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Seis proyectos que intentan salvar nuestras especies
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Seis proyectos para proteger especies autóctonas de la Argentina
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
Ver la Nota Completa
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Aguila Coronada, el Caballito de Mar Patagónico, el Gato Andino, el Tordo Amarillo, el Puma y el Centro de Rescate de Fauna de la Ciudad de Buenos Aires son las proyectos que conoceremos en "Héroes de la Conservación" la nueva serie documental de naturaleza realizada por National Geographic y narrada por Ricardo Darín.
Transcurre en nueve provincias de Argentina (San Luis, Mendoza, Corrientes, Jujuy, Salta, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires), visibilizando algunas de las tantas historias contadas por sus protagonistas que forman parte de proyectos apasionados y silenciosos de conservación en el país.
Más de 20.000 km. recorridos y unos sesenta días de rodaje en campo fueron necesarios para contar estas historias realizadas por Jumara Films y Kenya Films. El estreno fue el 5 de junio como festejo por el Día Mundial del Medioambiente.
Seis trabajos que hablan de tenacidad y dedicación con la esperanza de cambiar la realidad de muchas especies que se encuentran en situación crítica. Historias contadas por sus protagonistas: aquellas personas que están detrás de los proyectos aportando su formación, sus ideas, su creatividad y su talento al mundo de la conservación.
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Llegó el rotulado de eficiencia energética para autos
El 15 % de los autos que se comercialice tendrá una etiqueta de eficiencia energética
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
La misma incluye datos sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El etiquetado pone a disposición de los usuarios información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente.
A partir de hoy, al menos un 15% de los autos que se venden en los mismos. Km de distancia recorrida) y las emisiones de CO2 (en gramos por kilómetro recorrido).
El etiquetado tiene como finalidad la disposición de los usuarios la información útil sobre el ahorro de combustible y el cuidado del ambiente, la información sobre la hora de elegir y adquirir un vehículo.
Se trata de autos livianos (hasta 3.500 kg) con la etiqueta informativa de eficiencia energética, según Resolución 85/2018 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la norma IRAM-AITA 10274. En lo sucesivo se agregan más modelos hasta alcanzar, en junio de 2020, la totalidad de los vehículos nuevos comercializados.
Así lo anunciaron este mediodía el secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman y los representantes de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, el coordinador de Transporte de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Fernando Lía, y el director de Educación y Fomento en Uso Responsable de la Energía, Juan Manuel Ojea, en el evento “Sin contaminación del aire”, en el marco de la celebración por el Día Mundial del Ambiente realizada en la Plaza de las Armas Ejército Argentino.
Allí, Bergman aseguró: “Junto con nuestros compañeros de energía, les presentamos esta iniciativa de etiquetado vehicular. La idea es que progresivamente todos los vehículos tienen un etiquetado ”. Al tiempo de señalar: “No nos olvidamos de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es reflexionar sobre cómo producir, cómo consumir y cómo cambiamos nuestros hábitos”; en particular, sobre el sector automotriz, remarcó la importancia "de que esa industria tiene una calificación en términos de cómo impacta en el ambiente y cuánto se impacta en la salud de la gente".
Finalmente, el funcionario nacional destacó: "Nos alegra poder hacer lo que el Presidente nos pide, trabajar como un equipo, todas las secretarías y ministerios de diferentes incumbencias, haciendo juntos este trabajo convergente".
El evento también contó con la presencia del subsecretario de fiscalización y la recomendación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Trebino; El embajador de Canadá, David Usher; El presidente de APRA, Juan Filgueira Risso, entre otros.
Beneficios de la etiqueta de eficiencia energética:
· Hacer una comparación entre los vehículos según su consumo y desempeño;
· Poder optar por el auto más eficiente, es decir, el que menos energía consumir, manteniendo la misma prestación;
· Ahorrar dinero como producto del ahorro de combustible.
La información se convirtió en la etiqueta se obtuvo la redacción se obtuvo en la redacción IRAM / AITA 10274-1, que se describe la información que se debe seguir para realizar la transmisión de emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos livianos.
El formato de la etiqueta debe cumplirse según lo detallado en la norma IRAM / AITA 10274-2 y debe incluir la información de la marca comercial, modelo, tipo de combustible, cilindrada del motor, marchas del automóvil y nivel de emisiones. La correspondiente norma europea de cumplimiento.
En su parte inferior, por su parte, se incorporó un código QR que remite al sitio web oficial de etiquetado vehicular.
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Salta: investigadoras a favor de la nueva ley penal
Investigadoras salteñas, a favor de que se penalicen los delitos ambientales
Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Fecha de Publicación: 11/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta
En el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les impone sanciones penales, que van desde multas hasta prisión. Javier Corbalán
En el marco del programa Justicia 2020, que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 25 de marzo último se elevó al Congreso nacional un proyecto de reforma del Código Penal, que incluirá por primera vez un capítulo sobre delitos ambientales.
Ayer, por la tarde, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentó esta iniciativa en el Senado de la Nación, junto con los miembros de la comisión para la Reforma del Código Penal, tras ser invitado por la Cámara Alta. La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado estudiará el proyecto las próximas semanas.
Las abogadas e investigadoras María Cristina Garros Martínez, Rosa Inés Torres Fernández, María Celeste Martínez y Elizabeth Safar, quienes integran el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (Ideas) de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), se expresaron a favor de que se penalicen los delitos contra el medioambiente.
En un artículo, que acercaron a El Tribuno por el Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy en todo el mundo, analizaron la propuesta del Ejecutivo nacional, con la intención de aportar al debate. Desde el Ideas enviaron trabajos sobre este tema a publicaciones especializadas en derecho ambiental e intervinieron en una propuesta de la cátedra de Derecho Penal, que llegó a la comisión redactora del Poder Ejecutivo.
Las especialistas mencionaron que en el proyecto se tipifican conductas como delitos y se les imponen sanciones penales, que van desde multas hasta la prisión, y se agravan cuando se trata de áreas protegidas. "Todas las figuras que han sido detalladas son delitos contra el ambiente y contra la vida de todos los seres vivos, humanos y animales", expresaron.
Insistieron en que el estado de gravedad en que está el ambiente hace necesario adoptar medidas fuertes. "Ahora nos encontramos con la disminución de los bosques, con la contaminación de las aguas de los mares, océanos, ríos y con el aire alterado", graficaron.
Manifestaron que la necesidad de la ampliación y la tipificación penal es el "reflejo" del fracaso administrativo en la gestión y el control de la protección del ambiente y en la falta de conciencia y solidaridad en cuanto al desarrollo, consumo y uso de los recursos por parte de los sectores privado y civil.
En el escrito, mencionaron al experto en derecho penal Edgardo Alberto Donna, quien considera que la tarea del legislador en materia de medioambiente ha sido insuficiente. "Resulta necesario proteger el medio ambiente como un bien jurídico independiente y efectuar la tipificación de las conductas dañosas como delitos ambientales en el Código Penal de la Nación Argentina, para que sean reprimidas las acciones cometidas por el ser humano, con el fin de evitar que continúen cometiéndose daños al medioambiente", expresaron.
Invitaron a la sociedad a comprometerse para dejar a las generaciones presentes y futuras un ambiente en camino de recuperación: "Ojalá que los legisladores piensen en los derechos humanos y no en intereses sectoriales, económicos o personales; que piensen en el ambiente como la tierra que es la casa común, que piensen en sus hijos y nietos, en los seres sintientes y en todos los ciudadanos que representan".
"Un artículo llamador"
La especialista en derecho ambiental, exjueza de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y directora del Ideas, María Cristina Garros Martínez, se refirió, al hablar con El Tribuno, al "capítulo totalmente novedoso de delitos ambientales".
"Hay que empezar a pensar, a debatir, a conversar, porque es un artículo llamador. Habrá gente que está en contra de que se incluya. Entonces, hay que debatirlo y no que salga de un día para el otro", alertó.
Señaló que casi no se habla de este tema en los medios de comunicación, como sí sucede con el femicidio o el aborto. Afirmó que deben existir sanciones penales por delitos ambientales. "Vemos que a las sanciones administrativas -multas- las apelan y, al final, el empresario incluye la supuesta multa que le van a aplicar en su presupuesto y sigue desmontando, por ejemplo", señaló.
Mencionó que en otros estados existen sanciones penales por delitos ambientales: además de multas a las empresas, se aplican penas de prisión a los directivos. Mencionó el caso de Brasil, que tiene tribunales ambientales, algunos de los cuales son itinerantes.
