Inés Camillioni, científica especializada en cambio climático: “Estamos a tiempo de evitar el desastre”

Fecha de Publicación: 09/01/2023
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


La doctora Inés Camilloni fue convocada por la Unesco para integrar la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, un organismo dedicado a establecer el diálogo entre ética y ciencia. ¿Es la ingeniería climática uno de los caminos para solucionar el calentamiento global? ¿Cuáles son los límites y cuidados éticos que hay que considerar en su aplicación?
“Estoy muy orgullosa de haber sido elegida para formar parte de este organismo, cargo que representa un verdadero desafío profesional”, afirma Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera, directora de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA – CONICET), autora de reportes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y, desde octubre de 2022, única argentina miembro de la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (Comest). La Comest es un organismo multidisciplinario integrado por dieciocho académicos de distintas áreas (jurídica, cultural, filosófica, política y científica) de diversos lugares del mundo, más once miembros de organizaciones asociadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Naciones Unidas. Este órgano consultivo fue creado en 1998 para responder a los desafíos éticos que plantean los adelantos científicos y para brindar a los tomadores de decisiones criterios que excedan el análisis económico.

-Uno de los temas a abordar es el de la ingeniería climática.
-Sí, es un tema en el que vengo trabajando hace varios años. La geoingeniería es una disciplina que busca alternativas para intervenir la atmósfera a fin de contrarrestar los peores efectos del cambio climático. Hablamos de ética porque es uno de los dilemas que se plantean al modificar el clima a través de la tecnología.

-¿Podés darnos algún ejemplo de otro tema en el que se debatan los principios éticos relacionados con las ciencias?
-La pandemia nos hizo plantear algunas cuestiones. Una de ellas es el análisis de las respuestas dado por la ciencia durante el COVID-19. Además, surgieron temáticas impensadas, por ejemplo, cómo impactó el aislamiento en la actividad científica.
Está demostrado que provocó una importante baja en la productividad de las mujeres, quienes en general se hicieron cargo de los hijos, la escolaridad y el cuidado de los adultos mayores, entre otros quehaceres, mientras que, en el caso de los hombres, las publicaciones aumentaron sustancialmente. Otro debate importante es el referido a qué se debe priorizar. ¿Hay que invertir recursos en la ciencia básica (aquella que investiga sin conocer con exactitud su aplicación) o en la ciencia aplicada para resolver un problema específico? Son planteos válidos que deben analizarse para fijar posiciones. En este caso, creo que si llegamos al desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 es porque hubo una investigación previa de décadas, sin la cual no se habría podido dar una respuesta rápida a la pandemia.

-Mencionaste que la Comest tiene una conformación multidisciplinaria. ¿Este hecho impactó en tu trabajo?
-Sí, porque, al tratarse de un trabajo multidisciplinario, tuve que vincularme con ciertas ciencias sociales, como la ética y la filosofía, y tuve que abordar temas que no me eran frecuentes. Por otra parte, como en el comité somos solo dos científicos del área de las ciencias duras del clima, debí acostumbrarme a utilizar un lenguaje menos específico para explicar las problemáticas científicas.

Geoingeniería, revolución y controversia

Pese a que está científicamente demostrado que, para evitar cambios irreversibles en diversos sistemas del planeta, el calentamiento global no debe superar 1,5 grados centígrados de temperatura respecto del período preindustrial (objetivo principal del Acuerdo de París), las emisiones siguen creciendo. En este contexto, y como respuesta al calentamiento global, se empezó a analizar la posibilidad de intervenir a gran escala el clima terrestre. A esta tecnología se la denomina “geoingeniería” o ingeniería climática.

-¿Cómo surgió la idea?
-Fue sugerida por Paul J. Crutzen (premio Nobel de Química 1995) después de la erupción del volcán Pinatubo de 1991 en Filipinas que liberó a la atmósfera toneladas de dióxido de azufre y pequeñas partículas que alcanzaron los 20 kilómetros de altura. Una de las consecuencias de ese hecho fue la disminución de la temperatura promedio del planeta a alrededor de medio grado centígrado en los meses subsiguientes. Esta experiencia llevó a Crutzen a plantear que quizás se podría replicar de modo artificial un efecto similar al de la erupción volcánica y usarlo como estrategia para enfriar el planeta. A partir de entonces, comenzaron las investigaciones que se aceleraron en los últimos cinco a diez años, como un modo de aliviar el síntoma más evidente del cambio climático, que es el calentamiento global.

