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Temporal en Embarcación reaviva el debate del monte

 


Temporal en Embarcación: 150 heridos y un debate abierto sobre los desmontes en el norte de Salta


El fuerte viento y la lluvia dañaron viviendas, escuelas y el tendido eléctrico, mientras organizaciones advierten que la pérdida de monte nativo aumenta la vulnerabilidad de los pueblos del Chaco salteño frente a los eventos extremos.

Un violento temporal de viento y lluvia golpeó el jueves 12 de noviembre a Embarcación, en el norte de Salta. Dejó unas 150 personas heridas, viviendas sin techo, árboles y postes caídos y cortes de luz. El episodio reavivó en la región un debate de fondo: el vínculo entre la pérdida del monte nativo y la creciente vulnerabilidad de los pueblos del Chaco salteño frente a los eventos climáticos extremos, en una temporada marcada por El Niño.
Según informó el Gobierno de Salta, los heridos fueron atendidos en el Hospital San Roque de la localidad. Entre ellos había personas con fracturas y lesiones cortantes, y un niño con un traumatismo encefalocraneano grave, que fue derivado en código rojo al hospital de Orán. Las ráfagas derribaron techos, árboles y postes de media tensión, dañaron viviendas y comercios y dejaron sin suministro eléctrico a Embarcación y Senda Hachada.

La respuesta oficial
El Comité de Emergencia Climática provincial, encabezado por el ministro Mario Mimessi junto al intendente Carlos Funes, coordinó la asistencia. Participaron equipos de los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Seguridad. Hubo personal de Defensa Civil, refuerzo de ambulancias, entrega de artículos de primera necesidad y suspensión de clases en las escuelas afectadas. La distribuidora eléctrica trabajó en la reposición del servicio, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantenía la alerta amarilla para el departamento.

El monte como amortiguador
Organizaciones socioambientales sostienen que estos episodios no pueden analizarse sin mirar lo que ocurre alrededor de los pueblos. Un análisis publicado tras el temporal plantea que la destrucción del monte prepara el terreno para la catástrofe. El argumento es que los suelos desnudos pierden capacidad de absorber el agua, y las comunidades quedan más expuestas a anegamientos, erosión y aludes.
Esa relación entre deforestación y escurrimiento está ampliamente documentada por la ciencia hidrológica: la cobertura boscosa intercepta la lluvia, favorece la infiltración y reduce la velocidad con que el agua llega a los cauces. El norte salteño tiene antecedentes dolorosos, como el alud que arrasó parte de Tartagal en 2009, cuando especialistas señalaron el desmonte en la cuenca alta como uno de los factores que agravaron el desastre. En el caso de Embarcación, sin embargo, los daños principales fueron provocados por el viento, y no hay estudios que vinculen directamente este temporal con la deforestación de la zona.

Topadoras en territorio wichí
El debate se da en un territorio donde la presión sobre el bosque no se detiene. En octubre, Greenpeace denunció el desmonte de más de 3.300 hectáreas en dos meses en tres fincas ubicadas sobre la ruta nacional 86, cerca de Tartagal. Según la denuncia, los desmontes afectaron territorios y cementerios de diez comunidades wichí. “Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó entonces Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización.
A comienzos de este año, en la comunidad wichí de Misión Chaqueña, a unos 48 kilómetros de Embarcación, mujeres indígenas cortaron un camino para frenar la tala y las quemas en una franja de monte cuya titularidad está en disputa. Dos miembros de la comunidad fueron detenidos tras denunciar los hechos. Ese mismo verano, una veintena de mujeres wichí y guaraníes viajó a Buenos Aires para reclamar ante la Corte Suprema por desmontes que, según denunciaron, continuaban pese a medidas judiciales que los suspendían.

Una ley que necesita controles
La Ley de Bosques Nativos 26.331 establece presupuestos mínimos de protección y obliga a las provincias a ordenar su territorio. Sin embargo, las organizaciones advierten que sin financiamiento ni controles efectivos su aplicación queda debilitada. Salta es una de las provincias con mayor pérdida de bosque del país y, junto con Santiago del Estero, Chaco y Formosa, concentra la mayor parte de la deforestación del Gran Chaco argentino.
Con un El Niño que anticipa lluvias por encima de lo normal en el norte durante el verano, el temporal de Embarcación funciona como advertencia. La forma en que se gestione el monte que todavía queda en pie será clave para la seguridad de los pueblos del Chaco salteño y de las comunidades indígenas que dependen de él.


Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Indymedia Argentina, Portal Informate Salta, Portal La Hora de Salta

Arauco: tierras, selva y conflictos en Misiones

 


Arauco concentra 264.000 hectáreas en Misiones en medio de denuncias de comunidades y campesinos

La forestal chilena es el mayor propietario privado de tierras de la provincia y defiende su gestión como sustentable, mientras comunidades Mbya Guaraní, familias campesinas y organizaciones ambientales denuncian el reemplazo de la selva paranaense, disputas territoriales e incendios.

La multinacional forestal de capitales chilenos Arauco concentra en Misiones 264.111 hectáreas de patrimonio forestal propio, una superficie equivalente a más de seis veces la Ciudad de Buenos Aires, que la convierte en el mayor propietario privado de tierras de la provincia. Su expansión, sin embargo, sigue atravesada por denuncias de comunidades Mbya Guaraní y familias campesinas, disputas por la tierra y cuestionamientos ambientales por el reemplazo de la selva paranaense por plantaciones de pinos y eucaliptos.
La empresa opera en la Argentina desde 1996 y tiene su centro de actividades en Misiones, aunque también trabaja en el Delta del Paraná y en otras provincias. A partir de la forestación con especies exóticas, desarrolló una cadena integrada que produce celulosa, madera, paneles y energía. Gran parte de su producción se exporta: la celulosa se vende sobre todo a Asia y Europa, y la compañía afirma que sus productos llegan a más de 3.500 clientes en los cinco continentes.

La mirada de la empresa
En su Reporte de Sustentabilidad 2025, Arauco se refiere a sus plantaciones como bosques y sostiene que, gestionadas de manera responsable, no solo producen materiales renovables, sino que también capturan carbono, conservan la biodiversidad y protegen servicios ecosistémicos. La compañía asegura además que integra “conservación, restauración y manejo forestal responsable” y que resguarda áreas de alto valor ambiental dentro de su patrimonio.

La selva que ya no está
Las organizaciones ambientales ofrecen otra lectura. Según Greenpeace, cerca de 120.000 hectáreas de las plantaciones de la empresa en Misiones reemplazaron a la selva paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos del país. La propia compañía reconoció que, entre 1994 y 2003, cuando operaba como Alto Paraná S.A., desmontó 20.811 hectáreas de vegetación nativa para nuevas plantaciones, a las que se suman otras 100.000 hectáreas compradas a terceros que ya habían sido desmontadas.
Para las organizaciones, los monocultivos de pino compactan y acidifican los suelos, alteran los ciclos del carbono y del nitrógeno y vuelven al territorio más vulnerable a los incendios, que en las plantaciones se propagan con mayor velocidad e intensidad que en el monte nativo. Tras el fuego, el pino rebrota con rapidez y coloniza las áreas quemadas, lo que dificulta la recuperación de la selva.

Comunidades Mbya Guaraní en conflicto
Las disputas por el territorio tienen como protagonistas a varias comunidades indígenas. Santiago Ramos, cacique de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, cerca de Garuhapé, denunció que en 2022 un incendio consumió las plantas medicinales y los frutales nativos de su comunidad, y atribuyó la sequía de arroyos y nacientes al consumo de agua de las plantaciones. También aseguró que análisis propios detectaron contaminación en el arroyo que llega desde la plantación y que la denuncia ante el Estado provincial no tuvo respuesta.
En 2023, Greenpeace se sumó a los reclamos de las comunidades Puente Quemado II y Guazurarí, cerca de Puerto Libertad, cuyos territorios fueron relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena, y denunció que la empresa mantiene plantaciones dentro de ellos. Para Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de la organización, era “hora de terminar con su impunidad”.

