Fallo histórico: la Justicia confirmó el daño irreversible de Atanor al río Paraná

Fecha de Publicación: 14/07/2026
Fuente: Portal PrimeraPlana
Provincia/Región: Buenos Aires


La Suprema Corte bonaerense ratificó la condena contra la planta agroquímica ubicada en San Nicolás por la contaminación mediante efluentes industriales. La sentencia expone graves falencias en los controles del Estado y reactiva el reclamo vecinal por una investigación ambiental profunda e integral
La ratificación judicial de un reclamo histórico
Tras doce años de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dejó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa de agroquímicos Atanor por provocar un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná.
El máximo tribunal provincial había comenzado a evaluar el expediente en agosto de 2023, apenas unos meses antes de que la planta protagonizara una explosión en uno de sus reactores. Aquel incidente dejó un saldo de un operario herido y forzó la evacuación de los vecinos del barrio circundante, quienes posteriormente reportaron síntomas respiratorios y la aparición de manchas blancas en plantas, veredas y vehículos. Frente al avance de la causa, la compañía intentó interponer un último recurso que fue desestimado por la Corte, confirmando definitivamente su culpabilidad por el vertido de efluentes industriales contaminantes.

Irregularidades operativas y falta de controles
La resolución judicial dio por acreditados los argumentos presentados originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, que comprobó la presencia de atrazina —un reconocido agroquímico industrial— en niveles superiores a los permitidos, y evidenció el tratamiento insuficiente de estos compuestos por parte de la empresa.
Fabián Maggi, abogado de la entidad denunciante, destacó que el fallo pone en evidencia el marco de ilegalidad en el que operaba la firma y señala la alarmante deficiencia de los organismos provinciales encargados de la fiscalización de industrias de alto riesgo. En particular, la sentencia apunta contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense por no controlar la totalidad de los químicos asociados a la actividad de Atanor.
Esta carencia de supervisión sostenida en el tiempo se vio ratificada por episodios ocurridos a lo largo de este año. Análisis efectuados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente del Conicet, sobre muestras tomadas por la ADA entre febrero y abril de 2026, revelaron la presencia de glifosato, atrazina, AMPA y elevadas concentraciones de Atrazina-Hidroxi en descargas pluviales que desembocan en el río. Sumado a esto, Greenpeace Argentina denunció recientemente el hallazgo de residuos agroquímicos en los sistemas de drenaje tras detectarse una conexión clandestina mediante una inspección oficial.

El futuro de la planta y la exigencia de remediación
Ante la acreditación judicial de los hechos, el representante legal de la asociación civil subrayó la obligación indelegable del Estado de implementar una investigación ambiental integral, independiente y transparente. El objetivo central es determinar la extensión territorial y temporal del daño, evaluar qué sustancias persisten en el ambiente y establecer medidas de protección concretas para los miles de nicoleños que habitan en las inmediaciones del complejo.
En la actualidad, Atanor transita un proceso de relocalización productiva luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la elaboración de agroquímicos en su sede de San Nicolás. Ante esta etapa inminente de desmantelamiento y limpieza, tanto organizaciones como Greenpeace y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) han exigido conjuntamente que las operaciones de traslado se ejecuten bajo un riguroso esquema de monitoreo y control ambiental.

Más Información: 

Portal LaPoliticaAmbiental - Buenos Aires: La Justicia confirmó que Atanor provocó un daño ambiental irreversible sobre el río Paraná
Después de más de una década de litigio, quedó firme la sentencia que responsabiliza a la empresa agroquímica por la contaminación del río Paraná desde su planta de San Nicolás. El fallo expone las graves fallas en los controles ambientales y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de fiscalización sobre industrias de alto impacto.
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Hay plantas paradas: una industria que demandó millonarias inversiones no puede aprovechar un negocio que es estratégico en el mundo

Fecha de Publicación: 04/07/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional


Empresas del sector del biodiésel alertaron que el país resigna competitividad frente a Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Paraguay por el bajo desarrollo del mercado interno; sostienen que la capacidad instalada permanece ociosa y que el nuevo escenario mundial del aceite exige cambios para recuperar terreno
Con plantas prácticamente paralizadas, inversiones millonarias sin aprovechar y una capacidad instalada para producir unas 4,4 millones de toneladas de biodiésel por año que permanece mayormente ociosa, la industria aceitera volvió a advertir que la Argentina está perdiendo terreno en un negocio que el resto del mundo convirtió en estratégico. Mientras Brasil, Estados Unidos, Indonesia e incluso Paraguay expanden el uso de biocombustibles mediante mayores porcentajes de mezcla obligatoria con la nafta y el gasoil e incentivos para impulsar la demanda interna, empresarios del sector sostienen que el país resigna competitividad, mercados y agregado de valor por no desarrollar ese mercado.
Ese fue uno de los principales mensajes que dejaron directivos de Aceitera General Deheza (AGD), Louis Dreyfus Company (LDC) y COFCO Internacional durante el panel sobre agregado de valor del Seminario Acsoja 2026 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Aunque destacaron que el contexto macroeconómico mejoró y reconocieron señales positivas para invertir, coincidieron en que los biocombustibles siguen siendo una de las grandes cuentas pendientes para recuperar competitividad. Recientemente, en un video en sus redes, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que preside Gustavo Idígoras, alertó sobre plantas paralizadas.
Luis Fontán, Head of Trading at Aceitera General Deheza SA, sostuvo que el problema no pasa por la falta de capacidad industrial sino por las reglas bajo las que funciona hoy el mercado. “Tenemos unas plantas con un nivel tecnológico, de escala y de eficiencia fantástico que están paradas o parcialmente paradas”, afirmó. También cuestionó el esquema vigente: “La Argentina hoy tiene una ley de biocombustibles, tiene precios regulados, tiene cuotas y tiene un mandato pequeño que no se cumple”.
Actualmente, el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil es del 7,5%, mientras que el bioetanol representa el 12% de las naftas. Para la industria, ese mandato resulta insuficiente para generar una demanda que permita aprovechar toda la capacidad instalada. En el Congreso existen distintas iniciativas para modificar ese esquema. Entre ellas figura un proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich que propone elevar el corte de biodiésel al 10% y el de bioetanol al 15%, además de habilitar mayores porcentajes de mezcla y la comercialización de vehículos flex fuel.
Para Fontán, la diferencia con los países vecinos refleja el atraso argentino. “Brasil tiene 15% y va a 16%. Paraguay acaba de sacar una normativa para ir a 20%. En la Argentina estamos en 7,5%”, remarcó.
Fernando Correa Urquiza, director de la plataforma de Oleaginosas para la región Latinoamérica Sur y Oeste en LDC, sostuvo que esa diferencia ya está modificando el mapa mundial de la industria aceitera. “Tenemos industria norteamericana y brasileña expandiéndose hace dos o tres años, con una cantidad de inversiones que realmente asustan, alentadas por mandatos alrededor de los biocombustibles y con un mercado doméstico inmenso. La Argentina tiene que salir a luchar esa batalla”, afirmó. Y advirtió: “Si no lo hacemos, vamos a ver cómo el resto del mundo sigue creciendo y la Argentina sigue quedándose estancada”.
Ese cambio, explicó Fontán, ya transformó la lógica del negocio mundial de la soja. Consultado sobre el crecimiento del HVO (aceite vegetal hidrotratado) en Estados Unidos, sostuvo que el fenómeno ya impactó de lleno en la industria. “Eso ya impactó, eso ya está”, afirmó. Explicó que la expansión de la capacidad de molienda en Estados Unidos y Brasil respondió principalmente a la mayor demanda de aceite para biocombustibles, lo que incrementó la oferta global de harina y modificó la relación histórica entre ambos productos. “Hoy en el mundo se muele soja por el aceite”, resumió.
Para Correa Urquiza, ese proceso también modificó la economía de toda la cadena sojera. Hace quince años el aceite representaba entre el 30% y el 35% del valor del poroto. Hoy supera el 50%, impulsado por la creciente demanda de aceites vegetales para producir energía.
En países como Brasil y Estados Unidos buena parte del aceite encuentra un comprador asegurado dentro del propio mercado para transformarse en biodiésel. Esa demanda permanente sostiene su precio y fortalece toda la cadena. En la Argentina, en cambio, el mercado interno es mucho más reducido y una mayor proporción de la producción debe exportarse sin ese diferencial. El país es el principal exportador mundial tanto de harina como de aceite.
“Cuando uno mira el valor al cual el aceite argentino tiene que salir a paridad respecto de lo que el aceite brasileño o el americano consiguen por sus demandas domésticas, es realmente un diferencial enorme. Y eso se traduce, obviamente, en la capacidad de pagar al productor”, explicó Correa Urquiza. Como ejemplo de esa pérdida de valor agregó: “Hoy el aceite argentino se exporta a Canadá, se transforma en biocombustible y desciende a Estados Unidos y es competitivo contra el biodiésel americano. Imagínense el costo logístico que implica ese movimiento. Todo ese valor que queda en el camino no va al productor”.
Alfonso Romero, CEO de COFCO International Argentina, coincidió en que desarrollar un mercado interno dejó de ser una discusión exclusivamente energética para convertirse en una herramienta de competitividad. Recordó que el mercado internacional del biodiésel se fue cerrando progresivamente para la Argentina —primero en Estados Unidos y ahora con crecientes incertidumbres en Europa— y sostuvo que los principales competidores compensaron esa situación fortaleciendo el consumo interno.
“Estados Unidos tiene el suyo, Europa tiene el suyo, Brasil tiene el suyo, Indonesia tiene el suyo”, enumeró. “Es como estar con un motor aspirado compitiendo con motores turbo como tienen Brasil y Estados Unidos. Es muy difícil correr a la misma velocidad”, agregó.
Luis Fontán, de AGD
Los empresarios coincidieron, además, en que esa tendencia empieza a abrir nuevas oportunidades para otros cultivos oleaginosos, como el girasol, la camelina y la canola, y remarcaron que la Argentina cuenta con condiciones industriales, logísticas y de infraestructura para aprovechar ese escenario. Sin embargo, insistieron en que el desafío inmediato pasa por recuperar competitividad y evitar que la brecha con los principales competidores continúe ampliándose.
Recientemente, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el país cuenta con instalaciones capaces de producir alrededor de 3,8 millones de toneladas anuales de biodiésel. Frente a esa capacidad, la actividad efectiva tiene nivel ocioso muy alto. “Los volúmenes producidos dejan una capacidad ociosa anual en torno al 75%”, destacó la entidad rosarina.
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Más de 10 toneladas de basura en playas de Chubut: el estudio que expone el verdadero origen del plástico marino

