Denuncian desmonte ilegal en Chaco

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: TN24
Provincia/Región: Chaco


En el marco de la megacausa por la mafia del desmonte, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia ante la Justicia Federal, alertando sobre el avance descontrolado de estas acciones en el Chaco.
«A pesar de la vigencia de una medida cautelar que prohíbe cualquier tipo de desmonte en la región, grupos de poder vinculados a empresarios y funcionarios continúan arrasando con los bosques nativos, con la complicidad de sectores del Gobierno provincial», expresaron desde la organización.
Estos desmontes no solo violan la ley, sino que también destruyen el hábitat de especies endémicas de la región que se encuentran en peligro de extinción, como el tatú carreta. A su vez, afectan enormemente a las comunidades locales, que dependen del bosque nativo y de los servicios ecosistémicos que éste aporta para su subsistencia y vida digna. «Lo que está en juego no es solo la biodiversidad del Chaco, sino la justicia social y ambiental para los pueblos que habitan esta región», señalaron.
La medida cautelar emitida por la Justicia Federal estableció la suspensión de todos los desmontes autorizados o no ejecutados y prohíbe el otorgamiento de nuevos permisos en la provincia del Chaco. Esto incluye tanto las actividades de cambio de uso de suelo, que implican la conversión de áreas forestales en terrenos agrícolas, ganaderos o urbanizados, como cualquier intervención que cause la pérdida irreversible del carácter de bosque nativo.

Violación de las medidas cautelares
A pesar de la medida judicial, el 25 de agosto, investigadores que se encontraban realizando trabajos de campo, documentaron un desmonte ilegal en las cercanías del Parque Provincial Loro Hablador y del Parque Nacional Copo.
«En un área de aproximadamente 600 hectáreas, maquinaria pesada arrasó con imponentes quebrachos centenarios, destruyendo el hábitat de especies amenazadas como el tatú carreta. Las imágenes y videos capturados por los investigadores son prueba inequívoca del incumplimiento de la medida cautelar», indicaron.
«Días después, el 27 de agosto, otro desmonte ilegal tuvo lugar en la localidad de Maipú, Chaco. En este caso, se estima que más de 1.000 hectáreas fueron afectadas, muchas de ellas taladas recientemente , como lo evidencian las imágenes satelitales y el testimonio de vecinos. Se detectaron incluso hornos de carbón en la zona, lo que sugiere un uso irregular del territorio», enfatizaron.
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Crece el malestar y el desconcierto por la norma europea que pretende cambiar para siempre el principal negocio de exportación argentino

Fecha de Publicación: 06/09/2024
Fuente: Bichos de Campo
Provincia/Región: Nacional


Faltan apenas cuatro meses para el inicio de la regulación “antideforestación” de la Unión Europea –que pretende transformar por completo a nivel mundial la manera de comercializar productos agroindustriales– y en el ámbito agrícola argentino crece el malestar y la incertidumbre.
Esa sensación persistente –como una basurita en el ojo– la definió muy bien el presidente de Maizar, Federico Zerboni, durante una charla ofrecida en el Congreso Internacional del Maíz. “Está faltando una definición del sector productivo argentino por sí o por no. ¿Nos conviene abrir la puerta a esto o tenemos que pedir más dialogo?”, desafió.
Los dirigentes de Confederaciones Rurales (CRA) indicaron que están evaluando si seguirán validando su adhesión al sistema georreferenciado de monitoreo, reporte y verificación, denominado Visec, que es administrado por la Bolsa de Comercio de Rosario y cuenta con el apoyo financiero de Land Innovation Fund (ONG fundada por Cargill) y el programa Al Invest Green de la Comisión Europea.
Pero la dirigencia de la Sociedad Rural (SRA) cree que, si bien conceptualmente es impropia la exigencia de la UE-27, lo mejor que puede hacer la Argentina es intentar cumplir con la misma para garantizar la continuidad del negocio.
Este martes los representantes de la sociedades rurales del norte bonaerense emitieron un comunicado indicando su rechazo a la regulación de la UE-27 y también el hecho de que, si un productor está de acuerdo, la AFIP pueda habilitar la posibilidad de que la Bolsa de Comercio de Rosario acceda a sus datos fiscales con el propósito de completar los registros necesarios para garantizar la trazabilidad de mercadería.
En los últimos días aparecieron ofertas de “Soja Visec” con el propósito de intentar incrementar las adhesiones de productores a la nueva plataforma, dado que, si los productores no se dan de alta, no es factible realizar la trazabilidad de la operación de compra y exportación de soja.
Los agroexportadores avisaron que a partir de 2025 todos los contratos de compraventa de soja tendrán la cláusula “apto Visec”, lo que implica, en los hechos, que si alguien no acepta tales condiciones sólo podría vender el poroto a fábricas de alimentos balanceados o elaboradoras de expeller de soja para consumo interno.
Otro interrogante es qué sucederá con la industria aceitera, que necesita de la soja paraguaya para poder contar con un nivel de actividad adecuado. ¿Y si el vecino país no llega a implementar un sistema de trazabilidad que permita enviar soja a la Argentina? El impacto en el mercado regional de algo así sería mayúsculo.
A fines de julio pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay solicitaron a la Unión Europea que postergue la norma “antideforestación” porque constituye una barrera comercial. Pasó más de un mes de ese evento y la UE-27 no respondió. ¿Desidia o desinterés?
Para un país como la Argentina, cuya principal fuente de ingresos depende de las exportaciones de productos del complejo sojero, la cuestión debería estar en el tope de la agenda pública con el presidente hablando del tema diariamente. No parece ser el caso.
A nivel regional abundan las especulaciones sobre qué sucederá a partir del 1 de enero de 2025 ¿La UE-27 dará marcha atrás? ¿Insistirá con la medida a costa de asumir el riesgo de un desabastecimiento de harina de soja (entre otros productos)? ¿La situación se irá acomodando de a poco y finalmente Europa logrará cambiar las reglas de juego? Son demasiadas preguntas y muy pocas las precisiones.
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Desmontes: el gobierno provincial logró que se reanude la actividad de pequeños productores madereros y carboneros

Fecha de Publicación: 03/09/2024
Fuente: Libertad Digital
Provincia/Región: Chaco


Ante una solicitud del Ejecutivo, la Justicia explicó que se encuentran prohibidas las actividades que impliquen el cambio del uso del suelo, no así las que no afecten la masa boscosa de la provincia. “La medida judicial será cumplida a rajatablas, pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y el carbón”, indicó la secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño.
Ante la orden de la jueza federal Zunilda Niremperger de suspender por tres meses los desmontes en Chaco, autoridades provinciales aclararon que, si bien se encuentra prohibida toda actividad que implique el cambio del uso del suelo, están habilitadas actividades como el manejo sostenible en la variante aprovechamiento forestal.
“Es decir que están autorizados los trabajos que no afecten la masa boscosa de la provincia. Lo que implica que no está prohibido el trabajo de los pequeños productores que fabrican muebles, así como de los carboneros, quienes cumplen un rol fundamental en la actividad económica”, aclaró el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos Jorge Gómez.
En este contexto explicó que la Provincia hizo una presentación ante la jueza para salvaguardar los intereses de los pequeños productores chaqueños y aseguró que “se tomarán las medidas necesarias para aclarar los alcances del dictamen judicial”.
La secretaria general de la Gobernación Carolina Meiriño remarcó que la Provincia se encuentra a disposición de la Justicia para que lleve adelante el procedimiento de rigor correspondiente. “Somos taxativos en cuanto a que la medida judicial será cumplida a rajatablas pero queremos llevar tranquilidad a los pequeños productores que trabajan con madera y carbón,”, subrayó.
La suspensión de los desmontes en Chaco tiene como fin prevenir el daño “inminente” e “irreversible” sobre el ecosistema de esa región. La jueza fundamentó su fallo en la necesidad de proteger el medio ambiente bajo el principio in dubio pro natura, que prioriza la conservación ambiental ante la duda, ya que, según expresó, “la afectación al ambiente es una afectación a la humanidad”.
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Denuncian que el nuevo ordenamiento de bosques tiene una “zona verde encubierta”