Denuncias de familias campesinas
Los conflictos alcanzan también a familias campesinas. En septiembre de este año, en Puerto Argentino 3, en el municipio de San Pedro, la organización Rebelión o Extinción Misiones denunció el incendio de la vivienda de una familia rural días después de que personal de la empresa y de la Policía provincial le indicaran que dejara de trabajar la tierra, y aseguró que en el último mes se habían quemado diez casas en el marco del conflicto. La organización pidió investigar el origen de los incendios. No se conoce una respuesta pública de la empresa ni de las autoridades provinciales a estas denuncias.
La Ley de Bosques 26.331 establece que todo proyecto de desmonte o de manejo de bosques nativos debe reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras.

Otra forma de producir
Frente a ese modelo, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) muestra una alternativa. La organización ganó un juicio a la empresa por 600 hectáreas, donde hoy produce alimentos agroecológicos, una experiencia que retrata el documental La Tierra Explota, de Juan Pablo Lepore, estrenado en septiembre. Según el director, en esas tierras trabajan hoy personas que antes eran empleadas de la forestal y que pasaron de aplicar agrotóxicos a producir de forma agroecológica, en una disputa concreta sobre para qué y para quiénes es la tierra.


Fecha de Publicación: 11/11/2026
Provincia/Región: Misiones
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable; Arauco (Reporte de Sustentabilidad 2025); Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Chaco arma una brigada judicial contra los desmontes

 


La Justicia federal suma fiscales, gendarmes y ambientalistas para frenar desmontes en Chaco

La jueza federal Zunilda Niremperger creó un equipo interinstitucional que vigilará con satélites, drones y allanamientos el cumplimiento de la cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco, donde el bosque nativo sigue cayendo pese a la prohibición.

La Justicia federal de Chaco creó un equipo especial que reúne a fiscales, funcionarios provinciales y nacionales, gendarmes, guardaparques y ambientalistas con un objetivo concreto: frenar los desmontes ilegales en los bosques nativos de la provincia. La decisión fue tomada por la jueza federal Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a pedido de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la organización que impulsa la causa penal conocida como la “mafia de los desmontes”.
El nuevo organismo lleva el nombre de Equipo de Coordinación Interinstitucional para el Monitoreo, Prevención y Control de Desmontes en la Provincia del Chaco. Según la resolución judicial, su función es “garantizar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar vigente”, que prohíbe los desmontes en el territorio chaqueño.

Quiénes lo integran
El equipo suma a representantes de distintos niveles del Estado. Por el Ministerio Público Fiscal Federal participan los fiscales Juan Gabriel Giménez y Agustina Dragell. Por la provincia, el subsecretario de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro, y el director de Bosques, Gustavo García. La autoridad ambiental nacional envió al ingeniero forestal Eduardo Manghi, y la Administración de Parques Nacionales estará representada por Néstor Arriola, intendente del Parque Nacional Copo, y Sergio Arias Valdecantos, director de la Regional Norte. Completan la mesa el comandante general de Gendarmería Nacional Claudio Brilloni y Fabián Maggi, de la asociación de abogados ambientalistas.
“Es la primera vez que se conforma un comité de esta naturaleza para controlar los desmontes ilegales”, destacó Maggi, que calificó la resolución como muy trascendente.

Satélites, drones y allanamientos
La resolución fija tareas concretas. Los integrantes deberán intercambiar información a partir del monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y vigilancia en el territorio. Gendarmería tendrá que reforzar sus recursos humanos, técnicos y operativos, y evaluar la incorporación de personal, vehículos y drones, mientras que el Ministerio de Seguridad provincial deberá fortalecer las dependencias policiales con funciones rurales y ambientales.
Cada alerta será comunicada a la Dirección de Bosques de la provincia, y el Ministerio Público Fiscal intervendrá ante posibles delitos o incumplimientos de la cautelar. El esquema prevé además una intervención judicial urgente cuando sea necesario ordenar allanamientos o decomisos de maquinaria. La Dirección de Bosques y la fiscalía federal deberán presentar informes periódicos: el primero, en la primera quincena de febrero de 2027, y luego cada tres meses.

Una cautelar que va y viene
La medida que el equipo deberá custodiar tiene una historia accidentada. Fue dictada por la propia Niremperger en agosto de 2024, poco después de que la asociación de abogados ambientalistas presentara una denuncia penal por un presunto entramado de corrupción público-privada en el otorgamiento de permisos de desmonte, que involucra a funcionarios, legisladores y empresarios. En aquel momento, la jueza suspendió los desmontes autorizados que aún no se habían ejecutado y prohibió otorgar nuevos permisos.
La cautelar fue prorrogada en 2025, pero luego levantada en forma parcial, con el argumento de que una nueva ley provincial cambiaba el escenario. En mayo de este año, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión al hacer lugar a los recursos de la fiscalía y de los ambientalistas, al considerar que no se había explicado por qué la nueva norma reducía el riesgo ambiental. Los jueces invocaron el principio precautorio y señalaron que se habían detectado desmontes ilegales incluso con la medida vigente.

El bosque sigue cayendo
La creación del equipo responde a una realidad que la prohibición judicial no logró detener. En septiembre, la asociación denunció el desmonte de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo a pocos metros del Parque Provincial Loro Hablador, dentro del paisaje de conservación del yaguareté y del corredor del Chaco Seco. La Dirección de Bosques secuestró topadoras y cadenas tras la primera denuncia, pero la tala continuó. Según estimaciones de Aves Argentinas, el desmonte liberó más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono.
De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2026 se perdieron 9.339 hectáreas de bosque en Chaco, dentro de un total de más de 73.000 hectáreas en las cuatro provincias del norte más afectadas. El Gran Chaco, el segundo bosque más extenso de Sudamérica después de la Amazonia, es también uno de los que más rápido desaparece.
Los ambientalistas esperan que la iniciativa se traduzca en una protección real del bosque. La primera evaluación llegará en febrero, con el informe inicial.


Fecha de Publicación
: 07/11/2026
Provincia/Región: Chaco 
Fuentes Consultadas: Portal Bichos de Campo; Portal Economía Sustentable; Diario Tiempo Argentino

Activistas frenan un desmonte en Orán y alerta por Salta

 


Salta: frenan topadora en Orán y denuncia un aumento del 70% en los desmontes

Activistas bloquearon una máquina en una finca del norte salteño donde ya se arrasaron 700 hectáreas de bosque nativo, mientras la provincia acelera la deforestación y el Gobierno nacional impulsa cambios en la Ley de Bosques.

Activistas de Greenpeace Argentina frenaron el miércoles 4 de noviembre una topadora que desmontaba bosque nativo en una finca ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Orán, en el norte de Salta, sobre una franja boscosa entre las márgenes del río Bermejo. Según la organización, en ese predio ya se deforestaron unas 700 hectáreas, detectadas mediante imágenes satelitales y sobrevuelos.
Los activistas se interpusieron entre la máquina y el bosque, instalaron un cepo en las palancas de manejo para bloquearla y colocaron una faja de clausura con la leyenda “crimen ambiental”. También desplegaron un cartel dirigido al presidente Javier Milei con la consigna de que la Ley de Bosques no se toca. Las fuentes no informaron el nombre de la finca, su propietario ni la categoría de conservación del área desmontada.

Salta, en alza
La acción se da en un año en que la deforestación en la provincia se aceleró. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, Salta registró entre enero y septiembre un 70% más de desmontes que en el mismo período del año anterior, con unas 20.122 hectáreas perdidas entre las yungas y el Chaco salteño. La provincia es la segunda con mayor pérdida de bosque del norte del país, detrás de Santiago del Estero, en una región donde ya se desmontaron más de 73.000 hectáreas en lo que va del año.
“La deforestación avanza con la evidente complicidad de los gobiernos provinciales”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. Según la organización, cerca del 80% de las áreas forestales se encuentran en categorías donde no se pueden autorizar desmontes.
El contexto provincial también cambió. En diciembre de 2024, la Legislatura salteña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que, según las organizaciones ambientales, redujo en unas 300.000 hectáreas la superficie de categoría III y habilitaría el desmonte de más de 700.000 hectáreas. Durante el debate, el oficialismo defendió la actualización como una obligación prevista por la Ley de Bosques, que debía haberse realizado en 2019, y sostuvo que el nuevo mapa busca “fomentar el uso sustentable del medio ambiente”. Organizaciones ambientalistas y comunidades originarias cuestionaron la falta de consulta.

