Plantarán más de 100 mil árboles nativos en zonas de la Patagonia afectadas por los incendios forestales


Una ambiciosa iniciativa de restauración ecológica busca recuperar miles de hectáreas de bosques autóctonos destruidos por el fuego en la Cordillera de los Andes, priorizando especies clave como la lenga, el coihue y el maitén.

Las secuelas ambientales dejadas por los voraces incendios forestales que han azotado repetidamente a la región cordillerana de la Patagonia argentina demandan respuestas de restauración a gran escala. En este contexto, se puso en marcha un ambicioso plan de reforestación pública y privada que contempla la plantación de más de 100 mil ejemplares de árboles nativos en áreas degradadas de la Comarca Andina y parques nacionales del sur del país. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por organismos ambientales, brigadas forestales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales, busca acelerar la cicatrización de ecosistemas forestales centenarios que perdieron su cubierta arbórea primaria y cuya capacidad de regeneración natural se encuentra gravemente comprometida debido a la recurrencia e intensidad de las llamas.

Selección de especies, viveros regionales y técnica de implantación
El proceso de restauración forestal en ecosistemas patagónicos entraña una alta complejidad técnica que va mucho más allá de la mera siembra de ejemplares. Las tareas comenzaron meses atrás en viveros regionales especializados, donde se recolectaron semillas de poblaciones locales de especies autóctonas como la lenga (Nothofagus pumilio), el coihue (Nothofagus dombeyi), el radal (Lomatia hirsuta) y el maitén (Maytenus boaria). Esta metodología garantiza la preservación de la variabilidad genética adecuada para hacer frente a las rigurosas condiciones climáticas de la cordillera. Las cuadrillas de brigadistas y voluntarios deben trasladarse a pie o a lomo de mula hacia zonas de difícil acceso topográfico, realizando la plantación manual durante las ventanas estacionales de otoño e invierno para aprovechar la humedad de los suelos antes de las heladas intensas.
Para comprender la trascendencia ecológica y los desafíos logísticos de este programa de restauración a gran escala, los equipos técnicos destacan los siguientes aspectos fundamentales:
- Freno a la erosión hídrica y eólica: La reposición de la cobertura vegetal fija la capa orgánica del suelo, evitando que las lluvias estacionales provoquen deslaves, corrimientos de tierra y la sedimentación acelerada de ríos y lagos.
- Recuperación del hábitat para la fauna autóctona: La reforestación restaura el refugio y las fuentes de alimento para especies amenazadas de la fauna patagónica, como el huemul, el pudú y el carpintero negro.
- Control de especies invasoras: La pronta cobertura del suelo con flora nativa impide que plantas exóticas invasoras —como la rosa mosqueta o los pinos asilvestrados— colonicen los terrenos quemados e impidan la sucesión ecológica natural.

La problemática del cambio climático y la prevención de nuevos fuegos
Los científicos y especialistas en ecología del fuego advierten que la reforestación debe ir acompañada de un cambio estructural en las políticas de manejo de incendios y ordenamiento territorial. El aumento progresivo de las temperaturas globales y las sequías prolongadas que afectan a la Patagonia transforman a la biomasa seca en un combustible extremadamente inflamable durante la época estival. Por ello, el plan de restauración incluye el diseño de fajas cortafuegos, el monitoreo constante de la supervivencia de los plantines durante sus primeros años de vida y la participación activa de los pobladores en brigadas comunitarias de prevención.

Compromiso socioambiental y custodia del patrimonio natural
La replantación de más de 100 mil árboles en la Cordillera patagónica no solo representa un logro biológico de relevancia nacional, sino un símbolo de resiliencia comunitaria frente a la catástrofe ambiental. Involucrar a escuelas, comunidades originarias y brigadistas en el proceso de recolección, siembra y cuidado de los bosques nativos fortalece el sentido de pertenencia y la conciencia colectiva sobre el valor intangible de la naturaleza. La conservación de los bosques patagónicos se consolida así como una tarea prioritaria para asegurar la regulación del ciclo hídrico, la captura de carbono y la protección del paisaje para las futuras generaciones.


Fecha de Publicación: 04/09/2026
Provincia/Región: Patagonia 
Fuentes originales consultadas: Radio 3 Cadena Patagonia, Administración de Parques Nacionales (APN), Subsecretaría de Bosques de la Provincia del Chubut
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Una comunidad educativa rural siembra futuro y resiliencia en los bosques nativos del sur argentino


En un hito de educación ambiental aplicada, una escuela rural de la provincia de Chubut celebró veinte años ininterrumpidos de labor comunitaria orientada a la restauración ecológica, alcanzando la histórica cifra de más de 32.000 ejemplares de especies nativas plantadas en áreas severamente degradadas por los incendios forestales.

La persistente crisis de los incendios forestales que azota cíclicamente a la Patagonia argentina ha encontrado una de sus respuestas más conmovedoras, eficaces y duraderas en el corazón de la comunidad educativa de la provincia de Chubut. Una pequeña institución escolar rural ha consolidado un proyecto de vanguardia socioambiental que cumple dos décadas de existencia ininterrumpida, enfocado de manera directa en la recuperación biológica de las zonas cordilleranas arrasadas por el fuego. A través de la articulación pedagógica entre docentes, estudiantes, familias y especialistas en ecología forestal, esta iniciativa civil ha logrado reforestar los cerros y valles locales mediante la producción y plantación manual de más de 32.000 árboles autóctonos, transformando el dolor de la pérdida del paisaje natural en una cátedra viva de resiliencia comunitaria y soberanía ecológica territorial.

El proceso técnico de la restauración: del vivero escolar al suelo degradado
El éxito sostenido de este proyecto a lo largo de veinte años no responde a acciones espasmódicas o meramente simbólicas, sino a un riguroso protocolo técnico de restauración ecológica que los estudiantes incorporan como parte de su trayecto formativo regular. El ciclo anual comienza con la recolección estratégica de semillas de especies nativas —principalmente coihues, cipreses de la cordillera, ñires y lengas— en sectores de bosque sano que actúan como "áreas semilleras". Posteriormente, estas semillas son procesadas y germinadas en el propio vivero automatizado que la escuela construyó y gestiona en su predio, asegurando el cuidado biológico de los plantines durante sus primeros y más vulnerables años de desarrollo antes de enfrentarse a las hostiles condiciones del terreno definitivo.
Para los equipos de investigación y docentes que analizan este modelo de educación ambiental, la efectividad de la metodología escolar se sintetiza en las siguientes fases operativas críticas:
- Recolección y tipificación genética: Se priorizan las semillas de poblaciones locales para garantizar que los nuevos árboles posean la adaptación climática y la resistencia hídrica necesarias para sobrevivir en la microrregión.
- Acondicionamiento del suelo incendiado: Antes de la plantación física, los estudiantes y voluntarios evalúan el estado del sustrato orgánico, controlando la presencia de especies exóticas invasoras (como la rosa mosqueta o los pinos exóticos) que compiten de forma agresiva por los recursos hídricos.
- Monitoreo post-plantación a largo plazo: La comunidad educativa organiza salidas sistemáticas al terreno para verificar la tasa de supervivencia de los ejemplares plantados, realizando tareas de riego de emergencia y protección mecánica contra el ramoneo del ganado o la fauna silvestre.