Garros Martínez se mostró a favor de dejar de lado el antropocentrismo: "Hay una tendencia fuerte, que, en general, es tomada por los más jóvenes, que dice que hay que cuidar el ambiente en sí mismo. Es lo que propone el papa Francisco en la (encíclica) "Laudato si', cuando dice que cuidemos la casa común. Es lo que dicen los pueblos indígenas: la Pachamama es la que nos da la vida, por el cultivo, por la tierra, por el aire, por todo".
Criticaron aspectos de la redacción
La propuesta de reforma del Código Penal incorpora el título “Delitos contra el ambiente”, con ocho capítulos: contaminación y otros daños al ambiente, delitos contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre y otros animales, maltrato y crueldad con animales, delitos contra los bosques nativos y protectores, delitos contra el patrimonio genético, definiciones y disposiciones generales.
Las investigadoras salteñas criticaron que las figuras resultaran extensas y que hubiera confusión en los términos técnicos. Plantearon que esto no es conveniente por la interpretación y la lectura que podrían hacer quienes pudieran resultar punibles.
Sobre maltrato animal
En relación con la inclusión de los delitos de maltrato animal dentro de los delitos contra el ambiente, las especialistas evaluaron que se trata de un retroceso de más de 70 años en la valoración de los animales y que implica una visión antropocéntrica. Advirtieron que la doctrina y la jurisprudencia nacional más reciente, de vanguardia a nivel mundial, considera al animal como sujeto de derecho.
“La biodiversidad es protegida desde una concepción de especie y su conservación y no, desde la individualidad del animal por su capacidad de ser sintiente, como está previsto en la vigente Ley Penal 14.346, que data de 1954, de actos de maltrato y crueldad animal, cuyo bien jurídico protegido es el animal en su individualidad como víctima de maltrato (y no el hombre o la especie)”.
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Ya quieren cambiar la ley de glaciares ante el fallo adverso
El Gobierno planea modificar una ley por el fallo de glaciares
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: Nacional
Buscan definir con precisión el ambiente periglaciar para evitar controversias que entorpezcan la minería.
El día después de conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referido a la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, en el Gobierno provincial buscan ahora modificar la legislación local, con una nueva norma o con precisiones a la vigente, la 8.144. La idea es definir con precisión el ambiente periglaciar, mencionado en forma genérica en la ley nacional, la 26.639, y que podría prestarse para confusiones, para evitar controversias que puedan entorpecer el desarrollo de la actividad minera en San Juan.
"Hay una indefinición del ambiente periglaciar, que es muy amplio y las sociedades científicas han dicho que hay que precisarlo porque es un concepto indefinido que, de esa forma, abarca toda la cordillera", dijo ayer el fiscal de Estado, Jorge Alvo. El funcionario, junto al ministro de Minería, Alberto Hensel, participó ayer en una conferencia de prensa para explicar los alcances del fallo del máximo tribunal de justicia del país. "En principio, el fallo de ninguna manera afecta el normal desarrollo de la actividad minera en San Juan. Es un claro reconocimiento a las atribuciones y derechos de las provincias sobre sus recursos originarios y una mención al necesario funcionamiento del sistema federal", dijo, tal como lo había adelantado el día anterior.
La Corte Suprema se pronunció el martes rechazando una demanda de inconstitucionalidad de la ley 26.639, planteada por las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas SA, concesionarias del emprendimiento Pascua Lama y Minera Argentina Gold SA, del proyecto Veladero.
Despejada la duda en el sentido de que con el dictamen no se verán afectados los proyectos en marcha ni los futuros, en el Gobierno sanjuanino buscan avanzar en un camino en el que no se vayan a encontrar obstáculos que puedan entorpecer la actividad. Una de las cuestiones es la indefinición del término ambiente periglaciar, demasiado amplio, por lo que en la administración provincial entienden que hay que avanzar para despejar cualquier duda. Una alternativa, la más cercana según las fuentes consultadas, es o bien modificar la norma provincial o sancionar una nueva que aclare convenientemente el término. Intentar una modificación de la Ley de Glaciares, que es sobre la que se ha pronunciado la Corte Suprema, está descartado porque sería incentivar una nuevo debate nacional sobre la minería, una posibilidad que en el Gobierno local no ven con buenos ojos. Otras alternativas, mencionadas por el propio fiscal Alvo, podría ser a través de un decreto reglamentario. "Lo más propicio sería una reforma de la ley o del decreto reglamentario, para que no haya ahora la incertidumbre que hay". También podrían ser ordenanzas municipales en los departamentos mineros, como Iglesia, Jáchal y Calingasta. Además falta avanzar con el inventario de los glaciares argentinos que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, ver infografía).
Quien también opinó sobre el fallo judicial fue el abogado Diego Seguí, de la Asamblea Jáchal No Se Toca. "Una crítica es que la participación de la Provincia haya sido en adhesión al interés privado y particular de una empresa y no tomando participación defendiendo el interés general, público y colectivo", expresó el profesional. Y sobre la resolución agregó que "la Corte no tenía mucho margen para decir otra cosa que la que dijo, desestimó primero el planteo de inconstitucionalidad in límine, diciendo que no se han reunido los requisitos formales para la admisión. Sin embargo ha dicho que frente a un interés individual y uno colectivo debe primar este último". "Entiendo que lo que la Corte ha hecho es transmitir seguridad jurídica respecto a que hay lugares que no se pueden afectar, lo que lleva tranquilidad para los inversores también", sostuvo.
Desde la Fiscalía de Estado, que defiende los intereses de la provincia, se hace hincapié en que no hay que perder de vista la preservación del recurso hídrico, sea para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, para recarga de cuencas hidrográficas u otras cuestiones científicas. Y después que, donde se vaya a desarrollar cualquier actividad, hay que cuidar estos conceptos de agua, ya sea como glaciar, glaciar cubierto, ambiente periglaciar, y determinar dónde habría una afectación al recurso del agua. En definitiva, tener seguridad jurídica para que lleguen inversiones y licencia social para que las permitan avanzar.
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Otra iniciativa que busca prohibir el Glifosato
El Senado busca regular el uso de agroquímicos
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: Revista Chacra
Provincia/Región: Nacional
Los asesores de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reunirán para analizar proyectos.
La iniciativa prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "Glifosato", sus productos formulados y derivados, a partir del quinto año de sancionada la presente ley, a fin de proteger la salud e integridad física de la población, de las futuras generaciones y del ambiente.
En sus argumentos, indica que la Ley 25.675, de Ambiente establece que la política ambiental nacional está sujeta, entre otros, al principio precautorio y al de prevención. Si bien los datos y casos denunciados en relación al glifosato habilitaban su aplicación desde hace tiempo, la reciente declaración de la OMS "nos obliga a ponerlos en funcionamiento y detener el uso de este producto categorizado como probablemente cancerígeno. La protección de la salud pública es una política de Estado".
Entre los proyectos de ley, se encuentra un texto del senador José Ojeda (FPV-Tierra del Fuego), que prohíbe en todo el territorio nacional la utilización del herbicida "glifosato", sus productos formulados y derivados.
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Construyeron casas con materiales de descarte industrial
Una ONG construyó cerca de 200 casas con materiales reciclados
Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Fecha de Publicación: 10/06/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
Techo utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país. Realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
La organización social Techo realizó alrededor de 200 viviendas con material reciclado del descarte de plástico de distintas empresas y evitó que más 900 toneladas fueran a la basura en los últimos dos años, informaron hoy desde la institución.
Según explicaron, la Fábrica Social de la ONG utiliza los desechos que donan las empresas para la construcción de viviendas de emergencia en los asentamientos del país, con el cual realizan pilotes y ecoplacas que buscan reemplazar la madera con material de descarte industrial, compuesto de celulosa y polímeros.
“Actualmente estos descartes van a parar a relleno sanitario como disposición final. Nosotros les acercamos la oportunidad a las empresas de transformar este descarte en placas y pilotes, que utilizamos como material en nuestras viviendas de emergencia", explicó a Télam Joaquín Castro Madero, gerente general de la Fábrica Social.
Techo lleva producidas más de 8.000 viviendas de emergencia para palear la situación de emergencia habitacional, precariedad y hacinamiento en la que viven miles de personas en los asentamientos de nuestro país, según informaron en un comunicado.
"Invitamos a las empresas a ser parte de un programa de triple impacto: se reducen considerablemente los costos de la vivienda, reducimos el deterioro del medio ambiente y generamos un impacto positivo directo en las familias con las que trabajamos", aseguró Castro Madero.
"Además nos permite crecer creando más puestos de trabajo formal para los vecinos de asentamientos en la línea de producción”, concluyó.
El proceso cuenta con el asesoramiento del Instituto Argentino del Envase (IAE), entidad que certifica el tratamiento de los materiales y el desarrollo de los nuevos productos de material reciclado.