La Ley de Bosques en la mira
El reclamo apunta también al Gobierno nacional, que impulsa una reforma de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Según Greenpeace, los cambios modificarían los artículos 13 y 14, que regulan las autorizaciones de desmonte y las restricciones en las áreas de mayor valor de conservación, y ampliarían del 20% al 80% la superficie de bosques nativos donde podrían autorizarse desmontes.
A eso se suma el financiamiento. El proyecto de Presupuesto 2027 destina a la protección de los bosques nativos apenas alrededor del 4% de los fondos que exige la ley, en un contexto de ejecución muy baja de las partidas en los últimos años. “Destruir bosques es un ecocidio que debe prohibirse y convertirse en un delito penal”, sostuvo Cruz, quien convocó a la ciudadanía a defender la norma y a reclamar la penalización de los desmontes e incendios forestales.

Una pérdida acumulada
Los números de largo plazo ayudan a dimensionar el problema. Según datos de la Dirección Nacional de Bosques citados por la organización, entre 1998 y 2024 desaparecieron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos en la Argentina, y cerca del 75% de esa pérdida se concentró en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, las provincias del Gran Chaco. La destrucción del hábitat pone en riesgo a especies emblemáticas como el yaguareté, del que se estima que quedan menos de 20 ejemplares en esa región. Por esa razón, en 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema contra las cuatro provincias y el Estado nacional, que todavía no tiene sentencia. A la pérdida por desmontes se suman, además, las más de 60.000 hectáreas de bosque afectadas por los incendios de la última temporada en la Patagonia.
Hasta el momento, ni el gobierno salteño ni el nacional respondieron públicamente a la denuncia ni informaron si el desmonte frenado en Orán contaba con autorización. Mientras tanto, la acción de Greenpeace vuelve a poner en el centro del debate a una ley que, a casi dos décadas de su sanción, enfrenta un nuevo intento de reforma.


Fecha de Publicación
: 06/11/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Diario Infobae; Diario Página/12; Portal Flipr; Prensa Mercosur; Portal Economía Sustentable

Chubut ya plantó más de 130 mil árboles nativos

 


Chubut ya plantó más de 130 mil árboles nativos para recuperar los bosques arrasados por el fuego

El programa provincial de restauración avanza en cinco reservas de la cordillera y prevé duplicar la producción del vivero de especies nativas de El Maitén, tras una temporada de incendios que quemó más de 60.000 hectáreas de bosque en la provincia.

Chubut ya plantó más de 130.000 árboles nativos en lo que va del año para recuperar los bosques de la cordillera afectados por los incendios forestales. Así lo informó el gobernador Ignacio Torres al presentar el avance del Programa Provincial de Restauración, que ejecuta la Secretaría de Bosques junto con comunidades locales y organizaciones ambientales, con el objetivo de recuperar los ecosistemas dañados, preservar la biodiversidad y fortalecer la conservación de las áreas protegidas.
Las plantaciones se realizaron en distintos puntos de la cordillera chubutense: la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, Laguna Los Alerces y las reservas provinciales Río Turbio, Río Tigre y Cerro Currumahuida. “Además de prevenir, tenemos que trabajar para recuperar algo que es patrimonio de todos los argentinos”, afirmó Torres, quien destacó que la recuperación del bosque nativo exige un trabajo sostenido entre el Estado y las comunidades.

Una temporada devastadora
El esfuerzo responde a una de las peores temporadas de fuego que se recuerden en la región. Según un relevamiento de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se quemaron 60.845 hectáreas de bosques andino-patagónicos, de las cuales 60.304 correspondieron a Chubut, casi la totalidad del total regional. La organización cuestionó además el ajuste en las políticas nacionales de manejo del fuego. “El gobierno redujo los fondos para combatir los incendios forestales y la deforestación ilegal”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de su campaña de bosques.

Llegar a los lugares más remotos
Una de las intervenciones más complejas se realizó en la Reserva Provincial Río Turbio, donde se trabajó sobre 20 hectáreas en la margen sur del arroyo Jara. Como el acceso por tierra exige una caminata de unos 30 kilómetros por bosque cerrado durante dos jornadas, los plantines fueron trasladados en helicóptero. Allí se plantaron más de 20.000 coihues, producidos en el vivero provincial y llegados en abril, unos cuatro meses después del último incendio, en un área golpeada por el fuego en 2015 y en diciembre de 2025, en una tarea en la que participaron pobladores locales y técnicos forestales.
Los ejemplares se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera de manera natural, aprovechando los troncos quemados y los arbustos sobrevivientes como protección frente al viento y la radiación solar. Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina advirtieron que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo.

Un vivero que duplicará su producción
La clave del programa está en la producción de plantas. El Vivero Forestal Lemu, ubicado en El Maitén, a la vera de la Ruta Provincial 70, fue inaugurado en abril de 2025 como el primer vivero provincial dedicado exclusivamente a especies nativas para restaurar áreas degradadas por el fuego. Hoy tiene capacidad para producir unos 70.000 plantines, y la provincia planifica una ampliación que permitiría duplicar esa cifra, hasta unos 140.000, para la próxima primavera. El vivero se construyó con financiamiento del proyecto ProCLIM-AR y un convenio con la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Cooperación internacional
ProCLIM-AR es un proyecto enmarcado en un acuerdo de cooperación bilateral entre la Argentina y Alemania, financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del gobierno alemán. Lo implementa un consorcio integrado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Fundación AVINA y la agencia alemana GIZ, con la participación del programa ReforestArg. La planificación de las acciones se articula, además, en la Mesa Multisectorial de Restauración, que reúne a las organizaciones involucradas en la recuperación de los bosques de la cordillera.

Resultados a mediano plazo
Los responsables del programa aclaran que los resultados se verán a mediano plazo, a medida que crezcan las especies plantadas y los ecosistemas comiencen a recuperarse de manera progresiva. Frente a la magnitud de la superficie afectada, la combinación de prevención de incendios, producción de plantines nativos y participación de las comunidades es la apuesta provincial para que los bosques andino-patagónicos vuelvan a cubrir, con el paso de los años, las laderas que el fuego arrasó.


Fecha de Publicación: 06/11/2026
Provincia/Región: Chubut
Fuentes Consultadas: Diario El Patagónico; abcDiario; Portal ADNSUR; Canal 4 Esquel

Denuncian desmontes en territorio vilela en Santiago

 


Santiago del Estero: denuncian desmontes autorizados en territorio de la comunidad vilela El Tunal

Integrantes de la comunidad indígena, junto al MOCASE-VC y Greenpeace, denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó el desmonte de unas 200 hectáreas de monte nativo sin consulta previa, en tierras cuya ocupación tradicional reconoció el INAI.

La comunidad indígena El Tunal, del pueblo vilela, denunció que topadoras avanzan sobre el monte nativo de su territorio, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), que acompaña a las familias, los trabajos cuentan con una autorización de la Dirección de Bosques provincial a favor de la firma Agropecuaria Tomay S.A., otorgada sin informar ni consultar previamente a la comunidad.
Greenpeace se sumó al reclamo y difundió el 19 de octubre que el desmonte ya había alcanzado una superficie considerable. “Las topadoras ya avanzaron sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo”, advirtió la organización. Pidió frenar los trabajos de inmediato y que la provincia proteja la vida de quienes defienden el monte. También envió una nota a la Dirección de Bosques y Fauna santiagueña y lanzó una campaña de firmas en defensa de los bosques nativos.

Un territorio reconocido por el Estado
El conflicto se da en tierras que el propio Estado nacional reconoció como de ocupación indígena. En 2019, El Tunal obtuvo su personería jurídica y quedó inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dio por concluido, mediante la Resolución 95/2020, el relevamiento técnico, jurídico y catastral previsto por la Ley 26.160. Ese relevamiento reconoció la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad sobre unas 3.132 hectáreas georreferenciadas.
El relevamiento no equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero sí acredita la posesión ancestral de las familias. El MOCASE-VC sostiene, además, que la empresa beneficiada por la autorización no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados.

