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Bordet permite ahora fumigar cerca de escuelas
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Reglamentaron los agroquímicos: habrá unidades de control cerca de escuelas y comunidades rurales
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
Fecha de Publicación: 03/08/2019
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Para la aplicación de plaguicidas, la provincia estableció zonas límites de entre 500 a 3.000 metros de las escuelas
El gobierno entrerriano estableció zonas de exclusión que llegan a los 500 metros, áreas de restricción que llegan a los 3.000 metros y unidades centinelas y de control en escuelas rurales y agrotécnicas para la aplicación de plaguicidas y productos fitosanitarios. También prohibió el uso de máquinas pulverizadoras no registradas e instruyó al Ministerio de Salud a realizar un programa de seguimiento de la salud de agricultores y comunidades rurales.
Las decisiones están contenidas en el decreto n° 2239/ 19 del Poder Ejecutivo que instruye además al Consejo de Educación a elaborar un mapa georeferenciado de las escuelas rurales, y a la Secretaria de la Producción a aplicar un sistema de monitoreo remoto, a reempadronar todos los equipos de aplicación en uso en Entre Ríos y a celebrar convenios de capacitación con el INTA y las universidades.
El gobernador firmó un reglamento en forma de decreto consistente en implementar un sistema de controles para la aplicación de plaguicidas en la provincia de Entre Ríos en los inmuebles cercanos a escuelas rurales.
Al respecto, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, precisó que “el reglamento implica un sistema de control que no se limita a distancias, sino que implica un sistema que pone en marcha distintos mecanismos para impedir casos de contacto entre el producto que se aplica y la persona humana, sea un maestro, alumno, un trabajador rural, sea quien sea en el ámbito de las escuelas rurales”.
En las zonas de exclusión no se podrán realizar aplicaciones en las áreas comprendidas en un radio de 100 metros para fumigaciones terrestres y 500 para aéreas desde el caso de la escuela.
En las áreas de restricción se prohíben las aplicaciones terrestres de productos clase Ia, Ib y II entre los 100 y 500 metros. Sólo se podrán aplicar los de clase III y IV de acuerdo a la nomenclatura del SENASA. En cuanto a las aplicaciones aéreas en estas áreas de restricción se prohíben las aplicaciones de fitosanitarios de clase Ia, Ib y II dentro del radio de los 3.000 metros contados desde el límite de los 500, y desde los 500 estarán habilitados los de clase III y IV.
Los tratamientos deberán notificarse con 48 horas de anticipación a la autoridad de aplicación.
Rodríguez Signes destacó que para llegar a este reglamento se hizo un intenso trabajo de investigación y de consulta a distintos organismos del estado nacional y provincial, fundamentalmente salud pública y el INTA, que colaboró mucho en la elaboración del documento.
Consultado sobre la aplicación de la norma, el Fiscal de Estado hizo saber que “cada vez que se vaya a realizar una aplicación, un ingeniero agronómo tiene intervenir. Esto ya forma parte de la reglamentación existente. La receta agronómica debe notificar al establecimiento, a la unidad centinela, con 48 horas de anticipación sobre la aplicación”.
“Esa unidad centinela controlará que la aplicación se realice a contra turno en primer lugar, es decir sin que haya actividad escolar en ese momento y además que se realice fuera de las distancias de exclusión determinadas y que se aplique el producto habilitado para aplicar. Esa unidad centinela va a tener la colaboración para poder trabajar de un ingeniero agrónomo para poder controlar”, explicó.
“Otro punto destacable es que a partir del año 2020 deberá implementarse un sistema de transmisión de datos online de cada máquina aplicadora a la Secretaría de la Producción que es la autoridad de aplicación, para que en tiempo real, se esté controlando, el tipo de producto que se está aplicando, el cultivo, la zona, las producciones que hay alrededor, y las condiciones metereológicas, porque para garantizar que el producto no se traslade por el aire, tiene que haber condiciones atmosféricas determinadas por las buenas prácticas fitosanitarias”, completó.
“Un tercer tema es se van a tener que fijar cortinas forestales en cada una de las escuelas. Y el cuarto punto es que van a tener que reempadronar las máquinas aplicadoras para controlar que estén en condiciones”.
En cuanto a las distancias, Rodríguez Signes precisó que de 0 a 100 metros no se podrá aplicar ningún producto en forma terrestre y de 0 a 500 metros ningún producto en forma aérea.
A partir de los 100 metros en zona terrestre y hasta 500 metros no se pueden aplicar los productos de la clase 1A, 1B y 2, que son calificaciones toxicológicas del Senasa, y si se pueden aplicar los calificados como 3 y 4 en forma terrestre, y en la zona aérea entre los 500 y los 3.000 metros no se puede aplicar 1A, 1B, y A 2, y sí se pueden aplicar 3 y 4 que son de muy baja toxicidad o nula toxicidad.
En ese marco, el Fiscal consideró oportuno dejar en claro que fueron consultados especialistas del INTA, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Conicet, Secretaría de Agricultura de la Nación, Salud Pública, Secretaría de Ambiente y Secretaría de Producción.
“La consigna, es proteger la salud humana y el ambiente. El problema de la aplicación de plaguicidas es si se usan bien o se usan mal. Lo que hay que evitar es el contacto con la persona humana. Toda la estrategia de control, consiste en evitar el contacto o disminuir a la mínima expresión la posibilidad de contacto”, precisó.
“Si se produce alguna irregularidad o se viola la norma, la Policía tiene instrucciones de secuestrar e impedir el traslado incluso de cualquier máquina que no esté reglamentada, y por supuesto si hay una aplicación que se está realizando irregularmente, obviamente que eso conforma una falta administrativa y un delito, por supuesto la policía tiene que actuar de oficio”, afirmó.
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Variantes del 2,4D prohibidas
El Senasa prohíbe la comercialización y el uso del 2,4D
Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Fecha de Publicación: 31/07/2019
Fuente: Agrofy
Provincia/Región: Nacional
El Senasa considera que el ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos, contiene sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la importación, elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso del ácido 2,4-Diclorofenoxiácetico (2,4-D) en formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos.
¿A partir de cuándo se prohíbe el 2,4D?
La Resolución 466/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, prohíbe a partir de los 120 días corridos la importación de productos formulados con ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa 2,4-D. En tanto, para la elaboración y el fraccionamiento la entrada en vigencia será dentro de 365 días corridos, mientras que para la comercialización y el uso el plazo es de 730 días.
El Sensa considera que existen sustancias activas respecto de las cuales corresponde extremar las medidas para evitar su comercialización y uso, concretando regulaciones y acciones preventivas.
"La aplicación y el uso de formulaciones de ésteres butílicos e isobutílicos de la sustancia activa ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D) podrían ocasionar daños en cultivos agrícolas, forestales u otros, debido a su alta volatilidad en las distintas regiones del país", indica la Resolución publicada hoy.
"Los daños así provocados a cultivos no blancos se traducen en bajo rendimiento de estos, generando pérdidas considerables en los diversos cultivos, como así también daños a las personas y al medio ambiente", agrega.
Las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Tucumán, de La Pampa, del Chaco, de Santiago del Estero y de Entre Ríos ya han prohibido y/o restringido el uso de los ésteres de 2,4-D.
Según aclararon, las empresas que tengan inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal productos formulados contemplados en las prohibiciones previstas en la presente norma, pueden solicitar voluntariamente la baja de las inscripciones con anterioridad al plazo establecido.
En tanto, las firmas que posean productos formulados inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal y que se encuentren alcanzados por la presente prohibición, deben declarar sus existencias dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia de la presente, detallando cantidad de envases, capacidad, lote y fecha de vencimiento.
Por otro lado, las firmas titulares de los productos alcanzados que a la fecha de prohibición de uso establecida cuenten con un remanente de las existencias oportunamente declaradas, deben informar tal situación dentro 15 días corridos contados a partir de la fecha de la prohibición.
Sanciones
En caso de incumplimiento, el Senasa establece el decomiso, suspensión o cualquier otra medida que resulte aconsejable de acuerdo a las circunstancias de riesgo para la salud pública o el medio ambiente.
Cabe señalar que los productos fitosanitarios que se usan y comercializan en todo el Territorio Nacional deben encontrarse inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal, en los términos del Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro de Productos Fitosanitarios.
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Buenos Aires: Corte ratifica limitación a fumigaciones
Un fallo de la Corte bonaerense a favor de la agroecología
Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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Fecha de Publicación: 27/07/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Buenos Aires
La Suprema Corte de Buenos Aires ratificó la decisión de prohibir las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los núcleos poblacionales. Lo hizo al dejar vigente la cautelar impulsada por la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata, que solicitó que se aplicara una norma aprobada hace 11 años. Al mismo tiempo ordenó abrir una nueva instancia de diálogo entre los vecinos y la Municipalidad de General Pueyrredón, instancia de la cual debería surgir un plan de desarrollo agrícola sustentable.
El reclamo de los vecinos de General Pueyrredón comenzó hace 18 años, cuando la organización ambientalista BIOS impulsó una campaña para que el municipio promocionara tierras libres de agrotóxicos, cuyo primer hito fue la ordenanza 18.740, votada en 2008 por unanimidad en el Concejo Deliberante local. La norma impuso el límite de 1000 metros para la aplicación de herbicidas, además de establecer una barrera vegetal, estableciendo una zona de resguardo ambiental, social y sanitario.
La norma, sin embargo, nunca se aplicó, y en 2013 el propio municipio intentó reemplazarla por otra que permitía fumigar a solo 100 metros de escuelas, centros asistenciales y centros de salud, iniciativa que provocó la cautelar de la Asamblea, que la Suprema Corte provincial acaba de ratificar.
"Con este nuevo fallo, la Corte provincial vuelve a confiar en quienes impulsamos la cautelar e indica a la contraparte que no aportó elementos que permitan demostrar que no hay riesgos de afectación en la salud", sintetizó el abogado la Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados e integrante de la Asamblea marplantense, Lucas Landivar.
El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires volvió a rechazar los argumentos de la municipalidad que, en consonancia con los intereses de las grandes corporaciones agroindustriales, había invocado los "intereses públicos y privados" que se verían afectados en caso de que se aplicara la norma de 2008.
"Este es el resultado de la acumulación del conocimiento y la experiencia de la comunidad", celebró Landivar, quien recordó informes previos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la FAO, el Banco Mundial y la ONU.
Precisamente, la ONU, en 2017, advirtió que los plaguicidas son responsables de 200 mil muertes por intoxicación aguda cada año, y el 99 por ciento de los casos ocurren en países donde las normas de salud, seguridad y ambiente son menos estrictas.
Un horizonte agroecológico
"Estamos ante una oportunidad que puede ser realmente transformadora, un reordenamiento de la producción en una de las zonas hortícolas más grandes del país", destacó Landivar tras la audiencia del 4 de julio pasado, convocada por la Suprema Corte, en la que instó a los representantes municipales procurar todos los recursos para cumplir con la franja de seguridad de 1000 metros.
En la audiencia, los funcionarios municipales intentaron sostener la necesidad de eliminar el límite de 1000 metros establecido por la norma de 2008, en base a la evolución de los plaguicidas en uso, pero no pudo demostrar el cumplimiento de la cautelar. La resolución de la Suprema Corte no se pronuncia sobre la cuestión de fondo pero insta a las partes a mantener la negociación en curso.
"La Corte está esperando que la municipalidad reconozca que va a tener que ceder y hacer algo en otra dirección, dejar de combatir la cautelar y resolver el problema en el territorio", analizó Kanki Alonso, integrante de la misma Asamblea, quien advirtió que "tienen que cumplir con los mil metros y gestionar la conversión a la agroecología".