-¿Cómo se realiza esta clase de investigaciones?
-En la actualidad, se hacen con modelos y simulaciones con computadoras. Es una estrategia –la única de impacto global– de la geoingeniería, que consiste en incorporar una gran cantidad de partículas en la estratósfera para bajar la temperatura. Ya que los acuerdos no logran plasmarse, y no se implementan medidas que actúen sobre las causas del calentamiento global, la ingeniería climática surge como una herramienta que permitiría aliviar los riesgos y sufrimientos del planeta.

-¿Se trata de una tecnología de fácil acceso?
-Esta tecnología tiene tres características: es potencialmente eficaz, tecnológicamente factible (EE. UU. está diseñando los aviones) y no es cara, porque requeriría un gasto de unos 10.000 millones de dólares anuales que, para el mundo, no es nada. Estas condiciones permitirían que un país o un grupo o una empresa pueda decidir implementarla. Por esta razón y para evitar decisiones unilaterales que puedan generar conflictos, el desarrollo científico debe ir acompañado de la discusión sobre cuál será el sistema de gobernanza global.

-¿Cuáles son los principales riesgos?
-Una cuestión muy importante a tener en cuenta es que bajar la temperatura no significa retroceder al clima de hace medio siglo, ya que más allá del calentamiento global, el dióxido de carbono liberado a la atmósfera permanece, y el hielo derretido es irrecuperable, por mencionar solo dos elementos. Entonces, en realidad, crearemos un clima nuevo que va a generar ganadores y perdedores: algunos lugares se van a sobreenfriar, en otros, habrá exceso de lluvias o sequías; puede haber impactos en los ecosistemas, la producción de alimentos y la salud humana, entre otras consecuencias que debemos investigar.

Conclusiones e interrogante sobre la ingeniería climática

-¿Ya se alcanzó algún tipo de conclusión en los estudios realizados?
-Sí, tenemos resultados, producto de simulaciones con modelos computacionales. En la evaluación de riesgos y la toma de decisiones, hay que generar todos los escenarios y analizar las posibles estrategias para minimizar perjuicios. En Sudamérica, por ejemplo, dado que no logramos bajar las emisiones de dióxido de carbono, podríamos compensar el aumento de temperatura inyectando estos aerosoles en la estratósfera. En algunas regiones, sería factible bajar hasta un grado promedio, y eso impactaría el funcionamiento de un sistema ecológico o el de los cultivos; en otras zonas, las olas de calor serían menos intensas y frecuentes, llovería más; o, en lugares semiáridos o secos, la crisis hídrica se podría profundizar, por mencionar solo algunas consecuencias. Como los riesgos y beneficios no se distribuyen en forma homogénea, es necesario analizar las posibilidades de adaptarse y reducir daños, entre otras medidas.

-¿Cuándo podría estar disponible esta tecnología y cómo se implementaría?
-En cuanto a los tiempos, no creo que se necesiten más de diez años para su realización, y con la velocidad que avanza la tecnología, puede ser antes. EE. UU. está diseñando los aviones, y en la universidad de Harvard, ya realizaron un experimento de lanzamiento de partículas para saber cómo funcionará una sustancia en particular al dispersarse en la estratósfera. Hasta ahora, conocemos lo que ocurre con las erupciones volcánicas que incluyen el azufre, un elemento químico que destruye la capa de ozono, razón por la cual está descartado. Respecto a su implementación, los aerosoles inyectan las partículas, y la misma circulación del aire las distribuye en el planeta. Esto debería repetirse varias veces al día durante años. Algunos riesgos que resultan de la investigación son: ¿Si por algún motivo se terminara el proceso, habría un efecto rebote que dispararía la temperatura? ¿Y cuáles serían las consecuencias si se diera una erupción volcánica que produjera un enfriamiento natural?