De la topadora frenada al regreso de las máquinas
El reclamo lleva varias semanas. A fines de agosto, integrantes de la comunidad lograron detener una topadora que había ingresado en uno de los últimos sectores de monte nativo del territorio, y difundieron el hecho en redes sociales. Días después, según la denuncia, la maquinaria volvió con una orden atribuida a las autoridades provinciales de Bosques y con personas que custodiaban las tareas. El MOCASE-VC y Greenpeace denunciaron la presencia de personas armadas en la zona.
La organización campesina presentó reclamos ante organismos provinciales, la Policía y el INAI, y exigió la suspensión de los trabajos. “Exigimos inmediato freno a las autorizaciones otorgadas”, reclamó el movimiento. Pidió además revisar los permisos, realizar estudios de impacto ambiental y llevar adelante la consulta pública que, según afirma, nunca se hizo.
No es la primera vez que el territorio queda bajo amenaza. En 2023 hubo denuncias por desmontes en el mismo sector, y las tareas se detuvieron tras los reclamos. En 2018, organizaciones vinculadas al MOCASE ya habían denunciado el ingreso de policías y particulares, en una causa por presunta usurpación iniciada a partir de la denuncia de un empresario.

Lo que dice la ley
El caso pone en discusión el cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos:
- su artículo 19 exige que los proyectos de desmonte reconozcan y respeten los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras;
- su artículo 26 obliga a garantizar instancias de participación y consulta pública antes de autorizar el cambio de uso del suelo.
A esto se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con jerarquía legal en la Argentina a través de la Ley 24.071, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre las medidas que los afecten.
Según Greenpeace, la provincia no cumplió con esas exigencias al otorgar el permiso. Hasta el momento no se conocen respuestas públicas de la Dirección de Bosques ni de la empresa sobre las denuncias.

La provincia que más desmonta
El episodio ocurre en el distrito que encabeza la deforestación en el país. De acuerdo con el monitoreo satelital de Greenpeace, en 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, la cifra más alta de la Argentina. La pérdida de monte en el Gran Chaco no solo libera carbono y destruye hábitats: también empuja a comunidades indígenas y campesinas a defender con el cuerpo territorios de los que dependen para vivir.


Fecha de Publicación: 03/11/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal La Noticia Web; Diario Tiempo Argentino; Portal Reporte 24; Portal Economía Sustentable

Ya hay desmontadas más de 73.000 hectáreas en el año

 


Más de 73.000 hectáreas de bosque nativo desmontadas en el norte argentino en nueve meses

Un relevamiento satelital de Greenpeace registró desmontes en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa entre enero y septiembre, mientras se discute la flexibilización de la Ley de Bosques.

Entre enero y septiembre de 2026 se desmontaron 73.224 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El dato surge de un relevamiento de Greenpeace basado en la comparación de imágenes satelitales de alta resolución. La superficie equivale a la del Parque Nacional Calilegua o a unas cuatro veces la de la Ciudad de Buenos Aires.
Santiago del Estero vuelve a encabezar la lista, con 35.368 hectáreas, el 48,3% del total, sobre todo en el bosque chaqueño semiárido. Le sigue Salta, con 20.122 hectáreas (27,5%) entre las yungas y el Chaco salteño. Más atrás quedan Chaco, con 9.339 (12,7%), y Formosa, con 8.395 (11,5%), donde la pérdida alcanza humedales y bosques secos. Los desmontes se concentran en el Gran Chaco, y su avance profundiza la crisis climática y acelera la pérdida de biodiversidad.

Un ritmo que no se detiene
Los números muestran que el desmonte siguió durante el invierno. En julio, la misma organización había informado que en el primer semestre se habían arrasado 40.862 hectáreas en esas cuatro provincias. Santiago del Estero encabezaba la lista, con 20.727 hectáreas, seguida por Salta, con 11.960, un nivel que en esa provincia duplicaba el del mismo período del año anterior. Con esos datos, entre julio y septiembre se sumaron más de 32.000 hectáreas, un promedio cercano a 10.800 por mes.
El salto más llamativo se dio en Chaco, que pasó de 3.800 hectáreas en el primer semestre a 9.339 al cierre de septiembre: en solo tres meses desmontó más que en los seis anteriores. En ese trimestre, Santiago del Estero sumó unas 14.600 hectáreas; Salta, unas 8.200, y Formosa, unas 4.000.
Para Greenpeace, las sanciones vigentes no logran frenar el fenómeno. “Las multas económicas no están sirviendo para frenar los desmontes ilegales”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de la organización. Según Giardini, los empresarios agropecuarios incorporan las multas como un costo más de producción. También apuntó contra los gobiernos provinciales, a los que acusó de controlar poco, flexibilizar sus normas y autorizar desmontes donde no están permitidos, y habló de “una clara complicidad de los gobiernos provinciales”.

La Ley de Bosques en discusión
El relevamiento se conoce en medio del debate por la modificación de la Ley de Bosques (26.331) que impulsa el Gobierno nacional, y de recortes en los fondos destinados a la conservación. Giardini calificó de inadmisible la flexibilización de la norma y advirtió que provocaría un aumento significativo de la deforestación. También recordó que la Argentina está lejos de cumplir el compromiso de deforestación cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow de 2021.
La propuesta de reforma ya había despertado objeciones técnicas a comienzos de año. El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco advirtió que, entre otros cambios, eliminaría la autorización previa obligatoria para desmontar en las áreas de categoría III, o verde. Además, habilitaría desmontes en zonas de categoría II, o amarilla. Para esa entidad, las modificaciones debilitarían los controles y la evaluación ambiental, y representarían un retroceso contrario a los principios precautorio y de no regresión.

El yaguareté, en la cuerda floja
El desmonte también amenaza a una de las especies más emblemáticas del país. En 2019, Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra las cuatro provincias y el Estado nacional por la destrucción del hábitat del yaguareté en el Gran Chaco, donde se estima que sobreviven menos de 20 ejemplares. La presentación sostiene, además, que esos desmontes violan la ley nacional de bosques. El máximo tribunal se declaró competente, pero todavía no dictó sentencia.
La organización reclama defender la Ley de Bosques y penalizar los desmontes y los incendios forestales. Además, impulsa la iniciativa “República de los Siete Bosques”, que invita a la ciudadanía a sumarse a una red de monitoreo territorial y resistencia pacífica frente a la pérdida de bosques.
A poco más de tres años de la meta de deforestación cero comprometida para 2030, el Gran Chaco argentino sigue perdiendo superficie a un ritmo que, según los datos satelitales, no da señales de desacelerarse.


Fecha de Publicación: 29/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Chaco On Line, InfoBariloche, Greenpeace Argentina, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco

Chubut planta coihues en bosque quemado


Restauración en Chubut: 20.000 coihues llegaron en helicóptero al bosque quemado de El Turbio

Más de 20.000 coihues trasladados en helicóptero crecen en 20 hectáreas quemadas del Parque Provincial El Turbio, mientras la provincia avanza con nuevas plantaciones en la Comarca Andina.

En el Parque Provincial El Turbio, en la cordillera de Chubut, más de 20.000 coihues jóvenes empiezan a ocupar el lugar que dejó el fuego. La plantación cubrió unas 20 hectáreas de bosque quemado cerca de Lago Puelo. Forma parte de un programa de restauración que en los últimos meses sumó nuevas etapas en la Comarca Andina, y exigió una logística fuera de lo común para llegar a uno de los rincones más aislados de la provincia.
Los plantines de coihue (Nothofagus dombeyi), de alrededor de un año y medio, llegaron en abril de 2026 al sector del arroyo El Jara, unos cuatro meses después del último incendio. Para alcanzar el sitio, el equipo técnico recorrió unos 150 kilómetros por tierra desde Esquel hasta Lago Puelo. Luego navegó 13 kilómetros en lancha por el Parque Nacional Lago Puelo, siguió en tractor y completó los últimos 30 kilómetros a caballo y a pie. El viaje llevó casi dos días. Los árboles, en cambio, volaron en helicópteros de la Agencia Federal de Emergencias desde la base de brigadistas de El Hoyo.