Fecha de Publicación: 30/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Salta


El proyecto aún no tiene estado parlamentario. El ministro de Producción, Martín de los Ríos, dijo que el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos ya cuenta con el visto bueno de la Nación.
Ante la esperada (y demorada) llegada del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) a las cámaras legislativas, hubo una protesta ayer frente de la Legislatura en contra del trazado del mapa y la nueva categoría marrón que calificaron como “una zona verde encubierta”.
Organizaciones sociales que vienen cuestionando el proyecto de nuevo ordenamiento de los bosques nativos fueron acompañadas ayer por activistas de Greenpeace con un cartel que indicaba: “Con Desmonte no hay Pachamama”.
El nuevo proyecto dispone que la definición del área marrón se determine según la cantidad de hectáreas en verde que exista en una región. Es así que si hay 50 hectáreas para desmontar en una zona, apenas se autorizan no queda más posibilidad de desmonte, transformándose el resto de los bosques en amarillo. Eso según las explicaciones del equipo técnico a cargo del trazado del nuevo mapa.
Pero para los ambientalistas, este proyecto permitirá que se hagan desmontes en zonas donde el actual (y desactualizado) mapa de OTBN señala como áreas a proteger.
"Insólitamente la propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques de Salta incluye una categoría color marrón que abarca más de 3 millones de hectáreas, algo que no existe en lo establecido por la Ley Nacional de Bosques”, indicó la coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz.
Según los técnicos que realizaron el nuevo OTBN, en esas más de 3 millones de hectáreas en marrón sólo se podrán desmontar 721.568 hectáreas.
La referente de Greenpeace explicó que la normativa nacional sólo permite la autorización de los desmontes en la categoría verde, “por lo que teniendo en cuenta que en esta zona marrón también se permitirá deforestar, en realidad se trata de una zona verde encubierta”, afirmó. Añadió que con esta decisión se está “ante una clara flexibilización de la norma para permitir desmontes donde hasta hoy no pueden autorizarse".
Cruz recordó que ya se había enviado a comienzos de este año un documento señalando al gobierno provincial cuáles son los puntos de la propuesta que violan lo establecido por la Ley Nacional de Bosques. Entre estas observaciones, señaló que se permite desmontes en una superficie sumamente excesiva; se validan los desmontes ilegales ya realizados y no se obliga a su restauración; incluye una categoría que no existe, la marrón, para autorizar desmontes en bosques actualmente protegidos; fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, y no fueron consultadas previamente todas las comunidades indígenas.

Más de 700 mil has desmontadas en 15 años
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques a fines de 2007 hasta fines de 2022, en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
“En este mes tan especial, queremos recordarle a los legisladores salteños que con desmontes, no hay Pachamama. Esperamos que no aprueben esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ya que es claramente violatoria de la Ley Nacional de Bosques y restringiría el control social que se hace de los desmontes, al desconocerse la categoría en que se encuentren. Será una catástrofe para los bosques y para las comunidades indígenas y campesinas. De sancionarse, iremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenarlo”, advirtió Cruz.
Hasta ayer el proyecto del nuevo OTBN no había ingresado aún a la Legislatura, pese a que los anuncios de su ingreso se dieron en julio. En la inauguración de la edición 80 de la Expo Rural salteña, el domingo último, el ministro de Producción, Martín de los Ríos, afirmó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Nación y será puesto en debate en breve.
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Denuncias de aldeas mbya por apeo de monte nativo

Fecha de Publicación: 27/08/2024
Fuente: El Territorio
Provincia/Región: Misiones


El Ministerio de Ecología se reunió con Emipa y Endepa para debatir soluciones. Suspendieron los trabajos preventivamente
Tres comunidades de pueblos originarios realizaron denuncias sobre el apeo del monte nativo en sus territorios. Estas comunidades, que dependen profundamente del monte para su sustento y cultura, expresaron su preocupación ante lo que consideran una falta de consulta adecuada en los procesos de autorización para actividades forestales.
Según el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia, en dos de los casos denunciados, las actividades de desmonte contaban con autorizaciones emitidas años atrás. Sin embargo, el ministerio decidió suspender preventivamente estos trabajos para evaluar si se cumplió con la obligación de consultar a las aldeas cercanas antes de proceder con el desmonte.
El primer episodio fue un intento de usurpación de tierras de una aldea del valle del Cuñá Pirú. Se trata de lotes que fueron cedidos en su momento por la Universidad Nacional de La Plata. El avance de los intrusos fue desactivado tras la presencia de guardaparques.
Luego se conoció el reclamo de la cacique Gregoria Duarte, quien alertó sobre un desmonte no avalado por la comunidad Tekoa Eldoradito de San Vicente. Esto motivó la presencia in situ de los guardabosques de la Dirección de Control Forestal de Ecología, que inspeccionaron el territorio y constataron que se trataba de un cambio de uso de suelo autorizado de 23 hectáreas, de las cuales ya se habían ejecutado 14. De manera preventiva, se labró un acta y se informó al responsable de las actividades que quedaban suspendidos los trabajos hasta tanto se evaluara si se habían cumplimentado todos los pasos de consulta a la aldea cercana.
Una situación similar se dio en la comunidad Yabotí Mirí, situado en la Reserva de Biósfera Yabotí. Desde allí alertaron de un desmonte. La inspección del sitio indicado arrojó que se trataba de un aprovechamiento forestal con autorización. Como en el caso anterior, el plan en cuestión fue suspendido de manera provisoria, hasta tanto se corrobore de qué manera se realizó el proceso de consulta a los habitantes de pueblos originarios.
Para abordar estos problemas y garantizar que las comunidades tengan voz en los procesos que afectan sus territorios, el Ministerio de Ecología está trabajando en una resolución que obligará a dar intervención a la Dirección de Asuntos Guaraníes en todos los expedientes relacionados con actividades en bosques nativos cercanos a aldeas.
En una reunión reciente en Aristóbulo del Valle, el director general de Bosques Nativos, Milton Morán, se reunió con representantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Social Aborigen (Endepa) para discutir las denuncias y explorar soluciones. Este encuentro, si bien representó un espacio de diálogo, dejó en evidencia las tensiones existentes entre las comunidades y el gobierno provincial en lo que respecta a la gestión de los recursos naturales.
El Ministerio emitió una circular que exige a los propietarios o proponentes de planes de cambio de uso de suelo presentar con carácter urgente la documentación que demuestre la consulta y acuerdo de las comunidades indígenas cercanas. Aunque esta medida busca corregir los errores del pasado, la efectividad de su implementación dependerá de la voluntad política y del compromiso de las autoridades para respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios.
El manejo de los recursos naturales en territorios indígenas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la provincia. Mientras las comunidades exigen una mayor participación y respeto por sus derechos, el gobierno enfrenta el desafío de balancear el desarrollo económico con la protección ambiental y cultural. La intervención del Ministerio en estos casos es un paso, pero también pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más integral y respetuoso hacia las comunidades que han sido históricamente marginadas.
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Chaco: Gendarmería allanó Casa de Gobierno por una denuncia de desmontes indiscriminados