Pedagogía del arraigo y el rol de las Soluciones Basadas en la Naturaleza
Desde la perspectiva estrictamente pedagógica, este proyecto de veinte años rompe con los esquemas tradicionales de la educación ambiental teórica al integrar a los jóvenes de la ruralidad patagónica en una Solución Basada en la Naturaleza (SbN) real y de escala comunitaria. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos avanzados de botánica, edafología y climatología, sino que desarrollan una profunda "pedagogía del arraigo", ligada al cuidado y la defensa del territorio que habitan. Científicos de centros de investigación patagónicos y universidades nacionales que acompañan la iniciativa destacan que ver crecer los árboles que ellos mismos plantaron empodera a las nuevas generaciones, dotándolas de herramientas prácticas para mitigar localmente los efectos del cambio climático y la desertificación que amenazan la sustentabilidad de la región cordillerana.

Un faro comunitario frente a la desinversión y el cambio climático
La continuidad de esta labor escolar cobra un valor aún más estratégico ante el actual contexto de retroceso presupuestario en los planes de manejo del fuego y la recurrencia de sequías estructurales extremas ligadas al calentamiento global en la Patagonia. Mientras las agencias estatales sufren demoras burocráticas y limitaciones operativas, el vivero de esta escuela rural funciona como un banco genético y un centro logístico de resistencia ecológica que abastece de vida a los cerros calcinados. La experiencia de Chubut demuestra de forma contundente que las comunidades locales, cuando cuentan con organización, conocimiento técnico y continuidad en el tiempo, son capaces de asumir un rol protagónico en la restauración de los bienes comunes, convirtiéndose en un faro institucional que debiera replicarse con urgencia en cada rincón de la Argentina amenazado por el avance de las fronteras extractivas y los desastres ambientales.


Fecha de Publicación: 02/09/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes originales consultadas: Portal Noticias Ambientales, Secretaría de Bosques de la Provincia de Chubut, Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP)
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Qué es la resiliencia de los bosques y cómo se estudiará en Patagonia

Fecha de Publicación: 26/08/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


La iniciativa recibió subsidio de la Fundación Williams. El trabajo será realizado por científicas del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). Cuáles serán los pasos que darán para aportar conocimiento, según detallaron en diálogo con Diario RIO NEGRO. 
Los bosques patagónicos enfrentan un desafío enorme ante el fuego. Estos ecosistemas únicos sufren daños severos por el incremento de incendios forestales en la región.
La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio y recuperar su equilibrio con el paso del tiempo. Las especialistas estudian esta facultad para entender el proceso de sanación natural. 
Ahora, las doctoras Florencia Urretavizcaya y Melisa Rago buscan respuestas clave para la supervivencia de esos paisajes. Con un subsidio otorgado por la Fundación Williams, las investigadoras analizarán cómo el territorio logra reaccionar tras una catástrofe de gran magnitud. Ambas pertenecen al CONICET al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), ubicado en Esquel, Chubut.

El fuego contra el bosque
Se sabe que el aumento en la intensidad del fuego pone en riesgo la biodiversidad local. Esos eventos alteran la estructura natural que protege el suelo y la vida silvestre. El daño estructural dificulta la regeneración natural y pone en peligro la supervivencia futura.
Por eso, la fragilidad del entorno exige medidas concretas para su conservación. La falta de estrategias adecuadas puede impedir que la respuesta sea efectiva frente a la magnitud actual de los incendios.
“El objetivo principal de las investigadoras es estudiar la dinámica de recuperación de los bosques andino-patagónicos afectados por incendios. Vamos a generar conocimientos que servirán para el diseño de estrategias de manejo y conservación”, explicó Urretavizcaya, ingeniera forestal y doctora en biología, quien fue entrevistada por DIARIO RÍO NEGRO.
El trabajo vincula la resiliencia forestal con el impacto de la restauración ecológica activa. «La resiliencia forestal es la capacidad que tiene un bosque para responder a un disturbio, como un incendio, y recuperar o reorganizar su estructura y sus funciones a lo largo del tiempo», explicó.

Luces sobre la ceniza
Las investigadoras evaluarán la vegetación en sitios afectados durante distintos años. Analizarán cómo la resiliencia propia del bosque interactúa con las nuevas condiciones ambientales.
Se enfocarán en bosques de coihue afectados con alta severidad en la última década. El trabajo de campo abarca áreas de la cordillera en Chubut y Río Negro.
«En este caso, vamos a focalizar nuestro estudio en bosques de coihue, cuyo nombre científico es Nothofagus dombeyi, que se han quemado con alta severidad en los últimos diez años en la región de la cordillera patagónica, ubicados en el norte del Chubut y Río Negro», detaló la doctora Rago.
El proyecto examinará la influencia humana en la regeneración del entorno vegetal. «Además, en este proyecto vamos a estudiar como la restauración ecológica contribuye a la recuperación de los bosques», comentó.
Compararán zonas con técnicas de restauración contra otras áreas sin intervención. Particularmente, van a focalizar ese tema en lenga (Nothofagus pumilio) al caracterizar parcelas de restauración postincendio realizadas por plantaciones, que ya cuentan con 16 años de edad.
“Estudiaremos qué especies de plantas predominan en cada momento y qué rol cumplen. Por ejemplo, queremos saber si favorecen que se recuperen los nutrientes en el suelo, y también cómo se va recuperando la actividad biológica”, añadió Urretavizcaya.
El tiempo de ejecución del proyecto suma un año calendario. «Este proyecto es por un año, así que ahora estamos planificando los muestreos que llevaremos a cabo durante esta primavera y verano», aclaran.
Las científicas prevén la redacción de resultados durante los meses de otoño e invierno. El equipo contempla la necesidad de sostener este monitoreo a largo plazo tras el plazo inicial. “Dado que la recuperación de los bosques luego de incendios es un proceso a largo plazo (o que duran décadas), esperamos luego continuar con estas líneas de investigación a través de futuros financiamientos”, puntualizó Urretavizcaya.