Por su parte, Landivar fue más allá y se esperanzó con que "el próximo gobernador de la provincia pueda elaborar convenios con universidades públicas, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones del sector para identificar los daños causados por la agroindustria y establecer un resarcimiento, la recomposición ambiental y la promoción de la educación en agroecología".
"El concepto de agroecología no está, lo estamos armando. En dos años bajamos el 60 por ciento de los gastos directos. Si gastábamos 100, ahora gastamos 40 y es la misma proporción de pastos, no tirando todo ese complejo químico", cita la cautelar de los vecinos al recordar el testimonio de un productor agroecológico del municipio vecino de Ayacucho.
"Subestimación de la toxicidad"
"Hay una subestimación de la toxicidad de los productos utilizados, porque están en todos lados", advirtió uno de los vecinos afectados en la audiencia de principios de mes convocado por la Corte bonaerense. La organización BIOS, que fue rechazada como amicus curae, publicó, en 2015, un estudio en el que el 90 por ciento de los habitantes analizados de General Pueyrredón, de áreas urbanas y rurales, tenían glifosato o metabolito en la orina.
"Hay un subregistro de casos y una conflictividad por cuestiones de intereses entre la salud y la producción, en la que la salud parece ser subalterna a la producción, cuando debería ser al revés", denunció la médica generalista e integrante del equipo del Programa Salud y Agroquímicos, Silvina Fabregas.
El programa, creado por impulso de un equipo interdisciplinario de médicos y trabajadores sociales de los centros de salud que conviven con más de una docena de localidades de General Pueyrredón directamente afectadas por el uso de agrotóxicos, cuenta con un registro de 200 casos, que surgen de una evaluación de los síntomas presentados y la situación social y laboral de quienes están expuestos a los plaguicidas.
El programa, que trabaja con fichas de control de la población expuesta, depende de la Secretaría de Salud municipal, por lo que el municipio cuenta con la información oficial respecto de la problemática sanitaria. Información que también fue aportada en la audiencia de la Corte provincial. Sin embargo, Fabregas advirtió que aún existe desconocimiento en la población e incluso en los profesionales de la salud sobre la problemática.
"Los problemas más comunes son respiratorios, desde tos a broncoespasmo; exacerbaciones de cuadros asmáticos; alteraciones en la piel u oftalmológicas que no responden a tratamientos habituales, quemaduras, cefaleas, problemas gastrointestinales, aparición de forúnculos en zonas expuestas a los plaguicidas", describió la médica generalista. Y destacó un aumento de los abortos espontáneos en el barrio Félix Camet.
Casos testigo
La cautelar ratificada por la Corte bonaerense cuenta no solo con informes de organismos nacionales e internacionales respecto de los peligros para la salud que representa la aplicación de los agrotóxicos sino también un recuento de causas abiertas por el incumplimiento de la franja de seguridad de 1000 metros establecida en la ordenanza de 2008.
* Setecientos niños, niñas y adolescentes y personal docente concurren a la Escuela Rural Inicial Nº 923, Primaria Nº 51, y Secundaria Nº 39 del Paraje San Francisco. Allí, los estudiantes toman agua envasada, provista por el Estado, porque los niveles de nitratos —asociados a los fertilizantes químico— no son aptos para el consumo humano. El caso tramita en una causa federal aparte en la que se están cursando pruebas ecotoxicológicos sobre el agua del lugar. La comunidad educativa denunció reiteradas veces la fumigación con agrotóxicos en el campo lindero a la escuela .
*En la Laguna de los Padres, ubicada al oeste del partido de General Pueyrredón, los vecinos denunciaron la alarmante mortandad de peces por lo que abrieron una denuncia penal. En el proceso de investigación, un informe de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) no descartó que la mortandad se deba al uso de agroquímicos.
*El vertido de agroquímicos sobre el arroyo "La Bomba", fumigaciones sobre la población en el barrio Félix Camet, con pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo y el respaldo de los servicios de salud locales, son otros de los casos que se suman al cuerpo de la cautelar.
Paren de fumigar
"Impacta la maquinaria, la cantidad del producto pulverizado y la cercanía. Lo sentís en el paladar, es un sabor difícil de explicar... amargo", describe Alonso sobre las fumigaciones que le tocó presenciar, alambrado de por medio, en su casa de Playa Los Lobos. "Cada vez que se fumiga es un trauma. Una vecina te llama, cerrás las ventanas y sacás a los chicos por la parte de atrás de la casa", continúa.
Alonso, que se sumó a la asamblea en 2009, es uno de los afectados directos que pudo abrir una causa penal en la Justicia Federal por la contaminación del Arroyo Lobería, que desemboca en el mar. Tras una de las fumigaciones, prohibidas por la cautelar de la Corte, a sus hijos se les diagnosticaron lesiones dérmicas por la exposición a los agroquímicos.
"Cuando suceden las fumigaciones uno siente la total desprotección de parte del Estado y la sociedad, porque en nuestro caso teníamos una cautelar a nuestro favor y no podemos hacerle cumplir. Pero cuando suceden fallos judiciales como el la Suprema Corte, te empezás a sentir un sujeto de derecho", destaca Kanki sobre la larga pelea de la asamblea.
La ratificación de la cautelar por parte de la Corte bonaerense no es un caso aislado en el país. En mayo, la supremo tribunal de Entre Ríos tuvo un fallo de similares características al bonaerense, pero con aplicación sobre toda la provincia. Además, existen otros fallos contra el uso de agrotóxicos en Formosa, Chaco, Córdoba , Salta y Santa Fe y, en esa línea, se cuentan más de cien estudios de científicos de universidades nacionales .
La sordera provincial
A pesar de la evidencia existente, la cautelar vigente de la Corte provincial y otra serie de fallos similares de otras localidades bonaerenses, en enero de este año el ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, emitió un decreto que permitía la fumigación con agrotóxicos hasta las 7.59 de la mañana, un minuto antes del inicio de las clases en las localidades rurales.
En febrero, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio forzado a dar marcha atrás con el decreto, lo que no modificó que se registraran nuevas denuncias sobre fumigaciones sobre las escuelas rurales .
"Sarkis emitió el comunicado, de manera unilateral y sin audiencia pública, sin considerar que el Poder Judicial se había expedido al respecto, analizado causas, prueba científica y casos de vecinos afectados", advirtió Landivar y señaló que el mismo día en que ocurría la audiencia en la Corte, el ministro de Agroindustria mantuvo una reunión con la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), que representan al sector agroindustrial.
"Cualquier funcionario, de cualquier esfera del Estado cae en una práctica de encubrimiento si continúa autorizando la aplicación de agrotóxicos que la Organización Mundial de la Salud señala como posibles cancerígenos", sentenció el representante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados.
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El agua de Pergamino tiene agroquímicos y arsénico
Un combo tóxico en el agua de Pergamino: agroquímicos y arsénico
Fecha de Publicación: 24/07/2019
Fuente: La Verdad
Provincia/Región: Buenos Aires
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido.
Nuevos análisis sobre el agua de Pergamino, en la que fueron hallados este año residuos de 18 agroquímicos, ratificaron la presencia de arsénico en aquella ciudad. Advierten que la combinación de los dos tipos de contaminación potencia la toxicidad.
En el marco de la causa penal que tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás en relación a las fumigaciones con agroquímicos de los barrios La Guarida, Villa Alicia y Luard Kayad, la abogada querellante Sabrina Ortiz pidió que la Autoridad del Agua (ADA) realice un estudio pormenorizado sobre la presencia de arsénico en el agua de la ciudad.
El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo hizo lugar al requerimiento y recientemente se conocieron los resultados: el 100 % de las muestras analizadas de agua de red y de perforaciones particulares presentan niveles de arsénico hasta 9 veces por encima del valor máximo permitido por el Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro), al cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.230.
La situación es realmente dramática en Pergamino si se tiene en cuenta que este año un estudio elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, advirtió que la combinación de glifosato y arsénico en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
En la misma línea, el científico alertó sobre «un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración».
Tal como viene publicando DIB, en el agua de Pergamino hay tanto presencia de restos de químicos utilizados para el agro como de arsénico. Esta última forma de contaminación se da por un proceso natural y afecta a granparte del territorio provincial.
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Demanda colectiva contra el glifosato
Denuncia: el paso a paso de la investigación contra el glifosato
Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Fecha de Publicación: 23/07/2019
Fuente: Revista Noticias
Provincia/Región: Nacional
La demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” data del 2012 y representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
“Por el daño que produjo el glifosato queremos una reparación del medio ambiente y una compensación económica para atender la salud de los afectados”. El que habla es Daniel Salaberry, el abogado que presentó junto a Santiago Kaplun, Graciela Gómez Vizcay, Jorge Iturraspe, Horacio Belossi y Miguel Alaya la demanda colectiva caratulada “Giménez Alicia Fanny y otros contra Estado Nacional, Monsanto y otros” en 2012, y que representa a la totalidad del pueblo argentino por ser una causa de “acción de clase”.
Salaberry detalla que “la causa fue presentada en la Corte Suprema porque abarca distintas jurisdicciones”. Pero el máximo organismo la rechazó porque debían respetarse las vías ordinarias. Entonces, llegó al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal.
Pero eso no sucedería hasta 2014, cuando la jueza aceptara la acción de clase pero rechazara la medida cautelar para frenar el uso de agroquímicos hasta que se resolviera el juicio. Esa medida fue apelada por los demandantes y la causa se separó en dos expedientes.
Por un lado, la cautelar se elevó en 2017 hasta la Corte Suprema, que ya pasó por todos sus miembros y desde mayo se encuentra en manos del Presidente, Carlos Rosenkratz, según el sistema de consultas de causas del Poder Judicial. El equipo de investigación de Editorial Perfil se comunicó con Rosenkratz, pero el funcionario se negó a dar declaraciones.
“Nosotros le pedimos varias veces a la Corte que resuelva”, dice Salaberry sobre la demora, mientras muestra una decena de documentaciones presentadas para solicitar “pronto despacho”.
Por otro lado, el resto del juicio estaba en la Cámara de Apelaciones porque los directores de las empresas se negaban a formar parte de este juicio que aún no tiene fecha.
Sin embargo, la última novedad es que los jueces Jorge Argento, Carlos Grecco y Sergio Fernández rechazaron el pedido de las compañías Pioneer Argentina SRL y Du Pont Argentina SRL. Por eso, fuentes de Tribunales confirmaron que dentro del próximo mes la causa volvería al Juzgado N° 3, que ahora está a cargo del juez Santiago Carrillo.
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Agroquímicos: alerta en Entre Ríos por modificación de norma
Bordet firmaría esta semana la nueva reglamentación para aplicar agrotóxicos
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: Analisis Digital
Provincia/Región: Entre Ríos
El nuevo decreto que modificaría las distancias permitidas para la aplicación de agroquímicos alrededor de escuelas rurales, está listo para ser firmado por el gobernador Gustavo Bordet. Así lo adelantó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, en una visita a Gualeguaychú. “Estamos a la espera de la firma del gobernador”, dijo a R2820.
Cabe recordar que el miércoles pasado, productores convocados por la Mesa de Enlace de Entre Ríos se movilizaron hasta el ingreso Túnel Subfluvial para reclamar "una medida superadora" por parte del Ejecutivo.
"En el nuevo decreto ha trabajado mucho el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y también el ministerio de Economía a través del área de Producción. El secretario Álvaro Gabás fue quién estuvo trabajando en la letra de la nueva reglamentación y ha buscado apoyatura de las universidades, organismos tecnológicos y formados científicamente en el tema como INTA", sumó.