Fecha de Publicación: 26/08/2024
Fuente: Diario Panorama
Provincia/Región: Chaco


Los uniformados allanaron una subsecretaría en Casa de Gobierno y dos sedes administrativas en la ciudad de Roque Sáenz Peña.
Personal de la Gendarmería Nacional Argentina realizó dos allanamientos en Presidencia Roque Sáenz Peña y uno en Resistencia. La jueza federal Zunilda Niremperger ordenó las diligencias en el marco de una denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Los procedimientos en Sáenz Peña se llevaron a cabo en la Dirección de Bosques, ubicada en la calle Pellegrini entre San Martín y Belgrano, donde se secuestraron computadoras y otros elementos considerados importantes para la causa.
Posteriormente, se realizó otro allanamiento en una consultora que se sospecha es propiedad del actual ministro de Producción del Chaco. Esta consultora gestionaba permisos de desmontes hasta el año 2021, durante la gestión de Jorge Capitanich.
El tercer allanamiento tuvo lugar en la Casa de Gobierno en Resistencia, en la sede de la actual Subsecretaría de Desarrollo Forestal. Niremperger resolvió suspender los desmontes en el Chaco por tres meses, mientras investiga una denuncia presentada por abogados ambientalistas.
Por su lado, el fiscal Patricio Sabadini expuso la existencia de un presunto mecanismo de corrupción público-privado que se beneficiaba ilegalmente con la destrucción del bosque nativo. Niremperger recibió la denuncia del fiscal Sabadini, quien alertó sobre una posible "mafia de los desmontes" en el Chaco.
Según la investigación de los abogados ambientalistas, el actual ministro Hernán Halavacs habría tramitado la mayor cantidad de permisos de desmonte en la última década: 353 de los 876 permisos otorgados por la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021, cuando Halavacs dirigía la consultora situada a solo una cuadra de la Dirección de Bosques en Sáenz Peña.
Sabadini ha solicitado una instrucción formal contra Hernán Javier Halavacs, Miguel Ángel López, Luciano Olivares, Atlanto Honcheruk, Juan José Bergia, Zenón Cuellar y, póstumamente, Hernán Miguel Brunswig.
Los cargos incluyen "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público", "tráfico de influencias", "negociaciones incompatibles con la función pública", "malversación de caudales públicos" y "asociación ilícita".
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La Justicia suspendió los desmontes en Chaco por tres meses tras una denuncia de abogados ambientalistas

Fecha de Publicación: 21/08/2024
Fuente: TN
Provincia/Región: Chaco


Fue por decisión de la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Un grupo funcionarios forestales y empresarios, están en la mira acusados de armar un esquema sistemático de deforestación.
El Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, dictó este lunes una medida cautelar que suspende todos los desmontes en la provincia de Chaco por un período de tres meses, ampliables.
Esta decisión surge en el marco de la denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) contra un grupo de funcionarios, exfuncionarios y empresarios, acusados de armar un esquema de desforestación sistemático de bosque nativo con graves consecuencias ambientales.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
El pasado 30 de abril, la Legislatura chaqueña aprobó un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley N° 4005R, que habilita el desmonte de un millón de hectáreas, lo que desató fuertes críticas y denuncias por parte de organizaciones ambientalistas. Según AAdeAA, esta actualización legal transformó zonas protegidas, antes catalogadas como “amarillas” o “rojas”, en áreas “verdes”, permitiendo así la deforestación masiva.
De acuerdo a los datos extraidos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%. En cuanto a la producción forestal, en el 2000 se destinaban 57.667 hectáreas a esa actividad; mientras que en 2022 ese número se elevó a 110.865.
Entre los delitos imputados a los funcionarios figuran abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, y asociación ilícita, entre otros.
A su vez, la gravedad de los hechos denunciados llevó al fiscal a solicitar la aplicación de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que implica que también se investigará a empresas involucradas en estos actos, como Vicentin y otros grandes grupos agroindustriales.
Al enterarse de la medida cautelar otorgada por la Justicia, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron: “Es un respiro para el monte chaqueño y su gente. Seguiremos hasta desarticular a la mafia del desmonte”.
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La Fiscalía Federal de Chaco imputó a ministro de Zdero, diputados y empresas por la megadenuncia ambiental

Fecha de Publicación: 16/08/2024
Fuente: Chaco Ahora
Provincia/Región: Chaco


La Fiscalía Federal de Chaco imputó a altos funcionarios, diputados y empresas, en respuesta a la megadenuncia penal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) que se realizó en julio pasado, tal lo publicó Chaco Ahora.
Esto representa un golpe decisivo contra la llamada mafia del desmonte de Chaco, organización criminal devastó (y devasta) miles de hectáreas de monte nativo.
En concreto, el Fiscal Federal Patricio Sabadini realizó la acusación y pedido de investigación ante el Juzgado Federal 1 a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, en contra de Hernán Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo - Chaco e importantes empresas.
Asimismo el fiscal Federal solicitó el cese inmediato de las actividades de extracción forestal.
“Esta decisión judicial es el primer paso para desbaratar esta organización criminal. Es crucial que las autoridades actúen con firmeza y celeridad”, marcaron en las redes los denunciantes.
Chaco Ahora accedió al requerimiento que realizó este miércoles el fiscal federal Patricio Sabadini a la jueza federal Zunilda Niremperger   y que tiene que ver con la denuncia formal que concretó en los primeros días de julio las Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
Tal lo publicado por este medio, los abogados ambientalistas concretaron una denuncia penal contra la “mafia del desmonte en Chaco”, ante la Fiscalía Federal de Resistencia con elementos probatorios, en pos de conseguir justicia para los bosques y la sociedad chaqueña y de todo el país.
En esta denuncia penal que implica delitos graves contra la naturaleza, la democracia y las instituciones, están implicados el ministro de la Producción del Chaco, dos diputados, un intendente y empresarios.
“Ministros y diputados de la provincia son, a su vez, poderosos empresarios forestales y del agronegocio, impulsaron y votaron e impulsaron una ley que los enriqueció personalmente”, fundamenta los ambientalistas en la denuncia dando cuenta además a la ley que la Legislatura chaqueña aprobó entre gallos y medianoche.
“La denuncia penal que realizamos  es contra funcionarios y empresarios que actúan de los dos lados del mostrador para favorecer el agronegocio y a las corporaciones madereras de Chaco”, se desprende de la denuncia penal.