La Fábrica también lleva a cabo productos, objetos y muebles, realizados con la madera sobrante de la producción de viviendas de emergencia.
De este modo, las cuatro toneladas de madera sobrante que se obtienen cada mes se vuelven productos para financiar el trabajo que lleva a cabo la organización, explicaron.
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Zaffaroni expuso sobre agroquímicos en el Vaticano
Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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Fecha de Publicación: 06/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de los mismos", agregó.
Sánchez Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de 2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la "Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana" que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de Derecho de la UBA.
"Espero que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa. Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela Slavin.
Gallardo, autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un documento final, sino también con la conformación de un Comité Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez, que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a veces conflictos entre el poder político y el poder judicial", explicó a LA NACION. "Como dice Francisco, queremos ser levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes, claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias, coyunturales", agregó.
En su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196 países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al menos en mi país, más del 40% de los niños y adolescentes son pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó. "¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?", preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes estructurales"
"Hay muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales potenciados por organismos de financiamiento internacional que generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas argentinos.
"Recientemente Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'. Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a LA NACION que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que enfrentarse con todo un aparato de política económica de exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente; aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en toda la región".
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La ley de glaciares fue ratificada por la Corte Suprema
La Corte Suprema ratificó que es constitucional la ley de glaciares
Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Fecha de Publicación: 05/06/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal cerró así una causa iniciada por Barrick Gold en 2001. Con la ley en plena vigencia, podrían verse afectados 40 proyectos mineros en marcha y posibles inversiones por 18.000 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implicará lecturas múltiples. Será leído y celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generará un fuerte rechazo de la industria minera, la principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significará un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
La decisión del máximo tribunal es el punto final de un largo camino, iniciado en 2011 por la minera Barrick Gold, que opera los yacimientos de Pascua Lama y Veladero en San Juan. Entonces, la empresa pidió que se revisará la legalidad de dicha normativa. Planteaba que debían ser redefinidos los límites geográficos y morfológicos de los sitios donde puede practicarse la actividad porque en buena medida, así como está escrita la ley, los dejaba fuera del negocio.
La decisión de la Corte de declarar constitucional la ley, en contra de las pretensiones de Barrick, no solo supone un problema para esta compañía, sino que además definirá la suerte de otros 44 proyectos mineros que por su ubicación, de acuerdo con datos de la Secretaría de Ambiente, afectan áreas glaciares (glaciar propiamente dicho) o periglaciares (suelo congelado).
El fallo salió de manera unánime y que los jueces del cuerpo judicial citaron entre sus argumentos la división de poderes y la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
La ley de protección de glaciares establece los presupuestos mínimos para "la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad, como fuente de información científica y como atractivo turístico".
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera. Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
La minería es una industria muy apuntalada por el gobierno de Cambiemos y sobre todo por el puñado de gobernadores de la provincias mineras. Tanto es así que en 2017 se conoció un paper del gobierno en el que se planteaba directamente una reforma de la ley de glaciares casi a pedido de las mineras. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el sector emplea a más de 80.000 personas y el año pasado pagó casi 30.000 millones de pesos en impuestos a las provincias y a la Nación. Pero el caramelo son las inversiones por casi 18.000 millones de dólares que el sector le viene prometiendo al Gobierno desde 2015. En buena medida, muchas de esas inversiones permanecieron frenadas por dos escenarios indefinidos, lo que ocurriera con la situación económica y el destino final de la ley de los cuerpos de hielo cordilleranos. Ese que se conocerá hoy.
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Los plásticos de un solo uso en debate, también acá
Buscan reducir los plásticos de un solo uso para enfrentar la contaminación
Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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Fecha de Publicación: 04/06/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
La restricción de sorbetes en restaurantes o la prohibición de entregar bolsas de polietileno en mercados forman parte de una tendencia mundial que incluye a Argentina para buscar una solución a la contaminación del plástico, propuesta que debe contemplar un camino de transición para la industria y poner el foco en la educación ambiental, aconsejaron especialistas.
Cada minuto se compran un millón de botellas de plástico y se usan 500.000 millones al año, mientras que casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y ocho millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando a la vida marina, de acuerdo con estimaciones de la ONU.
En esta línea, la cuarta asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente logró en marzo último un acuerdo global para “reducir el consumo de plásticos de un solo uso.
La situación nacional
En Argentina, ya comenzaron algunas regulaciones al respecto como en Ushuaia, que en febrero pasado se convirtió en la primera ciudad de la Patagonia que prohibió el uso de material plástico descartable en los locales de comidas.
O la decisión de Carlos Arroyo -titular de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuya cabecera es Mar del Plata- que el mes pasado decretó la prohibición del uso de plásticos, como sorbetes, vasos y cubiertos, en todo el sector costero con el objetivo de “proteger el medio ambiente”.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, legislador de “Vamos Juntos”, presentó en el parlamento local “un paquete de proyectos que buscan reducir o limitar el uso de ciertos plásticos que por distintos motivos no se están pudiendo recuperar y/o reciclar”.
Sobre este tema, la coordinadora del Proyecto Basura Marina de Fundación Vida Silvestre Argentina indicó que “la producción de plásticos aumentó desde los años 50 hasta ahora a un ritmo de ocho por ciento anual, llegando en 2015 a producir el peso de la población humana”, y agregó que “solamente nueve por ciento de todo el plástico que se produjo se recicló, 12 por ciento se incineró y el resto quedó en el ambiente”.
Por eso mencionó que -al no procesar semejante cantidad de residuos plásticos- las medidas que están tomando los países “son disminuir la demanda, la producción y el consumo de plástico”, aunque destacó la importancia de una “buena gestión”.
En cuanto a la regulación de materiales descartables, sugirió que hay que “respetar una transición, en la que los comercios y las industrias puedan tener un tiempo para acomodarse a los nuevos productos que van a tener que diseñar o entregar”.
En relación con las medidas que buscan reemplazar al plástico por otros materiales -como papel, cartón, aluminio- Verónica Ramos, directora Ejecutiva de la entidad especializada en plásticos y medio ambiente Ecoplas, explicó que “la sustitución de un material por otro no aportará soluciones”, porque esos serán los que luego “aparecerán abandonados en las playas”. “Èste será el nuevo resultado ya que no estamos apuntando ni al consumo responsable ni a la educación ciudadana para evitar los residuos dispersos”, sostuvo la especialista.
En este sentido, enfatizó la necesidad de que para diseñar regulaciones vinculadas con la problemática del plástico se busque una salida “en conjunto” con referentes del medio ambiente para contemplar que en algunos casos es mejor “educar, antes de prohibir”, y “trabajar en equipo”.
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RenovAr 3: se presentaron 56 ofertas
Energías renovables: presentaron 56 ofertas para RenovAr 3
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: El Cronista
Provincia/Región: Nacional
Las pymes presentaron proyectos de energías renovables de pequeña escala donde la red de transmisión no está congestionada
La Secretaría de Energía recibió ayer las ofertas de la Ronda 3 - MiniRen del programa RenovAr que tiene como característica el aprovechamiento de las capacidades disponibles en redes de media y baja tensión y la participación de actores no tradicionales del sector.
Se presentaron 56 ofertas para generar energía renovable por una inversión estimada de u$s 520 millones, distribuidos en 14 provincias que generarían 1600 empleos directos y abastecerían, una vez en funcionamiento, a 350.000 hogares argentinos con energía eléctrica de fuente renovable.
Esta nueva etapa de RenovAr apunta a sumar al desarrollo de los proyectos renovables a PyMEs de todo el país y el capital de actores no tradicionales del sector.
Además, busca obtener una ventaja económica para el sistema gracias al ahorro en pérdidas por transporte y distribución de energía eléctrica y al desplazamiento de generación forzada con combustible alternativo (no gas).
La Ronda 3 de RenovAr (MiniRen) apunta a proyectos de pequeña escala distribuidos en todo el país, para ser conectados en redes de media y baja tensión de 13,2 kV, 33 kV y 66 kV.
La potencia máxima permitida por proyecto es de 10 MW, mientras que la mínima de 0,5 MW. Únicamente para el caso de la tecnología eólica la potencia ofertada podrá exceder el límite establecido en hasta 3,5 MW, siempre y cuando dicho excedente sea menor a la potencia unitaria de 1 aerogerenador.
La distribución por tecnología es de350 MW para energía eólica y solar fotovoltaica, que competirán juntas con cupos por regiones y provincias.
Para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos hay disponibles 10 MW, para biomasa 25 MW, para biogás 10 MW y para Biogás de Relleno Sanitario 5 MW, todos ellos sin región.