Al respecto, Rodríguez Signes informó: "El proyecto del nuevo decreto fue elaborado por mi persona, sobre la base de muchos informes que pedimos, de información recabada con datos científicos y entrevistas con profesionales del tema. Hicimos lo mejor que pudimos y, como todo decreto, llevará la firma del Gobernador y del ministro del área, en este caso, es el ministro de Economía Hugo Ballay porque la Secretaría de Producción depende de esa cartera".
También el fiscal de Estado ratificó que "esta semana el gobernador tendrá el decreto en su despacho seguro", aunque reconoció: "No sé si lo firmará inmediatamente". Luego agregó que las distancias son un "tema sensible y prefiero que el mandatario tenga primero la información como corresponde".
Rodríguez Signes confió que el criterio general del decreto "radica en intensificar los controles en el uso de los plaguicidas. Para establecer las distancias se tuvieron en cuenta todos los trabajos del INTA sobre las derivas y las distancias propuestas exceden las que están contenidas en las buenas prácticas agrícolas".
En paralelo, Romero recalcó que lo fundamental pasa por las medidas de control sobre las aplicaciones, el registro de las máquinas y empresas aplicadoras, los productos usados y sobre todo la emisión de las recetas agronómicas. "Los controles de parte del Estado provincial deben ser eficientes", expuso.
La ministra adelantó que "creo que el gobernador Gustavo Bordet estará firmando el decreto esta semana. Yo estuve la semana pasada interesada en la cuestión y me dijeron que estaba terminándose. Se esperaba un informe del Ministerio de Salud y la ministra Sonia Velázquez me dijo que ya estaba cumplimentado".
Cabe destacar que continúa vigente el fallo que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de mil metros de distancia de las escuelas rurales, para las terrestres, y a menos de tres mil metros para las aéreas. Así lo confirmó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) -en base al fallo del camarista Oscar Benedetto- declarando la nulidad del decreto 4407 previamente emitido por la Gobernación.
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Entre Ríos: agro movilizado por limitante a fumigaciones
Entre Ríos: 300 productores se movilizaron contra una restricción a los agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/07/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
Unos 300 productores se concentraron hoy en el acceso al túnel Paraná-Santa Fe en reclamo por un fallo judicial que limita las aplicaciones de agroquímicos en Entre Ríos.
"La medida buscó visualizar el reclamo de cientos de productores que han quedado sin posibilidades de producir sus establecimientos debido a un fallo que excluye de aplicar agroquímicos en un radio de 1000 y 3000 metros (para aplicaciones terrestres y aéreas, respectivamente) alrededor de las escuelas rurales", dijo Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
La provincia tiene 1095 escuelas rurales y, según el dirigente, la restricción significa que solo para aplicaciones terrestres más de 300.000 hectáreas quedarán totalmente improductivas. "Buscamos que el Ejecutivo provincial saque un pronto decreto reglamentado distancias y se pueda trabajar como en cualquier otra provincia", indicó.
"Los tiempos biológicos del campo no son los mismos que los tiempos de la justicia y la política. Estamos convencidos que nos asiste la ciencia, la técnica, el INTA, el Sensasa, el informe de los cuatro Ministerios de la Nación (los exMinisterios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia avanzaron en un documento con recomendaciones para aplicar), la legislación comparada y el sentido común. En ningún lugar del mundo existen estas zonas de exclusión con semejantes distancias", remarcó el ruralista.
"El sector debe producir en forma sustentable, es decir sustentable económica, social y ambiental, y con estos fallos es imposible que así sea", agregó.
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La Pampa, Glifosato y casos juducializados
Glifosato prohibido: en Chubut sí, en La Pampa no
Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Chubut se convirtió en la primera provincia que prohíbe oficialmente la venta, fabricación y utilización de glifosato. En La Pampa el Poder Judicial dejó un caso testigo de la contaminación en el olvido.
Hace tan solo algunos días, la provincia del sur argentino, a través de un decreto de su gobernador, Mariano Arcioni, promulgó la ley provincial que prohíbe el uso de ese agroquímico en todo su territorio. Más al norte, en la provincia de La Pampa un vecino de Guatraché, Héctor Rolando, ex diputado provincial del PJ y dos veces intendente, no encuentra eco en la Justicia para su denuncia contra el reelecto Intendente de Cambiemos Jorge Arrese, al que acusa de «utilizar de manera ilegal e irregular el herbicida Glifosato de Monsanto (Bayer) poniendo en riesgo la salud de la población».
La acusación apuntó a que la comuna «utiliza el pesticida en mochilas de fumigación del personal municipal sin barbijos ni control de dosis incumpliendo la ley provincial 1173». Sin embargo, la desidia judicial hace que los habitantes de La Pampa se enfrenten a diario a contratistas y productores por fumigaciones en áreas rurales y periurbanas. Aquí se sabe que hay innumerables proyectos de organizaciones intermedias a punto de ingresar a la Legislatura, que ahora se acelerarán.
Guatraché en la mira
En La Pampa el caso más sensible sucede en Guatraché y refiere a la salud de la esposa del litigante. En la denuncia se afirma que es de público conocimiento que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC sigla inglesa), que depende de la OMS, incorporó al glifosato en la lista de sustancias carcinógenas para humanos desde 2015.
La cónyuge de Rolando es atendida en un centro de salud santarroseño. Al iniciar la consulta médica, el profesional que la atendió le consultó si tenía contacto con pesticidas o glifosato. Le llamaban la atención las manchas aparecidas en un pulmón, las cuales podían advertirse gracias a las tomografías que le habían practicado a la paciente. El fiscal que interviene en la investigación, Juan Bautista Méndez, solicitó al Sanatorio Santa Rosa la historia clínica de la mujer, pero al parecer no avanzó más allá de eso.
En Argentina ya son doce los municipios que aprobaron ordenanzas que prohíben el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato -clave para el cultivo de soja transgénica- bajo sus jurisdicciones. El diputado provincial Darío Hernández presentó hace poco un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extendería dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Denuncias y desmentidas
En el expediente, caratulado «MPF c/Arrese, Sergio, Rolando Héctor (denunciante) s/investigación preliminar», el fiscal consultó al jefe comunal si en la localidad existía alguna ordenanza que regulara el uso de fertilizantes en el radio urbano y si la comuna había comprado el agroquímico (glifosato). Si esto era así, el fiscal pidió que se respondiera si se hizo por licitación privada y cuáles eran los datos del proveedor.
La presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Fantini, al igual que el intendente Arrese informaron al Ministerio Público Fiscal que no poseían ordenanza regulatoria del uso de glifosato en el radio urbano. Sin embargo, el 10 de mayo de 2013 el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 508/13, cuyo artículo 2º dice: «Queda prohibido en todo el ejido urbano, a partir de promulgación de ordenanza, circular, estacionar y depositar máquinas de fumigación, ya sea en espacios libres o cerrados cargados de agroquímicos».
En su artículo 4º, la norma explicita que «la fumigación terrestre solo está permitida a partir de los mil metros del límite del ejido urbano». Pero además, el 10 de agosto de 2006, Guatraché adhirió a la Ley 1914, Ambiental Provincial. En el expediente aparece la factura 868 del 3 de noviembre de 2017 de la firma Agronomía Guatraché donde surge que la comuna adquirió 40 bidones Glifosato Action Full y Glifosato Magnum Súper II.
Un TIP de otro país
El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) por intermedio del juez Pablo Balaguer no hizo lugar al recurso de apelación luego de que el juez achense Héctor Freigedo confirmara que Rolando no podía constituirse como querellante particular en la causa donde denunció el presunto uso ilegal y almacenamiento del agroquímico glifosato por parte del municipio guatrachense.
El magistrado de General Acha consideró que Rolando carecía de «legitimación» porque los delitos investigados tenían «como bienes jurídicos afectados a la salud pública y/o a la administración pública», por lo que el denunciante no revestía el carácter de ofendido penalmente. La defensa, en manos de Guillermo Galcerán, sostuvo que «si bien dichas figuras (penales) en ‘forma primordial’ protegen bienes jurídicos como la administración o salud pública, ello en modo alguno impide que esas mismas conductas investigadas afecten otros bienes jurídicos distintos pero también protegidos por el Código Penal; los que eventualmente facultaría la intervención del titular de ese bien jurídico como querellante particular».
Los hechos denunciados no solo afectan bienes sino la salud personal e integridad física del denunciante, por lo cual hay dos ofendidos penalmente por dicho delito. Balaguer, al rechazar la apelación, argumentó que la investigación aún no está formalizada, no existiendo calificación jurídica de los hechos investigados.
Insólitamente, el TIP falló además que, «más allá de los bienes jurídicos que se ven afectados por la calificación provisoria que podrían tener los hechos, no se reconoce que Rolando haya subsidiariamente visto vulnerado de forma directa y real alguno de sus derechos hasta este estado del proceso».
Realmente, en épocas donde tanto en el país y en el mundo estos casos son considerados de alta prioridad y celeridad para ser tratados, al parecer aquí deberán atravesar innumerables pasos jurídicos en medio de daños colaterales de alta gravedad para la salud de nuestros comprovincianos.
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Fecha de Publicación: 12/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: La Pampa
Chubut se convirtió en la primera provincia que prohíbe oficialmente la venta, fabricación y utilización de glifosato. En La Pampa el Poder Judicial dejó un caso testigo de la contaminación en el olvido.
Hace tan solo algunos días, la provincia del sur argentino, a través de un decreto de su gobernador, Mariano Arcioni, promulgó la ley provincial que prohíbe el uso de ese agroquímico en todo su territorio. Más al norte, en la provincia de La Pampa un vecino de Guatraché, Héctor Rolando, ex diputado provincial del PJ y dos veces intendente, no encuentra eco en la Justicia para su denuncia contra el reelecto Intendente de Cambiemos Jorge Arrese, al que acusa de «utilizar de manera ilegal e irregular el herbicida Glifosato de Monsanto (Bayer) poniendo en riesgo la salud de la población».
La acusación apuntó a que la comuna «utiliza el pesticida en mochilas de fumigación del personal municipal sin barbijos ni control de dosis incumpliendo la ley provincial 1173». Sin embargo, la desidia judicial hace que los habitantes de La Pampa se enfrenten a diario a contratistas y productores por fumigaciones en áreas rurales y periurbanas. Aquí se sabe que hay innumerables proyectos de organizaciones intermedias a punto de ingresar a la Legislatura, que ahora se acelerarán.
Guatraché en la mira
En La Pampa el caso más sensible sucede en Guatraché y refiere a la salud de la esposa del litigante. En la denuncia se afirma que es de público conocimiento que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC sigla inglesa), que depende de la OMS, incorporó al glifosato en la lista de sustancias carcinógenas para humanos desde 2015.
La cónyuge de Rolando es atendida en un centro de salud santarroseño. Al iniciar la consulta médica, el profesional que la atendió le consultó si tenía contacto con pesticidas o glifosato. Le llamaban la atención las manchas aparecidas en un pulmón, las cuales podían advertirse gracias a las tomografías que le habían practicado a la paciente. El fiscal que interviene en la investigación, Juan Bautista Méndez, solicitó al Sanatorio Santa Rosa la historia clínica de la mujer, pero al parecer no avanzó más allá de eso.
En Argentina ya son doce los municipios que aprobaron ordenanzas que prohíben el uso, la venta y la comercialización del herbicida glifosato -clave para el cultivo de soja transgénica- bajo sus jurisdicciones. El diputado provincial Darío Hernández presentó hace poco un proyecto para prohibir la fumigación aérea a 3.000 metros de los radios urbanos de municipalidades y comisiones de fomento del producto glifosato. Además, la prohibición se extendería dentro de un radio de 1.500 metros cuando la aplicación sea terrestre.