Un bosque castigado dos veces
El Turbio arrastra una historia reciente de incendios. En 2015, un gran fuego destruyó cerca de 7.000 hectáreas de bosque nativo en el parque. En diciembre de 2025, otro incendio, de origen natural, quemó más de 3.100 hectáreas.
Doce pobladores locales y técnicos forestales trabajaron durante diez días en la plantación. Los coihues se distribuyeron en pequeños grupos que imitan la forma en que el bosque se regenera por sí solo. Los troncos quemados y los arbustos que sobrevivieron funcionan como refugio frente al viento y la radiación solar. Los plantines se produjeron en el vivero provincial Lemu, de El Maitén.
La tarea es impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut, la Fundación Vida Silvestre Argentina y el programa Reforestarg, en el marco de ProCLIM-AR. Ese acuerdo de cooperación entre la Argentina y Alemania lo ejecuta la agencia alemana GIZ con fondos de la Iniciativa Climática Internacional. Participan además el Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Escuela Agrotécnica N.º 717.
Ariel Medina, especialista en bosques de Vida Silvestre, describió la plantación de especies nativas como un paso para recuperar la biodiversidad, proteger el agua y reconstruir el paisaje. También advirtió que restaurar los bosques quemados demandará décadas de trabajo. El secretario de Bosques de Chubut, Abel Nievas, destacó que el proyecto aportó durante tres años herramientas, financiamiento y capacidad operativa. Además, definió cada árbol plantado en zonas incendiadas como “una inversión estratégica para el futuro de Chubut”.

Las etapas siguientes
La plantación de El Turbio fue apenas el comienzo. El 2 de septiembre, la provincia anunció una nueva etapa con 109.100 árboles nativos para unas 127 hectáreas, a plantar entre septiembre y octubre. Para el 24 de septiembre ya se habían colocado 32.000 ejemplares en 40 hectáreas de la reserva del lago Epuyén. El 8 de octubre se recibieron 4.000 plantines para un predio forestal provincial de más de 60 hectáreas en Lago Puelo.
Según el anuncio de la Secretaría de Bosques y Vida Silvestre, esa campaña combina 73.000 cipreses de la cordillera, 35.000 coihues y 1.100 alerces producidos en viveros provinciales. Los sitios se eligieron por criterios técnicos como el daño causado por el fuego, las especies nativas y exóticas presentes y el potencial de recuperación natural. En algunos sectores, antes de plantar hace falta ralear, despejar y retirar los pinos que brotaron después de los incendios. Los árboles se agrupan en bosquetes de unos 30 ejemplares. Además, se prevén alrededor de 30 parcelas de monitoreo de largo plazo para seguir la supervivencia, el crecimiento y los daños, incluido el ramoneo de animales. Tobías Merlo, fundador de Reforestarg, explicó que cada institución aporta lo suyo: Vida Silvestre, los árboles; la Secretaría, el conocimiento del territorio, y Reforestarg, la plantación.
En paralelo, Vida Silvestre licitó, a pedido de la Secretaría de Bosques, la compra de 75.000 cipreses de la cordillera y 3.000 alerces. Están destinados a la Reserva Forestal de Usos Múltiples de Epuyén y al Parque Provincial El Turbio, dentro del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios.

La escala, una deuda pendiente
El área de trabajo de ProCLIM-AR abarca algo más de 42.000 hectáreas entre Lago Puelo, El Turbio y Cholila, dentro de un programa pensado a 30 años. Las 20 hectáreas de El Turbio representan menos del 0,05% de esa superficie. Todavía no se informaron tasas de supervivencia de los coihues ni un balance final de la campaña de primavera. La Secretaría de Bosques prevé monitorear su crecimiento para ir ajustando la estrategia. La continuidad de las plantaciones depende del clima y del acompañamiento de las comunidades.


Fecha de Publicación: 27/10/2026
Provincia/Región: Chubut 
Fuentes Consultadas:  Portal ECOticias, Fundación Vida Silvestre Argentina, Secretaría de Bosques de Chubut

Desmontan 1.800 hectáreas junto al Parque Loro Hablador

 


Denuncian el desmonte de 1.800 hectáreas de bosque protegido junto al Parque Loro Hablador, en Chaco

Aves Argentinas detectó por satélite la destrucción de bosque nativo en una zona donde la ley prohíbe desmontar, que continuó aun después de que las autoridades secuestraran topadoras en el predio.

Unas 1.800 hectáreas de bosque nativo fueron arrasadas en el Chaco Seco, en un predio que linda con el Parque Natural Provincial Loro Hablador, en el departamento Almirante Brown. La denuncia la presentó Aves Argentinas ante las autoridades provinciales, a partir del análisis de imágenes satelitales, y la organización advierte que la superficie afectada podría ser todavía mayor.
“La gravedad del caso es extrema”, señaló la entidad en su presentación. El desmonte ocurrió en una zona que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia clasifica en la categoría II, de color amarillo. Según la Ley Nacional de Bosques, esa categoría corresponde a áreas de valor de conservación medio, donde se admiten usos sostenibles como el aprovechamiento forestal controlado, el turismo o la investigación, pero no el desmonte, es decir, la eliminación total del bosque para cambiar el uso del suelo.

Un sitio clave para la biodiversidad
La ubicación del predio agrava el daño. Además de lindar con el Parque Loro Hablador, el área integra la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, y forma parte de un corredor de conectividad entre ambas áreas protegidas. Esos corredores permiten el desplazamiento de la fauna en una región cada vez más fragmentada por el avance de la frontera agropecuaria.
En ese bosque habitan especies emblemáticas y amenazadas. El tatú carreta y el pecarí quimilero son Monumentos Naturales Provinciales; el loro hablador, que da nombre al parque, cuenta con protección provincial, y el yaguareté, Monumento Natural Nacional, tiene en este sector parte de su Paisaje Óptimo de Conservación. El lugar está reconocido además como Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), y Aves Argentinas propuso que se lo designe como Área Clave para la Biodiversidad.
La organización estimó que la destrucción de ese bosque podría liberar más de 520.000 toneladas de dióxido de carbono. El cálculo toma un valor de unas 290 toneladas por hectárea, a partir del Nivel de Referencia de Emisiones Forestales que la Argentina presentó en 2019 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y no incluye el carbono almacenado en el suelo, por lo que se trata de una estimación conservadora.

Las topadoras siguieron
El caso ya había llegado a las autoridades. El 8 de septiembre, personal de la Dirección de Bosques del Chaco, junto con la Policía Rural, secuestró en el lugar cuatro topadoras y dos cadenas de 100 metros, herramientas típicas del desmonte. Sin embargo, según la denuncia, las imágenes del satélite Sentinel-2 posteriores al operativo indican que la destrucción continuó, por lo que las medidas no habrían alcanzado para frenarla. El relevamiento tiene fecha de corte el 22 de septiembre.
Ese mismo día, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia restableció la medida cautelar que suspende los desmontes en toda la provincia, en el marco de la causa conocida como “Mafia del Desmonte”, iniciada por la Fiscalía Federal por presuntos permisos irregulares de cambio de uso del suelo y recategorizaciones en áreas protegidas. Esa suspensión había sido dictada en agosto de 2024 por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, que en agosto de este año la levantó tras la aprobación de un nuevo ordenamiento territorial. La Cámara revocó esa decisión al considerar que un cambio normativo no demuestra por sí solo que el riesgo haya desaparecido.

Los reclamos
Aves Argentinas pidió una inspección urgente del predio, el cese de cualquier tarea de desmonte, limpieza, quema o habilitación productiva y que se mantenga el secuestro de la maquinaria. También reclamó monitoreo satelital permanente, la publicación de las autorizaciones y actuaciones administrativas vinculadas al terreno, la restauración del bosque y que se informe al juzgado federal. Para el parque y los predios vecinos, solicitó reforzar controles y patrullajes y crear un sistema de alerta temprana.
La organización tiene un convenio con la Subsecretaría de Ambiente provincial para la conservación de estos sitios, y aclaró que ese acuerdo no implica avalar la destrucción del bosque. Hasta el momento, el gobierno chaqueño no respondió públicamente a la denuncia.
El caso se suma a una larga historia de pérdida de bosques en el Gran Chaco, uno de los frentes de deforestación más activos del Sur Global, donde las normas de protección conviven con desmontes que avanzan incluso en las zonas donde están prohibidos.


Fecha de Publicación
: 19/10/2026
Provincia/Región: Chaco
Fuentes Consultadas: Portal Noticias Ambientales, Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Aves Argentinas, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Denuncian desmontes en territorio wichí de Salta

 


Denuncian el desmonte de más de 3.300 hectáreas en territorio wichí y apuntan al gobierno de Salta

Greenpeace y comunidades wichí de Tartagal acusan al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el arrasamiento de monte nativo en tres fincas, sin dar respuesta a los pedidos de informes.

