bioenergética, que integran las provincias de Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, se mostró en favor de sancionar una nueva normativa, que se trabajó en los últimos dos años entre diversos actores de la actividad, en lugar de apuntar a una extensión de la ley vigente.
En su última visita a Tucumán de gira electoral, el jefe de Estado se comprometió a extender de 2021 a 2023 la norma sancionada en 2006. Macri en esa provincia, productora de etanol en base a caña de azúcar, habló de prorrogar "la ley de bioetanol", pero en realidad la ley se llama de biocombustibles e incluye tanto al etanol en base de azúcar y de maíz como al biodiésel, elaborado con aceite de soja.
La ley de 2006 creó un marco para que se puedan desarrollar pymes en el interior (hay 54 firmas productoras) como proveedoras de biocombustibles de las petroleras, que mezclan en un 12% el etanol en las naftas y en un 10% el biodiésel en el gasoil. En ese marco, las grandes empresas del sector, agrupadas en la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) y volcadas a la exportación, no pueden competir para la provisión en el mercado interno.
Más allá de la promesa de Macri, en los últimos años su Gobierno cambió varias veces las reglas de juego para la fijación de los precios de los biocombustibles, provocando fuertes críticas en las empresas del sector y con pymes que paralizaron su actividad por valores establecidos de venta que no cubrían sus costos.
"Se generó un mercado de no competencia y hubo polémica por las fórmulas de precios. Es un despropósito prorrogarla (la ley de 2006) cuando funcionó mal", dijo a LA NACION Luis Zubizarreta, presidente de Carbio.
"En el sector terminamos de armar un proyecto y apuntamos a una ley superadora para la actividad", agregó el ejecutivo.
En esta línea, Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe y coordinadora de la Liga Bioenergética, señalo a LA NACION que "en este momento sería mejor que prorrogar apoyar esta nueva ley".
La ley que se trabajó en el ámbito de la Liga Bioenergética, donde además de las provincias están las cámaras de biocombustibles y la ciudad de Buenos Aires, apunta a un plazo de 15 años y a aumentar el corte en biodiésel y etanol progresivamente.
En biodiésel estipula que las empresas de Carbio puedan empezar a participar del mercado interno, en tanto que en bioetanol que el maíz se lleve un porcentaje mayor del aumento de corte, según explicó Geese.
"Establece un mercado un poco más liberado por así decirlo, que es lo que este Ejecutivo siempre le criticó a los biocombustibles", indicó la funcionaria.
En bioetanol el corte llegaría a 27% en unos años. En biodiésel se iría a un 15%, pero creando un mercado voluntario tanto en corte como en precio. "Hasta el 15% es regulado, luego libre", señaló la secretaria de Energía de Santa Fe.
Geese afirmó que la postura de la Liga Bioenergética "no es un rechazo" a la idea de Macri, pero remarcó: "Trabajamos mucho en esta ley nueva y hubiera sido bueno que el Ejecutivo la apoyara. Así tendríamos un nuevo régimen por 15 años más sin necesidad de prorrogar algo que todos saben que ya no funciona".
"Lo hablamos con todos, Sica (por el ministro de Producción) y su gente, Agricultura, Energía, Ambiente. Hasta YPF estuvo participando en unas reuniones. No quedó nadie sin consultar", expresó Geese.
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Afirman que Fernández potenciará la minería

Uñac: “Alberto Fernández tiene muchas expectativas en la minería sustentable”

Fecha de Publicación
: 17/10/2019
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Nacional


El gobernador de San Juan expuso el viernes último en China sobre las ventajas de su provincia para atraer inversiones destinadas al sector minero. Y habló de la idea al respecto que tiene el candidato presidencial por el Frente de Todos.
En el Día Argentino de la 19º edición de China Mining, la feria del sector minero más importante del mundo, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, expuso sobre las ventajas sociopolíticas de la provincia cuyana para atraer inversiones internacionales para financiar proyectos mineros.
En la reunión, que se llevó a cabo el viernes pasado en la ciudad de Tianjin, el país tuvo un espacio reservado para presentar ante el mundo el potencial minero de la Argentina. El mandatario sanjuanino fue uno de los expositores durante la segunda jornada de actividades de la feria que congregó a representantes de las más importantes compañías del mundo en materia minera.
Uñac se refirió al crecimiento de la minería en San Juan a partir de 1993, primero con proyectos de exploración que dieron lugar a explotaciones de emprendimientos metalíferos como Veladero y Gualcamayo, y se refirió al futuro que tiene el sector en la provincia, con 300 mil millones de dólares de potencial en 5 proyectos.
El gobernador enfatizó que el crecimiento es producto de la diversificación de la matriz económica y, sobre todo, de la visión de que el Estado debe proporcionar oportunidades para que el desarrollo privado pueda materializarse, y la inversión sea una realidad.
Apoyándose en cuadros estadísticos, Uñac señaló que en 2004 San Juan realizó exportaciones por 211 millones de dólares y en 2018 lo hizo por casi 1.500 millones de dólares, con un decisivo aporte del sector minero.

Recurso estratégico
El primer mandatario provincial informó que “Argentina se encuentra inmersa en un proceso electoral, y quien ha obtenido un contundente respaldo social en las Primarias es el candidato del PJ, Alberto Fernández”. En ese marco Uñac dijo que “coincidimos en la necesidad de poner en marcha a la minería como recurso estratégico, y hemos podido compartir con él y sus equipos nuestra experiencia”.
“Alberto Fernández tiene muchas expectativas en la minería sustentable como uno de los factores importantes para poner a la Argentina de pie”, manifestó Uñac.
En relación al lugar que ocupa la minería y al contexto socioeconómico que se vive en San Juan dijo que “la diversificación económica en la que la minería tiene un rol protagónico explica nuestra baja desocupación, la gran inversión en infraestructura, el superávit sostenido y que el crecimiento del producto bruto de San Juan duplique al de la Nación en los últimos años”.

Proyectos
Por su parte, el ministro de Minería, Alberto Hensel, expuso los aspectos técnicos más destacados de la industria que es política de Estado en San Juan.
La presentación de los representantes se llamó “San Juan destino de inversiones mineras” y estuvo apoyada en ejes como la seguridad jurídica que presenta la provincia como estado federal y el potencial geológico local.
La principal ventaja que ofrece San Juan, es que los recursos minerales son conocidos y están ampliamente estudiados.
Se trata de 37.5 millones de toneladas de cobre refinado, 20.4 millones de onzas de oro y 596 millones de onzas de plata.
Hensel indicó que lo expuesto tiene que ver con la convicción política de que la minería es la industria que revolucionó la matriz productiva de la provincia y que tiene también una capacidad transformadora incalculable para la región y el país.
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Justicia dejó firme procesamiento de empresario contaminador



Confirmaron el procesamiento de Rocchia Ferro por contaminación

Fecha de Publicación
: 15/10/2019
Fuente: El Tucumano
Provincia/Región: Tucumán


La Justicia Federal determinó que el empresario azucarero enfrente el juicio sin prisión preventiva. La causa comenzó en 2006, a raíz de los informes ambientales sobre los desechos que arrojaba el ingenio La Florida.
La Justicia Federal dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva del empresario Jorge Alberto Rocchia Ferro, dueño de la Compañía Azucarera Los Balcanes, por contaminación ambiental. La Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Carlos Alfredo Brito, solicitó que se lo investigue al entender que el Ingenio La Florida contaminaba de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Rocchia Ferro ante la sospecha de que el Ingenio La Florida generó un daño ambiental grave. Desde la web oficial Fiscales.gob.ar indicaron que el empresario, que actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial de Tucumán, enfrenta varias causas por delitos ambientales.
La causa referida se inició en 2006, a raíz de una investigación preliminar del titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa jurisdicción, Antonio Gustavo Gómez. Si bien el imputado fue sobreseído, Casación revocó tal fallo y envió el caso nuevamente a instrucción para que continúe la pesquisa.
Si bien la defensa de Rocchia Ferro alegó que los residuos vertidos no son peligrosos, los camaristas no hicieron lugar al recurso de los abogados y confirmaron el procesamiento. "La contaminación particular impide disponer de uno de los factores determinantes de la salud: el medio ambiente sano", indicaron los jueces entre sus argumentos. Asimismo, de uno de los informes de especialistas en la materia que tuvo en cuenta la Justicia para confirmar el procesamiento se desprende: "La firma Compañía Azucarera Los Balcanes -Ingenio La Florida cumple con los requerimientos típicos del art. 55 de la Ley de fondo, al haber presuntamente lesionado los bienes jurídicos medio ambiente y salud pública, al poner en peligro a esta última mediante la contaminación del medio ambiente por el uso de residuos nocivos".