Fecha de Publicación: 30/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Chubut


Un estudio relevó campañas de limpieza en las costas de Chubut: en menos de un año se removieron más de diez toneladas de residuos plásticos, en su mayoría de origen pesquero. Pero la investigación advierte que, sin una gestión integral a bordo y en los puertos, limpiar la playa no ataca la raíz del problema.
Caminar por algunas playas de Chubut significa pisar arena mezclada con microplásticos y esquivar botellas, guantes y restos de redes de pesca. Más de diez toneladas de residuos fueron retiradas de las costas chubutenses en menos de un año, un dato que refleja la magnitud de un problema que dejó de ser una postal aislada para convertirse en un desafío estructural, asociado al crecimiento de las ciudades y, sobre todo, a una industria pesquera que mueve grandes volúmenes de merluza y langostino.
Un estudio realizado en las costas de Chubut retiró más de diez toneladas de residuos plásticos y concluyó que las limpiezas son indispensables, pero insuficientes si no se reduce la contaminación generada por la actividad pesquera y la gestión de residuos.
El plástico marino no es solo un asunto estético. Estos materiales se acumulan durante décadas, afectan a la fauna y a los ecosistemas, e impactan en el turismo, la navegación y la propia pesca. Cuando se fragmentan, además, ingresan en la cadena trófica en forma de microplásticos y terminan representando un riesgo para la salud humana. Es un problema global que en la Patagonia tiene una firma local muy clara.
Frente a ese panorama, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y el Proyecto MaRes analizó campañas de limpieza en playas contaminadas del litoral chubutense. El trabajo, con el que Maile Taboada se graduó en la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA, fue dirigido por Diego González Zeballos, investigador del CONICET, y María Semmartin, docente de esa facultad. Su conclusión central es tan valiosa como incómoda: limpiar es necesario, pero no suficiente.

El plástico que llega del mar y de los barcos
Buena parte del estudio, publicado por la divulgación científica de la FAUBA (Sobre la Tierra), consistió en medir qué se acumula y qué se logra retirar en dos playas muy distintas entre sí. En La Galesa, cercana al puerto y a la ciudad de Rawson, dos jornadas con 48 voluntarios permitieron recolectar 70 kilos de residuos en 500 metros y 75 kilos en un kilómetro de costa. Lo que más aparecía eran botellas PET y los guantes amarillos de uso diario en la actividad pesquera, que por su composición hoy no se reciclan.
El contraste con la otra playa relevada es revelador. En Cormoranes, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés y lejos de los centros urbanos, dos campañas con 42 participantes retiraron 10.000 kilos en diez kilómetros de costa y, más tarde, otros 1.800. Allí dominaban los cajones de barcos pesqueros, las sogas y las botellas. Que una playa alejada de toda ciudad concentre semejante volumen confirma que gran parte de esos residuos no se generan en la costa: llegan desde el mar.
Esa distinción es clave para entender el origen del problema. Según la investigación, los residuos plásticos terminan en el agua y en las playas por la escasa prevención, regulación y gestión de los desechos, tanto a bordo de los barcos como en los puertos. La cita que sintetiza la magnitud pertenece a la propia autora: "Se estima que cerca del 85% de los residuos que encontramos en el mar y en las costas corresponde a materiales plásticos", afirmó Taboada. Limpiar la arena, entonces, es atacar el final de una cadena que empieza mucho antes.

De limpiar playas a evitar que el plástico llegue al mar
Las campañas de limpieza siguen siendo una herramienta indispensable porque recuperan ambientes costeros, protegen la biodiversidad y generan información útil para conocer la magnitud del problema. Sin embargo, el estudio concluye que por sí solas no alcanzan: la solución pasa por prevenir que los residuos lleguen al mar mediante una mejor gestión en los barcos, los puertos y las ciudades.
En las últimas décadas, la Patagonia avanzó hacia una mayor coordinación entre científicos, organismos públicos, ONG y empresas vinculadas a la pesca. Hoy más de veinte instituciones trabajan de manera conjunta para mejorar la gestión de los plásticos, mientras que iniciativas como el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y las mesas multisectoriales impulsan estrategias de economía circular y reciclaje.
La investigación propone consolidar ese camino con medidas concretas: fortalecer la infraestructura portuaria, mejorar la trazabilidad y el reciclado de los materiales utilizados por la flota pesquera y unificar protocolos para medir la contaminación. El mensaje final es claro: el verdadero desafío ya no es solo limpiar las playas, sino impedir que el plástico llegue a ellas.
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Contaminación ambiental: habrá un nuevo juicio contra Conarpesa

Fecha de Publicación: 27/06/2026
Fuente: Radio Cadena 3 Patagonia
Provincia/Región: Chubut 


Por unanimidad, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar a la impugnación presentada por la Fiscalía y ordenó la realización de un nuevo juicio en la causa por contaminación ambiental vinculada al vertido de efluentes industriales sin tratar al Golfo Nuevo.
La resolución deja sin efecto la absolución que había sido dictada en agosto de 2025 por la jueza Patricia Reyes y dispone que otro tribunal vuelva a analizar la prueba producida durante el proceso judicial.
La causa tiene como imputados a Nadine Parry, responsable ambiental de la Conarpesa, y a Yosef Vargas, jefe de la planta de efluentes de la pesquera. Ambos habían sido absueltos en el juicio oral, una decisión que fue cuestionada por el Ministerio Público Fiscal.
Tras conocerse el veredicto absolutorio, la Fiscalía anunció que recurriría la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia, al considerar que existían elementos suficientes para una revisión de la resolución.
Durante el debate oral, los fiscales habían solicitado penas de prisión de cumplimiento efectivo de 3 años y 6 meses para Parry y de 3 años y 3 meses para Vargas, al atribuirles responsabilidad en la contaminación ambiental ocasionada por el vertido de líquidos contaminantes al mar.
Por su parte, las defensas particulares sostuvieron que no existían pruebas concluyentes para una condena y reclamaron la absolución de los acusados bajo el principio del beneficio de la duda.
Con la decisión adoptada por el máximo tribunal provincial, la causa deberá ser nuevamente juzgada por un tribunal diferente, que tendrá la tarea de evaluar las pruebas y determinar si corresponde o no la responsabilidad penal de los imputados.
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Causa Comarsa: la Justicia rechazó un recurso de la defensa y ratificó la validez del proceso por contaminación 

Fecha de Publicación: 20/06/2026
Fuente: Portal NoticiasNQN
Provincia/Región: Neuquén


Por unanimidad, el Tribunal de Impugnación declaró inadmisible el planteo de uno de los imputados, quien exigía anular o suspender la causa argumentando que la Fiscalía de Estado debía ser querellante. Los jueces advirtieron una "práctica anómala" de la defensa y respaldaron la postura de la fiscalía y los organismos ambientales.
En un fallo unánime, el Tribunal de Impugnación de Neuquén —integrado por los jueces Richard Trincheri, Nazareno Eulogio y la jueza Florencia Martini— declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de uno de los imputados en la causa COMARSA (Legajo 178123), donde se investiga la contaminación de la planta de tratamiento de residuos petroleros.
De esta manera, el tribunal ratificó la resolución previa del juez de garantías Juan Manuel Kees, quien ya había desestimado el pedido de la defensa para declarar la nulidad o la suspensión del proceso penal.
El argumento del imputado se centraba en que la Fiscalía de Estado de la provincia debía constituirse obligatoriamente como parte querellante en el caso.

