Extranjeros vienen pidiendo permisos para degradar el monte en casi 80 mil hectáreas

Fecha de Publicación: 17/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Se trata de la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus socios a dos hermanos estadounidenses. Viene solicitando autorizaciones desde 2007. Ahora pidió avanzar sobre unas 11 mil hectáreas, entre cambios de uso de suelo y deforestación.
En más de una década la empresa Quebracho Colorado SA, que tiene entre sus integrantes a dos hermanos ciudadanos estadounidenses, pidió autorización de la provincia para desmontar casi 80 mil hectáreas en los departamentos Anta y Orán. No obstante, de ese monto quedan al menos 30 mil hectáreas que, según la revisión de imágenes satelitales, aún no se han deforestadas.
El lunes último en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la convocatoria a una audiencia pública para el “cambio de uso de suelo y plan de manejo silvopastoril con fines de agro ganadería” en 8.175,84 hectáreas, y en 3.729,25 hectáreas con fines de agricultura bajo el “Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MGBI)”.
La modificación del uso de suelo en la finca El Chaguaral (ubicada en Orán) será debatida el 7 de agosto de 2026 a las 11 en la despensa y comedor “Los Hermanos Torres”, local ubicado en la Manzana 4 sobre ruta provincial 5 en la intersección con la ruta provincial 13.
Si bien los pedidos de la empresa para cambio de uso de suelo suman desde 2007 un total de 79.972,75 hectáreas, el total sobre el que se actuó hasta el momento sería menor.
Según el relevamiento realizado en el compilado de las normas publicadas en la provincia, en 2007 la empresa pidió permiso para desmontar 30.962 hectáreas de tierras para ganadería en la finca El Álamo del departamento Rivadavia. En este caso no se llegó a deforestar esa superficie por el freno puesto por quien era la secretaria de Ambiente, Catalina Buliubasich, quien renunció a este cargo tras poner límite a los desmontes en la provincia. Por esta decisión solamente habrían sido desmontadas 3.300 hectáreas de ese permiso.
En 2010 se había solicitado un desmonte para ganadería de 11.432 hectáreas en la finca denominada Estancia El Guayacán, en Anta.
En 2014 la empresa pidió habilitar el desmonte de 7.993 hectáreas en la finca El Chaguaral. En marzo de 2020, solicitó modificar 5.724,74 hectáreas en el mismo predio. En aquel momento y a raíz de la pandemia de la covid-19, la audiencia se suspendió, y volvió a publicarse para fines de ese año.
En 2024 la empresa solicitó el desmonte de 11.955,92 hectáreas también en la finca El Chaguaral. Este año, en tanto, se sumaron 11.905,09 hectáreas para hacer el desmonte en la misma finca.
La organización Greenpeace informó que pudo observar que el desmonte solicitado en 2024 aún no fue concretado. Se especula que la empresa espera el permiso de este nuevo pedido de desmonte para unir ambas superficies, que suman casi 24 mil hectáreas, en una sola acción.

“Ecocidio legalizado”
El coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, afirmó ante Salta/12 que el área cuyo uso será ahora modificado estaba en amarillo en el anterior mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.
De haber continuado la anterior cartografía, Quebracho Colorado, que tiene a los hermanos estadounidenses Gabel en su conformación societaria, no tendría la posibilidad de modificar el suelo. Se lo posibilita el cambio del mapa y el actual ordenamiento, que dispone una nueva área marrón que permite permutar áreas verdes y amarillas.
“El gobierno de Salta está por autorizar un mega desmonte que paradójicamente es de la misma superficie de la deforestación en la finca de los (empresarios) Karlen, uno de los desmontes ilegales más grande de la historia. Este será un ecocidio legalizado a partir del nuevo ordenamiento provincial, que violando la Ley Nacional de Bosques retrocedió en protección de bosques en favor de los terratenientes”, sostuvo Giardini al sintetizar en una frase que el de Quebracho Colorado es “un (caso) Karlen legalizado”.
La referencia es en torno al desmonte ilegal que la ex AFIP encontró en la finca de los Karlen en 2013. La deforestación se había realizado ilegalmente sobre más de 11 mil hectáreas en el departamento San Martín. Desde entonces transcurrieron 13 años en los que el desmonte se judicializó y en ese marco se firmó un acuerdo de restauración que los empresarios incumplieron. Por eso, hoy les pesa una multa de más de 21 mil millones de pesos para que ese bosque pueda recomponerse.

Palabras que marean
El concepto de cambio de uso de suelo, manejo de bosque o uso silvopastoril se entiende como una estrategia para suavizar la palabra “desmonte” ante la sociedad, en medio de un debate que parece lejos de acabarse.
Según el informe Monitoreo de la Superficie del Bosque Nativo de la República Argentina 2024, de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, “se consideraron como pérdida de bosque nativo sólo aquellas áreas con posible uso silvopastoril (SP) donde se realiza desarbustado y remoción de cobertura arbórea en un grado de intensidad elevado, tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial, ya que las mismas pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven comprometidos los servicios ambientales que brindan”.
En el mismo informe se reconoce al concepto de Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI) como una alternativa para planificar la actividad ganadera y forestal dentro del bosque nativo que permita conjugar el objetivo productivo con la dinámica del bosque e interacción de sus componentes.
“En la práctica no he visto que (el MBGI) sea diferente al manejo silvo pastoril”, dijo Giardini, quien sostuvo que el hecho de que una superficie mantenga árboles en pie y pasturas, no implica que sea un bosque desde la perspectiva biológica.
Con el manejo de bosque con ganadería se insertan pasturas foráneas dentro de la superficie y frente a este panorama, el ambientalista afirmó que “no está medida cuanta biodiversidad se pierde”.
Una de las suposiciones que hizo es que quizás en una zona de estricto cumplimiento el manejo integrado podría llegar a funcionar, si es que realmente se hace rotar al ganado y se deja crecer bosque nativo para restaurar lo perdido. Pero una de las patas flojas en cuanto al cuidado del ambiente en Salta siempre fue el monitoreo y control de la deforestación.
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Desmontaron ilegalmente miles de hectáreas y se niegan a pagar la multa

Fecha de Publicación: 13/07/2026
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


Hace trece años los hermanos José y Darío Karlen deforestaron, sin autorización, 11 mil hectáreas en el norte salteño. Se les impuso una multa millonaria, que hasta ahora vienen resistiendo mediante todo tipo de planteos judiciales. Mientras tanto, siguen produciendo en la zona desmontada. 
Por cuarta vez los empresarios José y Darío Karlen presentaron una apelación en la causa judicial que se tramita a raíz del desmonte en su finca, en este caso para evitar pagar una multa equivalente a unos 15 millones de dólares por aquel desmonte de más de 11 mil hectáreas en 2013, de manera ilegal. El argumento principal de los finqueros es que con el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia las áreas afectadas son desmontables.
La novedad la dio a conocer el Ministerio Público Fiscal de Salta al contestar esta última apelación de los empresarios. Este último recurso presentado por los desmontadores fue contra la ampliación del embargo preventivo dispuesto por la administración de justicia para garantizar eventuales tareas de restauración ambiental en los catastros afectados por la deforestación.
La fiscal civil, comercial y laboral de Tartagal, Rosa Vélez Román, presentó la nueva contestación ante la Cámara de Apelaciones.
La historia se retrotrae a un años antes de oficializar la existencia del desmonte ilegal. En 2012 las denuncias de las comunidades wichí eran desoídas por la Secretaría de Ambiente de la provincia, en aquel momento bajo la gestión de Gustavo Paul. Los encargados de confirmar la denuncia decían que nada pasaba. Fue necesario un operativo de la hoy ex AFIP que, además de develar el desmonte, denunció que en la finca había personas en condiciones de trabajo esclavo.
El 20 de septiembre de 2017, Juan José Karlen asumió voluntariamente ante la Procuración General de la provincia el compromiso de ejecutar un plan de recomposición ambiental sobre las aproximadamente 16 mil hectáreas de su finca, incluyendo las 11 mil hectáreas desmontadas ilegalmente, e integrar en esa solución a las comunidades indígenas y familias criollas asentadas en la zona. El acuerdo fue homologado judicialmente el 3 de diciembre de 2018.
Desde entonces, la fiscal Vélez Román impulsó de manera permanente el cumplimiento de ese compromiso mediante intimaciones, inspecciones técnicas realizadas junto a especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Dirección General de Bosques y el INTA, sin que se verificaran avances suficientes en la recomposición comprometida.

