Forman una red federal para asistir varamientos




Crean una red federal para asistir varamientos de fauna marina en las costas argentinas
 
Fecha de Publicación: 20/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Ambiente de la Nación en conjunto con provincias costeras, organizaciones y referentes académicos crearon hoy la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna Marina, para rescatar a ballenas, orcas, delfines, elefantes, lobos, aves y tortugas marinas en situación de riesgo en las costas.
"El rescate de fauna marina se da en situaciones complejas, donde cada minuto cuenta, y en muchos casos involucra a especies amenazadas. Esta red nos permite estar mejor preparados, reforzar las capacidades de respuesta y ampliar las estrategias preventivas", aseguró Javier García Espil, director nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos.
Según comentó, los eventos de animales marinos en situación de riesgo en las costas argentinas incrementaron en los últimos años.
"La iniciativa para fortalecer la conservación de la biodiversidad en un marco de ordenamiento ambiental de los espacios costeros y marítimos", destacó.
En este sentido, habrá manuales de procedimiento para la atención de fauna marina en situación de vulnerabilidad siguiendo estándares internacionales y se favorecerá el intercambio de información entre las provincias y organismos.
Además, se creará un registro nacional de varamientos para identificar los problemas ambientales que afecten a la fauna en nuestras costas y mares.
La red está integrada por las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Entre Ríos, la Administración de Parques Nacionales, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan organizaciones de la sociedad civil y las principales instituciones académicas que trabajan en la temática.
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Ambiente presenta un plan contra los cebos tóxicos



Ambiente presentó la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos

Fecha de Publicación
: 19/06/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional


La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación junto a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y la Fundación Bioandina Argentina presentaron la Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos, en el marco de un trabajo articulado para preservar al cóndor, ave emblemática y especie clave en el equilibrio del ecosistema andino.
En representación de la Secretaría de Ambiente de la Nación, que conduce Sergio Bergman, estuvieron presentes Mariela Chervin, subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, y Catalina Caillet-Bois, directora de Educación Ambiental. “Estamos en Mendoza, en el lanzamiento de esta estrategia, que trabajamos desde nuestra Secretaría junto con la Fundación Bioandina, con la Secretaría de Ambiente provincial y con cada una de las 14 provincias que tienen distribución del cóndor en nuestro país. Estamos inaugurando una muestra participativa de concientización, junto con un taller con actores locales donde apuntamos a construir el contenido de la estrategia y del protocolo de actuación ante casos de envenenamiento”, detalló Chervin en relación a esta iniciativa de preservación y conservación.
La muestra mencionada es una exposición científica, cultural y educativa sobre el Programa Conservación del Cóndor Andino que se realiza en el Museo de la Educación de Mendoza, como parte de una campaña de concientización orientada a desestimar el uso de cebos tóxicos. Allí se entregaron kits de intervención de urgencia ante casos de envenenamiento, que están destinados a las 14 provincias donde habita el cóndor andino para trabajar bajo protocolos de bioseguridad, facilitando la toma de muestras para estudios científicos y acciones legales y permitiendo sanear las zonas donde se haya cometido envenenamiento.
En relación a este equipamiento, la subsecretaria nacional detalló: “Este kit, que se entrega a la autoridad ambiental provincial, está compuesto por elementos de bioseguridad para el personal que trabaja a campo ante la detección de estos casos. También contiene elementos para la toma de muestras y posterior realización de análisis toxicológicos; es un equipamiento para documentar los hallazgos y poder diseñar políticas públicas en la materia. Entre ellos, GPS para georeferenciar lo que se encuentra a campo y cámaras de fotos especiales”.
La Estrategia Nacional Contra el Uso de Cebos Tóxicos está orientada a la elaboración de una guía de buenas prácticas sobre el cuidado de la fauna local y parte de la construcción participativa de las instituciones protagónicas involucradas en esta problemática. Las acciones previstas se sustentan en cinco pilares fundamentales: campañas educativas, encuestas a pobladores rurales, talleres de capacitación, entrega de kits de urgencia y estudios de toxicología.
Estuvieron presentes, además, autoridades de Gendarmería Nacional, Policía Rural, ONG, referentes académicos y guardaparques.
Por su parte, mañana se realizará una jornada de capacitación sobre el cóndor andino y la problemática del uso de cebos tóxicos. En ese contexto, Luis Jácome, de la Fundación Bioandina, presentará el Programa Conservación del Cóndor Andino —que contempla la rehabilitación de ejemplares de esta especie y su posterior liberación al entorno natural—, y abordará las principales amenazas que afectan al animal, en particular el impacto negativo que sufre derivado del uso de cebos tóxicos.
Asimismo, representantes la Secretaría de Ambiente de Mendoza expondrán sobre el “caso Los Molles”, en relación al hallazgo de 34 cóndores muertos por envenenamiento en la localidad mendocina de Malargüe, en enero de 2018.
Durante la jornada, Rayén Estrada Pacheco, de la Fundación Bioandina, hablará sobre la problemática del uso de cebos tóxicos para la vida silvestre y la salud humana, y, luego, sobre los protocolos de actuación ante casos de envenenamiento por la utilización de estos productos.
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Riachuelo: prorrogarían la emergencia social

Promueven en la Legislatura una prórroga a la emergencia social de la Cuenta Matanza Riachuelo

Fecha de Publicación
: 19/06/2019
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo


Los bloques de Vamos Juntos y Evolución de la Legislatura presentaron sendos proyectos para prorrogar la vigencia de la ley que declaró la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad, que fue aprobada en 2011 para "asegurar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano" en esa zona del sur capitalino.
Las iniciativas fueron elaboradas por la legisladora Mercedes De las Casas, del oficialismo; y Patricia Vischi, de Evolución, y promueven la extensión de la ley por cinco y tres años, respectivamente; al tiempo que estipulan una serie de modificaciones respecto del artículo de la norma que obliga informar en la Legislatura por el estado de situación de la Cuenca.
La ley 3947 fijó las acciones que debía llevar adelante la Ciudad tendientes a asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, acordado en el ámbito de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR).
En su aprobación inicial, contemplaba cinco años de vigencia de la emergencia, en tanto que en 2016 se aprobó en la Legislatura una prórroga por tres años más, lo que caducará en septiembre próximo, por lo cual se planteó una nueva extensión hasta 2022.
Al respecto, la legisladora De las Casas indicó que "corresponde propiciar su prórroga una vez más, toda vez que el proceso de saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo aún no ha concluido, sin perjuicio de evidenciarse un gran avance".
Por su parte, Vischi sostuvo que "es indudable que se han realizado obras luego de estos ocho años de trabajo para la recuperación de la calidad de vida de los vecinos lindantes con la Cuenca. Pero la difícil situación inicial impidió dar por cumplido los objetivos marcados por la legislación, por lo que es menester dar un nuevo tiempo prudencial para poder dar por concluidas las tareas".
En tanto, los dos proyectos que serán debatidos por la Comisión de Ambiente de la Legislatura contemplan una serie de cambios a la redacción del artículo 7 de la ley de emergencia, el que establece la realización de una reunión anual en la Legislatura para que el Ejecutivo porteño dé detalles del estado de situación de la Cuenca.
En ese marco, la propuesta de Vischi agrega que, además de la reunión, el Ejecutivo deba enviar "con al menos 30 días de antelación un cuadro sintético de los avances obtenidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada".
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Contaminación y vulnerabilidad en el conurbano