Un problema de todos

-Si es una medida global cuyas consecuencias afectarán a todo el planeta, ¿en manos de quién estará su aplicación?
-Se está pensando en un sistema de gobernanza global en el marco de Naciones Unidas o de otro organismo donde se puedan decidir las medidas a tomar. Si bien son los países desarrollados los que tienen recursos y acceso a esta tecnología, no hay dudas de que todos debemos tener voz y voto. En cuanto a mi trabajo, yo empecé a estudiar el tema desde el punto de vista de un país en desarrollo y, hoy, estoy analizando qué efectos e impactos podrían tener en Sudamérica.

- ¿Eso significa que todos los países tendrían el mismo peso en la toma de decisiones?
-Así debería ser si el sistema de gobernanza se establece bajo el marco de Naciones Unidas e, incluso, cualquier decisión debería adoptarse por unanimidad. Creo que es importante dejar en claro que el objetivo no es promover la implementación de la geoingeniería, si no, llegado el momento, poder tomar decisiones informadas sobre la base de conocimientos nacionales. Hay que divulgar estas cuestiones porque, aunque en nuestra Región se habla muy poco, son discusiones que se están dando en los países desarrollados.

-¿Es acertado decir que es una especie de parche, y no una solución de fondo?
-Sí. No debemos perder de vista que estamos atacando el síntoma, y no la causa. Dicho de otro modo, seguimos encaminándonos hacia una situación catastrófica que afecta, sobre todo, a los más vulnerables y a las regiones con menor capacidad de adaptación, que son las que tienen menor responsabilidad en el cambio climático.

Cumbre del Clima

-Entre el 6 y el 18 de noviembre pasados, se realizó en Sharm el-Sheij, Egipto, la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27). ¿Cuál es tu balance?
-Si bien uno es cada vez más escéptico en cuanto a lo que ocurre en la COP, hay cosas positivas a destacar. Una de ellas es que ya no se trata de un grupo de políticos tomando decisiones, porque existen cada vez más voces resonando, como por ejemplo, la de organizaciones no gubernamentales y pueblos originarios. Otra es que se incluyó el debate sobre daños y pérdidas: cómo los países vulnerables están siendo afectados y de qué modo deberían recibir resarcimiento económico. Se creó un mecanismo para discutir la manera de hacerlo. Sin embargo, es claro que quedan muchas cosas por definir, y los tiempos de la Convención son muy lentos.

-¿Hubo algún avance respecto a los compromisos asumidos en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 2 º C (o mejor aún a 1,5 º C) respecto del período preindustrial?
-La verdad es que los países están alineados con un aumento de temperatura muy alejado del Acuerdo, y no existen decisiones contundentes en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ni a las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Las emisiones siguen en aumento, y los planes propuestos no están respaldados con el financiamiento necesario.

-¿Por qué es tan engorroso avanzar?
-Porque hay dos escalas de la discusión: la COP y los países. La Convención tiene el objetivo de actualizar los compromisos de los países para evitar un colapso del sistema climático, pero después depende de que las naciones implementen los acuerdos firmados. Si no lo hacen, todo es inútil. En la actualidad, los países desarrollados están bajando sus emisiones y continúan creciendo. El problema está en los países en desarrollo sin cuya contribución el panorama se complica más todavía.
Pensemos en China e India que son dos de los mayores emisores de CO2 y se comprometieron a ser carbono neutrales recién en 2060 y 2070, respectivamente. Y no nos olvidemos del contexto de la actual guerra en Ucrania, que lleva a buscar combustibles fósiles para palear el aumento de los precios de la energía.

-Aunque las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes, hay una sensación generalizada de que la problemática perdió peso en las agendas políticas.
-Creo que hay falta de credibilidad respecto de las respuestas. Un ejemplo es que Greta Thunberg, la joven ambientalista sueca, este año no se presentó en la COP, probablemente como señal de escepticismo respecto de las discusiones y medidas.

-¿Se trató el tema de la ingeniería climática?
-Sí, yo estuve en un panel para hablar de la ética de la geoingeniería, lo cual muestra que el debate sobre las soluciones tecnológicas está ganando espacio en la discusión del cambio climático. Por este motivo, es fundamental impulsar la difusión del tema, es la única forma de evitar que otros tomen decisiones sin nuestra opinión.