Denuncias y desmentidas
En el expediente, caratulado «MPF c/Arrese, Sergio, Rolando Héctor (denunciante) s/investigación preliminar», el fiscal consultó al jefe comunal si en la localidad existía alguna ordenanza que regulara el uso de fertilizantes en el radio urbano y si la comuna había comprado el agroquímico (glifosato). Si esto era así, el fiscal pidió que se respondiera si se hizo por licitación privada y cuáles eran los datos del proveedor.
La presidenta del Concejo Deliberante, María Cristina Fantini, al igual que el intendente Arrese informaron al Ministerio Público Fiscal que no poseían ordenanza regulatoria del uso de glifosato en el radio urbano. Sin embargo, el 10 de mayo de 2013 el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza 508/13, cuyo artículo 2º dice: «Queda prohibido en todo el ejido urbano, a partir de promulgación de ordenanza, circular, estacionar y depositar máquinas de fumigación, ya sea en espacios libres o cerrados cargados de agroquímicos».
En su artículo 4º, la norma explicita que «la fumigación terrestre solo está permitida a partir de los mil metros del límite del ejido urbano». Pero además, el 10 de agosto de 2006, Guatraché adhirió a la Ley 1914, Ambiental Provincial. En el expediente aparece la factura 868 del 3 de noviembre de 2017 de la firma Agronomía Guatraché donde surge que la comuna adquirió 40 bidones Glifosato Action Full y Glifosato Magnum Súper II.
Un TIP de otro país
El 24 de octubre del año pasado, el Tribunal de Impugnación Penal (TIP) por intermedio del juez Pablo Balaguer no hizo lugar al recurso de apelación luego de que el juez achense Héctor Freigedo confirmara que Rolando no podía constituirse como querellante particular en la causa donde denunció el presunto uso ilegal y almacenamiento del agroquímico glifosato por parte del municipio guatrachense.
El magistrado de General Acha consideró que Rolando carecía de «legitimación» porque los delitos investigados tenían «como bienes jurídicos afectados a la salud pública y/o a la administración pública», por lo que el denunciante no revestía el carácter de ofendido penalmente. La defensa, en manos de Guillermo Galcerán, sostuvo que «si bien dichas figuras (penales) en ‘forma primordial’ protegen bienes jurídicos como la administración o salud pública, ello en modo alguno impide que esas mismas conductas investigadas afecten otros bienes jurídicos distintos pero también protegidos por el Código Penal; los que eventualmente facultaría la intervención del titular de ese bien jurídico como querellante particular».
Los hechos denunciados no solo afectan bienes sino la salud personal e integridad física del denunciante, por lo cual hay dos ofendidos penalmente por dicho delito. Balaguer, al rechazar la apelación, argumentó que la investigación aún no está formalizada, no existiendo calificación jurídica de los hechos investigados.
Insólitamente, el TIP falló además que, «más allá de los bienes jurídicos que se ven afectados por la calificación provisoria que podrían tener los hechos, no se reconoce que Rolando haya subsidiariamente visto vulnerado de forma directa y real alguno de sus derechos hasta este estado del proceso».
Realmente, en épocas donde tanto en el país y en el mundo estos casos son considerados de alta prioridad y celeridad para ser tratados, al parecer aquí deberán atravesar innumerables pasos jurídicos en medio de daños colaterales de alta gravedad para la salud de nuestros comprovincianos.
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Entre Ríos: Cambiemos impulsa otro proyecto sobre pesticidas
Impulsan un proyecto de ley alternativo sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La iniciativa del bloque opositor ya tiene estado parlamentario. La norma provincial sería genérica y se complementaría con legislación municipal.
El bloque de senadores de Cambiemos presentó el lunes ante productores, en el salón de la parroquia San José de la ciudad de Crespo, un proyecto alternativo de ley de fitosanitarios. Con ello, la bancada opositora intenta aportar una solución al conflicto generado en torno a las fumigaciones con agroquímicos, que tuvo un punto de mayor virulencia por el rechazo de sectores productivos al fallo judicial que estableció que dichas aplicaciones no puedan realizarse a menos de 1.000 metros de las escuelas, si se trata de fumigación terrestre; y a no menos de 3.000 metros si la fumigación es aérea.
El encuentro fue convocado por entidades del sector agropecuario.
El proyecto fue presentado los senadores Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Francisco Morchio (Gualeguay), Beltrán Lora (Nogoyá), Raymundo Kisser (Paraná), Omar Schild (Diamante), Miguel Piana (Federación) y Roque Ferrari (Victoria).
En los fundamentos se indica que a raíz de que existen varios proyectos de ley que fueron tratados a lo largo de los últimos años, sin poder culminar con una sanción que regule la materia, “es necesario regular y acordar la sanción de una legislación sobre los fitosanitarios en Entre Ríos, con la premisa de cumplir con lo que establece la Constitución provincial de que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto todos los habitantes deben vivir en un ambiente sano y equilibrado”.
Premisas rectoras
Se establecen tres premisas que regulan la iniciativa: protección de la salud humana, protección de los recursos naturales y protección de la producción agrícola.
“A estos valores protegidos, se le suma la incorporación de dos principios rectores: 1) Integración de sistemas ecológicos y económicos; 2) Tratamiento responsable y equilibrado de los valores protegidos”, se indica en la propuesta.
Los legisladores recordaron que “entre los años 2016 y 2018 se trabajó en una comisión bicameral, compuesta por senadores y diputados de todos los bloques políticos y en función de ello se convocó a representantes de todos los sectores, públicos y privados, y se recibieron sus aportes, los cuales fueron debidamente analizados e integrados al anteproyecto de origen”, consignó APF.
“En función de ello, propiciamos que la norma provincial, contenga un marco de principios que sirvan de disposiciones generales tanto a la autoridad de aplicación como a los gobiernos municipales, para mediante su reglamentación, ordenanzas y decretos, ajustar la práctica de las actividades comprendidas en su regulación; lo suficientemente abierta para contemplar tanto las particularidades geográficas del territorio provincial, como el avasallante avance tecnológico cuya velocidad pone en riesgo de convertir en letra muerta o inservible cualquier disposición restrictiva o cerrada en la realidad actual”, se indicó.
Igualmente organismos del gobierno provincial trabajan en un nuevo decreto para regular la aplicación de plaguicidas, de acuerdo a lo que anticipó a mediados de junio el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
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Fecha de Publicación: 10/07/2019
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Entre Ríos
La iniciativa del bloque opositor ya tiene estado parlamentario. La norma provincial sería genérica y se complementaría con legislación municipal.
El bloque de senadores de Cambiemos presentó el lunes ante productores, en el salón de la parroquia San José de la ciudad de Crespo, un proyecto alternativo de ley de fitosanitarios. Con ello, la bancada opositora intenta aportar una solución al conflicto generado en torno a las fumigaciones con agroquímicos, que tuvo un punto de mayor virulencia por el rechazo de sectores productivos al fallo judicial que estableció que dichas aplicaciones no puedan realizarse a menos de 1.000 metros de las escuelas, si se trata de fumigación terrestre; y a no menos de 3.000 metros si la fumigación es aérea.
El encuentro fue convocado por entidades del sector agropecuario.
El proyecto fue presentado los senadores Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú), Francisco Morchio (Gualeguay), Beltrán Lora (Nogoyá), Raymundo Kisser (Paraná), Omar Schild (Diamante), Miguel Piana (Federación) y Roque Ferrari (Victoria).
En los fundamentos se indica que a raíz de que existen varios proyectos de ley que fueron tratados a lo largo de los últimos años, sin poder culminar con una sanción que regule la materia, “es necesario regular y acordar la sanción de una legislación sobre los fitosanitarios en Entre Ríos, con la premisa de cumplir con lo que establece la Constitución provincial de que la salud es un derecho humano fundamental y por lo tanto todos los habitantes deben vivir en un ambiente sano y equilibrado”.
Premisas rectoras
Se establecen tres premisas que regulan la iniciativa: protección de la salud humana, protección de los recursos naturales y protección de la producción agrícola.
“A estos valores protegidos, se le suma la incorporación de dos principios rectores: 1) Integración de sistemas ecológicos y económicos; 2) Tratamiento responsable y equilibrado de los valores protegidos”, se indica en la propuesta.
Los legisladores recordaron que “entre los años 2016 y 2018 se trabajó en una comisión bicameral, compuesta por senadores y diputados de todos los bloques políticos y en función de ello se convocó a representantes de todos los sectores, públicos y privados, y se recibieron sus aportes, los cuales fueron debidamente analizados e integrados al anteproyecto de origen”, consignó APF.
“En función de ello, propiciamos que la norma provincial, contenga un marco de principios que sirvan de disposiciones generales tanto a la autoridad de aplicación como a los gobiernos municipales, para mediante su reglamentación, ordenanzas y decretos, ajustar la práctica de las actividades comprendidas en su regulación; lo suficientemente abierta para contemplar tanto las particularidades geográficas del territorio provincial, como el avasallante avance tecnológico cuya velocidad pone en riesgo de convertir en letra muerta o inservible cualquier disposición restrictiva o cerrada en la realidad actual”, se indicó.
Igualmente organismos del gobierno provincial trabajan en un nuevo decreto para regular la aplicación de plaguicidas, de acuerdo a lo que anticipó a mediados de junio el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
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Entre Ríos: los productores vuelven a protestar
Productores de Entre Ríos vuelven a movilizarse por la prohibición de la aplicación de fitosanitarios
Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos anunciaron una movilización para el próximo miércoles 10 de julio, a partir de las 9.30 hasta el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis en la ciudad de Paraná.
El motivo de la marcha es para que las autoridades provinciales y judiciales anulen la prohibición que rige para limitar el área de aplicación de productos fitosanitarios en las proximidades de establecimientos educativos ubicados en las áreas rurales.
En la actualidad está vigente el fallo de la justicia provincial que estableció prohibiciones a distancias de 3.000 y 1.000 metros para la utilización de agroquímicos mediante aplicaciones aéreas y terrestres, respectivamente.
Esta situación ha provocado el malestar de los productores entrerrianos, que afirman que no pueden sembrar más de 300 mil hectáreas en toda la provincia -al menos no con insumos químicos- como lo hacían hasta ahora.
Desde el sector productivo se indicó que la imposibilidad de utilizar este tipo de tecnología traba el desarrollo de producciones tales como cítricos, trigo, arroz, lechería, carne, forestación y avicultura, entre otras.
Productores en "Alerta y Movilización"
La realización de la movilización del próximo miércoles, que cuenta con el aval de las entidades que conforman la Mesa de Enlace provincial, fue aprobada durante una asamblea de productores de toda la provincia de Entre Ríos que se reunieron el pasado lunes en la localidad de Crespo.
Luego de casi cuatro horas de exposiciones y debates, los ruralistas dispusieron marchar por las rutas de toda la provincia hasta el acceso al Túnel que une las ciudades de Paraná con Santa Fe donde, sin realizar un corte de tránsito, entregarán volantes con el reclamo a los ciudadanos para concientizar sobre esta difícil situación que afecta a casi el 20% de las tierras productivas del territorio provincial.
Diferentes entidades del ruralismo de Entre Ríos desde hace semanas están en "estado de alerta y movilización" como parte de sus reclamos de una definición en la reglamentación requerida para cumplir con las de aplicaciones de fitosanitarios por parte de las autoridades provinciales, a cuenta de las limitaciones impuestas por vía de la Justicia de la mencionada provincia.
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Fecha de Publicación: 09/07/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Entre Ríos
Productores agropecuarios de la provincia de Entre Ríos anunciaron una movilización para el próximo miércoles 10 de julio, a partir de las 9.30 hasta el Túnel Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre Begnis en la ciudad de Paraná.