Conurbano sur: contaminación hídrica y vulnerabilidad social

Fecha de Publicación
: 18/06/2019
Fuente: InfoBAE
Provincia/Región: Buenos Aires


En el marco del Programa de Estudios en Ambiente y Territorio (PEAT), creado con el objetivo de generar un impacto en la comunidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) busca fortalecer el trabajo de los vecinos, los municipios y las industrias para una gestión sustentable del recurso hídrico en la cuenca del arroyo Las Conchitas, cuya jurisdicción es compartida por Florencio Varela y Berazategui. El equipo de investigación es conducido por Alejandro Crojethovich, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que cuenta además con un Ph. D. en Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid.
Al referirse a las características de Las Conchitas, este investigador aclara que se trata de "un arroyo de llanura, que no tiene un escurrimiento de agua muy poderoso y al que le cuesta depurarse", al tiempo que puntualiza que la contaminación del arroyo "depende de los usos del suelo y varía entre la cuenca alta, donde las condiciones ambientales son mejores, y la cuenca media y baja, donde empieza a haber usos industriales y la contaminación es mucho más marcada". Respecto de la vulnerabilidad social, Crojethovich señala: "Una mala calidad del agua y la presencia de población con un bajo nivel socioeconómico, instalada cerca del arroyo, permite extraer conclusiones respecto de la mayor vulnerabilidad frente a su crecida o en lo que se refiere al contacto de población local con el agua del arroyo, que se filtra a las napas y, en definitiva, va a parar a las canillas". "Toda esa conjunción crea una situación de vulnerabilidad frente a los recursos contaminados", añade.
En cuanto al trabajo de campo, una integrante del equipo de investigación, Clarisa Cánepa, estudiante de la Lienciatura en Gestión Ambiental de la UNAJ y becaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), explica que han venido realizando un seguimiento mediante un sistema de información geográfica (SIG) y mediante la toma de muestras en el campo cada 50 días. "Para determinar la calidad del agua ?explica? se medieron varios parámetros, entre ellos el oxígeno disuelto, la acidez (pH) y la demanda química de oxígeno (DQO)".
Al analizar el impacto del cambio climático, Crojethovich señala: "Los sistemas urbanos van a ser más golpeados por los efectos del cambio climático: desbordes de agua del arroyo, inundaciones que invaden las casas y enfermedades hídricas por contaminación industrial. Todo ese se va a ir exacerbando. El cambio climático es inevitable, pero cuanto más resiliente sea la sociedad, el golpe será menor y la adaptabilidad mayor". En ese sentido, advierte: "Si se logra organizar en el territorio a los actores sociales, se puede prever que frente a un brusco cambio climático, la población tenga más resiliencia y pueda enfrenta mejor esos cambios".
"Estamos evaluando cómo diferentes actores sociales que utilizan el agua, como son las industrias, los municipios y la propia población, se pueden organizar para lograr que haya una gestión más sustentable del recurso, pensando, además, que se encuentran en una zona que en el mediano y largo plazo va ser fuertemente impactada por el cambio climático", añade. En concreto, se están organizando talleres con la población, se están iniciando conversaciones con distintas cámaras empresarias locales y, a partir de un programa de pasantías implementado por el Municipio de Florencio Varela, dos alumnos de la UNAJ se han incroporado como inspectores municipales.
El objetivo final es, tal como destaca Crojethovich, que esta cuenca "se convierta, a nivel del Conurbano, en una prueba piloto donde haya un monitoreo constante y se pueda ir evaluando cómo evoluciona la relación entre los distintos actores". "La Universidad es la catalizadora de ese proceso de reunir a los actores que intervienen en el territorio para que trabajen juntos y puedan consensuar pautas para la gestión de los recursos hídricos", concluye.
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Ya hay dos proyectos para modificar la ley 7.722



La Legislatura analiza dos proyectos para actualizar la ley 7.722

Fecha de Publicación
: 18/06/2019
Fuente: Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la norma.
La tan aclamada “Ley del agua”, militada por quienes se decían protectores del medio ambiente, demostró no haber cumplido con el fin esperado por la misma norma dado que aquel supuesto control que debía ejercer dicho cuerpo normativo sobre la actividad minera metalífera en la Provincia de Mendoza nunca llegó a efectivizarse. 
Desde la sanción de la ley 7.722, en 2007, ningún proyecto minero ha sido aprobado en la Legislatura de la Provincia. Con este antecedente se confirma aquel argumento tan negado por los detractores de la minería de que ésta no era una ley anti-minera, sino que el objeto de la misma era controlar a la actividad y cuidar el medio ambiente.
El actual artículo 3 de la ley  7.722 pone como exigencia que los proyectos mineros metalíferos que hayan obtenido la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), deban ser ratificados por ley. Lo cierto es que desde la sanción de dicha ley, el fin para lo cual la mencionada norma fue sancionada, nunca llegó a cumplirse dado que, desde entonces, ningún proyecto ha pasado el filtro de la Legislatura, convirtiendo a aquella ratificación, en un mero embudo partidista de la política mendocina.
En el transcurso de estos 11 años, desde la sanción de aquella ley, se ha dictado una serie de normas que sí tendieron a proteger el patrimonio medioambiental de los mendocinos y con herramientas que permitieron abordar a la minería dentro de un desarrollo sustentable para el territorio.
Ejemplo de ello fueron: la Ley de Glaciares y su Inventario; la aprobación e implementación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial; la firma del Nuevo Pacto Federal Minero; y la elaboración de la Política de Desarrollo para la Actividad Minera de la Provincia de Mendoza. Todas ellas en la actualidad nos llevan a afirmar que ahora sí contamos con herramientas eficaces que otorgan la posibilidad de definir para cada caso qué tipo de actividad puede realizarse, dónde, y cómo controlarla.
Por esos motivos, y por el hecho de que no existe ningún procedimiento de ninguna industria nacional que requiera de una ratificación legislativa a una autorización ambiental previamente otorgada por los organismos técnicos correspondientes -excepto la actividad minera metalífera de Mendoza-, es que en la Legislatura Provincial se están tratando dos proyectos sobre legislación ambiental minera de modo de actualizar aquella ley 7.722 a los tiempos que corren. El primero trata sobre la creación de los Parques Industriales Mineros Controlados, y el segundo sobre la modificación misma de la ley 7.722.
Ambos proyectos remplazan aquella ratificación legislativa de las DIA de Proyectos de Prospección, Exploración, Explotación y/o Industrialización de Minerales Metalíferos, por la creación de una Comisión Legislativa compuesta por ambas Cámaras, de seguimiento y control de las actividades mineras.
Resulta razonable y dentro de sus competencias otorgar al órgano legislativo su función de control y no continuar otorgándole aquella facultad prohibitiva de una actividad, puesto que, como toda actividad industrial específica, necesita del análisis técnico de especialistas que avalen y autoricen o no, un determinado proyecto minero.
La DIA técnicamente es un acto administrativo dictado por un órgano técnico que pone fin al proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya voluntad exteriorizada a través de una autorización, debe contener necesariamente una decisión fundada y ser susceptible de la vía recursiva, conforme al derecho humano fundamental de una efectiva tutela judicial (artículo 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos); y que sólo compete a la autoridad administrativa competente (en este caso del Poder Ejecutivo a través de sus órganos técnicos), propio de la División de Poderes reconocido constitucionalmente. Sin embargo, con la actual ley 7.722 no sólo no se permite la posibilidad de recurrir una decisión que rechace -no ratifique- un proyecto determinado; sino que además avanza sobre poderes específicos otorgados a otros órganos constitucionales.
A este principio de separación de poderes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 310:120. 1987) ha dicho que no sólo ha sido dispuesto para controlar al poder, sino que también responde a una necesaria especialización que deben tener los órganos del poder para lograr la óptima gestión de los intereses públicos.
Justamente en base al principio republicano de gobierno entendemos que resulta razonable remplazar aquella ratificación legislativa por un efectivo control ejercido por el Poder Legislativo, a través de la constitución de una Comisión Bicameral, que pueda controlar y darle seguimiento a los proyectos mineros metalíferos en la Provincia, ya que aquella ratificación no sólo ha demostrado ser una herramienta ineficaz y obstructiva, sino que además ha superado ampliamente las facultades constitucionales otorgadas a la Legislatura Provincial.
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Entre Ríos: Bordet quiere modificar normativa de fumigaciones

Agroquímicos: el decreto que prepara el Gobierno sobre fumigaciones diferenciaría tipos de cultivo

Fecha de Publicación
: 18/06/2019
Fuente: APFDigital
Provincia/Región: Entre Ríos