Coihue y lenga: diferencias y características de dos árboles nativos
El coihue (Nothofagus dombeyi) y la lenga (Nothofagus pumilio) son árboles nativos de Argentina y Chile. Pertenecen al mismo género y comparten parte de su distribución, pero tienen características y ambientes de crecimiento diferentes, según el Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.
El coihue es un árbol siempreverde que puede alcanzar unos 40 metros de altura. Prefiere los suelos húmedos y se desarrolla bien cerca de ríos y lagos. En la Argentina se encuentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut.
La lenga es un árbol caducifolio: pierde sus hojas durante el otoño. Puede alcanzar unos 30 metros de altura. En las zonas bajas presenta porte arbóreo, mientras que en áreas altas o expuestas al viento puede adoptar una forma baja y achaparrada.
También existen diferencias en la altitud donde crecen. El coihue aparece desde el nivel del mar hasta unos 1.000 metros, mientras que la lenga puede crecer hasta unos 1.500 metros. En el norte de su distribución, la lenga puede formar el límite superior de la vegetación arbórea.
Coihue y lenga comparten género y territorio, pero se distinguen por sus hojas, su porte y los ambientes donde crecen. El coihue conserva sus hojas durante todo el año y prefiere suelos húmedos; la lenga pierde sus hojas y puede crecer en zonas más altas y expuestas.
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Cómo se eludió la Ley de Bosques para desmontar 500.000 hectáreas

Fecha de Publicación: 21/08/2026
Fuente: Diario Huarpe
Provincia/Región: Chaco


Un estudio científico devela cómo la burocracia de Chaco facilitó la destrucción sistemática de medio millón de hectáreas de bosque nativo.
El Gran Chaco argentino, segundo pulmón verde de Sudamérica, sufre un ecocidio silencioso desde despachos estatales. Una investigación liderada por Matías Mastrángelo (Conicet) y Vera Krause (Universidad de Berlín), publicada en la revista Nature Sustainability, devela que la provincia de Chaco auspició el desmonte de más de 500 000 hectáreas de bosque nativo protegido entre 2009 y 2024.
El hallazgo clave es que esta devastación no requirió modificar la Ley Nacional de Bosques (Ley 26.331); en cambio, se empleó una red de decretos y trámites administrativos para eludir la norma y dar vía libre a las topadoras.
El estudio auditó 142 000 documentos públicos provinciales, incluidos 15 042 permisos forestales, 127 632 guías de madera y decisiones oficiales. Así, se identificaron seis maniobras administrativas precisas que permitieron eludir la protección federal:
- Recategorización de predios: Cambio de zonificación express para catalogar áreas protegidas (rojas o amarillas) como aptas para desmonte (verdes).
- Planes silvopastoriles desvirtuados: Permisos de ganadería integrada ejecutados como tala rasa y sustitución vegetal completa.
- Sobreexplotación maderera: Extracción forestal permitida por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo comercial: Legalización de madera clandestina para abastecer industrias de carbón y tanino.
- Multas ínfimas: Sanciones insignificantes que operaron como meros costos de producción.
- Ordenamiento territorial restrictivo: Reformas al mapa provincial (OTBN) para reducir la protección estricta.
Esta estructura facilitó que el Impenetrable chaqueño concentrara el 90 % del desmonte registrado.

Graves impactos y multas inútiles
Las consecuencias ecológicas y sociales son urgentes. La destrucción de este bosque árido y frágil degrada suelos, liquida sumideros de carbono clave para mitigar el cambio climático y vulnera los territorios de las comunidades Wichí, Qom y Moqoit, que denuncian el asedio de su hábitat. El desmonte desplaza además una biodiversidad única, hogar del yaguareté, el tatú carreta y árboles centenarios como el quebracho colorado.
El desmonte ilegal devino en un negocio redondo. En 2024, un productor pagaba su multa ambiental vendiendo quebracho de solo una hectárea desmontada, reteniendo ganancias de 126.5 dólares por hectárea. Además, "autorizaciones especiales" permitieron que el 55 % de la madera de carbón y tanino proviniera de desmontes clandestinos.
Andrés Nápoli, director de la FARN, advierte que estas medidas provinciales violan principios ambientales fundamentales de no regresión y progresividad, consolidando un retroceso preocupante que promueve un negocio ilícito.

Causa judicial y riesgo comercial
La contundencia de las pruebas operó como combustible judicial. La causa "La Mafia del Desmonte" escaló a la Justicia Federal por denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Se investiga a exministros, directores de bosques y empresarios por asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Pese a que la Cámara Federal dictó cautelares para frenar las topadoras, la tala ilegal continúa.
El experto añadió que estos hallazgos adquieren especial relevancia en la coyuntura actual argentina, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para el manejo sostenible y la conservación de los bosques nativos, y cuando varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales para reducir las áreas protegidas de bosque.
“El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional”, dijo Mastrángelo.
Este ecocidio compromete el comercio chaqueño. El Reglamento contra la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que rige a fines de 2026, prohíbe importar carne y soja de tierras deforestadas después de 2020. Al quedar demostrado científicamente el desmonte ilegal bajo amparo estatal, Chaco arriesga perder de forma inminente sus valiosos mercados de exportación.
El caso chaqueño expone a nivel global cómo la connivencia entre la burocracia estatal y la codicia agraria puede desmantelar las leyes de protección y poner en jaque ecosistemas vitales para mitigar el cambio climático global.
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Denuncian un desmonte en territorio de uso ancestral de comunidades originarias

Fecha de Publicación: 04/08/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Comunidades indígenas del norte denunciaron el desmonte por parte de la empresa Desdelsur SA.
Marcelino Pérez representó con sus palabras la desigualdad inserta en la política que permite el desmonte en territorio indígena: “ellos ponen animales y nosotros ni siquiera podemos comer asado”.
La denuncia del referente de la comunidad wichí Lapacho 2, que se encuentra a unos tres kilómetros de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín), hizo así referencia al inicio de un desmonte en tierras rodeadas por población originaria. En principio, y por los dichos de un presunto representante que visita las comunidades para negociar la deforestación a cambio de pozos de agua y viviendas, la empresa Desdelsur SA sería la titular registral de las tierras.
La empresa “líder en producción ganadera”, como indican notas comerciales, desmontó unas 27 mil hectáreas entre 1993 y 2018, de acuerdo al informe de 2019 “El Sacrificio de los Bosques del Gran Chaco”, de Greenpeace, que incluye comparaciones de imágenes satelitales.
Los feedlots (o corral de engorde) son cotidianos en el paisaje con el que conviven las comunidades de la zona, pero la carne que se produce en estos predios no es para consumo local, sino para la exportación. Por eso estiman que las cuatro topadoras que arrasan el monte nativo tienen como propósito preparar las tierras para expandir la producción.
En el monte arrasado había especies de chañar, mistol, algarrobo, cuyos frutos son de consumo de los habitantes indígenas; también había plantas medicinales de uso ancestral. El chaguar, que sirve para las artesanías, prácticamente es inexistente en la actualidad, “y hay que ir lejos en camioneta para encontrar”, afirmó Pérez.
Se suma la pérdida de la fauna, que también proveía alimento a las comunidades. Es parte de las causas de la desnutrición crónica, cuando no las muertes de niños y niñas por deshidratación. Así lo entienden Marcelino y Basilia Pérez, también referente indígena.
Además, los referentes expusieron su preocupación por las constantes fumigaciones aéreas que lanzan herbicidas alcanzan las viviendas de las comunidades.