La importancia de la difusión

-Una de tus actividades es la de la divulgación. ¿Es difícil trasmitir estas cuestiones?
-No sé si es difícil, pero, sí, puedo decir que la comunicación es clave. Según mi experiencia, la primera reacción cuando se habla de geoingeniería es siempre de rechazo, y mi rol es intentar combatir los prejuicios. La realidad es que, desde hace décadas, todos sabemos lo que debemos hacer –reemplazar combustibles fósiles y cambiarlos por energías renovables–, pero no lo hacemos. Entonces, en el caso de la ingeniería climática, nuestro objetivo es generar un reporte que discuta la ética con objetividad, entendiendo riesgos y beneficios para tomar decisiones en ese contexto.

-¿Hay forma de despertar mayor conciencia o influir en los tomadores de decisiones?
-Cada vez se le da más importancia a la comunicación, incluso yo, como autora de los reportes, recibí entrenamiento acerca de cómo hacerlo, pero es complejo impactar en las decisiones políticas nacionales que se toman a muy corto plazo. El cambio climático debe ser una política de Estado y, como tal, sostenida con compromisos a largo plazo.

-¿Sos optimista?
-Intento conservar el optimismo porque, de lo contrario, es muy difícil trabajar. La ciencia dice que estamos a tiempo de evitar el desastre, entonces, debemos tratar de persuadir a los tomadores de decisiones. Esto se puede hacer, y es urgente, porque los riesgos de la inacción son muchos. En eso, estamos embarcados todos los que trabajamos en el tema.
.

Este sábado el Parque Federal Campo San Juan abrió sus puertas al público

Fecha de Publicación: 09/01/2023
Fuente: Misiones On Line
Provincia/Región: Misiones


Este sábado se inauguró el Parque Federal Campo San Juan. La nueva Reserva Natural Salvaje de Misiones, ubicada en Santa Ana, tiene mas de 5 mil hectáreas y es la primera que cuenta con administración conjunta entre Nación y la provincia.
Días atrás, Víctor Kreimer, ministro de Ecología de Misiones, señaló que “la gente que quiera conocer el Parque Federal Campo San Juan lo podrá hacer desde el próximo sábado de 8 a 16. El acceso desde la ruta 12 hasta el casco histórico es cerrado, por esto es que los días de lluvia el parque no abrirá para no dañar el camino porque nosotros queremos evitar los impactos ambientales”.
Las obras van a continuar paralelamente a la inauguración, los visitantes por el momento tendrán a disposición servicios básicos como estacionamiento, baños públicos y agua potable pero esto se ampliará a medida que avancen las construcciones.
Kreimer señaló que “el parque es el primero en Argentina, Misiones dio un paso adelante en el país y ahora son muchas las provincias que se encuentran interesadas en este tipo de gestiones”.
“Es una naturaleza distinta, tiene la particularidad de estar en la selva misionera y en los pastizales de la provincia, además en el lugar la flora y fauna es única” resaltó. “Realmente a nivel cultural e histórico el lugar es relevante pero en cuanto a lo ambiental es excepcional también”, finalizó el ministro de Ecología de Misiones.
.

Encontraron un pesticida cancerígeno en la leche de tambos de Villa María

Fecha de Publicación: 07/01/2023
Fuente: cba24n
Provincia/Región: Córdoba


Una investigación detectó atrazina, un herbicida que fue prohibido en Europa por sus efectos tóxicos. Se trata del tercer veneno más usado en Argentina, después del glifosato y el 2,4D.
Una investigación realizada por destacada ingeniera Agrónoma del Conicet, Noelia Urseler detectó un veneno prohibido en Europa en la leche de los tambos de la zona de Villa María, en la provincia de Córdoba.
Se trata de la atrazina, uno de los herbicidas vedados en distintos países por sus efectos tóxicos en la salud. En Argentina es el tercer pesticida más usado después del glifosato y el 2,4D.
Nunca antes se había encontrado dicho veneno en la leche cruda en el país. Por su investigación, la reconocida experta se convirtió en la primera doctora en Ciencias egresada de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).
“El sentido común puede decirnos que (la atrazina) no llega a la leche, porque se aplica en el suelo para limpiar de malezas los cultivos con los que después se cosechará el grano que alimentará a los animales”, contó Urseler, pero eso evidentemente no es así, según reveló su estudio.
El veneno estuvo presente en el 89 por ciento de los 18 tambos analizados. Las concentraciones oscilaron entre entre 2,51 y 20,97 microgramos por litro de leche (μg/L). Dos de los tambos tenían niveles superiores a 20 μg/L, el valor límite fijado para este compuesto por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA), según publica La Voz.
El trabajo de la científica también incluyó el agua subterránea de los 18 tambos. En la mitad de ellos se detectó atrazina. Las concentraciones variaron de 0,07 y 1,40 μg/L. En cuanto a la aptitud para el consumo humano, el 44,4 por ciento de las muestras de agua superaban el límite de la Unión Europea (0,1 μg/L) para plaguicidas individuales en el agua potable.