Demoras en pie, monte caído
La causa registra numerosos planteos defensivos formulados por los hermanos Karlen a lo largo de los años, todos ellos rechazados por la administración de justicia. Las demoras, sin embargo, continúan y el monte sigue sin regenerarse porque las tierras, según se logró confirmar en una de las tantas idas y vueltas de la causa, continúan en producción y no en un proceso de restauración.
En 2015, durante el interinato del fiscal Gonzalo Ariel Vega, la fiscalía civil contestó diversas apelaciones contra la ampliación de la medida cautelar ambiental que recaía sobre los catastros involucrados, rechazándose los cuestionamientos.
Posteriormente, en 2016, la entonces fiscal Griselda Beatriz Nieto sostuvo la ampliación de la cautelar frente a nuevas defensas de los demandados, entre ellas un planteo de prescripción de la causa e impugnaciones contra los peritos, todas resueltas favorablemente para la fiscalía.
En 2018, la fiscal Vélez Román intimó nuevamente al cumplimiento del convenio y, ante la persistencia del incumplimiento, solicitó la imposición de astreintes (multas diarias), medida que fue admitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal en 2020. Los posteriores planteos de nulidad también fueron rechazados.
Asimismo, la fiscalía de Cámara a cargo de Ramiro Michel Cullen intervino en un recurso vinculado a un planteo de caducidad de instancia promovido por los demandados, que fue desestimado por la Cámara de Apelaciones el 27 de septiembre de 2023.
En 2024, el Juzgado resolvió avanzar con la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijando una suma líquida y exigible de 67.920.000 pesos correspondiente a diciembre de 2023. Esa decisión también fue apelada por la parte demandada, pero la Cámara Civil rechazó el recurso el 16 de diciembre de 2025.
En 2026, el procurador General de la provincia, Pedro García Castiella y la fiscal Vélez Román solicitaron ampliar el embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo desde más de 171 millones de pesos hasta 21.805 millones de pesos, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para eventuales tareas de restauración ambiental de ejecución forzada. El pedido fue admitido por el Juzgado.

Un argumento impune
Frente a esa resolución, los Karlen volvieron a apelar. En esta oportunidad, además de cuestionar la ampliación del embargo, solicitaron que se deje sin efecto todo el proceso judicial, no obstante haber dado su acuerdo antes. Argumentaron que la nueva legislación provincial sobre bosques les permitiría actualmente realizar desmontes.
La nueva y reciente contestación de la fiscal Rosa Vélez Román sostiene que ese planteo carece de sustento jurídico. En su presentación realizó un análisis de la legislación nacional y provincial en materia ambiental y reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.
Además, la fiscal destacó que la nueva ley provincial distingue expresamente los desmontes ilegales mediante una categoría específica de protección y remarcó la plena vigencia del principio de no regresión ambiental, previsto tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales ratificados por la República Argentina.
La resolución definitiva sobre esta nueva apelación quedará ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la provincia.

Desmontes ilegales, afuera
“Dejamos afuera los desmontes ilegales porque es algo que está en manos de la Justicia”, respondió Luchas Seghezzo, quien encabezó el equipo técnico a cargo de la definición del nuevo Ordenamiento en la provincia, al ser consultado por Salta/12 respecto del argumento de los empresarios.
Seghezzo indicó que incluso la nueva ley es más restrictiva que la anterior por lo que decir que permite hacer más desmontes “es absurdo”. Añadió que tampoco esto significa que alguien que haya desmontado de manera ilegal puede tener “redención alguna con la nueva ley. Eso es falso”.
“Es insólito que los empresarios traten de evitar la multa y la restauración del ecocidio que realizaron argumentando que con la nueva ley de bosques de Salta podrían desmontar. Muestra el nivel de impunidad con la que se manejan”, sostuvo por su parte el coordinador de Campañas de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.
El coordinador dijo que es esperable que “pronto se avance en la recomposición del daño, como lo establecen leyes nacionales y provinciales. El bosque debe volver. Además, el caso muestra claramente por qué se precisa penalizar la destrucción de bosques, las multas no están sirviendo”. 
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Incendios: cuánta superficie pasa de natural a productiva o a urbana tras el paso del fuego

Fecha de Publicación: 11/07/2026
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional


Un informe a nivel nacional elaborado por el sitio Ruido releva los cambios registrados en el destino de tierras que resultaron afectadas por el fuego entre 2004 y 2014. Los detalles, las provincias con más impacto y lo que dejan los datos.
En los 10 años transcurridos entre 2004 y 2014, se quemaron en Argentina 21 millones de hectáreas por incendios forestales y rurales. De ese total, tres millones (el 13,9%) fueron áreas con cobertura natural (con bosques, arbustales, matorrales o pastizales) que se transformaron tras el paso del fuego en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial (relevadas en 2024).
Esa superficie de 3 millones de hectáreas equivalen a la de la provincia de Misiones, o a la de países como Bélgica, por ejemplo. Todo el mapa de la provincia de Córdoba suma, a los fines comparativos, 16 millones de hectáreas.
Las provincias con más cambios de uso de suelo en ese período fueron Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe, en ese orden.
El dato muestra, al mismo tiempo, que la mayoría de los incendios no tienen relación directa con la quema que busca sumar áreas de cultivo. Y no se registran transformaciones de áreas ganadas a la urbanización en suelos quemados antes, al menos en el período analizado.
Esas son algunas de las principales conclusiones de un informe que realizó el sitio periodístico el ruido.org, integrado por periodistas de diferentes provincias, y que entre sus principales fuentes toma datos de relevamiento de uso de suelo del Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).
En su trabajo, a cargo del periodista especializado en ciencia Lucas Viano, Ruido admite que “existe la creencia instalada de que la mayoría de los incendios en el país tienen la intención directa de destruir ecosistemas naturales para sembrar cultivos, hacer ganadería o expandir las manchas urbanas”.
Y expone: “Un análisis de datos satelitales muestra una realidad más matizada: la mayor parte del territorio afectado por los incendios no cambia de uso, pero el fuego aparece a la vez como un factor visible en la reconversión de millones de hectáreas de entornos naturales hacia la actividad productiva”.
La investigación, basada en el análisis de dos décadas de imágenes satelitales, revela que tres millones de hectáreas que eran áreas con cobertura natural, tras ser alcanzadas por el fuego, se transformaron en tierras para uso rural productivo. Si bien son millones de hectáreas, sólo representan el 13,9% del total del área quemada analizada.
No obstante, especialistas consultados en el informe aseguran que las quemas funcionan como una herramienta para el manejo de los predios, complementaria al paso de topadoras o rolados. A su vez, la evidencia satelital muestra que algunos ecosistemas resisten determinados regímenes de fuego.
A nivel nacional, el estudio tomó como punto de partida la vegetación en 2003, analizó las 21,7 millones de hectáreas quemadas durante la década siguiente (2004–2014) y utilizó los datos de 2024 (el último año disponible) para establecer la comparación con el mapa actual.

Puesto en cifras
Las conclusiones a las que arriba la investigación precisa varios números:
- El 53,6% (11,6 millones de hectáreas quemadas) se mantuvo en el mismo estado de ecosistema natural tras los incendios.
- El 13,9% (3 millones de hectáreas) eran áreas con cobertura natural (bosques, arbustales, matorrales y pastizales) que se transformaron en tierras para uso agrícola, ganadero o forestal industrial. El análisis no registró transformaciones hacia áreas urbanizadas.
- El 9,6% (2 millones de hectáreas) se transformó en otro tipo de ecosistema natural, lo que potencialmente implica un deterioro de la biodiversidad por degradación, afectación de flora y fauna, e impactos en el agua, el paisaje y la regulación climática.
- El 13,1% de la superficie afectada ya eran áreas productivas antes de quemarse.
- El 9,9% restante correspondió a cambios o permanencias que el análisis satelital no pudo clasificar.
“El desfase temporal de 10 años (entre 2014 y 2024) responde al interés de evaluar trayectorias post-fuego de mediano y largo plazo, priorizando cambios de cobertura relativamente consolidados por sobre respuestas inmediatas o transitorias”, señaló en el trabajo el especialista cordobés Nicolás Mari, técnico del Inta y autor del análisis.
“El fuego funciona como un acelerador de las transformaciones. Porque donde hubo fuego, el cambio de uso de suelo de áreas naturales a áreas productivas se multiplica por tres”, apunta Mari en el trabajo.

Por provincias
En el período analizado, Santiago del Estero fue la provincia con más superficie con vegetación natural quemada que luego se transformó en suelos productivos (1,1 millones de hectáreas incendiadas entre 2004 y 2014 pasaron a ser campos con cultivos o ganadería en 2024)
En cantidad de hectáreas, aunque lejos, le siguen Salta (649 mil), Chaco (386 mil) y Formosa (206 mil)
Especialistas consultados marcan que en 2007 se registró un cambio, cuando se sancionó la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Un estudio del Inta determinó un incremento de al menos dos veces el número de incendios previo a la reglamentación de esa ley (entre 2009 y 2011), durante la etapa de transición que finalizó con la instrumentación legal en cada provincia.
“Hubo un impacto negativo en esos años la conservación de las superficies cubiertas por bosque nativo que fue contrario al objetivo de conservación enunciado por la ley”, señala el trabajo.
Mari explica para Ruido que el fuego es la herramienta más barata para eliminar cobertura vegetal y una práctica que se sostiene desde hace décadas. “Pero si la intención es establecer una actividad productiva a una escala empresarial, siempre van a utilizar maquinaria para hacer la transformación y el fuego es más una herramienta para manejar esos cambios”, apunta.

