Neuquén exige a las petroleras sanear el pasivo ambiental de 441 pozos del petróleo convencional

Mientras Vaca Muerta atrae inversiones, la provincia fija obligaciones de abandono y remediación a YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA por pozos, ductos e instalaciones que quedaron de décadas de explotación.

Mientras Vaca Muerta concentra inversiones y nuevos desarrollos de petróleo y gas no convencional, Neuquén enfrenta la herencia de décadas de explotación convencional: pozos inactivos, ductos, instalaciones en desuso y suelos contaminados. Un relevamiento de los compromisos asumidos en 2025 y 2026 reúne 441 registros de pozos alcanzados por programas de abandono, reclasificaciones para cierre o evaluaciones técnicas, en los que están involucradas YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA.
La cuenta surge de los decretos provinciales que autorizaron transferencias de áreas maduras. Incluye 208 pozos del programa de abandono asumido por Fluxus, 111 clasificados para abandono en concesiones que YPF transfirió a Bentia Energy y otros 100 que la petrolera estatal debía reclasificar. Se suman 8 pozos en áreas adquiridas por Bentia e Ingeniería SIMA, 7 en Aguada Villanueva, 4 en Meseta Buena Esperanza y 3 en Las Tacanas.

Quién paga el pasivo
El crecimiento de Vaca Muerta modificó el negocio petrolero neuquino. Las grandes compañías comenzaron a desprenderse de yacimientos convencionales maduros, como hizo YPF a través del Proyecto Andes, y la provincia incorporó a esas transferencias una exigencia clave: definir qué empresa debe cerrar los pozos, retirar las instalaciones y sanear los pasivos generados durante décadas.
Un ejemplo es la cesión de las áreas Octógono y Al Norte de la Dorsal a Bentia Energy, autorizada por el Decreto 380/2025. El inventario identificó 1.015 pozos, de los cuales 195 estaban activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 ya abandonados y 20 sin conexión, además de 40 instalaciones de producción y más de 939 kilómetros de ductos. Bentia debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años.
En otra operación, el Decreto 372/2025 autorizó la transferencia de cuatro áreas de YPF a Bentia Energy e Ingeniería SIMA, con una garantía de 450.000 dólares. Allí, la autoridad ambiental provincial fijó un criterio central: los acuerdos privados entre empresas no pueden limitar la facultad de Neuquén de exigir el saneamiento. Es decir, la compañía que generó un pasivo puede seguir obligada a remediarlo aun después de vender la concesión.
Abandonar un pozo y remediar un terreno son tareas distintas: el cierre técnico aísla las formaciones para impedir la migración de fluidos, mientras que la recuperación ambiental exige además retirar instalaciones, tratar suelos y gestionar residuos.

Pozos junto a casas y escuelas
El problema es especialmente sensible donde las ciudades crecieron sobre antiguos yacimientos. En Octógono, en Plaza Huincul, la documentación provincial identificó unas 82 hectáreas destinadas a un posible desarrollo urbano, donde pozos, ductos e instalaciones pueden interferir con el proyecto. Entre Neuquén capital y Plottier, viejas instalaciones quedaron cerca de viviendas, escuelas, chacras y barrios. Una falla en el aislamiento de un pozo puede permitir fugas de gases o fluidos, con riesgos para el suelo, el agua subterránea y las personas.
Allí se concentra el mayor programa individual de abandono. Fluxus, vinculada al conglomerado brasileño J&F, adquirió de Pluspetrol las concesiones Centenario. El Decreto 982/2025 fijó originalmente el abandono de 76 pozos y la reactivación de 54, con una inversión de 21,3 millones de dólares, pero luego el ministro de Energía provincial, Gustavo Medele, informó que la empresa se comprometió a abandonar 208 pozos en cinco años. Los trabajos comenzaron en Bajada de Maida, priorizando los pozos cercanos a viviendas y escuelas. El decreto exige además sanear antiguas piletas, suelos contaminados y derrames, y cerrar caminos para favorecer la revegetación.

Nuevos plazos y reclamos
Este año, los decretos 475, 476 y 496 de 2026 fijaron cronogramas de abandono para pozos en Aguada Villanueva, Meseta Buena Esperanza y Las Tacanas, transferidas de Pluspetrol a YPF.
Los conflictos también alcanzan a dueños de tierras. En Chihuido de la Sierra Negra, propietarios reclamaron por 580 pozos, baterías, centrales eléctricas y cientos de kilómetros de ductos en sus campos, que buscan recuperar para la actividad agropecuaria, aunque la provincia rechazó el reclamo.

El metano, un riesgo invisible
Neuquén también empezó a medir emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que puede escapar de pozos mal sellados. Entre marzo y abril, técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Universidad McGill, de Canadá, bajo la dirección de la investigadora Mary Kang, relevaron 124 pozos inactivos y abandonados en 64 áreas, en el marco de una iniciativa vinculada al Observatorio Internacional de Emisiones de Metano de la ONU. Los resultados se publicarán en una revista científica.


Fecha de Publicación: 22/10/2026
Provincia/Región: Neuquén
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal iProfesional, Gobierno de la Provincia de Neuquén

El Senado de Santa Fe pide controlar los residuos tóxicos de la ex Sulfacid al borde del Paraná

La Cámara alta santafesina reclamó al Ejecutivo un seguimiento permanente del predio de Fray Luis Beltrán, donde unas 800.000 toneladas de desechos con metales pesados amenazan con caer al río, semanas después de una orden judicial que intimó a la empresa a actuar.

El Senado de Santa Fe aprobó por unanimidad un pedido para que el gobierno provincial controle de manera permanente el predio de la ex Sulfacid, en Fray Luis Beltrán, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos con metales pesados sobre una barranca inestable del río Paraná. La iniciativa llega pocas semanas después de que la Justicia ordenara a la empresa propietaria, Ar Zinc S.A., estabilizar la barranca y contener los desechos.
El proyecto de comunicación, impulsado por el senador justicialista Armando Traferri, solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, establezca un mecanismo de control técnico y seguimiento permanente en el predio. El objetivo es supervisar la estabilización de la barranca y la contención de los residuos tóxicos. Para el legislador, el caso representa posiblemente “la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe”.

Una fábrica cerrada, un pasivo abierto
La planta funcionó desde la década de 1950 bajo el nombre de Sulfacid, en un predio de unas 50 hectáreas entre la ruta nacional 11 y el río Paraná, y fue la única fábrica de zinc electrolítico del país. En 2005 pasó a manos de la multinacional Glencore y, en febrero de 2016, dejó de producir tras la rotura de un horno, lo que dejó sin empleo a unos 400 trabajadores. En 2021, el inmueble fue adquirido por el grupo Integra Capital, que asumió también la responsabilidad sobre el pasivo ambiental.
Durante décadas de actividad se acumularon en el lugar grandes volúmenes de residuos industriales, entre ellos jarosita, un subproducto del procesamiento del zinc, y materiales con plomo, cadmio y arsénico, metales pesados que pueden resultar tóxicos para la salud y los ecosistemas. La jarosita es un sulfato de hierro que se genera al purificar el zinc y que, en contacto con el agua y en condiciones ácidas, puede liberar los metales que retiene, por lo que su acumulación a cielo abierto junto a un curso de agua es considerada de alto riesgo. El riesgo principal es que la barranca, afectada por la erosión, colapse y arrastre esos desechos al Paraná, del que se abastecen millones de personas aguas abajo. Las lluvias, además, podrían movilizar los contaminantes hacia las napas.