El rechazo de la acusación y el freno a "prácticas anómalas"
Tanto la Fiscalía de Delitos Ambientales como las querellas —representadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH)— habían solicitado declarar inadmisible la petición. Los acusadores argumentaron que la ausencia de la Fiscalía de Estado no vulnera los derechos de la defensa y que dicho organismo público tiene la potestad de sumarse a la causa en cualquier etapa del proceso si lo considera necesario.
Al fundamentar su resolución, el Tribunal de Impugnación expuso un duro revés para la estrategia de la defensa: revelaron que el pasado 4 de mayo, los abogados del imputado ya habían presentado una impugnación extraordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con el mismísimo planteo. Debido a esto, los magistrados instaron formalmente a los defensores a no repetir este tipo de "prácticas anómalas" de duplicación de recursos.
Finalmente, el tribunal coincidió en que lo resuelto en primera instancia no lesiona ninguna garantía constitucional, por lo que la causa por contaminación ambiental contra la firma hidrocarburífera seguirá su curso normal hacia las próximas etapas judiciales.
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El grupo Eurnekian, condenado por sus aplicaciones de agroquímicos: Un fallo responsabilizó a dos de sus empresas por intoxicaciones y contaminación en comunidades originarias de Chaco

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal BichosDeCampo
Provincia/Región: Chaco


En un reciente fallo, la Justicia chaqueña acaba de responsabilizar al gobierno provincial y a dos empresas agropecuarias del grupo que dirige Eduardo Eurnekian por el impacto de las fumigaciones sobre comunidades originarias de Pampa del Indio y Presidencia Roca.
El caso remite a denuncias radicadas de forma ininterrumpida desde hace 20 años por sucesivos hechos de intoxicación, pérdida de cultivos de autoconsumo y hasta la contaminación de reservas de agua con niveles muy elevados de glifosato. La decisión de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa retoma ese histórico reclamo y sienta un precedente en la materia.
Los miembros de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco habían alertado en sucesivas ocasiones -incluso ante organismos de Derechos Humanos- que las aplicaciones aéreas y terrestres de agroquímicos que se llevaban a cabo en el establecimiento “Don Panos” impactan directamente sobre sus hogares y reservas de alimento y agua.
Las comunidades campesinas que lo rodean son en su amplia mayoría Qom, no cuentan con acceso a la red de agua potable y necesitan de pozos, aljibes y reservorios propios para saciar sus necesidades básicas.
Ese amplio predio, ubicado en el Departamento General San Martín, pertenece a la firma Unitec Bio, dedicada a la agricultura, ganadería y la producción de biocombustibles, y está explotado en gran medida por Marfra, una empresa algodonera que hoy abarca toda la cadena. Ambas son parte del holding Corporación América Internacional, propiedad de Eduardo Eurnekian.
Uno de los estudios toxicológicos elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA junto al CONICET establece que el 90% de las muestras de agua analizadas en la región no son aptas para consumo humano, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino.
Además, informaron la presencia de glifosato en pozos domiciliarios, aljibes, lagunas, cursos naturales de la zona y hasta en el agua de red potabilizada en Presidencia Roca. En un pozo hogareño, la concentración fue de 88,5 nanogramos por mililitro, la más alta del muestreo.
Ello se complementa con una serie de estudios biomédicos del proyecto internacional Sprint, llevado adelante por el INTA, que detectó hasta 10 plaguicidas distintos en muestras de sangre y entre 6 y 13 en muestras de orina, con presencia de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato, entre otras sustancias.
El punto más crítico del caso ocurrió en octubre del 2021, cuando la deriva deriva de herbicidas e insecticidas llegó hasta la Colonia San Francisco, el casco urbano de Presidencia Roca, y a orillas del Río Bermejo.
Ello motivó una amplia investigación que acreditó el impacto de las actividades en la zona. Se detectó el necrosamiento de árboles y cultivos, se perdieron colmenas, al menos 200 personas exhibieron síntomas gastrointestinales y respiratorios y dos niños de 5 años tuvieron que ser hospitalizados. En aquel entonces, incluso la subsecretaria de Ambiente, María Lidia Garrafa, formuló una denuncia penal.
Existía ya una medida cautelar de 2012 que protegía a las comunidades de la zona, pero era incumplida. Fruto de la masiva intoxicación, el juez de garantías Luis Eugenio Allende, de la ciudad de General San Martín, dictó una medida cautelar y suspendió todo tipo de fumigaciones por algunos meses. Que luego, desde ya, se reanudaron.
El último capítulo de esta larga historia lo escribieron las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas días atrás, cuando declararon ilegítima la forma en que el Poder Ejecutivo local venía aplicando la Ley de Biocidas y apuntaron directamente a las firmas del grupo Eurnekian por el impacto sobre las comunidades de la zona.
Cabe destacar que en la provincia, esa normativa prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y las terrestres a menos de 500 metros de centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, reservas y fuentes o reservorios de agua.
Pero, en vistas de lo ocurrido, el tribunal asegura que no sólo fue desoída por las empresas, sino por el propio Estado chaqueño, que hizo una interpretación inconstitucional e incumplió su rol de fiscalizador, ya que la “línea agronómica” -que delimita dónde pueden aplicarse agroquímicos de acuerdo a la ley provincial- fue trazada sin contemplar las viviendas y reservorios de agua utilizados por las familias campesinas y originarias.
Además, también remarcaron que la provincia nunca constituyó el Registro Epidemiológico que exige la propia Ley de Biocidas para realizar el seguimiento sanitario de las poblaciones expuestas.
El fallo vertido por la justicia provincial obliga al gobierno de Leandro Zdero a rediseñar de manera urgente -en un plazo no mayor a 48 horas, ya cumplido- las zonas de exclusión para fumigaciones. La nueva traza de la “línea agronómica” deberá incorporar a las viviendas rurales, pozos de agua, aljibes y reservorios de las comunidades vecinas.
Asimismo, también ordena la inmediata creación e implementación del Registro Epidemiológico provincial, debiendo el Gobierno informar periódicamente al tribunal respecto de los avances logrados en la materia.
Para las empresas involucradas, establece que, una vez que el Estado defina formalmente los nuevos límites, tanto Marfra como Unitec Bio deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de aplicación fitosanitaria dentro de ese perímetro de resguardo.
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Vaca Muerta, el golfo San Matías y por qué hay que proteger los últimos ecosistemas inalterados del planeta 

Fecha de Publicación: 19/06/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


Si nos animáramos a rebelarnos con solo 10 minutos de lectura de la vorágine hacia la que nos empuja la vida moderna actual, esta que nos demanda velocidad constante y ni una pausa para reflexionar, daríamos lugar a ciertas preguntas en torno a la naturaleza que habitamos a diario y al uso que hacemos de nuestros sentidos, preguntas que pueden ayudarnos a entender por qué es tan importante proteger los cada vez menos paisajes prístinos que quedan en el planeta.
¿Cuándo fue la última vez que viste un cielo cargado de estrellas, sin contaminación lumínica? ¿O que respiraste un aire verdaderamente puro? ¿O cuándo fue la última vez que escuchaste silencio completo, ese silencio profundo, propio de lugares remotos, donde solo el murmullo del viento o el rugido del mar te recuerdan que el mundo sigue girando?
Cada vez cuesta más. Incluso si tu respuesta fue “hace años”, puede que tengas suerte. Muchos niños, nacidos entre pantallas y con la cabeza inclinada hacia abajo, hoy todavía no conocen esto que intentamos recordar. 
Actualmente son cerca de 4.500 millones de personas (más de la mitad de la humanidad) las que viven en ciudades, y para 2050 se estima que van a ser 7 de cada 10 en todo el mundo. 
Las últimas décadas de desarrollo nos han empujado hacia adentro, hacia el asfalto, las luces artificiales y el ruido constante ya casi naturalizado. Paradójicamente, en ese proceso, nos hemos ido desconectando de la red que nos sostiene y de la que formamos parte inherente. “El tapiz de la vida sobre la Tierra, el cual nos entreteje y nos atraviesa”, le llama Sandra Díaz, doctora en Ciencias Biológicas argentina. 
Sí, la naturaleza. 
Lejos de ser una metáfora poética, en el discurso que dio al recibir el Premio Princesa de Asturias 2019, Díaz explicó que la evidencia científica más actualizada demuestra que todos somos parte de lo mismo, desde los peces hasta un tomate y una comunidad de personas: “Todos estamos hechos con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y retejiendo desde hace millones de años“. 