La zafra 2006, puntapié para la investigación
Gómez comenzó a investigar a La Florida a raíz de un informe de la Dirección de Medio Ambiente de Tucumán sobre la zafra que estaba en curso en agosto de 2006. Personal de Gendarmería reunió muestras del canal de descarga de efluentes del ingenio, tomó declaraciones en el CAPS  y de vecinos de la zona, que señalaron que de la planta salían"olores fuertes del canal de desagüe, cenizas y el hollín de las calderas".
Tras evaluar el material, la Dirección de Policía Científica de Química Ambiental consideró que esos desechos no podían ser liberados sin un previo tratamiento, ya que presentaban "niveles elevados de partículas en suspensión al medio ambiente, fuoreno, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, entre otros".
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Fiscalía pide anular probation de empresario contaminador



Solicitan revertir la suspensión de juicio a empresarios tucumanos por contaminación ambiental

Fecha de Publicación
: 07/10/2019
Fuente: Primera Fuente
Provincia/Región: Tucumán


Los responsables de una compañía azucarera y una destilería estaban procesados por el vuelco de vinaza en diversas fuentes de agua, en reiteradas ocasiones. Pese a la oposición del MPF, el Tribunal les otorgó la probation e impuso que asistan a capacitaciones y paguen una multa de doscientos mil pesos.
La titular de la Fiscalía General de Santiago del Estero, Indiana Garzón, interpuso un recurso de casación contra una resolución del Tribunal Oral Federal de esa provincia que dictó la suspensión de juicio a prueba a dos empresarios acusados por contaminación ambiental. La presentación solicita que se anule la decisión y se dicte una nueva resolución que rechace la probation y ordene la celebración del juicio oral y público.
En la justicia federal de Santiago del Estero y Tucumán tramitan distintas causas por contaminación ambiental vinculadas a la cuenca Salí-Dulce. En Santiago del Estero, los hechos por los que fueron imputados Jorge Rocchia Ferro y José Coronel motivaron el requerimiento de elevación a juicio por el delito de contaminación ambiental por dos hechos en concurso real, y en concurso formal con el de desobediencia judicial.
En esa jurisdicción se investigaron varios vuelcos de vinaza presuntamente efectuados por los imputados en desobediencia de una orden judicial sobre el canal de drenaje conocido como “canal del Este” en 2012 y 2013, cuyos efectos se propagaron desde la provincia de Tucumán hacia la población de El Palomar, en Santiago del Estero.
La causa se inició a raíz de la intervención de oficio de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, que al constatar los hechos formuló la denuncia penal a través de la Fiscalía de Estado provincial, que se constituyó como querellante.
Por su parte, en Tucumán se investigó en otra causa el vuelco de vinaza cuyos efectos se materializaron en territorio tucumano, como consecuencia de la actividad de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA Ingenio y Destilería La Florida, de propiedad y bajo gerencia de los imputados Rocchia Ferro y Coronel, respectivamente.

Antecedentes
En agosto de 2017, la defensa requirió al Tribunal santiagueño la acumulación de las causas tramitadas en Tucumán, algo que finalmente ocurrió a pesar de las objeciones de la Fiscalía Federal de Santiago, sin correr vista a su par de Tucumán ni al querellante particular. Mediante esta resolución, además, el TOF suspendió el debate oral y fijó fecha de audiencia para tratar la suspensión del juicio a prueba de las causas ya acumuladas.
Contra esta resolución, la dependencia del MPF en Santiago del Estero formuló un planteo de nulidad que fue rechazado, decisión a su vez impugnada mediante un recurso de casación. El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero rechazó este recurso en septiembre de 2017, y habilitó un recurso de queja que finalmente la Cámara Federal de Casación Penal terminó rechazando por razones formales. Por su parte, la fiscalía tucumana cuestionó de idéntica manera lo resuelto por el TOF de esa jurisdicción, interponiendo finalmente un recurso de queja ante Casación, lo cual fue rechazado por cuestiones formales.
En la primera audiencia de probation, la fiscalía dictaminó en oposición a la suspensión del juicio a prueba basándose en razones legales, constitucionales y de política criminal. Sin embargo, el Tribunal resolvió rechazar la petición de probation bajo el fundamento de falta de acuerdo entre los imputados y los representantes de las fiscalías de Estado de Santiago del Estero y Tucumán. En una segunda audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revocatoria con reserva del recurso de casación, por entender que los jueces omitieron resolver el pedido de rechazo de la renovación de suspensión a juicio a prueba. En esta oportunidad, se argumentó que el procedimiento de una nueva probation contradecía las normas procesales vigentes. Sin embargo, los jueces rechazaron el recurso y fijaron una nueva audiencia en la que hicieron lugar a la suspensión solicitada por la defensa de los imputados por el término de tres años, y dispusieron que realicen estudios de capacitación laboral en materia ambiental, seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a contaminación y dos charlas informativas al respecto. Además, los instó a cumplir con la realización de obras y entrega de lo comprometido con las provincias de Santiago del Estero y Tucumán; a cumplir el plan Vinaza Cero y pagar una multa de 200 mil pesos.

Daño intolerable y afectación a la salud y el ambiente
Para la fiscal Garzón, el tribunal incurrió en una errónea valoración de los hechos, de los antecedentes y constancias agregadas a la causa, e interpretó y aplicó erróneamente la ley sustantiva.
En su resolución, el tribunal había considerado que el dictamen fiscal no era fundamentado y que “en el caso de autos, además de no concretar claramente la posibilidad de una condena efectiva en un juicio oral y público, avanza sobre temáticas ajenas a la competencia funcional en su dictamen, como es la reparación del daño, pretendiendo expropiar el conflicto a las víctimas damnificadas”. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, la fiscalía sostuvo que, de ser enjuiciados y condenados, los imputados serían merecedores de una pena de cumplimiento efectivo. El Ministerio Público Fiscal también remarcó que, debido a la acumulación de las causas, en función de la pena que se puede solicitar, teniendo en cuenta los informes, el grado de contaminación y la gravedad del hecho, hay un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
El MPF  remarcó que por el grado de contaminación y la gravedad del hecho existía un disvalor apreciable y un daño intolerable para los bienes jurídicos tutelados salud y ambiente, sumado a la conducta infractora permanente de los acusados.
Para la fiscal, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales, conforme surge de los informes de la Dirección de Fiscalización Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Tucumán. “No hubo sanción administrativa, como pago de 26 multas, dos apercibimientos, seis causas judicializadas entre los años 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, clausuras preventivas ni inicio de juicios penales que lograran detener la acción contaminante de la empresa de Rocchia Ferro. La reiteración de hechos en puja con el derecho ambiental y la conducta desidiosa del imputado obligan a esta fiscalía a considerar una pretensión punitiva que necesariamente se apartará del máximo legal previsto para la suspensión del juicio a prueba”, agregó la fiscal.
Para la fiscal Indiana Garzón, todas estas conductas reiteradas en el tiempo ponen de manifiesto la temeridad en el accionar de los encausados, la falta de compromiso con el medio ambiente y el nulo respeto a los derechos de tercero y las mandas judiciales.