La orden judicial
A fines de septiembre, el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N.º 12 de San Lorenzo, Eugenio Romanini, hizo lugar a un pedido del fiscal Maximiliano Nicosia, con el respaldo de la Fiscalía de Estado y del Ministerio de Ambiente provincial, y ordenó a Ar Zinc iniciar de inmediato las obras para estabilizar y apuntalar la barranca, contener los residuos para evitar su dispersión y cerrar el perímetro del predio.
El fallo fijó plazos estrictos. La empresa debía informar en 10 días si retiraría los residuos o si los trataría y contendría en el lugar, y presentar en 15 días el proyecto técnico, el equipo profesional responsable y un cronograma de ejecución que no podrá superar los ocho meses. También deberá entregar informes de avance cada dos semanas, bajo la supervisión de la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente.
La Fiscalía advirtió que el riesgo es especialmente crítico por el fenómeno de El Niño, que trae lluvias intensas y crecidas del Paraná, como las que ya se registran en el Litoral. No es la primera orden: en 2022, un juzgado civil, en una causa iniciada en 2020, ya había exigido a la empresa consolidar la barranca, algo que, según se expuso en la audiencia, no se cumplió.

Un reclamo de larga data
Traferri recordó que presentó proyectos sobre el mismo tema en 2019, 2020 y 2025, y fundamentó la nueva iniciativa en el artículo 33 de la Constitución santafesina reformada en 2025, que reconoce el ambiente como un bien colectivo. La comunicación busca que el Estado provincial no se limite a la causa judicial y asuma un rol activo y permanente en el control del predio.
Hasta el momento no se conoce públicamente si la empresa cumplió con los primeros plazos fijados por la Justicia. Mientras tanto, cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos siguen al borde de una barranca que se desmorona, a pocos metros de uno de los ríos más importantes de Sudamérica.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Santa Fe 
Fuentes Consultadas: Diario El Litoral, Cámara de Senadores de Santa Fe, Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe

La reforma de la ley de biocombustibles pone en riesgo 14 plantas pymes y casi 10.000 empleos

El proyecto con media sanción del Senado reduce casi a la mitad la participación de las pymes en el mercado del biodiésel y abre el negocio a las grandes aceiteras, en un debate que también define el futuro de los biocombustibles en el país.

La reforma del régimen de biocombustibles que ya obtuvo media sanción en el Senado y ahora se debate en la Cámara de Diputados pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel en el interior del país. Según la cámara que las agrupa, la nueva ley reduciría casi a la mitad su participación en el mercado, podría provocar el cierre de 14 de sus 25 plantas y amenaza unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
El proyecto, impulsado por la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, y respaldado por el gobierno nacional, fue aprobado por el Senado el 17 de septiembre y pasó a la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. Busca reemplazar la Ley 27.640, vigente hasta 2030, por un nuevo marco regulatorio con una vigencia de 15 años, que elimina los precios fijados por la Secretaría de Energía y desregula el mercado.

Qué cambia para el biodiésel
Hoy, el gasoil que se vende en el país debe contener un 7,5% de biodiésel, y ese volumen es abastecido en su totalidad por productores no integrados, en su mayoría pymes regionales, que compran el aceite de soja a las grandes aceiteras. La reforma eleva la mezcla total, pero reduce la porción reservada a las pymes a un piso del 4% y abre un segmento de libre negociación del 6%, en el que competirían las grandes agroexportadoras.
Según los cálculos difundidos por el sector, la producción de las pymes caería de 902.700 a 481.440 toneladas anuales. Con ese volumen, solo 11 de las 25 plantas podrían seguir operando. Las restantes, distribuidas en provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, quedarían en riesgo de quiebra.

La concentración del mercado
El conflicto enfrenta a las pymes con las grandes aceiteras. Las 25 productoras pequeñas y medianas tienen, cada una, una participación de mercado del 5% o menos, pero elaboran cerca del 65% del biodiésel destinado al corte obligatorio. En cambio, las grandes procesadoras de soja controlan la materia prima, que representa el 80% del costo de producción. Del lado de los compradores, YPF concentra el 59% de las adquisiciones y las principales petroleras, el 92% del mercado.
Para la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), dejar que las aceiteras ingresen al mercado interno a costa de las pymes concentraría la producción en pocos grupos empresarios, en su mayoría ubicados en el polo agroexportador de Santa Fe. Su director ejecutivo, Federico Martelli, sostuvo que, si las grandes empresas quieren entrar al mercado interno, debería hacerse aumentando el cupo total de biodiésel y no reduciendo el de las pymes.

La contrapropuesta de las pymes
La cámara propone elevar el corte de biodiésel al 12,5% del gasoil, dividido en tres segmentos: un 5% para pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros de los puertos, un 2,5% para pymes portuarias no integradas y un 5% abierto a las grandes exportadoras. También plantea reemplazar los cupos y precios regulados por licitaciones competitivas.
Según Cepreb, el sector genera más de 1.000 millones de dólares anuales, sostiene a unas 400 extrusoras regionales de soja y produce un combustible con emisiones de gases de efecto invernadero un 69% menores que las del gasoil fósil.

Un debate también ambiental
Los biocombustibles son una de las herramientas con las que la Argentina reduce las emisiones del transporte, uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Por eso, más allá de la disputa económica, la reforma define cuánto biocombustible se mezclará con los combustibles fósiles en los próximos 15 años y quién lo producirá.
Desde el oficialismo sostienen que el nuevo régimen amplía los cortes obligatorios, incorpora competencia y elimina distorsiones de precios. Las pymes, en cambio, advierten que la desregulación favorecerá a los grandes jugadores y pondrá en riesgo un entramado productivo distribuido en el interior, vinculado a las economías regionales.
La media sanción en el Senado no estuvo exenta de tensiones. Según Cepreb, el senador radical Maximiliano Abad votó en contra y pidió un cuarto intermedio para negociar cambios, que fue rechazado. Ahora, la discusión se traslada a Diputados, donde las pymes buscan modificar el texto antes de que se convierta en ley.


Fecha de Publicación: 21/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Página/12, Senado de la Nación Argentina, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb).

Derrame de Shell en Magdalena: 27 años después, el exintendente dice que el acuerdo fue un engaño

Fernando Carballo, que en 2009 firmó el convenio de reparación con Shell, dice que el municipio fue engañado, mientras la Cámara Federal revisa el fallo que rechazó ese acuerdo.