 
Lo adelantó el propio gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a APFDigital
Dijo que trabajan con otros organismos para buscar “una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que, entiendo, no es la correcta”
Se manifestó a favor de dejar de lado los “límites excluyentes” y precisó que “hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento escolar”
Desde que la Justicia provincial rechazó el decreto sobre fumigaciones con agroquímicos cerca de escuelas rurales y dejó en pie las distancias de 3000 y 1000 metros para aspersiones aéreas y terrestres establecidas en el fallo del juez Oscar Benedetto, el Gobierno provincial trabaja en un nuevo decreto.
“Venimos muy adelantados; tengo previsto reunirme ahora más tarde con el Fiscal de Estado y el Secretario de Producción que vienen trabajando con ambas partes y también con la universidad”, precisó Gustavo Bordet.
Luego adelantó por qué camino está avanzando el Gobierno: “Estamos encontrando una lógica diferente a la establecida en el fallo judicial que entiendo, no es la correcta, de tomar limites excluyentes; sino que hay que hacer un análisis por tipo de cultivo y tipo de establecimiento educativo y escolar. Hay que hacer un análisis puntual y determinado”, señaló Bordet y se manifestó “optimista en poder encontrar una norma que contemple las posiciones centrales de todas las partes y que sea efectiva y que se pueda llevar adelante manteniendo nuestro sistema productivo sin afectar la salud”, afirmó ante la consulta de esta Agencia.
Sostuvo luego que se trabaja en pos de los consensos “para confluir en un marco que tiene que ser además de un decreto una ley, que se genere una discusión en el Poder Legislativo que posibilite darle una fuerza legal”, expresó el mandatario.
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Parque eólico de Jaramillo entró en operaciones



El mayor parque eólico del país entró en operaciones y produce energía para 100.000 hogares

Fecha de Publicación
: 17/06/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional - Santa Cruz


Ayer quedó inaugurado el parque eólico con mayor potencia instalada del país, de 126 MW, en Jaramillo, a 100 kilómetros de Pico Truncado, en Santa Cruz. Se trata del Bicentenario, construido por la empresa PCR con una inversión de US$200 millones, tras ser adjudicado por la Secretaría de Energía a través del programa RenovAr 1.5.
El parque cuenta con 35 aerogeneradores Vestas V117, a lo largo de un predio de 2455 héctareas, y fue construido por 200 trabajadores en 18 meses. Generará 620.000 MW/h al año con los que se alimentará de energía renovable a 100.000 hogares del país y a Acindar, la compañía con la cual la empresa PCR suscribió a un contrato en el mercado a término (Mater). Según indicaron, este proyecto contribuirá a reducir la emisión de 250.000 toneladas de dióxido de carbono por año.
Por otro lado, PCR se encuentra en plena construcción de otros dos parques eólicos: San Jorge y El Mataco, por un total de 100 MW cada uno, correspondientes al programa Renovar 2. Ambos están ubicados en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y tendrán una inversión total de US$300 millones.
El acto de ayer fue encabezado por Martin Fernando Brandi, presidente de PCR, y contó con la presencia la senadora María Belén Tapia, los intendentes de Puerto Deseado y Pico Truncado, otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, como así también representantes de entidades financieras y bancos internacionales.
"Es un sueño hecho realidad; nuestro interés por las energías renovables está previsto en el planeamiento estratégico de los accionistas de PCR desde 1999", señaló Brandi. "Los lineamientos de la ley 27.191, su reglamentación con un marco modelo y el impulso del programa RenovAr fueron la clave para avanzar definitivamente en este rumbo", agregó.
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Ley forestal: la actividad afectaría áreas de diversidad

Aves Argentinas pidió revisar ley forestal para proteger pastizales y humedales

Fecha de Publicación
: 17/06/2019
Fuente: Diario El Comercial
Provincia/Región: Nacional


La ONG “Aves Argentinas” pidió la revisión de la Ley 25.080 y sus criterios ambientales para forestaciones en áreas naturales de pastizales y humedales.
Sostiene que la intensificación y aumento de la actividad forestal en la región NEA, en especial en Corrientes, afectaría áreas de diversidad de aves, entre ellas poblaciones remanentes de especies en peligro de extinción.
En un crítico y controvertido documento, Aves Argentinas dejó expresado la posición institucional de la organización respecto la reciente prórroga y modificación de la Ley 25.080 de Inversiones para los bosques cultivados (Boletín Oficial N°34027 del 4 de enero de 2019), junto con la opinión sobre la presentación por parte del gobierno nacional del Programa ForestAR 2030.
“Habiendo analizado la documentación que oportunamente se puso a nuestra consideración, planteamos una serie de preocupaciones y recomendaciones que contribuyan a garantizar la conservación de la biodiversidad en pastizales y humedales en convivencia con plantaciones forestales (pino y eucalipto) en el Noreste de la Argentina”, señalaron en el documento que desde Aves Argentinas(Asociación Ornitológica del Plata) dieron a difusión en la última semana a través de su sitio oficial y redes sociales, y reproducida por Argentina Forestal.
Del documento se desprende que su preocupación está focalizada principalmente en el crecimiento forestal de la provincia de Corrientes, y entre las observaciones de importancia marcaron que “hay que asegurar en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) la conservación de la biodiversidad con la creación de áreas protegidas y corredores biológicos significativos dentro de las cuencas forestales designadas por la Ley 25.080”.
De esta forma, desde Aves Argentinas expusieron preocupaciones ambientales ante el crecimiento de las forestaciones en Corrientes y proponen recomendaciones ambientales para incorporar en la Ley Nacional 25.080 de promoción forestal.
La organización conformada por profesionales biólogos, agrónomos y naturalista, decidió acompañar la difusión de su documento con un audiovisual en el que, en su mensaje, más que recomendaciones hacen aseveraciones de “daños ambientales” que se estarían generando sobre ecosistemas y especies de aves en la actualidad consecuencia del incremento de las forestaciones y, responsabilizando además por ello, al sistema nacional de promoción forestal, ya que fue la herramienta que permitió esta extensión de plantaciones en propiedades privadas y reservas del Iberá con áreas naturales de campos de pastizales y humedales.
Con el documento difundido, colocan en agenda forestal correntina el planteo de revisión de proyectos privados que fueron aprobados por el gobierno de la provincia dentro de la Reserva Iberá, por ejemplo, en el que consideran” tienen un ecosistema y diversidad que se debiera preservar por sobre las reconversión a forestaciones de pino o eucalipto”.
Sin embargo, este crítico documento institucional con tales preocupaciones aún no habría sido presentado formalmente a las autoridades provinciales. En una entrevista con ArgentinaForestal.com, el director de Recursos Forestales del Ministerio de Producción de Corrientes, Roberto Rojas, explicó que: “Hemos tomado conocimiento de esta preocupación por medios informales, pero en nuestra Dirección aún no han presentado ninguna nota para revisar alguna inquietud”.
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Salta: empresarios contra ley de glaciares