Sobre la representación de las víctimas y la reparación económica
La fiscalía efectuó también una serie de observaciones sobre la representación de las víctimas y su legitimación para ser consultadas respecto de la reparación ofrecida por los imputados. Garzón cuestionó que las representaciones gubernamentales de Santiago y Tucumán (Fiscalías de Estado) satisfagan suficientemente la representación de las víctimas de estos delitos y que por ello se equivoca el tribunal al pretender arrogarle valor dirimente al consentimiento de ambas dependencias en aras de posibilitar el acuerdo de probation. “A nuestro entender, el comportamiento disvalioso de los imputados pudo reiterarse en el tiempo gracias a la tolerancia negligente de los organismos de control tucumanos”, dijo en su recurso; diferenció en ese punto el accionar de los entes de la provincia de Santiago del Estero quienes impulsaron la acción penal desde el primer momento.
La fiscalía federal de Santiago del Estero incluso instruyó una denuncia penal contra quien fuera secretario de Medio Ambiente de Tucumán por su responsabilidad ante las reiteradas faltas de contralor en relación a los imputados. “Por lo tanto, un poder ejecutivo provincial, cuestionado penalmente por no controlar la contaminación ambiental de los aquí imputados no puede válidamente prestar su consentimiento a la suspensión de juicio a prueba, ya que más que víctima resulta prima facie co-responsable”, agregó en relación a la provincia de Tucumán.
Garzón destacó que las víctimas reales no fueron consultadas, y la única vez que manifestaron su voluntad fue en la línea de activar una investigación penal. “El tribunal desestimó un dictamen fiscal suficientemente fundado y lógico, otorgó valor dirimente al consentimiento prestado por las fiscalías de Estado y no analizó la razonabilidad de la reparación bajo el pretexto del acuerdo inter pares”, expuso. También hizo énfasis en que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa de los dos imputados, sino “la consecuencia necesaria de externalizar un costo de la producción de alcohol-bioetanol a terceros ajenos al proceso industrial”.
La Fiscalía remarcó que los hechos de contaminación dolosa no fueron resultado de “circunstancias exógenas difícilmente controlables” como sostuvo la defensa.
Para el Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados “tuvieron un incontrovertible móvil económico, y en ese sentido les resultó a los imputados muchísimo más barato volcar desechos de vinaza sobre canales que ingresaban a la provincia de Santiago Del Estero que invertir en tratamiento saneador de dichos desechos”.
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Etnoleras al borde de la quiebra



Se agrava la crisis de empresas de etanol de maíz: “Estamos en situación de quebranto”

Fecha de Publicación
: 30/09/2019
Fuente: InfoCampo
Provincia/Región: Nacional


Piden la intervención de la Secretaría de Energía ante los "abusos de posición dominante" por parte de las petroleras.
La situación de las empresas de biocombustibles se agravó en las últimas semanas, luego de los últimos cambios macroeconómicos post PASO, como la suba del dólar y el congelamiento del precio de los combustibles. A eso se sumó que, pese a que anunció un aumento, el Gobierno cambió la fórmula para calcular el precio del biodiesel, y sumó un subsidio para frenar reclamos.
Ahora, las productoras de etanol de maíz aseguran que comenzaron a percibir apenas US$ 0,40 por cada litro de alcohol, el valor mínimo desde que inició en 2012 la producción de la primera planta. Para referenciar, tomaron como indicador al FOB Santos, de Brasil, que actualmente se ubica en US$ 0,49.
“Nos encontramos en un momento de extrema fragilidad por una sumatoria de variables y decisiones que mutilaron nuestro vigoroso crecimiento en el interior productivo del país, y que había nacido bajo la anhelada fórmula de agregar valor a la materia prima en origen. Hoy, ese desarrollo está en serio riesgo si no hay una corrección inmediata”, advirtió la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen.
Esa industria convierte en alcohol el grano de maíz para luego mezclarlo con las naftas, de tal forma que el 12% de cada litro de combustible se produce en las plantas de Córdoba (Río Cuarto, Villa María y Alejandro Roca), Santa Fe (Avellaneda), San Luis (Villa Mercedes) y Santiago del Estero, que consumen entre todas 1,5 millón de toneladas del cereal con el que aportan el 50% del corte de etanol en la Argentina.
Actualmente, la rentabilidad se complicó por la decisión de la Secretaría de Energía de la Nación de eliminar la fórmula que reaccionaba a los cambios de las variables y arrojaba un valor final para el precio del etanol que las petroleras debían pagar a la industria.
“Eso abrió un escenario de precios distorsionados y arbitrarios para las productoras de etanol mientras que comenzó a trasladar mayores beneficios a las petroleras”, dispararon desde la entidad que nuclea a las empresas.
Y aseguraron que las petroleras “no trasladaron al precio que pagan por el etanol ninguna de las mejoras que recibieron por parte del Gobierno Nacional, como los últimos incrementos que les fueron autorizados y que se reflejan en los surtidores”.
Según datos oficiales, el sector emplea a 2.000 personas, entre puestos de trabajo directo e indirectos que “hoy están en peligro”, aseguran.
Por eso, le reclaman al Gobierno “garantizar la continuidad” del sector,  con una “decidida intervención” de la Secretaría de Energía para “evitar abusos de posición dominante de otros eslabones que perjudican seriamente la viabilidad” de las firmas.
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La Bolsa de Valores ahora también es "verde"

La Bolsa de Valores lanzará bonos sustentables para la mejora ambiental y social

Fecha de Publicación
: 24/09/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Con un leve atraso con respecto a la región, finalmente la Bolsa de Valores de Argentina lanza el primer panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables. Estará integrado por Valores Negociables que apunten a contribuir con la mejora del medio ambiente y/o con problemáticas sociales.
Los emisores de este tipo de bonos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de listad o y, adicionalmente, con aquellos exigidos en el Reglamento de Panel de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.
Los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de proyectos verdes elegibles como energías renovables, conservación de la biodiversidad, entre otros, o categorías sociales elegibles como infraestructura básica asequible (agua potable, alcantarillado, saneamiento), acceso a servicios esenciales (salud, asistencia sanitaria, financiación y servicios financieros) y generación de empleo. Los bonos sustentables son una combinación de ambos.
Los emisores deberán contar con una “revisión externa”, a fin de proporcionar credibilidad y da certeza a los inversionistas sobre los impactos ambientales y/o sociales de los proyectos. Además, será necesario que los emisores desarrollen informes con cierta periodicidad relacionados con el uso de los fondos y/o con el grado de cumplimiento de los beneficios planteados.
Al respecto, el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Ernesto Allaria, explicó: “Este panel está en línea con iniciativas de las bolsas de valores más desarrolladas del mundo, los lineamientos de la Comisión Nacional de Valores y estándares internacionales. Su fin es promover las finanzas verdes y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Cómo se negocian
La negociación de este instrumento se realizará en los sistemas de negociación existentes para los respectivos valores negociables. En la web de BYMA estará disponible toda la información relacionada a la emisión del bono, los reportes y el seguimiento.
Finalmente, Allaria, agregó: “En diciembre pasado lanzamos nuestro panel de Gobierno Corporativo y un Índice de Sustentabilidad enfocado en acciones, ahora creamos el primer producto sostenible para renta fija, lo cual nos permite ampliar el alcance de este compromiso en forma exponencial”.
La Social Bond Principles (SBP) entiende por Bonos Sociales cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente a financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sean nuevos y/o existentes; y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP.
Dichos proyectos sociales tienen por objetivo ayudar a abordar o mitigar un determinado problema social y/o conseguir resultados sociales positivos en especial, pero no exclusivamente, para un determinado grupo de la población.
Por su parte, la Green Bond Principles (GBP) define los Bonos Verdes como cualquier tipo de bono en el que los fondos se aplicarán exclusivamente para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, nuevos o existentes y que se encuentren en línea con los cuatro componentes principales de los GBP.
La Climate Bonds Initiative define a los bonos verdes como aquellos bonos donde el uso de los recursos es segregado para financiar nuevos proyectos y también refinanciar existentes con beneficios ambientales.
Consultados sobre cómo se eligen las métricas para informar sobre el impacto ambiental o la eficiencia de los proyectos y quién está a cargo de esta elección, voceros de la BYMA aclararon que para ayudar a las métricas armonizadas entre los emisores de Green Bond, el Grupo de trabajo de informes de impacto de los Principios de Green Bond ofreció sugerencias sobre las mejores prácticas en las métricas de informes de impacto para ciertas categorías elegibles del Proyecto Green Bond.
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Industria del etanol con un 20% de capacidad ociosa

Estiman que hay un 20% de capacidad ociosa en la industria argentina del etanol

Fecha de Publicación
: 23/09/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional


