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Algas luego del derrame fósforo al río Uruguay
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CARU espera los análisis sobre las algas que aparecieron en Gualeguaychú
Fecha de Publicación: 26/03/2018
Fuente: El Once
Provincia/Región: Entre Ríos
Recientemente, las autoridades uruguayas detectaron que la pastera Botnia había derramado fósforo al río Uruguay por encima de los límites permitidos. Ahora esperan los análisis realizados.
El Secretario Técnico de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Marcos Di Giuseppe, fue consultado sobre la aparición de aguas verdosas o floraciones algales frente al balneario Ñandubaysal, en Gualeguaychú. Al respecto el funcionario dijo que se esperan en los próximos días los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras y que esa playa pasó del estado de vigilancia al de alerta.
Di Giuseppe manifestó que "el monitoreo de las playas es continuo, en verano es semanal o quincenal y en invierno los controles se hacen mensualmente. Casi todos los puntos que ha determinado la CARU para ser seguidos son las floraciones algales y los análisis microbiológicos".
En lo referido al reciente caso del Balneario Ñandubaysal, Di Giuseppe informó que "tenemos un monitoreo del 6 de marzo último que fue cuando detectamos la floración y decidimos pasar del estado de vigilancia y monitoreo quincenal al de alerta, con control semanal de dicha playa. Temperatura, vientos y lluvias condiciones naturales del terreno pueden ser la causa de la aparición de las floraciones. Y debemos decir que entre 2015 y este año, solamente en tres ocasiones aparecieron algas en Ñandubaysal".
Al ser consultado si hay cantidades excesivas fósforo en las aguas dicha sustancia que puede favorecer la aparición de las floraciones algales, Di Giuseppe dijo que "puede tener que ver, sí claro".
A continuación se le preguntó al funcionario sí, lo ocurrido a mediados de febrero en el efluente de la pastera UPM Botnia de Fray Bentos, cuando la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) detectó cantidades de fósforo por encima de los límites permitidos, podría tener relación con la aparición de las algas en Ñandubaysal, Di Giuseppe manifestó que "no tengo ninguna fundamentación técnica ni datos para atribuirlo a ese episodio que, es verdad que sucedió en esa planta que está frente a la playa".
Finalmente, Di Giuseppe dijo que "estamos esperando los resultados de los análisis de las muestras tomadas en el monitoreo que hicimos en Ñandubaysal, lo cual ocurrirá en los próximos días".
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El drama de las escuelas fumigadas en Entre Rïos no para
En una misma semana los chicos de una escuela de San José fueron fumigados dos veces
Fecha de Publicación: 22/03/2018
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
La directora, Silvia Mathey Dore, expresó su malestar a Radio La Voz, dado que "las autoridades nos dicen que las fumigaciones están autorizadas y dentro de la ley", indicó
Este viernes por la mañana se cerraron puertas y ventanas de la escuela Nº 54 Carlos Souriges de San José y los chicos quedaron atrapados, mientras en inmediaciones de la institución educativa se realizaban fumigaciones.
Con la acción del viento el olor cubrió el patio una vez más ya que el miércoles pasado, mientras los 80 estudiantes estaban en clases comenzaron a "respirar el veneno", según denunciaron las autoridades educativas.
A pocas horas, y a pesar de la difusión mediática de lo sucedido, volvió el viento norte y trajo consigo el olor que evidenciaba que en las cercanías se estaban aplicando agroquímicos. Una vez , la empresa dedicada al cultivo de arroz y nueces pecán que esta a menos de 300 metros del establecimiento, volvió a fumigar, pese a que tenían que esperar la "mediación" con la Justicia que se desarrollará el viernes 23, en Paraná.
Con mucha angustia e indignación, la directora del establecimiento de barrio Perucho, Silvia Mathey Doret, comenzó a cerrar puertas y ventanas y el recreo en el patio se convirtió en un improvisado espacio de juego en las aulas. Los chicos quedaron "encerrados" para prevenir cualquier tipo de reacción a los agroquímicos.
La docente, quien sufre en su cuerpo las secuelas de los agrotóxicos este viernes manifestó su angustia a los medios mientras intentaba comunicarse con las autoridades del Consejo de Educación para informar lo que estaba pasando. Asimismo manifestó que en la Policía le dijeron que la fumigación era "perfectamente legal".
"Si no fuera tan grave, causaría risa. Yo tengo que hacer la denuncia, porque la misma ley que los habilita a fumigar, me responsabiliza a mí de lo que le pueda pasar a los chicos", sentenció.
"El veneno me está afectando mucho", escribió niño afectado por fumigaciones
Fuente: El Once
Se trata de un alumno de la escuela que debió ser evacuada de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños. "Fue muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos", rememoró.
Un alumno de la Escuela N° 54 de San José cuya directora había denunciado las consecuencias de las fumigaciones a pocos metros de la institución, utilizó las redes sociales para difundir lo que vivió el día que tuvieron que ser evacuados de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños.
"Hoy fue un día muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos. Yo me sentía bien pero al llegar a mi casa me descompuse, ya que vivo a unos 20 metros de la plantación de nueces. Y fue insoportable para mí respirar el veneno, así que mi mamá me llevo al doctor muy descompuesto porque me faltaba el aire", aseguró Laureano.
El niño contó que el médico le dio una inyección y que alertó a la madre de una dura situación: "Le dijo a mi mamá que en caso de que fumigen tengo que usar barbijo y dejar mi casa urgente, ya que cuando nací sufrí de broncoespasmo por casi un año y el veneno me esta afectando mucho", lamentó.
"Muchas veces quiero irme a vivir a otro lugar pero es nuestra humilde casa, donde viví siempre. Es mi escuela a la que concurro desde mis 4 años y no sé si yo podré ser feliz en otro lugar. Quiero que las personas que hacen esto piensen que somos niños y queremos vivir sanos y felices porque es parte de nuestros derechos", concluyó.
La directora de la Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges" de San José (departamento Colón) Silvia Mathey Doret, denunció las fumigaciones en un campo cercano este miércoles. Menos de 48 horas después, la aplicación de agroquímicos volvió a afectarlos y, en esta segunda oportunidad, también obligó a suspender las clases en otras dos instituciones.
Al respecto, desde el Gobierno provincial se informó que un equipo de fiscalización de la Secretaría de la Producción, que es órgano que tiene a cargo la aplicación de la ley de agroquímicos, constatará a qué distancia se produjo la fumigación y corroborará si presentaron en el municipio la documentación para la fumigación y qué productos se utilizaron.
En tanto, desde Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, aseguraron que "el producto está permitido por la ley" y que fueron "supervisados" mientras realizaban sus labores. Asimismo, manifestaron que el producto aplicado no es peligroso para la salud y está permitido por la ley.
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Fecha de Publicación: 22/03/2018
Fuente: La Voz 901
Provincia/Región: Entre Ríos
La directora, Silvia Mathey Dore, expresó su malestar a Radio La Voz, dado que "las autoridades nos dicen que las fumigaciones están autorizadas y dentro de la ley", indicó
Este viernes por la mañana se cerraron puertas y ventanas de la escuela Nº 54 Carlos Souriges de San José y los chicos quedaron atrapados, mientras en inmediaciones de la institución educativa se realizaban fumigaciones.
Con la acción del viento el olor cubrió el patio una vez más ya que el miércoles pasado, mientras los 80 estudiantes estaban en clases comenzaron a "respirar el veneno", según denunciaron las autoridades educativas.
A pocas horas, y a pesar de la difusión mediática de lo sucedido, volvió el viento norte y trajo consigo el olor que evidenciaba que en las cercanías se estaban aplicando agroquímicos. Una vez , la empresa dedicada al cultivo de arroz y nueces pecán que esta a menos de 300 metros del establecimiento, volvió a fumigar, pese a que tenían que esperar la "mediación" con la Justicia que se desarrollará el viernes 23, en Paraná.
Con mucha angustia e indignación, la directora del establecimiento de barrio Perucho, Silvia Mathey Doret, comenzó a cerrar puertas y ventanas y el recreo en el patio se convirtió en un improvisado espacio de juego en las aulas. Los chicos quedaron "encerrados" para prevenir cualquier tipo de reacción a los agroquímicos.
La docente, quien sufre en su cuerpo las secuelas de los agrotóxicos este viernes manifestó su angustia a los medios mientras intentaba comunicarse con las autoridades del Consejo de Educación para informar lo que estaba pasando. Asimismo manifestó que en la Policía le dijeron que la fumigación era "perfectamente legal".
"Si no fuera tan grave, causaría risa. Yo tengo que hacer la denuncia, porque la misma ley que los habilita a fumigar, me responsabiliza a mí de lo que le pueda pasar a los chicos", sentenció.
"El veneno me está afectando mucho", escribió niño afectado por fumigaciones
Fuente: El Once
Se trata de un alumno de la escuela que debió ser evacuada de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños. "Fue muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos", rememoró.
Un alumno de la Escuela N° 54 de San José cuya directora había denunciado las consecuencias de las fumigaciones a pocos metros de la institución, utilizó las redes sociales para difundir lo que vivió el día que tuvieron que ser evacuados de urgencia por los efectos de la aplicación de agroquímicos en campos aledaños.
"Hoy fue un día muy triste porque algunos nenes lloraban y estaban descompuestos. Yo me sentía bien pero al llegar a mi casa me descompuse, ya que vivo a unos 20 metros de la plantación de nueces. Y fue insoportable para mí respirar el veneno, así que mi mamá me llevo al doctor muy descompuesto porque me faltaba el aire", aseguró Laureano.
El niño contó que el médico le dio una inyección y que alertó a la madre de una dura situación: "Le dijo a mi mamá que en caso de que fumigen tengo que usar barbijo y dejar mi casa urgente, ya que cuando nací sufrí de broncoespasmo por casi un año y el veneno me esta afectando mucho", lamentó.
"Muchas veces quiero irme a vivir a otro lugar pero es nuestra humilde casa, donde viví siempre. Es mi escuela a la que concurro desde mis 4 años y no sé si yo podré ser feliz en otro lugar. Quiero que las personas que hacen esto piensen que somos niños y queremos vivir sanos y felices porque es parte de nuestros derechos", concluyó.
La directora de la Escuela Primaria NINA N° 54 "Carlos Souriges" de San José (departamento Colón) Silvia Mathey Doret, denunció las fumigaciones en un campo cercano este miércoles. Menos de 48 horas después, la aplicación de agroquímicos volvió a afectarlos y, en esta segunda oportunidad, también obligó a suspender las clases en otras dos instituciones.