La causa va tomando fuerza
En ese sentido, este miércoles, la fiscalía federal de Resistencia a cargo de Patricio Sabadini presentó “acusación” y “pedido de investigación” a los ciudadanosHernán Javier Halavacs, gestor forestal, actual Ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Miguel Ángel López ex Director de Bosques de la Provincia del Chaco, actualmente empresario forestal; Luciano Olivares, ex Subsecretario de Desarrollo Forestal, actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de la Provincia del Chaco; Atlanto Honcheruk, empresario forestal, diputado provincial; Juan José Bergia, diputado provincial; Zenón Cuellar, intendente de la localidad de El Espinillo - Chaco; Hernán Miguel Brunswig, como así contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s y/o encubridor/es de los hechos que se investigan, por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público” (art. 248 del Código Penal), “tráfico de influencias” (art. 256 bis del Código Penal), “negociaciones incompatibles con la función pública” (art. 265 del Código Penal), “malversación de caudales públicos” (art. 260 del Código Penal), “asociación ilícita” (art. 210 del Código Penal).
Sabadini solicitó al mismo tiempo a la jueza Zunilda Niremperge “el cese de desmontes en la provincia del Chaco”.
En presentación dicha presentación se dejó en claro además que se efectuará pedido de investigación contra las empresas vinculadas en probable daño ambiental a la provincia en el marco de la Ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas 27401, como ser  “Vicentín”; “Las Guindas” S.A; “Establecimiento Monterrey”; “Cuenca del salado” S.A; “Grupo Buratovich Hermanos”; “MSU” S.A; “Triad” S.A; “Alejandro Hayes Coni”, “Ricardo Shihon” y “Jerilderie” S.A; “Cigra” S.A; “La Nueva Pirámide”.
Dice Sabadini en el requerimiento a Niremperger “que los hechos vienen enmarcados según la denuncia que dio inicio a la presente investigación por las diferentes irregularidades de los últimos años en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que posibilitaron desmontes indiscriminados en gran parte del territorio provincial, con peligro y daños irreversibles para el medio ambiente, y generaciones futuras”.
Y añade: “En este sentido, estos hechos se vieron ratificados por las conductas de parte de los acusados en el proyecto, hoy ya sancionada Ley 4005-R de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que traería aparejado la aniquilación de bosque protegido en la Provincia, ante el beneficio económico de unos pocos, en perjuicio de la sociedad”.
Al mismo tiempo, se pide investigar posible desvío de fondos nacionales y de Naciones Unidas enviados a la provincia del Chaco con fines de protección de bosques y comunidades de pueblos originarios.
El requerimiento fiscal contempla y destaca la encíclica del Santo Padre, el Papa Francesco “Laudatio sí”, como gran llamado a los gobernantes y a la humanidad toda a velar por la protección del medio ambiente ante la posible extinción humana si no se detiene la crisis climática actual, independientemente de las religiones.   

¿Quiénes son los denunciados e imputados?
1-Hernan Halavacs. Actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques. Previo a ser funcionario público fue el Ingeniero Agrónomo que mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia. Tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte.
2-Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014. Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público.
3-Atlanto Honcheruk. Diputado provincial y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia.
4-Miguel Ángel López. Exdirector de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS.
5-Zenón Cuellar, intendente de El Espinillo.
6- Hernán Miguel Brunswig. Exministro de Ambiente.
 7-Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar. Junto a Luciano Olivares malversaron fondos verdes para el clima otorgados por la ONU.
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Greenpeace denuncia otro desmonte de los dueños de Manaos

Fecha de Publicación: 16/08/2024
Fuente: Tres Lineas
Provincia/Región: Santiago del Estero


La organización ecologista detectó un nuevo desmonte de la familia Canido, que produce la gaseosa Manaos, a unos 10 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero. Las topadoras arrasaron más de 200 hectáreas de bosques nativos.
Santiago del Estero, 13 de agosto 2024 – Desde hace una década, la familia Canido, dueños de la marca de gaseosas Manaos, viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas.
En julio Greenpeace bloqueó topadoras en un desmonte de más de 10.000 hectáreas realizado por la empresa cerca de Nueva Esperanza, y en 2016 la organización los denunció por otro desmonte en otra finca. (1)
Esta semana, gracias a la información obtenida a través de imágenes satelitales, Greenpeace nuevamente logró detectar el desmonte al servicio de la familia Canido: están arrasando los bosques de una finca ubicada a 10 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero.
Activistas de la organización ecologista se movilizaron hasta el lugar y desplegaron un cartel con la leyenda: “Exceso de desmontes”, junto al área recientemente deforestada.
“Es inaceptable la impunidad con la que se manejan los dueños de las gaseosas Manaos, y la complicidad del gobierno de Santiago del Estero, que les autorizan desmontes por toda la provincia, violando la Ley Nacional de Bosques”, afirma Noemí Cruz, Coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, y agrega: “Ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, es clave proteger nuestros últimos bosques nativos. Convocamos a la ciudadanía a ayudarnos a parar este ecocidio”.  
Greenpeace detectó un nuevo desmonte de la familia Canido, que produce la gaseosa Manaos, a unos 10 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero. Las topadoras arrasaron más de 200 hectáreas de bosques nativos.
Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Nos brindan bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia, como alimentos, maderas y medicinas. Son el territorio y el sustento de comunidades indígenas y campesinas. Y cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y la conservación de los suelos.  
Santiago del Estero encabeza la lista de provincias con más desmontes del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se deforestaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos. (2)
Tras las acciones realizadas por la organización ecologista, la semana pasada, Manaos bloqueó la posibilidad de realizar comentarios en sus posteos al recibir reclamos de la gente. En la página excesodedesmontes.org se puede firmar el pedido a la empresa para que frene la deforestación.
“Es urgente que estas acciones tengan condena y a la vez reforzar la conciencia en la sociedad sobre este crimen. Cada porción de bosque que se destruye  es un daño irreversible en el Gran Chaco, donde subsisten menos de 20 yaguaretés y quedan muy pocas zonas en buen estado de conservación. Defender y mantener estos bosques, es darle una oportunidad a la especie, a todo lo que hay debajo de este emblema y a la vez a nuestro propio bienestar.”, concluye Noemí Cruz.
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Los negocios agropecuarios arrasan el segundo pulmón verde de Sudamérica

Fecha de Publicación: 07/08/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional


Los bosques del Gran Chaco Americano son el segundo pulmón verde de Sudamérica, después de la Amazonia, pero lejos de ser un área protegida, la tala y el desmonte avanzan sin pausa, lo mismo que la depredación de cazadores a especies en extinción, como el asesinato de uno de los cinco yaguaretés que quedaron en Formosa.
La amplia región comprende territorios de Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay y reúne 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios.
Durante el primer semestre de 2024 se deforestaron 59.557 hectáreas de bosque nativo en el norte del país.
La cifra significa la pérdida de una superficie equivalente a 327 canchas de fútbol por día.
Representa un 15% más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). Los datos se desprenden de un relevamiento realizado por Greenpeace mediante la comparación de imágenes satelitales.
La deforestación se debe en gran medida por el avance de la industria agropecuaria, que busca expandir su frontera para criar ganado y sembrar soja. Estos desmontes se realizan de manera irregular y no hay suficientes controles ni multas para quienes lo hagan, por lo que las provincias de Chaco y Santiago del Estero son las más perjudicadas.
La situación es más adversa en la actualidad con la reciente flexibilización de la normativa que protege a los bosques.

Deforestación en alza
Para la ONG, entre enero y junio pasados la deforestación alcanzó a 27.148 hectáreas en la provincia del Chaco; 21.047 hectáreas en Santiago del Estero; otras 7.162 hectáreas en Formosa y 4.200 más en Salta.
“Entre 1998 y 2022, en toda la Argentina se perdieron 7 millones de hectáreas de bosques”, explicó a El País de España, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. De ese total, el 75% de la deforestación argentina se concentra en la región chaqueña, destacó.
“En un contexto de crisis climática, esto tiene un impacto muy grave en la biodiversidad. Hay especies que pueden desaparecer. En este momento quedan 20 ejemplares de yaguareté en el Gran Chaco”, alertó.
“La deforestación provoca inundaciones y también sequías. Un proceso paralelo al desmonte es el desalojo de comunidades de campesinos y pueblos originarios, lo que termina generando conflictos violentos”.
Ante esta situación de emergencia, Gardini pidió políticas gubernamentales de cuidado, ya que a los productores agropecuarios les conviene deforestar irregularmente y ampliar la frontera productiva: con las ganancias que obtienen por exportaciones, la multa representa un gasto mínimo.
Señaló que la mayoría de estos desmontes son ilegales porque violan los ordenamientos territoriales de bosque nativo (OTBN) que confeccionó cada provincia, según lo estableció en 2007 la Ley Nacional de Bosques.
Estos ordenamientos son normas provinciales que zonifican los bosques existentes con un criterio de preservación y —según la ley nacional— son la herramienta que debe regular el avance de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio de uso del suelo.
Ante el incumplimiento, Giardini explica: “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad”.
En Chaco, enfatizaron desde la organización socioambiental, todos los desmontes registrados este año se realizaron en absoluta irregularidad.
Este abril, en la provincia que más deforestación registró en lo que va del año, se sancionó un nuevo OTBN que viola los principios de no regresión en materia de protección ambiental.
En los hechos, permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté.
Por estos sucesos, en mayo Greenpeace presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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Tras la caza de un yaguareté piden frenar la deforestación