Más de 27 años después del mayor desastre petrolero en la historia de Magdalena, la causa sigue sin cerrarse y suma un nuevo capítulo. El exintendente Fernando Carballo, que en 2009 firmó con Shell el acuerdo de reparación que hoy está en discusión en la Justicia, admitió que aquel convenio fue un error y que el municipio fue engañado.
El derrame ocurrió el 15 de enero de 1999, cuando el buque petrolero Estrella Pampeana, operado por Shell, chocó con el portacontenedores Sea Paraná en el Río de la Plata, frente a la costa de Magdalena. Se volcaron unos 5,4 millones de litros de crudo, que afectaron más de 30 kilómetros de playas, humedales y arroyos. Es considerado el mayor derrame de petróleo en agua dulce registrado.

Un largo recorrido judicial
El municipio demandó a la empresa poco después del accidente. En 2002, durante la gestión del intendente Oscar Sibetti, el Juzgado Federal N° 4 de La Plata ordenó a la petrolera medidas de recomposición ambiental por unos 35 millones de dólares. Pero en diciembre de 2007 la Corte Suprema resolvió que la causa debía tramitarse ante la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, lo que dejó sin efecto aquella decisión.
En 2009, ya con Carballo al frente del municipio, Magdalena y Shell firmaron un acuerdo por 9,5 millones de dólares, más asistencia para proyectos de desarrollo local. A cambio, el municipio desistía de sus acciones judiciales, mientras la empresa no reconocía responsabilidad. El pago quedaba sujeto a la homologación de un juez. Para respaldar el convenio, la comuna convocó a un plebiscito no vinculante en mayo de ese año: la propuesta obtuvo alrededor del 77% de los votos, aunque esa aprobación equivalió a cerca de una cuarta parte del padrón.

“Nos mintió”
Hoy, Carballo revisa aquella decisión con dureza. En una entrevista con un medio local, sostuvo que la información oficial difundida antes del plebiscito fue tendenciosa: detallaba el dinero y los proyectos que llegarían, pero no explicaba que aceptar el acuerdo implicaba abandonar las demandas. “Nos mintió, nos operó por atrás en la Justicia con mucho poder de Shell”, afirmó, en alusión a la petrolera y a su conducción de entonces, encabezada por Juan José Aranguren, quien años más tarde fue ministro de Energía y Minería de la Nación.
El exintendente aseguró que no volvería a impulsar una consulta de ese tipo y que el municipio debió haber seguido reclamando la totalidad de la reparación. Desde la organización ambientalista Ala Plástica, que sigue la causa desde hace años, señalaron que con el acuerdo se perdió la posibilidad de profundizar la investigación y el reclamo con proyección nacional e internacional.

El fallo que reabrió la causa
El convenio nunca llegó a cerrar el conflicto. El 30 de diciembre de 2025, el juez Juan Rafael Stinco, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, rechazó homologarlo. En su resolución sostuvo que los derechos ambientales son de orden público y no pueden negociarse en forma privada, y que ni el aval del Concejo Deliberante ni el plebiscito pueden estar por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente.
El magistrado también consideró que el monto carecía de sustento técnico, porque no había estudios ambientales ni estimaciones de costos de recomposición que justificaran los 9,5 millones, y calificó el acuerdo como “objetivamente desactualizado”. Admitió que las pericias recientes no detectan un daño ambiental activo, pero sostuvo que el análisis debía situarse en el momento en que se firmó el convenio. El fallo no fijó, sin embargo, una nueva indemnización.
Shell y su aseguradora apelaron ante la Cámara Federal. La empresa sostiene que el ambiente ya fue recompuesto, que no hay daños pendientes de reparación y que pericias e informes oficiales realizados entre 2020 y 2024 no detectan contaminación por hidrocarburos. La Municipalidad de Magdalena también recurrió el fallo, aunque con otro objetivo: reclama una indemnización acorde con el daño sufrido.
Ahora será la Cámara la que deberá decidir si confirma el rechazo del acuerdo. Mientras tanto, a casi tres décadas del derrame, la costa de Magdalena sigue esperando una respuesta definitiva sobre quién y cuánto debe pagar por el daño.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Buenos Aires
Fuentes Consultadas: Diario El Día, Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, Corte Suprema de Justicia de la Nación

Santiago del Estero inspeccionó diez ingenios tucumanos por la contaminación del Salí-Dulce

La Defensoría del Pueblo santiagueña, junto con organismos de Tucumán y de Nación, revisó plantas sucroalcoholeras en plena zafra para verificar que no haya vuelcos de vinaza ni cenizas a la cuenca compartida.

En plena zafra, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero volvió a cruzar el límite provincial para revisar de cerca la industria que durante años fue señalada como una de las principales fuentes de contaminación de la cuenca Salí-Dulce. Durante dos jornadas, un equipo encabezado por su titular, Daniel Escobar Correa, inspeccionó diez establecimientos sucroalcoholeros de Tucumán.
El recorrido incluyó el ingenio y la destilería Bella Vista, y los ingenios Santa Rosa, Corona, Marapa, Santa Bárbara, Famaillá, San Juan, Concepción, La Florida y Leales. Fue la tercera inspección del año. Participaron también el ingeniero Guillermo Silva, de la Defensoría del Pueblo de Tucumán; el ingeniero Marcelo Lizárraga, de la Secretaría de Medio Ambiente tucumana, y el ingeniero Javier Finkelstein, junto con técnicos del área de Ambiente de la Nación.

Tres controles clave
Los inspectores verificaron tres variables. La primera fue el cumplimiento de la meta de "vinaza cero", es decir, que ese residuo no llegue a los cursos de agua. La segunda, la de "ceniza cero", referida a los restos de la quema del bagazo en las calderas. La tercera, el reciclado del agua utilizada para lavar la caña.
La vinaza es el principal desafío ambiental de la producción de bioetanol de caña de azúcar. Por cada litro de alcohol se generan unos 13 litros de este efluente, un líquido con una altísima carga orgánica. Cuando llega a ríos y embalses sin tratamiento, consume el oxígeno disuelto en el agua y puede provocar la muerte masiva de peces.
Los controles se realizan antes del inicio de la zafra, hasta dos veces durante la molienda y al cierre de la temporada. Algunas plantas que producen bioetanol todo el año reciben inspecciones adicionales. Las fuentes consultadas no informaron hallazgos ni incumplimientos concretos detectados en esta recorrida.

Un acuerdo con supervisión de la Corte
Las inspecciones se apoyan en un acuerdo interprovincial firmado el 30 de diciembre de 2011 por los entonces gobernadores Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y José Alperovich, de Tucumán. Del convenio también participaron la Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo santiagueña, y habilita a una provincia a controlar las industrias de la otra y sus vuelcos.
El origen del acuerdo fue un amparo ambiental que Santiago del Estero presentó ante la Corte Suprema de Justicia, a través de su Fiscalía de Estado y su Defensoría del Pueblo, por la contaminación de la cuenca. Toda la información que surge de los controles se eleva al máximo tribunal, que supervisa el cumplimiento.
La cuenca Salí-Dulce se extiende por cinco provincias, abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados y en ella viven cerca de 2,5 millones de personas. El río Salí atraviesa Tucumán y desemboca en el embalse de Río Hondo. Ya en territorio santiagueño, continúa como río Dulce hasta la laguna Mar Chiquita, en Córdoba. Sus aguas se usan para riego, producción y consumo humano y animal. La contaminación del río y del embalse motivó en 2007 la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca.