Advertencia empresarial sobre la ley de glaciares  

Fecha de Publicación
: 17/06/2019
Fuente: El Tribuno
Provincia/Región: Salta


El fallo de la Corte Suprema que ratificó la constitucionalidad de la ley de glaciares sigue trayendo cola. El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Facundo Huidobro, sostuvo que esa resolución judicial "desalienta la inversión en exploración" para nuevos proyectos mineros.
Aunque Salta no tiene ninguna cantera que afecte la normativa nacional, como sí ocurre en otras seis provincias, la declaración de Huidobro apunta a una preocupación sectorial referida a que los inversores, que son extranjeros en este rubro, necesitan certidumbres muy concretas y garantías legales para iniciar algún emprendimiento de explotación de los recursos minerales.
"A pesar de que el fallo refiere a la provincia de San Juan y a Barrick Gold, para los inversores Argentina es una sola región", precisó el dirigente empresarial.
La decisión del máximo tribunal de Justicia del país, que se conoció la semana pasada, marcó el final de un planteo iniciado en 2011 por la multinacional Barrick Gold, que opera los yacimientos sanjuaninos Pascua Lama y Veladero. La minera alertaba que los límites que fija la legislación ambiental para proteger las áreas de glaciares y periglaciares prácticamente la deja sin muchas chances de producir.
Tras la sentencia de la Corte, que fue unánime, 44 proyectos mineros (ubicados en Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca) quedaron por fuera de la ley de glaciares y deberán replantear su explotación. La mayoría de ellos aún están en etapa de estudio, aunque desde el sector empresarial ya advirtieron que la paralización de los mismos puede representar una pérdida de inversiones de entre 10 mil a 18 mil millones de dólares.
"Si bien en Salta no hay grandes glaciares ni ambientes periglaciares como en la alta cordillera, el impacto deviene por la sensación de los inversores sobre estos fallos", señaló Huidobro. Explicó, además, que "muchas empresas que realizan o tienen pensado invertir en exploración obviamente lo están pensando dos veces con este tipo de fallos".
El titular de la Cámara de Minería apeló también a que las administraciones provinciales deben hacer valer la autonomía que les otorga la Constitución nacional en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, en la edición de El Tribuno de ayer se explicó que en Salta rige una ley provincial de protección de glaciares (Ley 7.625), sancionada en agosto de 2010, meses antes de que salga la normativa nacional.
El secretario de Minería de la Provincia, Daniel Blasco, explicó para esa nota que lo que se hizo en el marco de la ley nacional de glaciares es agregar a los catastros de los territorios que se disponen para la explotación minera los datos de geolocalización de los 646 glaciares y periglaciares que fueron relevados en Salta bajo la normativa superior.
Huidobro dijo que ley nacional de glaciares carece de definiciones "técnicas sobre ambiente glaciar y periglaciar".
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Carracedo, presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa). "Nuestra postura no es en contra de la ley sino en contra de la forma en la que está redactada, porque carece de definiciones técnicas claras. Por ejemplo, sobre lo que es una área periglaciar y cuáles son los límites que la definen", dijo el dirigente a este diario.
Afirmó que lo que desalienta la inversión en el sector son los constantes cambios de reglas en la actividad.
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El litio y el riesgo hídrico



Estudios técnicos revelan riesgo hídrico en zonas de explotación de litio

Fecha de Publicación
: 15/06/2019
Fuente: FARN
Provincia/Región: Nacional


FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muy pocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
- En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
- Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
- Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
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OPDS quiere controlar los cerdos silvestres



El OPDS inició un plan para reducir la población de cerdos silvestres y proteger al venado de las pampas

Fecha de Publicación
: 15/06/2019
Fuente: OPDS
Provincia/Región: Buenos Aires


La creciente población del cerdo silvestre, conocido como chancho cimarrón y actualmente estimada en cerca de 9.000 ejemplares, pone en peligro a unos 300 venados de las pampas, el cérvido más amenazado del país e incluido en la lista de especies en extinción, que habita en el área natural protegida Bahía Samborombón, en el este bonaerense. Es que los descendientes de los primeros cerdos domésticos soltados en estas tierras por los conquistadores españoles hace más de cinco siglos, se convirtieron en el principal riesgo de esta especie declarada Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires en 1995.
Para controlar esta especie exótica e invasora, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) puso en marcha un proyecto piloto, que busca reducir la población a niveles que no afecten la fauna nativa y la producción ganadera de la zona, además de evitar un riesgo sanitario ya que los cerdos silvestres son portadores de enfermedades como la tuberculosis, la leptospirosis y la brucelosis, transmisibles al ganado y a los humanos.
Dicho proyecto se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es a través de la Disposición 3/2019 que habilita los controles poblacionales bajo supervisión y capacitación de los Guardaparques del Organismo. El otro es la utilización de trampas circulares construidas especialmente en material metálico expandido. Tienen 6 metros de diámetro y un dispenser automático que, alimentado a energía arroja maíz con el fin de atraer a los chanchos. (Ver video).
Al mismo tiempo se desarrollan monitoreos en poblaciones de cerdos silvestres y venados que permitan evaluar con el paso del tiempo, la efectividad de los métodos de control e incrementar el conocimiento acerca de comportamientos y relación entre ambas especies.
“Este plan forma parte de las estrategias de la Provincia para conservar al venado de las pampas. Estamos analizando el funcionamiento de las trampas con la idea de montar otras en distintos puntos de la Bahía, y al mismo tiempo monitoreos para evaluar el estado poblacional de la especie. En la actualidad, quedan sólo cerca de 300 ejemplares en la provincia, distribuidos en la Bahía Samborombón, desde el sur del Río Salado hasta la ría de San Clemente del Tuyú”, informó Marcelo Yasky, director provincial de Recursos Naturales y Ordenamiento Ambiental Territorial del OPDS.
“El proyecto habilita a los establecimientos privados ganaderos a realizar acciones de control de esta especie dañina, siempre bajo el desarrollo de buenas prácticas ambientales. Esta semana hicimos la primera reunión con los productores de General Conesa. Creemos que el avance de esta iniciativa radica en el trabajo mancomunado entre el OPDS y los productores de la región”, agregó Yasky.
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer), también conocido como “ciervo pampero, venado pampero o ciervo campero”, es un pequeño cérvido que tuvo una amplia distribución en los pastizales sudamericanos. Hasta fines del siglo XIX, esta valiosa especie autóctona fue uno de los animales más típicos y abundantes de la provincia. Pero la sobre explotación de su cuero y carne, y la modificación de gran parte de su hábitat por la intensificación de la agricultura y la ganadería, provocaron una fuerte reducción de sus poblaciones.
“Los cerdos silvestres no son originarios del continente americano, sino descendientes de los primeros cerdos domésticos que los españoles trajeron a estas pampas en el siglo XVI. Hubo otra introducción importante a principios del siglo XX: el estanciero vasco-francés Pedro Luro, propulsor del desarrollo de Mar del Plata, introdujo al jabalí puro desde Europa, con fines cinegéticos, es decir de caza. Las dos corrientes de invasión se hibridaron y comenzó un proceso de crecimiento y expansión”, explicó Bruno Carpinetti, coordinador técnico del proyecto, guardaparque del OPDS y profesor titular de la Cátedra de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
“El chancho cimarrón lleva más de cinco siglos de adaptación al medio ambiente. En las tierras bonaerenses encontró un buen hábitat en el que no tiene predador. Son la principal amenaza de los venados, más que la caza furtiva. Existen evidencias de que los chanchos pueden predar las crías de venados”, afirmó Gabriel Castresana, guardaparque de la reserva Bahía Samborombón y coordinador operativo del plan piloto.
Técnicamente, el chancho cimarrón y el cerdo doméstico de cualquier sistema de crianza, pertenecen a la misma especie: Sus scrofa. Lo que cambia es el fenotipo, determinado básicamente por su hábitat y costumbres: entre otras características, a diferencia del doméstico, el cerdo silvestre tiene el hocico alargado que ha desarrollado como resultado de la ardua tarea de conseguir su alimento por sus propios medios.

“El rey de los pastizales”
El venado de las pampas está incluido en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y de la Convención Internacional para el Tráfico de Especies Silvestres de Flora y Fauna (CITES), de la cual Argentina es uno de los países firmantes. Fue declarado Monumento Natural de la Provincia de Buenos Aires mediante la Ley Nº 11.689, que incluye la veda total y permanente de su caza.
El venado frecuenta zonas de campo abierto y pastizales altos con presencia de arbustos, aunque se lo puede ver en zonas anegadizas y cangrejales, y evita las zonas boscosas.
Los machos adultos alcanzan 70-75 cm en la cruz, con un peso aproximado de 30-40 kg, siendo las hembras ligeramente menores. El pelaje es color bayo claro en su parte dorsal y los flancos, mientras que el vientre y la parte inferior de la cola es de crema claro. Sólo los machos presentan astas de unos 30 cm de longitud, con 3 puntas, producto de una ramificación en la base de la misma, que se renuevan cada año. A partir de fines del invierno nacen las crías, que se ocultan entre los pastos gracias a su pelaje manchado que persiste hasta los tres meses.
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Una planta carnívora se transforma en amenaza a Reserva