Al respecto, desde el Gobierno provincial se informó que un equipo de fiscalización de la Secretaría de la Producción, que es órgano que tiene a cargo la aplicación de la ley de agroquímicos, constatará a qué distancia se produjo la fumigación y corroborará si presentaron en el municipio la documentación para la fumigación y qué productos se utilizaron.
En tanto, desde Pecanes Pierre SRL, el emprendimiento agrícola que fue denunciado, aseguraron que "el producto está permitido por la ley" y que fueron "supervisados" mientras realizaban sus labores. Asimismo, manifestaron que el producto aplicado no es peligroso para la salud y está permitido por la ley.
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Eufemismos: La ex Botnia no contamino, “excedió el límite”
Marcos Peña: Botnia-UPM no fue sancionada por contaminación, sino que “excedió el límite”
Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado nacional Juan José Bahillo, ex intendente de Gualeguaychú, le planteó al Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar la contaminación de Botnia-UPM.
El jefe de Gabinete, en el marco de una visita informativa a los legisladores, entendió que no fue un caso de contaminación, sino que la pastera “excedió los límites”, en una curiosa interpretación ambiental, para agregar que el hecho fue incorporado entre los “antecedentes”.
“Se ha dado en la última semana un hecho muy particular, que es que el gobierno uruguayo ha sancionado a la planta de Botnia-UPM, reconociendo el carácter contaminante de la planta de Botnia-UPM”, planteó Juan José Bahillo.
“Por eso solicitamos, lo ha solicitado el municipio de Gualeguaychú, lo solicitan los vecinos, que tal cual se hizo en el gobierno anterior, se recurra nuevamente a La Haya, para demostrar que, a confesión de partes, relevo de pruebas, el carácter contaminante de esta planta y exigir su relocalización”, agregó el legislador nacional.
Dijo también que “tengamos en cuenta que en el fallo anterior, La Haya reconoce que se ha alterado el ecosistema de manera perjudicial en inmediaciones de la planta, pero admite que por problemas de toma de muestras no se pudo vincular ese daño con Botnia, y nosotros estamos convencidos de que es así”.
“Lo que establece la Corte (de La Haya) fue monitorear conjuntamente a través de la CARU, la actividad de la pastera, lo que estamos haciendo constantemente. La reciente sanción del gobierno uruguayo fue por dos hechos puntuales de fines de 2016, por exceder en el vuelco de fósforo del parámetro total, no por contaminación sino por exceder el límite que establece el parámetro, según lo que nos dice la CARU. Pero de todas formas, esto sigue siendo parte de los antecedentes que forman parte de la delegación argentina ante la CARU para evaluar futuras acciones”, respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
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Fecha de Publicación: 20/03/2018
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
El diputado nacional Juan José Bahillo, ex intendente de Gualeguaychú, le planteó al Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que la Argentina vuelva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar la contaminación de Botnia-UPM.
El jefe de Gabinete, en el marco de una visita informativa a los legisladores, entendió que no fue un caso de contaminación, sino que la pastera “excedió los límites”, en una curiosa interpretación ambiental, para agregar que el hecho fue incorporado entre los “antecedentes”.
“Se ha dado en la última semana un hecho muy particular, que es que el gobierno uruguayo ha sancionado a la planta de Botnia-UPM, reconociendo el carácter contaminante de la planta de Botnia-UPM”, planteó Juan José Bahillo.
“Por eso solicitamos, lo ha solicitado el municipio de Gualeguaychú, lo solicitan los vecinos, que tal cual se hizo en el gobierno anterior, se recurra nuevamente a La Haya, para demostrar que, a confesión de partes, relevo de pruebas, el carácter contaminante de esta planta y exigir su relocalización”, agregó el legislador nacional.
Dijo también que “tengamos en cuenta que en el fallo anterior, La Haya reconoce que se ha alterado el ecosistema de manera perjudicial en inmediaciones de la planta, pero admite que por problemas de toma de muestras no se pudo vincular ese daño con Botnia, y nosotros estamos convencidos de que es así”.
“Lo que establece la Corte (de La Haya) fue monitorear conjuntamente a través de la CARU, la actividad de la pastera, lo que estamos haciendo constantemente. La reciente sanción del gobierno uruguayo fue por dos hechos puntuales de fines de 2016, por exceder en el vuelco de fósforo del parámetro total, no por contaminación sino por exceder el límite que establece el parámetro, según lo que nos dice la CARU. Pero de todas formas, esto sigue siendo parte de los antecedentes que forman parte de la delegación argentina ante la CARU para evaluar futuras acciones”, respondió el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
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Ex Botnia admitió la contaminación
La ex Botnia admitió haber tirado sustancias contaminantes al río Uruguay
Fecha de Publicación: 13/03/2018
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El país vecino multó a la pastera de origen finlandés por superar los niveles de contaminación tolerados.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay multó a la compañía finlandesa UPM (ex Botnia) por haber vertido al río Uruguay sustancias contaminantes más allá de los límites permitidos.
La ministra Eneida de León informó la semana pasada que la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos fue multada en más de medio millón de pesos uruguayos (casi 400 mil pesos argentinos) según informó El Observador.
Según advirtió De León, la sanción económica, de un valor ínfimo para los presupuestos que manejan las compañías, responde a una relación directa con el nivel de afectación de las aguas. "Si fuera mayor, la multa también sería más cara", afirmó.
Por su parte UPM admitió el vertido de contaminantes al río Uruguay más allá de los límites permitidos y señaló este miércoles ante periodistas locales que se trató de "algo puntual" que ya fue solucionado.
"Fue algo puntual. Fueron dos episodios que se registraron en diciembre 2016 y enero de 2017. La empresa ya informó junto con las autoridades en noviembre de 2017 ante la Comisión de Seguimiento", dijo el gerente de comunicaciones de la pastera, Matías Martínez.
La anomalía se produjo por un exceso de fósforo durante un "proceso de recuperación" que llevó acabo la compañía durante esos dos meses, y que luego "fue corregido".
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Fecha de Publicación: 13/03/2018
Fuente: Minuto Uno
Provincia/Región: Nacional
El país vecino multó a la pastera de origen finlandés por superar los niveles de contaminación tolerados.
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay multó a la compañía finlandesa UPM (ex Botnia) por haber vertido al río Uruguay sustancias contaminantes más allá de los límites permitidos.
La ministra Eneida de León informó la semana pasada que la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos fue multada en más de medio millón de pesos uruguayos (casi 400 mil pesos argentinos) según informó El Observador.
Según advirtió De León, la sanción económica, de un valor ínfimo para los presupuestos que manejan las compañías, responde a una relación directa con el nivel de afectación de las aguas. "Si fuera mayor, la multa también sería más cara", afirmó.
Por su parte UPM admitió el vertido de contaminantes al río Uruguay más allá de los límites permitidos y señaló este miércoles ante periodistas locales que se trató de "algo puntual" que ya fue solucionado.
"Fue algo puntual. Fueron dos episodios que se registraron en diciembre 2016 y enero de 2017. La empresa ya informó junto con las autoridades en noviembre de 2017 ante la Comisión de Seguimiento", dijo el gerente de comunicaciones de la pastera, Matías Martínez.
La anomalía se produjo por un exceso de fósforo durante un "proceso de recuperación" que llevó acabo la compañía durante esos dos meses, y que luego "fue corregido".
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El Palmar en peligro por el ciervo axis
El Parque Nacional El Palmar en peligro por un ciervo “importado”
Fecha de Publicación: 09/03/2018
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la perspectiva de un ecosistema, todo tiene que ver con todo. En lo que parece ser el “efecto colateral” de un programa exitoso para preservar a las palmeras yatay de jabalíes en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, los científicos ahora alertan sobre el crecimiento demográfico en el lugar de otra especie exótica: el ciervo axis, que se habría visto beneficiado por el declive poblacional del depredador de sus crías.
“Es una historia por demás paradojal”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir el doctor Ricardo Gürtler, investigador del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET. “El plan de control de mamíferos exóticos invasores del Parque logró controlar al jabalí, pero esto facilitó la expansión imparable del ciervo axis”.
Al igual que el jabalí, el ciervo axis o axis fue introducido en la Argentina en la primera década del siglo pasado con el objeto de servir para la caza deportiva. Fue el comienzo del desastre. En la actualidad, el axis se disemina en al menos 13 provincias y varias áreas protegidas del país, donde erosiona con su cornamenta la corteza de árboles (favoreciendo la proliferación de patógenos), erosiona el suelo y compite por las pasturas con los cérvidos nativos y el ganado.
En el Parque Nacional El Palmar, ubicado a unos 370 km de la Ciudad de Buenos Aires, la caza desde apostaderos fijos permitió controlar en menos de una década la amenaza de los jabalíes sobre la palmera autóctona. Pero ahora preocupa la explosión demográfica de los ciervos.
“Esta investigación ilustra algo que la ecología hace tiempo viene describiendo y alertando: los efectos o acciones sobre una especie pueden desencadenar efectos imprevistos sobre otras especies que participan de la trama trófica”, dijo Gürtler, quien dirige el Laboratorio de Eco-Epidemiología del IEGEBA. El biólogo agregó que, en la actualidad, él y sus colegas están evaluando el nivel de daño que generan los axis sobre la vegetación local. “Las estimaciones preliminares indican que hay múltiples especies nativas afectadas”, advirtió.
Del trabajo, publicado en “Biological Invasions”, también participaron Aristóbulo Maranta, biólogo del Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, y Lucía Rodríguez Planes, Guillermo Gil, Martín Izquierdo, Marcelo Cavicchia, también de la Administración de Parques Nacionales.
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Fecha de Publicación: 09/03/2018
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la perspectiva de un ecosistema, todo tiene que ver con todo. En lo que parece ser el “efecto colateral” de un programa exitoso para preservar a las palmeras yatay de jabalíes en el Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, los científicos ahora alertan sobre el crecimiento demográfico en el lugar de otra especie exótica: el ciervo axis, que se habría visto beneficiado por el declive poblacional del depredador de sus crías.
“Es una historia por demás paradojal”, señaló a la Agencia CyTA-Leloir el doctor Ricardo Gürtler, investigador del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA), que depende de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del CONICET. “El plan de control de mamíferos exóticos invasores del Parque logró controlar al jabalí, pero esto facilitó la expansión imparable del ciervo axis”.
