Córdoba: empresas no quieren cumplir con normativa ambiental
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El G-6 pide reabrir la discusión sobre la licencia ambiental
Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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Fecha de Publicación: 18/07/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
“El que se quema con leche ve una vaca y llora”, asegura un viejo y corroborado dicho popular.
Después de la frustrada radicación de una semillera en Malvinas Argentinas y de otros planteos vinculados con el impacto ambiental de actividades, tanto privadas como públicas, los empresarios cordobeses no quieren correr el riesgo de nuevas frustraciones.
Toda la actividad económica –con escasas excepciones– quedó supeditada al cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley provincial 10.208 y de los decretos reglamentarios que regulan la política ambiental en el territorio. Pero el alto estándar de exigencias del conjunto de la normativa genera preocupación por el freno que puede implicar a nuevos proyectos de inversión o, incluso, a algunos ya concretados que, tal como están las cosas, deberían desinvertir.
En el fragor de la crisis de Monsanto, el llamado Grupo de los Seis (G-6), que reúne a las principales organizaciones gremial-empresariales de la industria, el comercio, la construcción y los servicios, alertó sobre el desincentivo para las empresas que implicaba dar marcha atrás con la radicación de la semillera, como finalmente ocurrió.
Ahora, con esa experiencia y con nuevos casos, como el de la planta de Porta Hermanos o la habilitación de loteos, la entidad apunta a tratar de compatibilizar con el sector público un esquema más flexible de aplicación de las regulaciones.
Para ello, el lunes está prevista una reunión de dirigentes del G-6 (dos por entidad miembro) con el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y su equipo de colaboradores en la temática.
El G-6 acuerda en que la ley sancionada en 2014 cumple estándares internacionales. El punto es la necesidad de compatibilizar los propósitos enunciados en la normativa “con la realidad productiva del país”, comentó una fuente con conocimiento del análisis que se efectúa a nivel empresarial.
Un dirigente industrial consultado por La Voz consideró que la aplicación de la normativa es en extremo “delicada” para las fábricas. “No es sencillo cumplimentar cada uno de los requisitos, menos sencillo es atravesar una audiencia pública y finalmente, si el tema se politiza, se convierte en un problema con resultado incierto”, comentó ayer. Los plazos de los llamados “sistemas de gestión ambiental” y las audiencias públicas son dos de los ítems más calientes. En apenas tres a seis meses, el interesado en conseguir licencia para un proyecto debe entregar toda la documentación con los estudios correspondientes para que no caduque el trámite.
En el G-6 existe la convicción de que el cumplimiento de la norma “genera una pérdida de oportunidades para la provincia”, comentaron interlocutores consultados ayer. “Tenemos casos en los que se habla de dejar de invertir para no tener que atravesar por una audiencia pública”, dijo otra fuente. “Es otro costo Córdoba que no está a la vista”, agregó.
Si bien en una primera lectura puede entenderse que los casos más comprometidos son aquellos vinculados con la actividad química, petroquímica, minería, desarrollos forestales o las relacionadas con el uso de acuíferos, otras ramas se encuentran también entre la espada y la pared.
Por caso, los emprendimientos inmobiliarios que se desarrollen sobre superficies mayores a las tres hectáreas deben cumplimentar la norma y atravesar por audiencias públicas.
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