Monsanto: condenado en EEUU, aquí lider de las BPA
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Monsanto pierde en los tribunales de EE UU pero aquí lidera las "buenas prácticas"
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Tiempo Argentino
Provincia/Región: Nacional
Mientras el fallo de un tribunal de California sostiene que el glifosato provoca cáncer, el lobby agroquímico en la Argentina goza de buena salud.
El glifosato que produce Monsato es un “factor sustancial” para desarrollar cáncer. El argumento se repite una y otra vez en estudios que las grandes multinacionales del sector agroquímico pretenden relativizar o sencillamente esconder, tarea para la cual cuentan con la anuencia de muchos gobiernos, entre ellos el argentino, que tiene entre sus filas a muchos ex gerentes de esas empresas. Pero esta vez, es un jurado federal de San Francisco, EE UU, el que considera probado que el herbicida Roundup ha precipitado el cáncer que sufre un hombre que manipuló ese producto durante décadas.
El de este martes es el segundo veredicto que apunta al glifosato de Monsanto como cancerígeno, luego de la condena que otro jurado estatal de California le impuso el año pasado a indemnizar en 289 millones de dólares –la cifra se redujo luego a 78 millones- al jardinero Dewayne Johson que estuvo largamente expuesto al producto.
Edwin Hardeman, de 70 años, contrajo el linfoma no Hodgkin por haber estado durante tres décadas expuesto al glifosato que usaba para quitar de hierbas su propiedad, tal es la conclusión a la que llegó el tribunal, que ahora deberá definir cuáles son los términos de la reparación que le impondrá a la megacorporación alemana Bayer, propietaria de Monsanto, cuyos voceros volvieron a negar la relación entre el herbicida y la enfermedad.
El fallo sienta jurisprudencia para otras 9 mil demandas similares que enfrenta Bayer en los Estados Unidos. Ahora, el juicio de Hardeman entra en una segunda etapa, que buscará demostrar si Monsanto conocía los riesgos y si los ocultó deliberadamente a los usuarios del herbicida. Luego de que se expresara el tribunal californiano, las acciones de Bayer cayeron este miércoles un 9,61% en la Bolsa de Frankfurt.
La sentencia contra Monsanto parece sellar un dilema que desvela a miles de comunidades “fumigadas” de la Argentina y de todo el mundo. No es una novedad para la Organización Mundial de la Salud, que desde 2015 considera al glifosato, el herbicida más utilizado, como “cancerígeno probable”. Sin embargo, son pocos los países que lo prohíben, presas de los fuertes intereses corporativos del agronegocio global.
En Europa, un amplio debate sobre el glifosato derivó en la renovación por cinco años (hasta 2022) de la licencia de uso del herbicida, aunque persiste la sospecha sobre la real independencia de las agencias científicas (particularmente la EFSA, European Food Safety Authority) que justificaron esa decisión.
En la Argentina, en tanto, la trágica historia del glifosato acumula cientos de muertes por cáncer que los vecinos de los “pueblos fumigados” adjudican al herbicida, y la lucha cotidiana de decenas de comunidades por establecer ordenanzas que impidan la utilización de esos peligrosos agroquímicos. El caso testigo ha sido Monte Maíz, la localidad a 290 kilómetros de Córdoba Capital donde los relevamientos arrojaron tasas de morbimortalidad hasta tres veces por encima de las nacionales, con decenas de casos de cáncer, sobre todo de pulmón, además de neumopatías, hipotiroidismo y otras enfermedades. Sólo en 2013, el 39% de los fallecimientos se debió al cáncer, en un pueblo de 8500 habitantes rodeados de cultivos de soja y maíz transgénicos.
El poder del agronegocio es tan grande que la discusión en la Argentina rara vez trata sobre la necesidad de prohibir el uso de ese peligroso herbicida. Sin una legislación nacional, el tópico que más se discute en los consejos deliberantes de los municipios es la distancia a la que se puede fumigar, respecto de zonas pobladas. Paraná, Gualeguaychú y Rosario son algunas de las ciudades que impulsaron ordenanzas prohibiendo su uso en el ejido urbano.
Todas estas iniciativas aisladas chocan contra el sólido respaldo del gobierno nacional a los agrotóxicos. En julio de 2018, cuatro ministros de Cambiemos (Sergio Bergman, de Ambiente; Lino Barañao, de Ciencia; Luis Etchevehere, de Agroindustria; y Adolfo Rubinstein, de Salud, luego degradados a secretarios) presentaron, sin investigación científica alguna que los avalara, una suerte de manual de “Buenas Prácticas en Aplicaciones de Fitosanitarias”, hecho a la medida del lobby agroquímico, que elimina las distancias mínimas para fumigar con glifosato y otros herbicidas.
En diciembre del año pasado, el ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquis, firmó una resolución que habilita la fumigación en las llamadas “zonas de amortiguamiento”, es decir, lotes contiguos a escuelas y áreas de esparcimiento, a cursos de agua y reservas naturales. Antes de ser funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, Sarquis fue gerente de Monsanto.
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Espectativa minera por la posible vuelta de Pascua Lama
Optimismo oficial por el fallo de Pascua Lama, incertidumbre en la Cámara Minera
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: Diario de Cuyo
Provincia/Región: San Juan
El estado de ánimo del Gobierno sanjuanino se entonó al conocer que la Corte Suprema de Chile desestimó la clausura que un tribunal ambiental determinó sobre la mina Pascua Lama de Barrick, lo que implica que la realización del proyecto volverá a evaluarse. En el Ministerio de Minería creen que con este paso judicial se abren ventanas que pueden permitir una nueva oportunidad para el gigante binacional, cuyo yacimiento tiene una buena porción en territorio sanjuanino. Pero el optimismo oficial coexiste con el sentimiento de incertidumbre de los empresarios mineros sobre la suerte que correrá la iniciativa. En la Cámara Minera dicen que al no contar con información oficial y no tener conocimientos legales sobre el accionar de la justicia chilena tienen más incertidumbre que certezas.
’’Mucho no puedo aportar porque me faltan elementos y preparación legal. No sé si hay expectativas. Desde Barrick no han mandado nada oficial y el comunicado de la pagina oficial no despeja dudas’’, dijo ayer Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de San Juan.
La semana pasada la Corte Suprema de Chile dejó sin efecto la decisión administrativa de octubre del 2018 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que había determinado el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama. La Corte Suprema revocó la decisión del tribunal por motivos de procedimiento y devolvió el caso al Tribunal Ambiental para su revisión por un panel diferente de jueces, un proceso que podría durar varios meses.
Para Alberto Hensel, ministro de Minería de San Juan, esto es una oportunidad. ’’Lo que dice la Corte es que en la sentencia no han sido considerados aspectos sustanciales y esto puede asimilarse a una especie de nulidad respecto de la resolución. Así es que manda a resolver nuevamente, considerando los aspectos que por omisión, error o parcialidad se cometieron. Manda a fallar de nuevo con un tribunal constituido por otros jueces, para garantizar el derecho de la parte, la objetividad y la imparcialidad’’, explicó el funcionario. Agregó que ese escenario ’’genera una expectativa de que el tema no está totalmente cerrado’’ y que a su entender, hay otra alternativa que puede ser generar un reformulación del proyecto con las correcciones que demande la autoridad chilena para cumplir con aspectos de seguridad, ambientales y productivos. ‘’Abre una nueva instancia, una ventanita. Ahora puede culminar con que el proyecto no prosiga como en la primera resolución, pero también puede ser la posibilidad concreta de un desarrollo minero que se puede haber visto afectado por cuestiones de carácter accesorias’’, opinó el ministro Hensel.
El proyecto Pascua Lama es de oro y plata y está ubicado a ambos lados de la cordillera de los Andes, a la altura de San Juan. Inicialmente la mina implicaba una inversión de U$S 8.000 millones para estar operativa en el año 2014, pero un año antes, las autoridades y justicia chilena consideraron que el proyecto era inviable debido al incumplimiento de pautas ambientales. Tras varias idas y vueltas, en enero de 2018 la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile anunció su clausura definitiva, algo que ahora queda en suspenso. Antes de eso Barrick indicó la posibilidad de desarrollar un proyecto más pequeño, sólo en el lado sanjuanino.
Qué dice la empresa Barrick del nuevo fallo de la Justicia
Según publicó en su página oficial la compañía, el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que, aunque la decisión no fue útil porque retrasó una medida sobre el futuro del proyecto Pascua-Lama, la compañía permanece enfocada en resolver los problemas legales y ambientales en torno al proyecto, y además del trabajo de remediación en curso, se ha embarcado en una revisión técnica de los parámetros y el potencial del proyecto. Agrega que como parte de este trabajo, lleva a cabo ‘extensos estudios geoquímicos y geohidrológicos para un plan de manejo del agua que confía será aceptable para la autoridad ambiental’’. Bristow, quien el mes pasado se reunió con el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo que los activos chilenos de Barrick son una parte importante de su cartera global. Agregó que Chile es un país ‘amigable’’ con los inversionistas, con una importante dotación de minerales, y que fomenta el desarrollo de proyectos mineros. Y que a pesar de lo sucedido con Pascua-Lama, hay ‘oportunidades interesantes’ para desarrollar proyectos y crear valor en la zona denominada el cinturón de El Indio.