Las topadoras avanzan sobre el monte nativo del norte de Salta y las comunidades wichí de la zona de Tartagal reclaman respuestas que no llegan. Organizaciones ambientalistas y referentes indígenas acusaron al gobierno de Gustavo Sáenz de permitir el desmonte de miles de hectáreas de bosque en apenas dos meses, en territorios que esas comunidades usan para vivir y sostener su cultura.
La comparación de imágenes satelitales del 7 de julio y del 23 de septiembre de 2026 muestra la pérdida de unas 1.300 hectáreas de monte nativo en poco más de dos meses en la zona de Tonono, cerca de Tartagal, cabecera del departamento San Martín. Según Greenpeace, en ese mismo período se desmontaron más de 3.300 hectáreas en tres fincas cercanas a Tartagal, sobre la ruta nacional 86.

Tres fincas en la mira
La organización identificó las propiedades donde avanzaron las máquinas. La finca Tonono figura a nombre de Martín Morales; Alcoba pertenece a la empresa agropecuaria Desdelsur SA, vinculada a las familias Macera y Blaquier, y Caraguatá es propiedad de Estancia Tres Lagunas SA.
“Es evidente la complicidad del gobierno de Gustavo Sáenz frente a este ecocidio”, afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Greenpeace, la Fundación Asociana y representantes legales de comunidades indígenas pidieron hace más de un mes informes oficiales sobre los permisos. Las comunidades quieren saber quién autorizó los trabajos. Hasta ahora, según fuentes del caso, la Secretaría de Ambiente provincial no respondió.

Cementerios, chaguar y agua
El impacto recae sobre diez comunidades wichí. Basilia Pérez, referente de la zona, documentó con fotos y videos la destrucción de panales, nidos y plantas de chaguar, la planta cuya fibra se usa en los tejidos tradicionales wichí y que forma parte de los recursos de subsistencia de las familias. “Necesitamos que pare el desmonte”, reclamó. También habló de las fumigaciones: “Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones”.
En Pozo Nuevo, la apertura de una picada junto a las viviendas dejaría aislado el cementerio de la comunidad. En Arenales, también sobre la ruta 86, los pobladores deben trasladar agua potable desde unos 40 kilómetros. De acuerdo con la denuncia, algunos de los bidones que usan habían contenido agrotóxicos, y los recipientes de una donación de UNICEF nunca llegaron. Greenpeace advirtió además que algunas familias serían presionadas para ceder monte a cambio de la perforación de un pozo de agua.

Un historial de pérdida
El caso se inscribe en una historia larga. Según datos oficiales citados por Greenpeace, entre fines de 2007 y fines de 2022 se desmontaron en Salta 714.052 hectáreas. La tendencia reciente tampoco es alentadora. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, Salta perdió 11.960 hectáreas de bosque entre enero y junio de 2026, el doble que en el mismo período de 2025, y concentró cerca de un tercio de las 40.862 hectáreas desmontadas en el norte argentino durante el primer semestre.
En 2024, la organización ya había denunciado audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial para autorizar desmontes en 30 fincas, por casi 26.000 hectáreas, y estimó que la propuesta provincial en debate podía habilitar la deforestación de unas 720.000 hectáreas. Todo ello ocurre bajo la Ley nacional 26.331 de Bosques Nativos, que obliga a las provincias a ordenar sus bosques por categorías de conservación y prohíbe desmontar en las zonas de mayor valor.

Un contexto nacional adverso
Greenpeace vinculó la situación con el escenario nacional. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema que dejó firme el decreto que derogó la Ley de Tierras Rurales y la intención del Gobierno nacional de flexibilizar la Ley de Bosques, una reforma que, según Cruz, es inadmisible porque aumentaría significativamente la deforestación. La organización reclama, en cambio, aplicar la norma de forma estricta y avanzar en la penalización de la destrucción de bosques nativos.
La organización recordó además que Argentina asumió en la cumbre climática de Glasgow, en 2021, el compromiso de alcanzar la deforestación cero para 2030. Mientras tanto, las comunidades wichí siguen esperando que alguien les explique quién autorizó la destrucción del monte del que dependen.


Fecha de Publicación: 14/10/2026
Provincia/Región: Salta
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario El Destape, Portal Noticias Ambientales, Portal El Monterizo, Greenpeace Argentina

Por qué los incendios patagónicos son cada vez más graves

 


Sequías, pinos y barrios en el bosque: por qué los incendios patagónicos son más graves

Un estudio de investigadores del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro analizó doce grandes incendios en la Comarca Andina entre 2015 y 2025 y concluyó que el clima, la acumulación de combustible y la expansión urbana se combinan para potenciar el fuego.

Los incendios forestales en la cordillera patagónica no son solo más frecuentes: también son más extensos, más severos y más destructivos. Un equipo de investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se propuso explicar por qué y llegó a una conclusión clara: no hay una única causa, sino una combinación de factores que se potencian entre sí.
El trabajo, publicado en la revista científica Ecología Austral, analizó doce grandes incendios ocurridos entre 2015 y 2025 en la Comarca Andina del Paralelo 42. Esa región reúne localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre Río Negro y Chubut. En esa década, el fuego arrasó 46.222 hectáreas, y cerca del 48% de esa superficie se quemó con severidad alta. Los incendios de 2015, 2021 y 2025 destruyeron más de 930 viviendas y causaron la muerte de cuatro personas, además de dañar cultivos, redes eléctricas y sistemas de agua.

Un clima cada vez más seco
El primer factor es climático. Los registros de El Bolsón de los últimos 30 años muestran que siete de los últimos diez veranos tuvieron lluvias por debajo del promedio. En la temporada 2024-2025, la temperatura máxima media superó en 3,5 grados el registro histórico, con 28 días por encima de los 30 °C.
Sequías recurrentes y temperaturas récord generan un ambiente en el que la vegetación se seca con facilidad y el fuego encuentra condiciones ideales para propagarse.

Combustible acumulado
El segundo factor es el combustible. “Por un lado se produjo una acumulación durante décadas de material combustible a partir del bosque nativo”, explicó Mariano Amoroso, coautor del estudio, investigador del CONICET y director de la Maestría en Agroecología de la UNRN. A eso se suman unas 14.000 hectáreas de plantaciones de pinos exóticos, una especie muy inflamable y de crecimiento denso, que tampoco recibieron un manejo adecuado. Según el investigador, ambos factores facilitan la rápida propagación de las llamas.
El problema se retroalimenta después de cada incendio. En las áreas quemadas, los arbustos rebrotan más rápido que los árboles nativos, lo que genera un paisaje todavía más inflamable que el original y aumenta el riesgo de que el fuego vuelva.

Barrios dentro del bosque
El tercer factor es humano. Entre 2000 y 2022, la superficie urbanizada de la región creció un 63,1%, en gran parte sobre el bosque nativo. Ese avance amplió la llamada interfase urbano-forestal, la franja donde las viviendas conviven con la vegetación.
El estudio muestra que al menos nueve de los doce grandes incendios comenzaron o se propagaron en barrios construidos junto al bosque. En esas zonas se multiplican las fuentes de ignición vinculadas a la actividad humana, y al mismo tiempo crece la cantidad de casas y personas expuestas al fuego.
Los investigadores subrayan que estos tres factores no actúan por separado: un verano seco sobre un bosque cargado de combustible y rodeado de viviendas multiplica el riesgo de que una chispa se convierta en un incendio de gran escala.

Actuar “el día antes”
Los investigadores advierten que la estrategia actual, centrada en el combate, no alcanza. Proponen dejar de actuar solo cuando el fuego ya empezó y planificar el territorio con anticipación: gestionar la vegetación que funciona como combustible, regular el avance de los barrios sobre el bosque y educar a la comunidad para prevenir y anticipar los riesgos.
La advertencia cobra fuerza tras la temporada 2025-2026, considerada la peor en seis décadas en la región. Según un relevamiento satelital de Greenpeace, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 los incendios afectaron más de 60.000 hectáreas de bosques andino-patagónicos, casi todas en Chubut. La superficie duplicó la de la temporada anterior y fue diez veces mayor que el promedio de 2022 a 2024. La organización estima, además, que cerca del 95% de los incendios en la región tiene origen humano, un dato que refuerza la advertencia del estudio sobre la interfase urbano-forestal.
Con una nueva temporada por delante y El Niño en pleno desarrollo, las autoridades de Parques Nacionales y de la Agencia Federal de Emergencias se reunieron días atrás en Bariloche para coordinar recursos. Para los científicos, sin embargo, la clave está en lo que se haga antes de que aparezca la primera columna de humo.