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: La Nueva
Provincia/Región: Formosa


El animal, uno de los últimos de esta especie protegida, fue carneado en Formosa por cazadores furtivos y se generó un escándalo.
El pasado martes cazadores furtivos mataron y carnearon a un yaguareté en la localidad formoseña de Estanislao del Campo y la noticia, dada a conocer por el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, causó indignación.
Se trata de una especie que fue declarada en 2018 Monumento Natural Provincial en esa provincia por la Ley 1.673, sin embargo quedan menos de 20 ejemplares en la región chaqueña.
En este contexto, la organización Greenpeace advirtió que si se continúa con la caza indiscriminada, sumado a la deforestación “es prácticamente una condena al yaguareté”.
Dicha organización presentó en 2019 un proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la 'deforestación cero' en ambientes de las yungas, la región chaqueña y el litoral argentino.
Ahora advirtieron: “Recientemente se han entregado contundentes informes que demuestran cómo se viola la Ley de Bosques en las provincias demandadas, entre las que se encuentra Formosa. Esperamos un pronto pronunciamiento de la Corte, ya que ha quedado claro cómo se arrasa con el hábitat y los últimos yaguareté del Gran Chaco argentino”.
Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y actual director ejecutivo de la Red Yaguareté, estimó que este ejemplar fue asesinado la semana pasada, porque en ese momento fue cuando recibió las primeras fotografías.
Descartó que sea una red de tráfico o cazadores organizados: “Suelen ser gente de campo que sabe ‘cuerear’, pero desde hace varias décadas que no existen los tigreros, que eran cazadores de yaguaretés”.
Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales explicó que las penas para este tipo de delitos son mínimas "y resultan excarcelables".
Lodeiro Ocampo calcula que desde 2005 hasta ahora han ayudado a abrir 72 causas, en ningún caso hay presos.

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Jujuy: desalojos, desmontes e incendios contra campesinos en el Ingenio La Esperanza

Fecha de Publicación: 05/08/2024
Fuente: Jujuy Dice
Provincia/Región: Jujuy


Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Jujuy (MNCI) expresaron en un comunicado que la destrucción del lugar se hace con el aval del Fiscal Mora y el Ayudante de Fiscal César Díaz.
La familia González es una familia campesina que cría vacas, chivos, chanchos, gallinas, ovejas, caballos y que siembra zapallo, choclos, sandía y hortalizas de hojas verdes. La familia habita la zona desde el año 1906, el primer habitante fue el bisabuelo de don Ernesto, Ausalón González. Desde entonces, se dedican a la producción agroganadera en la zona.
La provincia vendió en 2019 el Ingenio la Esperanza con todos sus habitantes, sin reconocer las numerosas posesiones familiares que había dentro de esas tierras. Desde hace dos meses su nuevo dueño, la empresa Productora del Noroeste SA, en complicidad con la justicia de la provincia y desconociendo los derechos posesorios de esos habitantes campesinos, comenzó a hostigar, violentar y arrinconar a la familia de don Ernesto.
La empresa viene avanzando con desmontes en el territorio, quemando ilegalmente los cordones de todo el monte topado. Intenta despojar a la familia González de la tierra que tradicionalmente ocupa con sus animales, desconociendo y destruyendo la infraestructura productiva que don Ernesto y sus antepasados habían levantado.
En este contexto, ante la cercanía de los desmontes hacia sus animales, la familia González hizo arreglos de mantenimiento de sus alambrados, lo cual fue aprovechado por la Empresa para denunciarlos penalmente por usurpadores. A partir de esa denuncia y en un tiempo récord, el pasado 11 de julio, el juez González ordenó como medida preventiva el desalojo exprés de la familia, sin derecho a la defensa y sin dejarles presentar las pruebas de sus derechos posesorios que datan de 1906.
En la zona hay más familias campesinas que están siendo hostigados y amenazados por la empresa.
El pedido del MNCI es “basta de despojar y atropellar a los humildes del campo”, que se solidarizan con la familia González y acompañan la defensa de la propiedad.
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Chaco: una megadenuncia sacude la estructura de poder heredada por Leandro Zdero

Fecha de Publicación: 02/08/2024
Fuente: Letra P
Provincia/Región: Chaco


La presentación judicial describe el entramado político y empresarial detrás del avance sobre el bosque nativo. El ojo puesto sobre "la puerta giratoria".
La presentación ante la Justicia Federal chaqueña fue realizada a comienzos de este mes, justo en la previa del inicio de la feria, y está en manos de la jueza Zunilda Niremperger. Con la Justicia en funciones desde este lunes, se espera que la causa comience a avanzar.
Si bien el entramado que se detalla en la denuncia da cuenta de una situación que existe en la provincia desde hace años, el empuje definitivo que aceleró la presentación fue la sesión mediante la cual la Legislatura provincial sancionó, en la madrugada del 30 de abril, una normativa que reduce la protección del bosque nativo de Chaco y permite el avance de las topadoras sobre más de un millón de hectáreas, hoy protegidas.
Según la organización denunciante, la ley es inconstitucional y su formación legislativa tuvo gravísimas irregularidades. Por esa razón, se interpuso una cautelar para dejarla sin efecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Un desmontador en Chaco
El equipo letrado que presentó la denuncia llama al entramado que incluye a figuras poderosas de la política y el empresariado “la mafia del desmonte”. La definen como “una organización criminal que se enriquece a costa del ecocidio, que deja exclusión, pobreza y destrucción”.
En una exhaustiva investigación en la que participaron profesionales e investigadores de múltiples disciplinas, no deja de sorprender la nómina de empresas que aparecen mencionadas en una denuncia de 86 fojas que incluye mapas georreferenciados y análisis detallado de los datos, que dejan al descubierto un universo de intereses cruzados.
Halavacs, el ministro de Producción de Zdero que además es la máxima autoridad ambiental de la provincia, es la figura paradgimática de la denuncia. Dueño de una consultora, el ingeniero agrónomo fue la persona a la que mayor cantidad de permisos de desmonte se le otorgaron en los últimos diez años. De hecho, tramitó 353 de los 876 permisos que otorgó la Dirección de Bosques entre 2014 y 2021.
Su salto a la política es descripto por la denuncia como un caso de “puerta giratoria”. Es decir, cuando un hombre ligado al mundo empresario termina desembarcando en el Estado y atendiendo las necesidades de sus antiguos socios o, en este caso, clientes. La ley que actualizó el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en Chaco funciona como ejemplo.
Cuando se dedicaba a tramitar autorizaciones para el desmonte, Halavacs trabajó como consultor para la familia Vicentín y también cumplió el mismo rol para Las Guindas S.A, una empresa propiedad de la familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza (AGD).