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Santa Fe: se podrá denunciar por internet fumigaciones ilegales
Se podrán denunciar por internet las aplicaciones ilegales de agroquímicos
Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
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Fecha de Publicación: 25/03/2019
Fuente: La Capital (Santa Fe)
Provincia/Región: Santa Fe
A partir de este viernes 22 de marzo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe pondrá en vigencia una página para denunciar malas prácticas agrícolas. El canal servirá, sobre todo, para informar sobre aplicaciones incorrectas de agroquímicos, es decir, por ejemplo cuando no se respete la distancia respecto de los límites urbanos, se fumigue cerca de escuela rurales, o se ejecute un mal manejo de los envases que contienen los plaguicidas, fungicidas o herbicidas.
Dentro de la página de trámites en línea de la provincia, desde este viernes habrá un link específico para realizar la denuncia. El interesado deberá llenar un formulario en el que podrá, incluso, adjuntar fotografías sobre las irregularidades e información adicional que las certifiquen. Una vez completado, se podrá visualizar cómo quedó registrado, y hacer modificaciones. Al finalizar, el sistema devolverá un número de expediente y con él se podrán seguir las acciones públicas que se realizan.
El trámite de la denuncia será gratuito y, con el mismo, aseguran desde el gobierno provincial se iniciarán actuaciones administrativas con inspección en el lugar de los hechos y entrevistas a los involucrados. Si fuera necesario, agregan, se procederá directamente con intimaciones ante elementos suficientes para actuar de oficio.
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Reaparece el fantasma de la cuarta planta nuclear
Luz verde de Mauricio Macri: avanza la negociación con China para construir la cuarta planta nuclear del país
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se la planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, y estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
Una delegación compuesta por dos grupos de funcionarios y empresarios chinos se encuentran en el país para avanzar en las negociaciones que, por orden de Mauricio Macri, derivarán en la firma de un contrato con Beijing para finalmente construir la planta nuclear conocida como Atucha III.
?Esta forma parte de las decenas de acuerdos firmados en la gestión anterior, algunos de los cuales no se concretaron y que, tras idas y venidas, se reactivaron.
La que será la cuarta central, y que se planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
De cumplirse los plazos, que cobraron ahora nuevo impulso, entre abril y mayo los dos gobiernos sellarán el trato, para que en 2020 comiencen algunas "pequeñas" obras en el terreno (remoción del terreno, "adaptaciones" ambientales, drenajes) y en 2021 comience la titánica obra.
El año pasado, cuando la crisis financiera golpeó fuertemente a la Argentina y el Gobierno recurrió a un rescate financiero millonario del FMI, desde Economía frenaron iniciativas como esta de Atucha III. Para China, que a nivel interno y externo reactivó sus planes nucleares, esta fue siempre una prioridad. Y puso la central nuclear en todas las mesas de conversación.
Pero durante la visita de Estado que Xi Jinping hizo a la Argentina en el marco del G20 sobre fines del año pasado, Macri y el presidente chino conversaron sobre cómo reflotar el proyecto de Atucha III. Desde entonces el subsecretario de Energía de la Nación, Julián Gadano, aquí, y el embajador Diego Guelar, en Beijing, negocian estas nueva vía para resolver un factor fundamental que frenaba la planta, el que se sumaba a un cierto desinterés en Cambiemos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permite que el Estado sume deuda pública, que no se sume déficit público. La construcción de la planta sumaría U$S 1000 millones por año durante siete años.
De acuerdo a lo que ha podido saber este diario, aunque las negociaciones están aún abiertas, una posibilidad para eludir el problema del aumento de deuda es que esta se traslada a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Es una empresa del Estado pero para el Fondo Monetario, es una deuda que no se cargará sobre el Tesoro, sino que se pagará a través del préstamo chino y que, por cierto, se irá también saldando con los aumentos de tarifas en la energía eléctrica a los usuarios. Una vez que esté firmado el contrato, los desembolosos del préstamo vendrán en 2021.
Uno de los dos grupos técnicos de funcionarios y empresarios chinos que están en el país se dedicará ya a explorar las compras que harán y que se negocian con Gadano y miembros del Ministerio de Producción. La planta tendrá un 40 % de mano de obra local y el resto, de China. El segundo grupo es de CNNC, la empresa de combustibles nucleares chinos, que estará cargo de la construcción y en la que estarán la CNEA y posiblemente la argentina Perez Companc.
Si fue el ministerio de Hacienda el que a lo largo de 2018 puso fuertes reparos a la construcción de la planta nuclear con China, fue el propio Macri quien decidió avanzar con la titánica central. Quienes están cerca del Presidente saben que en su ADN está la meta de hacer obra pública. Entiende más que otros funcionarios de su gestión la relación con China, desde las gestiones privadas de su padre Franco Macria. Y esta planta se enmarca en un proyecto ambicioso que mueve grandes capitales. Y si bien no es anti ni pro nuclear, Macri se da cuenta de que la energía atómica es un "activo" muy desarrollado en la Argentina que no desea desmantelar.
En otro orden de las relaciones con Beijing, este jueves Argentina y China firmaron un acuerdo para posibilitar el ingreso de la miel argentina al mercado del país asiático. Macri recibió además al viceprime ministro del Consejo de Estado de China, el poderoso Hu Chunhua.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Nacional
Se la planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, y estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
Una delegación compuesta por dos grupos de funcionarios y empresarios chinos se encuentran en el país para avanzar en las negociaciones que, por orden de Mauricio Macri, derivarán en la firma de un contrato con Beijing para finalmente construir la planta nuclear conocida como Atucha III.
?Esta forma parte de las decenas de acuerdos firmados en la gestión anterior, algunos de los cuales no se concretaron y que, tras idas y venidas, se reactivaron.
La que será la cuarta central, y que se planea levantar en Lima, provincia de Buenos Aires, estipula una inversión de U$S 8.000 millones.
De cumplirse los plazos, que cobraron ahora nuevo impulso, entre abril y mayo los dos gobiernos sellarán el trato, para que en 2020 comiencen algunas "pequeñas" obras en el terreno (remoción del terreno, "adaptaciones" ambientales, drenajes) y en 2021 comience la titánica obra.
El año pasado, cuando la crisis financiera golpeó fuertemente a la Argentina y el Gobierno recurrió a un rescate financiero millonario del FMI, desde Economía frenaron iniciativas como esta de Atucha III. Para China, que a nivel interno y externo reactivó sus planes nucleares, esta fue siempre una prioridad. Y puso la central nuclear en todas las mesas de conversación.
Pero durante la visita de Estado que Xi Jinping hizo a la Argentina en el marco del G20 sobre fines del año pasado, Macri y el presidente chino conversaron sobre cómo reflotar el proyecto de Atucha III. Desde entonces el subsecretario de Energía de la Nación, Julián Gadano, aquí, y el embajador Diego Guelar, en Beijing, negocian estas nueva vía para resolver un factor fundamental que frenaba la planta, el que se sumaba a un cierto desinterés en Cambiemos: el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no permite que el Estado sume deuda pública, que no se sume déficit público. La construcción de la planta sumaría U$S 1000 millones por año durante siete años.
De acuerdo a lo que ha podido saber este diario, aunque las negociaciones están aún abiertas, una posibilidad para eludir el problema del aumento de deuda es que esta se traslada a Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA). Es una empresa del Estado pero para el Fondo Monetario, es una deuda que no se cargará sobre el Tesoro, sino que se pagará a través del préstamo chino y que, por cierto, se irá también saldando con los aumentos de tarifas en la energía eléctrica a los usuarios. Una vez que esté firmado el contrato, los desembolosos del préstamo vendrán en 2021.
Uno de los dos grupos técnicos de funcionarios y empresarios chinos que están en el país se dedicará ya a explorar las compras que harán y que se negocian con Gadano y miembros del Ministerio de Producción. La planta tendrá un 40 % de mano de obra local y el resto, de China. El segundo grupo es de CNNC, la empresa de combustibles nucleares chinos, que estará cargo de la construcción y en la que estarán la CNEA y posiblemente la argentina Perez Companc.
Si fue el ministerio de Hacienda el que a lo largo de 2018 puso fuertes reparos a la construcción de la planta nuclear con China, fue el propio Macri quien decidió avanzar con la titánica central. Quienes están cerca del Presidente saben que en su ADN está la meta de hacer obra pública. Entiende más que otros funcionarios de su gestión la relación con China, desde las gestiones privadas de su padre Franco Macria. Y esta planta se enmarca en un proyecto ambicioso que mueve grandes capitales. Y si bien no es anti ni pro nuclear, Macri se da cuenta de que la energía atómica es un "activo" muy desarrollado en la Argentina que no desea desmantelar.
En otro orden de las relaciones con Beijing, este jueves Argentina y China firmaron un acuerdo para posibilitar el ingreso de la miel argentina al mercado del país asiático. Macri recibió además al viceprime ministro del Consejo de Estado de China, el poderoso Hu Chunhua.