Al igual que el jabalí, el ciervo axis o axis fue introducido en la Argentina en la primera década del siglo pasado con el objeto de servir para la caza deportiva. Fue el comienzo del desastre. En la actualidad, el axis se disemina en al menos 13 provincias y varias áreas protegidas del país, donde erosiona con su cornamenta la corteza de árboles (favoreciendo la proliferación de patógenos), erosiona el suelo y compite por las pasturas con los cérvidos nativos y el ganado.
En el Parque Nacional El Palmar, ubicado a unos 370 km de la Ciudad de Buenos Aires, la caza desde apostaderos fijos permitió controlar en menos de una década la amenaza de los jabalíes sobre la palmera autóctona. Pero ahora preocupa la explosión demográfica de los ciervos.
“Esta investigación ilustra algo que la ecología hace tiempo viene describiendo y alertando: los efectos o acciones sobre una especie pueden desencadenar efectos imprevistos sobre otras especies que participan de la trama trófica”, dijo Gürtler, quien dirige el Laboratorio de Eco-Epidemiología del IEGEBA. El biólogo agregó que, en la actualidad, él y sus colegas están evaluando el nivel de daño que generan los axis sobre la vegetación local. “Las estimaciones preliminares indican que hay múltiples especies nativas afectadas”, advirtió.
Del trabajo, publicado en “Biological Invasions”, también participaron Aristóbulo Maranta, biólogo del Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, y Lucía Rodríguez Planes, Guillermo Gil, Martín Izquierdo, Marcelo Cavicchia, también de la Administración de Parques Nacionales.
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Multan a UPM por contaminación del río Uruguay
Gobierno uruguayo multa a planta de celulosa de UPM por contaminación del río Uruguay
Fecha de Publicación: 07/03/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) anunció que aplicará dos multas a la planta de celulosa de la finlandesa UPM por superar los límites establecidos para los vertidos al Río Uruguay, al suroeste del país, informó este viernes la prensa local.
La titular del MVOTMA, Eneida de León, explicó a la emisora local Radio Uruguay que una de las multas, por 100 Unidades Reajustables (UR), es decir unos 3.300 dólares, se debió a un vertido de sólidos que "superó levemente lo permitido".
La segunda, en tanto, fue de 500 UR (unos 17.000 dólares) y se aplicó porque la empresa superó "ligeramente" el nivel de fósforo permitido en los vertidos.
"Esas multas se hacen públicas una vez que se le notifica a la empresa", señaló De León respecto al momento en el que trascenderán los detalles de las sanciones.
La ministra declaró al matutino El Observador que el valor de las multas es "ínfimo" en relación a los recursos que manejan este tipo de compañías, pero que la cifra está relacionada al "nivel de afectación de las aguas".
"Si fuera mayor, la multa también sería más cara", afirmó a ese medio.
UPM tiene una planta de celulosa en la localidad de Fray Bentos, ubicada en el departamento de Río Negro (al suroeste del país), que está ubicada sobre el Río Uruguay, frontera natural entre Uruguay y Argentina.
La instalación de esa planta generó tensiones entre ambos países durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después.
El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.
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Fecha de Publicación: 07/03/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Entre Ríos
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) anunció que aplicará dos multas a la planta de celulosa de la finlandesa UPM por superar los límites establecidos para los vertidos al Río Uruguay, al suroeste del país, informó este viernes la prensa local.
La titular del MVOTMA, Eneida de León, explicó a la emisora local Radio Uruguay que una de las multas, por 100 Unidades Reajustables (UR), es decir unos 3.300 dólares, se debió a un vertido de sólidos que "superó levemente lo permitido".
La segunda, en tanto, fue de 500 UR (unos 17.000 dólares) y se aplicó porque la empresa superó "ligeramente" el nivel de fósforo permitido en los vertidos.
"Esas multas se hacen públicas una vez que se le notifica a la empresa", señaló De León respecto al momento en el que trascenderán los detalles de las sanciones.
La ministra declaró al matutino El Observador que el valor de las multas es "ínfimo" en relación a los recursos que manejan este tipo de compañías, pero que la cifra está relacionada al "nivel de afectación de las aguas".
"Si fuera mayor, la multa también sería más cara", afirmó a ese medio.
UPM tiene una planta de celulosa en la localidad de Fray Bentos, ubicada en el departamento de Río Negro (al suroeste del país), que está ubicada sobre el Río Uruguay, frontera natural entre Uruguay y Argentina.
La instalación de esa planta generó tensiones entre ambos países durante el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) y sus homólogos argentinos Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después.
El conflicto derivó en un juicio frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contamina, contrariamente a lo que afirmaban las autoridades argentinas, pero que el Gobierno uruguayo no informó debidamente al vecino país, como exigían los acuerdos bilaterales.
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Criterios ambientales en la nueva traza Rosario y Victoria
Ruta a Victoria: piden estudios ambientales ante una doble traza
Fecha de Publicación: 07/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El reiterado pedido de las intendencias de Rosario y Victoria encuentra eco entre organizaciones que reclaman respetar la normativa.
Los reiterados reclamos de las intendencias de Rosario y Victoria para ampliar la traza de la ruta que une a las dos ciudades no parece haber tenido en cuenta hasta ahora los criterios ambientales que, por ley, debería contemplar esa conexión vial, que atraviesa 60 kilómetros de área protegida (en los papeles).
La ausencia de dispositivos para que se desplace la fauna que puebla las islas, de controles de velocidad, de información sobre las particularidades de esa ruta y de control a los centenares de paseantes que paran en las banquinas para pescar, cazar o acampar (todo lo cual está prohibido) son algunas de las anomalías que a diario pueden verse y que ayudan a que esa ruta sea un espanto vial, además de ambiental.
Hace pocos días, en ocasión del Día de los Humedales (2 de febrero), desde el grupo ambientalista El Paraná No se Toca (EPNST) hicieron público un petitorio para pedir a las autoridades —ministerios de Transporte y de Ambiente de Nación, gobernaciones de Santa Fe y Entre Ríos, concesionaria Caminos del río Uruguay y municipalidad de Victoria— la realización de una evaluación de impacto ambiental y la construcción de corredores biológicos para proteger la fauna silvestre en esa conexión vial.
Un reclamo actualizado
El reclamo, que en rigor es antiguo, se actualizó ante los renovados pedidos de los gobiernos locales para ampliar esa ruta que está colapsada y que se convierte en una trampa vial para los miles de automóviles que a diario la utilizan.
Los ambientalistas de ambas orillas (EPNST del lado santafesino, Guardianes de Victoria, en costas entrerrianas) recordaron que existe una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación de finales de 2016 donde se insta al concesionario y a los actores estatales a ocuparse del cuidado de la fauna al ser una zona natural protegida.
En ese informe, el órgano nacional denunció que el trazado vial no cumple ninguno de los criterios ambientales que debería respetar: los puentes no contemplan el paso de fauna silvestre, los alambrados que delimitan la ruta no son los adecuados, hay nula o escasa señalización que advierta sobre la presencia de animales y son nulos o escasos los controles de velocidad.
Zona protegida
La ruta a Victoria tiene 60 kilómetros de largo y cuenta con 12 puentes en zona de islas vinculados entre sí mediante terraplenes. Ese área es una transición entre las porciones Superior y Media del Delta del Paraná, una zona extremadamente rica desde el punto de vista ambiental al contar con una riqueza de fauna silvestre estimada en 243 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
La conexión vial afecta de manera directa los flujos naturales en alrededor de 376 mil hectáreas de islas, declaradas como reserva de usos múltiples de acuerdo a la ley de Areas Naturales Protegidas de la provincia de Entre Ríos.
En el petitorio elevado a las autoridades, los integrantes de EPNST recordaron que originalmente la traza había sido pensada sobre pilotes, aunque finalmente se realizó mayoritariamente sobre terraplenes "desoyendo las recomendaciones de las evaluaciones de impacto ambiental".
"En la actualidad la conexión vial no cuenta con corredores específicos por donde los animales puedan cruzar sin tener que sufrir el trágico destino de morir atropellados por el intenso tránsito vehicular, causando además riesgos para la circulación".
Por ese motivo desde esa organización exhortaron a que se avance con una nueva evaluación de impacto ambiental y con la construcción de corredores biológicos "que garanticen la transitabilidad de la fauna autóctona evitando así los accidentes vehiculares y la muerte de los animales".
Los continuos accidentes en la ruta llevaron a las autoridades de ambas orillas a reclamar. Desde las ONG piden que toda obra que se lleve adelante contemple las consecuencias sobre el medio.
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Fecha de Publicación: 07/03/2018
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe - Entre Ríos
El reiterado pedido de las intendencias de Rosario y Victoria encuentra eco entre organizaciones que reclaman respetar la normativa.
Los reiterados reclamos de las intendencias de Rosario y Victoria para ampliar la traza de la ruta que une a las dos ciudades no parece haber tenido en cuenta hasta ahora los criterios ambientales que, por ley, debería contemplar esa conexión vial, que atraviesa 60 kilómetros de área protegida (en los papeles).
La ausencia de dispositivos para que se desplace la fauna que puebla las islas, de controles de velocidad, de información sobre las particularidades de esa ruta y de control a los centenares de paseantes que paran en las banquinas para pescar, cazar o acampar (todo lo cual está prohibido) son algunas de las anomalías que a diario pueden verse y que ayudan a que esa ruta sea un espanto vial, además de ambiental.
Hace pocos días, en ocasión del Día de los Humedales (2 de febrero), desde el grupo ambientalista El Paraná No se Toca (EPNST) hicieron público un petitorio para pedir a las autoridades —ministerios de Transporte y de Ambiente de Nación, gobernaciones de Santa Fe y Entre Ríos, concesionaria Caminos del río Uruguay y municipalidad de Victoria— la realización de una evaluación de impacto ambiental y la construcción de corredores biológicos para proteger la fauna silvestre en esa conexión vial.
Un reclamo actualizado
El reclamo, que en rigor es antiguo, se actualizó ante los renovados pedidos de los gobiernos locales para ampliar esa ruta que está colapsada y que se convierte en una trampa vial para los miles de automóviles que a diario la utilizan.
Los ambientalistas de ambas orillas (EPNST del lado santafesino, Guardianes de Victoria, en costas entrerrianas) recordaron que existe una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación de finales de 2016 donde se insta al concesionario y a los actores estatales a ocuparse del cuidado de la fauna al ser una zona natural protegida.