Naturaleza intacta: cada vez más lejos 
Según la IPBES, el panel científico de la ONU sobre biodiversidad, el 75% de la superficie del planeta ya ha sido “alterada significativamente por la actividad humana”. Para 2050, estiman que ese porcentaje podría llegar al 90%. En cuanto al océano, al menos un 66% ya está afectado por actividades como la pesca y la contaminación. 
En este contexto, cada ecosistema que todavía permanece intacto es mucho más que un paisaje o un recurso para explotar. Fenómenos como el silencio, la pureza del agua o el salvajismo de un animal, han pasado a ser bienes escasos que tenemos que proteger.
Yo lo entendí de noche, en las costas del Golfo San Matías, en la Patagonia argentina. El cielo era tan estrellado que daban ganas de estirar la mano para comprobar que era real. No había otro ruido que el de las olas rompiendo sobre la orilla. Y en ese silencio entendí, de una manera que ningún informe científico había logrado explicarme antes, por qué las comunidades que viven ahí están dispuestas a dar pelea para proteger ese lugar.

El Golfo San Matías, uno de los últimos refugios intactos
El San Matías es mucho más que un paisaje idílico. Es la parada de miles de aves migratorias que vuelan sin escalas desde el Ártico. Es el hogar de la ballena franca austral, Monumento Natural Nacional, cuya población tardó cincuenta años en recuperarse de la caza comercial. Es el sustento de familias que llevan generaciones viviendo del mar. Y es el último golfo de la Patagonia que no conoció la contaminación por hidrocarburos.
Pero megaproyectos para convertir a este ecosistema en una salida energética hacia el mundo lo ponen en grave riesgo. 
La idea no es nueva ni es de un solo gobierno: durante la presidencia de Menem, YPF empezó a ver la posibilidad de exportar hidrocarburos por estas aguas de profundidad ideal para megabuques. La comunidad lo frenó y en 1999 logró la sanción de la ley 3.308, que prohibió todo proyecto hidrocarburífero en la zona. En 2022 la idea resucitó con el gobierno de Alberto Fernández, y fue profundizada y acelerada por el de Javier Milei, en 2024. Un proyecto que tuvo que derogar una ley de forma exprés y sin consulta ciudadana ya debería encender algunas alarmas.
El avance ya es real: se proyectan un oleoducto de 600 kilómetros, un puerto de aguas profundas y dos megabuques de licuefacción de más de 300 metros de largo anclados permanentemente en esas aguas. Más de 18.000 millones de dólares para crear “el hub energético más grande de Sudamérica”, dicen. 

¿Política energética o destrucción ambiental? 
Lo que sentí esa noche y en ese viaje, ante la advertencia de científicos y el pedido de ayuda de comunidades locales acostumbradas a vivir en armonía con el mundo natural, me llevó a pensar que la única forma de verdaderamente entender por qué hay que proteger la naturaleza que queda en el mundo es vivir la experiencia con ella, sentirse parte. 
Expertos en hidrocarburos, biología marina y conservación ya advirtieron que estos proyectos generarían impactos irreversibles: derrames letales para la fauna, microderrames cotidianos que se acumulan en toda la cadena trófica, ruido que enmascara la comunicación de las ballenas y un calentamiento localizado del agua que favorece las floraciones algales, un fenómeno que ya en 2022 mató a decenas de ballenas en el Golfo Nuevo.
En un planeta donde son cada vez menos los lugares intactos y donde la quema de combustibles fósiles es la causa principal de la crisis climática, seguir apostando a un modelo basado en la explotación de recursos finitos no suena al camino que tomarían líderes que viven en conexión con el mundo natural, o que abogan por la protección de las generaciones futuras. O que, al menos, proyectan a largo plazo. 
Alterar este golfo en nombre del desarrollo deja de ser una política energética y pasa a ser una atentado contra ese tapiz que nos atraviesa desde que los seres humanos somos humanos, tanto a nivel país como a nivel humanidad. 
Si se rompe el equilibrio biológico de este golfo semicerrado en la Patagonia, las consecuencias no se van a quedar ahí. Se van a mover con las corrientes, con las especies migratorias, con la cadena trófica y con el clima. Se van a mover con más decisiones como estas, que siguen apostando al negocio en detrimento del planeta.
El Golfo San Matías todavía existe. Las ballenas todavía eligen sus aguas para parir y criar a sus ballenatos tranquilas. El silencio todavía sigue vivo. 
“Los humanos estamos conectados con la naturaleza desde siempre. La aspiración de consumir y acumular siempre más, avasalla el derecho universal de disfrutar de una relación plena con el tapiz de la vida”, cerró Sandra Díaz en su discurso. 
Disfrutar de una relación plena con la naturaleza tiene que ser un derecho universal, como así también, tiene que ser una obligación colectiva proteger lo que todavía nos queda de ella. 
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Encuentran decenas de peces muertos en un río de Tucumán

Fecha de Publicación: 13/06/2026
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Tucumán


Este desastre ambiental tuvo lugar a la altura de la localidad de Los Bulacios, a unos 30 kilómetros de la capital provincial
Preocupa por estas horas el hallazgo de decenas de peces muertos en el río Salí, ubicado a unos 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Vecinos y pescadores de la zona registraron imágenes de bagres y mojarras flotando sin vida en la leve corriente o encallados, agonizando, a un lado de la orilla del cauce.
Este desastre ambiental tuvo lugar a la altura de la localidad tucumana de Los Bulacios. La situación generó preocupación entre quienes frecuentan el río y motivó el pedido de intervención de las autoridades para determinar qué provocó el fenómeno. 
De acuerdo al medio local Contexto Tucumán, el hecho se produce en un contexto en el que distintos sectores vinculados a la actividad pesquera detectaban una recuperación de las poblaciones de peces en la cuenca del Salí-Dulce. Se había advertido una mayor presencia de ejemplares en distintos puntos comprendidos entre El Cadillal y el embalse Río Hondo. La abundante caída de lluvia de las últimas semanas había colaborado con esa propagación de especies.
Según trascendió, la provincia habría activado los protocolos previstos para este tipo de situaciones: relevamiento de la zona afectada, toma de muestras de agua y recolección de ejemplares para su análisis. Los estudios permitirán determinar si la mortandad estuvo relacionada con factores naturales, alteraciones en la calidad del agua o cualquier otra circunstancia que pudiera haber afectado a la fauna ictícola del cauce del río.