Córdoba en el mapa
Córdoba está atravesada por incendios todos los años. Si bien en el registro de 2004 a 2014 no presenta un porcentaje alto de superficie con cambio de uso de suelo tras el paso de fuego, para Mari es un ejemplo de cómo las llamas pueden impactar en los ecosistemas.
En el período analizado se quemaron en Córdoba 874 mil hectáreas y el 3,5% era vegetación natural que se transformó en suelos productivos, la mitad de la superficie se mantuvo con el mismo tipo de vegetación y un 13,7% se transformó en otro paisaje natural.
“Que no haya cambio no significa que no haya daño. El fuego siempre va a dejar un impacto. Una de esas consecuencias puede ser a nivel estructural: un bosque que se transforme en un arbustal; o funcional, con un bosque que tras el incendio siga siendo bosque pero ya no pueda albergar ciertas especies”, ejemplifica.
Esa degradación también afecta los servicios ecosistémicos, esto es, los beneficios para las personas como la retención del dióxido de carbono (el principal responsable del cambio climático) o la regulación hídrica (por impactos en ríos y arroyos).
“Otro problema que sucede en Córdoba tras el fuego es que hay un reemplazo de especies nativas por especies invasoras”, cita Mari para ese trabajo.
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La Justicia ratificó la protección de los bosques nativos del Chaco y frenó nuevos desmontes

Fecha de Publicación: 12/06/2026
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


La Cámara Federal de Casación Penal anuló la decisión que había flexibilizado la suspensión de los cambios de uso de suelo en la provincia. El fallo fue celebrado por organizaciones ambientalistas.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la protección judicial de los bosques nativos del Chaco al anular por unanimidad la decisión que había permitido flexibilizar la suspensión de los desmontes en la provincia. Asimismo, reestableció la prohibición de otorgar nuevos permisos para cambiar el uso de suelo.
La medida implica, en los hechos, que vuelve a regir plenamente la cautelar dictada en 2024 para frenar el avance sobre los bosques nativos.
Además del impacto inmediato sobre los desmontes en Chaco, el fallo sienta un precedente para otros conflictos ambientales del país. La Cámara reafirmó que los principios de prevención y precaución deben guiar las decisiones judiciales cuando están en juego bienes colectivos como los bosques nativos, incluso cuando todavía no se hayan producido daños irreversibles.
La decisión fue celebrada por la ONG Aves Argentinas, que destacó que la sentencia reafirma que los principios del derecho ambiental no son simples declaraciones teóricas sino herramientas concretas que deben orientar las decisiones judiciales y administrativas.
Entre los aspectos más relevantes, el tribunal fortaleció la aplicación de los principios precautorio, preventivo, de no regresión, in dubio pro natura y de tutela judicial efectiva. En otras palabras, dejó sentado que los jueces no deben esperar a que el daño ambiental se produzca para intervenir cuando existen indicios de que puede ocurrir.
Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. La Cámara sostuvo que la sanción de nuevas normas provinciales —en este caso las leyes 4005-R y 4152-R— no constituye por sí sola una razón suficiente para levantar una medida cautelar ambiental. Para hacerlo, señaló, debe demostrarse que los cambios normativos no reducen el nivel de protección alcanzado previamente, algo que no quedó acreditado en este caso.
La Cámara también rechazó el argumento de que la intervención de la Justicia federal implicara una intromisión en competencias provinciales y recordó que el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano. Además, cuestionó que los controles quedaran en manos de organismos cuyos funcionarios están bajo investigación por presuntas irregularidades en la autorización de desmontes.
Para Aves Argentinas, el fallo pone en evidencia problemas estructurales detrás de la deforestación ilegal, como controles deficientes, sanciones poco efectivas y fallas en la fiscalización de la actividad forestal. La organización señaló además que monitoreos satelitales independientes detectaron desmontes incluso durante la vigencia de la cautelar judicial.
La entidad también rechazó la idea de que la conservación de los bosques sea incompatible con el desarrollo económico. Sostuvo que actividades como el aprovechamiento forestal sostenible, la apicultura, el turismo de naturaleza y la restauración ecológica pueden generar empleo e ingresos sin comprometer los ecosistemas.
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Advierten que el embargo a los Karlen no remedia el desmonte en el norte salteño 

Fecha de Publicación: 11/06/2026
Fuente: El Nuevo Diario de Salta
Provincia/Región: Salta


La Justicia amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo contra Juan José y Daniel Darío Karlen por el incumplimiento de un acuerdo de restauración ambiental firmado tras el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas en el norte salteño.
El doctor en Biología Enrique Derlindati sostuvo que la provincia vuelve a mostrar una falla estructural: la ausencia de datos, monitoreo y voluntad real de recomposición. También cuestionó las “zonas marrones” del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que podrían habilitar nuevas áreas de desmonte.
El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y elevó la cautelar de poco más de $171 millones a $21.805 millones sobre los catastros Nº 30.746 y 30.747. La medida busca garantizar fondos suficientes ante una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental, luego de años de incumplimientos al acuerdo homologado en 2018. Según los informes de la Justicia, desde entonces no existe evidencia concreta de restauración activa. Por el contrario, se detectaron actividades productivas incompatibles con las restricciones judiciales, como actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y falta de avances en la recuperación del bosque nativo.
Pero para el especialista en ambiente Enrique Derlindati, el caso no se agota en el monto del embargo. Lo que queda expuesto es una falla más profunda: una provincia que no toma datos, no monitorea, no controla y después pretende hablar de restauración.

“No es sólo plantar árboles”
Uno de los puntos centrales del análisis de Derlindati es la diferencia entre restaurar un ecosistema y realizar acciones aisladas de reforestación. “Restaurar es más complejo que plantar árboles. En realidad, no se debería plantar árboles. En una restauración, plantar árboles es casi la etapa final, si es que se hace”, explicó.
Para el especialista, el primer paso debió haber sido mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más profundo: clausurar el área desmontada. “El mejor método para restaurar es la clausura. Se debería haber clausurado el bosque. Esas 11 mil hectáreas deberían haberse dejado en recuperación, quizás con algún enriquecimiento o formando islas de recuperación, pero básicamente clausurarlo y dejar que la naturaleza actúe”, señaló.
Derlindati explicó que, si esa medida se hubiera aplicado desde el inicio, después de ocho años ya podría observarse un proceso visible de recuperación.
“En ocho años ya tenés un arbustal y un bosque, al menos el inicio de un bosque en recuperación. Eso es restaurar, no es reforestar ni nada de esas cosas que suelen publicarse”, remarcó.
La diferencia no es menor, porque restaurar un bosque nativo no significa colocar plantines para una foto ni cumplir con una formalidad administrativa, sino que implica permitir que vuelva a funcionar un sistema complejo.

Ocho años sin recuperación efectiva
La causa judicial señala que el acuerdo de restauración ambiental fue firmado en 2018. Desde entonces, distintos relevamientos realizados entre 2019 y 2026 indicaron que no hubo evidencia concreta de restauración activa.
Para Derlindati, las consecuencias son directas: “No aumentó la superficie de bosque, no hay recuperación de la biodiversidad, no hay nada de eso. Más si lo que se hizo fue mantener actividades agropecuarias en ese sector”, sostuvo.
El paso del tiempo, advirtió, no juega a favor del ambiente cuando no hay clausura ni seguimiento, porque cada año perdido reduce las posibilidades de recomposición y profundiza la degradación del ecosistema.
También la Justicia consideró acreditado el peligro en la demora, atento a que, en su resolución, el juzgado entendió que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del bosque nativo.

Sin datos no hay restauración
El planteo más duro de Derlindati apunta a una falencia estructural del Estado provincial: la falta de información. “Lo grave acá, y es lo que siempre repito, es que tampoco hay información. No se sabe, no hay una línea de base, tengo entendido que no hay ningún tipo de relevamiento en la zona, nadie hizo nada”, cuestionó.
Según explicó, cualquier plan serio de restauración debía comenzar con una medición inicial del estado del ambiente luego del desmonte. A partir de allí, debían realizarse controles periódicos para saber si el ecosistema se recuperaba o no. “Se tendrían que haber tomado los datos de la zona tal cual se la dejó y anualmente, o bianualmente, o cada cinco años, tomar datos y ver si se está recuperando o no. No podemos hablar de ningún tipo de restauración y de recuperación si no sabemos qué está pasando en el ambiente”, afirmó.
La ausencia de datos vuelve imposible evaluar avances, exigir cumplimiento o corregir errores. Derlindati sostuvo que esta situación no es exclusiva del caso Karlen, sino parte de una forma de gestionar los conflictos ambientales en Salta. “Ahí es donde siempre las políticas públicas, sobre todo en esta provincia, fallan: en la falta de datos”, afirmó.
El especialista vinculó este déficit con otros casos sensibles de la provincia: “Hablemos de Karlen, hablemos de los pozos de petróleo, hablemos de Tolar Grande y los Ojos de Mar. Cualquiera de las situaciones, cualquiera de las catástrofes ambientales, porque ya son catástrofes de las que hablamos, no hay datos. Entonces no podemos saber hacia dónde van, si hay restauración, si hay recuperación, no podemos saber nada”, advirtió.
Para Derlindati, esa falta de información debería generar una reacción social mucho más fuerte:

Un embargo millonario, pero no reparador
La ampliación del embargo preventivo fue presentada como una medida destinada a garantizar recursos para una eventual ejecución forzada de la restauración.
Derlindati consideró que se trata de una medida importante, aunque insuficiente. “Me parece ejemplificadora la multa, si es que realmente es de cerca de 22 mil millones de pesos. Es una penalización importante, pero no repara”, sostuvo.
Si bien técnicamente se trata de un embargo preventivo y no de una multa definitiva, el especialista marcó una diferencia clave: asegurar dinero no equivale a recomponer el ambiente. “No hay remediación, no hay reparación, no hay valorización del daño ambiental. Es una penalización jurídica nada más”, afirmó.
Para que la medida tenga un impacto real, Derlindati sostuvo que debe traducirse en acciones concretas sobre el territorio. “Sería bueno que se encuentre la forma de que haya una remediación efectiva. Y para que esa remediación sea efectiva deberían convocar a profesionales que saben hacerlo, y en la provincia los tenemos”, planteó.