Qué es el veneno hallado y cómo afecta la salud
La atrazina es un agrotóxico que se aplica para controlar malezas en maíz y sorgo, dos cultivos con los que luego se alimenta a las vacas lecheras. Se aplica antes de la siembra y cuando el maíz tiene hasta 20 centímetros.
Es un compuesto persistente en el ambiente y tiene un tiempo de vida media alto, tanto en suelo como en agua. En Europa detectaron atrazina varios años después de que se prohibiera.
“También es muy móvil y puede llegar hasta aguas subterráneas a través de escorrentías. Y es un compuesto que tiende a quedarse adherido a los tejidos grasos, por eso pensamos que podíamos detectarlo en la leche que tiene un contenido graso importante”, explicó Urseler.
El pesticida puede causar problemas endócrinos (a nivel hormonal), generar cáncer y malformaciones en niños, según el Departamento de Toxicología de los Estados Unidos.
En Argentina, un lugar donde las autoridades nacionales, provinciales y municipales fomentan la producción de agrotóxicos -como pasó con la frustrada instalación de Monsanto en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas- la atrazina no está regulada en las normativas de agua y suelo.
La investigadora dijo que “no hay que tener miedo pero sí comenzar a ocuparse del problema”, ya que, según explicó, aún los riesgos para la salud de la población que consume el agua o la leche cruda son bajos.

Recomendaciones para evitar que el veneno cause daños en la salud
La principal es, por el momento y hasta que el Estado argentino tome cartas en el asunto, hervir la leche cruda antes de consumirla y buscar agua a mayor profundidad, porque está menos contaminada.
La otra sugerencia es, por supuesto, dejar de utilizar agrotóxicos prohibidos por su nivel cancerígeno y reemplazar la atrazina por otras prácticas más sustentables o por otros herbicidas que no conlleven semejantes efectos en la salud.
En Europa se está usando la terbutilazina como reemplazo porque impacta menos en los recursos hídricos. “Hubo buena predisposición de los productores y conocen el problema de los agroquímicos pero también argumentan los costos económicos”, indicó Urseler.
.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires financiará proyectos de manejo y conservación de bosques nativos

Fecha de Publicación: 07/01/2023
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


Destinará parte de su presupuesto para cumplir con la ley nacional de bosques; es la primera vez que lo hace desde su sanción hace 15 años
El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de la convocatoria para ayudar a conservar los bosques nativos. Según el anuncio, los titulares de bosques nativos, a través de un profesional habilitado, podrán solicitar fondos para formular los llamados “proyectos de formulación”. Esta herramienta les permitiría desarrollar los planes de manejo y conservación durante el plazo de un año.
El financiamiento se dirige a quienes cuenten con un predio que se encuentre incorporado en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), una norma que zonifica territorialmente a los bosques nativos existentes en cada jurisdicción según las tres categorías de conservación: roja, amarilla y verde. Aquellos podrán participar hasta el 1° de marzo a través del formulario disponible en la página web del Ministerio. En la formulación deberán describir sus bosques, la historia de uso y si se realizan actividades productivas.
“La idea es que puedan presentarse con el fin de solicitar el financiamiento para la contratación de un profesional idóneo y para la escritura de un plan de manejo o conservación. Los fondos recibidos serían para que en el plazo de un año el propietario presente el plan. Una vez aprobado, deberán presentarse en futuras convocatorias para solicitar los fondos que les permitan su concreción”, explicaron desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires a LA NACION.