En ese informe, el órgano nacional denunció que el trazado vial no cumple ninguno de los criterios ambientales que debería respetar: los puentes no contemplan el paso de fauna silvestre, los alambrados que delimitan la ruta no son los adecuados, hay nula o escasa señalización que advierta sobre la presencia de animales y son nulos o escasos los controles de velocidad.
Zona protegida
La ruta a Victoria tiene 60 kilómetros de largo y cuenta con 12 puentes en zona de islas vinculados entre sí mediante terraplenes. Ese área es una transición entre las porciones Superior y Media del Delta del Paraná, una zona extremadamente rica desde el punto de vista ambiental al contar con una riqueza de fauna silvestre estimada en 243 especies entre mamíferos, aves, reptiles y anfibios.
La conexión vial afecta de manera directa los flujos naturales en alrededor de 376 mil hectáreas de islas, declaradas como reserva de usos múltiples de acuerdo a la ley de Areas Naturales Protegidas de la provincia de Entre Ríos.
En el petitorio elevado a las autoridades, los integrantes de EPNST recordaron que originalmente la traza había sido pensada sobre pilotes, aunque finalmente se realizó mayoritariamente sobre terraplenes "desoyendo las recomendaciones de las evaluaciones de impacto ambiental".
"En la actualidad la conexión vial no cuenta con corredores específicos por donde los animales puedan cruzar sin tener que sufrir el trágico destino de morir atropellados por el intenso tránsito vehicular, causando además riesgos para la circulación".
Por ese motivo desde esa organización exhortaron a que se avance con una nueva evaluación de impacto ambiental y con la construcción de corredores biológicos "que garanticen la transitabilidad de la fauna autóctona evitando así los accidentes vehiculares y la muerte de los animales".
Los continuos accidentes en la ruta llevaron a las autoridades de ambas orillas a reclamar. Desde las ONG piden que toda obra que se lleve adelante contemple las consecuencias sobre el medio.
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Debate legislativo por los agroquímicos en Entre Ríos
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Fecha de Publicación: 17/02/2018
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Ambientalistas pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras. La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre. Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado. Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
"No es una ley mala"
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
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Paraná: que se vetó de la ordenanza anti glifosato?
Cuáles son los artículos vetados de la ordenanza que prohíbe el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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Fecha de Publicación: 12/02/2018
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos
Tal como la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos y la ex candidata a diputada Nadia Burgos denunciaron oportunamente, el Ejecutivo municipal emitió un veto parcial a la ordenanza Nº 9659, de Prohibición de Uso y Aplicación de Productos Químicos o Biológicos que contengan Glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
El veto puede encontrarse en el Digesto municipal, pero aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la provincia, por lo tanto no se encuentra en vigencia.
Vetados
Los artículos vetados son seis: el 1º, 5º, 6º, 7º, 8º y 12º. Se trata de la mitad del articulado, ya que en total son 13 pero el último es de forma.
El artículo 1º es justamente el que “prohíbe dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación o la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes, que contenga glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente”.
El artículo 5º, en tanto, define a quién se le considera “usuario responsable”. El 6º establece que “en virtud del aspecto colectivo de los derechos que se tienden a asegurar, cualquier persona, entidades, Defensoría del Pueblo, podrán realizar denuncias, solicitar información y las intervenciones correspondientes, siendo de aplicación las prescripciones de la Ordenanza Nº 5421 -Código para el juzgamiento de faltas, infracciones y contravenciones-, que será de aplicación en las infracciones cometidas y/o denunciadas”.
El artículo 7º, también vetado, dispone las sanciones para los infractores, con montos de las multas; mientras que el 8º establece que se agregue “al Código de Faltas todo lo referido a la materia de la presente Ordenanza y aplíquense las sanciones correspondientes a su violación”.
El artículo 12º, por último, invita “a los Municipios del área metropolitana, a sancionar normas de igual tenor”.
Desmentida
Tras la denuncia pública de organizaciones ambientalistas por el veto parcial, desde el Municipio se desmintió tal acusación.
En ese sentido, la concejal Claudia Acevedo, autora de la ordenanza, dijo que un solo punto quedó sin efecto: el referente a la “comercialización” de estos productos.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Walter Rolandelli, sostuvo que “lo que el intendente ha vetado es la prohibición de comercialización y circulación y de glifosato dentro del ejido de la ciudad, porque está autorizado por leyes provinciales y una ordenanza como es una normativa menor no puede estar en contra de una norma superior, de allí que no se puede prohibir la comercialización del herbicida en la capital entrerriana”. Además aseguró que “todo lo demás de la ordenanza sigue vigente en la ciudad de Paraná”.
Los artículos promulgados
Entre las disposiciones de la ordenanza que sí se mantienen, se encuentra la prohibición de “la aplicación aérea” para “fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal”, de cualquier producto que contenga glifosato.
En total son seis los artículos que el Ejecutivo promulgó a través del mismo decreto Nº 2155/2017. Se trata de los artículos 2º, 3º, 4º, 9º, 10º y 11º, que a continuación esta Agencia reproduce en forma textual.
Artículo 2º.- Prohíbese la aplicación aérea de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o de espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 3º.- Prohíbese la limpieza de todo tipo de maquinaria y equipo utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias.
Artículo 4º.- Prohíbese el descarte o abandono de envases de cualquier producto químico o biológico de uso agropecuario destinado a la fumigación o a la fertilización agrícola y/o forestal y/o espacios verdes que contengan glifosato (N-fosfonometilglicina C3H8NO5P) y agroquímicos derivados.
Artículo 9º.- La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría Sustentable o la dependencia que en el futuro la reemplace.
Artículo 10º.- Si la Autoridad de Aplicación advierte el incumplimiento de normas provinciales o nacionales en relación a herbicidas, plaguicidas y agroquímicos, realizará las denuncias correspondientes.
Artículo 11º.- Sin perjuicio de la operatividad directa e inmediata de esta ordenanza, facúltase al Departamento ejecutivo Municipal a reglamentar la presente ordenanza en todos aquellos aspectos que resulten necesarios para el pleno cumplimiento de sus fines. La interpretación de esta Ordenanza se realizará conforme las prescripciones de las leyes nacionales y provinciales vigentes en la materia.
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El agronegocio presiona y vetan ordenanza sobre agroquímicos
Varisco vetó la ordenanza que prohibía el glifosato en Paraná
Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Fecha de Publicación: 07/02/2018
Fuente: Diario Junio
Provincia/Región: Entre Ríos
Mientras las principales críticas de las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos en general se centran en el rechazo al proyecto de Ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Entre Ríos y que a fines del año pasado recibió media sanción del Senado, el titular del Ejecutivo municipal de Paraná, Sergio Varisco decidió vetar una ordenanza que de haber entrado en vigencia colocaba a la capital entrerriana a la vanguardia de la lucha ambientalista por su carácter ampliamente restrictivo en cuanto al uso, venta, almacenamiento y transporte del agroquímico.
La denominada Ronda de los Martes contra el uso indiscriminado de agroquímicos considerados nocivos para la salud humana, animal y vegetal, comenzó a extenderse en toda la provincia a partir de las últimas semanas. Motorizada por la Asamblea Paraná Sin Agrotóxicos, la iniciativa tiene como eje principal cuestionar el proyecto de Ley del gobierno de Gustavo Bordet, que reduce considerablemente las distancias de fumigación respecto a las zonas urbanizadas, concientizar a la ciudadanía y presionar a los diputados para evitar su sanción definitiva. Esta semana, encontró eco en Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Villaguay, San José y Colón.
Las periódicas noticias de personas que vieron deteriorada su salud tras haber sido alcanzadas por los agroquímicos que se utilizan en los cultivos, dispararon la alerta en la población de una provincia que forma parte del eje sojero del país y donde, desde hace tiempo, se viene debatiendo el tema.
Algunas legislaturas municipales tomaron nota de la situación y durante 2017 comenzaron a elaborar proyectos que de algún modo pongan un coto al desmadre existente en cuanto al uso intensivo de pesticidas que, muchas veces, genera conflictos entre vecinos. Los concejos deliberantes de Gualeguaychú y Concordia avanzan en respectivas normas buscando el mayor consenso posible en un tema que afecta intereses enfrentados. Las vacaciones enfriaron el tema que sin duda volverá a estar en el centro de la escena ni bien los ediles retomen la actividad legislativa. En ese contexto, sorpresivamente, la capital entrerriana hizo punta, tratando sobre tablas y aprobando por unanimidad una ordenanza sumamente restrictiva para el uso de glifosato, uno de los químicos más cuestionados por la población.
A poco de la aprobación de la ordenanza y en medio del debate sobre el tema, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, visitó la provincia de la que es oriundo y aseguró que “el glifosato es inocuo” y además defendió la instalación de plantas procesadoras de pasta de celulosa en el suelo entrerriano. La virulencia e imprecisión de su frase en cuanto al herbicida, dio cuenta de la intensidad de la reacción de los sectores que el ministro representa ante los intentos de restringir su uso, y fue respondida enérgicamente por los ambientalistas.
La extensión incesante de la frontera agrícola ha ido cercando poblados y escuelas. A fin del año pasado, una familia entera debió ser hospitalizada durante una semana tras haber alcanzada por una fumigación en un campo lindante a su vivienda; son de público conocimiento los casos de Tomassi y la docente Mariela Leiva, entre otros. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia, dio lugar a un amparo ambiental iniciado por la familia de tamberos fumigada en la localidad de Altamirano.
En Paraná, el rechazo a esta práctica agrícola que suele denominarse paquete tecnológico y consiste en la implementación de semillas transgénicas – siembra directa – uso de herbicidas de amplio espectro, provisto principalmente por la firma multinacional Monsanto, encontró un inesperado detractor, la concejal de Cambiemos, Claudia Acevedo. La sensibilidad de la edil la llevó a cometer un error político. Según relató en la sesión en que presentó in voce el proyecto ahora vetado por el intendente Varisco, la iniciativa se originó en una reunión que mantuvo con padres de niños y niñas con leucemia. Ellos la pusieron al tanto de que una de las posibles causas de esa cruel enfermedad podía ser la exposición a agroquímicos considerados tóxicos y ubicaron en primer lugar al glifosato. De esa manera llegó al recinto el proyecto, que fue votado rápidamente para su tratamiento sobre tablas y aprobado de forma unánime en la misma sesión, la última del período ordinario 2017.