El nuevo ordenamiento bajo sospecha
El caso se conoce mientras se encuentra vigente el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, una herramienta clave para definir qué zonas deben conservarse, cuáles pueden tener usos productivos y cuáles podrían quedar habilitadas para desmontes. Derlindati fue crítico del rumbo que tomó ese proceso, ya que según explicó, las bases técnicas iniciales del ordenamiento contenían restricciones importantes. Sin embargo, luego el proceso habría cambiado de dirección.
“Las bases iniciales técnicas del ordenamiento estaban muy bien, se plantearon un montón de restricciones, pero después comenzó a ir en la dirección que siempre conocemos”, sostuvo. El especialista señaló que, tras ese cambio, quedaron como referentes ambientales que impulsaron la incorporación de las llamadas “zonas marrones” o áreas condicionadas al uso de tecnología.
La advertencia de Derlindati cobra mayor peso frente a los antecedentes provinciales. En una Salta atravesada por desmontes ilegales, causas judiciales, acuerdos incumplidos y restauraciones demoradas, cualquier flexibilización normativa puede convertirse en una señal peligrosa.
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Arrasó con un bosque patagónico de arrayanes y deberá pagar casi 67 millones de pesos

Fecha de Publicación: 04/06/2026
Fuente: ADN Sur
Provincia/Región: Neuquén


Un brutal desmonte clandestino frente al lago Correntoso, en la localidad de Villa La Angostura, derivó en una sanción económica sin precedentes. La Justicia comprobó la destrucción de especies protegidas por el avance de topadoras y ordenó a los dueños del lote un estricto plan de remediación para intentar salvar el ecosistema patagónico.
La intervención de la maquinaria pesada y las motosierras sobre un terreno ubicado en la zona costera derivó en una de las penalidades económicas más duras de los últimos años en la región cordillerana. Tras una exhaustiva inspección en el lugar, las autoridades confirmaron la destrucción de flora protegida y el avance de obras sin ningún tipo de aval oficial.
Desde el Juzgado de Faltas de Villa La Angostura ratificaron la firmeza de la sanción y explicaron que los informes técnicos incorporados al expediente resultaron lapidarios. Según detallaron los voceros del tribunal, los especialistas calificaron el hecho como un "daño ambiental puntual permanente" debido a la enorme gravedad de las alteraciones provocadas sobre el frágil equilibrio del bosque andino.

El costo de arrasar con la naturaleza
El descubrimiento del desmonte encendió todas las alarmas en el municipio local. Los inspectores que recorrieron la propiedad verificaron la apertura de un camino interno y movimientos de suelo que afectaron una superficie superior a los 1300 metros cuadrados. Todo este despliegue se ejecutó en la clandestinidad más absoluta y sin presentar la documentación correspondiente en las oficinas públicas.
El saldo de esta incursión furtiva fue devastador para la vegetación de la zona. Las actas labradas documentaron la extracción ilegal de quince arrayanes adultos y cuatro coihues jóvenes. Al describir el escenario, las fuentes judiciales indicaron que "muchos otros árboles nativos quedaron con sus raíces totalmente expuestas" y advirtieron sobre el altísimo riesgo de muerte que enfrenta la flora tras las profundas excavaciones realizadas en el predio.

Castigo económico y reparación obligada
Frente a la magnitud del daño, el Tribunal Municipal de Faltas decidió aplicar todo el rigor de la normativa vigente declarando a los propietarios como responsables solidarios de múltiples infracciones. La sumatoria de las faltas por daño ambiental, tala de especies protegidas, desobediencia a las intimaciones previas e irregularidades urbanísticas derivó en una sanción exacta de 66.950.000 pesos.
El fallo judicial obliga a los infractores a ir mucho más allá del simple pago de la multa económica. Desde el juzgado fueron categóricos al sostener que los dueños del lote "deberán cumplir con todas las tareas de remediación y recomposición que determine la Dirección de Ambiente", una directiva que busca garantizar que el terreno intervenido recupere al menos una parte de su fisonomía y vitalidad original.
Para asegurar el cumplimiento de esta restauración integral, la sentencia impone exigencias innegociables. Los responsables tendrán que adquirir y plantar veinte nuevos ejemplares de especies autóctonas bajo la estricta supervisión de los equipos técnicos. Las autoridades adelantaron que mantendrán un monitoreo constante sobre la propiedad y exigirán el ingreso irrestricto de los inspectores hasta verificar que se respete cada punto de la medida impuesta para mitigar el impacto ecológico.
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Chubut apuesta por drones agrícolas y la restauración ecológica para recuperar los bosques arrasados por incendios

Fecha de Publicación: 22/05/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Chubut


El devastador incendio que consumió más de 14.000 hectáreas en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut, dio origen a una estrategia inédita de restauración ambiental basada en el uso de drones agrícolas para sembrar forrajes desde el aire.
A cuatro meses del avance del fuego, la Municipalidad de El Hoyo y el Ministerio de la Producción de Chubut pusieron en marcha una prueba piloto sobre 200 hectáreas afectadas. El objetivo principal consiste en acelerar la recuperación del suelo y garantizar alimento para el ganado antes de la próxima primavera.
La iniciativa surgió como respuesta a la compleja situación que atraviesan productores rurales y comunidades mapuches de la zona, donde la pérdida de pasturas obligó durante meses a depender de fardos externos para alimentar animales.
Además, el proyecto incorpora tecnología de precisión y monitoreo ambiental para evaluar la evolución de las áreas intervenidas y definir futuras etapas de restauración ecológica.

Cómo funciona la siembra aérea con drones agrícolas
El procedimiento comenzó con un trabajo de mapeo digital realizado por la empresa Huella Cero, de Trevelin. A partir de ese diagnóstico, los técnicos identificaron las zonas prioritarias y seleccionaron especies capaces de recuperar rápidamente la cobertura vegetal.
Para la intervención se utilizan dos tipos de drones. Uno pequeño realiza tareas de relevamiento y análisis territorial, mientras otro de mayor porte dispersa semillas con cargas de hasta 100 kilos por vuelo.
En apenas dos jornadas, el sistema logró sembrar 40 hectáreas, una velocidad muy superior a la alcanzada mediante métodos manuales o maquinaria terrestre convencional.
Además, esta tecnología permite acceder a sectores montañosos o de difícil tránsito, donde las condiciones del terreno complican las tareas de restauración posteriores a un incendio forestal.

Forrajes para estabilizar el suelo y recuperar los ecosistemas
Las especies elegidas para la prueba piloto fueron agropiro y festuca, dos gramíneas resistentes al clima frío patagónico que cumplen funciones claves en la recuperación ambiental.
Por un lado, estas plantas aportan forraje para vacunos, ovinos, caprinos, equinos y aves de corral. Por otro, ayudan a estabilizar el suelo quemado, evitando erosión y pérdida de humedad.
Especialistas señalaron además que el agropiro posee propiedades que dificultan la expansión del pino, una especie exótica invasora en sectores de la Patagonia. Esa condición facilitaría posteriormente el regreso de vegetación nativa.
La estrategia contempla una restauración progresiva. Primero se busca recomponer la estructura básica del suelo mediante herbáceas y gramíneas; luego, en etapas posteriores, incorporar especies autóctonas como coihues y cipreses.

Las ventajas ambientales y productivas de este método innovador
La utilización de drones agrícolas representa una herramienta de gran valor para enfrentar las consecuencias de los incendios forestales en regiones sensibles como Chubut.
Entre sus principales ventajas se destacan la rapidez operativa, la reducción del impacto humano sobre terrenos frágiles y la posibilidad de intervenir en superficies extensas con mayor precisión.
Además, el método disminuye costos logísticos y permite actuar rápidamente antes de que las lluvias intensas provoquen erosión severa o pérdida definitiva de nutrientes en el suelo.
Desde el punto de vista ecológico, las gramíneas sembradas ayudan a retener agua, interceptar nieve y favorecer el rebrote futuro de especies nativas, fundamentales para reconstruir el equilibrio de los ecosistemas afectados.
Al mismo tiempo, la iniciativa fortalece la producción ganadera local al reducir la dependencia de insumos externos y acelerar el regreso de las actividades rurales en Puerto Patriada y otras zonas impactadas por el fuego en Chubut.
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El Impenetrable bajo agua: siembra desmonte, cosecharás inundación