¿Cómo funciona?
Los proyectos de formulación son los documentos que sintetizan la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, de las medidas específicas para elaborar un plan de manejo, uno de conservación o uno de manejo y conservación. El primero tiene como objetivo asegurar que el bosque no sea sustituido y que las intervenciones sean lo suficientemente moderadas para que siga manteniendo, como mínimo, los atributos de conservación. Por su parte, el segundo, deberá garantizar el mantenimiento o incremento de dichos atributos.
Mientras que los planes de manejo pueden ser presentados por titulares de bosques que se encuentren dentro de las superficies clasificadas en las categorías de conservación amarilla o verde, los planes de conservación pueden desarrollarse en bosques clasificados en cualquiera de las tres categorías. Y, por último, los planes de manejo y conservación, en establecimientos que presenten más de una.
Este anuncio se da en el marco de la ley 26.331 sancionada en 2007, también conocida como ley de bosques. Dicha normativa establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Además, incluye un mecanismo para compensar económicamente a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos.
“El presupuesto es el 70% de los fondos de la ley de bosques. En principio, no hay un límite establecido para el financiamiento de los proyectos. La distribución del fondo es en función de la superficie del bosque y la categoría de conservación”, aclararon desde el Ministerio.
.

Naciones Unidas denuncia el accionar de Barrick Gold en San Juan y señala la complicidad de los gobiernos

Fecha de Publicación: 06/01/2023
Fuente: Agencia Tierra Viva
Provincia/Región: San Juan


Tres expertos independientes, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, elaboraron un informe contundente sobre la contaminación y la violación de leyes de Barrick Gold en su mina Veladero de San Juan. Derrames, agua con cianuro y mercurio, silencio mediático e inacción de gobiernos y jueces. Y una población que dice no a la megaminería.
"Los derrames y la falta de acción oportuna de parte del Gobierno y de la empresa están poniendo en grave peligro a las comunidades y el medio ambiente", afirmaron tres relatores especiales de Naciones Unidas en un escrito de diez carillas repleto de cuestionamientos y advertencias por el accionar de Barrick Gold en su mina Veladero en San Juan. Con al menos cinco derrames en los últimos ocho años, desde la ONU alertan: "Expresamos nuestra grave preocupación por la afectación sobre los derechos humanos ocasionada por derrames de cianuro, arsénico, mercurio y otras sustancias peligrosas de la mina Veladero".
Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para temas específicos. Es la primera vez que tres relatores especiales de Naciones Unidas se expiden, y de forma crítica, sobre un megaproyecto minero Argentino. "El agua que las comunidades rurales utilizan para la irrigación de cultivos ha sido contaminada por mercurio y otros metales pesados. Las comunidades no saben con certeza si el agua que beben está contaminada, porque ni la compañía ni el Gobierno han informado sobre medidas de recomposición ambiental tras los derrames", denuncia la carta firmada por Marcos Orellana (Relator Especial sobre las implicaciones para los Derechos Humanos de la gestión de sustancias peligrosos), Fernanda Hopenhaym (Relatora del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales) y David Boyd (Relator Especial sobre obligaciones de Derechos Humanos relacionadas con un ambiente sin riesgos).
La denuncia recae sobre la mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold en sociedad con la empresa china Shandong Gold Mining. Y los cuestionamientos son también para los gobiernos de Argentina y de San Juan. "Nos preocupa especialmente que estos derrames afecten severamente al derecho a la vida, al derecho al más alto nivel posible de salud, al derecho a la alimentación, al derecho de acceso a la información, al derecho a la justicia ambiental, al derecho al agua potable, y a condiciones de trabajo seguras, y al derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible y libre de sustancias tóxicas", alertan los especialistas de Naciones Unidas. Y recuerdan que los derrames de sustancias peligrosas requieren de respuestas "basadas en derechos humanos, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas y de reparación integrales por parte del Estado y la empresa, así como medidas de prevención y garantías de no repetición".