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Agroquímicos en Entre Ríos sigue generando disputas legales
Agroquímicos: sigue una disputa en Entre Ríos y el campo pide rechazar un amparo
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Entre Ríos
La Mesa de Enlace de Entre Ríos, la Bolsa de Cereales de esa provincia y el centro de acopiadores que agrupa a los actores de este sector se presentaron ante los tribunales de Paraná y pidieron que se desestime un amparo que habían impulsado un grupo de ambientalistas y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra un decreto reglamentario sobre las aplicaciones de agroquímicos.
El año pasado, tras un reclamo de esos grupos, un fallo judicial prohibió las aplicaciones a menos de 1000 y 3000 metros, terrestres y aéreas, de escuelas rurales. En octubre último la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en voto dividido, confirmó una sentencia de la Cámara Civil, Sala Segunda, que había prohibido aplicar fitosanitarios alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.
Enseguida, los productores argumentaron que así saldrían de la producción unas 300.000 hectáreas, algo equivalente a todo lo que allí se siembra de trigo. Los productores pidieron la intervención del gobernador Gustavo Bordet, que vía un decreto estableció las distancias en 100 y 500 metros, respectivamente.
Antes, la provincia había recurrido a un recurso extraordinario federal (REF) en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la medida inicial afectaba derechos de los productores y que unos 45.000 de ellos no habían sido parte del proceso.
El 4 de febrero último, nuevamente ambientalistas y docentes presentaron un amparo para que se declare la nulidad del decreto de Bordet.
Según fuentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos, como ayer se vencían los plazos judiciales los ruralistas decidieron pedir ante la Justicia provincial que se desestime el amparo, según informó a LA NACION Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Entre Ríos.
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Río Negro: exploran para minería de uranio y vanadio
Invertirían más de 35.500 millones de dólares para buscar uranio y vanadio en Río Negro
Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Fecha de Publicación: 23/03/2019
Fuente: El Cordillerano
Provincia/Región: Río Negro
Una empresa canadiense analiza seriamente la posibilidad de invertir unos 35.500 millones de dólares en la exploración de uranio y vanadio en suelo rionegrino.
Se trata de Blue Sky Uranium, compañía que concluyó una evaluación económica preliminar “muy positiva” en el depósito denominado “Ivana”, en el proyecto “Amarillo Grande” en la zona de Valcheta.
El presidente y CEO de Blue Sky, Niko Cacos, explicó en una entrevista concedida al diario canadiense The Northern Minerurante que durante los últimos tres meses se trabajó en la evaluación del lugar: “El depósito de Ivana es económico en el entorno actual”, señaló.
De acuerdo con el estudio, el proyecto produciría 1.350.000 libras por óxido de uranio por año durante una vida útil de la mina de 13 años. El proyecto requeriría invertir 128 millones de dólares en capital de pre producción y otros 35.400 millones en capital de mantenimiento en el transcurso de vida de la mina.
Se trabajará a una profundidad máxima de 30 metros bajo la superficie, por tres kilómetros de largo, con anchos que van desde 400 metros hasta un kilómetro. La compañía extraería 13.000 toneladas por día con dos excavadoras, un cargador frontal y seis camiones articulados de 31 toneladas.
Los materiales uranio y vanadio están contenidos en gravas y arena sin consolidar, por lo que la empresa no necesitará operaciones de perforación o voladura.
“Ivana es el depósito más austral de las tres áreas objetivo en Amarillo Grande, y tiene un potencial muy superior al comprobado”, sostuvo Cacos. Tras obtener el modelo geológico y su viabilidad económica la empresa prevé reexaminar las áreas de la propiedad que antes se pasaban por alto.
El estudio utiliza una estimación de recursos que actualiza el presentado en la primavera pasada y describe un aumento del 17% en el total de toneladas, así como del 19% en el contenido de óxido de uranio y 13% en el contenido de óxido de vanadio.
La compañía anticipó que en los próximos seis meses se concentrará en la perforación y expansión de su área de recursos con una inversión de entre US$2.000.000 y 3.000.000 y hacia fines de año comenzará a trabajar en un estudio de pre factibilidad para el proyecto.
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Nuevo derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia
Derrame de petróleo en Bella Vista Norte llegó al arroyo Belgrano
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Tiempo Sur
Provincia/Región: Chubut
El subsecretario de Ambiente del Municipio de Comodoro Rivadavia, Daniel González, confirmó este lunes a la mañana a que durante la jornada del domingo hubo un derrame de petróleo por la rotura de un colector en Bella Vista Norte, área operada por YPF, por lo que se trabaja en el lugar para remediar el impacto y cuantificar su magnitud, para posteriormente, aplicar las sanciones correspondientes.
El hidrocarburo llegó al arroyo Belgrano, pero pudo ser contenido por un sistema de retenciones, para evitar la llegada hacia el mar, según precisó el funcionario.
“Hay cuadrillas trabajando en este momento y estamos relevando la zona para cuantificar el volumen derramado, que se estima en alrededor de 50 metros cúbicos”, explicó el funcionario municipal a su arribo al lugar.
“Esto comenzó ayer alrededor de las 6:30”, precisó. También indicó que al llegar al agua es más difícil cuantificar el producto derramado, pero indicó que el sistema de barreras existente en el arroyo Belgrano funcionó para contener la marcha y evitar que ésta corriera aguas abajo, hasta su desembocadura en el mar.
Por último, detalló que la ordenanza municipal de hidrocarburos, que establece el sistema de sanciones para las empresas tiene una tabla con agravantes, que considera la cantidad del hidrocarburo derramado, si afecta cuerpos de agua, etc, por lo que una vez establecidos esos parámetros se eleva al juez de Falta para determine el monto de la multa. Según los casos, ésta puede llegar hasta los 10 millones de pesos.(ADN Sur)
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Mendoza tuvo menos hectáreas quemadas
Hubo 190 mil hectáreas quemadas menos que el año pasado en Mendoza
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En la temporada 2017/2018 hubo 269.000 hectáreas quemadas en el territorio mendocino, de las cuales casi 200 mil fueron en los incendios de General Alvear y San Rafael de enero del año pasado.
En tanto que la actual temporada a la que le queda poco para finalizar, se han quemado unas 79.000 hectáreas, de las cuales también la mayoría han sido en el sur provincial.
Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial del Manejo del fuego, en diálogo en la semana con FM VOS (91.5) se refirió a este tema.
“Las hectáreas afectadas han sido menores a las del año pasado, hemos tenido mayor cantidad de incendio a los del año pasado, por suerte los hemos podido contener mucho más rápido y eso ha evitado que se nos agrande, como muestra podemos decir que no tenemos ningún incendio que haya llegado a las 10 mil hectáreas este año”.
El funcionario añadió que “la media de hectáreas afectadas no superó las 5 mil hectáreas a pesar de que tuvimos incendios complicados como en el Cerro Nevado donde no tuvimos acceso con vehículo. El personal ha hecho una tarea impecable”.
Los números muestran que esta temporada de incendios se han registrado 135 episodios de quema de campos con un promedio de hectáreas afectadas de 585.
Esos mismos números la temporada pasada fueron de 199 incendios en total y un promedio de hectáreas afectadas de 1.356.
Las diferencias notables se deben a que en enero pasado se produjeron en Alvear y San Rafael los incendios más graves desde la temporada de 2000/2001. Se quemaron así en un período de unos quince días en el primer mes del 2018 más de 190.000 hectáreas entre ambos departamentos con los siniestros que tuvieron a maltraer muchos campos y poblaciones cercanas, y que obligaron a la intervención de distintos organismos y autoridades para combatir las llamas en los peores días.
Luego de esa temporada feroz se hizo mucho hincapié en que los productores tengan sus picadas cortafuegos en condiciones, aunque no todos han tomado nota de ello.
Estos meses de verano no hubo, al menos por largos períodos, el cúmulo de condiciones que favorecieron el fuego el año pasado, es decir, sequía prolongada, vegetación apta para la combustión y bolsones de baja humedad, además de otros factores que a veces inciden como días de viento y rayos descargados por tormentas.
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Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
En la temporada 2017/2018 hubo 269.000 hectáreas quemadas en el territorio mendocino, de las cuales casi 200 mil fueron en los incendios de General Alvear y San Rafael de enero del año pasado.
En tanto que la actual temporada a la que le queda poco para finalizar, se han quemado unas 79.000 hectáreas, de las cuales también la mayoría han sido en el sur provincial.
Guillermo Ferraris, coordinador del Plan Provincial del Manejo del fuego, en diálogo en la semana con FM VOS (91.5) se refirió a este tema.
“Las hectáreas afectadas han sido menores a las del año pasado, hemos tenido mayor cantidad de incendio a los del año pasado, por suerte los hemos podido contener mucho más rápido y eso ha evitado que se nos agrande, como muestra podemos decir que no tenemos ningún incendio que haya llegado a las 10 mil hectáreas este año”.
El funcionario añadió que “la media de hectáreas afectadas no superó las 5 mil hectáreas a pesar de que tuvimos incendios complicados como en el Cerro Nevado donde no tuvimos acceso con vehículo. El personal ha hecho una tarea impecable”.
Los números muestran que esta temporada de incendios se han registrado 135 episodios de quema de campos con un promedio de hectáreas afectadas de 585.