El motivo de la marcha es para que las autoridades provinciales y judiciales anulen la prohibición que rige para limitar el área de aplicación de productos fitosanitarios en las proximidades de establecimientos educativos ubicados en las áreas rurales.
En la actualidad está vigente el fallo de la justicia provincial que estableció prohibiciones a distancias de 3.000 y 1.000 metros para la utilización de agroquímicos mediante aplicaciones aéreas y terrestres, respectivamente.
Esta situación ha provocado el malestar de los productores entrerrianos, que afirman que no pueden sembrar más de 300 mil hectáreas en toda la provincia -al menos no con insumos químicos- como lo hacían hasta ahora.
Desde el sector productivo se indicó que la imposibilidad de utilizar este tipo de tecnología traba el desarrollo de producciones tales como cítricos, trigo, arroz, lechería, carne, forestación y avicultura, entre otras.
Productores en "Alerta y Movilización"
La realización de la movilización del próximo miércoles, que cuenta con el aval de las entidades que conforman la Mesa de Enlace provincial, fue aprobada durante una asamblea de productores de toda la provincia de Entre Ríos que se reunieron el pasado lunes en la localidad de Crespo.
Luego de casi cuatro horas de exposiciones y debates, los ruralistas dispusieron marchar por las rutas de toda la provincia hasta el acceso al Túnel que une las ciudades de Paraná con Santa Fe donde, sin realizar un corte de tránsito, entregarán volantes con el reclamo a los ciudadanos para concientizar sobre esta difícil situación que afecta a casi el 20% de las tierras productivas del territorio provincial.
Diferentes entidades del ruralismo de Entre Ríos desde hace semanas están en "estado de alerta y movilización" como parte de sus reclamos de una definición en la reglamentación requerida para cumplir con las de aplicaciones de fitosanitarios por parte de las autoridades provinciales, a cuenta de las limitaciones impuestas por vía de la Justicia de la mencionada provincia.
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Determinan que el glifosato es más tóxico con el arsénico
El glifosato es más tóxico cuando se junta con el arsénico de los suelos
Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un científico santafesino aseguró en una investigación que la combinación del herbicida glifosato con el arsénico presente en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
El estudio fue elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, quien realizó el experimento en renacuajos. «La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos», dijo el científico.
Por esta razón, remarcó: «postulamos un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración». Lejmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos más importantes de la región y sus trabajos fueron utilizados por la Organización Mundial de la Salud para reclasificar el glifosato en 2015 como «probable cancerígeno humano».
El especialista explicó que para el experimento «se utilizó glifosato y arsénico en concentraciones ocho veces más bajas que las mínimas, que por ende no causan ningún efecto en los renacuajos». «En una primera etapa de la investigación ya obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir aumentaba la toxicidad», reveló.
En esa línea, señaló que «al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para desarrollo de todos los vertebrados como son la T3 y T4, se habían disparado».
A su vez, indicó que «el índice de proliferación celular también había aumentado, lo que no dejó lugar a dudas del poder de toxicidad de la unión de los elementos porque un índice de celular alto significa la existencia de una enfermedad tumoral».
Lejmanovich aclaró que no es médico como para afirmar una incidencia del glifosato combinado con el arsénico en la salud humana pero destacó que «existen muchas publicaciones médicas que dan cuenta de la relación de la exposición al glifosato y otros plaguicidas con la mayor incidencia de enfermedades tumorales».
La conclusión a la que llegó el científico fue que «el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN de ciertos organismos».
«Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí, tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población», advirtió el científico. Según la OMS, Argentina es uno de los países con más altos niveles de arsénico orgánico acumulado naturalmente en las aguas subterráneas.
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Fecha de Publicación: 02/07/2019
Fuente: La Arena
Provincia/Región: Nacional
Un científico santafesino aseguró en una investigación que la combinación del herbicida glifosato con el arsénico presente en los suelos «aumenta su toxicidad» y puede producir «problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos».
El estudio fue elaborado por el doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, quien realizó el experimento en renacuajos. «La investigación demostró el efecto sinérgico entre el glifosato y el arsénico que produce, entre otras cosas, problemas hormonales y modificaciones en el ADN de organismos vivos, que en este caso fueron renacuajos», dijo el científico.
Por esta razón, remarcó: «postulamos un riesgo eco toxicológico muy grande en las zonas en donde ambos elementos están en gran concentración». Lejmanovich es considerado por sus colegas como uno de los científicos más importantes de la región y sus trabajos fueron utilizados por la Organización Mundial de la Salud para reclasificar el glifosato en 2015 como «probable cancerígeno humano».
El especialista explicó que para el experimento «se utilizó glifosato y arsénico en concentraciones ocho veces más bajas que las mínimas, que por ende no causan ningún efecto en los renacuajos». «En una primera etapa de la investigación ya obtuvimos el primer dato de que ambas sustancias combinadas alcanzaban un efecto sinérgico, es decir aumentaba la toxicidad», reveló.
En esa línea, señaló que «al analizar la sangre de los renacuajos notamos que los valores de dos hormonas fundamentales para desarrollo de todos los vertebrados como son la T3 y T4, se habían disparado».
A su vez, indicó que «el índice de proliferación celular también había aumentado, lo que no dejó lugar a dudas del poder de toxicidad de la unión de los elementos porque un índice de celular alto significa la existencia de una enfermedad tumoral».
Lejmanovich aclaró que no es médico como para afirmar una incidencia del glifosato combinado con el arsénico en la salud humana pero destacó que «existen muchas publicaciones médicas que dan cuenta de la relación de la exposición al glifosato y otros plaguicidas con la mayor incidencia de enfermedades tumorales».
La conclusión a la que llegó el científico fue que «el riesgo ecológico aumenta considerablemente en zonas en las que hay presencia de arsénico en la tierra y en donde a su vez se utiliza glifosato para los cultivos, ya que su combinación produce daño en el ADN de ciertos organismos».
«Probablemente el arsénico no podamos sacarlo de la tierra porque tiene millones de años ahí, tal vez el glifosato es el que debamos erradicar para no dañar la salud de la población», advirtió el científico. Según la OMS, Argentina es uno de los países con más altos niveles de arsénico orgánico acumulado naturalmente en las aguas subterráneas.
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Desplazan a directora opositora a las fumigaciones
Una directora desplazada denunció persecución por ser antifumigaciones
Fecha de Publicación: 25/06/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La docente integra un grupo de vecinos autoconvocados de Sastre y dijo que esa es la verdadera causa por la que le inician un sumario.
"Desde el 5 de junio de 2018 cuando junto a un grupo de alumnos del Centro de Estudiantes participamos de una jornada por el Día Mundial del Ambiente empezaron las presiones y seguimientos hacia mi accionar como directora de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada 639 "Patricias Mendocinas" de Sastre, tras 23 años de estar en el cargo habiendo llegado por concurso y con el puntaje más alto y sin ninguna situación de este tipo ", dijo Daniela Soldano, recientemente desplazada de la dirección de la escuela mientras se desarrolla un sumario por presuntas irregularidades al convocar a un docente no escalafonado para cubrir sólo dos horas cátedra.
"Tras participar de la marcha, desde el municipio llamaron para informarme que dejarían de abonar la cuota de Internet. Como yo manifesté mi intención de difundir la situación en los medios, logré que dieran marcha atrás pero inmediatamente comencé a recibir advertencias de la Delegación Regional VIII sobre supuestas quejas que había hacia mi persona", continuó Daniela.
"Luego se dio la situación de la renuncia de cuatro docentes de primer año y tras intentar infructuosamente convocar a quienes podían reemplazar según el escalafón, para que los alumnos no siguieran perdiendo horas de clase llamé, en uno de los casos, a un docente idóneo no escalafonado, pero que forma parte del Plan de Mejoras de la Escuela, como docente de acompañamiento y capacitado por el Programa Escuela Abierta como profesor tertuliante. Esto es muy común ya que lo que buscamos los directores es que los alumnos no queden sin clases. Desde la Delegación VIII de Educación se me llamó la atención por esto, que se corrigió inmediatamente en 2018". Pero la delegada regional, Ivana Pace, salió a desmentir lo que desde la agrupación de autoconvocados calificaron como "una medida ejemplificadora y disciplinadora a quienes buscan que se alejen las fumigaciones de las zonas pobladas".
Soldano es integrante de Autoconvocados y también firmante del amparo ambiental interpuesto por 43 vecinos contra el municipio para lograr la sanción de una norma que fije mayores distancias entre las fumigaciones y la gente, teniendo en cuenta el pedido de los padres de Zoe Giraudo (una niña que se recupera de un cáncer) y sabiendo que en Sastre las enfermedades oncológicas y de tiroides superan ampliamente la media nacional, cuestión vinculada científicamente al modelo agroindustrial y los agrotóxicos y registrada por un Campamento Sanitario hecho por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.
"Acá se puso en juego mi honor, mi trayectoria y mi lucha. A mí no me mueven intereses políticos como a la intendenta María Amero o la delegada regional, ambas del Frente Progresista, y casualmente también lo es quien hoy ocupa la dirección de la escuela por ser persona de confianza de la delegada y no por concurso o idoneidad académica".
No es la primera vez que desde Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente denuncian persecución desde el municipio y represalias sobre la fuente laboral de sus integrantes. Por eso, a principios de 2019, Soldano, junto a otros integrantes de la agrupación, había anticipado a través de una denuncia asentada en la Defensoría del Pueblo de San Jorge que era víctima de hostigamiento de parte del municipio de Sastre.
"Considero que conmigo se está cometiendo una injusticia al iniciarme un sumario y desplazarme del cargo teniendo en cuenta que los motivos no ameritan semejante decisión. Por eso quiero que mi caso llegue a la sección Jurídica del Ministerio ya que fue armado en mi contra por la delegada regional".
La delegada
Por su parte la delegada regional indicó en una radio que "hubo un reclamo de una docente que se vio perjudicada al momento del ofrecimiento de una licencia. Se verificó en el sistema y se demostró que se detectaron irregularidades en la carga de reemplazos. No hay un reclamo sobre su rol docente y no hay por qué desplazarla del cargo. Mientras dure el proceso de investigación, para que no se siga incurriendo en irregularidades, se la desplaza del cargo directivo, cumpliendo horarios en otra escuela local", apuntó.
Además Pace aseguró que "tras haber notificado a la directora que se habían detectado irregularidades, las mismas seguían". Ante esta afirmación Soldano dijo que "la irregularidad en el reemplazo fue inmediatamente subsanada, pero lo que la delegada asegura que las irregularidades seguían se debe a que el 13 de noviembre de 2018, la ruta 13 se cortó por estar inundada y hubo docentes que no podían llegar a la escuela. Ese día, pese a en varias aulas el agua entraba como catarata desde los artefactos lumínicos, hicimos lo posible para resguardar a los alumnos y ubicarlos en otros ambientes para que puedan tener clases. En ese contexto y con aviso previo a la Delegación de Educación, vuelvo a llamar al mismo docente para que supliera a quienes no podían llegar por la lluvia. Hay videos que muestran la situación de caos en la que estábamos con el agua entrando por todos lados pero la delegada Pace, lejos de preocuparse por los alumnos, me llamó para advertirme que no se viralizara el video y me pidió que sancionara al docente que tomó las imágenes. Todo esto está en el expediente de mi defensa y puedo demostrar y justificar mi proceder", finalizó.
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Fecha de Publicación: 25/06/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
La docente integra un grupo de vecinos autoconvocados de Sastre y dijo que esa es la verdadera causa por la que le inician un sumario.