Megaminería en San Juan: una historia contaminante
El 12 de septiembre de 2015 trabajadores de la mina Veladero avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold dijo que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río. Se trató del mayor derrame de la historia minera argentina.
En diciembre de ese año un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).
En abril de 2016 una pericia del Ministerio de Ambiente de la Nación (que consta en el expediente judicial) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012. Se repitió el mecanismo de silenciamiento: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población.
En mayo pasado, la Asamblea Jáchal No Se Toca denunció un nuevo derrame. Análisis realizados por la Universidad Nacional de Cuyo determinaron la presencia de mercurio, aluminio y manganeso en el agua del río Jáchal, en cantidades muy por encima de los indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino para consumo humano. La Asamblea afirmó que la concentración es mayor a la registrada en el derrame de 2015. Los niveles de arsénico superaban 33 veces los establecidos por la OMS, los de plomo 16 veces y los de aluminio 485 veces.

Barrick Gold y la violación de leyes
El último derrame, de 2022, motivó la intervención de los Relatores de la ONU. El escrito, de diez páginas, hace un detallado análisis de los antecedentes de la mina Veladero: recuerda que en 2021 produjo 172.000 onzas de oro, con ingresos de 382 millones de dólares, y que declaró tener reservas de tres millones de onzas de oro por explotar. La mina se encuentra a 370 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan, en el departamento de Iglesia, en plena Cordillera de los Andes (entre los 3800 y los 4800 metros sobre el nivel del mar). Las comunidades más afectadas son Rodeo y Jáchal, con 2393 y 21.018 habitantes respectivamente, que se sitúan aguas abajo de la mina, a lo largo del río Jáchal.
En un hecho con pocos antecedentes, los expertos de la ONU recuerdan que Veladero está situado en la Reserva de Biósfera San Guillermo, creada bajo el paraguas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde sólo están permitidas actividades de bajo impacto ambiental. "Sin embargo, las actividades industriales de una mina de oro a gran escala no son de bajo impacto, y los varios derrames de sustancias peligrosas de la mina Veladero alteran el equilibrio de los ecosistemas en la Reserva", remarcan los Relatores de Naciones Unidas.
El documento cuestiona tanto a la empresa (que niega los derrames, como lo hizo en 2015), como al gobierno provincial y nacional (por su inacción) y también al Poder Judicial: recuerda que los vecinos realizaron dos denuncias por la detección de mercurio en la red de distribución domiciliaria de agua y por el abuso de autoridad del Concejo Deliberante de Jáchal. "Las causas terminaron archivadas", cuestionan desde la ONU.
Destacan la sistemática violación de leyes. "Según el Código de Minería de Argentina, si una empresa comete tres infracciones graves en una mina, debe proceder al cierre definitivo de esas operaciones (Artículo 264, inciso "E")", recuerda el documento de Naciones Unidas y remarca que Veladero ya lleva cinco derrames. Y precisa que Veladero también infringió la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley de Residuos Peligrosos ( 24.501).
Realiza especial hincapié en el Convenio de Minamata sobre mercurio (ratificado por Argentina en 2017 mediante la Ley 27.356). Es un tratado internacional ambiental y lleva su nombre en conmemoración a los graves hechos ocurridos en la ciudad de Minamata (Japón). A mediados del siglo XX una empresa petroquímica volcó efluentes líquidos con mercurio al mar sin tratamiento previo. Durante ese periodo la población entera de la ciudad se alimentó con pescados y mariscos contaminados, lo que provocó una intoxicación masiva de más de 50.000 personas. En 1956 se detectó el primer caso oficial de la enfermedad que se llamó “Minamata”.
Según el Convenio internacional (en sus artículos 12, 16 y 18) el Estado argentino debe tomar medidas concretas de evaluación de riesgos, información y protección de la población. Nada de eso está sucediendo en San Juan con el mercurio encontrado en el agua.
"El gobierno nacional no habría realizado evaluaciones e identificaciones de la cuenca del río Jáchal contaminado con mercurio, a pesar de que el río se usa para la pesca, para la bebida del ganado y para el riego de cultivos. Además, la cuenca subterránea del río Jáchal se usa para consumo humano. Después de los derrames, el gobierno de San Juan no ha promovido la elaboración y la ejecución de estrategias y programas que sirvan para identificar y proteger a las poblaciones en situación de riesgo", denuncian los tres Relatores Especiales.
El documento fue enviado a los gobiernos de Argentina, Canadá y China, y a las empresas Barrick Gold y Shandong Gold Mining.