La norma, va a contramano de la línea del gobierno nacional que sostienen tanto Etchevehere –hoy complicado por las causas judiciales en su contra– como el ministro de Ambiente, Sergio Bergman. La ordenanza prohibía dentro del ejido de la ciudad de Paraná, la utilización, comercialización, circulación y aplicación en toda forma y de cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario, destinado a la fumigación agrícola, forestal o de espacios verdes, que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, con el objeto de asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente. También la limpieza de todo tipo de maquinarias y equipos utilizados para la aplicación de productos químicos o biológicos de uso agropecuario que contengan Glifosato y agroquímicos derivados, como asimismo el tránsito de máquinas de aplicación de dichos productos que no se encuentren descargadas y perfectamente limpias. Además del descarte o abandono de envases de cualquier tipo químico o biológico de uso agropecuario que contengan tal producto. Las multas por el incumplimiento de estas disposiciones contemplaban multas que superaban en los casos más extremos el millón de pesos. Inmediatamente se especuló con la posibilidad de que el titular del Ejecutivo local dejase sin efecto la ordenanza en cuestión.
A poco de la aprobación comenzó el receso administrativo en el municipio y el HCD, por lo que los plazos se prorrogan, y el desenlace de la situación quedó en suspenso. Con el retorno a la actividad, el intendente Sergio Varisco tomó finalmente la decisión de vetar la ordenanza, lo cual será comunicado en la primera sesión ordinaria del año.
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Entre Ríos: sociedad se organiza contra los agrotóxicos
Contra los agrotóxicos, en la calle y en tribunales
Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Fecha de Publicación: 06/02/2018
Fuente: paginapolitica.com
Provincia/Región: Entre Ríos
Se está conformando una red de organizaciones dispuesta a poner en la agenda la lucha contra la utilización de herbicidas. La Justicia está dando señales.
El cuidado del medioambiente crece desde abajo. El año pasado hubo algunas movilizaciones, pero el 2018 arrancó con jornadas cronometradas, por lo menos en Paraná y Gualeguaychú. El martes fue el día elegido por los activistas que, hoy por hoy, tienen la prohibición de los agrotóxicos al tope de la agenda.
Distintas organizaciones ambientales se están manifestando bajo la consigna: “Basta de Agrotóxicos, otra forma de producir es posible: la agroecología”.
Victoria Veronessi, una de las activistas, contó que la intención es que el encuentro en la esquina de 25 de Mayo y España (Gualeguaychú) se repita todos los martes a las 19 y que esa idea se replique en simultáneo con otras localidades de Entre Ríos. Se dispondrá al público un petitorio para que sea firmado por los vecinos para juntar firmas en contra de un proyecto provincial que tiene media sanción en el Senado y ahora en febrero pasa a Diputados. “Se trata de un proyecto súper regresivo porque acorta las distancias entre fumigaciones y habilita a otros productos”, manifestó en declaraciones a El Día.
Este martes, en Casa de Gobierno, hubo una movida similar. Se viene llevando adelante todas las semanas. A esa movida se le suman charlas.
No solo en sectores ambientalistas se está advirtiendo sobre el escabroso tema del uso estos productos, sino en los tribunales.
Este martes también se conoció una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la que ratificó en todos sus términos lo peticionado en un amparo ambiental contra la empresa santafesina “Celestino Spahn S.A”. Una familia acudió a la vía judicial luego de que el 28 de noviembre su vivienda rural, ubicada en Altamirano Norte (Departamento Tala), fuera alcanzada por una fumigación.
A raíz de una aplicación que tuvo lugar a 700 metros de la casa, Eduardo Javier Holstein, Silvana Andrea Silguero y sus dos hijos menores de edad sufrieron una severa intoxicación, que derivó en la internación de todos los miembros de la familia en el Hospital de Maciá. Dada la complejidad del cuadro que presentaban fueron trasladados al nosocomio de Villaguay, según informó El Miércoles Digital.
En octubre pasado, en un fallo inédito, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay condenó a un año y seis meses de prisión condicional a Erminio Bernardo Rodríguez, presidente de la empresa fumigadora Villaguay Aero Litoral SA; José Mario Honeker, dueño del campo de arroz y maíz; y César Martín Ramón Visconti, el piloto del avión fumigador, que también fue inhabilitado por un año para realizar actividades de pulverización aérea. Los tres fueron encontrados culpables de los delitos de lesiones leves culposas y contaminación ambiental, penado por la Ley de Residuos Peligrosos, por la fumigación que roció de agrotóxicos a la Escuela Número 44 República Argentina, en Colonia Santa Anita, departamento Uruguay.
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Acuífero Guaraní: de Entre Ríos se cuestiona a su gobierno
Acuífero Guaraní: enojo por la inacción del oficialismo provincial
Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la Asamblea se viene impulsando la defensa a la mayor reserva de agua dulce de la región y esta resistencia derivó en la prohibición del fracking en suelo entrerriano sancionada por la legislatura. Pero el problema se presenta del otro lado del río y requieren acciones de gobierno para avanzar en el control e impedimento de prácticas que pondrían en riesgo el recurso elemental.
Las perforaciones petroleras en la localidad de Salto motivaron un duro comunicado, emitido desde la Asamblea Ciudadana de Concordia, en donde manifestaron su preocupación y enojo ante la inacción del oficialismo provincial. "Parecería que el tema de la contaminación de nuestros reservorios de agua dulce no les interesa a quienes tienen poder de decisión", expresó el documento.
En el texto, dirigido al senador por el oficialismo de Concordia, Ángel Giano, reclamaron "acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní".
Calificaron como "escasos" los resultados obtenidos "por parte de autoridades nacionales y/o provinciales ante los hechos relacionados con las perforaciones de la actividad hidrocarburífera en el territorio de la ROU". "Las perforaciones se concretaron en Paysandú y serán seguidas a la brevedad por las planificadas en el Departamento Salto", dice el documento.
Señalaron, además, que hay movimientos y organizaciones del país vecino que acompañan la lucha "lo que pone en evidencia que las autoridades uruguayas no tienen licencia social para avanzar con estos emprendimientos y que los daños sobre el Sistema Acuífero Guaraní ya se están perpetrando". Afirmaron, además, que "aun cuando no se llegue a aplicar la técnica de fractura hidráulica o fracking, el daño contaminante que producen y producirán las perforaciones ya en marcha sobre los acuíferos de la región es impredecible" .
Finalmente, manifestaron que desde el envío de la primera comunicación referida al tema el 1 de febrero de 2017, después de que se conociera a través de la prensa que la Comisión de Salud Pública, Medio ambiente Humano y Drogadicción había elevado un Proyecto de Comunicación a Cancillería, Exped.12064-12523, solicitando medidas referidas al cuidado del Acuífero Guaraní y/o de la estructura del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, "nunca más tuvimos noticias, ni directa ni indirectamente, acerca de la continuidad o resultado de esa gestión".
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Fecha de Publicación: 27/01/2018
Fuente: El Entre Ríos
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde la Asamblea se viene impulsando la defensa a la mayor reserva de agua dulce de la región y esta resistencia derivó en la prohibición del fracking en suelo entrerriano sancionada por la legislatura. Pero el problema se presenta del otro lado del río y requieren acciones de gobierno para avanzar en el control e impedimento de prácticas que pondrían en riesgo el recurso elemental.
Las perforaciones petroleras en la localidad de Salto motivaron un duro comunicado, emitido desde la Asamblea Ciudadana de Concordia, en donde manifestaron su preocupación y enojo ante la inacción del oficialismo provincial. "Parecería que el tema de la contaminación de nuestros reservorios de agua dulce no les interesa a quienes tienen poder de decisión", expresó el documento.
En el texto, dirigido al senador por el oficialismo de Concordia, Ángel Giano, reclamaron "acciones preventivas pertinentes y oportunas que garanticen la demanda de protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní".
Calificaron como "escasos" los resultados obtenidos "por parte de autoridades nacionales y/o provinciales ante los hechos relacionados con las perforaciones de la actividad hidrocarburífera en el territorio de la ROU". "Las perforaciones se concretaron en Paysandú y serán seguidas a la brevedad por las planificadas en el Departamento Salto", dice el documento.
Señalaron, además, que hay movimientos y organizaciones del país vecino que acompañan la lucha "lo que pone en evidencia que las autoridades uruguayas no tienen licencia social para avanzar con estos emprendimientos y que los daños sobre el Sistema Acuífero Guaraní ya se están perpetrando". Afirmaron, además, que "aun cuando no se llegue a aplicar la técnica de fractura hidráulica o fracking, el daño contaminante que producen y producirán las perforaciones ya en marcha sobre los acuíferos de la región es impredecible" .
Finalmente, manifestaron que desde el envío de la primera comunicación referida al tema el 1 de febrero de 2017, después de que se conociera a través de la prensa que la Comisión de Salud Pública, Medio ambiente Humano y Drogadicción había elevado un Proyecto de Comunicación a Cancillería, Exped.12064-12523, solicitando medidas referidas al cuidado del Acuífero Guaraní y/o de la estructura del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, "nunca más tuvimos noticias, ni directa ni indirectamente, acerca de la continuidad o resultado de esa gestión".
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Más denuncias de fumigaciones sobre una escuela
Denuncian fumigaciones ilegales sobre una escuela
Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 21/01/2018
Fuente: Diario La Arena
Provincia/Región: Entre Ríos
Se trata de la docente Sandra Aguirre, de la escuela Nº 58 Bartolito Mitre, quien denunció a la Policía que un productor de la localidad de Espinillo Norte fumigó “de manera irregular” la zona en la que se encuentra el establecimiento escolar.
Espinillo Norte, un poblado rural en el centro oeste de Entre Ríos, es gobernada por una junta comunal.
“Alrededor de las 8:20, la ordenanza que estaba en la escuela me avisó que estaban fumigando enfrente de la escuela, cruzando la calle. Ella filmó, mandó el video e hicimos la denuncia en la comisaría de La Picada. Yo trabajo en la escuela y no puedo mirar para otro lado”, dijo la maestra.
Según la docente, durante la aplicación de los fitosanitarios “no había un profesional habilitado supervisando la tarea y tampoco se habría cumplido la legislación vigente en cuanto al aviso previo”, dijo.
La docente precisó que en inmediaciones de la escuela hay viviendas familiares por lo que dedujo que las personas que las habitan también fueron alcanzadas por los agroquímicos.