El dato surge de un informe especial de la Bolsa rosarina. En el sector proponen aumentar el corte de la nafta con el biocombustible
Se proyecta que la producción argentina de etanol va a terminar el 2019 con unos 1.100 millones de litros, una cifra similar a la del año pasado. El problema es que en las plantas que procesan el maíz y la caña de azúcar hay un 20% de capacidad instalada que está ociosa y que podría aprovecharse -plantean desde el sector- con un aumento en el corte de la nafta con el biocombustible.
“La experiencia de otros países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, donde el corte obligatorio para la nafta llega al 27%, indica que esta participación no compromete el buen funcionamiento de los automóviles. El caso brasileño es especialmente pertinente al sector de bioetanol argentino ya que ambos países tienen una flota automovilística muy similar con fabricación conjunta de numerosos modelos de autos”, señala un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que escribió Desiré Sigaudo.
En la Argentina se impuso desde 2010 un corte obligatorio de etanol en la nafta del 5% (E5). En enero de 2014 la mezcla exigida aumentó al 9% y en febrero se elevó el corte al 10%. Dos años después, en 2016, el requerimiento de mezcla de etanol en naftas fue elevado al 12% (E12), y se mantiene en ese porcentaje desde entonces. “La ley determina, además, que la participación de etanol de maíz y etanol de azúcar en el total deberá mantenerse en proporciones idénticas”, precisa el informe.
El aumento de la capacidad ociosa se explica por la incorporación de cinco refinerías que incrementaron en un 16,7% la capacidad instalada nacional pero cuya habilitación no estuvo acompañada de un incentivo de demanda para el bioetanol.
Las posibilidades de orientar este mayor volumen de etanol hacia el mercado externo son escasas en el corto plazo ya que el mercado estadounidense permanece cerrado y la Unión Europea continúa limitando la entrada del bioetanol por volumen y precio.
Las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, agrupadas en la “Liga de provincias bioenergéticas”, vienen promoviendo la producción, uso y comercialización de etanol y biodiésel. Los reclamos apuntan a aprovechar de manera más eficiente los bienes de capital instalados en el país al mismo tiempo que se mejora la sustentabilidad del transporte en Argentina. “Sin embargo, la posición del Estado Nacional de cara a la expiración del régimen promocional de biocombustibles en 2021 se orienta a flexibilizar y liberalizar este mercado, dada su imposibilidad de continuar apoyando al sector en el contexto de lograr el déficit cero”, advierte la Bolsa rosarina.
En caso de incrementarse el corte E12 en naftas manteniendo la relación 50-50 para la caña de azúcar y el maíz, la Argentina deberá aumentar su producción azucarera. Actualmente, el país es capaz de autoabastecer su demanda interna de azúcar, exportar azúcar y producir bioetanol para uso como combustible y en industrias. Si el corte obligatorio subiera, la producción de caña de azúcar debería aumentar tanto en área sembrada como en rendimientos para poder hacer frente a una mayor demanda del cultivo para combustibles.
“El caso en el mercado del maíz es sustancialmente diferente ya que Argentina es el cuarto productor mundial cereal y actualmente sólo el 3% de la cosecha se destina a la industria del etanol, por lo que bastaría con reasignar una mayor proporción del producto a esta industria”, concluye el informe.
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Juicio por derrame en Veladero sin acusados de la empresa



A cuatro años del derrame de la mina Veladero, cinco ex funcionarios nacionales irán a juicio oral

Fecha de Publicación
: 18/09/2019
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional - San Juan


Ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio.
 Cinco ex funcionarios nacionales, entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, irán a juicio oral mientras ningún empleado de la empresa está procesado y las aguas de los ríos continúan con altos niveles de mercurio a cuatro años del derrame de un millón setenta y dos mil litros de solución cianurada de la mina Veladero (San Juan) de la empresa Barrick Gold, recordaron hoy asambleístas ambientales que mantienen una protesta en el municipio de Jáchal.
"Cuando nos enteramos del derrame varios vecinos y vecinas estábamos organizados desde hacía unos meses a raíz del peligro de la instalación de una mina de Uranio", recordó a Télam Domingo Jofré, integrante de la Asamblea Jachal no se Toca, una ciudad situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, ubicado en el Departamento de Iglesia.
Y, continuó: "Fuimos nosotros quienes dijimos al resto: cerremos el agua, hagamos análisis, veamos cómo está la planta potabilizadora, etc.".
Domingo Jofré es uno de los manifestantes que acampa desde hace 1.400 días frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Según consta en el expediente judicial entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015 "se produjo la rotura de una de las válvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviación) lo que ocasionó el derrame un millón setenta y dos millitros de solución cianurada (...) hacia el río Potrerillos hasta llegar al río Jáchal".
Tras idas y vueltas, en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y de la empresa, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales.
En el plano federal, el juez Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral (causa 10049/15) a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En junio de 2018, Casanello ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame.
"La justicia federal realizó una gran investigación, aceptó a la Asamblea de Jachal como querellante, contrató un perito internacional que constató los daños y está llevando a juicio oral a las máximas autoridades ambientales, será un juicio histórico", señaló Enrique Viale, abogado de la Asamblea, e informó que si bien ya está asignado el tribunal, no hay fecha fijada para el inicio del juicio.
Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, pero no imputó a ningún funcionario provincial.
A dos años y medio del derrame, tras la renuncia de Oritja al cargo de juez de la Segunda Circunscripción, la causa quedó en manos del Juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, mientras que Sohar Alfredo Aballay asumió como fiscal.
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Pese a alguna medida, las plantas de biodiésel siguen frenaas



Subieron el precio de venta del biodiésel, pero las plantas siguen paralizadas

Fecha de Publicación
: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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El agua de Mar del Plata muy contaminada

Petróleo, bacterias fecales y pescado podrido en el agua de Mar del Plata: la contaminación que investiga la Justicia

Fecha de Publicación
: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires


La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de  Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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Argentina con buenos vientos a futuro para el mercado eólico



Según un informe internacional Argentina será un mercado eólico líder en la región

Fecha de Publicación
: 13/09/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


La Argentina se convertirá en los próximos años en un "mercado eólico líder de América Latina" si logra superar los desafíos vinculados a la búsqueda de nuevas fuentes de capital, aumentar su infraestructura de transmisión eléctrica, indicó hoy un informe del Consejo Mundial de Energía Eólica (Gwec).
Además, señaló que Argentina debe continuar las actuales políticas de energías renovables y resolver la competencia inversora del desarrollo del gas de Vaca Muerta.
Así lo planteó la entidad en un informe sobre el desarrollo sectorial de la Argentina, en un contexto en el que advierte "una volatilidad que históricamente ha arruinado su crecimiento económico" pero con la expectativa de que "cualquier nueva administración sea pro-eólica".
"La alta inflación y la débil situación fiscal del Estado afectaron la confianza de los inversores, dificultaron el cierre financiero de los proyectos y frenaron la rápida expansión del sector de las energías renovables" es el análisis que la realizó la mayor entidad de la industria eólica.
Como parte de las dificultades, el informe también destacó que Argentina necesita "aumentar sus inversiones en infraestructura de red, un cuello de botella clave que impide un mayor progreso de la energía eólica como una fuente de electricidad sostenible y competitiva en costos para el país".
También los desafíos económicos incluyeron, según el reporte, "la salud financiera de las empresas de servicios públicos, que pueden ocasionar demoras en la ejecución de los proyectos, ya que los acuerdos de adquisición y los acuerdos de compra de energía (PPA) no se pueden finalizar".
Sobre la inminencia de las elecciones de octubre la entidad destacó que con el éxito de los recientes programas de subastas de energía eólica y el apoyo a las energías renovables "en todo el espectro político", la expectativa es que "el resultado de las elecciones no alterará el camino de Argentina para convertirse en un mercado eólico líder en América Latina".
"GWEC espera que el impacto en el sector eólico sea limitado, ya que es probable que cualquier nueva administración sea pro-eólica y renovables", afirmó el informe.
El Consejo analizó el renovado énfasis en las discusiones de políticas sobre el potencial de exportación y generación de ingresos de las grandes reservas de gas en el complejo Vaca Muerta y su interacción con las necesidades que demanda el desarrollo de la energía eólica y renovables.
"Si no se cumplen las expectativas sobre los precios de exportación y el crecimiento de la demanda (global) de gas se desacelera, Vaca Muerta podría terminar siendo una decepción costosa", advirtió.
Y, señaló que los riesgos de que "el gobierno termine dando prioridad al gas para la producción de energía doméstica" podría terminar afectando a la economía argentina con "una opción más costosa para la demanda de energía y canalizando inversiones de infraestructura muy necesarias en el gas en lugar de la transmisión de energía".
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Nación está matando la industria del biodiésel