Sin información
Según los datos que surgen de las audiencias públicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia, la última solicitud de Desdelsur fue en 2014, para el desmonte neto de 3.043 hectáreas y la reserva de otras 2.423 hectáreas en la Finca Puesto Alcoba, matrículas N° 29217, 29218 y 29219 del departamento San Martín.
En aquel momento la empresa solicitaba, además, un “plan de ordenamiento predial”, dado que las tierras estaban categorizadas en amarillo según el anterior Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Hasta 2014, el gobierno de Juan Manuel Urtubey había permitido las recategorizaciones, una forma de convertir a verde (apto para desmonte), lo que era rojo y amarillo (a conservar), y viceversa.
Pero “con el nuevo ordenamiento (la zona en cuestión) queda en el área de producción/conservación”, dijo a Salta/12 la coordinadora de la Campaña de Bosques de la organización ambientalista, Noemí Cruz.
Se desconoce si hubo autorización del gobierno o readecuación de las tierras dentro de la zona que en el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos quedó categorizada en marrón y puede ser sometida a desmontes, o al sistema de “Manejo de Bosques con Ganadería Integrada” (MBGI), como se rebautizó a una nueva modalidad.
Frente a la imposibilidad de obtener información sobre la presunta autorización para el desmonte -dado que no hay registros públicos accesibles sobre los permisos para desmontar-, en la comunidad empezaron a recolectar firmas con el propósito de pedir esa información sobre los permisos que según el referente de Desdesur, ya dio el gobierno provincial.
La comunidad intenta obtener esos datos lo antes posible y no en 15 o 20 días, como establece la ley sobre el mecanismo de acceso a la información pública.

El negociador
“En 2012 la empresa comenzó a negociar con los de (la Comunidad) Pacará”, contó Marcelino Pérez. Allí surge la figura de “un ingeniero, Santiago”, que se acerca a dialogar con las comunidades tanto Pacará como Tonono. Se cree que esta conversación se basa en que estas comunidades cuentan con el relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena (que si bien fue derogada, durante su vigencia reconoció el derecho de posesión ancestral a las comunidades) y pueden hacer los reclamos.
Sin embargo, las comunidades afectadas son muchas más. “Están las de kilómetro 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20”, detalló Pérez. A ellas se suman las comunidades de San Benito, Alcoba, Finca Las Cañitas, además de los puestos de criollos repartidos en la zona.
“Él (Santiago) se reúne y le promete cosas indicando que va con la orden del gobernador y que puede desmontar. Y entonces los wichís piden viviendas, pozos de agua y trabajo. Lo mismo hizo con los de Pacará, y vuelven a pedir cosas, motonetas… que los chicos van a recibir computadoras, pero eso sí, cuando ya esté el desmonte”, contó Pérez.
Sin embargo, esa oferta de bienes a cambio de permitir el desmonte, se endurece en caso de que no se llegue a un acuerdo: “Les dicen que ya están preparados 200 milicos”, para reprimirlos, contó Marcelino Pérez.
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Patagonia protege más de la mitad de sus bosques, pero hay tres amenazas

Fecha de Publicación: 29/07/2026
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Patagonia


Lo advierte un informe del CONICET y la Asociación Argentina de Ecología. Fue elaborado por investigadores en ecología y biodiversidad. Detallaron el estado de los bosques andino-patagónicos, que ocupan 53.565 kilómetros cuadrados. Afirmaron que cuidar esos paisajes es clave para preservar la biodiversidad regional 
Un grupo de 51 investigadores con filiación en 19 instituciones convocados por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) elaboró el mapeo más completo disponible de los ecosistemas del país. Contaron con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El trabajo fue elaborado por pedido de la Dirección de Biodiversidad de la Nación.
El trabajo produjo 133 fichas de ecosistemas —marinos, acuáticos continentales y terrestres— y uno de sus resultados más llamativos aparece en el extremo sur del país.
Los bosques andino-patagónicos, una franja de vegetación que se extiende a lo largo de la cordillera, desde las provincias del norte de la Patagonia hasta Tierra del Fuego, tienen el 58,3% de su superficie bajo algún grado de protección, según el informe.
Eso equivale a 31.236 km², resguardados por una red que incluye cinco áreas de jerarquía internacional, entre ellas los Patrimonios de la Humanidad Los Alerces y Los Glaciares, y la Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica. A eso se suman 13 áreas nacionales y 54 provinciales. Sin embargo, los expertos señalaron tres amenazas para los ecosistemas de la Patagonia para tener en cuenta.

El castor invasor
La primera amenaza es animal y viene del hemisferio norte. El castor canadiense es una especie exótica invasora —es decir, traída de otro lugar del mundo y que causa daño al ambiente local— que el informe de la AsAE ubica entre los principales peligros para el bosque. El animal construye diques en los cursos de agua, lo que provoca la inundación de los bosques aledaños y la destrucción de los árboles. Otras especies invasoras que también figuran en el diagnóstico son la rosa mosqueta y la avispa chaqueta amarilla.

Truchas foráneas
Los cuerpos de agua del bosque enfrentan otro problema: la presencia de salmónidos exóticos, es decir, truchas y salmones introducidos desde otras regiones del mundo. El informe menciona, entre otros, a la trucha arcoíris y a la trucha marrón. Estas especies están presentes en los mismos cuerpos de agua que peces nativos como los puyenes y las percas, propios de la región y parte de la cadena alimentaria original del ecosistema.

El deshielo que no para
La tercera amenaza es climática. El informe de la AsAE registra la retracción glaciar —la pérdida de masa de los glaciares por el aumento de la temperatura— como uno de los factores que afecta los lagos de altura de la región. Esos cuerpos de agua dependen del derretimiento controlado del hielo para mantener su nivel. Los lagos andinos de Patagonia austral, entre los que se cuenta el lago Argentino —el más grande de la Argentina, con 1.560 kilómetros cuadrados—, también reciben el impacto del cambio climático junto con el avance urbano sobre sus márgenes.