La increíble historia de la planta carnívora que amenaza Puerto Blest

Fecha de Publicación
: 15/06/2019
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La descubrieron por casualidad en febrero de 2018. Biólogas de la UNC constataron que era exótica y peligrosa. Parques Nacionales aplicó el protocolo para erradicarla. Los monitoreos continuarán.
Apenas fijó la mirada en la turbera, María Fernanda Tazzin advirtió que algo extraño había en el entorno. Su curiosidad le martilló el pulso y decidió acercarse lo que más pudo para observar de qué se trataba. Quedó sorprendida con el hallazgo. Había hecho un seguimiento fotográfico de una planta nativa, que crece en ese lugar de Puerto Blest, y estaba contenta porque una había florecido. Pero al lado había otra planta, roja, diminuta, que nunca había observado. Quedó encandilada desde el primer instante con esa nueva especie. Nunca pensó que esa planta tan bella representaba una amenaza para el ecosistema.
Esa tarde del 22 de febrero del año pasado, María Fernanda regresó, emocionada, de la excursión de Puerto Blest. En el viaje de regreso les había contado a sus compañeros guías de turismo del sorprendente hallazgo. Y comenzaron la búsqueda con la expectativa de establecer de qué especie se trataba. En ese momento desconocía que era una Drosera Rotundifolia, una planta carnívora que captura insectos y les extrae los nutrientes hasta matarlos lentamente.
Decidió contactarse con personal del departamento de Conservación del Parque Nacional Nahuel Huapi para comentarles de la planta. La escucharon, con algo de incredulidad.
Contó que consultaron a biólogos de la Universidad Nacional del Comahue, que descartaron la existencia de otra planta nativa carnívora. La única en la zona era, hasta el año pasado, la Pinguicola australandina, que María Fernanda había fotografiado en Puerto Blest en varias ocasiones. Lo extraño es que la planta desconocida había crecido junto a la Pinguicola australandina.
No se quedó quieta y siguió tratando de obtener más información. Como trabaja de guía de turismo, aprovechó cada viaje a Puerto Blest para seguir el desarrollo de la especie desconocida. “Primero vino la floración y la planta largó como una varita negra”, explicó. Aunque se perdió ese instante, porque regresó una semana después a la turbera. “Cuando volví ya estaba la flor cerrada. Fue muy rápida la floración”, lamentó a pesar de que pasó un año.
Dijo que personal de Parques Nacionales viajó en abril del año pasado al lugar y sacaron cuatro especímenes para analizarlos.
Mientras, María Fernanda elaboró sus propias hipótesis. “Deseaba, primero, que fuera una planta nueva o una aparición espontánea introducida naturalmente o una evolución distinta”, recordó. “Inclusive ya estábamos especulando con el nombre”, comentó. Quería que esta nueva especie sea identificada con el sello de Argentina, o Patagonia o, en todo caso, con Puerto Blest.
En esas especulaciones andaba María Fernanda cuando recibió la noticia menos esperada. Era agosto pasado, cuando le informaron que los estudios genéticos que biólogos de la Universidad Nacional del Comahue hicieron “determinaron en un ciento por ciento que la planta había sido introducida por el hombre”. Esa no era la peor noticia. Se trataba de una especie exótica y carnívora, que había que erradicar con premura. “Me dio mucha pena cuando me enteré que era exótica”, sostuvo. “Es que es muy linda y me encantó encontrarla”, enfatizó.
Reconoció que el seguimiento de la planta cansó un poco a su familia. “Mi marido me decía: bueno, capítulo 28 que pasó hoy con la plantita”, confió.
Dijo que la gente de Parques Nacionales la invitó a principios de noviembre pasado cuando hicieron la primera etapa para retirarla. No pudo asistir porque trabajó. “Pero me alivió mucho porque me iba a generar algún dolor tener que sacarla”, aseguró.
Durante casi 8 meses observó todo el tiempo esa planta hermosa por fuera, pero peligrosa por dentro. “De ser una hija pródiga pasó a ser un bicho que había que sacar”, señaló con ingenio. “Pero estoy convencida de que se está haciendo lo correcto”, remató María Fernanda.

El largo camino de la semilla en la suela de un zapato
La doctora en Botánica Rominal Vidall Russell confirmó en agosto pasado que la planta que había encandilado a la guía de turismo María Fernanda Tazzin era una especie exótica después de analizar abundante bibliografía y hacer un estudio genético.
Se trataba de una Drosera Rotundifolia, que es oriunda del hemisferio norte del planeta. Crece en turberas de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia.
“Que la haya traído un ave queda descartado. Por más que hay migración norte-sur”, sostuvo. “Lo más probable es que haya venido con el humano, en un calzado”, indicó. Recordó que alrededor de 60 mil personas por año visitan Puerto Blest.
“Hay un entablonado de mirador y la turbera es un lugar inundado con un musgo que absorbe mucha agua. Entonces, son suelos pobres en nitrógeno, que es un sitio ideal para este tipo de plantas”, explicó la licenciada en Biología, doctora en Botánica e investigadora del Conicet.
“Tiene las hojas y los pelos grandulares que secretan una sustancia pegajosa donde se quedan los insectos pegados y la planta absorbe los nutrientes de esos insectos a través de la hoja”, explicó. Dijo que es una planta que necesita del nitrógeno del insecto porque crece en suelos con poco nitrógeno. Describió que es una planta que crece unos 15 centímetros y y tiene unas rosetas de unos 3 centímetros.
“Como cualquier especie exótica va a empezar a interactuar con otros microorganismos, con insectos, plantas y afecta las condiciones naturales del ecosistema”, advirtió.
Vidal Russell es doctora en Botánica especializada en plantas parásitas como el quintral “que es la más famosa” en la zona o el farolito chino de las lengas.
Contó que la planta la encontró la guía de turismo María Fernanda Tazzin que trabaja con excursiones a Puerto Blest. “Le llamó la atención la planta porque nunca la había visto”, indicó Vidal Russell.
Fernanda mandó las fotos a Parques Nacionales, donde “se dieron cuenta de que no era una especie del lugar y ellos se contactaron con el Departamento de Botánica de la UNCo”, recordó. Destacó que trabajó junto a su colega Cecilia Ezcurra y Gloria Fernández Cánepa (de Parques Nacionales).
“En abril me la trajeron y la empezamos a estudiar morfológicamente”, explicó. Buscaron en bibliografía especializada y de esa forma pudieron determinar de qué especie de trataba.
Luego, Vidal Russell contó que extrajo ADN de la planta para la identificación de marcadores moleculares. Así concluyó que era una Drosera Rotundifolia.
Dijo que el ADN que obtuvieron de la planta lo compararon con la base de datos de todas las droseras y nos indicó que era Rotundifolia. Ese hallazgo se hizo en agosto pasado.
“En noviembre personal de Parques fue a removerla a Puerto Blest cuando se confirmó que era una especie exótica y se aplicó el protocolo de Parques para erradicarla”, sostuvo Vidal Russell.
“En noviembre sacaron unos cien ejemplares y ahora en febrero pasado fueron otra vez y sacaron otro centenar. Pero en abril regresaron y no había nada”, destacó. El objetivo es seguir con las campañas de monitoreo porque esparce una semilla de 1 milímetro. “Hay que seguir con el monitoreo y expandirlo un poco al lado de la pasarela para verificar que no se haya expandido. Estamos esperando hasta la primavera para ver si germinan. Por eso, no cantemos victoria”, enfatizó Vidal Russell.