Monitoreo permanente
Desde mayo de 2012, la Defensoría santiagueña monitorea los 365 días del año 32 puntos de control de efluentes, el embalse de Río Hondo y los afluentes industriales. Es un control diario que busca detectar a tiempo cualquier vuelco. Desde el Gobierno tucumano sostienen que la calidad del río mejoró en materia de residuos industriales gracias a los controles semanales que se realizan en conjunto con Santiago del Estero antes de que el cauce ingrese en esa provincia.
Sin embargo, el Salí sigue enfrentando otros problemas. Un estudio difundido esta semana, con muestras analizadas por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, no encontró valores significativos de metales ni sustancias químicas en su paso por el Gran Tucumán. Pero sí detectó una fuerte contaminación de origen cloacal, con niveles de coliformes fecales que llegaron a superar 2.400 veces el máximo de referencia a la altura del puente Ingeniero Barros.
Para la cuenca compartida, el desafío es doble: sostener los controles sobre la industria azucarera, que durante la zafra concentra el mayor riesgo, y avanzar sobre los efluentes urbanos que todavía llegan sin tratamiento al río.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero - Tucumán
Fuentes Consultadas: El Liberal, Nuevo Diario de Santiago del Estero, Contexto Tucumán, Ministerio de Ambiente de la Nación (Cuenca Salí-Dulce)

AR Zinc: la Fiscalía citará a audiencia imputativa a los dueños por los residuos tóxicos

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a los responsables de AR Zinc por el riesgo que implican unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos acumulados junto al río Paraná, días después de que la Justicia ordenara medidas urgentes para evitar un derrumbe de la barranca.

El fiscal de San Lorenzo, Maximiliano Nicosia, confirmó que convocará a audiencia imputativa a los responsables de AR Zinc S.A., la firma propietaria del predio de la ex Sulfacid en Fray Luis Beltrán, Santa Fe, donde se acumulan unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos a pocos metros del Paraná. El anuncio llega poco después de que el juez Eugenio Romanini ordenara a la empresa estabilizar la barranca lindera al río y contener el pasivo ambiental. "Los vamos a citar a la audiencia imputativa", aseguró Nicosia, quien explicó que la situación es considerada de riesgo inminente y que por eso la Fiscalía pidió avanzar con medidas para detener el deterioro del lugar.

Un riesgo medido y un derrumbe previo
Los residuos contienen jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados. Según el fiscal, mediciones realizadas por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires determinaron que existe peligro de derrumbe en la barranca, y recordó que en 2024 ya se desmoronó parte de ese talud. "Con las cantidades que hay, eso contamina todo el Paraná", advirtió. Agregó que el predio está prácticamente a la intemperie y que se encuentra próximo a una instalación de agua que abastece a la localidad. La resolución judicial responde por ahora a un riesgo potencial de contaminación y no a un derrame confirmado, y la Fiscalía sostuvo además que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían aumentar la urgencia.

La posible responsabilidad penal
Nicosia explicó que ya quedó planteada la eventual responsabilidad penal de los directivos, a partir de la desobediencia a resoluciones judiciales y de las normas de protección ambiental. El antecedente central es una orden de 2022: dentro de un expediente civil iniciado en 2020, un juzgado dispuso obras de apuntalamiento de la barranca que, según se expuso en la audiencia, la empresa nunca ejecutó.

Qué debe hacer la empresa
La primera medida y la más urgente es apuntalar y sostener la barranca. También se pidió intervenir los tres depósitos donde están los residuos, con tareas de remoción y remediación del suelo, y cerrar el predio para impedir el ingreso de personas y el arrojo de basura. La firma tiene 10 días para informar si optará por retirar los residuos o tratarlos y contenerlos, y 15 días para presentar la documentación técnica, el equipo profesional y un cronograma que no podrá superar los ocho meses. Deberá además elevar informes quincenales, supervisados por la Fiscalía Regional, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Quién responde por un pasivo de seis décadas
El intendente de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli, expresó su preocupación por el riesgo de derrumbe y de contaminación del agua. Explicó que el pasivo tiene una historia de unos 60 años, y que parte de esos residuos se generó cuando las normas ambientales eran distintas. "La responsabilidad cabe no solamente al titular actual, sino también a Integra Capital", sostuvo, y mencionó que Glencore mantiene responsabilidad solidaria en materia ambiental.
La planta, conocida como Sulfacid, fue fundada en la década de 1950 y llegó a ser la única fábrica de zinc electrolítico del país. Pasó a manos de Glencore en 2005, cerró en 2016 y dejó a unos 400 trabajadores sin empleo. En 2021, según los antecedentes del expediente, el predio fue adquirido por Integra Capital, el grupo que encabeza José Luis Manzano. Con la citación anunciada, la causa pasa de exigir la remediación a discutir quiénes deberán responder penalmente por ella.


Fecha de Publicación: 29/09/2026
Provincia/Región: Santa Fe
Fuentes Consultadas: Cadena 3, Portal SL24, Elonce, El Ciudadano

Empresarios del agro impulsan una ley que regule los mercados de carbono para generar US$ 3.900 millones anuales en divisas


La iniciativa empresarial busca crear un marco normativo transparente en la Argentina que otorgue certeza jurídica a los créditos generados por la siembra directa, la captura en suelos y la conservación forestal.

Un fuerte reclamo proveniente del sector agroindustrial argentino ha tomado relevancia institucional a través de reportes publicados por la sección especializada TN Campo: empresarios, bolsas de comercio y entidades del agro exigieron al Congreso de la Nación la urgente sanción de un marco regulatorio integral que ordene el mercado de carbono en el país. Según estimaciones del sector, contar con una ley nacional clara y alineada con los estándares internacionales del Artículo 6 del Acuerdo de París permitiría a la Argentina certificar prácticas agrícolas sustentables e ingresar divisas por hasta US$ 3.900 millones anuales mediante la venta de créditos de carbono (o bonos de carbono) a empresas e institucionales globales que buscan compensar su huella de emisiones.

Captura en suelos, siembra directa y trazabilidad de los bonos
El potencial argentino para liderar la oferta de créditos de carbono radica en su vasto territorio y en la adopción masiva de la siembra directa, la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y la gestión de pastizales nativos. Estas prácticas permiten fijar de manera biológica toneladas de dióxido de carbono atmosférico en el perfil del suelo en forma de materia orgánica. Sin embargo, los empresarios advierten que la falta de un marco legal nacional genera superposición de registros provinciales, vacíos sobre la titularidad del carbono capturado (si pertenece al propietario de la tierra o al productor) y dudas sobre la doble contabilidad de emisiones, lo que resta competitividad y ahuyenta las inversiones de fondos internacionales dedicados a la descarbonización.
Para desglosar los ejes centrales del proyecto de ley propuesto por el sector privado y sus impactos económicos, se destacan los siguientes puntos:
- Creación del Registro Nacional de Créditos de Carbono: Una plataforma unificada y transparente para validar, registrar y auditar los proyectos de mitigación.
- Certeza jurídica y propiedad del activo: Definición clara de la naturaleza jurídica de los créditos de carbono como bienes negociables de titularidad privada.
- Alineamiento con los estándares internacionales (MRV): Definición de metodologías homologadas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) sustentadas en evidencia científica.