El tesoro oculto del bosque andino: fauna única y naturaleza en peligro
De acuerdo con el informe elaborado por la Asociación Argentina de Ecología (AsAE) y el CONICET, el bosque andino-patagónico tiene 53.565 kilómetros cuadrados de superficie total y un clima templado frío, con precipitaciones medias de 1.649 milímetros anuales.
Entre su fauna conviven el huemul, un ciervo autóctono en peligro de extinción, el cóndor, el carpintero gigante y el alerce, uno de los árboles más longevos de la región. El ecosistema presta servicios de regulación del clima, provisión de agua dulce y soporte para el ecoturismo en toda la región cordillerana.
Una de las coautoras, la investigadora en ecología del CONICET Paulina Martinetto, contó a Diario RIO NEGRO sobre la situación de las provincias de Río Negro y Neuquén. “En las dos provincias se observa una gran diversidad de ecosistemas tanto terrestres como acuáticos continentales y marinos. Esto se debe principalmente a su geografía única, desde la cordillera al mar, y su posición en la Patagonia norte, región de transición climática”.
La experta destacó: “La riqueza natural que convive en Río Negro y Neuquén brinda múltiples beneficios a sus habitantes, como agua potable, alimentos, regulación del clima y ecoturismo”.
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La deforestación ya arrasó dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires

Fecha de Publicación: 25/07/2026
Fuente: Portal EconomiaSustentable
Provincia/Región: Nacional - Norte Argentino


Un relevamiento de Greenpeace detectó que entre enero y junio se desmontaron 40.862 hectáreas en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La organización volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques.
La organización ambientalista Greenpeace detectó que durante los primeros seis meses de 2026 se desmontaron 40.862 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. La superficie afectada equivale a casi dos veces la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento fue realizado mediante la comparación de imágenes satelitales y estima que entre enero y junio de este año la deforestación alcanzó las 20.727 hectáreas en Santiago del Estero, 11.960 en Salta, 4.375 en Formosa y 3.800 en Chaco.
Desde Greenpeace volvieron a reclamar la penalización de la destrucción de bosques y advirtieron por el avance de los desmontes en algunas provincias.
“Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes, mientras que Salta duplicó la deforestación respecto al mismo período del año pasado. Aún más grave, el gobierno de Sáenz está por autorizar muchos más desmontes, mientras sigue sin recomponer el grave daño ambiental que está provocando un pozo petrolero abandonado en medio del bosque, en Lomas de Olmedo”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Reclaman sanciones más duras contra los desmontes
Según la organización, las sanciones económicas no lograron detener la pérdida de bosques. “Las multas económicas no están frenando los desmontes ilegales. Los empresarios agropecuarios las incluyen como parte de sus costos de producción; y cuando son altas ponen trabas judiciales para no pagarlas”, afirmó Giardini.Y sumó: “Además, hay una evidente complicidad de los gobiernos provinciales, que controlan poco, flexibilizan sus normativas y autorizan desmontes donde no está permitido. Mientras el gobierno nacional recorta cada vez más los fondos para la conservación y promueve la modificación de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego”.
Argentina mantiene elevados niveles de deforestación pese al compromiso asumido por el país durante la Cumbre Climática de Glasgow, realizada en 2021, donde adhirió al objetivo de alcanzar la Deforestación Cero para 2030.
“La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Debemos acabar con la impunidad, prohibiendo y penalizando la destrucción de nuestros bosques”, señaló el integrante de Greenpeace. Desde la organización convocaron a la ciudadanía a reclamar por la protección de los bosques a través de su plataforma oficial.
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Qué se pierde cuando desaparecen los bosques: el impacto invisible que va más allá del desmonte

Fecha de Publicación: 24/07/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Nacional


Cada desmonte deja mucho más que un paisaje vacío, también se pierden funciones esenciales para regular el clima, almacenar agua, proteger la biodiversidad y sostener la producción y la vida cotidiana.
En 2025, el norte de la Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosque nativo entre desmontes e incendios, un 40% más que el año anterior, según el informe anual de Greenpeace Argentina elaborado a partir de imágenes satelitales. De ese total, 94.204 hectáreas correspondieron a desmontes realizados con maquinaria en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, mientras que 116.498 hectáreas ardieron en incendios forestales.
El dato se inscribe en una tendencia de largo plazo: la Argentina tenía alrededor de 35 millones de hectáreas de bosque nativo en 1987 y, de acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Bosques de la Nación, perdió cerca de 7 millones de hectáreas entre 1998 y 2024, lo que la ubica entre los 15 países con mayor pérdida de bosques del mundo.
Esa contabilidad es necesaria, pero no alcanza para explicar el impacto completo. Un bosque no es solo un conjunto de árboles ni una reserva de madera. Es una infraestructura natural que trabaja todo el tiempo, incluso cuando nadie la ve: capta agua, modera temperaturas, conserva suelos, almacena carbono, aloja especies y mantiene procesos que terminan influyendo sobre la producción de alimentos, la disponibilidad hídrica, la frecuencia de inundaciones y la calidad de vida en ciudades que pueden estar a cientos de kilómetros.
A ese conjunto de beneficios se lo conoce como servicios ecosistémicos. El concepto fue difundido por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un estudio internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para medir cómo los cambios en los ecosistemas afectan el bienestar humano. La definición que dejó ese trabajo es simple: son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas.
En términos concretos, esos servicios incluyen aquello que la naturaleza provee de manera directa, como alimentos, madera, fibras, agua o plantas de uso medicinal; aquello que regula, como el clima, las crecidas de los ríos, la erosión, la polinización o la calidad del aire; y aquello que sostiene, como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes y los hábitats donde vive la biodiversidad. También incorporan valores culturales, recreativos y simbólicos vinculados con el paisaje y las formas de vida.
La dificultad es que muchos de esos servicios no tienen precio visible. No aparecen en una factura de luz, en el costo de una vivienda ni en el valor final de un alimento. Sin embargo, cuando se deterioran, el costo se traslada a otros lugares: obras de contención más caras, pérdidas por inundaciones, menor productividad de suelos, caída de polinizadores, aumento de temperaturas locales, problemas en la provisión de agua o pérdida de recursos para comunidades que dependen del bosque para su vida diaria. La pérdida ambiental, entonces, no queda encerrada en el lugar donde se produjo el desmonte.