En los pliegos rigió un cupo máximo de 20 MW por provincia, excepto para Buenos Aires, donde fue de 60 MW. Para esta ronda no se contemplaron ampliaciones de centrales existentes.
La adjudicación de los proyectos se llevará a cabo el próximo 22 de julio, una vez evaluadas las ofertas económicas.
En cuanto a la parte contractual, a partir del 29 de julio los proyectos adjudicados comenzarán a firmar los contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), del mismo modo que en las rondas anteriores, y un acuerdo de adhesión al FODER, estructura que brinda garantía de pago a las centrales de generación.
El plazo para la firma de PPAs vencerá en enero de 2020, aunque en rondas anterior hubo sucesivas extensiones, a medida que se fue complicando el acceso al crédito internacional barato para el país.
Esta ronda dejó a algunas pymes afuera de la licitación, sobre todo en Río Negro, ya que estaban en zonas donde la distribuidora adeudaba millones de pesos a Cammesa y no pudo arreglar un plan de pago.
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Tironeo en Nación y provincias por los biocombustibles
Biocombustibles: malestar de Córdoba y Santa Fe con el gobierno nacional
Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los gobiernos de las dos principales provincias del país productoras de bioetanol de maíz y biodiésel, Córdoba y Santa Fe, expresaron su malestar con el gobierno nacional por la falta de continuidad de las políticas sobre bionergía.
Durante una charla sobre biocombustibles en el congreso Maizar 2019, el secretario de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, dijo que no entendía las "decisiones caprichosas" del Gobierno en la fijación de los precios del etanol.
"Nunca encontré una persona que lo pudiera entender", dijo Busso, en referencia a la falta de continuidad en las decisiones sobre los precios del biocombustible.
En tanto, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, consideró que la Secretaría de Energía debería formar parte del Ministerio de Producción. "Falta una mirada estratégica", expresó.
Busso opinó que el corte de las naftas con etanol, que hoy está en 12% debería haber estado hace tiempo en 15 por ciento. "En 2017 la Argentina importó 500.000 metros cúbicos de naftas, si lo hubiera reemplazado por etanol se hubiera ahorrado una gran cantidad divisas", dijo.
Recientemente, la Secretaría de Energía modificó la fórmula de fijación de precios de etanol, lo que despertó la queja de productores e industriales de maíz y azúcar porque consideraron que no se alcanzaban ni siquiera los costos de producción. Frente a las críticas, el gobierno nacional prometió que iba analizar una nueva fórmula.
Por otra parte, Busso destacó el potencial que tiene la producción de etanol de maíz para Córdoba. "De los 20 millones de toneladas de maíz que tenemos en la provincia un millón va para etanol", señaló. El funcionario cordobés instó a que el corte de etanol con las naftas se incremente hasta llegar a un 27 por ciento.
En el panel también disertó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien destacó que en la provincia hay siete proyectos de bionergía y biomasa y que en los próximos cuatro años podrían generarse inversiones por US$100 millones.
"Hoy hablamos de bioenergía en la provincia", dijo y recordó que apenas asumió la gobenadora María Eugenia Vidal, en 2015, resolvieron crear en el gobierno bonaerense una Dirección de Bioeconomía. "Elaboramos un mapa para identificar el potencial productivo de cada región para atraer inversores en biomasa y bioenergía", afirmó Sarquís.
Proyecto de consenso
Las tres provincias, más Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires integran la "Liga de la Bionergía", una coalición para promover políticas en favor de la promoción de los biocombustibles y la biomasa.
Según informó a LA NACION la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, le están dando los toques finales al proyecto de ley sobre bioenergía con el que se proponen reemplazar a la ley de biocombustibles 26.093, que vence en 2021. "Lo hacemos con un consenso muy amplio tanto del sector público como del privado, esperamos ahora la respuesta del Poder Ejecutivo para tenerlo definido en junio próximo", explicó.
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Fecha de Publicación: 03/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
Los gobiernos de las dos principales provincias del país productoras de bioetanol de maíz y biodiésel, Córdoba y Santa Fe, expresaron su malestar con el gobierno nacional por la falta de continuidad de las políticas sobre bionergía.
Durante una charla sobre biocombustibles en el congreso Maizar 2019, el secretario de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, dijo que no entendía las "decisiones caprichosas" del Gobierno en la fijación de los precios del etanol.
"Nunca encontré una persona que lo pudiera entender", dijo Busso, en referencia a la falta de continuidad en las decisiones sobre los precios del biocombustible.
En tanto, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, consideró que la Secretaría de Energía debería formar parte del Ministerio de Producción. "Falta una mirada estratégica", expresó.
Busso opinó que el corte de las naftas con etanol, que hoy está en 12% debería haber estado hace tiempo en 15 por ciento. "En 2017 la Argentina importó 500.000 metros cúbicos de naftas, si lo hubiera reemplazado por etanol se hubiera ahorrado una gran cantidad divisas", dijo.
Recientemente, la Secretaría de Energía modificó la fórmula de fijación de precios de etanol, lo que despertó la queja de productores e industriales de maíz y azúcar porque consideraron que no se alcanzaban ni siquiera los costos de producción. Frente a las críticas, el gobierno nacional prometió que iba analizar una nueva fórmula.
Por otra parte, Busso destacó el potencial que tiene la producción de etanol de maíz para Córdoba. "De los 20 millones de toneladas de maíz que tenemos en la provincia un millón va para etanol", señaló. El funcionario cordobés instó a que el corte de etanol con las naftas se incremente hasta llegar a un 27 por ciento.
En el panel también disertó el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien destacó que en la provincia hay siete proyectos de bionergía y biomasa y que en los próximos cuatro años podrían generarse inversiones por US$100 millones.
"Hoy hablamos de bioenergía en la provincia", dijo y recordó que apenas asumió la gobenadora María Eugenia Vidal, en 2015, resolvieron crear en el gobierno bonaerense una Dirección de Bioeconomía. "Elaboramos un mapa para identificar el potencial productivo de cada región para atraer inversores en biomasa y bioenergía", afirmó Sarquís.
Proyecto de consenso
Las tres provincias, más Entre Ríos, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la Ciudad de Buenos Aires integran la "Liga de la Bionergía", una coalición para promover políticas en favor de la promoción de los biocombustibles y la biomasa.
Según informó a LA NACION la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, le están dando los toques finales al proyecto de ley sobre bioenergía con el que se proponen reemplazar a la ley de biocombustibles 26.093, que vence en 2021. "Lo hacemos con un consenso muy amplio tanto del sector público como del privado, esperamos ahora la respuesta del Poder Ejecutivo para tenerlo definido en junio próximo", explicó.
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Infraestructura para visitantes en PN en manos de Ambiente
Modifican competencias de Parques Nacionales
Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Fecha de Publicación: 31/05/2019
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Nacional
A través del decreto 368/2019, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri modificó las competencias del directorio de Parques Nacionales. Es decir, le cedió a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable el poder de decisión sobre la construcción de infraestructura para atención a los visitantes, que detalla el articulo 6 de la Ley de Parques Nacionales.
Entre los considerandos del decreto se indica que la decisión se da en el marco del Plan de Modernización del Estado aprobado por el Decreto N° 434/16, el Decreto N° 891/17 -por el que se aprobaron las buenas prácticas en materia de simplificación aplicables para el funcionamiento del Sector Público Nacional-, que establece como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público.
Ademas, el documento que lleva la firma del mandatario nacional explica que la finalidad es la “desconcentración en la toma de decisiones es una herramienta de la organización administrativa que permite brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo nacional a efectos de evitar pasos burocráticos innecesarios, es por ello que la toma de decisión respecto a la aprobación del desarrollo de infraestructuras en concesión pasara a ser tomada por Secretaria de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, sin importar la opinión de Parques Nacionales quienes llevaban a delante los estudios de impacto ambiental”.
Ante la medida, grupos ambientalistas de Parque Nacional Iguazú se declararon en estado de alerta.
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Al cambio climático lo sufren más los que menos tienen
La grieta del calentamiento global: ¿hay poblaciones más vulnerables que otras ante el cambio climático?
Fecha de Publicación: 29/05/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Tormentas, olas de calor o inundaciones no producen el mismo impacto en toda la población. Ante la crisis climática los que menos tienen sufren más
Los efectos del cambio climático comienzan a apreciarse en la Argentina de un modo cada vez más brusco e implacable. Solo entre tormentas, inundaciones y olas de calor ocurridas en los últimos cuatro años han perdido la vida más de 600 personas.
Sin embargo, es necesario aclarar que el grado de vulnerabilidad ante un evento climatológico no es el mismo para todas las regiones ni para todos los sectores sociales. Como en la vida misma, algunos sufren más que otros.