Tensión entre metas ambientales y regulaciones fiscales
El debate parlamentario sobre la regulación de los mercados de carbono reaviva también las discusiones en torno al tratamiento tributario de estas transacciones. Las entidades del agro solicitan que la comercialización de estos certificados quede exenta de retenciones u homologaciones fiscales distorsivas que desincentiven la inversión en tecnología y conservación. Asimismo, remarcan que la sanción de este marco legaría a los productores locales herramientas para cumplir con los nuevos requerimientos de descarbonización impuestos por mercados compradores como la Unión Europea y el Reglamento de Cadenas de Suministro Libres de Deforestación.

Una oportunidad estratégica para el desarrollo sustentable
La regulación del mercado de carbono en la Argentina representa un paso indispensable para transformar el esfuerzo de conservación y mitigación del agro en un motor de crecimiento económico. Sancionar un marco legal transparente y riguroso permitirá posicionar al país como un actor clave en la transición energética global, atrayendo divisas y promoviendo prácticas productivas en armonía con el medio ambiente.


Fecha de Publicación: 14/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: TN Campo, Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Sociedad Rural Argentina (SRA), Ministerio de Economía de la Nación
.

El auge extractivo de petróleo y gas en Vaca Muerta profundiza las brechas socioeconómicas y la presión ambiental en Neuquén


La expansión vertiginosa del fracking en la cuenca neuquina genera récords de exportación de hidrocarburos, pero agudiza la inflación local, la crisis habitacional y los pasivos ambientales.

La consolidación de la formación no convencional de Vaca Muerta como el motor energético y exportador de la Argentina está generando un fuerte impacto contrapuesto en el tejido socioeconómico de la provincia de Neuquén y la región patagónica. Según reportes e investigaciones difundidas por la agencia especializada IPS Noticias y analistas económicos regionales, el vertiginoso incremento en la producción de petróleo y gas mediante la técnica de hidratofracturación (fracking) ha dinamizado las cuentas públicas y el ingreso de divisas al país, pero simultáneamente ha configurado una dinámica de enclave productivo que acentúa las desigualdades locales. El fenómeno se manifiesta en una marcada brecha salarial entre los trabajadores vinculados directa o indirectamente a la industria hidrocarburífera y el resto de la población —empleados públicos, docentes y comerciantes—, desencadenando procesos de gentrificación y un aumento descontrolado en el costo de vida.

Crisis de vivienda, servicios saturados y vulnerabilidad ambiental
Una de las consecuencias más críticas del desarrollo acelerado en localidades emblemáticas como Añelo y la capital provincial es la grave saturación de la infraestructura urbana y los servicios públicos. El encarecimiento exponencial de los alquileres ha expulsado a familias de ingresos medios e inferiores hacia asentamientos informales sin acceso regular a red de agua potable, cloacas ni gas natural, paradoja que ocurre en la región que abastece de gas a todo el país. Asimismo, desde la perspectiva ecológica, el intenso ritmo de fractura hidráulica exige volúmenes masivos de agua dulce extraídos de los ríos Limay y Neuquén, mientras genera inquietud entre comunidades locales y productores frutícolas por la multiplicación de eventos de sismicidad inducida y el manejo de las arenas de cercanía y los barros con hidrocarburos.
Para desglosar los ejes centrales de la problemática socioambiental y territorial en torno al mega yacimiento patagónico, se destacan los siguientes puntos:
- Inflación local y distorsión de la estructura productiva: El encarecimiento de los insumos y la vivienda desplaza a las actividades agrícolas tradicionales del valle, alterando el perfil histórico de la región.
- Sismicidad inducida y pasivos ambientales: Registros crecientes de sismos de magnitud moderada en las cercanías de los pozos de fractura y acumulación de piletas de purga sin tratamiento adecuado.
- Doble estándar energético: Paradoja socioeconómica donde los pobladores colindantes a las áreas de extracción enfrentan tarifas desproporcionadas o carecen de conexión formal a la red de gas.

Reclamar una justa distribución de la renta no convencional
Comunidades de la zona, organizaciones ambientales y centros de estudio laboral exigen la revisión integral del modelo de desarrollo extractivo para garantizar que los beneficios extraordinarios de la producción no queden restringidos a las corporaciones y al sector financiero. Entre las demandas prioritarias se plantea la necesidad de implementar fondos soberanos de desarrollo sostenible destinados a diversificar la matriz productiva provincial, financiar obras de infraestructura básica para las poblaciones locales e implementar controles ambientales independientes y vinculantes sobre el uso del recurso hídrico y la disposición de residuos industriales.

Sostenibilidad y equidad social en la transición energética
El destino de Vaca Muerta no debe evaluarse únicamente por sus métricas de producción en barriles o metros cúbicos diarios, sino por su capacidad real para traducirse en bienestar equitativo y desarrollo territorial duradero. Priorizar la justicia ambiental y social resulta indispensable para evitar que la bonanza hidrocarburífera deje tras de sí economías agotadas y profundas secuelas de vulnerabilidad socioeconómica.


Fecha de Publicación: 10/09/2026
Provincia/Región: Nacional - Neuquén
Fuentes originales consultadas: IPS Noticias, Agencia Télam, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
.

Pymes regionales de biodiésel advierten que podrían cerrar plantas por la falta de actualización en los precios oficiales


La parálisis en la fijación de valores y cupos por parte de la Secretaría de Energía paraliza la producción en varias provincias, amenazando puestos de trabajo directos y la meta de descarbonización del transporte.

Una profunda crisis de rentabilidad golpea al sector industrial del biocombustible en la Argentina, donde la Cámara Panamericana de Biocombustibles y la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) encendieron las alarmas sobre el inminente cierre masivo de plantas productoras en el interior del país. Según reportes difundidos por el portal patagónico-litoral El Once y agencias de noticias económicas del país, las pequeñas y medianas empresas elaboradoras de biodiésel advierten que el retraso acumulado en la actualización de los precios oficiales regulados por la Secretaría de Energía de la Nación —fijados por debajo del costo real de la materia prima, principalmente el aceite de soja refinado— ha vuelto inviable la operación diaria de las fábricas. La situación paraliza la producción destinada al corte obligatorio de gasoil en el mercado interno y pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos.