San Martín de los Andes: descartan contaminación masiva en el lago Lácar
Tras semanas de intensas polémicas y cruces institucionales por el estado del sistema de saneamiento del lago Lácar, una mesa de trabajo convocada por el Gobierno de la provincia de Neuquén descartó los escenarios de contaminación masiva que habían sido denunciados recientemente.
El encuentro, que reunió a autoridades provinciales, municipales y de Parques Nacionales, permitió delinear una hoja de ruta con acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.
La crisis escaló a fines de mayo, cuando la intendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves Aquín, envió una dura notificación al intendente Carlos Saloniti en la que advertía sobre una “extrema gravedad ambiental”. Según la funcionaria, vertidos de efluentes sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco estaban impactando de forma irreversible en el ecosistema protegido. La preocupación se alimentaba de antecedentes críticos, como las roturas de cañerías en 2024 y 2025 que obligaron a clausurar playas céntricas por riesgos para la salud pública.
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El mayor emisor de metano entre basurales del mundo está en Buenos Aires: el informe que pone bajo la lupa al CEAMSE

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: Portal MeteoRed
Provincia/Región: Buenos Aires


Un informe de la Universidad de California ubicó al Complejo Ambiental Norte III entre los mayores emisores de metano detectados por satélite. CEAMSE cuestionó la metodología y defendió sus sistemas de captura de biogás.
El Complejo Ambiental Norte III, operado por CEAMSE en Campo de Mayo, volvió a quedar bajo el foco internacional luego de que un informe del proyecto STOP Methane, desarrollado por investigadores de la Universidad de California (UCLA), lo identificara como el sitio de disposición final de residuos con la mayor tasa de emisiones de metano detectada por satélites durante 2025.
La conclusión surgió del análisis de información recopilada por Carbon Mapper a partir del satélite Tanager-1 de Planet Labs y del instrumento EMIT de la NASA instalado en la Estación Espacial Internacional. En total, los investigadores estudiaron casi 3.000 plumas de metano provenientes de 707 rellenos sanitarios y basurales distribuidos en decenas de países para elaborar un listado con los 25 casos más relevantes.
Sin embargo, los propios autores introducen una aclaración importante: el ranking no representa necesariamente a los sitios que más metano emitieron a lo largo del año, sino a aquellos donde se detectaron las mayores tasas horarias de emisión durante los sobrevuelos satelitales. Aun con esas limitaciones, sostienen que constituye la aproximación más precisa disponible para identificar las fuentes más importantes de este potente gas de efecto invernadero.

El corazón del sistema metropolitano de residuos en Buenos Aires
La relevancia del Complejo Ambiental Norte III también está dada por su magnitud. Allí se deposita cerca del 85 % de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con un ingreso promedio superior a las 436.000 toneladas mensuales provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.
Para atribuir las emisiones detectadas, el equipo de UCLA recurrió a imágenes satelitales, datos geográficos y fuentes públicas, identificando a CEAMSE como el operador potencialmente responsable del predio. La empresa administra un complejo que, además de recibir enormes volúmenes de residuos, cuenta con instalaciones destinadas a captar el biogás generado por la descomposición de la materia orgánica y transformarlo en energía eléctrica.
El estudio también ofrece una referencia que ayuda a dimensionar el fenómeno: un relleno sanitario que libera cinco toneladas de metano por hora genera en un año un impacto climático comparable al de un millón de vehículos utilitarios deportivos o al funcionamiento de una central termoeléctrica a carbón de 500 megavatios.

La respuesta de CEAMSE: "Son mediciones puntuales"
La publicación del informe motivó una rápida reacción de CEAMSE, que cuestionó la metodología empleada por los investigadores y defendió el funcionamiento de sus complejos ambientales.
En un comunicado, la empresa sostuvo que las mediciones utilizadas para elaborar el ranking corresponden a observaciones satelitales realizadas bajo condiciones atmosféricas específicas y que, por ese motivo, no representan el comportamiento continuo y dinámico de las emisiones que registra un relleno sanitario de gran escala.
Según la entidad, Norte III opera bajo estándares técnicos y regulatorios vigentes y dispone de una extensa red de captación de biogás que evita que buena parte del metano producido por la degradación de los residuos llegue directamente a la atmósfera.
CEAMSE también recordó que desde 2012 cuenta con plantas de generación eléctrica alimentadas con ese biogás y que actualmente posee una potencia instalada de 23 megavatios, con una ampliación proyectada hasta 33 megavatios. Esa capacidad, asegura, permitiría abastecer el consumo de entre 100.000 y 120.000 personas.

Bonos de carbono, monitoreo y nuevas inversiones
Como parte de su estrategia para reducir emisiones, la empresa informó que durante 2025 inició un proceso de certificación internacional de bonos de carbono bajo el programa VERRA y el estándar Verified Carbon Standard, con el objetivo de validar la captura y tratamiento del metano mediante mecanismos independientes.
De acuerdo con datos difundidos por la propia compañía, durante abril de 2026 el sistema alcanzó una captación cercana a los 16.000 metros cúbicos de biogás por hora, alrededor de un 16 % más que en registros anteriores.
Además, incorporó monitoreo de emisiones fugitivas mediante drones equipados con tecnología Sniffer, una herramienta utilizada para detectar pérdidas de gas y optimizar el funcionamiento de los sistemas de extracción.

Un problema global con impacto local
El metano es considerado uno de los principales aceleradores del cambio climático. Aunque permanece mucho menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono, durante sus primeras dos décadas puede tener un poder de calentamiento hasta 80 veces superior.
Los investigadores de UCLA recuerdan que este gas explica aproximadamente la mitad del incremento de 1,2 °C registrado en la temperatura media global desde la Revolución Industrial y que los residuos constituyen la cuarta fuente mundial de emisiones, detrás de la ganadería, la agricultura y la industria del petróleo y el gas.
Al mismo tiempo, destacan que la reducción del metano ofrece una de las oportunidades más rápidas para desacelerar el calentamiento global, especialmente mediante una mejor gestión de los rellenos sanitarios y el aprovechamiento energético del biogás.
En ese contexto, el caso del Complejo Ambiental Norte III trasciende el resultado de un ranking. La discusión ya no pasa únicamente por una medición satelital o por la respuesta de una empresa pública, sino por cómo las grandes ciudades administran millones de toneladas de residuos y qué tan eficaces son las tecnologías disponibles para impedir que ese volumen se convierta en una fuente creciente de gases de efecto invernadero.
Mientras el informe internacional pone de relieve la magnitud del desafío, CEAMSE insiste en que las emisiones detectadas deben interpretarse dentro de un sistema complejo que continúa incorporando inversiones y herramientas de mitigación. Entre ambas posiciones queda abierto un debate que probablemente gane cada vez más espacio en la agenda ambiental: cuánto puede reducirse el metano generado por los residuos y cuál será el futuro de un modelo que todavía depende, en gran medida, del enterramiento de basura.
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Montañas de residuos del fracking contaminan el ambiente en Argentina

Fecha de Publicación: 08/06/2026
Fuente: Portal Chequeado
Provincia/Región: Neuquén


La ciudad de Neuquén está dividida en dos realidades por un gran barranco que la atraviesa. Las calles suburbanas del valle son muy parecidas a las de cualquier otra ciudad argentina. Pero en la meseta, la industrialización cubre en absoluto el paisaje. Es un páramo con tendido eléctrico que espera nuevos residentes en una de las regiones de más rápido crecimiento del país.
El motor de estos cambios es Vaca Muerta, uno de los yacimientos de shale gas más grandes del mundo y una formación aclamada por todo el espectro político argentino como la salvación económica del país.
Según datos del Ministerio de Energía de Neuquén, más del 97% del petróleo de la provincia y más del 90% de su gas se extraen mediante fracking, una técnica que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión para fracturar la roca y liberar hidrocarburos. A finales de 2025 se batió el récord histórico de producción.
Se trata de una técnica controvertida que se ha relacionado con un aumento de los sismos. Pero los residentes señalan otra cara oculta del auge: los residuos. Los expertos sostienen que los residuos del fracking no se están tratando adecuadamente en Argentina, lo que provoca contaminación ambiental y riesgos potenciales para la salud pública.
La normativa local exige que se procesen adecuadamente. Pero allí hay montañas de residuos que demuestran lo contrario.