El calentamiento global en las regiones más postergadas desde una perspectiva socioeconómica es mucho más contundente
Un grupo de investigadores remarcó hace un tiempo que en aquellas regiones más postergadas desde una perspectiva socioeconómica el impacto del cambio climático está siendo –y será– mucho más contundente. Las malas condiciones económicas, habitacionales o sociales que padece una población la vuelven más frágil ante un eventual desastre natural.
El documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe climatológica. La mayoría de éstas, se encuentra en algún punto del conurbano bonaerense. Allí las tormentas, los grandes vientos o los golpes de calor están dejando una huella más marcada.
Un documento señala que en nuestro país unas 40 ciudades muy densamente pobladas se hallan absolutamente expuestas ante una catástrofe climatológica
Poblaciones situadas en las cercanías de los ríos Reconquista, Luján o la Cuenca Matanza Riachuelo, deberán resistir, con los años, a mayores perjuicios y sufrimiento ante la aparición inminente de grandes inundaciones provocadas por la crisis climática que estamos viviendo.
Ante esta situación, el Estado tiene un gran desafío: debe desarrollar una agenda que contemple las nuevas condiciones climáticas para poder reducir la vulnerabilidad y los riesgos de su población. Porque aunque la emisión de gases de efecto invernadero termine afectando a toda la atmósfera terrestre sus efectos sobre la superficie de la tierra también abren una grieta.
Como siempre sucede, los más vulnerables correrán más riesgos. Hasta el cambio climático los ha puesto en su mira.
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Esperan fallo de la Corte contrario a intereses mineros
Ley de glaciares: el fallo que prepara la Corte y puede complicar la industria minera
Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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Fecha de Publicación: 28/05/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
El máximo tribunal está próximo a declarar la constitucionalidad o no de la norma que protege los cuerpos hídricos y define dónde puede haber explotación. Cuál sería su impacto.
El debate por el medio ambiente en la Argentina es intermitente: a menudo reaparece con fuerza por algún hecho específico, pero de inmediato, con el mismo ímpetu, se plancha y desaparece. Sigue siendo a esta altura una rareza en el discurso político. Pero aún así, hace 10 años, con la mayoría de ambas cámaras, se aprobó una ley fundamental: la ley de glaciares, cuyo objetivo es preservar los recursos hídricos del país y definir entre otras cosas dónde puede haber minería y dónde no.
La norma tuvo un debut intrincado. El 10 de noviembre de 2008, al poco tiempo de ser sancionada, Cristina Kirchner la vetó, argumentando que excedía las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución. Sobradas fuentes señalaron entonces que aquella decisión presidencial se había dado como una concesión a las presiones de la industria minera. El periodismo lo llamó “El veto Barrick”, aludiendo a la minera Barrick Gold, cuyos proyectos Pascua Lama y Veladero, en la provincia de San Juan, se veían comprometidos por la aplicación de la ley.
Lo que vino después fue una fuerte presión social, con ecos en el parlamento, y la reglamentación definitiva en 2011, a pesar de la resistencia de la industria y por impulso del entonces diputado Miguel Bonasso.
Durante los años siguientes, por medio de amparos judiciales, la aplicación de la norma fue quedando en suspenso una y otra vez. Las mineras pudieron seguir operando. Pero esto no impidió que el Instituto Argentino de Glaciología, el IANIGLA, llevara adelante el conteo de todos los glaciares del país, un inventario que la misma ley ordenaba que se hiciera.
Hace justo un año se conoció el resultado de ese relevamiento. En la Argentina hay 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la Cordillera y 890 en las Islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.
Según ese inventario y según un informe técnico de la Secretaría de Medio Ambiente, hay 40 proyectos mineros en la Cordillera de los Andes que violarían la ley de glaciares, es decir, que en términos ecológicos su desarrollo implicaría la degradación de esos cuerpos de agua. A esos datos accedió el juez federal Sebastián Casanello hace dos años, durante la investigación de una causa por derrames de Barrick en San Juan.
Son 40 proyectos de gran envergadura (ubicados en San Juan, La Rioja y Catamarca) que representan un volumen de inversiones de fuerte impacto para las provincias. El Gobierno Nacional lo sabe desde hace tiempo y por esa razón en 2017 se conoció un borrador diseñado por técnicos de la Secretaría de Minería para modificar determinados aspectos de la la ley.
La lectura que hacen en el Gobierno, y lo que dio a entender el mismo presidente Macri, es que si consiguieran cambiar la ley no se frenarían las inversiones millonarias para el país prometidas por el sector. De hecho desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), ya manifestaron que lo que suceda con la ley de glaciares será clave para dar previsibilidad a los proyectos de largo plazo. Pero todo esto está condicionado por la cuestión de fondo que la Corte Suprema debe resolver. El tiempo es ahora.
La cuenta regresiva
En 2011, Barrick Gold planteó ante la Justicia de San Juan la inconstitucionalidad de la ley. Pasaron ocho años y esa definición está ahora mismo en la agenda inmediata de la Corte Suprema. El Gobierno, las mineras y los ambientalistas esperaban que a principios de mayo, el máximo tribunal se pronunciara al respecto. El martes 9 de mayo, cuando estalló el escándalo por el pedido del expediente de la causa Vialidad, que tiene a CFK acusada como jefa de una asociación ilícita, en realidad se esperaba que llegara el fallo sobre glaciares. Fue una sorpresa que el escándalo haya estallado por la agenda política, pero también un alivio que no lo hiciera por el costado del debate medioambiental.
No están claros los motivos por los cuales el fallo quedó postergado. Pero según sostienen fuentes cercanas a la Corte, el borrador ya circula entre los jueces. Y por lo menos tres de ellos tendrían definido su voto a favor de declarar la constitucionalidad de la ley: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. “Las vocalías -dicen a Clarín- están comenzado a definirse”. Las mismas fuentes aseguran: “El fallo definitivo podría estar antes del receso de julio”. Según pudo confirmar este diario, la vocalía de Rosenkrantz entregó su proyecto de sentencia el lunes pasado.
A modo preliminar, la mayoría de la Corte parece orientada a una decisión por la constitucionalidad de la norma. Es una definición que perjudicaría el negocio minero. Es decir, que podría dejar afuera a grandes jugadores del sector. Por elevación, también sería un golpe para el Gobierno.
“Pero si ocurriera lo contrario, también sería un escándalo -advierte el abogado ambientalista Enrique Viale-. Si declararan inconstitucional la ley de glaciares, sería como negarle al parlamento la posibilidad de legislar sobre los recursos naturales de toda la Argentina. Se caerían todas las leyes, la ley de bosque, todo el ordenamiento jurídico”.
Sigue Viale: “La Corte Suprema tiene en sus manos el destino del andamiaje jurídico ambiental argentino. De su decisión depende no sólo el futuro de la Ley de Glaciares sino también la de Bosques, la Ley General del Ambiente y toda la normativa ambiental que se sancionó a partir de la reforma constitucional”.
“La decisión es entre defender las fábricas de agua, como son los glaciares, que están en las nacientes de los ríos y que nutren al país, o prevalecer intereses corporativos que pretenden destruirlos para sacar unas toneladas de oro que terminarán en una bóveda de un banco suizo”, cierra el ambientalista.
Básicamente, lo que planteó Barrick Gold -en ese momento avalada por el entonces gobernador José Luis Gioja- en las acciones que dieron inicio a esta contienda es que cada provincia debe decidir sobre el uso que hace de sus recursos y no el Congreso. Es lo mismo que plantean los empresarios mineros en general y los gobernadores de la provincias donde existe la actividad. Clarín se comunicó con los responsables de la Secretaría de Minería para conversar sobre el asunto. Pero no obtuvo respuesta.
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La deforestación brasileña afectará gravemente a Argentina
La frenética deforestación en Brasil tendrá graves consecuencias en Argentina
Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional
Se esperan más sequías y un aumento de 1,45 grados centígrados para el año 2050 en la región a causa de la desaparición de las selvas tropicales. La práctica crece de manera alarmante.
La deforestación en la Amazonia brasileña avanza de manera alarmante con la eliminación de 19 hectáreas por hora, en promedio, según una medición realizada en la primera quincena de mayo de acuerdo con datos oficiales.
Esta acción, que contamina los ecosistemas acuáticos y contribuye con el calentamiento global debido a que los árboles talados liberan carbono a la atmósfera, ya hizo desaparecer 6.880 hectáreas, una superficie
equivalente a la de unos 7 mil estadios de fútbol, en las primeras dos semanas de mayo, según informó el Sistema de Detección de Desmatamiento en Tiempo Real a través de información satelital del Instituto de
Pesquisas Espaciales.