Más allá de Leandro Zdero
A medida que avanza, la denuncia excede a las responsabilidades de la gestión actual, que fue la que puso a Halavacs al frente de la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, y apunta a las gestiones peronistas que antecedieron al radical que asumió en diciembre del año pasado.
Uno de los asesores del ministro es Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones provinciales de Domingo Peppo y Jorge Capitanich. Olivares era nada más ni nada menos que el encargado de otorgar los permisos de desmonte que gestionaba quien ahora es su jefe.
En la denuncia también están mencionados otros exfuncionarios del peronismo chaqueño como el exdirector de Bosques Miguel Ángel López, propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia, y el diputado provincial Atlanto Honcheruk, titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia.
No se agota allí. Entre otros empresarios también aparece Juan José Bergia, legislador por el Nuevo Espacio de Participación del Chaco (NEPAR), apuntado por sus actividades relacionadas con la explotación de la madera, en una megadenuncia que también llega hasta Santiago Bausili, el presidente del Banco Central.

Más allá del desmonte
Entre la decena de delitos imputados en la denuncia aparecen defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, el tráfico de influencias, el lavado de activos y la trata de personas. Un cúmulo de acciones penadas por el Código Penal cuyas consecuencias empiezan a escalar tensiones en el escenario político que ya trascendió las fronteras provinciales.
La organización de abogados y abogadas ambientalistas señala que la denuncia también pone la lupa sobre “las poderosas empresas asociadas a la extracción del tanino”, un subproducto de los quebrachos desmontados que se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Según explican, se trata de una actividad “netamente extractivista que promueve una economía de enclave, que se realiza de manera cuasi minera y basada en la destrucción del monte”. “Es un monopolio controlado por un puñado de corporaciones, ligadas siempre al poder político, con escaso eslabonamiento local y concentración fundiaria, tal como sucede también con la soja”, explican.

Más allá de Chaco
Con todo, Enrique Viale, uno de los representantes públicos de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, protagonizará este viernes una charla en Resistencia, donde el tema comenzó escalar rompiendo incluso algunas de las tradicionales barreras mediáticas con las que se suelen resguardar los poderes locales.
Será en la librería La Paz y la expectativa en torno a la conversación empieza a generar un ruido político del que se alimenta la discusión pública provincial. Más allá de eso, los ambientalistas esperan que avance la cautelar que deje sin efecto la ley de reordenamiento. Además, analizan un pedido para que la Justicia los acepte como querellantes en la causa, para así poder seguir de cerca todo el proceso.
Están convencidos de que los daños producidos no terminan en Chaco, hablan de “efectos interjuridiccionales” y apuntan a las consecuencias climáticas y ecológicas que afectan a la vida más allá de las fronteras provinciales. Aunque también advierten que las prácticas políticas y empresarias que, además de la corrupción, habilitan acciones como la explotación laboral o directamente la trata de personas no empieza ni terminan en la provincia en la que nada parece haber cambiado demasiado, más allá de los gobiernos.
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Desmontes en Chaco: intensifican controles en zonas críticas

Fecha de Publicación: 29/07/2024
Fuente: Portal diariotag.com
Provincia/Región: Chaco


La Dirección de Bosques amplió su plantilla de inspectores para trabajar en zonas críticas en la provincia y evitar los desmontes.
"Estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para evitar los desmontes en la provincia, ese es nuestro objetivo, es una tarea difícil, porque los desmontes estaban sucediendo antes y venían con una velocidad alarmante y el año pasado fueron miles de hectáreas las que habían arrasado con esta práctica", comenzó explicando el director de Bosques de la Provincia Gustavo Vázquez.
Señaló que hace ya varios meses se implementaron una serie operativos, "pusimos muchos inspectores en sectores que nosotros consideramos críticos y de esa manera pudimos frenar este avance que tenían los desmontes".
Reconoció el funcionario que "los desmontes siguen ocurriendo, pero todo el esfuerzo del personal de Bosques y el apoyo de la policía se está trabajando para contrarrestar los mismos, además ahora tenemos otras tareas que cumplir, como por ejemplo frenar la salida de productos forestales en forma ilegal hacia Santiago del Estero".
La Dirección de Bosques tiene inspectores en distintos puntos de la provincia, "hay una casilla instalada en lo que se denomina la Picada Olmos, que está en un sector crítico, de donde sale nuestra madera, salida en forma ilegal hacia la zona de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. Y también del otro lado, en el límite con Salta, donde también salía un flujo importante de madera, sobre todo de postes que salían de la reserva, que sería zona roja, en Chaco, y los llevaban en forma ilegal hacia provincias como Salta, en esos puntos se está trabajando intensamente", dijo Vázquez.
Sobre los operativos y secuestros de maquinarias, topadoras que se realizan en forma conjunta con la Policía del Chaco y los Juzgados de Paz reconoció el Director de Bosques que casi semanalmente se realizan estos operativos con secuestros de maquinarias.   "Creemos que es la forma de contrarrestar el desmonte, sacando la maquinaria de los predios donde están realizando el desmonte, porque una maquinaria de grandes dimensiones, como una Caterpillar D8, son 100 y 100 hectáreas que derriba por día. Así que nuestra tarea es incautarlas, secuestrarlas, ponerla a resguardo, a disposición de la Dirección de Bosques y, de esa manera, estamos contrarrestando también el desmonte ilegal", sostuvo Vázquez.
Respecto a los desmontes recordó que partir del 2018, cuando hubo un amparo justamente contra el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a partir de ese momento no se autorizó más ningún desmonte es decir que todo desmonte que está ocurriendo es ilegal.
Sobre el particular dijo que "hay algunas cuestiones permitidas, como por ejemplo los deslindes y todo lo que sea desmonte de bosques nativos no está autorizado y estamos esperando que la ley se implemente. Estamos también gestionando para que acredite Nación, y poder de esa manera implementarla en el Chaco, porque con ese instrumento legal vamos a tener las reglas claras, vamos a poder dar los permisos, pedir que o, mejor dicho, obligar a que se reforeste, vamos a tener un direccionamiento. El productor va a saber a qué atenerse. Y también tenemos que acrecentar lo que sean las sanciones, porque evidentemente, así como estamos con las multas que nosotros aplicamos, con eso no alcanza, porque la realidad nos demuestra que los desmontes siguen sucediendo".  
Por último, dijo que "si aquellos que derriban montes se sienten cómodos pagando solamente las multas y saben de qué crece su negocio inmobiliario, tenemos que actuar de otra manera, acrecentar las sanciones, buscar la forma para desalentar esta actividad ilícita".
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Sostienen que si la Nación no acredita el OTBN seguirán los desmontes

Fecha de Publicación: 25/07/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Chaco


Remarcan la necesidad de contar con la acreditación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos concretada por la Legislatura del Chaco.
Productores del interior chaqueño continúan realizando pedidos al Ejecutivo provincial para la aplicación del OTBN. Reflejan la creciente conciencia y compromiso de la sociedad chaqueña con la gestión sostenible de sus recursos naturales, y consideran que es un paso crucial para garantizar un futuro equilibrado para el ecosistema de la provincia.
El ingeniero Miguel López, productor forestal de la provincia, señaló sobre la urgente necesidad de acreditar el recientemente actualizado Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) por parte de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.
Además, López destacó la importancia de esta medida para legalizar las prácticas forestales y avanzar hacia un manejo sostenible de los recursos naturales.

La acreditación de la nación es clave
El ex director de Bosques del Chaco subrayó la dificultad de lograr un consenso en la provincia, y destacó que la acreditación de la ley es vital para pasar de la ilegalidad a la legalidad en las actividades productivas. "Hasta que el productor agrícola no vea que esto va en serio y que la ley se va a aplicar, será difícil controlar el desmonte en la provincia", afirmó.
Asimismo, hizo hincapié en el apoyo multisectorial que recibió este pedido de acreditación, reflejado en una carta enviada al presidente de la Nación, Javier Milei. La misiva, firmada por representantes del sector productivo e institucional del Chaco, busca asegurar que los esfuerzos realizados para actualizar el OTBN sean reconocidos y respaldados a nivel nacional.