La mujer araña del turismo
“Los guías de turismo somos los que más en contacto estamos con el entorno natural”, asegura María Fernanda. “Aunque vamos todos los días a Puerto Blest, estamos enamorados del entorno”, afirmó la mujer que es oriunda de Córdoba, y hace 11 años que vive en Bariloche. Estudió la carrera de guía de turismo y se recibió hace 3 años.
Era una forma de estar en contacto con la naturaleza, que la apasiona. Siempre quiso estudiar biología, pero no pudo. “Me gusta mucho la biología”, asegura.
“En Puerto Blest soy la mujer araña”, ironizó. Explicó que así la bautizaron sus compañeros “porque hay una araña a la que no le dan mucha bolilla que teje en dos colores y me puse a investigar. Fui a consultar a un especialista que me hable de la araña”. “Es la Thaida Peculiaris. Teje en lo que yo llamo color araña: gris, blanco, transparente. Lo que uno crea ver”, aseguró. Dijo que hubo un chico de 13 años que hizo la excursión a Puerto Blest sólo para conocer el hábitat de la araña. “¿Acá es donde teje la araña?, me preguntó”, rememora ella, apasionada.
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500 millones de litros de agrotóxicos por año



En la Argentina se utilizan más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos por año

Fecha de Publicación
: 14/06/2019
Fuente: Biodiversidad LA
Provincia/Región: Nacional