Nación prioriza a petroleras y sentencia al sector biodiésel

Fecha de Publicación
: 12/09/2019
Fuente: El Ciudadano Web
Provincia/Región: Nacional


El congelamiento de combustibles compromete a la industria con valor agregado y pone en riesgo 60 mil empleos en el país. Desde el sector denuncian que grandes cerealeras violan la ley acaparando el mercado interno
El sector del biodiésel llegará al final del mandato de Cambiemos habiendo padecido cada una de las decisiones en materia de política económica y energética. Tras el conflicto por la fórmula impuesta para el precio de venta de biocombustibles, desde el sector se vieron obligados a paralizar su producción a raíz del congelamiento impuesto tras las Paso y además denuncian que su mercado está siendo acaparado por grandes exportadoras, que abastecen a grandes petroleras, una maniobra prohibida por ley.
Una actividad que alberga a 4.500 empleados de forma directa en Santa Fe, y a 60.000 en 54 plantas productoras de 10 provincias del país, se ve al borde del colapso producto de las decisiones del ministro de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui. “Destrozó una industria generada con mucho esfuerzo”, apuntaron desde el sector perjudicado.
Hace más de tres semanas que la industria del biodiésel  se encuentra paralizada. El congelamiento de los combustibles, dispuesto luego de las Paso, incluyó a este sector, caracterizado por el agregado de valor y generación de empleo en su elaboración. Efectivamente se les impuso no aumentar su precio de venta, de por sí ya fijado con arbitrariedad por Lopetegui, sin importar que su producción requiera de insumos dolarizados.
Por otra parte manifestaron, incluso en reuniones con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que en Santa Fe se está vulnerando la ley de combustibles 26.093. La misma estipula que en el mercado interno, solo las pymes que industrializan biodiésel pueden abastecer a las petroleras. Denuncian el incumplimiento, ya que mientras las plantas se encuentran paralizadas, grandes cerealeras (que solo pueden exportar) están abasteciendo a las petroleras.

Congelamiento de la actividad
Federico Pucciarello es referente de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) y titular de Rosario Bioenergy. En diálogo con El Ciudadano, analizó: “La situación en el sector hoy es realmente devastadora, están todas las plantas paradas hace 20 días, sin previsibilidad de arranque”. De acuerdo a los números solo de agosto, por planta perdieron entre 70 y 80 millones de pesos.
Estas cifras son, no solo producto del irrisorio precio de venta que les impusieron desde la secretaría de Energía de la Nación, sino también por la pérdida que les ocasionó la devaluación pos Paso. Por estos días están cobrar lo entregado entre julio y agosto con un dólar a 44 pesos.
“Desde que vino Lopetegui a la cartera, dejó sin efecto la fórmula, puso un precio a ojo, siempre en favor de la petrolera”, explicó Pucciarello. A esto, se le sumó la decisión del gobierno nacional de congelar los combustibles. A partir de ahí las petroleras pasaron a tener dos tercios de su negocio “descongelado”.
Esto se explica a partir de que el gas (insumo necesario para el combustible) quedó liberado al precio del mercado
Por su parte, el biocombustible no corrió la misma suerte y el precio de venta quedó congelado, sin importar su dependencia directa con la evolución del precio de las conmodities para su elaboración. En ese sentido, el titular de Rosario Bioenergy aseguró: “Nosotros lo que no queremos es echar gente, un paro general de petroleras o 60 mil personas en la calle”.

Transferencia de recursos
Desde el sector biodiésel, sostienen que las decisiones tomadas por la cartera energética, mantienen una lógica constantemente favorable al sector más concentrado de la cadena. “Toda esta transferencia de recursos va a las petoleras”, sentenció Pucciarello.
“Esto es ideológico y personal, el señor Lopetegui destrozó una industria generada con mucho esfuerzo durante más de quince años, acá hay un intencionalidad clara de fundir a las pyme de biocombustibles”, agregó.
Mientras las plantas locales intentan sobrevivir, desde Energía a nivel nacional, la preocupación pasa por abastecer a las petroleras. En medio del conflicto, productores pymes aseguran que se les permitió a las grandes exportadoras de biodiésel vender a un precio por encima del estipulado para las pequeñas. “Hoy Vicentín o Cargill venden a YPF  a 39.000 pesos la tonelada mientras pretenden que nosotros la vendamos a 31.500”, detalló el referente del sector.
La denuncia tiene que ver con una clara violación a la ley 26.903 de combustibles. La norma de comercialización vigente establece que las pequeñas acaparen el mercado interno y las multinacionales se orienten al mercado exportador. Pero Pucciarello aseguró que desde la cartera que conduce Lopetegui, se le dio un permiso especial a las petroleras para comprar el producto final a grandes cerealeras, incluso “muy por encima del precio al que pueden vender las pymes”.

Números en la provincia
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, sigue de cerca el conflicto y forma parte de la negociación entre el sector local y referentes de la cartera nacional. Aseguró a este diario que entre puestos directos e indirectos, la industria del biodiésel sostiene un total de 4.500 empleos en Santa Fe.
“Son empresas que están paralizadas por esta situación y que además dependen de un sistema financiero con una tasa al 84% de interés, con bancos que ven que las empresas están sin precios y sin cupo de venta, no se arriesgan a seguir sosteniendo créditos”, aseguró.
En relación a la posición tomada por la cartera conducida por Lopetegui, Geese consideró: “Todo indica que odian a las pymes, no hay otra interpretación posible, hay intención de favorecer a otro sector de la cadena, si se prioriza la concentración en pocas manos, para los más pequeños es una sentencia de muerte”.
En relación a una posible resolución del conflicto, sostuvo: “Cualquier medida que se tome ahora y que no cubra los costos operativos no es ningún paliativo, es seguir acelerando la muerte de las empresas”. De hecho, junto con las pyme sostiene que una solución parcial puede llegar sin necesidad de subsidios o de inyección de dinero por parte del gobierno nacional.
“Hoy las petroleras están convalidando un precio mayor a los 31.500 pesos (por tonelada), que tiene regulado el sector pyme del biodiésel, lo que hay que hacer es tomar la decisión política de que la renta vaya al sector que le corresponde”, finalizó.
Más allá de instancias de negociación que se llevan adelante por estos días entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y referentes del sector de biocombustibles, la gravedad de la situación parece haber alcanzado un grado difícil de revertir. Mientras la relación con Lopetegui parece haberse quebrado, aguardan por alguna respuesta que desactive la problemática.