"Desde el 5 de junio de 2018 cuando junto a un grupo de alumnos del Centro de Estudiantes participamos de una jornada por el Día Mundial del Ambiente empezaron las presiones y seguimientos hacia mi accionar como directora de la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada 639 "Patricias Mendocinas" de Sastre, tras 23 años de estar en el cargo habiendo llegado por concurso y con el puntaje más alto y sin ninguna situación de este tipo ", dijo Daniela Soldano, recientemente desplazada de la dirección de la escuela mientras se desarrolla un sumario por presuntas irregularidades al convocar a un docente no escalafonado para cubrir sólo dos horas cátedra.
"Tras participar de la marcha, desde el municipio llamaron para informarme que dejarían de abonar la cuota de Internet. Como yo manifesté mi intención de difundir la situación en los medios, logré que dieran marcha atrás pero inmediatamente comencé a recibir advertencias de la Delegación Regional VIII sobre supuestas quejas que había hacia mi persona", continuó Daniela.
"Luego se dio la situación de la renuncia de cuatro docentes de primer año y tras intentar infructuosamente convocar a quienes podían reemplazar según el escalafón, para que los alumnos no siguieran perdiendo horas de clase llamé, en uno de los casos, a un docente idóneo no escalafonado, pero que forma parte del Plan de Mejoras de la Escuela, como docente de acompañamiento y capacitado por el Programa Escuela Abierta como profesor tertuliante. Esto es muy común ya que lo que buscamos los directores es que los alumnos no queden sin clases. Desde la Delegación VIII de Educación se me llamó la atención por esto, que se corrigió inmediatamente en 2018". Pero la delegada regional, Ivana Pace, salió a desmentir lo que desde la agrupación de autoconvocados calificaron como "una medida ejemplificadora y disciplinadora a quienes buscan que se alejen las fumigaciones de las zonas pobladas".
Soldano es integrante de Autoconvocados y también firmante del amparo ambiental interpuesto por 43 vecinos contra el municipio para lograr la sanción de una norma que fije mayores distancias entre las fumigaciones y la gente, teniendo en cuenta el pedido de los padres de Zoe Giraudo (una niña que se recupera de un cáncer) y sabiendo que en Sastre las enfermedades oncológicas y de tiroides superan ampliamente la media nacional, cuestión vinculada científicamente al modelo agroindustrial y los agrotóxicos y registrada por un Campamento Sanitario hecho por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.
"Acá se puso en juego mi honor, mi trayectoria y mi lucha. A mí no me mueven intereses políticos como a la intendenta María Amero o la delegada regional, ambas del Frente Progresista, y casualmente también lo es quien hoy ocupa la dirección de la escuela por ser persona de confianza de la delegada y no por concurso o idoneidad académica".
No es la primera vez que desde Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente denuncian persecución desde el municipio y represalias sobre la fuente laboral de sus integrantes. Por eso, a principios de 2019, Soldano, junto a otros integrantes de la agrupación, había anticipado a través de una denuncia asentada en la Defensoría del Pueblo de San Jorge que era víctima de hostigamiento de parte del municipio de Sastre.
"Considero que conmigo se está cometiendo una injusticia al iniciarme un sumario y desplazarme del cargo teniendo en cuenta que los motivos no ameritan semejante decisión. Por eso quiero que mi caso llegue a la sección Jurídica del Ministerio ya que fue armado en mi contra por la delegada regional".
La delegada
Por su parte la delegada regional indicó en una radio que "hubo un reclamo de una docente que se vio perjudicada al momento del ofrecimiento de una licencia. Se verificó en el sistema y se demostró que se detectaron irregularidades en la carga de reemplazos. No hay un reclamo sobre su rol docente y no hay por qué desplazarla del cargo. Mientras dure el proceso de investigación, para que no se siga incurriendo en irregularidades, se la desplaza del cargo directivo, cumpliendo horarios en otra escuela local", apuntó.
Además Pace aseguró que "tras haber notificado a la directora que se habían detectado irregularidades, las mismas seguían". Ante esta afirmación Soldano dijo que "la irregularidad en el reemplazo fue inmediatamente subsanada, pero lo que la delegada asegura que las irregularidades seguían se debe a que el 13 de noviembre de 2018, la ruta 13 se cortó por estar inundada y hubo docentes que no podían llegar a la escuela. Ese día, pese a en varias aulas el agua entraba como catarata desde los artefactos lumínicos, hicimos lo posible para resguardar a los alumnos y ubicarlos en otros ambientes para que puedan tener clases. En ese contexto y con aviso previo a la Delegación de Educación, vuelvo a llamar al mismo docente para que supliera a quienes no podían llegar por la lluvia. Hay videos que muestran la situación de caos en la que estábamos con el agua entrando por todos lados pero la delegada Pace, lejos de preocuparse por los alumnos, me llamó para advertirme que no se viralizara el video y me pidió que sancionara al docente que tomó las imágenes. Todo esto está en el expediente de mi defensa y puedo demostrar y justificar mi proceder", finalizó.
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La Justicia argentina cómplice del genocidio por Glifosato
Glifosato: la Corte Suprema y toda la Justicia argentina es cómplice del genocidio
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Agencia NOVA
Provincia/Región: Nacional
Como profesional del Derecho, el dolor y la impotencia ante tanta connivencia del Poder Judicial es inconmensurable. ¿Cuántos más deben morir para que entiendan que el Roundup glifosato y todas sus formulaciones son cancerígenas? Algunos científicos ya lo consideran más tóxico que el DDT, que para prohibirlo llevó más de 50 años y quien logró tal hazaña y no pudo verlo en vida, fue la bióloga Rachel Carson, quien falleció en 1964.
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC-OMS) también clasificó a los insecticidas DDT y lindano. El DDT fue clasificado como “probable cancerígeno” en base a pruebas suficientes de que produce cáncer en animales de experimentación y existen “pruebas limitadas” en humanos. En 1973, once años después de la publicación de "Primavera silenciosa", la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos) prohibió el uso del DDT. En Argentina, recién se prohibió en 1990.
Pero ya no tendrán justicia los afectados que han fallecido por los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos en Argentina. Tal es el caso de la beba Julieta Florencia Sandoval, quien nació el 15 de abril de 2010, y murió a los siete meses, el 13 de diciembre del mismo año, en Bandera, Santiago del Estero. Ya no podía respirar porque sus pulmones eran apretados contra la escoliosis severa de su columna, tenía una traqueotomía, nació con varias malformaciones, hidrocefalia, parálisis facial y parálisis cerebral. Fue concebida en un ambiente impactado por agroquímicos. Un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos de los tóxicos. Sus padres trabajaban en el campo, su tío y su abuelo eran fumigadores terrestres en los famosos "mosquitos". Su abuelo falleció y su abuela padece varias enfermedades por compartir la misma casa contaminada.
Fabián Tomasi, el fumigador de Basavilbaso, Entre Ríos, falleció a los 52 años en septiembre de 2018. Padecía una polineuropatía tóxica severa. Él no se cansaba difundir los peligros a los que fue expuesto cuando llenaba los tanques de las avionetas con Round Up y distintos cocteles manipulándolos sin ninguna protección, y hasta jugando con las gotas de los picos de la avioneta, donde bajo su sombra, almorzaba a la vera de los sembradíos que serían fumigados minutos después.
Ambos son actores en el amparo y sus desprendimientos a la fecha, pero también fallecieron algunos testigos de ese agrocidio. Entre ellos el científico doctor Andrés Carrasco, en mayo de 2014, investigador del Conicet, quien fue director del laboratorio de Embriología Molecular de la UBA y puso en alerta al país que los intereses de quienes lideran la economía mundial ponían en serio riesgo la salud. Los mismos que hoy festejan la cosecha récord de soja.
El doctor Hugo Néstor “Bubi” Gómez Demaio, con una incalculable prueba fotográfica y empírica de las malformaciones más diversas en los niños de Misiones, nos dejó en julio de 2017 y poco después el 13 de diciembre de 2017 falleció el médico santafesino Rodolfo Páramo, quien denunció los primeros 12 casos de nacimientos con malformaciones en la ciudad de Malabrigo. Mi gran amigo, y todos mis compañeros de Congresos y viajes se han ido y duele seguir esta lucha sin ellos.
A diferencia de los Tribunales estadounidenses, nuestra Justicia Federal Argentina rechazó los autos “Giménez, Alicia Fany y Otros C/ Ministerio de Agroindustria y Otros s/ Medida Cautelar (Autónoma)” donde un grupo de ciudadanos demandaron ponerle un límite a los agrotóxicos.
Los abogados iniciaron la causa madre en el año 2012 ante la Corte Suprema de Argentina, los doctores Horacio Rodolfo Belosi, Miguel Araya, Daniel Eduardo Salaberry, Graciela Cristina Vizcay Gomez, Jorge Alberto Mosset Iturraspe Cravin, y Santiago Andres Kapun. Algunos de ellos fueron letrados en el leading case "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) donde la Corte dio cátedra, a diferencia de su actual composición.
Se trata de la demanda contra las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santiago del Estero, contra el Ministerio de Agroindustria, contra el Consejo Federal de Medio Ambiente y las empresas Monsanto; Dow AgroSciences, Nidera y Syngenta, entre otras.
Los amparistas buscamos una declaración judicial sobre la determinación científica de la inocuidad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) de origen animal o vegetal. También se requirió que se ordenara la suspensión provisional de “la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas” y estén directamente relacionados con el cultivo de soja, maíz, girasol, trigo, algodón, y de todos los actos administrativos que aprobaron desde la Resolución nula N*167/1997. Esa suspensión provisional también abarca la aplicación de agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o “cualquier otro paquete químico atado al uso de las semillas transgénicas”, ya sea mediante fumigaciones terrestres (mosquitos, mochilas, aspersores) o aéreas (avión) que contengan glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo”.
Cada una de las presentaciones desde el año 2012 a la fecha, fueron sistemáticamente rechazadas por cuanto juzgado sorteado en los que cayera, como si fuera una papa caliente. Aquí en la imagen que adjunto están solo algunas de las causas llevadas a Tribunales que se desprenden del amparo presentado en 2012. Uno de ellos que data del año 2014 espera hoy los votos de la Corte Suprema, y se encuentra en el despacho del juez Rosenkrantz.
El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, falló o firmó resoluciones sobre 20 empresas que antes de estar en la Corte, defendió como abogado. Las benefició a todas, pese a que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es claro en su artículo 17 respecto a la recusación con expresión de causa. Sin embargo, el presidente de la Corte no obedeció el mandato de la ley, contrariando lo dicho en su primer discurso de apertura del año judicial el 19 de marzo último, donde reconoció que el Poder Judicial atraviesa una “crisis de legitimidad” y de “confianza” que “hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana” y que “se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho”.
A diferencia de Argentina, en Estados Unidos la primer demanda de este tipo que llegó a juicio y condenó a Monsanto a pagar más de 289.25 millones de dólares en daños, incluidos 250 millones de dólares en daños punitivos por ocultar con malicia la peligrosidad del producto estrella de la compañía. La jueza del caso redujo estos últimos a 39.2 millones, en una orden con fecha del 22 de octubre de 2018, dejando el monto final en 79.5 millones y reconfirmando la culpabilidad de Monsanto.
En agosto de 2018, un jardinero de escuelas de 46 años llamado Dwayne Johnson usaba regularmente a Roundup en su trabajo en el distrito escolar en el norte California. Después de pasar años mezclando y rociando la sustancia química, Johnson desarrolló una erupción, que se convirtió en lesiones y luego en linfoma no Hodgkin. El caso fue tramitado de urgencia porque a Johnson le pueden quedar meses de vida. El jurado consideró probado que los agrotóxicos Roundup y Ranger Pro causaron el linfoma y que Monsanto no informó en el marbete la peligrosidad de los formulados, componentes que la sentencia considera que causan cáncer.