Brasil es el hogar de más de la mitad de la biodiversidad del planeta, pero expertos advierten que santuarios ecológicos como la Amazonia y el Pantanal sufren la amenaza de grandes grupos económicos así como de mafias, con el marco de una retórica anti-ambientalista del presidente Jair Bolsonaro. Terratenientes que talan árboles centenarios para plantar soja, minería clandestina que contamina con mercurio ríos vitales para pobladores de zonas remotas, o traficantes de madera que diezman especies raras y valiosas: la amenaza a la biodiversidad puede adoptar diferentes caras en este país de dimensiones continentales.
Considerada el "pulmón del planeta", la Amazonia reúne una cantidad impresionante de especies: 40.000 plantas, 3.000 peces de agua dulce, alrededor de 1.300 tipos de pájaros y 370 de reptiles. Sin embargo, la deforestación, que había sido reducida drásticamente entre 2004 y 2012, registró en enero de 2019 un aumento de 54% en relación al mismo mes de 2018, según el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon). Aunque le siguieron dos bajas en febrero (-57%) y marzo (-77%), en el primer trimestre del año desaparecieron 268 km2 de selva amazónica. En los últimos 12 meses, la deforestación avanzó 24%. “Antes tomábamos nuestro alimento directamente de los árboles. Actualmente necesitamos plantar”, dijo el anciano indígena Mojtidi Arara, que debe caminar una hora selva adentro para recoger bananas.
Phillip Fearnside, biólogo de la Universidad de Oxford, dice que la deforestación en la Amazonia brasileña destruye un ciclo hidrológico ambiental importantísimo para todo el planeta, pero especialmente para el propio Brasil y Argentina. Así, la práctica podría traducirse en una fuerte disminución de lluvias, situación que afectará al sur de Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y el litoral argentino. De hecho, las fuertes sequías que afrontó Brasil en la última década muestran que el ecosistema regional está cambiando por completo. En cuanto a nuestro país,la sequía de 2018 fue uno de los desastres naturales más nocivos del año provocó pérdidas por 6.000 millones de dólares.
Entre agosto y abril pasados fueron eliminadas ilegalmente 8.200 hectáreas amazónicas en Brasil, en zonas que están bajo protección del Estado, en las cuales la deforestación debería ser cero. Los últimos números indican las peores cifras en una década, según las denuncias sobre un agravamiento del desmonte realizadas por entidades ambientalistas como WWF, entre otras. Todos estos datos fueron negados por el Ministerio de Medio Ambiente, mientras Bolsonaro defiende la expansión de las áreas ocupadas por agricultores y la explotación minera en zonas de la Amazonia, incluso en reservas indígenas.
El desmonte afectará lentamente las temperaturas al alterar las propiedades de la reflexión de la luz solar y la evapotranspiración, y la Universidad Estatal de Río de Janeiro predice que la deforestación brasileña podría resultar en un aumento de 1,45 grados centígrados para el año 2050 en la región. Los investigadores señalaron que su estudio en Brasil “ilustra que las políticas actuales de uso de la tierra pueden afectar al clima local futuro”. “La forestación tiene el potencial de revertir los impactos de la deforestación en el clima local, especialmente en las regiones tropicales y templadas”, agregaron.
Por otra parte, un estudio revelado en marzo pasado, realizado por /WWF-Brasil/ e /Imazon/, indica que enormes cantidades de agua dulce superficial se pierden cada año en la Amazonia por la intervención humana, especialmente por la deforestación. Según esta investigación, la región pierde en promedio 350 kilómetros cuadrados de agua dulce superficial cada año a causa de estos factores. Esta tendencia es más prominente en la zona conocida como el "arco de deforestación" en el sur del Amazonas y las áreas más afectadas por esta pérdida en la superficie de agua dulce son las planicies de inundación y las lagunas que se forman a partir del flujo y reflujo del agua.
Colapso ecológico
La asociación internacional /Tropical Forest Alliance/hizo recientemente un llamado "urgente" para evitar el “colapso ecológico” terminar con la "guerra" contra los bosques, como llama a la deforestación, que en 2018 acabó con 12 millones de hectáreas, un área de selvas tropicales equivalente a la superficie de Nicaragua. "Tenemos que actuar ya y debemos hacerlo con mucha más urgencia que hasta ahora", dijo su director, Justin Adams. "La vida es posible porque existimos en un clima muy estable, pero si seguimos esta guerra contra la naturaleza (...), entonces el futuro de nuestros hijos y nietos no será bueno", dijo la organización.
El año pasado la deforestación destruyó 12 millones de hectáreas de selvas tropicales, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la plataforma Global Forest Watch. De ese total, 3,64 millones eran selvas vírgenes, fundamentales para la biodiversidad y combatir el cambio climático. Según los datos presentados por WRI y Global Forest Watch en la reunión, 2018 fue el cuarto peor año en términos de deforestación de la selva tropical, por detrás del 2014, 2016 y 2017. Los países más afectados son Brasil, Indonesia, Congo, Colombia y Bolivia. "Estamos destruyendo los bosques que hacen posible la vida" del humano y de otras miles de especies, aseguró Adams.
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Rosenkrantz y Macri socios mineros
Los intereses de Rosenkrantz y Macri en una causa en manos de la CSJN
Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
En una nota publicada de El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló los detalles de una causa que está en manos de la Corte Suprema y en la que habría un interés del presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz y de la empresa de la familia Macri. "El presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica el periodista.
En una nota publicada en su sitio El Cohete a la Luna, "Un amigo de oro", Horacio Verbitsky reveló los "negocios mineros" entre el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Según el periodista, "Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma)".
Entre los integrantes de Blackwood Group figuraban empresas que forman o formaron parte del Grupo Macri. Una de ellas, Minera Geometales, "fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macri". La compañía realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
Minera Geometales "inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes". Una vez presidente, Mauricio Macri los puso a la venta. "Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia".
En 2014, el gobierno mendocino le quitó a los Macri por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca por incumplimientos. El apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.
Carlos Rosenkrantz es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, cuando el Poder Ejecutivo lo nombró para reemplazar a Carlos Fayt. Entonces, el juez entregó una lista de clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. "Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá", explica Verbitsky.
"La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema (...) Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía".
"El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica la nota de El Cohete a la Luna.
En ese enfrentamiento judicial están involucradas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. Por ser una ley federal, la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad. "El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó", relata Verbitsky.
En el marco de la causa, la empresa Berrick presentó una ampliación de fundamentos. "En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos".
"En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados", continúa el periodista.
Más adelante, la nota hace referencia al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define la imparcialidad del juez en estos términos: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. "Igual que Rosenkrantz, pero al revés", remata Verbitsky.
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Fecha de Publicación: 25/05/2019
Fuente: Urgente 24
Provincia/Región: Nacional
En una nota publicada de El Cohete a la Luna, Horacio Verbitsky reveló los detalles de una causa que está en manos de la Corte Suprema y en la que habría un interés del presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz y de la empresa de la familia Macri. "El presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica el periodista.
En una nota publicada en su sitio El Cohete a la Luna, "Un amigo de oro", Horacio Verbitsky reveló los "negocios mineros" entre el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, y el presidente de la Nación Mauricio Macri.
Según el periodista, "Sideco Americana y Odebrecht son los principales accionistas del fondo de inversión Blackwood Group, creado en 1998, cuando el actual jefe de Estado era vicepresidente ejecutivo del holding familiar Sociedades Macri (Socma)".
Entre los integrantes de Blackwood Group figuraban empresas que forman o formaron parte del Grupo Macri. Una de ellas, Minera Geometales, "fue presentada en 2006 en una convención minera en Canadá por Franco Macri". La compañía realiza tareas de exploración de cobre y oro en la Argentina y otros países.
Minera Geometales "inscribió el hallazgo de tres yacimientos en el cinturón de cobre El Teniente, en terrenos lindantes a uno del primo Angelo Calcaterra y a otros del Ejército en Campo de los Andes". Una vez presidente, Mauricio Macri los puso a la venta. "Los nuevos yacimientos recibieron el nombre de algunas de las mujeres de la tribu: Valentina, por la hija mayor de Juliana Awada; Florencia, por la hermana menor del Presidente y Francesca por su sobrina, hija de su hermano Gianfranco Macrì, el blanqueador de la famiglia".
En 2014, el gobierno mendocino le quitó a los Macri por la resolución 454 del Consejo de Minería, la concesión del yacimiento Francesca por incumplimientos. El apoderado, el contador mendocino Julio Pulisich, apeló la medida. En marzo de 2018, el gobierno mendocino de Alfredo Cornejo firmó el decreto 304: “Revóquese la mencionada resolución y remítase la presente pieza administrativa al Honorable Consejo de Minería para el dictado de una nueva resolución ajustada a derecho”.