En nuestra última presentación, el 5 de Junio de 2019, en una muy concurrida clase de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión del día del ambiente, y ejercitando su defensa, exhibimos los datos de los impactos del agronegocio y los reales números sobre la cantidad de agrotóxicos que se comercializan para su uso en la Argentina.
Sucede, que después de 4 años, se pudo acceder a los datos sobre cantidad de agrotóxicos en litros/kilos comercializados en Argentina, en los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 por las empresas que componen la la Cámara de Sanidad y Fertilizantes CASAFE. Ello, a través de informes de dos Consultoras Pampas Group e Investigaciones Económicas Sectoriales IES, que analizaron los números de dicha cámara empresarial.
CASAFE, nuclea a una treintena de empresas que poseen el mayor volumen de venta de agrotóxicos en la Argentina, representando al 80 % 85 % del mercado agroindustrial local, el otro 15 a 20 % corresponde a más de un centenar de empresas que o bien forman parte de otras cámaras más pequeñas o no están agrupadas en ningún colectivo de representación empresarial.
Por ello, los números de CASAFE, adquieren una relevancia significativa, atento que reflejan gran parte del volumen de los agrotóxicos que se consumen en la Argentina, siendo que el Estado, ha renunciado a su función de contralor en registrar la cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se usan efectivamente en la agricultura industrial, dejando todo al libre albedrío de las corporaciones del agronegocio.
Sin datos concretos y oficiales, es imposible que el Estado pueda implementar políticas públicas y tener un accionar precautorio, ni tampoco asegurar el derecho a la información de la población sobre una actividad y productos químicos que tienen entidad suficiente para producir impactos negativos significativos en la salud, el ambiente y la biodiversidad. Algo que efectivamente está sucediendo.
Pero debemos partir de la base que el agronegocio presenta un grave déficit democrático. El modelo agroalimentario Argentino Nunca fue objeto de un debate abierto, sincero y soberano en el Congreso Nacional , salvo - como siempre sucede - para procurar leyes que benefician a las corporaciones del agronegocio, como la ley de semillas o la nefasta ley sobre agrotóxicos de Basterra. Todo hoy se rige por resoluciones de despachos administrativos donde funcionarios serviles al agronegocio, que transcienden a los gobiernos, autorizan transgénicos y hacen oídos sordos a todas las evidencias científicas contundentes que obligan a revisar, suspender y hasta prohibir a una gran cantidad de agrotóxicos en uso en la agricultura industrial.
En cuanto a la información sobre las ventas y volumen en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos que se consumen en la Argentina, el último dato brindado por CASAFE data del periodo 2012/2013: 285 millones de litros/kilos.
Esos números solo comprenden el 80% 85 % del mercado. Si proyectamos el 15% 20 % restante de las empresas no nucleadas en CASAFE, el volumen total de agrotóxicos comercializados en Argentina, en el año 2013, fue aproximadamente 300/330 millones l/k por año.
A partir del periodo correspondiente al año 2014, CASAFE dejó de publicar ex profeso los datos de volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina, ante las constantes denuncias de las asambleas y organizaciones de los Pueblos Fumigados sobre la insostenibilidad del modelo agroindustrial ya que una sostenida mayor demanda de uso de venenos, año tras año, confirma ese carácter de modo irrefutable.
Por ello, otrora y luego de dos años sin saber sobre la cantidad de consumo de agrotóxicos en la agricultura Argentina, comenzamos a indagar sobre esa información faltante, que las empresas ocultan y que un Estado cómplice acompaña con su omisión de actuación.
Arribamos a las primeras conclusiones, en el mes de Octubre de 2015, las cuales fueron expuestas en el 3ª Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
En nuestra presentación exhibimos una primera aproximación señalando que conforme a nuestras investigaciones la cantidad de agrotóxicos se habían incrementado en las campañas 2013/14 y 2014/15.
Así, sostuvimos que al año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en Argentina ascendía a la suma de 350 millones de litros/kilos por año, aproximadamente.
Esos datos los volvimos a reafirmar en todas nuestras presentaciones y charlas, tanto en el grupo de trabajo de organizaciones mundiales contra el agronegocio, por Argentina en la Asamblea de los Pueblos, en La Haya (Holanda), en Octubre de 2016 y en el 1° Encuentro de Pueblos Fumigados de Entre Ríos, en el mes de Noviembre de 2016.
En el informe de la Consultora Pampas Group, puesto en conocimiento a fines del año 2018, sobre el periodo correspondiente al año 2014, se reconoce que las empresas que componen CASAFE, comercializaron un volumen de 305 millones de litros/kilos de agrotóxicos en el año 2014. Si proyectamos al 100 % del mercado esa cifra asciende a los 350/360 millones de litros kilos por año el 2014.
El informe confirma las cifras que aseveramos en Octubre 2015 en el Congreso Médico.
El otro dato que se informa por Pampas Group, es el incremento del 13 % en volumen de productos (que se traduce en cantidad de litros/kilos de agrotóxicos) del año 2016, respecto del año 2015, aunque omitiendo toda información sobre este último.
Los números de los volúmenes de consumo de agrotóxicos en el año 2015, podemos deducirlo de una nota en el diario La Nación, en su sección Campo, que informó en su momento, que en ese año, respecto del año 2014, las cantidades de kilos litros de agrotóxicos se incrementó en el 17,1 %.
Si tomamos la base de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE (80% 85 % del mercado) en el año 2014: 305 millones de litros/kilos, y considerando el incremento del 17,1% que menciona el diario La Nación respecto del año 2015, el volumen de agrotóxicos comercializados en la Argentina en ese año, solo por las empresas que componen CASAFE, fue de 356 millones de litros/kilos.
Si le sumamos el 15% / 20 % del mercado restante, las cantidades llegan a los 410/427 de litros/kilos de agrotóxicos por año por el periodo correspondiente al año 2015
O sea, muy cerca de los 423 millones Litros/kilos que informamos y denunciamos que ya se usaban para el 2016 en la Argentina (no ya los 350 millones litros/kilos del 2014/2015) en nuestras presentaciones y charlas en los años 2017 y 2018 en Brasil, Bolivia y Argentina.
Como podemos observar, entonces, que los datos que postulamos como muy probables en cuanto a los volúmenes de uso de agrotóxicos en la Argentina - sin tener a la vista los informes de Pampas Group de fines de 2018 sobre CASAFE y publicados recientemente, a principios del año 2019 - , quedan confirmados.
Como ya lo adelantamos, más arriba, Pampas Group señala que de los números del 2016 de CASAFE se constata que el volumen de agrotóxicos comercializados aumentó un 13 % respecto del 2015.
Por lo tanto, para saber sobre la data del volumen de agrotóxicos comercializados en el 2016 que refieren a CASAFE (80 % 85% del mercado), habría que agregar a los 356 millones de litros/kilos del año 2015, el incremento que se verificó en el 2016: 13 % -.
Esa operación nos da unos 402 millones de litros/kilos por el año 2016 para las empresas nucleadas en CASAFE.
Ahora bien por otro lado, la Consultora IES, señala que el volumen estimado por el año 2016 de agrotóxicos comercializados asciende a los 393 millones litros kilos, aproximados a los 402 millones que se deducen de los datos consignados por Pampa Group respecto al volumen de agrotóxicos comercializados por las empresas nucleadas en CASAFE – 80 % 85 % del mercado.
Si a los 393/402 millones de litros kilos los proyectamos al 100 % del mercado de agrotóxicos, nos da promedio: 465 millones de litros/kilos, como el número total del año 2016, aproximadamente.
Según IES, en el año 2018, las empresas comprendidas en CASAFE vendieron para su uso en Argentina, 460 millones de litros kilos de agrotóxicos, representando un incremento del 10,9 % respecto del año 2017, donde se consumieron 410 millones de litros kilos de agrotóxicos.
Por lo tanto, realizando una proyección al 100 % del total del mercado (+ 15/20%), los números totales serian de + 480 millones de litros/kilos y + 525 millones de litros/kilos , aproximadamente para los años 2017 y 2018, respectivamente.
Así quedan revelados los números sobre la cantidad de agrotóxicos que se consumen en la actualidad en la Argentina. A estos más de 500 millones de litros/kilos de agrotóxicos que se utilizan por año, resta adicionarle todas las operaciones informales.
También debemos recalcar que algunos medios de prensa, no distinguen entre agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos). Más a allá que ambos son un problema ambiental y grave. Así por ejemplo se observan varias notas periodísticas de medios hegemónicos que refieren a que, en los años 2016 y 2017, el uso de agrotóxicos y fertilizantes (sintéticos) fue de 360 y 380 millones de litros kilos, respectivamente, lo cual es absolutamente incorrecto. Esas cifras refieren sólo a fertilizantes que en el año 2016 el volumen fue de 3.609.084 de millones k/l y en el 2017 de 3.776.902 millones k/l, según los datos de Fertilizar. En el año 2018, esa cifra siguió en ascenso: 4.305.000 millones k/l.
Computando conjuntamente los volúmenes de fertilizantes (sintéticos) y agrotóxicos, en el año 2018, la suma total fue casi mil millones de litros/kilos.
El futuro es nuestro, no a las corporaciones del agronegocio
Mirando hacia adelante, los datos no son alentadores. Es importante considerar las metas propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario ideado e implementado en el año 2012 y que es una auténtica política de Estado que ha transcendido a los gobiernos y se mantiene firme en el cumplimiento de las sub-metas.
El objetivo final del PEA es llegar a casi 48 millones de hectáreas de agricultura sometidas al modelo del agronegocio.
La sub-meta fijada en el PEA para el año 2030 es de 43 millones de hectáreas. De cumplirse con ese objetivo y mantenerse la línea ascendente en el consumo de agrotóxicos la cantidad de litros kilos de los mismos sería para el año 2030 + 600 millones.
Otro dato muy preocupante y coincidente con esa cifra ascendente, son los 800 millones de litros/kilos de fertilizantes sintéticos que la principal cámara de empresas productoras de fertilizantes (CIAFA) tiene como meta final, siendo que estas sustancias guardan una estrecha relación en cantidad de uso por año con los agrotóxicos.
La Relatora del Derecho a la Alimentación de la ONU, ya alertó al Consejo de Derechos Humanos y a nuestro país, en su informe especial por Argentina del año 2018, que el modelo del agronegocio, sustentado en el uso de agrotóxicos es altamente problemático e insostenible ambientalmente. Nosotros agregamos que es abiertamente inconstitucional por ser incompatible con el paradigma ambiental que nos propone la carta magna en cuanto las actividades productivas deben satisfacer las necesidades de la sociedad actual pero sin comprometer el acervo ambiental, pensando en las generaciones futuras.
Hoy ya sabemos que son más de 525 millones de litros kilos de agrotóxicos, también que la casi totalidad de los alimentos que consume la población en la Argentina, frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas vienen con residuos de agrotóxicos, tal como lo empezamos a revelar desde Abril 2017, en el informe "Heladeras Fumigadas Argentinas" con datos oficiales del Estado que tenia bien guardados. Y que luego sistematizamos, en Julio de 2018, en el informe "El Plato Fumigado", inmediatamente tras haber obtenido las concentraciones de los 82 venenos detectados en 38 alimentos, en los controles oficiales entre los años 2011-2016.
Y cuando hablamos de agrotóxicos, nos referimos sin eufemismos a venenos, porque son sustancias tóxicas con entidad para producir cánceres, afectación crónica al sistema hormonal y nervioso humano, en base a la información científica disponible, o sea debidamente publicada. Resultando, por ello, un despropósito que desde el agronegocio y los defensores de un modelo productivo ecocida, sigan con su entelequia, de referirse a estos biocidas como fitosanitarios.
Asimismo denunciamos como ecocida al agronegocio, porque a todo su derrotero contaminador, hay que sumar la grave afectación a la biodiversidad. Miles de componentes biológicos hoy están desapareciendo, el declive de insectos ya entró en alerta en varios países europeos, donde la cantidad de uso de agrotóxicos es mucho menor que a la de Argentina. Un parámetro significativo de esa situación, es la disminución drástica de la población de colmenas de abejas. En nuestro país, los datos son escalofriantes, en el lapso 2010-2018 se pasó de 3,2 millones a 1,8 millones de colmenas. Ya estamos actuando en este aspecto, acompañando a todas y todos los apicultores de la Argentina, en un proceso judicial para revisar, suspender y prohibir una serie de agrotóxicos sobre los cuales, estudios con rigor científico, hallaron evidencias de que afectan seriamente la vida de las abejas. Esos estudios, en Europa, fueron sumamente útiles para ir en esa dirección, en defensa de los principales polinizadores del planeta. Es que el problema ambiental de los agrotóxicos lo debemos correr de su eje antropocéntrico y abordarlo con una mirada ecocéntrica.
Esa perspectiva también debe ser considerada cuando hablamos del agua y su riesgo de contaminación por el uso masivo de agrotóxicos. Se trata de otro gran problema que ya lo tenemos frente a nuestras narices, como en un abrir y cerrar de ojos, lo que siempre sospechábamos que podía ocurrir, efectivamente está sucediendo.
Hoy las aguas subterráneas y superficiales, están contaminadas con agrotóxicos. Los trabajos de investigación de científicos y científicas de la Universidad de La Plata y un grupo muy interesante de investigadores del INTA - que haciendo gala de la ciencia digna tienen que batallar en un organismo estatal que en su cúpula nos presenta personas abiertamente permeables a los intereses de las empresas del agronegocio -, dan cuenta del impacto de los agrotóxicos en el agua (subterránea y superficial) y hasta alertan sobre la necesidad de atender este problema que puede agravarse significativamente sino se lo empieza considerar en lo inmediato. Los científicos y científicas del INTA además colocan sobre la mesa, otro factor que debe ponderarse en el encuadre del estado de situación actual y futura: el cambio climático, que empieza a incidir y que obliga a actuar.
Es que tras más de 20 años del modelo agroindustrial, se lleva un acumulado aproximado de 6 mil millones de litros kilos de agrotóxicos utilizados en la agricultura industrial - a lo que se suma casi igual cantidad de fertilizantes inorgánicos -, con los cuales son castigados constantemente los suelos. En consecuencia, el impacto a las aguas era algo previsible que ahora en los ojos de estos científicos y científicas se nos está revelando con evidencias irrefutables. El agua de consumo de red, en Pergamino, considerando todas las muestras, presentó en su conjunto 18 agrotóxicos (principios activos y sus metabolitos).
Estos mas de 500 kilos litros de agrotóxicos que denunciamos no nos toma por sorpresa, es lo que se viene señalando como una probabilidad, que ahora, refuerzan la alerta constante de los pueblos fumigados, ya para empezar a sellar definitivamente ese punto de inflexión del cual nos habla la Relatoría del Derecho a la Alimentación de la ONU. No podemos permitir que la meta de nuestra agricultura sean esas 48 millones de hectáreas sometidas al modelo agroindustrial que los gobiernos placidamente han concedido, a través del PEA, a las corporaciones y sectores económicos del agronegocio que se relamen con el aumento de las ventas de sus transgénicos, agrotóxicos y alimentos envenenados, pero sin hacerse cargo de las externalidades que esas metas representan.
No creemos que se vengan mejores tiempos políticos, lamentablemente. Hay quienes aventuran que a partir de Diciembre de este año se va a revertir el problema que implica el agronegocio en todos sus aspectos. Descreemos que el poder político vaya a girar el timón, en el corto plazo, menos si la carta electoral a la vista, nos ofrece alternativas con actores y actoras que son casualmente quienes han ideado e implementado el PEA y aprobado la primera soja transgénica, abriéndoles gentilmente las puertas a Monsanto y que encima siguen viendo con buenos ojos al modelo sojero como la solución de todos los problemas socioecónomicos de la Argentina.
Es que, en realidad, los más de 500 litros kilos de agrotóxicos que hoy tenemos en las aguas subterráneas, en los ríos, en el aire, en los alimentos, en los patios de las escuelas rurales, en los peces, en las abejas que se mueren y en nuestros propios cuerpos, ahí acumulándose diariamente, son en gran medida, consecuencias de un PEA, a través del cual se le donó el futuro de toda una sociedad, a las corporaciones del agronegocio.
Por eso, no solamente debemos decir basta de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, sino también y muy principalmente exigir: basta de este PEA nefasto que gobierna nuestras vidas, el ambiente, la biodiversidad y el futuro, el nuestro y el de las generaciones futuras.
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Detectan un nuevo yaguareté en Parque misionero