Amplio consenso
López detalló el arduo proceso detrás de la actualización del OTBN, que incluyó la participación de instituciones como el INTA, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y la Federación Económica del Chaco.
"Este trabajo surgió del consenso de todos los que estábamos en esas mesas, incluso dejando de lado algunas inquietudes en pos del bien común", explicó López.
Además, criticó la distribución actual de los fondos destinados a la protección de los bosques, argumentando que la fórmula polinómica utilizada no refleja adecuadamente las diferencias regionales en términos de pérdida de oportunidades económicas.
"La pérdida de chance de un suelo agrícola en el Chaco es mucho mayor que la de una montaña en Córdoba o Mendoza", señaló.

Autonomía provincial
Además, enfatizó en la autonomía provincial sobre el manejo de los recursos naturales, un punto respaldado por el reciente Pacto de Mayo, que reconoce que los recursos naturales son de las provincias y pueden ser explotados de manera racional y sustentable.
"La provincia es dueña de sus recursos naturales y la ley votada por tres cuartas partes de la Cámara debe ser respetada", afirmó el productor forestal del Chaco.
Por último, llamó a una acción decidida por parte de las autoridades provinciales para asegurar la acreditación del OTBN y mejorar la redistribución de los ingresos provenientes de la Ley de Bosques. "Es tiempo de cambio y debemos pedir que se respete la autonomía provincial", concluyó López.
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Denuncian que los dueños de Manaos desmontaron 10 mil hectáreas

Fecha de Publicación:20/07/2024
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Santiago del Estero


El monte destruido se encontraba en una zona categorizada como de riesgo ambiental. La deforestación se hizo con autorización del gobierno provincial.
La organización ambientalista Greenpeace denunció a los dueños de la empresa Manaos por un gigantesco desmonte de 10.000 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero.
Greenpeace aseguró que se documentó el desmonte que ejecuta la familia Canido, dueña de la empresa Refres Now, que produce la gaseosa Manaos.
“Descubrimos que los dueños de Manaos están realizando un gigantesco desmonte, del tamaño de media ciudad de Buenos Aires, para hacer producción ganadera, cerca de Nueva Esperanza, en el norte de Santiago del Estero. Tienen permisos del gobierno provincial en una zona donde la Ley Nacional de Bosques prohíbe deforestar. Hay una evidente complicidad para avanzar impunemente con este ecocidio”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
La familia Canido posee varias fincas en Santiago del Estero, donde desde hace una década viene deforestando para desarrollo agropecuario y manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas.

Antecedentes
Ya en 2016 en su informe, Greenpeace había reflejado el conflicto entre Canido y campesinos santiagueños. El 14 noviembre de 2014, la Dirección de Bosques santiagueña suspendió un plan productivo que había sido aprobado. La suspensión se decidió tras los reclamos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-VC) y una presentación del Comité de Emergencia para la Atención de la Problemática de los Casos de Conflicto de Tierras.
Sin embargo, en 2016 el MOCASE-VC denunció que “Orlando Canido, representante de la empresa MANAOS, continúa atropellando sobre los territorios de comunidades campesinas indígenas y amedrentando a las familias con gente armada. (…) El día viernes 18 de diciembre, luego de esperar dos años que la justicia tome medidas en el conflicto, la comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar las 4.000 hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias. Ante el silencio de la justicia, Orlando Canido lleva desmontadas ya 500 hectáreas, quemando carbón en 18 hornos, todo de manera ilegal”.
Ya en aquel año indicaban que la Dirección de Bosques y Fauna y el Comité de Emergencia de la provincia habían constatado "la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada”. En febrero de aquel año, la Jefatura de Gabinete del gobierno provincial se reunió con representantes del movimiento campesino y con el empresario para intentar destrabar el conflicto. Pero en mayo la policía intentó desalojar a siete familias. Tenían una orden de la jueza María Martínez Llanos.
El 5 de julio el MOCASE-VC denunció agresiones de gente armada: “después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas, a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo de agua potable de la comunidad”.

Un "desbajerado" que es desmonte
Pese a los hechos acontecidos, a 8 años de aquellas denuncias, Greenpeace afirmó que en la actualidad “las topadoras no se detienen y afectan la rica biodiversidad de la región; especies como el oso hormiguero, la corzuela, el pecarí, el loro hablador, y la tortuga terrestre se ven amenazadas. Además, se trata de la zona de pastoreo y uso del monte de comunidades campesinas. Convocamos a la gente a reclamar a los dueños de Manaos que paren de deforestar”.
La zona a modificar, según se especificó, está en amarillo, que es uno de los colores que señala la presencia de bosque nativo que no debe ser destruido, según lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos.
Según se pudo establecer, Canido pidió permiso para realizar un manejo silvopastoril, lo que implica dejar árboles en pie. Sin embargo, Giardini dijo a Salta/12 que los trabajadores de Canido "usan topadoras grandes con rolos enormes". Añadió que la interpretación de que esto es un desmonte no solo es de Greenpeace, sino también de la Nación.
En efecto, el monitoreo de deforestación realizado por la Secretaría de Ambiente de la Nación considera “como pérdida de bosque nativo a aquellas áreas en donde se producen técnicas de desarbustado o desbajerado en un grado de intensidad elevado tal que permite su detección a partir de imágenes satelitales de mediana resolución espacial”. El mismo organismo sostuvo que estas superficies "pierden su funcionamiento como ecosistema de bosque y a su vez se ven disminuidos, en gran medida, los servicios ambientales que brindan, de modo que resultan un desmonte diferido en el tiempo”.
Santiago del Estero es la provincia con más deforestación del país de las últimas décadas. Según datos oficiales, desde 1998 en la provincia se desmontaron más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos.
“Frente a la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, resulta clave proteger nuestros últimos bosques. Seguir deforestando implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal”, finalizó Giardini.
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En el primer semestre, Chaco fue la provincia donde más montes se talaron en forma ilegal

Fecha de Publicación: 15/07/2024
Fuente: Diario Norte
Provincia/Región: Nacional - Chaco


Los datos fueron difundidos por Greenpeace, en base a imágenes satelitales. La organización expresó su preocupación por el aumento de los desmontes en todo el norte argentino.
Mientras se aguardan definiciones y avances sobre la denuncia penal –junto a una medida cautelar- por los desmontes ilegales en el Chaco presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la organización ecologista Greenpeace difundió esta semana un informe con datos del primer semestre de este año que ubican a la provincia como la primera del país donde más montes se talaron en forma irregular.  Fueron, en datos concretos, más de 27.000 hectáreas en seis meses.
El reporte de Greenpeace indica que se detectó, mediante imágenes satelitales, que durante el primer semestre del año en el norte del país se deforestaron 59.557 hectáreas , un 15 por ciento más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). "La situación más grave se da en Chaco y en Santiago del Estero, donde la mayoría de los desmontes son ilegales",  alertó la organización ecologista, que volvió a reclamar la penalización de la destrucción de bosques.
El relevamiento realizado mediante la comparación de imágenes satelitales  estima que, entre enero y junio de 2024, la deforestación en el Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas ; en Santiago del Estero, 21.047 hectáreas; en Formosa, 7.162 hectáreas; y en Salta, 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

La frontera agropecuaria sigue en expansión
Greenpeace señaló que "la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, que en gran medida se exportan a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente.
"Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020.  Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Complicidad
"Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios p ara arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema", recordó
De hecho, esta semana se cumplieron cinco años del amparo presentado por Greenpeace ante Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat del yaguareté y violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. En noviembre del año pasado, el máximo tribunal declaró su competencia en la causa.
"La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos", afirmó Giardini. Y finalizó: "Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente  contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria".