Carlos Rosenkrantz es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2016, cuando el Poder Ejecutivo lo nombró para reemplazar a Carlos Fayt. Entonces, el juez entregó una lista de clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. "Entre ellos figuraba Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá", explica Verbitsky.
"La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema (...) Pero además Bouzat es director de Oromin, donde comparte asientos con el contador Pulisich, quien además es el apoderado de la compañía".
"El presidente de Oromin SA es Chester Idziszek, quien también es el CEO de la compañía canadiense Battle Mountain-Gold-Inc, que hace una década fue adquirida por una minera estadounidense que tiene una decena de inversiones en la Argentina, Royal Gold. Entre otras asociaciones, Royal Gold posee el 5.23% de la minera que explota el yacimiento binacional de Pascua-Lama. El accionista principal de Pascua-Lama es la minera canadiense Barrick Gold. Como contamos en una edición anterior de El Cohete a la Luna, la Barrick pretende que la Corte Suprema declare inconstitucional la Ley de Glaciares, que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente. Es decir que el presidente de la empresa Oromin, cuyos intereses defendía Rosenkrantz y en cuyo directorio están el contador de Macrì en Geometales y el ex socio de Rosenkrantz, está asociado en Pascua Lama con la Barrick Gold", explica la nota de El Cohete a la Luna.
En ese enfrentamiento judicial están involucradas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, ambas concesionarias del lado argentino del emprendimiento binacional. Por ser una ley federal, la Corte declaró su competencia originaria en junio de 2011, como una acción declarativa de inconstitucionalidad. "El 12 de marzo de este año, la causa estuvo en la vocalía de Rosenkrantz, quien no se excusó", relata Verbitsky.
En el marco de la causa, la empresa Berrick presentó una ampliación de fundamentos. "En ese escrito refuta los argumentos del voto mayoritario opuesto a su pretensión, que sólo conocían los ministros de la Corte y sus colaboradores más próximos".
"En ese proyecto de voto había coincidido el triunvirato interventor de la Corte. A raíz de ello Lorenzetti, Rosatti y Maqueda entienden que Rosenkrantz fue el infidente y citan un precedente de diciembre del año pasado, con el fallo Blanco sobre haberes e indemnizaciones de jubilados", continúa el periodista.
Más adelante, la nota hace referencia al Código Iberoamericano de Ética Judicial, que define la imparcialidad del juez en estos términos: “El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio”. Por eso “está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así” y “debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables”. Por eso “debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. "Igual que Rosenkrantz, pero al revés", remata Verbitsky.
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Piden una "solución urgente" para el biodiesel
Biodiesel: Perotti le reclamó a Nación una "solución urgente"
Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario La Opinión
Provincia/Región: Nacional
Omar Perotti le pidió al gobierno nacional una respuesta con carácter de urgente para la "crítica situación del biodiesel" y advirtió que "solo en Santa Fe se encuentran en riesgo 3.500 empleos que dependen directa o indirectamente de la producción de biocombustibles".
En ese sentido, el candidato a gobernador le envió una nota al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, donde lo instó a tomar medidas "urgentes", en carácter de su rol institucional como senador nacional que representa a la provincia de Santa Fe. Además, presentó un proyecto de ley para aumentar el corte de los biocombustibles en un 30 por ciento en el gasoil y las naftas en todo el país.
En esta misiva, Perotti resaltó que la producción de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró "una caída superior al 77% durante el primer bimestre de 2019 comparado con el primer bimestre del año anterior y del 70% respecto del mismo período en 2017".Por este motivo, subrayó "la preocupación puesta de manifiesto por los productores de biodiesel de mi provincia", atento "al incremento en el costo de los insumos, producido principalmente por la devaluación de la moneda y por el imprevisto cambio por parte de la subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la fórmula que fija el precio del biodiesel destinado a la mezcla para el mercado interno".
En ese marco, lamentó "la falta de acompañamiento para la promoción de los pequeños y medianos productores así como las restricciones del mercado exportador".
Perotti solicitó a la Nación que se incremente "de forma perentoria" el porcentaje del corte de biodiesel para su mezcla con gasoil o diésel oil y el del bioetanol para su mezcla con nafta, en función de "la evolución de las variables del mercado interno, conforme lo establece la referida normativa, y continuando con el objetivo de la misma, esto es, la promoción de la producción y uso sustentables de los biocombustibles".
También instó a "la urgente rectificación de la fórmula del precio de adquisición del biodiesel para el mercado interno, incluyendo el coeficiente de corrección intermensual, especialmente teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio. Y la oportuna publicación de estos precios de referencia ya que durante el mes de marzo no se publicaron los precios de adquisición de los biocombustibles comprendidos en la ley 26.093".
Perotti subrayó que "resulta imperioso" dictar una regulación que ofrezca "mayor previsibilidad" a la matriz productiva de la bioenergía en la República Argentina, que "apoye los esquemas de valor agregado a la producción de soja y maíz", que "dinamice las economías regionales" y contribuya "al cumplimiento del compromiso asumido en el año 2015 respecto a las acciones concretas para el cuidado del medioambiente".
Por último, explicó que en su proyecto, al aumentar la mezcla de biocombustible en las naftas “estamos contribuyendo al desarrollo sostenible, a través de la dinamización económica y la generación de empleo pero también a través del incentivo a energías limpias”.
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Fecha de Publicación: 24/05/2019
Fuente: Diario La Opinión
Provincia/Región: Nacional
Omar Perotti le pidió al gobierno nacional una respuesta con carácter de urgente para la "crítica situación del biodiesel" y advirtió que "solo en Santa Fe se encuentran en riesgo 3.500 empleos que dependen directa o indirectamente de la producción de biocombustibles".
En ese sentido, el candidato a gobernador le envió una nota al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, donde lo instó a tomar medidas "urgentes", en carácter de su rol institucional como senador nacional que representa a la provincia de Santa Fe. Además, presentó un proyecto de ley para aumentar el corte de los biocombustibles en un 30 por ciento en el gasoil y las naftas en todo el país.
En esta misiva, Perotti resaltó que la producción de biodiesel en la provincia de Santa Fe registró "una caída superior al 77% durante el primer bimestre de 2019 comparado con el primer bimestre del año anterior y del 70% respecto del mismo período en 2017".Por este motivo, subrayó "la preocupación puesta de manifiesto por los productores de biodiesel de mi provincia", atento "al incremento en el costo de los insumos, producido principalmente por la devaluación de la moneda y por el imprevisto cambio por parte de la subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles de la fórmula que fija el precio del biodiesel destinado a la mezcla para el mercado interno".
En ese marco, lamentó "la falta de acompañamiento para la promoción de los pequeños y medianos productores así como las restricciones del mercado exportador".
Perotti solicitó a la Nación que se incremente "de forma perentoria" el porcentaje del corte de biodiesel para su mezcla con gasoil o diésel oil y el del bioetanol para su mezcla con nafta, en función de "la evolución de las variables del mercado interno, conforme lo establece la referida normativa, y continuando con el objetivo de la misma, esto es, la promoción de la producción y uso sustentables de los biocombustibles".
También instó a "la urgente rectificación de la fórmula del precio de adquisición del biodiesel para el mercado interno, incluyendo el coeficiente de corrección intermensual, especialmente teniendo en cuenta la variación del tipo de cambio. Y la oportuna publicación de estos precios de referencia ya que durante el mes de marzo no se publicaron los precios de adquisición de los biocombustibles comprendidos en la ley 26.093".
Perotti subrayó que "resulta imperioso" dictar una regulación que ofrezca "mayor previsibilidad" a la matriz productiva de la bioenergía en la República Argentina, que "apoye los esquemas de valor agregado a la producción de soja y maíz", que "dinamice las economías regionales" y contribuya "al cumplimiento del compromiso asumido en el año 2015 respecto a las acciones concretas para el cuidado del medioambiente".
Por último, explicó que en su proyecto, al aumentar la mezcla de biocombustible en las naftas “estamos contribuyendo al desarrollo sostenible, a través de la dinamización económica y la generación de empleo pero también a través del incentivo a energías limpias”.
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El modelo rural depreda la materia orgánica del suelo
El INTA actualizó el mapa de fertilidad de los suelos y fue lapidario: La caída en materia orgánica llega hasta 50%
Fecha de Publicación: 23/05/2019
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional
Durante la última edición del simposio Fertilidad 2019, un técnico de la EEA del INTA Balcarce mostró la actualización de un revelador mapa de suelos sobre el estado de fertilidad en las distintas zonas agrícolas del país.