Las cámaras trampa detectaron un nuevo yaguareté en el Parque Provincial Urugua-í

Fecha de Publicación
: 14/06/2019
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Las cámaras trampa son dispositivos que se utilizan para el monitoreo de la fauna Silvestre y se activan mediante sensores cuando un animal -o personas- pasa por delante de ellas.  El año pasado la Red Yaguareté y el Ministerio de Ecología firmaron un convenio para el monitoreo de yaguaretés mediante la utilización de cámaras trampa en varias de las áreas protegidas de la provincia.
Ya se han fotografiado ejemplares en los parques provinciales Moconá, Esmeralda, Salto Encantado y Puerto Península. Pero el más reciente, por ser el último sitio donde se instalaron cámaras, fue registrado hace unas pocas semanas en el Parque Provincial Urugua-í.
Se trata de un gran macho al que se bautizó con el apodo de “Baqueano”, un poco porque un baqueano es el conocedor de caminos, atajos y picadas del monte, y de las plantas y bichos con los que convive, y en homenaje y recuerdo  al gran naturalista Juan Carlos Chebez que hace unos años le dedicó un chamamé, precisamente, a un baqueano del arroyo Urugua-í.
Este magnífico ejemplar, que se encuentra en excelentes condiciones físicas, fue captado en pleno día por una de las cámaras ubicadas en uno de los senderos del destacamento Uruzú. Por ese mismo sendero caminan decenas de turistas todas las semanas, lo que demuestra por un lado que los yaguaretés no entran en conflicto con las personas y que el turismo bien manejado no interfiere con la fauna silvestre.
Otras especies detectadas hasta el momento en este Parque son:  puma, pecarí labiado, gato onza, margay, tapir, venados y diversas especies de aves (como la yacutinga) y mamíferos pequeños (acutíes, comadrejas, etc).
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Siguen pensando en Atucha 3

Tras reconectar Embalse, Nación negocia para financiar Atucha 3

Fecha de Publicación
: 14/06/2019
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Esta semana el presidente Mauricio Macri recorrió, junto a autoridades de Energía de la Nación, la Central Nuclear Embalse que fue oficialmente reconectada luego de tres años de trabajos para darle una “segunda vida”. Esas tareas demandaron una inversión de US$2.149 millones y la Central ya está conectada proveyendo energía al sistema nacional. En diálogo con PERFIL CORDOBA, Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación dio detalles sobre los trabajos y criticó la falta de estabilidad institucional que resta oportunidades de conseguir financiamiento barato. También descartó que la Nación esté
“desmantelando” los programas y adelantó las negociaciones con agentes chinos para lograr financiamiento para nuevos proyectos.

-¿En qué consiste la ‘segunda vida’ de Embalse?
 -Una central nuclear tiene, por diseño, una vida útil que aprueba el regulador. Es la industria más controlada del mundo, por razones obvias. Esta planta puede operar una cantidad de años determinada. Esa cantidad se terminó el 31 de diciembre de 2015, con lo cual había dos opciones: decomisar la planta, desmantelarla o volver a darle vida. Decidimos, aunque en realidad el proyecto venía de antes, extender la vida porque la inversión para eso era el 40% de lo que implicaba hacer una central nueva, pero en definitiva logramos una central nueva porque se cambiaron todos los componentes. Pero para hacer esto buscamos que no fuera un festival de obra pública, como ocurrió otras veces en Argentina.

-¿Qué se hizo concretamente?
-Cambiamos todos los componentes de la isla nuclear y la turbina que genera energía, el generador y todo lo que está alrededor. De la central original quedó el edificio, muchas cosas no esenciales para no generar más gasto del necesario y se cambió toda la isla nuclear, todo el sistema que genera la reacción nuclear, los generadores de vapor, el retubado y se repotenció la turbina, generador y los sistemas de control. Y se modernizó la sala de control. Además, se le agregaron 35 megas de potencia. Con esto, la vida de Embalse se extiende 25 años más a plena potencia, que suponemos van a ser 30 años reales.

-¿Qué implica en términos de energía para el sistema?
-Esto significa energía para tres millones de personas en la provincia de Córdoba. Córdoba hoy es generadora neta de energía, genera el 83% de la energía que Córdoba necesita. Y esto permite abaratar los costos de la generación de energía. Con Embalse evitamos comprar fueloil o GNL. Gracias a Embalse, “despedimos” al segundo barco regasificador que era la forma más cara y contaminante de consumir energía. Con Embalse, Córdoba prácticamente se vuelve autónoma y sustentable en materia de generación y gracias a Embalse vamos a tener un invierno más tranquilo porque vamos a necesitar comprar menos combustible contaminante y caro.

-¿Cómo sigue la reconversión de la matriz energética?
-Cuando asumimos nos propusimos recomponer el mercado energético, el mercado eléctrico, reconstruir las condiciones para la inversión y aprovechar lo mejor de cada fuente para una matriz diversificada. rgentina tiene la suerte de tener gas, viento, sol y un clúster tecnológico nuclear muy maduro. Ya tenemos las condiciones para una matriz energética más barata, más limpia y menos basada en combustibles fósiles contaminantes y caros. La Argentina exportaba gas y dejó de hacerlo por las políticas del Gobierno anterior que destrozaron la inversión en el sector. En el medio aparece Vaca Muerta que es una combinación del recurso natural, pero si tenemos instituciones débiles lo único que puede producir es una desgracia.

El capital.
Para Gadano hoy la Argentina tiene que esforzarse por conseguir capital extranjero para invertir ya que “no tenemos capital financiero porque hace 50 años que venimos haciendo cosas para no tenerlo. Después de 50 años de combatir el capital, Argentina no tiene capital. Hoy el capital extranjero está viniendo a Vaca Muerta porque está el recurso, el capital humano y reglas de juego. Este año va a haber inversiones en Vaca Muerta por US$10 mil millones en una provincia que tiene 500 mil habitantes”.

Nuevos negocios.
Hacia adelante, Gadano confirmó que están negociando con bancos y empresas chinas para financiar la construcción de la central nuclear Atucha 3, en Lima, provincia de Buenos Aires. Además, se avanza en el desarrollo de un programa para la fabricación de reactores modulares pequeños: “Hay cinco países que están trabajando en el desarrollo de reactores pequeños y Argentina es uno de ellos y el que tiene el prototipo más avanzado. Tiene un avance de obra del 60%. El objetivo es que en 10 años Argentina juegue un partido en un mercado nuevo de miles de millones de dólares”, sostuvo. Finalmente, sobre versiones en torno a desinversión y desmantelamiento de programas Gadano fue tajante: “En el sector nuclear argentino se invierten $20 mil millones cada año, entre Conea y las empresas públicas. Eso no es desmantelamiento pero lo que no hacemos es tirar la plata en proyectos mesiánicos. Hacer de nuevo Embalse costó US$2.150 millones y terminar Atucha 2 costó el doble. Hay que invertir: sin inversión pública esto no funciona, pero hay que invertir en proyectos sustentables y que generen recursos”
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