“Lo de las fumigaciones pasó siempre pero nunca nadie actuó sobre nada de esto. Hay una vecina de la zona que en otro momento hizo denuncias porque tuvo problemas de salud”, dijo Aguirre que trabaja en la escuela pero no reside en la zona.
En otro hecho similar, que fue denunciado por una familia del departamento Tala que presentó un amparo contra la empresa Celestino Spahn S.A. por haberle fumigado con agroquímicos la casa, se sancionó a la empresa y al fumigador oriundo de Villaguay, por daños a la salud.
Medidas de seguridad.
El juzgado de feria, a cargo de Lautaro Caballo, hizo lugar a la presentación y condenó al dueño de un campo ubicado en Altamirano Norte, en el departamento Tala, a adoptar en lo sucesivo una serie de medidas de seguridad que impidan que la fumigación afecte la salud de pobladores vecinos.
La firma fue emplazada para que en sucesivas fumigaciones se observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 kilómetros por hora.
Además deberá acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas; fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo; y comunicar a la Dirección General de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos.
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Entre Ríos: manifestación contra proyecto sobre agroquímicos
Concentración frente a la Casa Gris para repudiar proyecto sobre agroquímicos
Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Fecha de Publicación: 13/01/2018
Fuente: El Día (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
Representantes de distintas organizaciones sociales se concentraron frente a la casa de gobierno para repudiar la media sanción de un proyecto que, entre otras cuestiones, reduce las distancias para fumigar con agroquímicos.
“Estamos acá para rechazar la media sanción que la Cámara de Senadores de Entre Ríos le dio el 26 de diciembre a un proyecto de ley sobre agrotóxicos que contradice a la Constitución”, expresó la abogada Valeria Enderle, quien cuestionó que tal iniciativa haya sido “tratada sobre tablas y sin consultar a la ciudadanía”.
“Es un proyecto de ley totalmente regresivo en cuanto al cuidado de la salud y del medio ambiente”, cuestionó Enderle, quien formó parte del grupo que confeccionó el documento difundido días atrás.
“Hoy se prohíben realizar fumigaciones aéreas a tres kilómetros de distancia, y este proyecto permite fumigar con –por ejemplo– glifosato a 500 metros de las áreas urbanas”, criticó.
En el lugar se realizó una asamblea, luego salieron a volantear por algunas calles de la ciudad para explicarle a la gente qué aprobaron los senadores y advirtieron que irán a protestar a la Cámara de Diputados si éstos quieren avanzar en el polémico proyecto.
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Promulga la derogación de la Ley de la Madera y hay malestar
Bordet promulgó la derogación de la Ley de la Madera y habilitó la exportación
Fecha de Publicación: 08/01/2018
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Este artículo fue redactado como consecuencia del conflicto socio-ambiental que surgió a raíz de la instalación de UPM-ExBotnia y la derogación levantó el malestar en las organizaciones ambientales.
Por lo contrario y reconocido por el propio gobernador, la decisión fue reclamada y celebrada por las distintas cámaras forestales. La derogación se da en el marco de una nueva pastera en la República Oriental del Uruguay y ahora la provincia permite que le exporte madera entrerriana para la producción de pasta celulosa con serios daños a los ríos y al medio ambiente de la región.
Al anunciar la decisión de derogarla, el gobernador Gustavo Bordet dijo que -con la norma-, Entre Ríos "pierde la posibilidad de sembrar eucaliptus y de recuperar también un rol importante dentro de la matriz productiva provincial y nacional".
La Ley de la Madera, que prohibía "la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial".
Al defender la necesidad de derogar la ley, Bordet tildó como un "contrasentido" la existencia de esa prohibición, ya que como mandatario "pelea para que se abran las exportaciones de cítricos a los Estados Unidos y Brasil, y por otro lado tiene un artículo que prohíbe exportaciones".
Reconoció que la derogación fue solicitada por las distintas cámaras forestales y aclaró que desde su gobierno "somos los más interesados en conservar los recursos naturales".
La iniciativa, cuya promulgación se conoció este miércoles, fue sancionada definitivamente en diciembre por Diputados, en cuyo recinto, vecinos de Gualeguaychú, enrolados en la Asamblea Ambiental que rechaza la instalación de pasteras en Fray Bentos, repudiaron la decisión con pancartas y cánticos alusivos a la defensa del medio ambiente, publicó Informe Digital.
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Fecha de Publicación: 08/01/2018
Fuente: El Argentino
Provincia/Región: Entre Ríos
Este artículo fue redactado como consecuencia del conflicto socio-ambiental que surgió a raíz de la instalación de UPM-ExBotnia y la derogación levantó el malestar en las organizaciones ambientales.
Por lo contrario y reconocido por el propio gobernador, la decisión fue reclamada y celebrada por las distintas cámaras forestales. La derogación se da en el marco de una nueva pastera en la República Oriental del Uruguay y ahora la provincia permite que le exporte madera entrerriana para la producción de pasta celulosa con serios daños a los ríos y al medio ambiente de la región.
Al anunciar la decisión de derogarla, el gobernador Gustavo Bordet dijo que -con la norma-, Entre Ríos "pierde la posibilidad de sembrar eucaliptus y de recuperar también un rol importante dentro de la matriz productiva provincial y nacional".
La Ley de la Madera, que prohibía "la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial".
Al defender la necesidad de derogar la ley, Bordet tildó como un "contrasentido" la existencia de esa prohibición, ya que como mandatario "pelea para que se abran las exportaciones de cítricos a los Estados Unidos y Brasil, y por otro lado tiene un artículo que prohíbe exportaciones".
Reconoció que la derogación fue solicitada por las distintas cámaras forestales y aclaró que desde su gobierno "somos los más interesados en conservar los recursos naturales".
La iniciativa, cuya promulgación se conoció este miércoles, fue sancionada definitivamente en diciembre por Diputados, en cuyo recinto, vecinos de Gualeguaychú, enrolados en la Asamblea Ambiental que rechaza la instalación de pasteras en Fray Bentos, repudiaron la decisión con pancartas y cánticos alusivos a la defensa del medio ambiente, publicó Informe Digital.
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Entre Ríos: marchan por la nueva Ley de Agroquímicos
Organizaciones marcharán el lunes para exigir que Diputados no apruebe la Ley de Agroquímicos
Fecha de Publicación: 07/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ambientalistas, sociales y políticas consensuaron un documento en rechazo a los cambios a la Ley de Fitosanitarios que, entre otras medidas, reduce de 3.000 a 500 metros la distancia de fumigaciones aéreas con ciertos químicos entre los que se encuentra el glifosato. El próximo lunes a las 19:30 se movilizarán para exigir a los diputados provinciales que no avalen con su voto el proyecto aprobado por el Senado que, advirtieron, “es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana”, supo AIM.
La preocupación de diversos sectores sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana y el medioambiente comenzó a acentuarse a partir de la seguidilla de muertes por leucemia ocurridas durante el mes de noviembre: Lucas de sólo dos años en Rosario del Tala, Antonella (ocho) en Gualeguaychú, Agustín (15) en Crespo y Yamila (18) en Basavilbaso. Bajo la consigna “Basta es basta”, cientos de personas y decenas de organizaciones marcharon a Casa de Gobierno para exigir una legislación que proteja la salud humana y del medioambiente y políticas que apunten a poner fin al actual modelo de producción agrícola, con alta dependencia de insecticidas y herbicidas.
Pero la inquietud no terminó ese día. A la sucesión de muertes, incremento de la cantidad de casos de cáncer, fumigaciones en proximidades de escuelas y poblaciones, se le sumó la aprobación, sobre tablas, sin debate en comisión, de una legislación más laxa que reduce las distancias para las fumigaciones aéreas y lleva de 3.000 a 500 metros la pulverización con fitosanitarios de las clases toxicológicas tres y cuatro.
La medida tomó a muchos por sorpresa y dio lugar a una urgente convocatoria a una asamblea ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados tratara el proyecto esta semana y le diera sanción definitiva.
Aunque la Cámara Baja suspendió su sesión, el tratamiento del proyecto es cuestión de tiempo y quienes se oponen a la norma no bajaron la guardia. Por eso convocan a una concentración para el próximo lunes a las 19:30 en Santa Fe y Laprida, a metros de Casa de Gobierno, para exigir a los diputados que no aprueben la iniciativa del senador Mario Torres.
En el documento firmado hasta el momento por unas 30 organizaciones -aunque sigue sumando avales- expresaron su “total rechazo” al proyecto aprobado y “absoluto repudio al accionar de los senadores entrerrianos”, por haber votado el texto sobre tablas, sin debate en comisión y sin consulta a los diversos actores involucrados.
“El proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno; mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes”, alertaron los firmantes del documento.
Asimismo, señalaron que este químico “degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
Además de calificar como “ilegítimo” el tratamiento del proyecto, denunciaron su “inconstitucionalidad” por considerarlo “violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado”, establecidos en las constituciones nacional y provincial y en diversos pactos y convenciones internacionales.
Otro de los puntos cuestionados es la exclusión del Consejo Provincial Fitosanitario “a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana”, dejando afuera “a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-” y alertaron sobre la inexistencia “en el horizonte legislativo (de) la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos”.
En ese contexto bregaron por la no sanción del proyecto aprobado en el Senado y demandaron ser convocados “a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos”.
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Fecha de Publicación: 07/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Organizaciones ambientalistas, sociales y políticas consensuaron un documento en rechazo a los cambios a la Ley de Fitosanitarios que, entre otras medidas, reduce de 3.000 a 500 metros la distancia de fumigaciones aéreas con ciertos químicos entre los que se encuentra el glifosato. El próximo lunes a las 19:30 se movilizarán para exigir a los diputados provinciales que no avalen con su voto el proyecto aprobado por el Senado que, advirtieron, “es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana”, supo AIM.
La preocupación de diversos sectores sobre los efectos de los agroquímicos en la salud humana y el medioambiente comenzó a acentuarse a partir de la seguidilla de muertes por leucemia ocurridas durante el mes de noviembre: Lucas de sólo dos años en Rosario del Tala, Antonella (ocho) en Gualeguaychú, Agustín (15) en Crespo y Yamila (18) en Basavilbaso. Bajo la consigna “Basta es basta”, cientos de personas y decenas de organizaciones marcharon a Casa de Gobierno para exigir una legislación que proteja la salud humana y del medioambiente y políticas que apunten a poner fin al actual modelo de producción agrícola, con alta dependencia de insecticidas y herbicidas.