En California es obligatorio que todo lo que lleve un componente cancerígeno esté etiquetado. El abogado de Monsanto citó décadas de estudios en los que no existe ninguna relación entre el glifosato y el tipo de cáncer que padece Johnson. Pero la conclusión de que Monsanto "obró de mala fe" se basó en que el Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la Organización Mundial de la Salud, califica el glifosato como “probablemente cancerígeno” y el fallo encontró al herbicida de la empresa como "un factor sustancial para causar cáncer".
En marzo de 2019, la exposición al Roundup también fue un "factor determinante" en el desarrollo del cáncer de Edwin Hardeman Hardeman, quien fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en febrero de 2015 después de usar Roundup en su propiedad rociandolo más de 300 veces en 26 años.
También a finales de marzo de 2019 condenó a la compañía Monsanto a pagar más de 2.000 millones de dólares a Alva y Alberta Pilliod, un matrimonio de 70 años de San Francisco que usó el herbicida Roundup en sus tierras, y contrajeron cáncer. Monsanto deberá pagarles una indemnización de 2.000 millones de dólares (1.000 millones a cada uno) además de otros 55 millones en compensación por pérdidas económicas y perjuicio moral, entre otros. Alva Pilliod fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en 2011 y Alberta fue diagnosticada en 2015.
A partir de marzo de 2019, el glifosato se ha restringido en 28 países de todo el mundo. En una encuesta de 2016, aproximadamente el 66 por ciento de los encuestados en los cinco países más grandes de la Unión Europea apoyaron la prohibición de los productos con glifosato.
Pero todo lo que antecede parece no ser suficiente para los jueces de Argentina, ni para la Corte Suprema, que rechaza todos los amparos y se convierte en cómplice del genocidio en masa de los más de 44 millones de habitantes que en forma directa e indirecta somos envenenados a diario por todas esas empresas. Que además nos alimentan con la cuota diaria de venenos, talan nuestros bosques, causan inundaciones y el mayor número de alergias y enfermedades que afectan en su mayoría a niños que son los que más expuestos están a los riesgos y a la ubicuidad de los venenos, tanto en zonas de sembradíos como en las ciudades.
Bayer compró Monsanto solo dos meses antes del veredicto de Dwayne Johnson, y deberá enfrentar más de 13 mil juicios en los Estados Unidos. Muchas de las víctimas no llegarán a la sentencia con vida. Y las familias de los jueces también están en la lista, nadie está salvo del Roundup.
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Entre Ríos: Bordet quiere modificar normativa de fumigaciones
Agroquímicos: el decreto que prepara el Gobierno sobre fumigaciones diferenciaría tipos de cultivo
Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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Fecha de Publicación: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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500 millones de litros de agrotóxicos por año
En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año
Fecha de Publicación: 14/06/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional
En nuestra última presentación, el 5 de Junio de 2019, en una muy concurrida clase de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión del día del ambiente, y ejercitando su defensa, exhibimos los datos de los impactos del agronegocio y los reales números sobre la cantidad de agrotóxicos que se comercializan para su uso en la Argentina.
Sucede, que después de 4 años, se pudo acceder a los datos sobre cantidad de agrotóxicos en litros/kilos comercializados en Argentina, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por las empresas que componen la la Cámara de Sanidad y Fertilizantes CASAFE. Ello, a través de informes de dos Consultoras Pampas Group e Investigaciones Económicas Sectoriales IES, que analizaron los números de dicha cámara empresarial.
CASAFE, nuclea a una treintena de empresas que poseen el mayor volumen de venta de agrotóxicos en la Argentina, representando al 80 % 85 % del mercado agroindustrial local, el otro 15 a 20 % corresponde a más de un centenar de empresas que o bien forman parte de otras cámaras más pequeñas o no están agrupadas en ningún colectivo de representación empresarial.
Por ello, los números de CASAFE, adquieren una relevancia significativa, atento que reflejan gran parte del volumen de los agrotóxicos que se consumen en la Argentina, siendo que el Estado, ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial, dejando todo al libre albedrío de las corporaciones del agronegocio.
Sin datos concretos y oficiales, es imposible que el Estado pueda implementar políticas públicas y tener un accionar precautorio, ni tampoco asegurar el derecho a la información de la población sobre una actividad y productos químicos que tienen entidad suficiente para producir impactos negativos significativos en la salud, el ambiente y la biodiversidad. Algo que efectivamente está sucediendo.
Pero debemos partir de la base que el agronegocio presenta un grave déficit democrático. El modelo agroalimentario Argentino Nunca fue objeto de un debate abierto, sincero y soberano en el Congreso Nacional , salvo - como siempre sucede - para procurar leyes que benefician a las corporaciones del agronegocio, como la ley de semillas o la nefasta ley sobre agrotóxicos de Basterra. Todo hoy se rige por resoluciones de despachos administrativos donde funcionarios serviles al agronegocio, que transcienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas contundentes que obligan a revisar, suspender y hasta prohibir a una gran cantidad de agrotóxicos en uso en la agricultura industrial.
En cuanto a la información sobre las ventas y volumen en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se consumen en la Argentina, el último dato brindado por CASAFE data del periodo 2012/2013: 285 millones de litros/kilos.
Esos números solo comprenden el 80% 85 % del mercado. Si proyectamos el 15% 20 % restante de las empresas no nucleadas en CASAFE, el volumen total de agrotóxicos comercializados en Argentina, en el año 2013, fue aproximadamente 300/330 millones l/k por año.
A partir del periodo correspondiente al año 2014, CASAFE dejó de publicar ex profeso los datos de volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina, ante las constantes denuncias de las asambleas y organizaciones de los Pueblos Fumigados sobre la insostenibilidad del modelo agroindustrial ya que una sostenida mayor demanda de uso de venenos, año tras año, confirma ese carácter de modo irrefutable.
Por ello, otrora y luego de dos años sin saber sobre la cantidad de consumo de agrotóxicos en la agricultura Argentina, comenzamos a indagar sobre esa información faltante, que las empresas ocultan y que un Estado cómplice acompaña con su omisión de actuación.
Arribamos a las primeras conclusiones, en el mes de Octubre de 2015, las cuales fueron expuestas en el 3ª Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En nuestra presentación exhibimos una primera aproximación señalando que conforme a nuestras investigaciones la cantidad de agrotóxicos se habían incrementado en las campañas 2013/14 y 2014/15.
Así, sostuvimos que al año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en Argentina ascendía a la suma de 350 millones de litros/kilos por año, aproximadamente.
Esos datos los volvimos a reafirmar en todas nuestras presentaciones y charlas, tanto en el grupo de trabajo de organizaciones mundiales contra el agronegocio, por Argentina en la Asamblea de los Pueblos, en La Haya (Holanda), en Octubre de 2016 y en el 1° Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos, en el mes de Noviembre de 2016.
En el informe de la Consultora Pampas Group, puesto en conocimiento a fines del año 2018, sobre el periodo correspondiente al año 2014, se reconoce que las empresas que componen CASAFE, comercializaron un volumen de 305 millones de litros/kilos de agrotóxicos en el año 2014. Si proyectamos al 100 % del mercado esa cifra asciende a los 350/360 millones de litros kilos por año el 2014.
El informe confirma las cifras que aseveramos en Octubre 2015 en el Congreso Médico.
El otro dato que se informa por Pampas Group, es el incremento del 13 % en volumen de productos (que se traduce en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos) del año 2016, respecto del año 2015, aunque omitiendo toda información sobre este último.
Los números de los volúmenes de consumo de agrotóxicos en el año 2015, podemos deducirlo de una nota en el diario La Nación, en su sección Campo, que informó en su momento, que en ese año, respecto del año 2014, las cantidades de kilos litros de agrotóxicos se incrementó en el 17,1 %.
Si tomamos la base de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE (80% 85 % del mercado) en el año 2014: 305 millones de litros/kilos, y considerando el incremento del 17,1% que menciona el diario La Nación respecto del año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina en ese año, solo por las empresas que componen CASAFE, fue de 356 millones de litros/kilos.
Si le sumamos el 15% / 20 % del mercado restante, las cantidades llegan a los 410/427 de litros/kilos de agrotóxicos por año por el periodo correspondiente al año 2015
O sea, muy cerca de los 423 millones Litros/kilos que informamos y denunciamos que ya se usaban para el 2016 en la Argentina (no ya los 350 millones litros/kilos del 2014/2015) en nuestras presentaciones y charlas en los años 2017 y 2018 en Brasil, Bolivia y Argentina.
Como podemos observar, entonces, que los datos que postulamos como muy probables en cuanto a los volúmenes de uso de agrotóxicos en la Argentina - sin tener a la vista los informes de Pampas Group de fines de 2018 sobre CASAFE y publicados recientemente, a principios del año 2019 - , quedan confirmados.
Como ya lo adelantamos, más arriba, Pampas Group señala que de los números del 2016 de CASAFE se constata que el volumen de agrotóxicos comercializados aumentó un 13 % respecto del 2015.
Por lo tanto, para saber sobre la data del volumen de agrotóxicos comercializados en el 2016 que refieren a CASAFE (80 % 85% del mercado), habría que agregar a los 356 millones de litros/kilos del año 2015, el incremento que se verificó en el 2016: 13 % -.
Esa operación nos da unos 402 millones de litros/kilos por el año 2016 para las empresas nucleadas en CASAFE.
Ahora bien por otro lado, la Consultora IES, señala que el volumen estimado por el año 2016 de agrotóxicos comercializados asciende a los 393 millones litros kilos, aproximados a los 402 millones que se deducen de los datos consignados por Pampa Group respecto al volumen de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE – 80 % 85 % del mercado.
Si a los 393/402 millones de litros kilos los proyectamos al 100 % del mercado de agrotóxicos, nos da promedio: 465 millones de litros/kilos, como el número total del año 2016, aproximadamente.
Según IES, en el año 2018, las empresas comprendidas en CASAFE vendieron para su uso en Argentina, 460 millones de litros kilos de agrotóxicos, representando un incremento del 10,9 % respecto del año 2017, donde se consumieron 410 millones de litros kilos de agrotóxicos.
Por lo tanto, realizando una proyección al 100 % del total del mercado (+ 15/20%), los números totales serian de + 480 millones de litros/kilos y + 525 millones de litros/kilos , aproximadamente para los años 2017 y 2018, respectivamente.
Así quedan revelados los números sobre la cantidad de agrotóxicos que se consumen en la actualidad en la Argentina. A estos más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos que se utilizan por año, resta adicionarle todas las operaciones informales.
También debemos recalcar que algunos medios de prensa, no distinguen entre agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos). Más a allá que ambos son un problema ambiental y grave. Así por ejemplo se observan varias notas periodísticas de medios hegemónicos que refieren a que, en los años 2016 y 2017, el uso de agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos) fue de 360 y 380 millones de litros kilos, respectivamente, lo cual es absolutamente incorrecto. Esas cifras refieren sólo a fertilizantes que en el año 2016 el volumen fue de 3.609.084 de millones k/l y en el 2017 de 3.776.902 millones k/l, según los datos de Fertilizar. En el año 2018, esa cifra siguió en ascenso: 4.305.000 millones k/l.
Computando conjuntamente los volúmenes de fertilizantes (sintéticos) y agrotóxicos, en el año 2018, la suma total fue casi mil millones de litros/kilos.