La vida bajo las montañas de residuos
La calidad de vida en Neuquén depende de la dirección del viento. “Cuando pega para este lado, sube mucho olor. También te agarra irritación en los ojos y estornudás constantemente”, dice Julio Polo. Es guardia de seguridad en el desarrollo urbano que rodea el Parque Industrial Neuquino Oeste (PINO).
El olor es similar al del azufre, aunque hay muchas más sustancias químicas en el aire y el suelo. El fracking genera dos tipos de residuos. El agua contaminada vuelve a la superficie tras la fractura, junto con salmuera natural, y se inyecta en pozos subterráneos.
Esta práctica se ha relacionado con la sismicidad inducida, ya que la presión puede reactivar fallas inactivas. En algunos países de América del Norte, hasta el 70% de estas aguas residuales se reutiliza para el fracking y otros fines industriales, pero en Argentina, más del 95% se deposita bajo tierra, según explicó a Vaca Muerta News Pedro Brisio, miembro de la comisión directiva del Colegio de Profesionales del Ambiente de Neuquén.
Los residuos semisólidos del fracking, por su parte, son una pasta del color de la tierra húmeda y compuesta por roca perforada, denominada cuttings, mezclada con residuos procesados y arena. Dentro del procesamiento de estos lodos, industrias tercerizadas los acumulan formando montañas visibles. Algunas de estas plantas lo han hecho muy cerca de poblaciones.
La normativa provincial exige que estos lodos se traten mediante métodos autorizados, entre ellos hornos de alta temperatura que queman los componentes tóxicos y los reducen a cenizas en un ambiente controlado. Sin embargo, en la práctica, la capacidad de tratamiento ha sido sistemáticamente insuficiente para los volúmenes que se producen. Los residuos se acumulan. En 2023, los volúmenes aumentaron en más de un tercio con respecto al año anterior, según datos a los que ha tenido acceso Chequeado.
Los inversores internacionales tienen una participación significativa en el auge que genera estos residuos. Las empresas chinas han invertido aproximadamente US$ 6.000 millones en el sector de los combustibles fósiles de Argentina, incluida Vaca Muerta, según un análisis de Perfil. Esto representa alrededor de una cuarta parte de todas las inversiones chinas en el país.
Pan American Energy, el cuarto mayor productor de petróleo de Vaca Muerta, es propiedad conjunta de Bridas Corporation y BP. Bridas es una empresa conjunta entre la familia argentina Bulgheroni y el gigante energético marítimo estatal chino CNOOC, cuya participación en Bridas supuso la mitad de la inversión total de China en combustibles fósiles en Argentina.
Mientras Argentina se apresura a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado (GNL), China figura entre los principales compradores potenciales a los que apunta la empresa energética estatal argentina YPF, junto con Brasil, India, Japón y Europa.
El fracking y sus residuos constituyen importantes fuentes de contaminación para las zonas circundantes. Según un estudio de 2019 realizado por la iniciativa Concerned Health Professionals of New York, se detectaron más de 200 contaminantes en el aire cerca de las operaciones de fracking en Estados Unidos, y se encontraron más de 1000 sustancias químicas en los fluidos de fracking. El estudio también describe la presencia de radiactividad en las aguas residuales.
En la provincia de Neuquén actualmente hay 5 vertederos y 5 plantas de tratamiento en funcionamiento, según Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial. También hay tres plantas de tratamiento que han estado o están actualmente involucradas en disputas legales relacionadas con casos de contaminación: E.ET., HP&V y Comarsa.
Esteves afirmó que no se autorizarán nuevos vertederos. “Las empresas deben invertir en métodos alternativos de tratamiento de residuos, no solo por razones medioambientales, sino también por razones logísticas”, añade a Dialogue Earth.
Destaca que los emplazamientos existentes son seguros y cuentan con las licencias pertinentes, pero reconoció que son “zonas de sacrificio”: “No podrán utilizarse para nada más”.

El caso Comarsa
Una de las empresas acusadas de contaminar la zona es la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales (Comarsa), que opera dentro del PINO desde 2009.
La fiscalía del caso, acompañada de una querella compuesta por organizaciones ambientales y vecinales, le imputa haber aceptado una cantidad de material muy superior a la que podía tratar en sus cuatro hornos.
El resultado, según explica la querella a Dialogue Earth, fue que se acumularon alrededor de 350.000 metros cúbicos de residuos al aire libre sobre terreno sin impermeabilizar, desbordando los muros de contención de hormigón de las instalaciones.
En 2024, Comarsa perdió su licencia estatal para procesar residuos de perforación, incluidos los recortes. Sus hornos fueron desmantelados y se ordenó a la empresa que transportara los residuos a un emplazamiento designado a unos 115 kilómetros de distancia, en una zona alejada de entornos urbanos, según coinciden tanto Esteves como la fiscalía.
Rafael Colombo, un abogado que forma parte de la querella contra Comarsa y es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), alega que la acumulación de residuos ha causado contaminación del suelo y del aire, incluyendo elementos que pueden ser perjudiciales para la salud humana como el benceno, el plomo y el arsénico.
En la última audiencia judicial celebrada en marzo, los abogados que representan a Comarsa intentaron restar importancia al daño ambiental, según documentos a los que ha tenido acceso Dialogue Earth. Afirmaron que la empresa ya estaba retirando los residuos del emplazamiento de Neuquén y que esta tarea concluiría en breve; el acuerdo con el gobierno provincial puso como fecha límite octubre. También señalaron que el suelo que rodea la planta no estaba contaminado.
Los hornos originales, que ahora están cerrados, han pasado factura a los residentes de la zona. Varias personas que conversaron con Dialogue Earth describen experiencias similares: olores fuertes que causan irritación en la boca, la nariz y los ojos, dificultad para respirar y dolores de cabeza. Todos lo atribuyen a la planta de Comarsa. Varios vecinos afirman que estos síntomas reaparecen cuando hace calor o después de llover.
Carlos, que prefirió no revelar su apellido, ha vivido allí toda su vida y recuerda que, cuando los hornos estaban en funcionamiento, los síntomas eran mucho más graves. “Los hornos quemaban mal. Se emitía un humo negro. A la noche se ve menos el humo y por eso muchas veces quemaban más a la noche”, afirma, haciéndose eco de las opiniones de otros cuatro residentes.
Daniel, un profesor que protestó contra la planta en 2016, dijo que el humo provocó problemas de salud. “Fue entonces cuando los bebés y los niños comenzaron a sufrir los efectos de la contaminación”, afirma. “Imagínense, las personas que viven en estos asentamientos informales son familias jóvenes. El grupo vulnerable son principalmente los niños”, añade.
El equipo jurídico de Comarsa no respondió a la solicitud de comentarios de Dialogue Earth. El caso está a la espera de juicio.
En la apertura de la sesión legislativa de este año, un discurso anual en el que los líderes políticos exponen sus logros y prioridades, el gobernador Rolando Figueroa anunció que ya se habían retirado 139 mil toneladas de residuos de la planta de Comarsa en Neuquén.

Los vertederos de Añelo
Neuquén no es la única localidad transformada por el fracking. Añelo se encuentra a poco más de 100 kilómetros de distancia, junto a una ruta que ofrece acceso directo al yacimiento de Vaca Muerta. Un flujo constante de camionetas blancas y camiones pesados satura el camino.
Pero Añelo no siempre fue así. “Tenía más o menos mil habitantes. Arrancó como una posta de correo que después se convirtió en un pueblo de crianceros, sobre todo de chivos. Eso cambió hace poco más de 15 años”, cuenta Cecilia Romero, profesora y vecina del lugar. “De estar en asados de chivos y en fiestas criollas con todos usando alpargatas, boina y a caballo pasamos a una hilera de camiones todo el día”, añade. Calcula que ahora pasan por Añelo unas 50 mil personas al día.
Al igual que en la capital provincial, Añelo cuenta con una meseta donde se asienta la población que llega para trabajar en la industria. A pesar de estar situados junto a uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, estos barrios solo tuvieron gas instalado hace unos meses, según contaron algunos residentes a Dialogue Earth. Se encuentran a menos de dos kilómetros de uno de los vertederos donde se procesan los residuos sólidos del fracking en Vaca Muerta.
En estas instalaciones se encuentra una planta operada por Indarsa, una empresa controlada por el Grupo Urcera, uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. Este grupo controla 2 de los 5 vertederos de la zona, según registros del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) a los que tuvo acceso Dialogue Earth.
En una recorrida por la zona para este artículo, se pudo observar que es el relleno más grande: una montaña de cenizas con una altura similar a la de un edificio de cinco plantas. Los lodos se procesan hasta convertirse en cenizas que luego se depositan allí. Por el fuerte viento patagónico, las empresas riegan con agua la cresta de esos montículos para evitar que el polvo vuele, aunque no siempre lo logran.
Los lodos transportados desde Comarsa, en Neuquén, también terminan en este emplazamiento.
Algunos residentes están preocupados por el impacto de estos residuos en el suministro de agua. “Nosotros tomamos agua embotellada porque sabemos que la del río no es buena. Puede venir con químicos del petróleo”, afirma un vecino.
Indarsa no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, los residuos no son la principal preocupación para la mayoría de los residentes de Añelo. No ven que Vaca Muerta les aporte desarrollo ni puestos de trabajo. “Estamos peleando contra gente de afuera, formada para la actividad petrolera. Nosotros somos neuquinos que crecimos en el valle con crianceros y chivos”, reflexiona un residente. “Entonces te tenés que adaptar a una situación que te impusieron”.
Esteves reconoce que existe presión para resolver el problema de los residuos sólidos del fracking lo antes posible. Pronto se exigirá a las petroleras que traten sus residuos con métodos más modernos, afirma. La intención es que esto se haga en el propio lugar de extracción. La petrolera estatal YPF ya está desarrollando una planta de tratamiento de residuos a 17 kilómetros de Añelo.
Para Esteves, Estados Unidos es un ejemplo de las oportunidades que se están perdiendo en Argentina. “Allá se está discutiendo usar las cenizas en la construcción de caminos y rutas”, dijo.
Mientras tanto, en Argentina, la producción crece y las montañas de residuos siguen acumulándose.
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San Nicolás: ordenan la indagatoria de directivos de una agroquímica y de funcionarios provinciales por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná

Fecha de Publicación: 06/06/2026
Fuente: Portal fiscales.gob.ar
Provincia/Región: Buenos Aires


La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la zona.
De este modo, los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.