Esos mismos números la temporada pasada fueron de 199 incendios en total y un promedio de hectáreas afectadas de 1.356.
Las diferencias notables se deben a que en enero pasado se produjeron en Alvear y San Rafael los incendios más graves desde la temporada de 2000/2001. Se quemaron así en un período de unos quince días en el primer mes del 2018 más de 190.000 hectáreas entre ambos departamentos con los siniestros que tuvieron a maltraer muchos campos y poblaciones cercanas, y que obligaron a la intervención de distintos organismos y autoridades para combatir las llamas en los peores días.
Luego de esa temporada feroz se hizo mucho hincapié en que los productores tengan sus picadas cortafuegos en condiciones, aunque no todos han tomado nota de ello.
Estos meses de verano no hubo, al menos por largos períodos, el cúmulo de condiciones que favorecieron el fuego el año pasado, es decir, sequía prolongada, vegetación apta para la combustión y bolsones de baja humedad, además de otros factores que a veces inciden como días de viento y rayos descargados por tormentas.
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Córdoba: idean un 'área campesina protegida'
Proponen crear un 'área campesina protegida' al norte de Mar Chiquita
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Fecha de Publicación: 22/03/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Creen que el Parque Nacional Ansenuza amenaza la tenencia de la tierra y su modo de producción. La propuesta del Movimiento Campesino Córdoba tendría unas 120 mil hectáreas.
Para la mayoría de los cordobeses, la creación de un parque nacional en la laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce fue recibida como una buena noticia.
Pero para Zulema (70 años) fue una ingrata sorpresa. “Me pareció que se desmoronaba el mundo porque pensamos que no nos iban a dejar entrar el ganado y todo iba a pasar a ser parque nacional”, comenta esta campesina de La Rinconada, un paraje ubicado en el extremo noreste de la provincia de Córdoba.
En parte de la región que potencialmente formará el parque nacional viven campesinos como Zulema que realizan una ganadería trashumante desde hace varias décadas. Cada familia tiene sus animales y parcelas individuales, pero el ganado también se arrea hasta diferentes campos comunitarios.
El Movimiento Campesino Córdoba (MCC) entiende que este uso de la tierra y forma de producción están en riesgo por la creación del parque nacional. Días atrás, presentaron un informe en el que reclaman la creación de un área campesina protegida.
“Queremos un área campesina para poder seguir desarrollando la vida campesina con campos abiertos. Ahora han colocado alambres y a veces no tenemos acceso al agua del río”, comenta Zulema.
Victoria Gauna, abogada del MCC, asegura que la creación del parque va a profundizar la inseguridad en la tenencia de la tierra que hay en la zona. Explica que la mayoría de las familias campesinas no tienen títulos de la tierra, aunque la habitan desde hace años. “En su mayoría son comunidades indígenas que viven en asentamientos que son ancestrales”, dice.
Y agrega: “La creación del parque nacional puede ser una oportunidad para darle reconocimiento a estas familias y a su forma de producción, además darles seguridad en la tenencia de la tierra”.
El área campesina tendría unas 120 mil hectáreas y estaría conformada por la medialuna que abarca el norte de la laguna Mar Chiquita y que incluye los parajes de Isla Larga, Los Pozos, Campo Marull, El Zapallar sur, Pozo verde, Campo Alegre y Laguna La Paulina.
También la costa al oeste del río Dulce donde se encuentran los parajes La Rinconada, Los Eucaliptos, Cardones Altos, Isla Verde, Puesto del Medio, Las Tortugas, Los Espinillos, Mojón de Fierro y La Correntina.
Relevamiento
Investigadores y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizaron un relevamiento en el 80 por ciento de ese territorio. Allí detectaron que hay unas 119 unidades productivas y viven 369 personas.
“Un 30 por ciento de los campesinos entrevistados se reconocen como descendientes directos de pueblos originarios”, comenta Mariana Gamboa, coordinadora del Programa Ruralidades, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
Y agrega: “Parece un área deshabitada que sólo tiene naturaleza, pero el hombre ha vivido allí desde hace tiempo”.
La docente asegura que así como se rescatan la importancia ambiental y la biodiversidad de la región, a su grupo le parece necesario aportar información sobre la gente que vive allí, en especial para la toma de decisiones.
Gamboa explica que fue un trabajo de tres años, con operativos de cuatro días para cubrir zonas de difícil acceso. Y rescata el trabajo que ha logrado de universidad de poder acercarse a esta región desconocida por muchas personas. Presentarán el informe en la Legislatura Unicameral.
Según datos de Senasa, el departamento Río Seco, donde se ubican la mayoría de estos parajes, es responsable del 2,3 por ciento de la producción ganadera de Córdoba.
Más demandas
El MCC demanda la reconversión productiva de los grandes productores que actualmente se encuentren dentro de la futura área campesina y que se levanten todos los alambrados que se hayan colocado en las zonas costeras que impiden el libre acceso al agua.
También reclaman que la gestión del futuro parque nacional se realice en conjunto entre las autoridades y los productores locales.
El relevamiento identificó 10 campos comunitarios: Mojón de Fierro, La Correntina Norte, La Correntina Sur, Las Tortugas, Simbolar Chico, Isla Larga, Laguna La Paulina, Campo Moyano, El Aguaraz y Campo del Río.
Para el MCC también es fundamental que se impulsen políticas públicas activas para mejorar y promocionar la producción campesina y el acceso al agua en el área de protección.
Qué será el Parque Nacional Ansenuza
Ya hay fondos internacionales para crear el área protegida.
Trabajo. La Provincia, Administración de Parques Nacionales y la ONG Aves Argentinas trabajan en la creación del parque, el cual abarcaría un sector cercano a Miramar (en la costa sur), la costa norte de la laguna y sectores de los Bañados del río Dulce.
Avances. A fines de octubre pasado se conoció una donación de la Fundación Wyss de 5,8 millones de dólares para llevar adelante este proyecto. Estos fondos servirían para sumar 26 mil hectáreas.
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Mendoza: una ordenanza antifracking que preocupa al poder
Lavalle blinda su ordenanza antifracking y temen efecto contagio
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El municipio comandado por Roberto Righi promulgó una ordenanza que declara al departamento "libre de la técnica denominada fractura hidráulica", en un territorio sin petróleo. Igualmente, temen que esto le abra la puerta a un camino restrictivo que podría replicarse en otros municipios con respecto a ésta y otras prácticas.
El departamento de Lavalle no se caracteriza por su actividad petrolera. Simplemente no la tiene. Sin embargo, el municipio que conduce el peronista Roberto Righi ha logrado preocupar al sector con una ordenanza que prohíbe la realización de fractura hidráulica en el territorio departamental. Si bien la decisión no mueve la aguja, el temor es que otros municipios sanciones normativas similares. Tanto es así que Fiscalía de Estado pidió a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a lo que el municipio retrucó sacando una nueva.
Desde el Gobierno equipararon la decisión de Lavalle con "prohibir la caza de ballenas en las Lagunas del Rosario" y aseguraron que se trata de "una medida de carácter puramente demagógico". Sin embargo, siguen de cerca la evolución de la causa judicial por temor a que la Corte le de luz verde a otros municipios a sacar ordenanzas similares.
El 14 de marzo, el intendente Righi firmó la promulgación de la ordenanza 1071. Se trata de una versión mejorada de la ordenanza 1065 y con el mismo objetivo: prohibir el fracking en el departamento. A raíz de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fiscalía de Estado, la respuesta de Lavalle fue sacar una nueva ordenanza que entienden está blindada jurídicamente.
La normativa 1065 prohibía el uso del bien común "agua" en todo tipo de actividad que pueda generar daños ambientales. "Particularmente se encuentra comprendido en el concepto precedente la llamada Fractura Hidráulica (Fracking), como así también cualquier futura técnica que asuma dichas características", argumentaba el artículo 2 de la ordenanza.
Para Fiscalía de Estado, ese párrafo "atribuye, sin justificación expresa en los considerandos, al Municipio, la potestad de prohibir actividades relacionadas con el Agua que resulten dañosas en relación con la técnica de Fractura en su jurisdicción". En este sentido, asegura que vulnera lo dispuesto en la ley de hidrocarburos, avanza sobre el régimen jurídico de preservación ambiental vigente y se arroga competencias sobre los recursos hídricos que no le competen.
"La Ordenanza Nº 1065/18 que se impugna dispone diversos aspectos que resultan inconstitucionales por violentar los principios de supremacía constitucional y federal, de competencia, de propiedad, de desarrollo sustentable, de igualdad, de libertad y de razonabilidad", sostienen desde el órgano de control. Específicamente, alegan que las regulaciones municipales no pueden, en este sentido, contradecir las normas constitucionales y aquellas legales que se dicten por la Legislatura.