Maniobra judicializable
La secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, advirtió que “no existe ninguna resolución por parte de Nación” para permitir la venta de biocombustibles de grandes cerealeras a petroleras del mercado interno. “Si llegara a haber una autorización se estaría incumpliendo la ley y estaríamos dispuestos a ser querellantes de la situación, porque eso es algo totalmente ilegal que se posibilite esa situación”, sentenció.
Agregó que si se detecta que las grandes cerealeras están abasteciendo a petroleras del mercado interno “estarían yendo en contra de la ley”. Por eso mismo, y a pesar que desde Nación dicen desconocer esta situación, desde la cartera energética santafesina se mantienen en alerta, ya que consideran, “todas las decisiones que se toman a nivel nacional son siempre en contra de las pymes”.
Geese explicó que, de darse esta situación que vulnera la ley, “las petroleras que estén comprando (a grandes cerealeras) también se exponen a una acción legal, y si eso es con el aval de nación, estamos hablando de algo flagrantemente ilegal”.
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Finalmente le otorgan probation a empresario contaminador

Otorgan probation a Rocchia Ferro en causa por contaminación de un pueblo

Fecha de Publicación
: 05/09/2019
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Santiago del Estero


El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba (probation) que se seguía al industrial tucumano Jorge Rocchia Ferro y a José Ramón Coronel, dueño y gerente del ingenio y destilería La Florida. Ambos están acusados por el vuelco de millones de litros de vinaza, entre fines de 2012 y principios de 2013, que inundaron El Palomar, una pequeña localidad del departamento Jiménez.
Por entonces, la planta industrial descargó el efluente industrial a través de un canal interprovincial que une La Florida (Tucumán) con Jiménez (Santiago del Estero).
El cuerpo tomó esta decisión a instancias de las víctimas que aceptaron la reparación económica de unos 28,5 millones de pesos aproximadamente que hizo el empresario, y que consideraron importante. Las víctimas estuvieron representadas por las querellas: Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (asistieron los abogados Marcelo Acuña y José Pérez Neme); la Fiscalía de Estado de Tucumán -se acumuló a este expediente una causa que tenía Rocchia Ferro en esa provincia- (representada por Mario Fabián Nahas); y Oscar Sarrulle, excamarista federal tucumano que vive en El Palomar y que fue querellante particular en representación de los vecinos.
Por su parte, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general federal Indiana Garzón, asistida por el Dr. Pablo Álvarez, quien tras una extensa argumentación, expresó su rechazo a la probation y adelantó que recurrirá la sentencia ante Casación.
El ofrecimiento de Rocchia Ferro a través de su abogado Arnaldo Ahumada, para reparar el daño causado, incluye la compra de vehículos y embarcaciones para las dos provincias, el montaje de un laboratorio de última generación para el control de calidad de aguas en Santiago del Estero.
En el caso de El Palomar, el industrial se comprometió en un término de 12 meses a ejecutar un plan de obras que incluye: albergue para docentes, un puente peatonal para cruzar el canal interprovincial y llegar a la escuela, la construcción de una tapa para un pozo ciego que hay en el establecimiento, de un salón techado para juegos infantiles de los alumnos, el alambrado perimetral y un portón de ingreso para la escuela; también la construcción de un pozo de más de 130 metros de profundidad y sistema eléctrico de bombeo para obtener agua potable y las obras de red (éstas últimas planteadas por Sarrulle). También ofrece 20 becas para estudiantes de El Palomar para que estudien en la Universidad San Pablo en Tucumán.
La resolución del TOF que estuvo integrado por Abelardo Basbús, Federico Bothamley y Juan Carlos Reynaga respetó el “deseo de las víctimas”, de aceptar el ofrecimiento de reparación del daño que de una propuesta original de $18 millones, se pasó a $ 27 millones el año pasado y luego a más de $28,5 millones teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la Fiscalía de Estado (que a su vez trasladó planteos de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría del Agua).
Fuentes judiciales indicaron que la resolución tomó en cuenta las corrientes actuales del Derecho Penal que tienden a reforzar el papel de las víctimas, a quienes se escuchó en este caso.
La suspensión del juicio a prueba es por tres años y dispone una serie de conductas que deberán cumplir Rocchia Ferro y Coronel: fijar residencia; realizar estudios o prácticas necesarias para su capacitación laboral y profesional en materia ambiental, realizar a posterior seminarios en la Universidad San Pablo de Tucumán referidos a la contaminación y sus implicancias y dos charlas informativas respecto de la problemática de la contaminación ambiental y sus posibles soluciones en la Escuela de la localidad El Palomar, que deberán ser acreditadas por el juez de Ejecución Penal, en este caso Abelardo Basbús.
Los acusados también deberán comprometerse a llevar a cabo el plan vinaza cero, acreditando de manera periódica su cumplimiento.
También se emplazó a Rocchia Ferro y Coronel para que cumplan en el término de 30 días con la compra de bienes ofrecidos a las víctimas, y en el plazo de 12 meses, con las obras comprometidas. Además, el TOF resolvió que se haga efectivo el embargo de $ 200 mil que pesaba sobre ambos.
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Alerta sobre la situación de lo empresas de biocombustibles



Biocombustibles: alertan que tras el congelamiento de precios hay 60.000 empleos en riesgo

Fecha de Publicación
: 03/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) alertó que en el sector productor de biocombustibles, que tiene su mayor producción en esa provincia, están en riesgo 60.000 empleos directos.
La advertencia es por el congelamiento de precios que, igual que las naftas y el gasoil, también afecta a esta actividad. Ayer, en referencia al biodiésel, que se usa en la mezcla al 10% con el gasoil, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) había señalado que las firmas están paralizadas y le apuntó a la extensión a los precios de los biocombustibles del congelamiento dispuesto por 90 días por el Gobierno para las naftas y el gasoil.
"Los pequeños y medianos productores de biodiésel nos vemos afectados una vez más por las decisiones arbitrarias, discriminatorias, unilaterales e intempestivas del gobierno nacional: la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los precios del gasoil y las naftas nos deja sin recursos para mantener nuestra producción y pone en riesgo miles de puestos de trabajo. Hoy, todo el sector del biodiésel para el mercado interno está paralizado", dijo Cepreb.
En este contexto, Fisfe indicó que "todas las industrias del sector en la Argentina, en su mayoría pymes, hoy están trabajando a pérdida".
Además, precisó que "hay 60.000 empleos directos en riesgo" en la actividad. "Son 54 plantas de biocombustibles, de las cuales 19 plantas son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe", afirmó Fisfe.
Los industriales venían reclamando porque el Gobierno modificó tres veces las fórmulas de cálculo para el precio de los biocombustibles, dejando valores por debajo de los costos. Ahora se suma el reclamo por el congelamiento de precios.
"Las empresas quieren acompañar este triste momento económico que vive el país, pero para ello necesitan poder trabajar y dar empleo, aún sin renta alguna. En este momento, por las variables de la macroeconomía, ninguna tiene más resto. Y de no mediar medidas urgentes, la situación se hará más complicada aún", indicó Fisfe.
Para esa cámara, si para el jueves próximo no hay alguna medida o solución ante la crisis "se paralizará por completo la actividad".
Vale recordar que el sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006, que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno.
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Pedido a Diputados por la ley nacional de gestión de envases



Envases: en busca de la responsabilidad del productor

Fecha de Publicación
: 29/08/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Nacional