El futuro es nuestro, no a las corporaciones del agronegocio
Mirando hacia adelante, los datos no son alentadores. Es importante considerar las metas propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario ideado e implementado en el año 2012 y que es una auténtica política de Estado que ha transcendido a los gobiernos y se mantiene firme en el cumplimiento de las sub-metas.
El objetivo final del PEA es llegar a casi 48 millones de hectáreas de agricultura sometidas al modelo del agronegocio.
La sub-meta fijada en el PEA para el año 2030 es de 43 millones de hectáreas. De cumplirse con ese objetivo y mantenerse la línea ascendente en el consumo de agrotóxicos la cantidad de litros kilos de los mismos sería para el año 2030 + 600 millones.
Otro dato muy preocupante y coincidente con esa cifra ascendente, son los 800 millones de litros/kilos de fertilizantes sintéticos que la principal cámara de empresas productoras de fertilizantes (CIAFA) tiene como meta final, siendo que estas sustancias guardan una estrecha relación en cantidad de uso por año con los agrotóxicos.
La Relatora del Derecho a la Alimentación de la ONU, ya alertó al Consejo de Derechos Humanos y a nuestro país, en su informe especial por Argentina del año 2018, que el modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agrotóxicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente. Nosotros agregamos que es abiertamente inconstitucional por ser incompatible con el paradigma ambiental que nos propone la carta magna en cuanto las actividades productivas deben satisfacer las necesidades de la sociedad actual pero sin comprometer el acervo ambiental, pensando en las generaciones futuras.
Hoy ya sabemos que son más de 525 millones de litros kilos de agrotóxicos, también que la casi totalidad de los alimentos que consume la población en la Argentina, frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas vienen con residuos de agrotóxicos, tal como lo empezamos a revelar desde Abril 2017, en el informe "Heladeras Fumigadas Argentinas" con datos oficiales del Estado que tenia bien guardados. Y que luego sistematizamos, en Julio de 2018, en el informe "El Plato Fumigado", inmediatamente tras haber obtenido las concentraciones de los 82 venenos detectados en 38 alimentos, en los controles oficiales entre los años 2011-2016.
Y cuando hablamos de agrotóxicos, nos referimos sin eufemismos a venenos, porque son sustancias tóxicas con entidad para producir cánceres, afectación crónica al sistema hormonal y nervioso humano, en base a la información científica disponible, o sea debidamente publicada. Resultando, por ello, un despropósito que desde el agronegocio y los defensores de un modelo productivo ecocida, sigan con su entelequia, de referirse a estos biocidas como fitosanitarios.
Asimismo denunciamos como ecocida al agronegocio, porque a todo su derrotero contaminador, hay que sumar la grave afectación a la biodiversidad. Miles de componentes biológicos hoy están desapareciendo, el declive de insectos ya entró en alerta en varios países europeos, donde la cantidad de uso de agrotóxicos es mucho menor que a la de Argentina. Un parámetro significativo de esa situación, es la disminución drástica de la población de colmenas de abejas. En nuestro país, los datos son escalofriantes, en el lapso 2010-2018 se pasó de 3,2 millones a 1,8 millones de colmenas. Ya estamos actuando en este aspecto, acompañando a todas y todos los apicultores de la Argentina, en un proceso judicial para revisar, suspender y prohibir una serie de agrotóxicos sobre los cuales, estudios con rigor científico, hallaron evidencias de que afectan seriamente la vida de las abejas. Esos estudios, en Europa, fueron sumamente útiles para ir en esa dirección, en defensa de los principales polinizadores del planeta. Es que el problema ambiental de los agrotóxicos lo debemos correr de su eje antropocéntrico y abordarlo con una mirada ecocéntrica.
Esa perspectiva también debe ser considerada cuando hablamos del agua y su riesgo de contaminación por el uso masivo de agrotóxicos. Se trata de otro gran problema que ya lo tenemos frente a nuestras narices, como en un abrir y cerrar de ojos, lo que siempre sospechábamos que podía ocurrir, efectivamente está sucediendo.
Hoy las aguas subterráneas y superficiales, están contaminadas con agrotóxicos. Los trabajos de investigación de científicos y científicas de la Universidad de La Plata y un grupo muy interesante de investigadores del INTA - que haciendo gala de la ciencia digna tienen que batallar en un organismo estatal que en su cúpula nos presenta personas abiertamente permeables a los intereses de las empresas del agronegocio -, dan cuenta del impacto de los agrotóxicos en el agua (subterránea y superficial) y hasta alertan sobre la necesidad de atender este problema que puede agravarse significativamente sino se lo empieza considerar en lo inmediato. Los científicos y científicas del INTA además colocan sobre la mesa, otro factor que debe ponderarse en el encuadre del estado de situación actual y futura: el cambio climático, que empieza a incidir y que obliga a actuar.
Es que tras más de 20 años del modelo agroindustrial, se lleva un acumulado aproximado de 6 mil millones de litros kilos de agrotóxicos utilizados en la agricultura industrial - a lo que se suma casi igual cantidad de fertilizantes inorgánicos -, con los cuales son castigados constantemente los suelos. En consecuencia, el impacto a las aguas era algo previsible que ahora en los ojos de estos científicos y científicas se nos está revelando con evidencias irrefutables. El agua de consumo de red, en Pergamino, considerando todas las muestras, presentó en su conjunto 18 agrotóxicos (principios activos y sus metabolitos).
Estos mas de 500 kilos litros de agrotóxicos que denunciamos no nos toma por sorpresa, es lo que se viene señalando como una probabilidad, que ahora, refuerzan la alerta constante de los pueblos fumigados, ya para empezar a sellar definitivamente ese punto de inflexión del cual nos habla la Relatoría del Derecho a la Alimentación de la ONU. No podemos permitir que la meta de nuestra agricultura sean esas 48 millones de hectáreas sometidas al modelo agroindustrial que los gobiernos placidamente han concedido, a través del PEA, a las corporaciones y sectores económicos del agronegocio que se relamen con el aumento de las ventas de sus transgénicos, agrotóxicos y alimentos envenenados, pero sin hacerse cargo de las externalidades que esas metas representan.
No creemos que se vengan mejores tiempos políticos, lamentablemente. Hay quienes aventuran que a partir de Diciembre de este año se va a revertir el problema que implica el agronegocio en todos sus aspectos. Descreemos que el poder político vaya a girar el timón, en el corto plazo, menos si la carta electoral a la vista, nos ofrece alternativas con actores y actoras que son casualmente quienes han ideado e implementado el PEA y aprobado la primera soja transgénica, abriéndoles gentilmente las puertas a Monsanto y que encima siguen viendo con buenos ojos al modelo sojero como la solución de todos los problemas socioecónomicos de la Argentina.
Es que, en realidad, los más de 500 litros kilos de agrotóxicos que hoy tenemos en las aguas subterráneas, en los ríos, en el aire, en los alimentos, en los patios de las escuelas rurales, en los peces, en las abejas que se mueren y en nuestros propios cuerpos, ahí acumulándose diariamente, son en gran medida, consecuencias de un PEA, a través del cual se le donó el futuro de toda una sociedad, a las corporaciones del agronegocio.
Por eso, no solamente debemos decir basta de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, sino también y muy principalmente exigir: basta de este PEA nefasto que gobierna nuestras vidas, el ambiente, la biodiversidad y el futuro, el nuestro y el de las generaciones futuras.
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Ana Zabaloy: murió un símbolo de la lucha contra agrotóxicos
Murió la directora de una de las escuelas fumigadas con agrotóxicos
Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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Fecha de Publicación: 12/06/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Estaba al frente de la escuela rural 11, de San Antonio de Areco. Lideró la lucha para que dejaran de envenenar a sus alumnos.
Fue directora de una de las tantas escuelas fumigadas a lo largo y ancho del país. Le puso el cuerpo a los agrotóxicos y salió a pelear para que dejaran de fumigar, por aire y por tierra, a sus alumnos. El domingo por la tarde, a la hora de la siesta, murió en su pueblo de San Antonio de Areco, al que defendió del veneno, la docente Ana Zabaloy, que había sido directora de la Escuela Rural número 11 de esa ciudad. De tanto poner el cuerpo, fue afectada por una serie de enfermedades provocadas por la agresión permanente de los venenos que se utilizan para aumentar las ganancias de los terratenientes. "Se nos fue Ana Zabaloy, una de nuestras maestras fumigadas, emblema de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires y símbolo de la batalla que libran las docentes en nuestras escuelas rurales", declaró Patricio Eleisegui, autor del libro "Envenenados: Una bomba química nos extermina en silencio".
En un comunicado, el Consejo Ejecutivo Provincial de Suteba expresó que "despide con dolor" a la docente fallecida y al mismo tiempo convoca a "redoblar la lucha contra las fumigaciones, porque ese es el mejor homenaje" a Zabaloy. El sindicato que agrupa a los docentes bonaerenses destacó que ella "luchó incansablemente contra las fumigaciones sobre las escuelas y colaboró con el Suteba de San Antonio de Areco en la elaboración de la Ordenanza 4226/17, que limita el uso de los agrotóxicos, y que prohíbe su aplicación aérea", algo que se hacía con frecuencia en la escuela rural 11 en la que Zabaloy fue directora.
Además de asumir el compromiso de "mantener su lucha para evitar que los agroquímicos perjudiquen la salud de nuestro pueblo", Suteba exigió "a quienes gobiernan que se legisle de modo tal que las prácticas agrícolas sean eficaces y saludables". La entidad gremial advirtió que "el cuidado de la vida debe prevalecer por encima del negocio de las minorías privilegiadas que hoy gozan de impunidad". Eleisegui, por su parte, señaló que la docente fallecida "sufrió en su cuerpo los efectos de venenos como el 2,4-D", cuyo uso fue prohibido en varios países. Su historia clínica fue mudando "de una parestesia facial a la insuficiencia respiratoria, pasando por consecuencias de salud mucho más graves", hasta que "devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico apaga nuestra supervivencia".
En el recuerdo a Zabaloy, se resaltó que "peleó del lado y a favor de la vida hasta que decidió volverse eterna". También le rindió homenaje el senador nacional Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que "murió de cáncer una de las 'maestras fumigadas' que vivió protegiendo la escuela rural, donde era directora y donde padeció las enfermedades que la llevaron a la muerte. Eso pasó al recibir, igual que sus alumnos, pulverizaciones con agroquímicos" durante años.
El 5 de octubre de 2015 la Escuela 11 José Manuel Estrada, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano de Areco, fue fumigada una vez más, en horario escolar, incumpliendo las normas establecidas por la normativa vigente en la zona. Ese día, como tantos otros, Ana Zabaloy salió al aire por la Red de Medios Alternativos para denunciar que estaban usando "sustancias muy fuertes que en otros países se han prohibido y que eso esté pasando en el patio de la escuela es preocupante".
La maestra rural precisó que ese lunes de octubre "cuando salimos al patio, nos sentamos en las hamacas, y vimos un mosquito (la máquina que se usa para fumigar), cruzando la calle de la escuela, a unos 30 metros", en plena tarea de fumigación. Precisó que "el mosquito iba dando toda una vuelta alrededor del terreno y en ese momento estaba pasando enfrente de la escuela, algo que ya nos ha pasado en otras ocasiones".
Las normativas, es cierto, tienen una importancia relativa a nivel de prevención dado que, como denunció ese día Zabaloy, fijan que se debe fumigar a una distancia de 100 metros "que no es nada, pero en este caso, además, era menor la distancia todavía". Tampoco lo podían hacer en horario escolar, pero igual lo hacían. Como consecuencia de "poner el cuerpo", como lo hizo siempre, la maestra rural es otra víctima de los agrotóxicos.
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