Fecha de Publicación: 12/05/2026
Fuente: Indimedia
Provincia/Región: Chaco


Las lluvias extraordinarias en El Impenetrable chaqueño evidencian la crisis climática y la necesidad de preservar los bosques como servicios ecosistémicos. Productores locales denuncian la pérdida de la producción de alimentos y materias primas, mientras que las organizaciones denuncian la deforestación por el avance del agronegocio. Un caso testigo frente a la embestida del Gobierno contra la Ley de Protección de Bosques Nativos.
“Nunca en esta parte del Chaco se vio este tipo de inundación. En esta época no suele llover.” Roberto Benítez vive en la localidad de Juan José Castelli, en el portal de El Impenetrable chaqueño. En 15 hectáreas, junto a su padre Epifanio, cultiva alfalfa, sandías, melones y zapallos. Pero los zapallos, que ahora estaría cultivando, quedaron sumergidos en el agua por la lluvia extraordinaria de 240 milímetros que se registró el 20 de abril pasado. Las precipitaciones afectaron a unas 500 familias que se dedican a la horticultura, estima el productor. Menciona como una de las causas el desmonte. Organizaciones socioambientales cuestionan la intención del gobierno nacional y de las provincias de modificar la Ley de Bosques.
El 70 por ciento de Castelli, una ciudad de 50.000 habitantes situada a 260 kilómetros al norte de Resistencia, quedó bajo agua. El agricultor menciona que, en el último año, vivieron con crudeza los efectos de la desertificación y que el avance de la siembra con agrotóxicos pone en riesgo su producción. “Cada vez estamos yendo más al norte, donde todavía no hay pooles de siembra”, relata. La zona donde vive se caracteriza por la producción hortícola y abastece a ciudades como Resistencia. Pero advierte que no sabe hasta cuándo podrán seguir produciendo. Destaca también que trabajan gran parte de la producción en forma agroecológica.
Setenta kilómetros al norte, en el límite con Formosa, se sitúa El Espinillo; otra localidad de El Impenetrable. El 20 de abril cayeron allí 320 milímetros de lluvia. En ese pueblo vive la comunidad qom Pozo Los Ranchos. Son aproximadamente 20 familias, que se dedican a la cría de chivos y gallinas para el autoconsumo, a la apicultura y a la cestería con hojas de palma. “Nos afectó muchísimo el tema de las lluvias”, asegura Alcira Pérez, joven artesana de la comunidad. Recuerda que, en enero 2018, vivieron otra situación similar: parajes como El Espinillo, Campo de Mayo, Las Hacheras, La Armonía y Pozo La Gringa se anegaron en pocas horas por lluvias de 300 milímetros. Y apunta a la deforestación como la causa de estos desastres.
Tiene 30 años y a lo largo de su vida vio como se perdieron algarrobos y quebrachos blancos: especies autóctonas del monte chaqueño. Cuenta que deforestan para el aprovechamiento de la madera “pero no hacen un manejo sostenible, queda todo ralo y por eso queda mucho el agua”. A la vuelta de su casa, en su lote, aún perviven las especies devoradas por el desmonte. Por eso, explica, ella no se inundó, pero sus vecinos sí.
Desde niña aprendió el oficio de la cestería, que para el Pueblo Qom tiene un sentido económico, espiritual y ancestral. La técnica de tejer canastos y otros objetos con hojas de palma secas se transmite de generación en generación. Pero la crisis climática también afecta ese trabajo, en particular los procesos de recolección y de secado de las hojas. “Necesitamos varios días de sol para el secado pero eso se dificulta en estos meses”, comenta.
La palma que usan para la cestería también sirve como abono natural. “El cambio climático nos afecta en lo económico, tratamos de paliar la situación porque no tenemos ayuda”, señala. “Nuestro trabajo es y ha sido un camino de dignidad y sanación y, a pesar de la situación de la economía argentina, la gente sigue eligiendo nuestro arte”, agrega.

Inundaciones, cambio climático y alimentos en peligro
El Impenetrable abarca cerca de 4.000.000 de hectáreas de bosque nativo de la región chaqueña semiárida. Se ubica principalmente en el noroeste de Chaco, pero incluye también el este de Salta, el oeste de Formosa y el noreste de Santiago del Estero.
Las familias que habitan esa región viven de lo que da la tierra. “Hay zonas donde las veredas de las rutas tienen puestos, se mueven las microeconomías, hay mano de obra, gente trabajando”, describe Benítez y marca que son unas 500 familias que se dedican a la horticultura en la zona y fueron afectadas por la inundación. El productor explica que las parcelas que se trabajan se fueron achicando en los últimos años. Antes, la producción era mayor, pero el clima, la caída del consumo y la inflación repercutieron en las posibilidades de producción y generaron la necesidad de buscar otros territorios, más al norte de la provincia.
En el caso de El Espinillo, peligra la miel del monte chaqueño. Por la deforestación, las abejas se van del lugar en busca de alimento. La comunidad Pozo Los Ranchos también trabaja agroecológicamente, cuidando la tierra, y reivindicando la economía pluripopular, que tiene tres componentes: trabajo, sustentabilidad y reforestación. Pero la deforestación, cuenta Pérez, no incluye mantenimiento sostenible ni capacitaciones para reforestar. “Eso produce el cambio climático”, indica.
Consultado sobre si hubo previsiones acerca de las lluvias, Benítez asegura que no. Y explica: “Confiamos en los pronósticos, pero eso cambió. De la noche a la mañana aparecimos con 30 o 40 centímetros de agua adentro de la casa, en un lugar donde nunca había pasado”. Entre las razones de la inundación, Benítez enumera tres: el desmonte, la falta de previsión al hacer obras públicas y el cambio climático.
Lo ocurrido coincide con la intención manifiesta del gobierno nacional y de las provincias que conforman el Consejo de Mayo de modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques Nativos (26.331). El proyecto propone exceptuar del pedido de autorización para el desmonte en las zonas clasificadas como “Verde” (de alto índice de conservación del bosque nativo), permite los desmontes en las zonas “Amarillas” (índice medio de conservación) y solo los prohíbe en las zonas “Rojas” (bajo nivel de conservación).
En 2025, Greenpeace denunció 167.684 hectáreas deforestadas en Chaco entre noviembre de 2020, cuando el Poder Judicial chaqueño suspendió los desmontes, y julio de 2025. Los datos fueron obtenidos a partir de datos oficiales y de un relevamiento satelital de la organización.
Desde la agrupación Somos Monte señalan, en un documento al que accedió Tierra Viva: “En el Chaco el monte nativo ha estado siempre sujeto a valoraciones materiales. Esta visión de apropiación, explotación y usufructo muchas veces está divorciada de toda jurisprudencia y sentido humanitario”. Agregan que la crisis climática se profundiza por el cambio de uso de los suelos, el desmonte y el avance de la frontera agrícola-ganadera.
“La depredación de la naturaleza para el negocio de un puñado de ricos no nos va a sacar de la pobreza y tenemos ejemplos de sobra. Ya lo vimos en los 90 con la soja transgénica y el glifosato. Son promesas de desarrollo vacías que solo nos dejan más pobres, contaminados y otra vez endeudados”, expresan.

“Sin bosques, perdemos todos”
“El desmonte le duele a la sociedad ahora porque ve por la tele que a la gente también le afecta”, asegura Somos Monte. La organización se refiere a las imágenes que llegaron a las ciudades a través de la televisión y las que la sufrieron en el propio centro de Castelli.
“Ahora también se inundaron ‘los del centro’ y no sólo los de los ‘barrios bajos’, como siempre. La gente afectada por la inundación ahora debe sentir lo que sienten los animales, vegetales y hongos del monte cuando llega la topadora. Angustia, miedo, pérdida de biodiversidad. Corridos, cercados, desplazados”, afirman.
La organización socioambiental va directo a las causas. Las calles llenas de agua, los campos anegados, los caminos intransitables tienen un origen: la tala indiscriminada de especies nativas y el cambio del uso del suelo para actividades extractivas. “Sistemas hidrológicos enteros se ven afectados reduciendo la disponibilidad y la calidad del agua, los eventos meteorológicos severos incrementan su intensidad y/o duración, afectando cultivos e innumerables economías familiares, comunidades enteras son desplazadas o forzadas a la marginación o vulnerabilidad socioambiental. A la larga, sin bosques, perdemos todos”.
Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), citan desde Somos Monte, una hectárea de bosque chaqueño absorbe 300 milímetros de agua por hora, mientras que una con pasturas 100 milímetros y una con soja hasta 30 milímetros.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) emitió, el 29 de abril, la Resolución 573/26, en la que rechaza la modificación a la Ley de Bosques. Diecisiete provincias se manifestaron en contra de la reforma; dos (Catamarca y Entre Ríos) se abstuvieron y cinco no se presentaron. Entre las ausentes, figura Chaco. El dictamen del Cofema señala también que realizó un proceso de consulta entre ONGs, universidades, institutos científicos, cámaras y profesionales. Recibieron 60 ponencias: el 90 por ciento en contra del desguace de la ley.
De aprobarse la reforma impulsada por el Gobierno, solo el 10 por ciento de las superficies de los ordenamientos territoriales de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero quedarán protegidas bajo la Categoría I de la Ley de Bosques. La iniciativa contradice el compromiso de Argentina sobre Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 durante la COP 26 de las Naciones Unidas en Glasgow. Greenpeace denunció el riesgo que esta reforma implicaría ante la Corte Suprema de la Nación.
“Una modificación que flexibilice los criterios o habilite recategorizaciones de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) no solo socava el principio de no regresión ambiental, sino que también convierte al OTBN en un instrumento político negociable, y abre puertas a la aparición de fronteras extractivas legalizadas como tal, como ser la ganadería, la agricultura y la minería”, indica Somos Monte.
Y menciona que la ley actual no solo protege los bosques en términos cuantitativos, sino que regula indirectamente muchos de los servicios ecosistémicos que emergen de la existencia de estos bosques. Por ejemplo, la retención de humedad y estructura de los suelos, la existencia misma de agua en regiones semiáridas debido a la formación de vapor de agua, la regulación de la temperatura, la captura de carbono y la generación de oxígeno, entre otros.