Fecha de Publicación: 13/10/2026
Provincia/Región: Patagonia
Fuentes Consultadas: Diario Río Negro, CONICET, Universidad Nacional de Río Negro

Presupuesto 2027: $39 por mes por hectárea de bosque nativo

 


El Presupuesto 2027 asigna solo el 4% de lo que fija la Ley de Bosques para el monte nativo

Según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, el proyecto oficial destina $24.668 millones al fondo de la Ley 26.331, cuando por ley deberían ser más de $606.000 millones: el equivalente a unos 39 pesos mensuales por hectárea.

Treinta y nueve pesos por mes. Esa es la cifra que, según el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el Estado destinaría a la protección de cada hectárea de bosque nativo del país. El cálculo surge de un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que advierte que la partida prevista para el fondo creado por la Ley de Bosques representa apenas el 4,07% de lo que la norma establece.
El proyecto enviado al Congreso asigna $24.668 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 26.331, ese fondo debería recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional, lo que para 2027 equivaldría a unos $606.304 millones. La diferencia supera los $580.000 millones. En términos simples, por cada 100 pesos que la ley ordena destinar a los bosques, el proyecto prevé poco más de cuatro.
La ley prevé, además, que el fondo se integre con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios de la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Ese componente tampoco aparece reflejado en la asignación.

La cuenta de los 39 pesos
Para dimensionar el recorte, la organización tomó como referencia la superficie de bosque nativo registrada en el último monitoreo disponible: más de 53 millones de hectáreas. Al repartir la partida prevista sobre esa superficie, el resultado es de unos $466 por hectárea por año, es decir, alrededor de $39 por mes.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos”, afirmó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, con esos montos las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios de tierras no reciben incentivos para usar, conservar o restaurar los bosques de manera sostenible.

Un incumplimiento histórico
El problema no es nuevo. Jaramillo recordó que, salvo en los primeros años de vigencia de la ley, el presupuesto asignado nunca superó el 10% de lo que correspondía. El porcentaje previsto para 2027 es, según la organización, uno de los más bajos desde la sanción de la norma, en 2007.
La Ley 26.331 es una norma de presupuestos mínimos de protección ambiental. Obliga a las provincias a ordenar sus bosques en tres categorías de conservación (roja, amarilla y verde, según su valor ambiental) y creó el fondo para compensar a quienes los conservan y fortalecer los controles. Sin recursos, advierte Vida Silvestre, las áreas quemadas o desmontadas ilegalmente no se restauran como exige la ley, y tampoco existe un registro nacional de infractores.

El caso de Misiones
La subejecución se siente con especial fuerza en las provincias con mayor riqueza forestal, como Misiones, que alberga buena parte de la selva paranaense que queda en el país. El antecedente es elocuente. En 2021, al analizar el proyecto de Presupuesto 2022, Vida Silvestre había advertido que la provincia recibiría apenas unos $39 millones para el cuidado de sus bosques. Por ley le correspondían alrededor de $1.300 millones, por lo que la asignación representaba solo el 3% de lo que fijaba la norma.
Por entonces, el fondo nacional tenía asignados poco más de $1.212 millones, un monto que se reparte entre las provincias según distintos criterios, entre ellos la superficie de bosque de cada una. “Venimos pidiendo año tras año que se cumpla la ley de manera correcta”, sostenía Jaramillo en aquel momento.
Cinco años después, el reclamo se repite casi con las mismas palabras, pero en un contexto más exigente. La partida actual vuelve a quedar muy lejos del piso legal mientras la deforestación y los incendios siguen presionando sobre los bosques nativos.

Lo que viene
El proyecto de presupuesto todavía debe ser debatido en el Congreso, donde las organizaciones ambientales buscarán que se recomponga la partida. Para facilitar ese seguimiento, Vida Silvestre reúne datos y análisis sobre la implementación de la ley en su micrositio leydebosques.vidasilvestre.org.ar.
Para la fundación, la discusión excede las cifras: sin recursos para controlar, compensar y restaurar, la Ley de Bosques corre el riesgo de quedar como una norma vigente en el papel, pero sin capacidad real de frenar la pérdida del monte nativo.


Fecha de Publicación: 10/10/2026
Provincia/Región: Nacional
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Diario Primera Edición, Portal Argentina Forestal, Fundación Vida Silvestre Argentina

Autorizan un desmonte en territorio indígena en Santiago

 


Santiago del Estero: autorizan un desmonte en territorio indígena de la Comunidad El Tunal

Semanas después de que sus integrantes frenaran el ingreso de una topadora, la Comunidad El Tunal, del Pueblo Vilela, denunció que la Dirección de Bosques provincial autorizó formalmente a una empresa agropecuaria a desmontar uno de los últimos sectores de monte nativo de su territorio, reconocido oficialmente por el Estado como de ocupación tradicional indígena.

La Comunidad El Tunal, perteneciente al Pueblo Originario Vilela, denunció que continúan los desmontes en parte de su territorio comunitario en el norte de Santiago del Estero, pese a los reclamos presentados ante las autoridades provinciales. Según informó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), la Dirección de Bosques de la provincia autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a avanzar con las tareas, luego de que a fines de agosto la propia comunidad lograra frenar el ingreso de una topadora que había comenzado a desmontar en el lugar.

Una autorización después de la resistencia
De acuerdo con la organización, tras aquel freno inicial se presentó en el territorio una persona con una orden atribuida a la directora de Bosques de la provincia, Noelia Zanichelli, mediante la cual se autorizaba a la empresa a realizar el desmonte. "Ante el desconocimiento total de la comunidad, se han radicado las denuncias correspondientes, sin embargo desde las autoridades de control, se hace oído sordo", sostuvo el MOCASE-VC en una publicación difundida en redes sociales. Según la denuncia, las máquinas continúan trabajando en el lugar. La organización afirmó además que las topadoras están custodiadas por personas armadas, una acusación que no fue acompañada de documentación pública sobre la identidad de esas personas ni sobre actuaciones judiciales vinculadas al episodio.

Un territorio que el propio Estado reconoció como indígena
El Tunal está ubicada a unos 250 kilómetros al noreste de la ciudad de Santiago del Estero. En 2020, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluyó el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad, y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie de aproximadamente 3.132 hectáreas, con delimitación georreferenciada y documentación histórica y antropológica incluida. Ese antecedente es central en el conflicto actual: mientras un organismo nacional registró oficialmente la ocupación tradicional del territorio, otro organismo provincial autorizó allí una actividad de desmonte.

Las preguntas que plantea la comunidad
El MOCASE-VC cuestionó los criterios utilizados por la Dirección de Bosques para otorgar la autorización y planteó interrogantes sobre la participación de la comunidad en el proceso: "¿por qué no se ha sometido a consulta pública? ¿Por qué no se mide el impacto ambiental, social, cultural, político que provoca autorizando en territorio indígena un desmonte?", preguntó la organización. La Ley Nacional de Bosques Nativos exige que los desmontes cuenten con autorización de la autoridad competente y una evaluación de impacto ambiental previa, además de contemplar mecanismos de participación pública y acceso a la información. En el caso específico de comunidades indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece además el derecho a ser consultadas mediante procedimientos apropiados cuando se prevean medidas administrativas que puedan afectarlas directamente. La comunidad sostiene que desconocía la autorización y exige "inmediato freno a las autorizaciones otorgadas, revisión de las mismas, estudios correspondientes sobre los impactos en territorios".

Un conflicto que no es aislado
El caso de El Tunal se suma a un patrón que distintas organizaciones vienen documentando desde hace años en la provincia. Según datos de Greenpeace Argentina, Santiago del Estero sigue siendo la provincia con más desmontes del país: solo en un período de seis meses se deforestaron más de 40.000 hectáreas en el norte argentino. El MOCASE-VC vinculó además este conflicto puntual con la pérdida de monte nativo y los efectos del cambio climático, y pidió que se evalúen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de las actividades autorizadas en territorios de comunidades originarias.