Los servicios que no se ven
Para Alejandro Brown, presidente de la Fundación ProYungas, los bosques deben entenderse dentro de una trama más amplia de ecosistemas naturales, junto con pastizales, humedales y arbustales. “Los bosques, como otros ecosistemas naturales, brindan una serie de servicios ambientales. Participan en la regulación climática, evapotranspiran, generan humedad, contribuyen a la formación de microclimas y también cumplen una función de regulación térmica”, explicó Brown.
“Los bosques fijan carbono. Secuestran parte del carbono que liberan la actividad agroindustrial y las ciudades, y lo acumulan en los troncos y en el suelo. Por eso, cuando se convierte un bosque, no solo se interrumpe esa acumulación, sino que, al usar o quemar esa madera, también se libera parte de ese carbono”, señaló el presidente de Fundación ProYungas.
En las Yungas del noroeste argentino, donde la niebla forma parte del régimen ambiental, la cobertura forestal cumple otra función. “En regiones montañosas, los bosques tienen un papel importante en la regulación hídrica de las cuencas. Ayudan a favorecer la percolación del agua durante las lluvias, reducen el escurrimiento superficial y hacen menos abrupto el crecimiento de arroyos y ríos”, dijo Brown. Y agregó: “En el noroeste argentino, donde hay bosques nublados y neblina frecuente, el bosque ayuda a captar y filtrar esa agua, que luego pasa a engrosar arroyos y napas profundas”.
La biodiversidad es otro servicio que suele quedar reducido a una imagen de especies emblemáticas. Pero el funcionamiento de un bosque depende de organismos visibles y no visibles: aves, mamíferos, insectos, hongos, microorganismos del suelo, polinizadores y controladores naturales de plagas. La pérdida de cobertura no elimina solo individuos; también fragmenta relaciones. Cuando se reduce un hábitat, disminuyen corredores, refugios, sitios de reproducción y fuentes de alimento. Esa alteración puede afectar la polinización de cultivos, el control biológico de insectos y la fertilidad de los suelos.
Brown también puso el foco en el vínculo entre bosques y comunidades. “En comunidades que viven asociadas al bosque, una parte importante de ellas indígenas, tanto en la Patagonia como en el norte grande de la Argentina, los bosques generan muchas cosas. Aportan especies que se utilizan para la salud, recursos para economías informales, producción de artesanías, madera o palos para construcciones rurales, fuego, carbón y materia prima para la vida cotidiana”, afirmó.
La ley de bosques, sancionada en 2007, fue una herramienta central para ordenar la conservación de bosques nativos mediante categorías de protección. Sin embargo, su implementación convive con tensiones entre conservación, producción, financiamiento, fiscalización y decisiones provinciales. “La ley de bosques fue importante para dar visibilidad y poner en valor los bosques en la Argentina, pero con la ley no alcanza. Para conservar la cobertura forestal se necesitan herramientas que permitan que otras actividades productivas vean en la conservación una herramienta que potencia su sustentabilidad y que eso sea valorado por el mercado”, sostuvo Brown.

Más allá de los árboles
Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International, plantea que los humedales entran en la conversación con menor reconocimiento público que los bosques, aunque cumplen funciones decisivas para el agua, el carbono y la biodiversidad. “Los bosques tienen buena prensa. Todo el mundo sabe qué es un bosque, que producen oxígeno y que están amenazados por el avance de la frontera agropecuaria. También se reconoce su importancia para la captura de carbono. En resumen, se los suele llamar los pulmones del planeta”, planteó Boscarol. “Con los humedales pasa algo distinto: en el imaginario colectivo se los asocia a pantanos, ciénagas y mosquitos. Durante cientos de años se los rellenó o secó para convertirlos en tierras aptas para la agricultura o la urbanización”, agregó. ´
“A los humedales hay que valorarlos por las funciones que cumplen como reguladores de inundaciones. Actúan como esponjas que retienen el agua en casos de lluvias extremas y desbordes de los ríos, y evitan que se acumule en zonas bajas sembradas o urbanizadas. También son depósitos de agua dulce y contribuyen a su depuración”, explicó la coordinadora de Fundación Humedales/Wetlands International.
Los datos internacionales muestran la escala de esa transformación. El informe Perspectiva Mundial sobre los Humedales 2025, conocido por su nombre en inglés Global Wetland Outlook 2025 y elaborado en el marco de la Convención sobre los Humedales, estimó que desde 1970 se perdió el 22% de los humedales del mundo. El mismo informe advirtió que su deterioro compromete beneficios asociados al agua, la protección contra inundaciones, el carbono, la producción de alimentos y los medios de vida.
Boscarol remarcó que estos ambientes son hábitat de una porción relevante de especies del planeta. “Los humedales son hábitat de aproximadamente el 40% de las especies mundiales y del 12% de todas las especies animales. Más del 40% de las especies de peces son de agua dulce y encuentran en los humedales un hábitat permanente o un lugar para cumplir parte de su ciclo de vida. También unas 4.000 especies de anfibios dependen de los humedales para su subsistencia”, señaló.
En términos climáticos, los humedales almacenan una parte significativa del carbono terrestre, en particular en turberas, manglares, marismas y otros sistemas donde la acumulación de materia orgánica se mantiene durante largos períodos. “Los humedales ayudan a regular el clima porque almacenan carbono y protegen frente a los impactos cada vez más graves del calentamiento del planeta”, indicó Boscarol. Y agregó: “No se trata de comparar si los bosques o los humedales son más importantes para la vida en el planeta, sino de reconocer la necesidad de conservar ambos”.
La metáfora que propone Boscarol apunta a explicar una función que suele advertirse tarde. “Los humedales no se pueden equiparar a órganos como los pulmones o el corazón, pero sin duda son los riñones del planeta: los ignoramos hasta que comienzan a fallar y se sufren las consecuencias de no haberlos tenido en consideración”, afirmó.