Para construir el primer mapa de suelos, Hernán Sainz Rozas y su equipo habían tomado muestras georeferenciadas durante 2011, tanto en lotes sometidos a agricultura continua como en lugares sin agricultura, es decir suelos “prístinos” debajo de montes, alambrados o parques en cascos de estancias. Lo volvieron a hacer el año pasado con el fin de mostrar un seguimiento sobre el principal recursos productivo con que cuenta la Argentina: el suelo y sus nutrientes.
La conclusión más relevante y alarmante es que la materia orgánica, que sería el reservorio de nutrientes con los que cuenta un suelo, ha caído entre 30 a 50% según los lugares. “Este es un indicador clave de la salud del suelo”, contó Sainz Rozas a Bichos de Campo. Además midieron pH, calcio, potasio, magnesio y micronutrientes. En todos los casos hubo un deterioro visible de los indicadores respecto de la medición de 2011.
“Además de la materia orgánica, que es un indicador directo de nitrógeno y azufre, han caído mucho los niveles de fósforo porque se fertiliza menos de lo que se extrae con las cosechas. Y hoy el productor no piensa en calcio y potasio pero van a empezar a ser deficientes según el grado de caída que notamos desde el 2011”, informó el técnico de Balcarce.
Siguiendo la tendencia analizada desde 2011, Sainz Rozas explicó como ejemplo que para la zona de Entre Ríos y el este de Santa Fe, el potasio empezará a ser limitante en pocos años. Un dato para que los productores de aquella zona se adelanten a reponer tal nutriente antes que sea tarde.
Por último, el técnico remarcó la necesidad y utilidad de que los productores realicen muestreos de suelos periódicos. “Por lo menos cada dos años una buena medición de fósforo y todos los años medir nitrógeno de 0 a 20 centímetros”.
“Sin dudas que de acá a unos años será más caro producir granos en la Argentina, por déficit de muchos nutrientes que hoy no nos preocupan”, alertó el especialista del INTA.
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Crédito del BID y BICE para renovables
Promueven proyectos de energía renovable y eficiencia energética de pymes
Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) acordaron un crédito por US$160 millones, destinado a promocionar proyectos de energías renovables y de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas.
El BID -en carácter de agencia implementadora del Fondo Verde para el Clima (FVC)- aportará US$100 millones, mientras que el BICE cofinanciará con US$60 millones adicionales, precisó un comunicado del Ministerio de Hacienda.
El acuerdo permitirá financiar los proyectos de bioenergías (de tecnología biomasa o biogás) de hasta cinco megavatios (MW) de potencia instalada que se adjudiquen en la próxima Ronda 3 (MiniRen) del programa RenovAr, que podrán acceder a un máximo de US$10 millones a una tasa preferencial.
Por otro lado, el crédito se destinará a sustentar iniciativas de pymes de eficiencia energética o de generación distribuida.
El préstamo contempla otros US$3 millones para cooperación técnica no reembolsable, que serán destinados a investigación y formación profesional.
La financiación podrá ser solicitada por las pymes y también por las instituciones financieras locales, y los detalles finales de estas líneas de crédito que canalizará el BICE “se conocerán a la brevedad”, se indicó oficialmente.
El acuerdo, se indicó, es posible en el marco del proyecto del Fondo Verde para el Clima de “Promoción de instrumentos de mitigación de riesgos y financiamiento de inversiones en energías renovables y eficiencia energética”, cuyo objetivo específico es contribuir en la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
El BICE consideró que la financiación para este tipo de proyectos es “un ejemplo más de cómo el modelo de banca sustentable es un gran potenciador de la actividad pyme en sectores claves”.
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Fecha de Publicación: 22/05/2019
Fuente: Comercio y Justicia
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno Nacional, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) acordaron un crédito por US$160 millones, destinado a promocionar proyectos de energías renovables y de eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas.
El BID -en carácter de agencia implementadora del Fondo Verde para el Clima (FVC)- aportará US$100 millones, mientras que el BICE cofinanciará con US$60 millones adicionales, precisó un comunicado del Ministerio de Hacienda.
El acuerdo permitirá financiar los proyectos de bioenergías (de tecnología biomasa o biogás) de hasta cinco megavatios (MW) de potencia instalada que se adjudiquen en la próxima Ronda 3 (MiniRen) del programa RenovAr, que podrán acceder a un máximo de US$10 millones a una tasa preferencial.
Por otro lado, el crédito se destinará a sustentar iniciativas de pymes de eficiencia energética o de generación distribuida.
El préstamo contempla otros US$3 millones para cooperación técnica no reembolsable, que serán destinados a investigación y formación profesional.
La financiación podrá ser solicitada por las pymes y también por las instituciones financieras locales, y los detalles finales de estas líneas de crédito que canalizará el BICE “se conocerán a la brevedad”, se indicó oficialmente.
El acuerdo, se indicó, es posible en el marco del proyecto del Fondo Verde para el Clima de “Promoción de instrumentos de mitigación de riesgos y financiamiento de inversiones en energías renovables y eficiencia energética”, cuyo objetivo específico es contribuir en la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
El BICE consideró que la financiación para este tipo de proyectos es “un ejemplo más de cómo el modelo de banca sustentable es un gran potenciador de la actividad pyme en sectores claves”.
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Argentina también se sumó al repudio contra Monsanto/Bayer
Buenos Aires participó de la Marcha Mundial contra Monsanto/Bayer
Fecha de Publicación: 21/05/2019
Fuente: Diario Z
Provincia/Región: Nacional
El sábado 18 de mayo se juntaron en la Plaza San Martín para realizar la séptima Marcha Mundial contra Monsanto/Bayer. Estas convocatorias contra la multinacional se impulsan desde el año 2013 cuando Tami Monroe, una activista norteamericana, fundó el movimiento para detener los Organismos Modificamos Genéticamente (OGM), los pesticidas y para apoyar un sistema de producción de alimentos sostenible.
La primera movilización se replicó en 330 ciudades de todo el mundo. Hay que destacar también que las redes sociales cumplieron un rol clave para el desarrollo de la campaña.
«Esta Marcha es algo mucho más grande que una manifestación contra una empresa, y nuestros reclamos abarcan una realidad tan amplia que no cabe en un solo nombre. Más allá de la consigna internacional que invita a manifestarse contra Monsanto/Bayer, éstas son sólo unas de las tantas multinacionales, que por su historial, sirven para hacer referencia a un modelo de muerte asegurada», dice el manifiesto de los convocantes que van desde trabajadores de la agricultura familiar hasta nutricionistas, ecologistas y docentes.
Hace 23 años llega a la Argentina el primer evento transgénico, la soja RR, una semilla modificada y producida por Monsanto. Desde ese entonces los cultivos de transgénicos y el uso de agrotóxicos ha crecido de manera desmedida. Al rededor del 80% del área cultivable del país se utiliza para monocultivos transgénicos que son rociados por 450 millones de litros de agrotóxicos que afecta a 17 millones de personas cada año.
Hace poco, el gobierno de María Eugenia Vidal autorizó que las fumigaciones con agrotóxicos se puedan realizar sobre escuelas, viviendas y cursos de agua. La medida, firmada por el ex gerente de Monsanto y actual ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, contradice fallos judiciales, ordenanzas municipales y va a contramano del reclamo de decenas de pueblos fumigados de Buenos Aires, que la calificaron de inconstitucional.
Myriam Gorban, Licenciada en Nutrición y Coordinadora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires se refirió a la convocatoria contra la multinacional y a la alimentación basada en el consumo de agrotóxicos en una entrevista en Radio La Tribu: “Nosotros también nos tenemos que preparar. Tenemos muchas muertes, muchos daños, muchos problemas que merecen ser atendidos por lo menos para que no comprometan el futuro de nuestras vidas y de principalmente nuestra salud…” .
En el año 2015, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CaLiSA), de la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA realizó un estudio a partir del análisis de las frutas y verduras que consumían los y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires.
El resultado detectó que el 76,6 por ciento de los alimentos tenían al menos uno de los compuestos químicos. Además, entre los agrotóxicos que más se detectaron estaba el insecticida endosulfan, prohibido en el país desde el 2013.
Los convocantes reclaman la renuncia del Secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere que forma parte del riñón de la Sociedad Rural Argentina. De Lino Barañao Secretario de Ciencia y Tecnología, y de Sergio Bergman Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También se pronuncian «en contra de la modificación de la Ley de Semillas, contra la ley de agrotóxicos y contra los tratados de libre comercio» y contra la Energía Nuclear, Megaminería, el Fracking, las Megarrepresas, los rellenos de humedales y todas las actividades de carácter extractivista que se realizan en nuestro territorio».
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