Distorsión de costos y parálisis del cupo regulado
La normativa argentina establece que las refinerías de petróleo deben cortar obligatoriamente cada litro de gasoil vendido en surtidor con un porcentaje determinado de biodiésel (Ley N° 27.640 de Biocombustibles), reservando la provisión de este cupo interno a las empresas pymes no integradas ubicadas en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Sin embargo, la brecha entre el valor oficial fijado por la autoridad energética y el vertiginoso incremento en dólares del aceite de soja —sumado al aumento de los insumos químicos importados como el metilato de sodio y las tarifas de energía eléctrica— generó un margen negativo destructivo para las procesadoras. Al no poder cubrir los costos operativos mínimos, varias plantas del cordón industrial entrerriano y santafesino comenzaron a suspender personal y paralizar moliendas.
Para desglosar las variables económicas y regulatorias que amenazan la continuidad de las industrias regionales de biocombustible, se destacan los siguientes ejes críticos:
- Falta de fórmula polinómica de actualización: Ausencia de un mecanismo automático y transparente que ajuste el precio del biodiésel según la cotización internacional de la soja y la inflación de insumos.
- Riesgo en el abastecimiento de gasoil: La eventual caída de la producción pyme podría generar desabastecimiento de biocombustibles para el corte de combustibles líquidos, obligando a importar mayores volúmenes de gasoil fósil.
- Impacto social en economías regionales: Amenaza directa sobre miles de puestos de trabajo industriales calificados en localidades del interior que dependen de las plantas de bioenergía.

Impacto en la matriz de descarbonización y compromisos climáticosz
Además del fuerte impacto productivo, los representantes del sector remarcan que la parálisis de las pymes de biodiésel representa un retroceso directo en la política de transición energética y descarbonización del transporte en la Argentina. El uso de biodiésel de origen vegetal reduce en más de un 70 % las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el diésel fósil convencional, además de disminuir la emisión de material particulado y azufre en las grandes urbes. Frenar la producción bioenergética nacional obliga al país a depender en mayor medida de combustibles fósiles importados, deteriorando la balanza comercial de divisas y erosionando el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones (NDC) asumidas en el Acuerdo de París.

Exigencia de normalización del precio y previsibilidad normativa
Las cámaras empresarias reclamaron a las autoridades del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía la inmediata recomposición de la tabla de precios oficiales y la publicación oportuna de los cupos mensuales de despacho para las refinerías. Garantizar la previsibilidad en las reglas de juego del sector no solo resulta indispensable para evitar la quiebra de las industrias radicadas en los centros productivos del interior, sino para consolidar una matriz energética soberana, diversificada y ambientalmente sustentable.


Fecha de Publicación: 09/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: El Once, Agencia Télam, Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB)
.

Las pymes de biocombustibles advierten que el proyecto oficial en el Senado pone en riesgo 10.000 empleos


Cámaras empresarias del interior del país emitieron una fuerte alerta ante el debate de la nueva Ley de Biocombustibles, denunciando que la redacción impulsada por el Ejecutivo promueve la concentración del mercado y amenaza la continuidad de las plantas regionales.

El debate legislativo en el Senado de la Nación alrededor del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles ha encendido las alarmas en el entramado productivo del interior de la República Argentina. Cámaras representativas de las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) elaboradoras de biodiésel y bioetanol advirtieron de manera categórica que el proyecto oficial, tal como fue presentado para su tratamiento en comisiones, pone en riesgo directo más de 10.000 puestos de trabajo y amenaza con provocar el cierre en cadena de decenas de instalaciones industriales. Las firmas pymes denuncian que la iniciativa flexibiliza las condiciones de mercado en favor de las grandes corporaciones aceiteras y petroleras multinacionales, desmantelando los mecanismos de protección, asignación de cupos y precios de referencia que históricamente permitieron el desarrollo industrial fuera de los grandes nodos portuarios.

Asimetrías de escala y la eliminación de la protección pyme
El núcleo del reclamo radica en las severas asimetrías operativas y financieras que separan a las pymes de los gigantes agroexportadores. Mientras que los grandes grupos cerealeros e hidrocarburíferos poseen economías de escala masivas, integración vertical e infraestructura propia de transporte y exportación, las pymes nacieron concebidas como emprendimientos regionales para abastecer el corte obligatorio en el mercado interno. La eliminación o reducción drástica de los cupos reservados para estas plantas en la nueva ley las obligaría a competir en licitaciones abiertas en condiciones de marcada desigualdad, exponiéndolas a maniobras de fijación de precios por debajo del costo de producción (predatory pricing) que terminarían por expulsarlas del sistema energético nacional.
Para desglosar la matriz de impactos económicos y sociales expuestos por los dirigentes del sector biocombustibles, se destacan los siguientes elementos críticos:
- Pérdida masiva de empleo calificado: La paralización de las plantas activas impactaría de lleno en más de 10.000 familias rurales e industriales en provincias como Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Tucumán, Salta y San Luis.
- Destrucción del valor agregado en origen: Las plantas pymes procesan el aceite de soja y los granos de maíz directamente en los nodos agrícolas provinciales, evitando el flete de materia prima sin industrializar y dinamizando los servicios locales.
- Riesgo de monopolización y desabastecimiento: La concentración del mercado en un puñado de grandes empresas dejaría el abastecimiento de biocombustibles del país a merced de las fluctuaciones y conveniencias del mercado de exportación.

El rol de las provincias productoras y la búsqueda de un consenso amplio
Ante la inminencia de la votación en la Cámara Alta, los gobernadores y legisladores de la Liga de Provincias Bioenergéticas (integrada por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy) han comenzado a articular posiciones comunes para introducir modificaciones sustanciales al articulado oficial. Los mandatarios provinciales coinciden con las cámaras pymes en que una ley de biocombustibles moderna debe impulsar el incremento gradual en las mezclas obligatorias de biodiésel y bioetanol en las naftas y el gasoil, pero resguardando un piso mínimo de participación para las empresas regionales que garantice el federalismo productivo y la diversificación de la matriz energética.

Sustentabilidad y soberanía energética en el horizonte nacional
Representantes de las pymes industriales reafirmaron que los biocombustibles no solo representan un motor de desarrollo federal, sino la herramienta más inmediata y costo-eficiente que posee Argentina para avanzar en la descarbonización del sector transporte. Sustituir gasoil importado por biodiésel de origen nacional permite ahorrar valiosas divisas al Banco Central al tiempo que reduce más del 70 % las emisiones de gases de efecto invernadero. Las entidades empresarias instaron a los senadores a no ceder ante presiones corporativas y redactar un marco normativo equilibrado que otorgue previsibilidad jurídica, proteja el empleo argentino y consolide la soberanía energética de la nación.


Fecha de Publicación: 05/09/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes originales consultadas: Portal TN Campo, Diario La Nación, Cámara Argentina de Empresas de Biocombustibles (CADER)
.

Denuncian a dos ingenios por contaminación y piden controles efectivos al Gobierno de Tucumán

La Fundación Ecológica Ave Fénix presentó nuevas denuncias administrativas contra los ingenios Aguilares y Marapa por la emisión de hollín y bagacillo, y advirtió que la solución no requiere nuevas inversiones sino el mantenimiento de los filtros que las plantas ya tienen instalados.

La Fundación Ecológica Ave Fénix formalizó nuevas denuncias administrativas ante la Subsecretaría de Medio Ambiente de Tucumán para exigir el correcto funcionamiento de los filtros en los ingenios Aguilares y Marapa. Desde la organización remarcaron que el problema no radica en la falta de equipamiento ni en la crisis del sector azucarero, sino en la falta de voluntad empresarial para hacer el mantenimiento adecuado de los sistemas ya instalados. "No se está pidiendo algo imposible ni inversiones nuevas porque los filtros ya están; lo que tienen que hacer es el mantenimiento correspondiente para que funcionen al 90%", sostuvo el presidente de la ONG, Gustavo Masmud.