¿Desde lejos no se ve?
El impacto de la deforestación no se limita al territorio donde ocurre. Estudios del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), de la organización Amazon Conservation, describen el fenómeno de los “ríos voladores”: enormes volúmenes de vapor de agua generados por la evapotranspiración de la selva amazónica que viajan por la atmósfera hacia el sur del continente y se condensan en forma de lluvia sobre Paraguay, el norte argentino y la cuenca del Río de la Plata. Ese flujo de humedad es uno de los factores que sostiene la disponibilidad de agua para la agricultura en la región pampeana, de acuerdo con un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre la crisis de la selva amazónica. La reducción de la masa forestal disminuye la cantidad de árboles disponibles para sostener ese ciclo, lo que, según el análisis de MAAP difundido en 2025, intensifica las sequías en distintos puntos de Sudamérica, en particular durante la temporada seca.
En la Argentina, ese mecanismo se combina con otro más directo: la pérdida de cobertura forestal en las cabeceras de cuenca reduce la capacidad de los suelos para retener agua de lluvia, lo que incrementa el escurrimiento superficial y puede agravar crecidas en zonas bajas situadas río abajo, muchas veces alejadas de la región donde se produjo el desmonte. A esto se agrega el efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero: según el informe de Greenpeace Argentina, el sector agropecuario y los cambios de uso del suelo representan cerca del 38% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, una proporción que conecta la deforestación regional con la discusión climática global asumida por el país en la Cumbre de Glasgow de 2021, donde se comprometió a alcanzar la “deforestación cero” hacia 2030.
Ese escenario se da en un contexto de debate sobre el principal instrumento de protección forestal del país. El 9 de diciembre de 2025, el Consejo de Mayo —el espacio de diálogo integrado por funcionarios del Gobierno nacional y gobernadores— dio a conocer una propuesta para modificar la Ley 26.331, que, según organizaciones del sector forestal y ambientalistas, reduciría el nivel de protección vigente, entre otros puntos, al eliminar la autorización previa obligatoria para desmontes en zonas clasificadas en la categoría de menor restricción. La iniciativa generó el rechazo de entidades agrupadas en la Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas, entre las que participa la Red Agroforestal Chaco (REDAF). Además, motivó una presentación de Greenpeace Argentina ante la Corte Suprema de Justicia, en la que la organización advirtió que el 80% de los desmontes registrados en 2025 en Santiago del Estero se realizaron en zonas donde la ley vigente prohíbe la deforestación.
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La Provincia de Buenos Aires abrió la convocatoria 2026 para financiar planes de manejo de bosques nativos

Fecha de Publicación: 23/07/2026
Fuente: Portal FuturoSustentable
Provincia/Región: Buenos Aires 


El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires lanzó la convocatoria 2026 destinada a productores y titulares de tierras con presencia de bosque nativo, con el objetivo de brindar apoyo técnico y económico para la elaboración de Planes de Conservación, Manejo y/o Manejo y Conservación de Bosque Nativo. La inscripción permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026.
La iniciativa busca facilitar el cumplimiento de la normativa vigente y promover el uso sostenible de estos ecosistemas, considerados fundamentales para la conservación del suelo, la regulación hídrica y la adaptación frente a los efectos del cambio climático.
La convocatoria se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la Ley Provincial N.º 14.888, que exigen contar con un plan técnico aprobado por la autoridad ambiental antes de realizar cualquier intervención o aprovechamiento en áreas incluidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se trata de la tercera edición de este programa impulsado por el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por la ministra Daniela Vilar, con el propósito de que los propietarios de predios con bosque nativo puedan regularizar su situación y acceder a herramientas que permitan una gestión responsable de estos ambientes.
Desde la cartera ambiental remarcaron que el bosque nativo constituye un recurso estratégico en una provincia donde el estrés hídrico, la erosión de los suelos y las condiciones climáticas adversas representan desafíos crecientes para la producción. En ese sentido, destacaron que el monte protege el suelo, conserva la humedad y contribuye a sostener la productividad de los establecimientos rurales.
Asimismo, recordaron que cualquier intervención sobre bosque nativo debe contar previamente con un plan elaborado por un profesional habilitado y aprobado por el Ministerio. Solo después de esa aprobación podrá iniciarse el trámite de autorización correspondiente según el tipo de actividad prevista.
El organismo advirtió que toda intervención, incluido el desmonte, realizada sin la autorización de la autoridad ambiental puede constituir una infracción y dar lugar a sanciones.
Para facilitar el proceso, el Ministerio pone a disposición de los interesados herramientas, guías y asistencia técnica destinadas a la elaboración y presentación de los planes.
La información sobre la convocatoria, los requisitos y la documentación necesaria puede consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, mientras que las consultas técnicas pueden realizarse a través del correo electrónico bosquesnativos@ambiente.gba.gob.ar.
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Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Incendios: cuánta superficie pasa de natural a productiva o a urbana tras el paso del fuego

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Un informe a nivel nacional elaborado por el sitio Ruido releva los cambios registrados en el destino de tierras que resultaron afectadas por el fuego entre 2004 y 2014. Los detalles, las provincias con más impacto y lo que dejan los datos.
En los 10 años transcurridos entre 2004 y 2014, se quemaron en Argentina 21 millones de hectáreas por incendios forestales y rurales. De ese total, tres millones (el 13,9%) fueron áreas con cobertura natural (con bosques, arbustales, matorrales o pastizales) que se transformaron tras el paso del fuego en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial (relevadas en 2024).
Esa superficie de 3 millones de hectáreas equivalen a la de la provincia de Misiones, o a la de países como Bélgica, por ejemplo. Todo el mapa de la provincia de Córdoba suma, a los fines comparativos, 16 millones de hectáreas.
Las provincias con más cambios de uso de suelo en ese período fueron Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe, en ese orden.
El dato muestra, al mismo tiempo, que la mayoría de los incendios no tienen relación directa con la quema que busca sumar áreas de cultivo. Y no se registran transformaciones de áreas ganadas a la urbanización en suelos quemados antes, al menos en el período analizado.
Esas son algunas de las principales conclusiones de un informe que realizó el sitio periodístico el ruido.org, integrado por periodistas de diferentes provincias, y que entre sus principales fuentes toma datos de relevamiento de uso de suelo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
En su trabajo, a cargo del periodista especializado en ciencia Lucas Viano, Ruido admite que “existe la creencia instalada de que la mayoría de los incendios en el país tienen la intención directa de destruir ecosistemas naturales para sembrar cultivos, hacer ganadería o expandir las manchas urbanas”.
Y expone: “Un análisis de datos satelitales muestra una realidad más matizada: la mayor parte del territorio afectado por los incendios no cambia de uso, pero el fuego aparece a la vez como un factor visible en la reconversión de millones de hectáreas de entornos naturales hacia la actividad productiva”.
La investigación, basada en el análisis de dos décadas de imágenes satelitales, revela que tres millones de hectáreas que eran áreas con cobertura natural, tras ser alcanzadas por el fuego, se transformaron en tierras para uso rural productivo. Si bien son millones de hectáreas, sólo representan el 13,9% del total del área quemada analizada.
No obstante, especialistas consultados en el informe aseguran que las quemas funcionan como una herramienta para el manejo de los predios, complementaria al paso de topadoras o rolados. A su vez, la evidencia satelital muestra que algunos ecosistemas resisten determinados regímenes de fuego.
A nivel nacional, el estudio tomó como punto de partida la vegetación en 2003, analizó las 21,7 millones de hectáreas quemadas durante la década siguiente (2004–2014) y utilizó los datos de 2024 (el último año disponible) para establecer la comparación con el mapa actual.