Fecha de Publicación: 03/10/2026
Provincia/Región: Santiago del Estero
Fuentes Consultadas: Portal Economía Sustentable, Portal La Política Ambiental, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)

Detectan por satélite desmonte ilegal en Rancul

 


El monitoreo satelital en La Pampa detectó la deforestación no autorizada de caldenales dentro del área protegida por la Ley de Bosques


Sistemas de teledetección e inspecciones de gestión ambiental analizan la pérdida del bosque nativo de caldén por la expansión no planificada de la frontera agropecuaria.

Un informe derivado del sistema de alerta temprana satelital de la provincia de La Pampa confirmó el desmonte no autorizado de 342 hectáreas de bosque nativo en el departamento Rancul. Las imágenes de sensores remotos permitieron constatar la erradicación mediante maquinaria pesada de especímenes de caldén (Prosopis caldenia), una especie endémica que conforma la ecorregión del Espinal. La deforestación ilegal sobre parcelas catalogadas en categorías de conservación de la Ley de Bosques N.º 26.331 no solo configura una infracción gravísima a la normativa ambiental, sino que genera un impacto negativo inmediato sobre la biodiversidad terrestre, la dinámica del carbono y la protección del suelo en una zona de alta vulnerabilidad a la erosión eólica.

Mecanismos de degradación y pérdida de funciones ecofisiológicas
El caldenal actúa como una barrera biológica y estabilizadora del suelo frente a las condiciones de aridez del semiárido pampeano. La remoción de la cobertura arbórea madura destruye el horizonte orgánico y quiebra el entramado radicular que previene la degradación edáfica. Sin la protección del dosel arbóreo, los vientos dominantes aceleran la erosión eólica y despojan al terreno de sus nutrientes principales, reduciendo significativamente la capacidad de retención de agua. Asimismo, la eliminación súbita de este estrato arbóreo interrumpe el proceso de fijación biológica de carbono atmosférico y destruye el hábitat de nidificación y refugio de mamíferos y aves amenazadas que habitan en los relictos del Espinal.
Para desglosar las variables técnicas y las consecuencias ecológicas derivadas de este desmonte no autorizado, se destacan los siguientes puntos:
- Erosión eólica y empobrecimiento edáfico: Exposición directa del suelo a la acción del viento tras la pérdida de la vegetación leñosa.
- Fragmentación del bioma del Espinal: Pérdida de conectividad biológica entre parches de bosque maduro de caldén.
- Infracción al Ordenamiento Territorial: Alteración de categorías de conservación fijadas por la legislación nacional y provincial.

Fiscalización científica y marcos de aplicación normativa
La detección mediante monitoreo satelital por parte de los organismos de fiscalización provinciales demuestra la efectividad de las herramientas geoespaciales para la fiscalización del territorio. Informes técnicos elaborados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Dirección General de Recursos Naturales ratifican que la tala no planificada en el distrito semiárido compromete el equilibrio hídrico regional. Las autoridades ambientales han dispuesto el cese de las actividades en el predio, la formulación de las actuaciones sumarias correspondientes y la exigencia de planes de recomposición del daño ambiental conforme a las sanciones previstas por la ley.

Gobernanza ambiental para la restauración del bosque nativo
Frente a la persistencia de desmontes ilegales, resulta indispensable profundizar la fiscalización remota e intensificar las multas operativas a los infractores. Garantizar el cumplimiento estricto del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y promover la restauración ecológica de las hectáreas degradadas son acciones prioritarias para frenar la desertificación y resguardar el patrimonio natural de La Pampa.


Fecha de Publicación: 15/09/2026
Provincia/Región: La Pampa
Fuentes originales consultadas: InfoPico, Agencia Télam, La Nación, La Arena, INTA
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Plantarán 100 mil árboles nativos tras incendios

 


Plantarán más de 100 mil árboles nativos en zonas de la Patagonia afectadas por los incendios forestales


Una ambiciosa iniciativa de restauración ecológica busca recuperar miles de hectáreas de bosques autóctonos destruidos por el fuego en la Cordillera de los Andes, priorizando especies clave como la lenga, el coihue y el maitén.

Las secuelas ambientales dejadas por los voraces incendios forestales que han azotado repetidamente a la región cordillerana de la Patagonia argentina demandan respuestas de restauración a gran escala. En este contexto, se puso en marcha un ambicioso plan de reforestación pública y privada que contempla la plantación de más de 100 mil ejemplares de árboles nativos en áreas degradadas de la Comarca Andina y parques nacionales del sur del país. La iniciativa, impulsada de forma conjunta por organismos ambientales, brigadas forestales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales, busca acelerar la cicatrización de ecosistemas forestales centenarios que perdieron su cubierta arbórea primaria y cuya capacidad de regeneración natural se encuentra gravemente comprometida debido a la recurrencia e intensidad de las llamas.

Selección de especies, viveros regionales y técnica de implantación
El proceso de restauración forestal en ecosistemas patagónicos entraña una alta complejidad técnica que va mucho más allá de la mera siembra de ejemplares. Las tareas comenzaron meses atrás en viveros regionales especializados, donde se recolectaron semillas de poblaciones locales de especies autóctonas como la lenga (Nothofagus pumilio), el coihue (Nothofagus dombeyi), el radal (Lomatia hirsuta) y el maitén (Maytenus boaria). Esta metodología garantiza la preservación de la variabilidad genética adecuada para hacer frente a las rigurosas condiciones climáticas de la cordillera. Las cuadrillas de brigadistas y voluntarios deben trasladarse a pie o a lomo de mula hacia zonas de difícil acceso topográfico, realizando la plantación manual durante las ventanas estacionales de otoño e invierno para aprovechar la humedad de los suelos antes de las heladas intensas.
Para comprender la trascendencia ecológica y los desafíos logísticos de este programa de restauración a gran escala, los equipos técnicos destacan los siguientes aspectos fundamentales:
- Freno a la erosión hídrica y eólica: La reposición de la cobertura vegetal fija la capa orgánica del suelo, evitando que las lluvias estacionales provoquen deslaves, corrimientos de tierra y la sedimentación acelerada de ríos y lagos.
- Recuperación del hábitat para la fauna autóctona: La reforestación restaura el refugio y las fuentes de alimento para especies amenazadas de la fauna patagónica, como el huemul, el pudú y el carpintero negro.
- Control de especies invasoras: La pronta cobertura del suelo con flora nativa impide que plantas exóticas invasoras —como la rosa mosqueta o los pinos asilvestrados— colonicen los terrenos quemados e impidan la sucesión ecológica natural.

La problemática del cambio climático y la prevención de nuevos fuegos
Los científicos y especialistas en ecología del fuego advierten que la reforestación debe ir acompañada de un cambio estructural en las políticas de manejo de incendios y ordenamiento territorial. El aumento progresivo de las temperaturas globales y las sequías prolongadas que afectan a la Patagonia transforman a la biomasa seca en un combustible extremadamente inflamable durante la época estival. Por ello, el plan de restauración incluye el diseño de fajas cortafuegos, el monitoreo constante de la supervivencia de los plantines durante sus primeros años de vida y la participación activa de los pobladores en brigadas comunitarias de prevención.

Compromiso socioambiental y custodia del patrimonio natural
La replantación de más de 100 mil árboles en la Cordillera patagónica no solo representa un logro biológico de relevancia nacional, sino un símbolo de resiliencia comunitaria frente a la catástrofe ambiental. Involucrar a escuelas, comunidades originarias y brigadistas en el proceso de recolección, siembra y cuidado de los bosques nativos fortalece el sentido de pertenencia y la conciencia colectiva sobre el valor intangible de la naturaleza. La conservación de los bosques patagónicos se consolida así como una tarea prioritaria para asegurar la regulación del ciclo hídrico, la captura de carbono y la protección del paisaje para las futuras generaciones.


Fecha de Publicación
: 04/09/2026
Provincia/Región: Patagonia 
Fuentes originales consultadas: Radio 3 Cadena Patagonia, Administración de Parques Nacionales (APN), Subsecretaría de Bosques de la Provincia del Chubut
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Blog del Foro Ambiental Córdoba

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