Diecisiete organizaciones reclaman a la Cámara de Diputados que se avance en el tratamiento de una ley nacional de gestión de envases.
Su objetivo: que las marcas se hagan cargo de los residuos de sus propios productos.
De una bolsa de residuos domiciliarios, en promedio, el 60% son envases. Bebidas, artículos de limpieza, envases y más envases. Las botellas de un sólo uso, elaboradas con plástico PET, son las predominantes entre ellos. Hoy no existe una ley en el país que regule su tratamiento. Una vez cumplido su uso, pasan a ser basura y su gestión queda librada a los circuitos locales de recolección y reciclaje. Frente a ello, 17 organizaciones presentaron una carta ante la Cámara de Diputados argumentando la necesidad de contar con una normativa que garantice su necesaria gestión.
“El debate que se ha dado históricamente sobre la gestión de envases se centra en definir quién va a ser el productor responsable por ese residuo que se genera”, explica Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, una de las organizaciones firmantes, y subraya: “Al definir una red, cuando todos son responsables, no hay nadie responsable”.
El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases y Envases Post Consumo, bajo autoría de la diputada María Emilia Soria, se basa en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP). Es decir, que quien introduce un producto envasado al mercado, considere entre sus costos el residuo que genera. El espíritu del principio es preventivo: generar menos residuos. Presentado el año pasado, el proyecto aún espera y por ello las organizaciones han realizado el pedido de convocatoria a una reunión conjunta para acelerar el debate sobre éste y otro proyecto vinculado a la misma temática, presentado por el diputado Facundo Moyano, con especial foco en la inclusión social.
Bilbao diferencia que, bajo ese principio, el proyecto de Soria identifica al envasador como el responsable de la red: “Es importante desde el punto de vista del impacto en el ambiente, porque el envasador es el que determina toda la cadena. Hay un montón de características que hoy la empresa las define por marketing. Si tuvieran internalizado el costo de lo que es el residuo, van a cambiar su diseño para que sus productos puedan ser reciclados más fácilmente y para generar menos basura”. Según las organizaciones, “hoy el peso económico de la gestión lo afrontan los municipios, comprometiendo entre el 5 y 25% del presupuesto local”.
La lentitud en el tratamiento de proyectos de ley vinculados a cuestiones ambientales no es excluyente a este tema. Según un análisis del Círculo de Políticas Ambientales, “una cantidad significativa de proyectos de ley relativos a la cuestión ambiental (biodiversidad, contaminación, energía y cambio climático, entre otros) no avanza en el trámite parlamentario por diversas cuestiones”. Conforme el reporte, algunos proyectos llevan más de 20 años siendo presentados una y otra vez por distintos legisladores, y no terminan convirtiéndose en normas. Tal es el caso de la gestión de envases. Incluso, algunas de las leyes sancionadas en pos del cuidado del ambiente tienen luego un mínimo de cumplimiento. Pese a ello, Bilbao se muestra optimista respecto de la necesidad de avanzar en una agenda ambiental legislativa: “Las leyes son la única manera de garantizar algún tipo de régimen a futuro. Como sociedad civil, tenemos que seguir los temas para que se cumplan. La única manera de que se puedan instalar políticas públicas, especialmente en estos temas, es a través de leyes”.
Con fecha 6 de agosto pasado, la carta estuvo dirigida al diputado nacional Alejandro Echegaray, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara. Las organizaciones firmantes fueron Fundación Vida Silvestre, Surfrider Foundation Argentina, Fundación FRAAM, Refugio del Sudoeste, AquaMarina, Aves Argentinas, Jardín Botánico Bahía Blanca, Asociación Naturalistas Geselinos, Global Penguin Society, Fundacion Temaikén, Fundación Cambio Democrático, Museo de Ciencias, Instituto de Conservación de Ballenas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, WCS, Fundación Patagonia Natural y Círculo de Políticas Ambientales.
Los envases representan aproximadamente el 30% de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Garantizar su correcta gestión, bajo una responsabilidad extendida al productor, permitirá contribuir al desarrollo de una economía circular en la que los artículos vuelven a adquirir valor en los procesos, se reduce la cantidad de residuos y se privilegia el cuidado del ambiente.
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Cinco años más de emergencia para el Riachuelo

Extendieron la emergencia del Riachuelo

Fecha de Publicación
: 26/08/2019
Fuente: ADN
Provincia/Región: Riachuelo


La Legislatura porteña aprobó por 36 votos afirmativos y 11 abstenciones una ley por la cual se extendió por cinco años la emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo, a fin de poder continuar con las tareas de saneamiento y de relocalización de los vecinos.
Durante la sesión ordinaria de este jueves la Legislatura porteña sancionó una norma que establece la extensión por cinco años de la Emergencia Social, Urbanística, Ambiental y Sanitaria sobre la Cuenca Matanza Riachuelo a fin de “asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano presente y de las generaciones futuras”.
Además esta normativa contempla que durante el período de la extensión de la emergencia, representantes del Poder Ejecutivo informen anualmente las acciones implementadas y avances sobre el saneamiento de la Cuenca y la relocalización de personas de zonas aledañas, entre otros puntos.
Es que esta es la segunda vez que se amplía ese plazo, dado que la aprobación inicial en 2011 contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, pero en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más que caducará en septiembre, por lo que se planteó una nueva extensión hasta 2024.
En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “el proceso de relocalización de las familias que habitan el Camino de Sirga no ha concluido; en consecuencia, el Paseo Lineal Ribereño muestra un avance del 91%, restando la construcción del 9%, para uso y goce de todos los vecinos de nuestra Ciudad. Además, se mantiene en condiciones de limpieza todo el margen izquierdo del río desde Puente de La Noria a Cuatro Bocas”.
Asimismo remarcaron que “se encuentran en plena ejecución los tres componentes del denominado Sistema Riachuelo, que finalizado significará una enorme diferencia en la calidad del agua de la Cuenca, cuya fecha estimada de culminación está prevista para el año 2023”.
La diputada Laura Marrone (ID) fundamentó la abstención de su bloque, entre otras cosas, porque “no se recibió ningún informe y se pidió la prórroga. Tenemos información preocupante de falta de respuesta a pedidos de relocalización de vecinos. La misma debería haber terminado y según informó ACUMAR en el 2018 faltaban 900 familias todavía”.
Mientras que el diputado Gabriel Solano dijo: “El mundo está conmocionado por lo que está pasando en el Amazonas y se trata este proyecto que no podemos acompañar de ninguna manera. Cuando leemos el articulado se nos está pidiendo un encubrimiento porque se suspende la reunión informativa de octubre. Es decir que no se cumplió lo que se debía hacer y tampoco hay rendición de cuentas”.
La diputada María Rosa Muiños (Bloque Peronista) opinó: “Nosotros queremos que se vote aparte la cláusula transitoria porque entendemos que la emergencia continúa pero consideramos que es contradictorio que el Ejecutivo no venga en octubre a dar el informe establecido por ley y se pase para abril de 2020”.
Respondiendo a las críticas la diputada Mercedes de las Casas (VJ) explicó que se decidió incluir la cláusula transitoria para que no se reitere el informe del Ejecutivo dos veces con meses de diferencia.
También chicaneó a los legisladores de la oposición recomendándoles que asistan a los informes que anualmente brinda el Ejecutivo “porque claramente no lo han hecho” y añadió: “Pedimos esta prórroga para terminar las obras y acompañar el reacomodamiento de la Cuenca para terminar de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.
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Jornada sobre bioeconomía y soluciones sostenibles

Bergman participó de una jornada sobre bioeconomía y soluciones sostenibles

Fecha de Publicación
: 17/08/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


El evento, organizado por la cartera nacional de Educación y la Fundación Sustentarte, se centró en el bambú como opción innovadora y sustentable para múltiples aplicaciones.
El secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, formó parte del panel de apertura de la jornada “El bambú: una alternativa natural para soluciones sostenibles”, junto a Lino Barañao, su par de Ciencia, Tecnologia e Innovación Productiva y autoridades de Agroindustria.
En la apertura, Bergman se refirió a este nuevo concepto económico: “Nuestra madre Tierra está impregnada de una sabiduría ancestral que hemos minado. La bioeconomía impulsa volver al movimiento circular y cíclico de la naturaleza”. Y continuó, en relación al innovador insumo: “Esperamos que el bambú se transforme en un estándar, para que el Estado pueda regular y a la vez dar incentivos”. Finalmente agregó: “A nosotros, desde la Secretaría a mi cargo, nos toca articular el ambiente con el desarrollo sostenible, creo que ambas dimensiones se vinculan con este insumo”.
A lo largo de la jornada, referentes nacionales e internacionales en la temática expusieron sobre economía del bambú y creación de empleo; un modelo alternativo para la industria alimentaria mediante este elemento; su relación con la industria del papel y en el sector energético brasileño; las fibras de bambú para la fabricación de materiales; el aprovechamiento de la biomasa en el sector energético; ingeniería, arquitectura y diseño sostenible y la utilización de esta especie vegetal para la construcción de bicicletas, prótesis, indumentaria, entre otros temas.
El encuentro estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Fundación Sustentarte. Del mismo formaron parte el Ministerio de Producción, la Embajada de Alemania en Argentina, diversas instituciones académicas nacionales y ONG vinculadas a la innovación productiva.