A raíz de este planteo, la nueva ordenanza 1071 modifica el articulado de la ordenanza anterior, a la cual deroga. En concreto, enmarca la decisión en el ordenamiento territorial del municipio. "A los fines de ejercer la competencia territorial otorgada por la Ley N° 8051/09, prohíbase en el territorio del departamento Lavalle el uso industrial denominado 'extracción de hidrocarburos no convencionales' e incorpórese al plan de ordenamiento territorial municipal que la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica es incompatible con la vocación territorial de los suelos del departamento de Lavalle, a cuyo fin deberá especificarse a través de la sanción de Ordenanzas o Decretos del Departamento Ejecutivo específicos al ordenamiento legal municipal relativo a las habilitaciones comerciales y el ordenamiento territorial, en congruencia con la legislación provincial y nacional vigente", establece el artículo 4 de la nueva norma.
De esta manera, pretenden ponerle un freno a los planteos de Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, además de evitar nuevos pedidos de inconstitucionalidad.
Quien salió a celebrar lo ocurrido fue el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano. Ferviente defensor del medio ambiente, Romano publicó un video en las redes sociales en el que subraya que la nueva ordenanza de Lavalle contó con el asesoramiento legal de prestigiosos juristas que la blindaron legalmente.
Más allá de que Lavalle no tiene petróleo, el único departamento que podría prohibir el fracking y generar consecuencias prácticas es Malargüe, territorio donde se requiere de la fractura hidráulica para extraer petróleo no convencional (sólo allí llega la reserva de Vaca Muerta). El temor -arguyen- es que las eventuales restricciones municipales abarquen no sólo esta práctica, sino eventualmente otro tipo de explotaciones más frecuentes en la provincia.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
El municipio comandado por Roberto Righi promulgó una ordenanza que declara al departamento "libre de la técnica denominada fractura hidráulica", en un territorio sin petróleo. Igualmente, temen que esto le abra la puerta a un camino restrictivo que podría replicarse en otros municipios con respecto a ésta y otras prácticas.
El departamento de Lavalle no se caracteriza por su actividad petrolera. Simplemente no la tiene. Sin embargo, el municipio que conduce el peronista Roberto Righi ha logrado preocupar al sector con una ordenanza que prohíbe la realización de fractura hidráulica en el territorio departamental. Si bien la decisión no mueve la aguja, el temor es que otros municipios sanciones normativas similares. Tanto es así que Fiscalía de Estado pidió a la Corte que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza a lo que el municipio retrucó sacando una nueva.
Desde el Gobierno equipararon la decisión de Lavalle con "prohibir la caza de ballenas en las Lagunas del Rosario" y aseguraron que se trata de "una medida de carácter puramente demagógico". Sin embargo, siguen de cerca la evolución de la causa judicial por temor a que la Corte le de luz verde a otros municipios a sacar ordenanzas similares.
El 14 de marzo, el intendente Righi firmó la promulgación de la ordenanza 1071. Se trata de una versión mejorada de la ordenanza 1065 y con el mismo objetivo: prohibir el fracking en el departamento. A raíz de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Fiscalía de Estado, la respuesta de Lavalle fue sacar una nueva ordenanza que entienden está blindada jurídicamente.
La normativa 1065 prohibía el uso del bien común "agua" en todo tipo de actividad que pueda generar daños ambientales. "Particularmente se encuentra comprendido en el concepto precedente la llamada Fractura Hidráulica (Fracking), como así también cualquier futura técnica que asuma dichas características", argumentaba el artículo 2 de la ordenanza.
Para Fiscalía de Estado, ese párrafo "atribuye, sin justificación expresa en los considerandos, al Municipio, la potestad de prohibir actividades relacionadas con el Agua que resulten dañosas en relación con la técnica de Fractura en su jurisdicción". En este sentido, asegura que vulnera lo dispuesto en la ley de hidrocarburos, avanza sobre el régimen jurídico de preservación ambiental vigente y se arroga competencias sobre los recursos hídricos que no le competen.
"La Ordenanza Nº 1065/18 que se impugna dispone diversos aspectos que resultan inconstitucionales por violentar los principios de supremacía constitucional y federal, de competencia, de propiedad, de desarrollo sustentable, de igualdad, de libertad y de razonabilidad", sostienen desde el órgano de control. Específicamente, alegan que las regulaciones municipales no pueden, en este sentido, contradecir las normas constitucionales y aquellas legales que se dicten por la Legislatura.
A raíz de este planteo, la nueva ordenanza 1071 modifica el articulado de la ordenanza anterior, a la cual deroga. En concreto, enmarca la decisión en el ordenamiento territorial del municipio. "A los fines de ejercer la competencia territorial otorgada por la Ley N° 8051/09, prohíbase en el territorio del departamento Lavalle el uso industrial denominado 'extracción de hidrocarburos no convencionales' e incorpórese al plan de ordenamiento territorial municipal que la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la técnica de fractura hidráulica es incompatible con la vocación territorial de los suelos del departamento de Lavalle, a cuyo fin deberá especificarse a través de la sanción de Ordenanzas o Decretos del Departamento Ejecutivo específicos al ordenamiento legal municipal relativo a las habilitaciones comerciales y el ordenamiento territorial, en congruencia con la legislación provincial y nacional vigente", establece el artículo 4 de la nueva norma.
De esta manera, pretenden ponerle un freno a los planteos de Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación, además de evitar nuevos pedidos de inconstitucionalidad.
Quien salió a celebrar lo ocurrido fue el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano. Ferviente defensor del medio ambiente, Romano publicó un video en las redes sociales en el que subraya que la nueva ordenanza de Lavalle contó con el asesoramiento legal de prestigiosos juristas que la blindaron legalmente.
Más allá de que Lavalle no tiene petróleo, el único departamento que podría prohibir el fracking y generar consecuencias prácticas es Malargüe, territorio donde se requiere de la fractura hidráulica para extraer petróleo no convencional (sólo allí llega la reserva de Vaca Muerta). El temor -arguyen- es que las eventuales restricciones municipales abarquen no sólo esta práctica, sino eventualmente otro tipo de explotaciones más frecuentes en la provincia.
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Optimizan el proceso productivo del biodiésel
Una innovación santafesina clave para darle más pureza al biodiésel
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Fe
Es un desarrollo de un investigador del Conicet y del Incape en Santa Fe que permite bajar la cantidad de monoglicéridos y extraer otras impurezas.
Una innovación tecnológica que se realizó en un instituto santafesino dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) resultó clave para reducir la cantidad de monoglicéridos en el biodiésel que se elabora en la planta de la compañía Louis Dreyfus, una de las más grandes del país.
Es un trabajo que que realizó Gustavo Mendow, investigador del Conicet e integrante del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape) de la ciudad de Santa Fe. Hace cinco años, cuando trabajaba en la producción de un coadyuvante agrícola descubrió que los monoglicéridos del producto alcanzaban un valor mucho más bajo que el esperado, y lo tomó como punto de partida para intentar bajar la cantidad de monogliceridos en el biodiésel, bajo la dirección de Carlos Querini, director del Incape.
Es un punto importante, porque la pureza del biodiésel es un requisito que demandan los mercados de exportación. “Es que estos compuestos, que son solubles en el aceite, se transforman químicamente durante el proceso de producción y se tornan insolubles, y esto provoca la formación de sólidos que precipitan. Cuando el biodiésel se mezcla con el gasoil, se precipitan aún más y se forman depósitos en los tanques de almacenamiento, en los tanques de combustibles de autos, especialmente en zonas frías. Y esto, es un problema”, explica el investigador en un material de difusión que elaboró el Conicet en Santa Fe.
En la investigación, los científicos del Incape también detectaron que el proceso, además de bajar los monoglicéridos, también extraía otras impurezas del biodiésel: los glucósidos esteroles. A partir de esta línea de trabajo, en 2014 su publicó una patente y en el 2016 se firmó un convenio con Dreyfus para llevar esta tecnología a la planta de General Lagos.
Los científicos trabajaron codo a codo con los ingenieros de la planta para llevar a esta tecnología del laboratorio del Incape a la escala industrial de una de las compañías internacionales más importantes del mundo. Les llevó unos tres meses lograr que el biodiésel “salga” con la calidad deseada.
“Al final, fuimos y pudimos hacer la prueba y ver que el comportamiento del proceso en la planta era muy similar a lo que habíamos visto en laboratorio, lo cual fue espectacular”, destacó Mendow. Desde entonces, la planta incorporó el proceso diseñado por los investigadores de Incape. El biodiésel obtenido es de mejor calidad y se logra con menor consumo de catalizador, un insumo que tiene un costo importante.
“Los monoglicéridos que obtiene esta empresa son los más bajos que produce una planta en todo el mundo. No hay una compañía que venda un biodiésel con monoglicérido a 0,2 % como lo venden ellos”, aseguró el investigador.
Por eso, la patente de los científicos santafesinos pueden ser muy relevante para todo el complejo que produce este biocombustible en las terminales aceiteras que están a la vera de la estratégica hidrovía del río Paraná y que comienzan a extenderse a otras partes del país.
En enero de 2019, por ejemplo, se firmó un convenio con la empresa Bionogoyá para utilizar la tecnología patentada en su planta de Nogoyá, en Entre Ríos.
“Nos encontramos en las etapas preliminares. A fines de febrero se puso en marcha la primera instancia del proyecto. Por otro lado, el grupo de trabajo estuvo en contacto con empresas de Colombia, también interesadas en esta tecnología”, contó Mendow.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Santa Fe
Es un desarrollo de un investigador del Conicet y del Incape en Santa Fe que permite bajar la cantidad de monoglicéridos y extraer otras impurezas.