“Los desastres climáticos pasan por un mal manejo del ser humano”
“Así como tenemos inundación, también tenemos fríos extremos, cosa que era inusual. A veces pasamos de la inundación a la plena sequía. No tenemos nunca un clima estable”, señala Benítez sobre el impacto climático y asegura que el problema comenzó a notarse hace diez años en El Impenetrable.
Tras las lluvias, queda la ayuda entre los propios horticultores y la escasa respuesta estatal. Los productores elevaron un petitorio ciudadano al municipio de Castelli para que atienda a los pequeños productores. También hubo colectas solidarias de vecinos y vecinas autoconvocados.
Benítez, que perdió el 80 por ciento de su producción, asegura: “Vamos a pelearla como podemos, ya vivimos una situación similar, pero con la extrema sequía. Es doloroso, esto nos excede a todos, el desastre climático es enorme”, lamenta. Y pide conciencia porque “la naturaleza está cambiando, los climas son otros y los desastres climáticos pasan por un mal manejo del ser humano”.
Somos Monte se expresa en el mismo sentido: “La forma de pensar a la naturaleza como recurso proviene de una mirada puramente colonial y extractivista. Lo que tenemos como resultado es una tendencia casi irrefrenable al desmonte, más cuando se lo plantea como negocio, restándole toda importancia de servicio ambiental y cultural, sin preocupación por conservar áreas estipuladas por ley”.
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Aceptan tratar amparo por la Ley de Bosques 

Fecha de Publicación: 11/05/2026
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: La Pampa  - Nacional


La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la demanda por inconstitucionalidad y medida cautelar de no innovar contra el Decreto 888/24 que eliminó el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), que el gobierno de La Pampa le hizo a Nación.
La provincia reclamó en 2024 unos mil millones de pesos para las operatorias de los años 2023 y 2024 y denunció una “desviación de fondos” por parte de Casa Rosada al Tesoro Nacional.
En ese momento, el gobernador Ziliotto instruyó a la fiscal de Estado, Romina Schmidt, para que en nombre y representación de La Pampa, inicie las acciones extrajudiciales y judiciales pertinentes contra el Estado Nacional, en salvaguardo de los intereses provinciales que se encuentran afectados en virtud del Decreto N° 888/2024, teniendo en cuenta que el 7 de octubre de 2024, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 888/2024 elimino el Fobosque, creado por el Articulo 53 de la Ley N° 27.431, constituyendolo como un fideicomiso de administración y fnanciero, con el objeto de administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos creado por la ley 26.331.
“Recién ahora se declaran competentes y dan el primer traslado”, señalaron fuentes de la Fiscalía de Estado provincial, sobre la resolución que la CSJ emitió el 30 de abril pasado.

Afectación
La demanda de la provincia a Nación, llegó al verse directamente afectada por la eliminación del Fobosque, por dejar desprotegidos los bosques nativos ante situaciones de inseguridad, poniendo en riesgo el control de los desmontes ilegales e incendios forestales y a los productores involucrados en virtud de no poder continuar con las compensaciones implementadas para la gestión del bosque que realizan.
Teniendo en cuenta que los recursos del Fondo se aplicaban un 70% para compensar a los titulares de las tierras donde se conservan los bosques nativos y el 30% a la Autoridad de Aplicación de cada Jurisdicción, que lo destinará al desarrollo y mantenimiento de la red de monitoreo, los programas de asistencia técnica y financiera, para la sustentabilidad de actividades no sostenibles desarrolladas por pequeños productores ylo comunidades indígenas y/o campesinas. El gobierno provincial destacó que la disolución del fideicomiso no sólo es contraria a nuestra Constitución Nacional y a todas las convenciones suscritas y ratificadas por nuestro país, sino que denota una vez más el avasallamiento a las provincias atentando contra la forma Federal de Gobierno.

Desvío
El Estado Nacional resolvió mediante el Decreto desviar los fondos al Tesoro Nacional de manera discrecional, generando una incertidumbre respecto a la forma de distribuir los recursos que le corresponden a la provincia, que cumplimentó en tiempo y forma, a través de su Autoridad de Aplicación, con todos los recaudos legales concernientes para obtener la compensación del Fobosque. Además, durante el año 2024 el Estado Nacional tampoco distribuyó el total del dinero que le correspondía a la provincia.
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Extractivismo recargado: el Gobierno busca desmontar la Ley de Bosques

Fecha de Publicación: 08/05/2026
Fuente: Agencia TierraViva
Provincia/Región: Nacional


Luego de desguazar la Ley de Glaciares, Javier Milei y gobernadores aliados pusieron en la mira a la Ley de Bosques. En Argentina ya se arrasaron siete millones de hectáreas y es un país de referencia en la destrucción de monte nativo. Monocultivos, ganadería y especulación inmobiliaria son los sectores beneficiados. Un llamado socioambiental a unirse y defender el territorio.
A pesar del amplio rechazo popular, Javier Milei y legisladores cómplices flexibilizaron la Ley de Glaciares. Ahora, mientras casi un millón de argentinos ya se sumaron a la mayor demanda judicial de la historia para recuperar la protección de nuestras principales reservas de agua dulce, el gobierno nacional avanza, sigiloso, con reuniones con el propósito de modificar la Ley de Bosques y habilitar más deforestación.
Los bosques y selvas concentran muchísima biodiversidad y nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.
Sin embargo, Argentina se encuentra en emergencia forestal. Según datos oficiales, entre 1998 y 2024 la pérdida de bosques nativos en el país fue de más de siete millones de hectáreas, una superficie similar a la de Formosa, lo que coloca a Argentina entre los 15 países con más deforestación del mundo.
Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (mayormente para ganadería y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.
El 75 por ciento de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.
Tras años de lucha, la sanción a fines de 2007 de la Ley de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes y un ejemplo de la importancia de la participación de la sociedad civil, que presionó al Congreso Nacional mediante un millón y medio de firmas.
Pasaron más de 18 años de implementación de la normativa, y todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), los cuales prohíben la autorización de desmontes en casi el 80 por ciento de las zonas forestales.
Es importante destacar que desde el 2014 se evidencia una disminución de la deforestación, cercana al 40 por ciento respecto al promedio de pérdida de bosques que hubo durante la década previa a la sanción de la Ley de Bosques.
Sin embargo, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por organizaciones sociales por dejar amplias zonas donde se permite solicitar permisos de desmonte. Por otra parte, algunos ordenamientos (Salta, Chaco) fueron ilegalmente modificados por los gobiernos provinciales mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas donde estaba prohibido el desmonte.
Cabe advertir que muy pocas provincias realizaron la actualización de su OTBN, los cuales según la reglamentación de la norma deben hacerse cada cinco años, de manera participativa y sin retroceder respecto a las zonas donde no se permite deforestar. A pesar de ello, las actualizaciones de los ordenamientos de Salta y Chaco aumentaron las áreas donde estará permitido acceder a un permiso de desmonte, violando lo establecido por la Ley de Bosques.
Más de la mitad de la deforestación se produce donde no está permitido (con permisos de desmontes irregulares para ganadería o en forma ilegal), y en los últimos años se incrementaron los incendios forestales, sobre todo en Córdoba y en la Patagonia, región que este verano sufrió los peores incendios de los últimos 60 años.
El relevamiento satelital realizado por Greenpeace estima que durante 2025 la sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas en el norte del país fue de 210.702 hectáreas, un 40 por ciento superior a la del año anterior.
La Ley de Bosques, aunque insuficiente, es una herramienta fundamental para salvar nuestros bosques. Es claro que Argentina aún está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para el año 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26), posteriormente incorporado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Frente a esta situación, resulta grave e inconstitucional que desde el gobierno nacional y algunas provincias se proponga la modificación de la Ley de Bosques con el objetivo de permitir aún más desmontes.
De aprobarse esta iniciativa, aumentará significativamente la deforestación, ya que sólo estarán prohibidos los desmontes en las zonas forestales clasificadas en la Categoría I, rojo, que abarcan en promedio apenas el 20 por ciento de la superficie de bosques nativos.
Por el contrario, Argentina debe prohibir y penalizar tanto los desmontes como los incendios forestales.
Es tiempo de unirnos para resistir a este ataque contra nuestros ecosistemas y las leyes que los protegen. Por el planeta, por nosotros y por las futuras generaciones.
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Reestructuración del área de Ambiente: Bosques pierden jerarquía y se eliminan áreas específicas de cambio climático

Fecha de Publicación: 30/04/2026
Fuente: Portal NoticiasAmbientales
Provincia/Región: Nacional


El Gobierno nacional de Argentina avanzó en una reorganización del área de Ambiente que implica modificaciones sensibles en dos frentes estratégicos:
- La Dirección de Bosques Nativos perdió jerarquía, pasando de nivel III a una Coordinación de nivel IV, con menor autonomía administrativa y capacidad de decisión.
- Se eliminaron las estructuras específicas dedicadas al cambio climático, como la Dirección Nacional de Desarrollo Sostenible y Gestión Climática y la Dirección de Impacto Climático.
Estas dependencias tenían a su cargo el diseño de políticas de mitigación y adaptación, además de la definición de metas de reducción de emisiones y el monitoreo de compromisos internacionales asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París.