Toneladas de ceniza sobre los barrios
Según la fundación, los vecinos de ambas localidades deben soportar a diario toneladas de material particulado que afectan a las viviendas, los espacios públicos y la salud de la población. La organización cuestionó además la efectividad de las inspecciones oficiales, al señalar que las actas administrativas suelen contradecir la realidad que atraviesan las familias de la zona. "Le pedimos al subsecretario que la inspección no termine en la puerta, que recorra el barrio e ingrese a las viviendas para ver la cantidad de material particulado, porque algo está funcionando mal", planteó Masmud.

Un reclamo con expediente abierto y años de historia
Este es apenas el capítulo más reciente de un conflicto que se repite en cada zafra. A mediados de septiembre, Ave Fénix ya había presentado una denuncia formal contra el ingenio Marapa, en Juan Bautista Alberdi, que derivó en un expediente administrativo abierto por la Dirección de Fiscalización Ambiental bajo el número 952/621/AF/2026. Vecinos de la zona venían advirtiendo por el incremento de hollín y bagacillo -el desecho de la molienda de caña usado como combustible en las calderas- que el viento arrastra desde los predios fabriles hacia las viviendas cercanas. La problemática lleva más de siete años de denuncias documentadas contra ambos ingenios: la ONG ya había presentado reclamos similares en 2019 contra Aguilares y Marapa, cuando también señaló el mal funcionamiento de los filtros scrubbers y el tratamiento deficiente del bagazo acumulado, y llegó a anunciar una denuncia penal contra el entonces arrendatario de Marapa.

La salud pública, en el centro del reclamo
La persistencia de las emisiones industriales encendió las alarmas sanitarias en la zona, con afectación severa en niños y adultos por la inhalación constante de hollín. Ante la falta de respuestas a nivel provincial, las organizaciones comunitarias no descartan volver a realizar protestas públicas ni elevar las actuaciones a la Justicia Federal. "Si no hay una respuesta del organismo de control o esta situación no cambia, el próximo paso es la Justicia Federal, donde ya hay causas y condenas por contaminación ambiental", advirtió Masmud. Desde la fundación remarcaron, de todos modos, que el objetivo central es lograr un impacto mínimo de contaminación sin perjudicar la actividad económica ni las fuentes de trabajo del sector azucarero. "No es justo que para no lidiar con el material dentro del ingenio lo envíen al medio ambiente dañando la salud y el patrimonio de la gente cuando la solución está al alcance de la mano", concluyó el ambientalista.


Fecha de Publicación: 02/10/2026
Provincia/Región: Tucumán 
Fuentes Consultadas: Diario Primera Fuente, Portal Economía Sustentable, Portal GN Noticias

La CIDH abrió el caso por la contaminación de Porta Hermanos

Fecha de Publicación: 22/08/2026
Fuente: Diario Hoy Día
Provincia/Región: Córdoba


Vecinos de barrio San Antonio y FUNDEPS lograron una instancia internacional clave en su demanda ante el Estado argentino, ante la falta de respuestas de la justicia local.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado una decisión trascendental al abrir el caso contra el Estado argentino por la contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Porta Hermanos, ubicada en la periferia sur de la ciudad de Córdoba. Esta resolución representa un avance significativo para las familias afectadas y para la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), quienes decidieron acudir a esta instancia internacional en busca de las respuestas que no lograron obtener en los ámbitos judiciales locales ni nacionales.
Ananda Lavayén, abogada de FUNDEPS, explica que la presentación conjunta con las vecinas nucleadas en VUDAS se realizó en el año 2024. Al respecto, la letrada señala: «decidimos acudir como a esta instancia internacional buscando respuestas que tanto en el ámbito local como a nivel nacional no hemos logrado en hasta el día de la fecha». La causa judicial, que se tramita desde el año 2016, tuvo un extenso recorrido de idas y vueltas que incluyó una llegada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el máximo tribunal argentino rechazó el recurso mediante el mecanismo de certiorari, una desestimación por cuestiones formales que evitó que los jueces se expidieran sobre el fondo del asunto.
Tras una primera revisión formal de admisibilidad realizada el año pasado, la novedad actual es que la CIDH resolvió abrir formalmente la petición como un caso. Según detalla Lavayén, «pasaron esta etapa primero porque están cumplidos los requisitos y segundo porque nosotros pedimos información al Estado y nunca contestó», explica la abogada, y añade que, ante este escenario, «hay una presunción de que hay violaciones derechos humanos donde el Estado argentino no acusa recibos«.
Debido a la gravedad de la situación y a la total inacción estatal, la CIDH ha decidido analizar el expediente bajo la modalidad de tratamiento urgente. Lavayén destaca la excepcionalidad de este logro al señalar que es «uno de los pocos casos que llega a esta instancia en la Comisión Interamericana y donde particularmente se da un caso de contaminación ambiental en una zona urbana». Aunque aclara que las resoluciones de la CIDH no son vinculantes, remarca que «sí tienen un gran peso» político y jurídico.
Consultada si podía influir que el caso Porta fue nombrado entre las causas que tienen en contra los camaristas de la Cámara Federal local Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, por presuntas dádivas de la empresa, Lavayen señala: » esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal de la Nación viene a dar un poco de respuestas a sentencias que nos llamaba la atención que siempre estos dos camaristas resolvían a favor de la empresa«. Al respecto, agrega: «nuestras sospechas estaban fundadas, pero ahora es una investigación que se está llevando adelante, están imputados, pero todavía no hay una condena». Para la letrada, este aspecto es crucial, ya que señaló que «la justicia adecuada, sin corrupción, también es un derecho humano«.
Mientras el proceso internacional avanza —un camino que Lavayén estima que llevará años-, la planta de Porta Hermanos continúa funcionando en el barrio San Antonio, lo que representa la mayor preocupación para la comunidad. A pesar de que a lo largo del proceso, diversos jueces determinaron que la empresa debe realizar de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental. No obstante, la firma se ha opuesto sistemáticamente a cumplir con este requisito en todas las instancias, una postura que ha contado con el aval de la Secretaría de Ambiente de la provincia, que tanto dentro como fuera del expediente judicial ha sostenido que la fábrica no requiere dicho estudio.
Recientemente, a principios de agosto, la Cámara Federal -sin los dos camaristas investigados- emitió una nueva resolución en la que ratificó que Porta tiene la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, el tribunal realizó un fuerte llamado de atención a la Secretaría de Ambiente, advirtiendo que la planta opera únicamente bajo habilitaciones administrativas y un sistema de auditorías, omitiendo el procedimiento de evaluación ambiental que es de carácter obligatorio por ley.
La persistencia de esta situación mantiene en vilo a los habitantes de la zona y es por eso que la demanda se dirige contra el Estado argentino en todos sus niveles —nacional, provincial y municipal— por priorizar una actividad privada por sobre la salud de la población. “Muchos vecinos del barrio siguen padeciendo diversos problemas de salud derivados de la actividad de la planta y a esto se suma un peligro físico inminente: un estudio de carga de fuego realizado recientemente por las propias vecinas reveló que la fábrica posee una carga de fuego cien veces mayor a la permitida para esa zona urbana”, concluyó la letrada. Por eso, y a pesar de todo, la apertura del caso en la CIDH se presenta así como la última esperanza para revertir años de desprotección estatal y peligro socioambiental.
.