La investigación
La causa comenzó el 3 de junio de 2014 cuando un grupo de habitantes de la localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires solicitó que se investigara a la empresa química por la posible comisión de delitos contra la salud pública –-previstos en los artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación-– e infracciones a las leyes N°24.051 de Residuos Peligrosos y N°22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.
En su presentación, señalaron que, desde hacía varios años, la planta local de ATANOR S.A. generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al Río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que la firma abría las compuertas de la laguna de afinamiento de la planta para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas.
Por otra parte, los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que diversos habitantes del Barrio Química habrían fallecido por causas relacionadas a la actividad contaminante de la planta.
La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba y recibió el testimonio de distintos vecinos y exempleados del predio. De los informes químicos solicitados surgió la presencia de atrazina en las muestras de agua obtenidas del río, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo.

Pedidos de indagatoria
El 11 de octubre de 2022, la querella pidió que se convocara a declaración indagatoria a las autoridades de la empresa, pero el juez Villafuerte Ruzo rechazó el pedido por considerarlo prematuro. La querella recurrió la decisión.
El 2 de mayo de 2023, el fiscal federal Di Lello le solicitó al juez que indagara a los directivos de Atanor, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y a los presidentes de la Autoridad del Agua.
A los seis responsables de la firma química, en su calidad de directivos y encargados de la planta, les endilgó haber contaminado —por lo menos— hasta el 16 de julio de 2020, el curso del río Paraná, sus barrancas, el suelo y el aire, mediante “el esparcimiento de partículas en el ambiente y el vuelco de efluentes al río, los que contenían residuos peligrosos categorizados como desechos Y4 del Anexo I de la ley 24.051 [de Residuos Peligrosos]”, lo cual -sostuvo- puso en riesgo la salud pública y la de la población de los barrios Química y Ponce de León de aquella ciudad del noreste bonaerense.
En relación a los cinco directores ejecutivos del organismo provincial de control, consideró que habían “incumplido con la misión y función impuesta a los funcionarios de dicho organismo”, por cuanto habrían omitido fiscalizar, ejecutar la política ambiental, preservar los recursos naturales, y desarrollar acciones de control sobre los elementos que pudieran causar la contaminación del aire, agua, suelo y, en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente.
Finalmente, a los tres presidentes del organismo de supervisión provincial les imputó haber omitido cumplir con las disposiciones de la Ley provincial N°12.257 -Código de Aguas-, específicamente en lo relacionado con la reglamentación, supervisión y vigilancia de actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua. En tal sentido, el fiscal consideró que “se abstuvieron de actuar con el objeto de procurar la preservación del agua y para la protección del medio ambiente y de los bienes públicos y privados del impacto dañoso del agua”, y que tampoco supervisaron ni vigilaron las actividades y obras correspondientes.
El 13 de junio de 2023, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó la apelación de la querella contra la resolución del 18 de noviembre de 2022 y ordenó remitir la causa al juez para que, en base a nuevos elementos incorporados a la investigación, se expidiera sobre las solicitudes de las partes acusadoras.
Tras varias idas y vueltas, el 2 de octubre de aquel año, el juez entendió que hasta que el tribunal de Alzada no resolviera las impugnaciones pendientes, no correspondía dar curso a las citaciones solicitadas por la fiscalía y la querella. La decisión fue recurrida por el fiscal Di Lello, al entender que el  magistrado había efectuado una errónea interpretación de la decisión de la Cámara rosarina y había propuesto una nueva diligencia que no tenía correlato con la plataforma fáctica y las pruebas consideradas al solicitar las indagatorias.
Además, el representante del MPF postuló: “el cúmulo probatorio que acredita la materialidad de los hechos y las eventuales responsabilidades de los imputados, sin fundamento e invocando condiciones inválidas, no es más que un rechazo tácito a lo peticionado y constituye un sobreseimiento ficto de los imputados de autos, en los términos del artículo 336 del CPPN, que frustra irremediablemente los fines de este proceso”.

La decisión de la Sala B
Al resolver la cuestión, la jueza Silvina María Andalaf Casiello consideró que correspondía hacer lugar a las apelaciones y citar a las personas imputadas a prestar declaración indagatoria.
En su voto, al que adhirió su colega Aníbal Pineda, la camarista sostuvo: “las pruebas en producción pendientes o por producirse, serán valoradas oportunamente para el caso del dictado de la situación de mérito de los encausados”.
Además, destacó que “la instrucción se encuentra delegada, hace once años, no habiéndola reasumido el magistrado” y que, en atención a ello, el juez debería haber considerado la postura de la fiscalía respecto a que “corresponde tachar la supeditada decisión a la realización de una medida probatoria que se encuentra pendiente…y que no resulta determinante, más si se contrapone con el caudal probatorio que existe hasta el momento”.
“Por todo lo analizado y dado los diversos y retirados pedidos de llamados a indagatoria, los que han sido diferidos de decidir, o rechazados por el magistrado, en base a distintas argumentaciones, siendo denegado ello una vez más en la providencia del 2 de octubre de 2025, consistiendo el motivo de tal denegatoria en la pericia del 30 de noviembre de 2020, atento el tiempo transcurrido y estando delegada la instrucción como referí, y no habiéndola reasumido a lo largo de estos años, considero corresponde hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos, y disponer el llamado a recibir declaración indagatoria de las personas individualizadas por la fiscalía y la querella en sus respectivos escritos”, concluyó la jueza.
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Las pepitas son ajenas

Fecha de Publicación: 01/06/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Multinacionales de Australia, Canadá, China, Suiza y fondos globales se llevan la parte del león del boom minero. La transición energética mundial demanda recursos que el país tiene en abundancia, pero el gobierno de Milei favorece negocios de enclave. Qué pasa con el empleo.
El empleo en la minería lleva diez meses consecutivos en baja, a pesar de que el sector atraviesa un boom exportador como no ve vio nunca antes. Las ganancias de la fabulosa expansión que está teniendo la actividad se concentran en un puñado de multinacionales, principalmente de Australia y Canadá, con participación creciente de empresas chinas y, un poco más atrás, de Suiza y fondos globales.
Cinco provincias concentraron en 2025 el 98,6 por ciento de las exportaciones mineras: Salta, con una población de 1,5 millones de personas, San Juan (850 mil), Jujuy (825 mil), Catamarca (440 mil) y Santa Cruz (340 mil). En total son 4 millones de ciudadanos, menos del 10 por ciento del total nacional.
Sin embargo, de ese universo la minería da trabajo de manera directa a solo 39.698 personas. Como se indicó al comienzo, en el último año la ocupación registró bajas constantes, acumulando un descenso del 5,3 por ciento en la comparación interanual.
Esto se debe a que los proyectos mineros van perdiendo incidencia en materia de ocupación luego de la primera etapa de construcción de las infraestructuras básicas para la explotación, que es intensiva en mano de obra. Pero sin intervención desde el Estado para generar encadenamientos con industrias y proveedores de servicios nacionales, ese impulso inicial va cediendo y se consolidan negocios de enclave con escasos ganadores.
Desde que gobierna Javier Milei, la industria perdió 104 mil puestos de trabajo, muchos más que los 40 mil que emplea la minería en su conjunto. La actividad manufacturera todavía da trabajo a 1,1 millones de personas en forma directa y a más del doble si se contabilizan los empleos indirectos, por lo cual la minería no está en condiciones de compensar ni siquiera marginalmente el retroceso del sector fabril.
En Chile, por ejemplo, la minería emplea actualmente a 211 mil personas, con explotaciones mucho más desarrolladas.