Una innovación tecnológica que se realizó en un instituto santafesino dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) resultó clave para reducir la cantidad de monoglicéridos en el biodiésel que se elabora en la planta de la compañía Louis Dreyfus, una de las más grandes del país.
Es un trabajo que que realizó Gustavo Mendow, investigador del Conicet e integrante del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (Incape) de la ciudad de Santa Fe. Hace cinco años, cuando trabajaba en la producción de un coadyuvante agrícola descubrió que los monoglicéridos del producto alcanzaban un valor mucho más bajo que el esperado, y lo tomó como punto de partida para intentar bajar la cantidad de monogliceridos en el biodiésel, bajo la dirección de Carlos Querini, director del Incape.
Es un punto importante, porque la pureza del biodiésel es un requisito que demandan los mercados de exportación. “Es que estos compuestos, que son solubles en el aceite, se transforman químicamente durante el proceso de producción y se tornan insolubles, y esto provoca la formación de sólidos que precipitan. Cuando el biodiésel se mezcla con el gasoil, se precipitan aún más y se forman depósitos en los tanques de almacenamiento, en los tanques de combustibles de autos, especialmente en zonas frías. Y esto, es un problema”, explica el investigador en un material de difusión que elaboró el Conicet en Santa Fe.
En la investigación, los científicos del Incape también detectaron que el proceso, además de bajar los monoglicéridos, también extraía otras impurezas del biodiésel: los glucósidos esteroles. A partir de esta línea de trabajo, en 2014 su publicó una patente y en el 2016 se firmó un convenio con Dreyfus para llevar esta tecnología a la planta de General Lagos.
Los científicos trabajaron codo a codo con los ingenieros de la planta para llevar a esta tecnología del laboratorio del Incape a la escala industrial de una de las compañías internacionales más importantes del mundo. Les llevó unos tres meses lograr que el biodiésel “salga” con la calidad deseada.
“Al final, fuimos y pudimos hacer la prueba y ver que el comportamiento del proceso en la planta era muy similar a lo que habíamos visto en laboratorio, lo cual fue espectacular”, destacó Mendow. Desde entonces, la planta incorporó el proceso diseñado por los investigadores de Incape. El biodiésel obtenido es de mejor calidad y se logra con menor consumo de catalizador, un insumo que tiene un costo importante.
“Los monoglicéridos que obtiene esta empresa son los más bajos que produce una planta en todo el mundo. No hay una compañía que venda un biodiésel con monoglicérido a 0,2 % como lo venden ellos”, aseguró el investigador.
Por eso, la patente de los científicos santafesinos pueden ser muy relevante para todo el complejo que produce este biocombustible en las terminales aceiteras que están a la vera de la estratégica hidrovía del río Paraná y que comienzan a extenderse a otras partes del país.
En enero de 2019, por ejemplo, se firmó un convenio con la empresa Bionogoyá para utilizar la tecnología patentada en su planta de Nogoyá, en Entre Ríos.
“Nos encontramos en las etapas preliminares. A fines de febrero se puso en marcha la primera instancia del proyecto. Por otro lado, el grupo de trabajo estuvo en contacto con empresas de Colombia, también interesadas en esta tecnología”, contó Mendow.
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Protesta a favor de la minería en la Fiesta de la Vendimia
Continúan insistiendo por la minería metalífera
Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
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Fecha de Publicación: 21/03/2019
Fuente: Diario San Rafael
Provincia/Región: Mendoza
La Fiesta Nacional de la Vendimia sirve -además de su desarrollo propiamente dicho- como vidriera para diferentes discusiones que protagonizamos los mendocinos. El último fin de semana no fue la excepción y, entre otras polémicas, el desarrollo de la minería volvió a copar la escena. Durante el Carrusel, más de 250 trabajadores de la actividad marcharon y, a posteriori y en conjunto con empresarios del sector, entregaron una nota dirigida a las autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia para que revean la posibilidad de flexibilizar las limitaciones legales que existen para con la minería metalífera y el uso de sustancias contaminantes.
En concreto, lo que los actores mineros reclamaron es la derogación de la ley 7.722 o, al menos, una modificación a la misma que permita que ciertos emprendimientos puedan desarrollarse. Según sostienen, la norma defendida por entidades del cuidado de agua y la población en su mayoría, ha hecho perder “cientos de millones de dólares para la provincia y miles de puestos de trabajo”. En la misiva, los mineros pidieron, además, “ante el lamentable estado económico financiero de Mendoza, el déficit de genuinos y blancos puestos de trabajo y la ausencia de inversiones extranjeras, la inmediata implementación y puesta en marcha del Plan Minero Provincial y del Pacto Federal Minero Nacional”.
En 2007, el por entonces gobernador Julio Cobos promovió (previo amplio reclamo popular y que aun hoy se sigue defendiendo) la ley 7.722 que vino a regular la minería en nuestro suelo, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la actividad metalífera, lo que prácticamente la torna impracticable.
En estos doce años transcurridos, varios han sido los reclamos y los proyectos legislativos que buscaron modificar la norma y, en general, chocaron fatalmente contra quienes estiman que el cuidado del ambiente debe anteponerse a eventuales beneficios económicos.
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Cosecharás abortos, malformaciones y cáncer
Cosecharás enfermedades
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: Agencia Nex (UBA)
Provincia/Región: Córdoba
Un equipo de investigadores realizó dos estudios en un pueblo agrícola de Córdoba severamente contaminado con glifosato y otros pesticidas y detectó altas frecuencias de cáncer, abortos espontáneos y anormalidades congénitas que superan ampliamente el promedio nacional. Si bien el trabajo, por sus características, no permite realizar asociaciones directas, sí sugiere la aplicación de medidas preventivas para proteger a la población de esta exposición ambiental.
En Argentina las semillas transgénicas comenzaron a utilizarse en 1996. Básicamente, esta modificación genética le otorga a la planta la capacidad de sobrevivir en un ambiente saturado de glifosato, un herbicida que se aplica para erradicar malezas. A partir de allí, el uso de estas semillas ha crecido, año tras año, debido al aumento en los rindes y la simpleza del cultivo. Actualmente, se utilizan en unas 25 millones de hectáreas donde viven alrededor de 12 millones de personas. Este fenómeno trae aparejado un constante aumento en el uso de glifosato como consecuencia de la resistencia creciente que desarrollan las plantas a este herbicida, lo que genera la necesidad de mayores dosis por hectárea y su uso combinado con otros agrotóxicos. Hoy en día se aplican en el país unas 240 mil toneladas de glifosato por año.
Monte Maíz es una pequeña ciudad agrícola, de unos 8 mil habitantes, ubicada a 300 km al sudeste de Córdoba capital. Alrededor de 650 tn de glifosato por año se concentran, manipulan y movilizan por el pueblo, desde donde salen diariamente para ser aplicados, por medio de maquinarias terrestres o aviones fumigadores, en los campos cultivados con soja y maíz transgénico que comienzan en el límite inmediato de las viviendas.
Con el correr de los años, médicos, vecinos y autoridades locales comenzaron a percibir un incremento en el número de personas que enfermaban de cáncer. Por esta razón solicitaron una evaluación de estado sanitario a profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Se conformó entonces un equipo de trabajo interdisciplinario de más de 70 personas encabezado por el médico Medardo Ávila Vázquez, docente de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital de Clínicas de la UNC. Los especialistas llevaron a cabo un un estudio ecológico exploratorio sobre cáncer y contaminación ambiental que incluyó, por un lado, un estudio epidemiológico sustentado en un relevamiento poblacional con una encuesta dirigida a los habitantes del pueblo. Y, por otro, un análisis ambiental que apuntó a la detección de fuentes de contaminación como basureros, torres de antenas de telefonía móvil, transformadores de energía eléctrica, plantas industriales, acopios de granos, depósitos de pesticidas y de máquinas fumigadoras. También se tomaron muestras de agua, suelo y polvo de granos que fueron analizadas por el Centro de Investigaciones Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.
“Ellos nos vinieron a ver porque intuían que estaban frente a una situación muy grave”, recuerda Ávila Vázquez. Y agrega: “En Monte Maíz pudimos hacer un trabajo profundo porque el intendente, que es médico, y un grupo muy movilizado de vecinos nos abrieron las puertas del pueblo. En otros lugares esto no suele ocurrir”.
Los resultados de la investigación fueron publicados en el International Journal of Clinical Medicine en febrero de 2017. Se trata del primer trabajo de estas características realizado en Argentina que es publicado por una revista científica internacional con referato. Además de Ávila Vázquez, también son autores del artículo Flavia Difilippo, Bryan Mac Lean, Eduardo Maturano y Agustina Etchegoyen.
Mucho glifosato
El análisis ambiental realizado por los investigadores permitió determinar que el desarrollo de este modelo agrícola produjo, con el correr de los años, una relocalización de los productores que se trasladaron del área rural al interior del pueblo, llevando a sus familias, equipos de trabajo, e insumos. Así, los depósitos se multiplicaron en la villa hasta alcanzar los veintidós sitios de almacenamiento de máquinas de fumigar y de pesticidas. Además, se observaron enormes silos de cereales y granos de los que se desprende polvillo de soja y de maíz.