Nueva distribución de funciones
Tras la reestructuración, las políticas vinculadas a eventos climáticos extremos y la implementación de la Ley 27.520 de Cambio Climático quedarán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación, lo que supone una reorganización dentro de un área más amplia.
El Gobierno argumenta que la medida busca optimizar la gestión estatal, aunque distintos sectores advierten que podría significar un debilitamiento del enfoque ambiental, al reducir jerarquía y diluir la atención específica sobre problemáticas como el cambio climático.

Bosques nativos en cifras
Argentina cuenta con 53,6 millones de hectáreas de bosques nativos, que cubren cerca del 19% del territorio continental.
- Parque Chaqueño: concentra el 67% de la superficie, con Santiago del Estero como provincia líder.
- Espinal: segunda región en importancia.
- Selvas Yungas y Paranaense: alta densidad forestal.
- Bosque Andino Patagónico: franja boscosa en el sur.
- Monte y Delta/Islas del Paraná: otras áreas relevantes.

Situación actual
- Pérdida de superficie: más de 10 millones de hectáreas en los últimos 40 años.
- Deforestación: afecta principalmente al norte del país (Santiago del Estero, Chaco y Formosa), por expansión agrícola y ganadera.
- Impactos: el 12% de la superficie nacional sufrió incendios y el 58% erosión.
La Ley de Bosques (26.331) establece un ordenamiento territorial con tres categorías:
- Rojo (I): muy alto valor, prohibida su transformación.
- Amarillo (II): mediano valor, uso sostenible.
- Verde (III): bajo valor, transformación parcial o total.

Debate abierto
La reestructuración vuelve a poner en discusión el lugar que ocupa la política ambiental en la agenda nacional. Para algunos especialistas, la reducción de jerarquía en Bosques y la eliminación de áreas específicas de cambio climático representan un retroceso en la capacidad del Estado para enfrentar desafíos ambientales y cumplir compromisos internacionales.
La decisión de reorganizar el área de Ambiente refleja tensiones entre la búsqueda de eficiencia administrativa y la necesidad de fortalecer políticas ambientales estratégicas.
En un país con alta tasa de deforestación y compromisos internacionales en materia climática, el debate sobre la jerarquía institucional y la prioridad de los bosques y el cambio climático se vuelve central para definir el rumbo de la gestión ambiental.
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Asedio final al bosque nativo: modificación de la Ley 26.331 y crisis socioambiental sin precedentes para Argentina

Fecha de Publicación: 16/04/2026
Fuente: Portal LaTinta
Provincia/Región: Nacional


Nuestro país se encuentra en una encrucijada socioambiental de consecuencias incalculables. Tras la reciente batalla por la protección de los glaciares, la amenaza se cierne ahora sobre el pilar de la conservación forestal: la Ley de Bosques Nativos 26.331. El plan impulsado por el gobierno de Javier Milei, junto a gobernadores aliados, busca modificar esta normativa fundamental, presentándolo bajo el paraguas del «Consejo de Mayo» como una vía hacia la «eficiencia productiva». Sin embargo, la iniciativa comienza a ser duramente denunciada por un amplio arco de la sociedad civil. Científicos, organizaciones territoriales y expertos legales, agrupados en la “Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas”, califican este movimiento como un «grave e inédito retroceso institucional». Según sus advertencias, esta modificación pondría en riesgo hasta el 80% de los bosques nativos remanentes del país, desatando una crisis socioambiental sin precedentes para Argentina.
La “Mesa de Organizaciones Forestales Autoconvocadas”, motorizada por entidades como la REDAF ―Red Agroforestal Chaco―, entre otras, se gesta como respuesta a la iniciativa hecha pública el 9 de diciembre de 2025 por el “Consejo de Mayo”, presidido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, e integrado por funcionarios como Federico Sturzenegger y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que explícitamente proponen la modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El proyecto, según los críticos, no busca mejorar la implementación de la ley, sino su desmantelamiento, orientado a liquidar el «capital natural» del país en favor de intereses extractivistas inmediatos.
Hasta ahora, la Ley Nacional 26331 funciona como un semáforo de conservación, con categorías Rojo (máxima protección), Amarillo (uso sostenible) y Verde (desmonte autorizado bajo estricto permiso), que configura el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La alarma se dispara ante el intento del Poder Ejecutivo nacional de alterar esta arquitectura técnica, enfocándose en la Categoría Amarilla (II).
Actualmente, estas áreas de mediano valor solo permiten el uso sostenible (ecoturismo, recolección), con actividades de desmonte prohibidas. La modificación propuesta, sin embargo, busca habilitar el cambio de uso de suelo en la Categoría Amarilla. 
Las cifras son dramáticas: la superficie de bosque nativo en riesgo de desmonte se dispararía de 10 millones de hectáreas a cerca de 42 millones de hectáreas. Esto expondría a la inmensa mayoría de los bosques argentinos al avance irracional de la frontera agropecuaria y urbanística.

Desmonte libre e impunidad a medida: los pilares de las modificaciones
La ofensiva se profundiza con cambios que anulan el rol fiscalizador del Estado. En las áreas de bajo valor (Categoría III o Verde), donde el desmonte era posible con permiso previo, las modificaciones buscan eliminar la autorización estatal anticipada y reemplazarla por un simple «aviso». Esto dinamita la capacidad del Estado de vetar proyectos con alto impacto antes de que el daño sea irreversible.
Simultáneamente, la propuesta apunta a la privatización de la fiscalización y la amnistía ambiental: delega el control en profesionales privados y suprime el Registro Nacional de Infractores. Esta «garantía de impunidad» —sostienen los críticos— genera un conflicto de interés evidente y elimina una herramienta clave de disuasión, borrando el historial de reincidencia.
En síntesis, el paquete de medidas atenta contra los tres pilares de la Ley de Bosques: el ordenamiento territorial (desmonte en Categoría Amarilla), el control preventivo (eliminación de autorización previa en Categoría Verde) y la fiscalización (privatización del control y supresión de la lista negra).

Voces del territorio: agroecología y la defensa del Chaco y Misiones
La crítica más sólida proviene de las bases técnicas y territoriales, que coinciden en que el problema no es el exceso de regulación, sino el desfinanciamiento sistemático y la falta de cumplimiento de la ley vigente.
En diálogo con La tinta desde Misiones, el coordinador en Argentina del Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA), Enzo Ortt, advierte que la modificación amenaza a la selva misionera, que alberga el 52% de la biodiversidad argentina. «Desde la mirada agroecológica, consideramos que los montes, los bosques y las selvas son aliados para el desarrollo de la producción», afirma Ortt, desmintiendo la visión productivista que ve al bosque como un obstáculo. Destaca que los sistemas agroforestales, como la yerba mate cultivada en asociación con árboles nativos, son más resilientes y que la reforma solo responde a una «visión puramente económica y extractivista» que beneficia a grandes capitales.
Desde el Chaco, una de las provincias más afectadas históricamente por el desmonte, el ingeniero forestal Sebastián Keez (presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales e investigador del INTA) utiliza una potente analogía financiera: el país estaría «malgastando su capital natural». Comparando el bosque con un capital monetario, sentenció: «Tenemos 5 millones de dólares en el banco (hectáreas). La decisión financiera inteligente sería poner ese capital a plazo fijo y vivir del crecimiento del bosque». En cambio, el desmonte irracional es como «sacar la plata del plazo fijo, pagarse un boleto en un crucero y pasarla bien unos días». El Chaco pasó de más de 8 millones de hectáreas boscosas en los años 80 a cerca de 4.6 millones hoy. «El crucero que nos estamos pagando es muy caro», enfatizó Keez, señalando que la falta de bosque aumenta las inundaciones y disminuye el rinde ganadero.
La multipremiada internacionalmente Dra. Micaela Camino, investigadora del CONICET, integrante de REDAF y directora del Proyecto Quimilero, ofrece un diagnóstico contundente: la conservación efectiva del Chaco pasa por reconocer y garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y criollas. La experta en conservación desmantela la «falsa disyuntiva» de especie sin bosque o bosque sin gente. Subraya que la seguridad en la tenencia de la tierra para estas comunidades es la barrera más eficaz contra la deforestación.
Además, desarma la narrativa dominante que concibe a los bosques como «yuyales improductivos», destacando que la gente que vive en ellos produce bienes de alto valor, como la harina de algarroba. La especialista es categórica: el desmonte genera un ciclo insostenible de degradación, con erosión del suelo, salinización de napas y un aumento de la pobreza.
La Ley de Bosques, una herramienta «valiosa» y pionera, no necesita modificaciones, sino implementación. La visión de Camino es clara: la solución a la crisis ambiental es integral, exige la garantía de derechos humanos, la implementación de la ley y el apoyo a las comunidades que son las guardianas más efectivas del ecosistema.