Pero la inquietud no terminó ese día. A la sucesión de muertes, incremento de la cantidad de casos de cáncer, fumigaciones en proximidades de escuelas y poblaciones, se le sumó la aprobación, sobre tablas, sin debate en comisión, de una legislación más laxa que reduce las distancias para las fumigaciones aéreas y lleva de 3.000 a 500 metros la pulverización con fitosanitarios de las clases toxicológicas tres y cuatro.
La medida tomó a muchos por sorpresa y dio lugar a una urgente convocatoria a una asamblea ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados tratara el proyecto esta semana y le diera sanción definitiva.
Aunque la Cámara Baja suspendió su sesión, el tratamiento del proyecto es cuestión de tiempo y quienes se oponen a la norma no bajaron la guardia. Por eso convocan a una concentración para el próximo lunes a las 19:30 en Santa Fe y Laprida, a metros de Casa de Gobierno, para exigir a los diputados que no aprueben la iniciativa del senador Mario Torres.
En el documento firmado hasta el momento por unas 30 organizaciones -aunque sigue sumando avales- expresaron su “total rechazo” al proyecto aprobado y “absoluto repudio al accionar de los senadores entrerrianos”, por haber votado el texto sobre tablas, sin debate en comisión y sin consulta a los diversos actores involucrados.
“El proyecto votado es regresivo de la actual protección legislativa del ambiente y la salud humana. Permite realizar fumigaciones sin restricciones en cercanías a áreas pobladas dentro de un radio de500 metros con productos de supuesta baja toxicidad, como el glifosato, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como posible cancerígeno; mientras que otras investigaciones científicas determinaron que es causante, además de cáncer, de numerosas patologías, como malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, diversas afecciones respiratorias, alergias y numerosas enfermedades autoinmunes”, alertaron los firmantes del documento.
Asimismo, señalaron que este químico “degrada progresivamente el ambiente, contaminando el agua, el suelo, el aire y afectando la flora y la fauna”.
Además de calificar como “ilegítimo” el tratamiento del proyecto, denunciaron su “inconstitucionalidad” por considerarlo “violatorio de los derechos humanos a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado”, establecidos en las constituciones nacional y provincial y en diversos pactos y convenciones internacionales.
Otro de los puntos cuestionados es la exclusión del Consejo Provincial Fitosanitario “a la diversidad de actores sociales existentes en la ruralidad entrerriana”, dejando afuera “a los pequeños productores, a los productores familiares y campesinos -históricamente postergados y expulsados de nuestros campos-” y alertaron sobre la inexistencia “en el horizonte legislativo (de) la intención de promocionar otras formas de producción, como la agroecología o la agricultura orgánica, y encarar, de algún modo, una transición hacia agroecosistemas sustentables y sanos”.
En ese contexto bregaron por la no sanción del proyecto aprobado en el Senado y demandaron ser convocados “a un amplio debate sobre el tema para lograr una norma que proteja y priorice la vida en todas sus formas, libre de venenos y del lucro opresor de unos pocos”.
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Entre Ríos: normativa de Agroquímicos “regresiva”
Ley de Agroquímicos: para el Foro Ecologista la normativa impulsada es “regresiva”
Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Fecha de Publicación: 06/01/2018
Fuente: AIM
Provincia/Región: Entre Ríos
Desde el Foro Ecologista de Paraná advierten que que el proyecto de Ley de Agroquímicos con media sanción del Senado -que permite, por ejemplo, realizar fumigaciones aéreas con glifosato hasta a 500 metros de las poblaciones urbanas- implicaría un retroceso incluso de la legislación vigente, que se originó en el último Gobierno de facto. “El proyecto de Ley tiende a minimizar el daño; no es una legislación que tiene una mirada protectoria y mucho menos preventiva”, dijo a AIM la abogada Aldana Sasia, integrante de la ONG.
La media sanción del proyecto de Ley de Fitosanitarios aprobado sobre tablas en el Senado, la semana pasada, sigue generando voces críticas y desde las organizaciones que se oponen a esta norma reclaman a los diputados una apertura al diálogo para que se escuchen sus posiciones y se puedan introducir modificaciones a la iniciativa.
“Lamentablemente se ha vuelto cotidiano que los niños se enfermen de cáncer que los niños, mueran de leucemia y que nadie se pregunté porqué”, advirtió Aldana Sasia, abogada del Foro Ecologista que reclamo que desde los ámbitos de gestión “al menos se pongan los ojos sobre esto y se haga un registro sobre los casos que estamos teniendo en nuestro territorio y ver si condicen con la media mundial con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Ya en su análisis del proyecto, Sasia evaluó que el proyecto de Ley de autoría del senador Mario Torres “tiende a minimizar el daño” y “no es una legislación que tiene una mirada protectoria, mucho menos preventiva”.
La integrante del Foro sostuvo que la Ley 6.599 tiene 37 años y su decreto reglamentario “era mucho más protectorio que la actual. Hay que tener en cuenta que hace 37 años la producción agrícola no tenía comparación con la actual. Hoy se tiran 300 mil millones de litros de veneno por año”.
Para la letrada, la normativa propuesta tiene un carácter “regresivo” y argumentó su planteo con el análisis puntual de algunos artículos: “Por el artículo 22 se prohíbe la aplicación terrestre de productos fitosanitarios de clase toxicologica 1b, 1a, y 2, en un radio de 500 metros desde el límite de la planta urbana y 3 y 4 adentro de los 500 metros se pueden aplicar”. El glifosato es categoría 3.
Según las disposiciones de la Ley vigente y su decreto reglamentario, está prohibido aplicar glifosato -entre otros químicos- a menos de 3000 metros del perímetro de la planta urbana. Y en esos tres mil metros no podía realizarse fumigación aérea con ningún tipo de químico”.
El artículo 21 del proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara Alta prohíbe la aplicación aérea dentro de los 3000, con excepción de las clases toxicologicas 3 y 4, que pueden aplicarse hasta a 500 metros de las zonas urbanas.
Se ha determinado que niveles mínimos, el glifosato puede producir modificación celular lo que lleva a otras afecciones como cáncer, Alzehimer, malformaciones congénitas, aborto espontáneo y disminución de la fertilidad en los hombres. Sin embargo, quienes defienden su uso sostienen que no se ha demostrado fehacientemente una relación causa-efecto. Frente a esto, Sasia sostuvo que hay un planteo tramposo: “Normalmente,m el grado de toxicidad se mide por la intoxicación al momento de la fumigación pero los defectos se han demostrado que se producen a largo plazo”, afirmó, señalando que se requiere un estudio continuado de casos.
Consultada sobre cuál sería la postura del Foro respecto de una posible redacción superadora de la Ley, Sasia consideró que no llegaría a buen puerto una prohibición de las fumigaciones aéreas de un día para otro: “Sabemos que nada que sea delineado de una forma tan drástica puede funcionar. Nosotros a lo que tendíamos era a una ley progresiva que tienda a la eliminación que, en un plazo de 10 años, se vaya orientando toda la producción a una producción sin venenos y progresivamente se vayan impidiendo las pulverizaciones aéreas”.
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Entre Ríos aprueba una ley de agroquímicos controversial
Críticas de ambientalistas a la ley de agroquímicos que aprobó el Senado
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Diario Uno (Entre Ríos)
Provincia/Región: Entre Ríos
El Senado de Entre Ríos dio media sanción al Proyecto de Ley de Fitosanitarios. La iniciativa fue firmada por los senadores de Cambiemos Francisco Morchio y Nicolás Mattiauda y los representantes del Frente para la Victoria Mario Torres, Ángel Giano, Daniel Olano y Aldo Ballestena.
El Senado provincial aprobó en la noche del martes en la sesión de prórroga un proyecto para regular el uso de agroquímicos en la provincia, sin ser anunciado previamente.
El proyecto ingresó en la misma sesión y fue tratado sobre tablas. Tiene las firmas de los senadores del oficialismo Mario Torres (Villaguay), Ángel Giano (Concordia), Daniel Olano (Islas) y Aldo Ballestena (La Paz), y de Cambiemos por Nicolás Mattiauda (Gualeguaychú) y Francisco Morchio (Gualeguay).
El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados tiene 43 artículos (uno es de forma) divididos en 13 capítulos. La iniciativa ya cosechó críticas y el repudio de sectores ambientalistas a través de redes sociales, y cuestionaron que siga manteniéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Producción.
Al hablar del texto, Torres explicó que al conformarse el actual Cuerpo Legislativo se consideró "imprescindible" trabajar sobre la regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos. Hubo varias iniciativas en los últimos años y ninguno de ellos alcanzó la sanción definitiva dejando así sin "atender las voces ciudadanas que emanan de los distintos sectores" interesados y ocupados en el tema.
El legislador destacó que se tuvieron en cuanta los trabajos anteriores, tuvieran o no estado parlamentario, y se analizó el derecho comparado de provincias de perfil agrícola como son Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, se atendieron los alcances de fallos judiciales en la materia. También destacó el trabajo de la comisión bicameral, que convocó a los sectores interesados en el tema, receptando e incorporando propuestas de universidades, colegios de profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organismos del Estado, entre otros. Se realizaron encuentros en varios lugares de la provincia para hacer intercambios sobre el tema.
Críticas del Foro
"Es un avance para seguir envenenándonos. Escucharon distintas voces pero se quedaron con las del `agronegocio´. En la jornada de `participación ciudadana´las organizaciones, docentes de escuelas fumigadas y vecinos que padecen el uso de venenos les manifestamos nuestra oposición al proyecto presentado por ustedes, donde la protección de la salud es un mero enunciado `marketinero´", fustigaron desde el Foro Ecologista de Paraná en respuesta a un tuit que publicó el presidente del bloque oficialista en defensa de la propuesta legislativa.
Y añadieron: "En su discurso de hoy (por ayer) dice que se protegerá la salud en el caso que fuera dañada... `en el caso???´ O sea que usted que habla de `un tema muy sensible´desconoce los reclamos de los vecinos afectados, de las madres de niños muertos por cáncer, los estudios de los científicos independientes... Según usted ponen en primer lugar la salud y el órgano de aplicación de la misma sigue siendo la Secretaría de Producción???? Mencionó que habían analizado el proyecto del senador BAllestena y por qué no habló del proyecto del senador (César) Melchiori que tuvo media sanción en ese Senado??... Será porque ese proyecto cuenta con el apoyo de las organizaciones ambientales??? Repudio".