De acuerdo con la información reunida por los científicos, para cultivar semillas de soja y de maíz genéticamente modificadas, se utilizan 10 kg de glifosato por hectárea, por año. Esto significa que 650 tn de ese herbicida son aerolizadas en la zona, lo que implica una carga general de exposición ambiental al glifosato de 79 kg por persona por año.
Los análisis realizados fueron contundentes: se encontró glifosato (y su metabolito AMPA) en todas las muestras de suelo y polvo de granos tomadas en el pueblo. La concentración hallada fue 10 veces más alta que la de otros pesticidas, lo que demuestra que, entre todos los pesticidas que contaminan el ambiente, glifosato es el más relevante.
“Ese cascarilla del grano que sale de los silos se aspira. Es material particulado que vuela y se va depositando sobre los autos, en la ropa que pone la gente a secar en la soga. El viento lo va acumulando contra el cordón de las veredas, de ahí tomamos las muestras. Es impresionante”, dice el investigador con preocupación.
Sorprendentemente, las concentraciones detectadas en el interior del pueblo fueron varias veces más elevadas que las encontradas en los suelos de los campos cultivados. Así, por ejemplo, las muestras obtenidas junto a una plaza de juegos infantiles presentan una concentración de 2297 ppb, unas 68 veces mayor que la obtenida de una muestra de tierra de un campo de maíz resistente a glifosato (41 ppb). La concentraciones más elevadas provienen de las muestras recogidas en la vereda peatonal lindante con un depósito de pesticida (3868 ppb).
“El agroquímico se concentra en los pueblos, porque los pueblos se han convertido en centros de operaciones. Los productores van a los campos y aplican los agrotóxicos cada quince o veinte días dependiendo del momento del año y de la situación del cultivo, pero en la ciudad la máquina va y viene todos los días con los agroquímicos para fumigar distintos lotes. La circulación de los agroquímicos adentro del pueblo, son un elemento de enfermedad”, asegura Ávila Vázquez. Y agrega: “En estos pueblos no se trata solamente de la nube de agrotóxicos fumigados por un avión que el viento lleva sobre el pueblo, sino que aquí tenés el depósito de agrotóxicos al lado de tu casa y al tractor fumigador pasando por tu puerta”.
Por otro lado, tanto el manejo de la basura sólida urbana (que es recogida por un servicio municipal que la deposita en un basural), como el sistema de cloacas (que alcanza a todos los hogares), y la buena calidad del agua que beben, libre de arsénico desde hace 16 años, no constituyen factores de contaminación que puedan influir en las patologías estudiadas. El informe subraya que el glifosato y, en menor medida, otros pesticidas, son el elemento principal de contaminación ambiental de Monte Maíz.
Mucho cáncer
El análisis epidemiológico se basó en información recolectada sobre 4859 personas, lo que representa un 62% del total de la población de Monte Maíz. Los resultados son, a todas luces, alarmantes.
La tasa de incidencia de cáncer fue de 706 casos cada 100 mil habitantes, es decir, un 276% más alta que la de Ciudad de Córdoba (259,4/100.00) y un 317% mayor que la estimada para la Argentina (217/100.000). Asimismo, de acuerdo con el Registro Provincial de Tumores, en Córdoba se presentan unos 9 mil casos nuevos de cáncer por año, lo que implica que en Monte Maíz deberían agregarse 13,9 pacientes cada año, sin embargo, en Monte Maíz, en 2014, se registraron 35 nuevos casos de cáncer.
“Entre los casi 5 mil habitantes que pudimos investigar, había 900 personas que formaban parte de 170 familias vinculadas directamente al campo. Son las familias del operario de la máquina de fumigar, de los peones rurales, de los agrónomos y de los productores. Son las personas que manipulan directamente los agroquímicos y su entorno. Este grupo tiene 3 veces más cáncer que el resto de los vecinos”, detalla Ávila Vázquez.
En cuanto a la estructura de edad de los casos reportados, el trabajo señala que del total de los enfermos de cáncer en Monte Maíz surgidos entre 2010 y 2014, un 22% tenían menos de 44 años. Mientras que en Córdoba, ese valor (entre 2002 y 2009) sólo alcanzó al 11%. “Estos hallazgos son consistentes con las observaciones hechas por los médicos locales en dos caminos: un aumento absoluto de los casos de cáncer y una mayor presencia de pacientes oncológicos más jóvenes que lo habitual”, consigna el informe.
Otro dato inquietante que revela la investigación es que la tasa de mortalidad por cáncer en Monte Maíz es un 299% más elevada que en Ciudad de Córdoba. En efecto, 383/100.000 habitantes para el pueblo agrícola, contra 128/100.000 para la capital de la provincia. Por otro lado, mientras que a nivel nacional el 20% de los decesos se producen por cáncer -igual porcentaje que en Córdoba-, en Monte Maíz las muertes por esa enfermedad alcanzaron un 39% del total en 2013 y un 34% en 2014. Asimismo, el área urbana que contaba con los depósitos de pesticidas más importantes, mostraba una mayor tasa de prevalencia de la enfermedad comparada con las otras áreas del pueblo.
El trabajo concluye que el “vínculo entre glifosato ambiental y cáncer parece consistente con respecto a incidencia, prevalencia y mortalidad. La fuerza de la asociación aparece como importante y más destacada por el hecho que las familias con actividad agrícola tienen un mayor riesgo de cáncer con respecto a las familias no agrícolas del mismo pueblo, probablemente debido a una mayor exposición directa a glifosato”. Aunque también señala con prudencia que la investigación se basa “en un diseño exploratorio y observacional incapaz de hacer afirmaciones causales directas. Investigaciones adicionales son necesarias para revelar la exacta relación entre cáncer y glifosato”.
Muchos abortos, muchas malformaciones congénitas
Posteriormente, el mismo equipo de trabajo se abocó a averiguar el impacto sobre la salud reproductiva que generaba la alta exposición ambiental a los agrotóxicos, en especial el glifosato, en una ciudad agrícola como Monte Maíz. El estudio fue publicado el año pasado en el Journal of Environmental Protection con revisión de pares y rankeado internacionalmente.
En el marco del mismo escenario ambiental y con un estudio epidemiológico sobre la base de una metodología similar al trabajo anterior, los científicos alcanzaron resultados realmente preocupantes.
En concreto, de 981 mujeres encuestadas en edad reproductiva 79 sufrieron abortos espontáneos. Ahora bien, 62 de ellas tuvieron una sola pérdida, 15 tuvieron dos y 2 tuvieron tres episodios, lo que implica que, en total, a lo largo de 5 años, se produjeron 98 abortos espontáneos, sobre 981 nacimientos ocurridos durante el mismo período.
Estos número indican que la tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz llega al 10% y es más de 3 veces superior al promedio nacional (3%) informado por el Ministerio de Salud de la Nación.
También es más alta que la que surge de un relevamiento llevado a cabo en un barrio de Córdoba en 2016 donde la prevalencia de abortos espontáneos fue del 3,7% en 5 años.
El trabajo asegura que “ni la edad materna, ni los hábitos tóxicos ni la pobreza pueden explicar la alta tasa de abortos espontáneos en Monte Maíz”. Y desliza: “Parece haber un vínculo claro entre la exposición a pesticidas, incluido el glifosato, y la pérdida del embarazo”.
Por otro lado, entre la población estudiada, hubo 853 nacimientos a lo largo de 10 años. De ese total, 25 fueron los niños que presentaron anomalías congénitas importantes y estaban vivos en el momento de la investigación. Si se incluyen a aquellos que murieron durante ese período habría que sumar, se calcula, unos 12 casos más. Es decir que la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas en Monte Maíz es de un 3% (si se contabilizan sólo a los niños vivos), mientras que llega al 4,3% si se incluyen los fallecidos.
En todo el país el Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina (RENAC) informó que, en 2014, entre los 281.249 niños nacidos se registró un total de 4.120 anormalidades congénitas estructurales mayores, con una prevalencia del 1,4%. Esto significa que en Monte Maíz la tasa de bebés nacidos con anormalidades congénitas es entre 2 y 3 veces mayor que la nacional.
“Yo hace 30 años que soy neonatólogo y todavía trabajo en una terapia intensiva. He visto por mi propia experiencia como, año tras año, el número de chicos con malformaciones fue aumentando, sobre todo en niños provenientes de familias agrícolas”, relata Ávila Vázquez, y completa: “Es realmente muy impactante cómo los agrotóxicos afectan los mecanismos genéticos. El mismo mecanismo por el cual provocan las mutaciones que van a producir cáncer, cuando afectan a un espermatozoide o un óvulo terminan produciendo malformaciones o abortos”.
Para finalizar, este trabajo vuelve a señalar que “dado que este estudio es exploratorio y el diseño es observacional no puede hacer aseveraciones causales directas. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud colectiva, este vínculo requiere recomendar la aplicación preventiva de medidas para proteger a la población de esta exposición ambiental”.
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Más transgénicos liberado por la agroindustria
Autorizan a una firma a comercializar semillas transgénicas
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
La firma deberá suministrar a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre la utilización de las mismas.