Riesgo comercial y soberanía nacional
El debate trasciende la esfera doméstica y toca la competitividad internacional. La flexibilización de la Ley de Bosques podría excluir a las exportaciones argentinas de mercados de alto valor, como el de la Unión Europea, que exige trazabilidad y garantía de producción libre de deforestación bajo su nuevo marco normativo de commodities.
La Ley de Bosques Nativos se erige, entonces, no como un límite al progreso, sino como la última línea de defensa para la sostenibilidad de Argentina. La batalla por su defensa no es solo legislativa o ambiental, es una elección fundacional sobre el modelo de país: persistir en la senda del extractivismo a corto plazo, hipotecando el futuro a un «crucero muy caro» de ganancias efímeras, o abrazar la agroecología y la producción sostenible como pilares innegociables para construir una economía resiliente y justa. 
Para algunos, el bosque nativo es apenas un ‘yuyal improductivo’; para otros, es el aliado indispensable que sostiene la biodiversidad y el arraigo de pueblos enteros. La selva misionera, la región del Gran Chaco, los bosques patagónicos o los montes cordobeses no son solo coordenadas en un mapa, sino los últimos bastiones de una Argentina que todavía respira. Sin embargo, una nueva ofensiva legislativa pretende cambiar el uso del suelo, transformando la protección en permiso y el control en impunidad. La batalla por la Ley 26331 ha comenzado y lo que está en juego es, literalmente, el suelo y el aire de nuestro país. 
Sí, porque aunque la idea no le agrade, el aire que respira el presidente Milei y sus funcionarios es el mismo que respiramos todos los argentinos y argentinas. La diferencia tal vez sea que nosotros somos conscientes de dónde proviene ese oxígeno.
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La Nación quiere habilitar desmontes sin control en zonas verdes y crece el rechazo

Fecha de Publicación: 10/04/2026
Fuente: Primera Edición
Provincia/Región: Nacional


El punto más cuestionado permitiría desmontar sin evaluación ambiental en áreas de menor protección. Funcionarios, técnicos y entidades advierten que sería un retroceso en un país que ya perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo.
La discusión todavía está en etapa de propuesta, pero en Misiones ya se lee como una señal de alarma. Los cambios promovidos por el Gobierno nacional a través del Consejo de Mayo sobre dos normas centrales -la Ley de Bosques Nativos y la Ley de Manejo del Fuego- abrieron un nuevo frente de preocupación en una provincia donde la conservación dejó de ser un discurso aislado para convertirse en parte de una estrategia territorial, productiva e identitaria.
El punto que más inquietud genera es la posibilidad de habilitar el desmonte total en la categoría III, conocida como zona verde, sin pasar por una evaluación de impacto ambiental. Actualmente, aun en esos sectores de menor valor de conservación, el cambio de uso del suelo requiere autorización previa.
Según el monitoreo oficial de la Dirección Nacional de Bosques, desde la sanción de la Ley 26.331, en 2007, Argentina perdió 3,8 millones de hectáreas de bosque nativo. Solo en 2023 se registraron 173 mil hectáreas afectadas y más de la mitad del desmonte ocurrió en zonas donde la ley vigente no permite cambiar el uso del suelo: 47% en categoría amarilla y 6% en roja.
El dato expone una contradicción de base en la discusión actual: si con la norma vigente el Estado no logra frenar de manera eficaz la deforestación ilegal, reducir controles y filtros previos aparece para muchos sectores como una decisión de riesgo antes que una solución.
En esa línea, una de las objeciones más firmes es que el problema no está en la existencia de la ley sino en su cumplimiento. La Red Agroforestal Chaco Argentina sostuvo que la norma es una herramienta estratégica de ordenamiento territorial y que sus principales déficits pasan por el financiamiento insuficiente, las debilidades de monitoreo y las limitaciones institucionales para controlar desmontes y asegurar gobernanza.
Para REDAF, flexibilizar el régimen actual implicaría aumentar la vulnerabilidad frente a incendios, inundaciones y sequías, además de generar costos sociales, productivos y fiscales que superan cualquier ventaja inmediata derivada del avance sobre el monte.
En Misiones, el rechazo a una marcha atrás fue explícito. El ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Martín Recamán, advirtió que “no se puede ir hacia atrás en el proceso de conservación” y sostuvo que los cambios impulsados desde la Nación representan un riesgo “ambiental, productivo y social”, especialmente para provincias que sostuvieron una política continuada de protección de sus recursos naturales.
El funcionario remarcó además que “los misioneros demostraron que se puede conservar, producir y seguir creciendo” y resumió la posición provincial en una frase con fuerte contenido político y estratégico: “El desarrollo es con el ambiente”.
Recamán también planteó que el debate no puede ser reducido a una lógica de rentabilidad inmediata. “Cuando no se conserva el ambiente, eso afecta la salud, también afecta la economía y compromete un recurso vital como el agua, que está directamente vinculada a la producción”, señaló. Y fue más allá al vincular la defensa del bosque con la propia identidad misionera: “La conservación del bosque y de los componentes del ambiente es fundamental para la economía de un pueblo y, en el caso de Misiones, está estrechamente vinculada a nuestro patrimonio y a nuestra identidad”.
En una provincia donde el monte nativo incide sobre el régimen hídrico, la biodiversidad, el turismo y la sustentabilidad de varias cadenas productivas, ese argumento encuentra una base concreta.
La otra modificación que genera rechazo es la vinculada a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta busca eliminar restricciones incorporadas en 2020 que impiden durante 60 años, en el caso de bosques nativos o implantados, y durante 30 años en otras superficies, cambiar el uso del suelo en predios incendiados.
Ese blindaje legal fue pensado para evitar que el fuego se utilice de manera intencional como paso previo a desarrollos agropecuarios o inmobiliarios. Su eventual derogación es interpretada por organizaciones ambientales como una señal regresiva en un contexto donde los incendios ya son una amenaza creciente.
La Agrupación Forestal Peronista (AFOPE) habló de un “grave retroceso institucional y ambiental” y planteó que cualquier reducción de estándares debe analizarse bajo el principio de no regresión ambiental. Incluso desde sectores vinculados a la actividad forestal aparecieron advertencias. La Asociación Forestal Argentina señaló que un debilitamiento de la ley también puede afectar la competitividad internacional del país, comprometer el acceso a financiamiento climático y generar ruido en mercados que hoy exigen trazabilidad y productos libres de deforestación, como ocurre con la regulación europea EUDR y las discusiones asociadas al acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Ese punto agrega una dimensión política y económica de fondo. Ya no se trata solo de una discusión ambiental clásica entre conservación y producción. Lo que se debate es si Argentina quiere mostrar previsibilidad normativa y estándares consistentes o abrir una etapa de mayor permisividad en un tema cada vez más sensible para el comercio internacional, la inversión y los mercados de carbono. AFoA, por ejemplo, advirtió que cualquier debilitamiento de la ley podría afectar acuerdos, certificaciones y oportunidades de financiamiento verde, un aspecto que para provincias forestales como Misiones no es menor.
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En el norte argentino se perdieron más de 210 mil hectáreas de bosques nativos durante 2025

Fecha de Publicación: 07/04/2026
Fuente: Diario El Argentino
Provincia/Región: Nacional


Greenpeace, con el patrocinio legal de Enrique Viale, presentó ante la Corte Suprema un informe actualizado que denuncia el aumento de la deforestación en el norte argentino durante 2025 y advierte sobre el incumplimiento de la Ley de Bosques y los compromisos internacionales de Deforestación Cero.
La Fundación Greenpeace Argentina, con el asesoramiento del abogado Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, presentó un informe ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación denunciando un aumento significativo de la deforestación en el norte del país. El relevamiento satelital estima que durante 2025 se desmontaron 94.204 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. 

Desmontes e incendios
Según el informe, Santiago del Estero fue la provincia con mayor pérdida de bosques, con 51.149 hectáreas desmontadas, seguida por Chaco (16.872), Salta (15.129) y Formosa (11.059). Greenpeace advierte que el 80% de los desmontes en Santiago del Estero fueron ilegales, realizados en zonas prohibidas por la Ley de Bosques (26.331).
En cuanto a los incendios forestales, las imágenes satelitales revelan que se quemaron 116.498 hectáreas en la región: 53.325 en Santiago del Estero, 22.715 en Formosa, 21.520 en Chaco y 18.938 en Salta.
La sumatoria de áreas desmontadas e incendiadas arroja una pérdida total de 210.702 hectáreas de bosques nativos en 2025, un 40% superior a la registrada el año anterior. Santiago del Estero encabeza la lista con 104.474 hectáreas, seguida por Chaco (38.392), Salta (34.067) y Formosa (33.769). 

Riesgo para la biodiversidad
El documento advierte que la degradación y fragmentación de los bosques nativos pone en serio riesgo la supervivencia de los menos de 20 ejemplares de yaguareté que se estima sobreviven en la región del Gran Chaco Argentino.
Greenpeace y Viale remarcan que Argentina está lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, asumido en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) y ratificado por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
De esta manera, la organización ambientalista busca visibilizar la gravedad de la pérdida de bosques en el norte argentino y exigir el cumplimiento de la Ley de Bosques y de los compromisos internacionales asumidos por el país. 
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