El boom
El cambio en las condiciones internacionales es el gran disparador del boom minero en la Argentina. “La transición energética convirtió al litio y al cobre en el petróleo del siglo XXI”, describe, por ejemplo, un documento del Grupo Atenas, que conducen Silvina Batakis y Martín Pollera, que aporta planes de desarrollo para un eventual gobierno peronista.
“Argentina tiene los recursos que el mundo necesita con urgencia: litio y cobre en cantidades extraordinarias, en un momento en que Estados Unidos, Europa y China compiten por asegurar suministro. Eso le da al Gobierno una palanca de negociación como no existió en ningún otro momento histórico. Pero Milei la dilapidó: firmó contratos con el RIGI con estabilidad fiscal por 30 años, sin contenido local exigible, exactamente cuando más poder de negociación tenía el país. El resultado es predecible: exportaciones récord con empleo cayendo”, describe Pollera.
Las exportaciones totalizaron 4.633 millones de dólares en 2024, subieron a 6.037 millones en 2025 y en lo que va del 2026 aumentan al 81 por ciento (ya van 2.409 millones en el primer trimestre), por lo que se estima que el total anual alcanzará a 9.000 millones de dólares. De acuerdo a proyecciones privadas y de la Secretaría de Energía, para 2030 se esperan exportaciones por 18.600 millones y para 2033, entre 23.800 y 25.000 millones.
“La minería ofrece una oportunidad para diversificar la matriz exportadora. Petróleo, gas y minería habilitan desarrollos en la región cordillerana, que históricamente no ha tenido las ventajas comparativas del agro para insertarse en el comercio internacional”, explica Víctor Delbuono, especialista de Fundar.
“En términos macro, esos sectores generan una inyección de divisas muy importante, que puede ayudar a resolver la restricción externa, la cual ha dificultado una y otra vez la estabilidad en la Argentina”, agrega. Un factor clave es que esos sectores tienen menos estacionalidad que el agro y dependen mucho menos de factores climáticos. Además, pueden aportan divisas en el último cuatrimestre del año, cuando disminuyen las liquidaciones del complejo agrícola.

RIGI
El modelo para la minería del gobierno libertario se expresa con claridad en las condiciones del RIGI, que ofrece beneficios notables para las multinacionales en materia impositiva, de aranceles, de importaciones y de disponibilidad de divisas, sin pedir nada a cambio para favorecer el desarrollo local.
“Argentina está transfiriendo renta extraordinaria al exterior de manera innecesaria”, protesta Pollera. En Chile, por ejemplo, la tributación efectiva sobre el margen de explotación es del 13 por ciento, mientras que en Argentina las multinacionales pagan regalías por el 3,5 por ciento en boca de pozo, con volúmenes de producción que las empresas informan por declaración jurada, y tributan a partir de sus propias mediciones.
“En Argentina se sigue la lógica liberal clásica. En pocas palabras, baja intervención estatal, régimen de regalías acotado, sin condicionalidades de contenido local ni industrialización aguas abajo. El RIGI de Milei fortalece esa lógica”, señala el experto del Grupo Atenas.
“Para comprenderlo fácilmente -agrega-, la Argentina participa en el primer eslabón de la cadena de valor, la extracción, y resigna todo el valor agregado que se genera en el procesamiento, fabricación de componentes y baterías, que se hace en Asia principalmente”, advierte.
Por ejemplo, en la cadena de valor de las baterías de litio, la extracción representa menos del 7 por ciento del valor final del producto. El 93 por ciento restante se queda afuera.

Proyectos y propuestas
Las exportaciones mineras de 2025 estuvieron concentradas en oro, con el 68 por ciento, seguidas por litio y plata, con 16 y 15 por ciento de participación, respectivamente.
En el RIGI hay aprobados hasta ahora 16 proyectos, de los cuales 9 son mineros, con inversiones comprometidas por 30 mil millones de dólares. Tres son de litio en Salta, Catamarca y Jujuy, dos son de oro y plata en Salta y San Juan, uno es de oro en esta última provincia, lo mismo que dos grandes proyectos para la explotación de cobre, y finalmente hay uno de cobre en Mendoza.
Las empresas involucradas son gigantes como Rio Tinto (conglomerado inglés y australiano), McEwen Mining (de Canadá), Lundin/BHP (de Canadá y Australia), Galan Lithium (Australia), AISA Group (capitales españoles), Barrick Gold (Canadá), Shandong Gold (China), AbraSilver Resource Corp (Canadá), Zonda Metals GmbH (Suiza), Lithium Americas (Canadá) y Ganfeng Lithium (China).
“No proponemos estatizar ni cerrar la minería, ni tampoco revertir lo que ya está firmado. Los contratos RIGI vigentes tienen estabilidad jurídica por 30 años y avanzar sobre ellos unilateralmente implicaría arbitrajes internacionales que Argentina históricamente pierde”, analiza Pollera.
Pero explica cómo empezar a revertir la política libertaria en caso de que el peronismo vuelva al poder.
“Lo que sí es posible —y urgente— son cinco instrumentos concretos aplicables desde el día uno, orientados a los proyectos que todavía no se firmaron. Y los más grandes todavía no firmaron: los proyectos de cobre, con más de 25.000 millones de dólares inversión agregada, todavía no están operativos. No se exporta cobre desde 2018. Hay una ventana de oportunidad, pero se cierra pronto", analiza.
Los puntos que propone el Grupo Atenas para una minería con agregado de valor pasan por la firma de un Pacto Federal Minero, por el cual las provincias cedan pisos comunes de condicionalidades a cambio de infraestructura nacional, que solas no pueden conseguir. Los recursos, desde la reforma constitucional de 1994, pertenecen a las provincias, aclara Pollera.
También plantea un esquema de condicionalidades para las empresas que escalan con el tiempo, para lograr industrialización local, así como mayores controles sobre los volúmenes de producción y montos de tributación progresivos.
El gobierno de Milei, en cambio, sigue con el programa que más favorece a las multinacionales del sector.
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Imputan a funcionarios por la contaminación del agua con líquidos cloacales en un pueblo de Mendoza

Fecha de Publicación: 29/05/2026
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Mendoza


La acusación es contra Humberto Mingorance, presidente de la empresa prestadora de agua potable y saneamiento, y otros dos gerentes por “daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud".
Luego de la nota de Tiempo que daba cuenta del desastre ambiental en Los Corralitos, ubicado en el departamento Guaymallén, la justicia imputó a Humberto Mingorance, presidente de Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM) por la contaminación que generó al volcar líquidos cloacales de manera clandestina a un canal de riego.
Además de Mingorance, la medida dispuesta por el fiscal de instrucción Gabriel Blanco también alcanza a otros dos integrantes de la cúpula de AYSAM: Darío Hernández, gerente General, y Carlos Cifuentes, gerente operativo.
Los delitos que les imputan a Mingorance, Hernández y Sifuentes son «daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud», en base a los artículos 55; 184 inciso 5°; y 55 y 57 de la ley nacional 24.051, la cual que regula la manipulación de los residuos peligrosos.
De acuerdo a las fuentes, el fiscal Blanco basó la imputación en la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, el organismo provincial encargado de administrar, distribuir y controlar el suministro de agua, dado que Mendoza es una zona árida, por la cual Aysam había recibido una multa récord, equivalente a 120 millones de pesos, por la contaminación del canal de Los Corralitos.
En esa norma, firmada por el superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli, se califica a la situación como de una «gravedad excepcional» porque el vuelco de líquidos cloacales se hizo “sin ningún tipo de permiso del Departamento General Irrigación, en abierta violación a la normativa vigente”.

“Jacuzzi cloacal”
El drama de los vecinos de Los Corralitos por los desbordes de aguas servidas arrancó hace cuatro años, pero por aquel entonces eran eventuales, sobre todo, en los días de fuertes lluvias. La inacción de Aysam provocó que los derrames sean cada vez más frecuentes hasta convertir la zona en un “gran jacuzzi cloacal”.
Según distintos informes técnicos, el sistema cloacal presenta serios problemas de sedimentación y obstrucciones, situación que derivó en la formación de, por ejemplo, “lagunas” marrones en el cruce de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo.
Durante meses, el Departamento General de Irrigación autorizó de manera excepcional el vuelco de efluentes cloacales al Canal Pescara, que atraviesa los departamentos de Maipú, Guaymallén y Lavalle, como una solución transitoria mientras Aysam ejecutaba obras para aliviar el sistema. Sin embargo, nunca se cumplieron.
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