En medio de la polémica por la utilización de semillas transgénicas en la siembra de cultivos, el Ministerio de Producción y Trabajo, mediante la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía autorizó la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de los eventos acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de sus parentales y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente solicitado por la firma Dow Agrosciences Argentina S.R.L.
Según la resolución 20/2019 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la firma deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre el maíz que contenga el evento cuya comercialización se aprueba, “que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización”.
Así, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) determinó respecto del evento de Dow Agrosciences Argentina S.R.L., MON-89Ø34-3 x DAS- Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6 x SYN-IR162-4 x DAS-4Ø278-9 (OCDE), que los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de este OVGM en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, “no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado”.
El mes pasado, desde la Secretaría de Gobierno de Agroindustria firmaron un convenio para desarrollar el cultivo de maíz transgénico, de alta productividad, en Misiones, y en el Nordeste de Corrientes, con el objetivo de producir y exportar más de un millón de toneladas a Brasil.
De esta manera, las organizaciones y entidades que rechazan la medida adoptada por el Gobierno, sostienen que "las semillas transgénicas son parte de un modelo productivo que ataca directamente la biodiversidad, destruye y envenena el suelo, el agua, el aire y como consecuencia pone en riesgo la salud de los animales, de las plantas y de las personas".
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Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: El Intransigente
Provincia/Región: Nacional
La firma deberá suministrar a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre la utilización de las mismas.
En medio de la polémica por la utilización de semillas transgénicas en la siembra de cultivos, el Ministerio de Producción y Trabajo, mediante la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía autorizó la comercialización de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de los eventos acumulados intermedios que surjan de las combinaciones de sus parentales y de toda la progenie derivada de los cruzamientos de estos materiales con cualquier maíz no modificado genéticamente solicitado por la firma Dow Agrosciences Argentina S.R.L.
Según la resolución 20/2019 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la firma deberá suministrar en forma inmediata a la autoridad competente toda nueva información científico-técnica que surja sobre el maíz que contenga el evento cuya comercialización se aprueba, “que pudiera afectar o invalidar las conclusiones científicas en las que se basaron los dictámenes que sirven de antecedente a la presente autorización”.
Así, la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) determinó respecto del evento de Dow Agrosciences Argentina S.R.L., MON-89Ø34-3 x DAS- Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6 x SYN-IR162-4 x DAS-4Ø278-9 (OCDE), que los riesgos de bioseguridad derivados de la liberación de este OVGM en el agroecosistema, en cultivo a gran escala, “no son significativamente diferentes de los inherentes al cultivo de maíz no genéticamente modificado”.
El mes pasado, desde la Secretaría de Gobierno de Agroindustria firmaron un convenio para desarrollar el cultivo de maíz transgénico, de alta productividad, en Misiones, y en el Nordeste de Corrientes, con el objetivo de producir y exportar más de un millón de toneladas a Brasil.
De esta manera, las organizaciones y entidades que rechazan la medida adoptada por el Gobierno, sostienen que "las semillas transgénicas son parte de un modelo productivo que ataca directamente la biodiversidad, destruye y envenena el suelo, el agua, el aire y como consecuencia pone en riesgo la salud de los animales, de las plantas y de las personas".
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Más presión para el litio jujeño
Litio: minera canadiense planea duplicar su operación en Jujuy
Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Jujuy
La compañía minera Lithium Americas anunció que podría acelerar los planes para duplicar el tamaño de su proyecto minero en Argentina ante la creciente demanda de materiales usados en las baterías de vehículos eléctricos.
Lithium Americas está desarrollando la mina Cauchari-Olaroz en la provincia argentina de Jujuy con su socio de riesgo compartido Ganfeng Jiangxi anfeng Lithium Co Ltd., que adquirió el 37,5% del proyecto en octubre.
Ambos socios podrían tomar una decisión sobre un aumento de la capacidad antes de que el proyecto comience su producción en la segunda mitad de 2020, dijo Gabriel Rubacha, presidente de operaciones sudamericanas de Lithium Americas, señala Bloomberg.
Rubacha dijo que la entrada de Ganfeng aceleró el desarrollo del proyecto y las conversaciones sobre posibles expansiones. El directivo añadió que seguía convencido de que el proyecto tiene un mayor potencial y que la decisión de avanzar con la expansión se podría tomar más pronto que tarde.
La producción y el consumo en el mercado de litio están en equilibrio en la actualidad, pero se espera que la demanda del mineral clave para fabricar baterías recargables alcance 1 millón de toneladas para 2025, frente a las 300.000 toneladas en la actualidad, según los productores, entre los que se incluye la principal minera de litio Albemarle Corp.
Por otra parte, los productores establecidos se han enfrentado a contratiempos, como fallos técnicos o el mal tiempo, mientras se apresuraban a expandir las operaciones existentes.
Mercado ajustado
El proyecto de Lithium Americas, de unos u$s425 millones, podría aliviar parte de la rigidez del mercado. Se espera que el nuevo proyecto de litio más avanzado de Argentina alcance una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales a partir de la segunda mitad de 2020.Rubacha dijo que creía en la tendencia de la demanda y que el grupo tenía un coste operativo que hacía que la presencia de la compañía en ese mercado resulte interesante, pese a las fluctuaciones.
Los precios del carbonato de litio producido en América del Sur han caído un 17 por ciento a su nivel más bajo en 18 meses desde un récord de u$s15,750 la tonelada en mayo del año pasado, según Benchmark Mineral Intelligence. El precio sigue siendo más del doble del nivel a finales de 2015.
No obstante, la volatilidad del mercado ha afectado la capacidad de las empresas mineras más pequeñas para encontrar financiamiento para sus proyectos, dijo Mariano Lamothe, subsecretario argentino para desarrollo minero. Lamothe manifestó que la tecnología está madurando y que los grandes jugadores están empezando a llegar al mercado, indica Bloomberg.
El gigante surcoreano Posco compró una participación en un proyecto de litio del Salar del Hombre Muerto en agosto del año pasado, mientras que productor argentino de petróleo Pluspetrol invertirá u$s7 millones en un proyecto del Salar de Arizaro a través de una sociedad conjunta con la canadiense LSC Lithium Corp.
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Fecha de Publicación: 20/03/2019
Fuente: iProfesional
Provincia/Región: Jujuy
La compañía minera Lithium Americas anunció que podría acelerar los planes para duplicar el tamaño de su proyecto minero en Argentina ante la creciente demanda de materiales usados en las baterías de vehículos eléctricos.
Lithium Americas está desarrollando la mina Cauchari-Olaroz en la provincia argentina de Jujuy con su socio de riesgo compartido Ganfeng Jiangxi anfeng Lithium Co Ltd., que adquirió el 37,5% del proyecto en octubre.
Ambos socios podrían tomar una decisión sobre un aumento de la capacidad antes de que el proyecto comience su producción en la segunda mitad de 2020, dijo Gabriel Rubacha, presidente de operaciones sudamericanas de Lithium Americas, señala Bloomberg.
Rubacha dijo que la entrada de Ganfeng aceleró el desarrollo del proyecto y las conversaciones sobre posibles expansiones. El directivo añadió que seguía convencido de que el proyecto tiene un mayor potencial y que la decisión de avanzar con la expansión se podría tomar más pronto que tarde.
La producción y el consumo en el mercado de litio están en equilibrio en la actualidad, pero se espera que la demanda del mineral clave para fabricar baterías recargables alcance 1 millón de toneladas para 2025, frente a las 300.000 toneladas en la actualidad, según los productores, entre los que se incluye la principal minera de litio Albemarle Corp.
Por otra parte, los productores establecidos se han enfrentado a contratiempos, como fallos técnicos o el mal tiempo, mientras se apresuraban a expandir las operaciones existentes.
Mercado ajustado
El proyecto de Lithium Americas, de unos u$s425 millones, podría aliviar parte de la rigidez del mercado. Se espera que el nuevo proyecto de litio más avanzado de Argentina alcance una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales a partir de la segunda mitad de 2020.Rubacha dijo que creía en la tendencia de la demanda y que el grupo tenía un coste operativo que hacía que la presencia de la compañía en ese mercado resulte interesante, pese a las fluctuaciones.
Los precios del carbonato de litio producido en América del Sur han caído un 17 por ciento a su nivel más bajo en 18 meses desde un récord de u$s15,750 la tonelada en mayo del año pasado, según Benchmark Mineral Intelligence. El precio sigue siendo más del doble del nivel a finales de 2015.
No obstante, la volatilidad del mercado ha afectado la capacidad de las empresas mineras más pequeñas para encontrar financiamiento para sus proyectos, dijo Mariano Lamothe, subsecretario argentino para desarrollo minero. Lamothe manifestó que la tecnología está madurando y que los grandes jugadores están empezando a llegar al mercado, indica Bloomberg.
El gigante surcoreano Posco compró una participación en un proyecto de litio del Salar del Hombre Muerto en agosto del año pasado, mientras que productor argentino de petróleo Pluspetrol invertirá u$s7 millones en un proyecto del Salar de Arizaro a través de una sociedad conjunta con la canadiense LSC Lithium Corp.
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