El paradigma de la bioeconomía
En los últimos años, el concepto de bioeconomía adquirió importancia a nivel global como respuesta a las crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos fósiles y las consecuencias del cambio climático. Ante estas problemáticas, comienzan a evidenciarse marcadas tendencias hacia patrones productivos más sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La bioeconomía surge como un nuevo paradigma que comprende la convergencia de las nuevas tecnologías en los sectores productivos tradicionales, implicando una etapa de transición que busca sustituir el modelo de industrialización actual. El foco de las discusiones se orienta a mayores productividades en el marco de mayor sostenibilidad económica, social y ambiental.
Argentina posee características que ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de la bioeconomía. El país posee un extenso territorio, gran variedad climática y de biodiversidad, una importante superficie de bosques nativos e implantados y sectores agrícola-ganaderos y agroindustrial altamente competitivos, junto con avances biotecnológicos y capacidades científicos-tecnológicas.
En este marco, las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Agroindustria y de Producción firmaron un acuerdo de trabajo para llevar adelante el desarrollo de la bioeconomía argentina, al cual la Secretaría de Ambiente se sumó en septiembre de 2017.
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La industria de biocombustibles sigue reclamando



Reclaman medidas de fomento y reconversión del sector de biocombustibles

Fecha de Publicación
: 03/08/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional


Las dificultades que el mercado de exportaciones presenta este año para la industria de biocombustibles demandarán medidas de fomento a la producción local y el fortalecimiento del mercado interno, pero a la vez la industria deberá abrirse a los productos de segunda generación, que son más baratos y no generan competencia con la producción de alimentos.
Así se desprende del informe sectorial de la consultora suiza KPMG sobre el Desarrollo de Biocombustibles en la Argentina, en el que anticipa que las perspectivas de desempeño de esta industria “podrían ubicarse en torno a un ajuste en los niveles de producción y un nuevo retroceso en las exportaciones hacia fines de 2019.
“Si bien es cierto que la Unión Europea seguirá siendo el principal destino de las exportaciones nacionales de biodiésel durante 2019, lo sucedido con el mercado americano debe conformar un llamado de atención que incentive a las autoridades locales a la implementación de medidas”, planteó el informe en una perspectiva que ya alcanza al próximo gobierno.
El estudio reseña en sus conclusiones la necesidad de avanzar en “medidas de fomento a la producción local de biocombustibles y que, al mismo tiempo, fortalezcan el mercado interno (incrementando los cortes con combustibles fósiles, por ejemplo) y la diversificación de los destinos de exportación”.
También se sostiene que resulta necesario asignar mayores esfuerzos y recursos a la investigación y al desarrollo del sector, en cuanto a la segunda generación de biocombustibles que son los relacionados con la materia prima no consumible o biomasa.
Se explicó en el informe que sus principales ventajas radican en que los insumos utilizados para su producción no generan competencia por la tierra fértil o con la producción de alimentos; no presentan el inconveniente de la disponibilidad, que sí observan los biocombustibles de primera generación (soja, maíz, trigo, sorgo, azúcar, etcétera) y resultan más baratos. Algunos ejemplos de estos biocombustibles son el biodiesel de microalgas, elaborado a partir de aceites vegetales usados o el etanol de celulosa.
Más allá de la coyuntura global para la industria, “la inflación, la presión tributaria, la reinstauración de los esquemas arancelarios a la exportación y la ausencia de reglas claras (precios), conforman actualmente los principales obstáculos al buen desempeño de combustibles alternativos”, afirmó.
El informe recuerda también que la actual ley de fomento a la producción de biocombustibles (26.093) expira en 2021 y “una posible prolongación podría traer algunos de los cambios demandados por el sector como por ejemplo, un incremento del corte con combustibles”.
En cuanto al reciente acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el informe de KPMG señala que “las perspectivas son alentadoras al poder impactar de lleno sobre la industria de los biocombustibles en el mediano plazo, principalmente en materia de exportaciones”.
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Entre Ríos inicia el programa Producción Más Limpia

La Provincia lanzó un plan para disminuir el impacto ambiental de industrias

Fecha de Publicación
: 30/07/2019
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos


El gobierno entrerrianos presentó este martes el programa Producción Más Limpia, destinado en una primera etapa a las industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná. La herramienta apunta a hacer más eficiente el proceso industrial con el menor impacto sobre el ambiente.
El programa Producción Más Limpia es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, en el marco de la Región Centro y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Entre Ríos, a través de la Secretaría de Ambiente y la Subsecretaría de Industria, decidió comenzar a trabajar el programa en la provincia con una prueba piloto con 10 empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná que contarán con asistencia técnica y asesoramiento por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyo personal se formó en la materia a través de la Diplomatura en Producción Más Limpia que se dictó en San Justo, provincia de Santa Fe.
En una segunda etapa se avanzará con las industrias y empresas radicadas en otras ciudades de la provincia.
Este martes se realizó en la capital provincial el lanzamiento del programa con la presencia del secretario de Ambiente, Martín Barbieri; su par de Santa Fe, César Mackler; y el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina. También estuvieron presentes los subsecretarios de Industria, Pablo Romero; y de Ambiente, Lucio Amavet; y el representante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (Asempi), Esteban Dorbesan.
En la oportunidad, Barbieri dijo que el lanzamiento de este programa en Entre Ríos “es el resultado de un trabajo articulado entre las tres provincias que integramos la Región Centro y con el sector privado, con componentes productivos y ambientales porque hacia donde tenemos que mirar es hacia un desarrollo sostenible”.
“El camino es ir hacia allí con una mirada abarcativa y amplia con un trabajo conjunto y con el eje en la sostenibilidad”, afirmó el secretario de Ambiente.
Además consideró que el hecho de que el Estado “se ponga al lado de las empresas y las acompañe en los procesos hacia la rentabilidad energética y cuidando el impacto sobre el ambiente”.
El secretario de Ambiente de Santa Fe, César Mackler, comentó que la provincia viene implementando el programa en forma continua desde 2008 y “el éxito del mismo se ha basado en mantener una continuidad en la política de producción más limpia en estos ocho años”. Y precisó que en ese tiempo han asistido a 400 empresas “con resultados diversos pero muy importantes en lo que refiere al tratamiento de efluentes, de emisiones gasesosas y residuos sólidos generados”.
“La producción más limpia surge de la idea de que los residuos sólidos generados por las industrias, las emisiones gaseosas, los efluentes líquidos y el sobre consumo de agua y energía son una materia prima mal utilizada. Si nosotros hacemos más eficiente el proceso industrial, es decir, trabajamos mejor esa materia prima, vamos a contribuir a las políticas ambientales y además vamos a mejorar los costos de la producción”, afirmó Mackler.
Finalmente, el funcionario santafecino sostuvo: “Vemos este evento como un puntapié inicial para que esta provincia hermana y desde la Región Centro también Córdoba, se institucionalice este programa y que la producción más limpia se transforme en una política y herramienta de gestión ambiental y que el desarrollo sustentable se convierta en una política de Estado”.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, Daniel Molina, sostuvo que el programa “es una herramienta poderosa sobre todo para las pequeñas industrias y empresas. Si lo llevamos adelante con la seriedad que lo ha hecho Santa Fe obtendremos excelentes resultados”.
Tambiés asistieron representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos, de los municipios de Paraná y Crespo y de industrias radicadas en el Parque Industrial de Paraná.

Detalles
A partir del trabajo que lleva adelante la Comisión de Producción Más Limpia del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que se propone avanzar en la conformación de unidades provinciales a través de las regiones, sumado a que este ha sido un tema indicado como prioritario en la Comisión de Ambiente de la Región Centro, es que resulta conveniente llevar adelante el primer proyecto regional con este destino en la Región Centro.
El Convenio Regional firmado entre los Secretarios de Ambiente de las Provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba con la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI), tiene como propósito el fortalecimiento técnico e institucional de la Producción Más Limpia (PML) de las provincias de la Región Centro, centrada en las áreas de ambiente provinciales, a partir de propiciar la creación de Unidades Provinciales de Producción Más Limpia.
La Producción Más Limpia se fundamenta en el uso del sentido común para obtener todo el beneficio posible con el menor uso de recursos y el menor desperdicio posible. Eso resulta de un análisis y corrección permanentes de lo que se hace, cómo se hace, con qué se hace y para qué se hace.
Un proceso eficiente utiliza menos recursos y genera menos desechos. El empresario obtiene más productos con el mismo costo, lo cual se traduce en más rentabilidad y competitividad; y el consumidor ve satisfecha su demanda a menor precio y con menos contaminación a sobrellevar. Los trabajadores realizan solo tareas útiles, en un entorno mucho más seguro y saludable. Todos ganan, inclusive el ecosistema donde estamos inmersos.
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