Puesto en cifras
Las conclusiones a las que arriba la investigación precisa varios números:
- El 53,6% (11,6 millones de hectáreas quemadas) se mantuvo en el mismo estado de ecosistema natural tras los incendios.
- El 13,9% (3 millones de hectáreas) eran áreas con cobertura natural (bosques, arbustales, matorrales y pastizales) que se transformaron en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial. El análisis no registró transformaciones hacia áreas urbanizadas.
- El 9,6% (2 millones de hectáreas) se transformó en otro tipo de ecosistema natural, lo que potencialmente implica un deterioro de la biodiversidad por degradación, afectación de flora y fauna, e impactos en el agua, el paisaje y la regulación climática.
- El 13,1% de la superficie afectada ya eran áreas productivas antes de quemarse.
- El 9,9% restante correspondió a cambios o permanencias que el análisis satelital no pudo clasificar.
“El desfase temporal de 10 años (entre 2014 y 2024) responde al interés de evaluar trayectorias post-fuego de mediano y largo plazo, priorizando cambios de cobertura relativamente consolidados por sobre respuestas inmediatas o transitorias”, señaló en el trabajo el especialista cordobés Nicolás Mari, técnico del Inta y autor del análisis.
“El fuego funciona como un acelerador de las transformaciones. Porque donde hubo fuego, el cambio de uso de suelo de áreas naturales a áreas productivas se multiplica por tres”, apunta Mari en el trabajo.

Por provincias
En el período analizado, Santiago del Estero fue la provincia con más superficie con vegetación natural quemada que luego se transformó en suelos productivos (1,1 millones de hectáreas incendiadas entre 2004 y 2014 pasaron a ser campos con cultivos o ganadería en 2024)
En cantidad de hectáreas, aunque lejos, le siguen Salta (649 mil), Chaco (386 mil) y Formosa (206 mil)
Especialistas consultados marcan que en 2007 se registró un cambio, cuando se sancionó la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Un estudio del Inta determinó un incremento de al menos dos veces el número de incendios previo a la reglamentación de esa ley (entre 2009 y 2011), durante la etapa de transición que finalizó con la instrumentación legal en cada provincia.
“Hubo un impacto negativo en esos años la conservación de las superficies cubiertas por bosque nativo que fue contrario al objetivo de conservación enunciado por la ley”, señala el trabajo.
Mari explica para Ruido que el fuego es la herramienta más barata para eliminar cobertura vegetal y una práctica que se sostiene desde hace décadas. “Pero si la intención es establecer una actividad productiva a una escala empresarial, siempre van a utilizar maquinaria para hacer la transformación y el fuego es más una herramienta para manejar esos cambios”, apunta.

Córdoba en el mapa
Córdoba está atravesada por incendios todos los años. Si bien en el registro de 2004 a 2014 no presenta un porcentaje alto de superficie con cambio de uso de suelo tras el paso de fuego, para Mari es un ejemplo de cómo las llamas pueden impactar en los ecosistemas.
En el período analizado se quemaron en Córdoba 874 mil hectáreas y el 3,5% era vegetación natural que se transformó en suelos productivos, la mitad de la superficie se mantuvo con el mismo tipo de vegetación y un 13,7% se transformó en otro paisaje natural.
“Que no haya cambio no significa que no haya daño. El fuego siempre va a dejar un impacto. Una de esas consecuencias puede ser a nivel estructural: un bosque que se transforme en un arbustal; o funcional, con un bosque que tras el incendio siga siendo bosque pero ya no pueda albergar ciertas especies”, ejemplifica.
Esa degradación también afecta los servicios ecosistémicos, esto es, los beneficios para las personas como la retención del dióxido de carbono (el principal responsable del cambio climático) o la regulación hídrica (por impactos en ríos y arroyos).
“Otro problema que sucede en Córdoba tras el fuego es que hay un reemplazo de especies nativas por especies invasoras”, cita Mari para ese trabajo.
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La Justicia ratificó la protección de los bosques nativos del Chaco y frenó nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había flexibilizado la suspensión de los cambios de uso de suelo en la provincia. El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la protección judicial de los bosques nativos del Chaco al anular por unanimidad la decisión que había permitido flexibilizar la suspensión de los desmontes en la provincia. Asimismo, reestableció la prohibición de otorgar nuevos permisos para cambiar el uso de suelo.
La medida implica, en los hechos, que vuelve a regir plenamente la cautelar dictada en 2024 para frenar el avance sobre los bosques nativos.
Además del impacto inmediato sobre los desmontes en Chaco, el fallo sienta un precedente para otros conflictos ambientales del país. La Cámara reafirmó que los principios de prevención y precaución deben guiar las decisiones judiciales cuando están en juego bienes colectivos como los bosques nativos, incluso cuando todavía no se hayan producido daños irreversibles.
La decisión fue celebrada por la ONG Aves Argentinas, que destacó que la sentencia reafirma que los principios del derecho ambiental no son simples declaraciones teóricas sino herramientas concretas que deben orientar las decisiones judiciales y administrativas.
Entre los aspectos más relevantes, el tribunal fortaleció la aplicación de los principios precautorio, preventivo, de no regresión, in dubio pro natura y de tutela judicial efectiva. En otras palabras, dejó sentado que los jueces no deben esperar a que el daño ambiental se produzca para intervenir cuando existen indicios de que puede ocurrir.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. La Cámara sostuvo que la sanción de nuevas normas provinciales —en este caso las leyes 4005-R y 4152-R— no constituye por sí sola una razón suficiente para levantar una medida cautelar ambiental. Para hacerlo, señaló, debe demostrarse que los cambios normativos no reducen el nivel de protección alcanzado previamente, algo que no quedó acreditado en este caso.
La Cámara también rechazó el argumento de que la intervención de la Justicia federal implicara una intromisión en competencias provinciales y recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, cuestionó que los controles quedaran en manos de organismos cuyos funcionarios están bajo investigación por presuntas irregularidades en la autorización de desmontes.
Para Aves Argentinas, el fallo pone en evidencia problemas estructurales detrás de la deforestación ilegal, como controles deficientes, sanciones poco efectivas y fallas en la fiscalización de la actividad forestal. La organización señaló además que monitoreos satelitales independientes detectaron desmontes incluso durante la vigencia de la cautelar judicial.
La entidad también rechazó la idea de que la conservación de los bosques sea incompatible con el desarrollo económico. Sostuvo que actividades como el aprovechamiento forestal sostenible, la apicultura, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica pueden generar empleo e ingresos sin comprometer los ecosistemas.
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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