Una denuncia y una cautelar que aguardan definiciones
En los primeros días de este mes, y ante la Fiscalía Federal de Resistencia, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA)  presentó una denuncia penal contra funcionarios públicos y empresarios, a quienes apuntó como responsables de "actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos", advirtiendo "la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses".
La denuncia penal –indicó la entidad- tiene como objetivo que "se investigue y desarticule a esta mafia del desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia".
Junto con la denuncia, la asociación solicitó a la justicia el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente "toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La reforma del OTBN representa un acto delictivo consumado y en curso, con un claro riesgo de agravamiento mientras esté vigente. La sobreexplotación forestal se viene llevando a cabo a tasas muchas veces mayor a la de repoblación de los bosques milenarios de El Impenetrable. Se calcula que, a este ritmo de extracción, habrá desaparecido en dos décadas", subrayaron.
La denuncia es contra Hernán Halavacs, actual ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques, ya que antes de asumir ese cargo, en su calidad de ingeniero agrónomo, fue quien "mayor cantidad de permisos de desmonte tuvo otorgados en la historia reciente de la provincia", ya que "tenía un aceitado mecanismo, a través de una consultora, vinculado al otorgamiento de permisos irregulares de desmonte".
También contra Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Domingo Peppo y Jorge Capitanich, a quien se señala como "principal responsable del desmonte desde el año 2014". "Hoy es el asesor forestal del ministro Halavacs, a quien le otorgaba los permisos de desmonte cuando era funcionario público", señalaron los denunciantes.
Otros nombres apuntados en la denuncia penal son Atlanto Honcheruk, diputado provincial y "titular de la mayor empresa transportista de madera de la provincia"; Miguel Ángel López, exdirector de Bosques de la Provincia; Ana Victoria Hupaluk, empresaria maderera y carbonera, y socia de López en el aprovechamiento de Tria S.A.; Adolfo Eduardo Hupaluk, empresario maderero y carbonero de Los Frentones; y Juan José Bergia, legislador de Nepar.
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Mega denuncia penal contra legisladores, funcionarios públicos y empresarios por el desmonte en el Chaco

Fecha de Publicación: 05/07/2024
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Chaco


La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal tras la sanción en la Legislatura provincial de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), votada en una sesión que se realizó de madrugada.
A fines de abril de 2024, la Legislatura de Chaco votó una Ley que permite un nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos y habilita el desmonte de un millón de hectáreas.
La Cámara de Diputados de la provincia de Chaco sancionó la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Ley Nro 4005R, y áreas que antes estaban marcadas por la Ley de Bosques como “amarillas” (se pueden hacer actividades productivas sostenibles pero no desmontar) o “rojas” (no se pueden tocar) pasaron a pintarse de verde, habilitando la deforestación.

La agonía del monte chaqueño
"Hemos aprobado con satisfacción el ordenamiento de nuestros bosques nativos, muy a pesar de los intereses supranacionales. Este ordenamiento permitirá llevar adelante proyectos agroindustriales de manera ordenada y controlada por el Estado, hasta ahora era más fácil desmontar y pagar la multa, el monte estaba librado a su suerte”, celebró el diputado provincial Samuel Vargas, del Interbloque de Juntos por el Cambio, según consignó el portal Diario Chaco.
A raíz de esta situación, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal con sede en la provincia de Chaco.
"Tras una investigación exhaustiva de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, se evidencia la participación activa de funcionarios públicos y empresarios en actividades ilícitas que implican la destrucción ilegal de bosques nativos. Se denunció penalmente la concentrada y millonaria maquinaria político/corporativa que se enriquece y maneja los hilos de la provincia según sus propios intereses", explica el abogado ambientalista Enrique Viale .
Según datos oficiales, desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques hasta fines de 2022 en Chaco se desmontaron 485.162 hectáreas. El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la deforestación de 57.343 hectáreas solo en 2023.
“Es importante destacar la ilegalidad de la totalidad de las hectáreas desmontadas durante 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024, ya que los desmontes se encontraban suspendidos por la justicia provincial, desde el 16 de octubre de 2020, ante la falta de actualización de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”, señaló esa entidad.

¿Quiénes son los denunciados?
De acuerdo al escrito presentado por la Asociación de Abogados Ambientalistas, entre los denunciantes se encuentran: Hernán Halavacs; actual Ministro de Producción de Chaco, máxima autoridad ambiental de la provincia y autoridad de aplicación de la Ley de Bosques; Luciano Olivares. Subsecretario de Desarrollo Forestal durante las gestiones de los gobernadores Peppo y Capitanich, principal responsable del desmonte desde el año 2014; Atlanto Honcheruk. Diputado provincial por el Frente de Todos y empresario del transporte forestal. Titular de la mayor empresa transportista de madera de la Provincia; Miguel Ángel López. ex-Director de Bosques de la Provincia. Propietario de uno de los mayores aserraderos de la provincia: Forestales del Oeste SAS; Ana Victoria Hupaluk. Empresaria maderera y carbonera; Adolfo Eduardo Hupaluk. Empresario maderero y carbonero de Los Frentones, Juan José Bergia. Legislador de NEPar, su propio partido. Maneja la Reserva Meguesoxochi, conocida por la explotación irracional de madera, a través de Zenón Cuellar.
Según Enrique Viale, entre los delitos que se le imputan se especifican: "Defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y/o asociación ilícita. Todos previstos en el Código Penal".

Los fundamentos de la denuncia
Según sostiene la denuncia presentada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, "se documentó la defraudación contra la administración pública, conforme al artículo 173 inciso 7 del Código Penal argentino. Los funcionarios mencionados han otorgado permisos de desmonte ilegal y han recategorizado parcelas de manera fraudulenta, desviando fondos públicos destinados a la conservación ambiental para favorecer intereses privados".
Además -agrega la denuncia-, se han identificado casos de falsedad ideológica de instrumento público, tipificados en el artículo 292 del Código Penal. Los acusados falsificaron documentos públicos para justificar la reclasificación de terrenos forestales como aptos para actividades agropecuarias, vulnerando así las disposiciones legales destinadas a la preservación de los recursos naturales.
Por último, específica que "se registran casos de cohecho y tráfico de influencias, delitos contemplados en los artículos 256 y 268 del Código Penal, respectivamente. Los funcionarios públicos acusados habrían recibido beneficios económicos y otros favores indebidos a cambio de la facilitación de permisos de desmonte y la modificación de normativas ambientales locales. Estas prácticas ilícitas subvierten el principio de imparcialidad y objetividad que deben regir las funciones públicas, perpetuando un ciclo de corrupción que pone en riesgo tanto el ambiente como la integridad del sistema administrativo argentino".
La denuncia penal también pone sobre la lupa las empresas asociadas a la extracción del tanino, subproducto de los quebrachos desmontados y sus vínculos con funcionarios y exfuncionarios. El tanino se usa principalmente para el procesamiento y curtido del cuero y también, en menor medida, para el encamisamiento de tubos petroleros.
Aparte de la denuncia penal, los denunciantes solicitaron "el dictado urgente de una medida cautelar que suspenda los efectos de la regresiva Ley 4005-R del 30 de abril de 2024, y cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial".
"La denuncia penal -dice Enrique Viale-, "tiene como objetivo se investigue y desarticule a esta Mafia del Desmonte de Chaco y eliminar su cooptación sobre el Estado de la provincia. Una organización criminal que se enriquece a costa del Ecocidio dejando exclusión, pobreza y destrucción. Si esta Asociación Ilícita sigue en funcionamiento, el futuro de uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur, el gran Chaco Argentino (y la población, flora y fauna que allí viven) tienen solo como destino su desaparición definitiva".
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