Más de 11 millones de toneladas de residuos industriales quedarían sin tratamiento en 2026

Fecha de Publicación: 07/08/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Nacional


El manejo de los residuos industriales continúa siendo una de las principales deudas ambientales de Argentina. Aunque durante los primeros meses de 2026 se registró una leve mejora en la tasa de tratamiento, más del 92% de los residuos generados por la actividad industrial aún no recibe una gestión adecuada, según el último informe del Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR.
El relevamiento correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026 estima que en el país se generarán este año alrededor de 12,7 millones de toneladas de residuos industriales, pero apenas 917.700 toneladas serán tratadas correctamente. Esto significa que solo el 7,23% de los residuos ingresa al circuito formal de gestión, mientras que el restante 92,77% permanece fuera de los sistemas de tratamiento especializados.
La cifra representa una mejora respecto del promedio registrado durante 2025, cuando la tasa de tratamiento alcanzó apenas el 5,57%, aunque el Observatorio advierte que el avance resulta insuficiente frente a la magnitud de la actividad industrial argentina.

Un problema con impacto ambiental y sanitario
La baja tasa de tratamiento no solo refleja una debilidad en la gestión ambiental, sino que también implica riesgos concretos para el ambiente y la salud pública. Los residuos industriales que no son tratados adecuadamente pueden terminar en basurales clandestinos, cursos de agua, suelos o rellenos sanitarios no preparados para este tipo de materiales, incrementando las posibilidades de contaminación por sustancias peligrosas.
La ausencia de un circuito formal también dificulta la trazabilidad de estos residuos, limita las posibilidades de recuperación de materiales y atenta contra el desarrollo de una economía circular en el sector industrial.

Más de 390.000 empresas generan residuos, pero pocas los gestionan formalmente
El informe estima que existen 393.130 empresas activas que generan residuos industriales en Argentina. Sin embargo, solo 33.183 contratan servicios especializados para su tratamiento, lo que representa apenas el 8,44% del total.
En otras palabras, más del 91% de las empresas generadoras no aparece dentro del sistema formal de tratamiento relevado por el Observatorio, una situación que pone en evidencia las limitaciones del esquema actual de control, fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental.

Un vacío estadístico que dificulta las políticas públicas
Uno de los aspectos más relevantes del estudio es que Argentina continúa sin contar con estadísticas oficiales consolidadas sobre la generación y el tratamiento de residuos industriales.
Ante esta ausencia de información pública sistemática, el Observatorio de Residuos Peligrosos —creado en 2021 mediante un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las cámaras empresarias Catries y Caitpa— se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre el sector.
Para elaborar sus informes, el Observatorio releva mensualmente la actividad de 37 empresas que operan 47 plantas de tratamiento distribuidas en todo el país. A partir de encuestas anónimas y un modelo estadístico, proyecta la situación nacional.

La necesidad de fortalecer la gestión ambiental
Los resultados muestran que Argentina enfrenta un desafío estructural para mejorar la gestión de los residuos industriales. Especialistas coinciden en que ampliar la cobertura del sistema formal requerirá fortalecer los mecanismos de fiscalización, incentivar la contratación de operadores habilitados, mejorar la trazabilidad de los residuos y generar estadísticas oficiales que permitan diseñar políticas públicas más eficaces.
Mientras tanto, el dato más contundente del informe permanece prácticamente inalterado: más de nueve de cada diez toneladas de residuos industriales generadas en el país continúan sin ingresar al circuito formal de tratamiento, una brecha que sigue representando uno de los mayores desafíos para la política ambiental y la prevención de la contaminación en Argentina.
.

La apuesta argentina a materias primas genera pocos empleos y riesgo ambiental

Fecha de Publicación: 05/08/2026
Fuente: Portal EcoNews
Provincia/Región: Nacional


La apuesta argentina a materias primas avanza a todo vapor bajo el gobierno de Javier Milei, pero los números muestran una paradoja: las exportaciones crecen 24% mientras las inversiones caen 7,6% y el empleo retrocede en minería, hidrocarburos y fábricas proveedoras. El modelo promete dólares, pero economistas advierten que las divisas netas pueden resultar insuficientes para un país endeudado con ahorristas dolarizados.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga beneficios fiscales y cambiarios a proyectos extractivos en Vaca Muerta y la minería andina. Mientras tanto, el Congreso Nacional debate una ley de extranjerización de tierras que facilitaría la compra de territorio productivo por parte de capitales foráneos. La directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, visitó Neuquén y habló en primera persona del plural sobre el desempeño de petróleo, gas y minería, según declaraciones reproducidas por elDiarioAR.

Por qué las divisas pueden no alcanzar
Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, advirtió en el diario Clarín que es difícil prever una avalancha de dólares. Las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor escenario, a USD 3.500, muy por debajo de Noruega (USD 29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según un paper de los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak citado por elDiarioAR.
De las exportaciones brutas hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades giradas al exterior y las importaciones necesarias para explotar los recursos, explicó Rapetti. El flujo neto de divisas será bastante menor. Además, el Banco Central arranca con reservas netas negativas y los habitantes ahorran en dólares, lo que exige un nivel alto de reservas propias para sostener la confianza.

Empleos que caen, amenazas que crecen
Las inversiones en la economía argentina cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026 respecto del mismo período de 2025, según el estudio Ferreres citado por la fuente. El trabajo cayó en minas, pozos y fábricas de equipos y herramientas. Protestas por despidos en la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor, en Córdoba, marcaron el clima social de agosto.
El riesgo ambiental avanza desde los Andes al mar. Proyectos mineros como Josemaría, parte del complejo Vicuña, avanzan sin evaluaciones de impacto acumulativo en zonas cordilleranas. En Vaca Muerta, el fracking multiplica la demanda de agua en una región semiárida, mientras los derrames de hidrocarburos quedan subregistrados por falta de controles independientes.
Las exportaciones de hidrocarburos del primer semestre estuvieron influidas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán, que elevaron los precios internacionales del crudo. Ese impulso es transitorio. Hay consenso entre economistas sobre que Argentina nadará en dólares y resolverá su restricción externa, pero no todos suscriben: Rapetti y otros analistas advierten que el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas y en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares.
Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. El campo recibió rebaja de retenciones, aunque no fueron eliminadas. La minería y los hidrocarburos concentran los incentivos del RIGI. El derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente pasa de potencial a concreto.
La pregunta de fondo es quién gana con este modelo: las corporaciones extractivas extranjeras que se llevan utilidades, o una economía local que necesita empleo, divisas netas y territorios habitables. Los datos del primer semestre de 2026 sugieren que la respuesta aún está abierta, pero el balance provisional no favorece a la segunda.
.