Gualeguaychú sigue de reuniones por el glifosato
Continúan las reuniones por el proyecto de prohibición del glifosato
Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Fecha de Publicación: 31/12/2017
Fuente: Radio Máxima
Provincia/Región: Entre Ríos
Los concejales de los tres bloques mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
En el marco del tratamiento del proyectos de ordenanza, el martes por la mañana mantuvieron un encuentro con representantes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales.
Los concejales continúan trabajando en el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo municipal, en el que se propone la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, el martes por la mañana en comisión de conjuntas tuvo lugar una reunión con referentes del Colegio de profesionales de la Agronomía de Entre Ríos y comerciantes locales, quienes expusieron su posición ante la problemática de los agrotóxicos y el sentido de la ordenanza. El debate resultó enriquecedor, y hubo una coincidencia general al destacarse el carácter nocivo de este tipo de productos y la necesidad de regular y controlar su aplicación.
Estuvieron presentes los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Jorge Maradey; personal de dirección de Medio Ambiente. Por Colegio de Profesionales de la Agronomía participaron Gabriela Zermatten y Néstor E. Bogliacino; por Empresa Fanega, Gerónimo Angelini; por Empresa los Grobo Agropecuaria S.A., Martina Tomietto; por Agrogestión del Litoral S.A., Gabriel Casasola.
Cabe destacar que se programan reuniones con diferentes instituciones, actores sociales y de la economía local que han presentado su interés en la temática a través del expediente. En este sentido, por la tarde del martes los concejales mantendrán un encuentro con representantes de la Mesa de enlace local (Sociedad Rural Argentina, Sociedad Rural Gualeguaychú y Federación Agraria Gualeguaychú); el miércoles con miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental y grupos de vecinos de Pueblo Belgrano, Colectivo Me hago cargo, Foro Ecologista Paraná, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y otros.
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Argentina pidió control ambiental de la nueva pastera
La Argentina exigió a Uruguay que haya un control ambiental por la nueva pastera
Fecha de Publicación: 27/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Reclamó un monitoreo conjunto en la desembocadura del río Negro. El presidente Vázquez había dicho que la nueva planta estará en el interior del país y no requerirá controles de Argentina
En un nuevo capítulo de las tensas relaciones que hubo entre la Argentina y Uruguay por la pastera UPM (ex Botnia) de Fray Bentos, el gobierno de Mauricio Macri reclamó a la administración de Tabaré Vázquez que se realice un monitoreo ambiental conjunto en la desembocadura del río Negro para evaluar los desechos que tendrá la nueva planta de celulosa que los uruguayos empezaron a construir cerca de la ciudad Paso de los Toros, en el interior del país.
Durante una reunión que realizó ayer la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el presidente actual de ese organismo binacional, el dirigente del PRO entrerriano Mauro Vazón, pidió a sus pares de Uruguay que se ponga en marcha un programa de monitoreo ambiental sobre la desembocadura del río Negro. Sucede que a unos 400 kilómetros del río Uruguay, sobre las márgenes del Río Negro se empezó a construir la pastera de UPM que tendrá una inversión de USD 6.000 millones y empleará a más de 500 trabajadores.
Según expresó Vazón a Infobae, "la intención de la Argentina es que haya un acuerdo con Uruguay para realizar un monitoreo ambiental en la desembocadura del río Negro en las márgenes del río Uruguay para despejar todo tipo de dudas y lograr entendimiento entre ambos pueblos". La decisión de la Argentina será evaluada ahora por Uruguay. La idea del gobierno de Macri en la CARU es que no se llegue a una tensión con la administración de Tabaré Vázquez como la que se dio en otros años con el kirchnerismo por la planta de Fray Bentos.
Además, en el plan de monitoreo ambiental del río Uruguay que propuso la Argentina en la CARU y que aceptó Uruguay se contempla el monitoreo de los 500 kilómetros de extensión que hay en ambas márgenes de las aguas internacionales. Se incluyen más de ocho puntos de control entre ambas márgenes para realizar muestreos del agua en forma permanente y evitar denuncias de contaminación a futuro.
La novedad en este caso es que ahora la Argentina propuso que haya un monitoreo específico sobre la desembocadura del río Negro para controlar a futuro el efluente de la planta de UPM que estará en paso de los Toros. El punto es que este planteo de la Argentina podría llegar a generar un nuevo cortocircuito con Montevideo. Fuentes de la diplomacia uruguaya dijeron a Infobae que la intención de la Argentina de controlar una planta que se encuentra en el interior de Uruguay no será muy bien recibida.
De hecho, el presidente Vázquez expresó hace unos meses al anunciar la puesta en marcha de la obra: "Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento". El año pasado se informó que la nueva planta produciría unas 2.600.000 toneladas anuales de pasta de celulosa, el doble de lo que produce la otra de UPM en Fray Bentos. Y también se comunicó que incidiría en un aumento de entre 2 y 2.5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay.
Vazón aclaró a Infobae que un monitoreo ambiental conjunto del río Negro no debería presentar problemas ya que se trata de un planteo de trabajo que se viene realizando en la CARU. "Hay un trabajo muy bueno y mucha coordinación con Uruguay", dijo el actual presidente de la CARU. Además de este plan de control ambiental, ambos países ya acordaron un ambicioso plan para la hidrovía que busca la adopción de acciones necesarias para que las hidrovías operen los 365 días del año y las 24 horas del día, con una profundidad mínima asegurada y se apoyará la adopción de medidas para facilitar la navegación, los tránsitos y transbordos, enmarcados dentro del concepto de facilitación del movimiento de personas, del comercio exterior y su logística.
En el marco del plenario de la CARU ya se resolvió adjudicar a la empresa Jan De Nul N.V. la obra en referencia al concurso de precios para la "contratación de los trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el río Uruguay entre el km 0 y el km 206,8, incluido el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay" y conforme a lo establecido por la Comisión Evaluadora. La intención de esta obra será la de profundizar el dragado del río Uruguay para que se facilite un mayor nivel de tránsito de buques y se logre de esta manera abaratar los costos de los fletes para exportar productos a otros países por vía marítima.
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Fecha de Publicación: 27/12/2017
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional
Reclamó un monitoreo conjunto en la desembocadura del río Negro. El presidente Vázquez había dicho que la nueva planta estará en el interior del país y no requerirá controles de Argentina
En un nuevo capítulo de las tensas relaciones que hubo entre la Argentina y Uruguay por la pastera UPM (ex Botnia) de Fray Bentos, el gobierno de Mauricio Macri reclamó a la administración de Tabaré Vázquez que se realice un monitoreo ambiental conjunto en la desembocadura del río Negro para evaluar los desechos que tendrá la nueva planta de celulosa que los uruguayos empezaron a construir cerca de la ciudad Paso de los Toros, en el interior del país.
Durante una reunión que realizó ayer la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), el presidente actual de ese organismo binacional, el dirigente del PRO entrerriano Mauro Vazón, pidió a sus pares de Uruguay que se ponga en marcha un programa de monitoreo ambiental sobre la desembocadura del río Negro. Sucede que a unos 400 kilómetros del río Uruguay, sobre las márgenes del Río Negro se empezó a construir la pastera de UPM que tendrá una inversión de USD 6.000 millones y empleará a más de 500 trabajadores.
Según expresó Vazón a Infobae, "la intención de la Argentina es que haya un acuerdo con Uruguay para realizar un monitoreo ambiental en la desembocadura del río Negro en las márgenes del río Uruguay para despejar todo tipo de dudas y lograr entendimiento entre ambos pueblos". La decisión de la Argentina será evaluada ahora por Uruguay. La idea del gobierno de Macri en la CARU es que no se llegue a una tensión con la administración de Tabaré Vázquez como la que se dio en otros años con el kirchnerismo por la planta de Fray Bentos.
Además, en el plan de monitoreo ambiental del río Uruguay que propuso la Argentina en la CARU y que aceptó Uruguay se contempla el monitoreo de los 500 kilómetros de extensión que hay en ambas márgenes de las aguas internacionales. Se incluyen más de ocho puntos de control entre ambas márgenes para realizar muestreos del agua en forma permanente y evitar denuncias de contaminación a futuro.
La novedad en este caso es que ahora la Argentina propuso que haya un monitoreo específico sobre la desembocadura del río Negro para controlar a futuro el efluente de la planta de UPM que estará en paso de los Toros. El punto es que este planteo de la Argentina podría llegar a generar un nuevo cortocircuito con Montevideo. Fuentes de la diplomacia uruguaya dijeron a Infobae que la intención de la Argentina de controlar una planta que se encuentra en el interior de Uruguay no será muy bien recibida.
De hecho, el presidente Vázquez expresó hace unos meses al anunciar la puesta en marcha de la obra: "Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo lo que esté colindando, y no le vamos a pedir cuentas a Argentina sobre lo que haga dentro de su territorio. Esto es en el Uruguay profundo y es el país soberano el que define la instalación de este emprendimiento". El año pasado se informó que la nueva planta produciría unas 2.600.000 toneladas anuales de pasta de celulosa, el doble de lo que produce la otra de UPM en Fray Bentos. Y también se comunicó que incidiría en un aumento de entre 2 y 2.5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) de Uruguay.
Vazón aclaró a Infobae que un monitoreo ambiental conjunto del río Negro no debería presentar problemas ya que se trata de un planteo de trabajo que se viene realizando en la CARU. "Hay un trabajo muy bueno y mucha coordinación con Uruguay", dijo el actual presidente de la CARU. Además de este plan de control ambiental, ambos países ya acordaron un ambicioso plan para la hidrovía que busca la adopción de acciones necesarias para que las hidrovías operen los 365 días del año y las 24 horas del día, con una profundidad mínima asegurada y se apoyará la adopción de medidas para facilitar la navegación, los tránsitos y transbordos, enmarcados dentro del concepto de facilitación del movimiento de personas, del comercio exterior y su logística.
En el marco del plenario de la CARU ya se resolvió adjudicar a la empresa Jan De Nul N.V. la obra en referencia al concurso de precios para la "contratación de los trabajos de dragado de apertura, profundización y mantenimiento en el río Uruguay entre el km 0 y el km 206,8, incluido el canal de acceso al Puerto de Concepción del Uruguay" y conforme a lo establecido por la Comisión Evaluadora. La intención de esta obra será la de profundizar el dragado del río Uruguay para que se facilite un mayor nivel de tránsito de buques y se logre de esta manera abaratar los costos de los fletes para exportar productos a otros países por vía marítima.
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