"No queremos ser otro Minamata"
Ante la gravedad de los hechos, y la poca repercusión mediática, las organizaciones internacionales Mining Watch Canadá y Earthworks —junto con la Asamblea Jáchal No Se Toca— convocaron a una conferencia de prensa en diciembre pasado. "No queremos ser otro Minamata. No queremos que nuestros niños sufran los efectos terribles del mercurio", reclamó Saúl Zeballos, de la Asamblea de Jáchal. Recordó que el agua contaminada con mercurio llega, sin dudas, a la ganadería y al agro de la región.
Jan Morrill, coordinadora de Campaña de Relaves de la organización Earthworks, afirmó que es una política de Barrick Gold negar los impactos que produce y no proveer información sobre su accionar. "Hay muchas similitudes, por ejemplo, con su actuación en República Dominicana, donde también contaminó el agua del lugar y obligó a que la población reciba agua embotellada", precisó. Y marcó una contradicción de la empresa, que al mismo tiempo muestra una reiterada práctica corporativa: "La compañía pidió que no se difunda la carta de los Relatores con la denuncia. Es muy curioso porque, justamente, uno de los pedidos a la empresa es la transparencia y que la población pueda acceder a la información. Y Barrick intenta silenciar a los Relatores".
También destacó una particularidad de la empresa en Argentina: "No habíamos visto que una mina esté dentro de una Reserva de Biósfera y dentro de zona periglaciar, zonas donde no debiera haber megaminería. Nos impacta que Barrick Gold imponga sus operaciones aún en zonas protegidas".
Viviana Herrera, coordinadora del Programa de Latinoamérica de la organización MiningWatch, señaló que la carta de los Relatores tuvo impacto en Estados Unidos y Canadá, pero llamó la atención sobre el "cerco mediático" que existe en Argentina respecto a los impactos de las empresas mineras. Citó como ejemplo, además de Barrick en San Juan, lo que realiza Pan American Silver en Chubut, con su proyecto Navidad y los continuos intentos de modificar leyes y desoír los reclamos de las comunidades locales. "Es bastante único el caso argentino respecto al silencio mediático, nos preocupa porque esta información debiera llegar a la población argentina para que se conozca lo que producen estas empresas", señaló.
Destacó que los impactos ambientales y sanitarios de las mineras "son cada vez mayores" y afirmó que las consecuencias se puede agravar si en San Juan avanza el proyecto Josemaría, de la minera canadiense Lundin. Recordó que el 60 por ciento de las mineras del mundo están en Canadá (de un total estimado en 1400 empresas) porque el país les asegura impunidad ante la violación de derechos humanos y de contaminación en otros países.
.

Ya está operativo el helicóptero de gran porte para el combate de incendios en la Patagonia

Fecha de Publicación: 06/01/2023
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


La aeronave canadiense, con capacidad de arrojar 10.000 litros de agua, aterrizó en el país y hace base en Bariloche para operar durante la temporada estival 2023.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, cuenta con un helicóptero de gran porte que llegó desde Canadá y mantendrá su base en el aeropuerto de Bariloche para colaborar en la Patagonia con el combate de focos ígneos durante la temporada estival.
De esta manera, la aeronave ya está disponible para operar en la lucha contra incendios forestales que puedan producirse en el verano junto al resto de medios aéreos dispuestos por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
Cabe destacar que el helicóptero Boeing CH47-D “Chinook” prestó servicio en operativos de lucha contra incendios forestales en países de la región como Bolivia y Chile. Este medio aéreo puede arrojar cerca de 10.000 litros de agua, por lo que representa el helicóptero con mayor capacidad de lanzamiento de agua del mundo.
La articulación se concretó a partir de la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Ambiente nacional y la Corporación Comercial Canadiense como marco para la cooperación y contrataciones gobierno a gobierno. Asimismo, la aeronave cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para la prestación de este servicio en el país, lo que otorga el ámbito de seguridad correspondiente.
El servicio se provee con pilotos, mecánicos y personal especializado para el combate de fuego. El plazo previsto de operación es de 120 días durante la temporada de verano de 2023.
Estuvieron presentes en el aeropuerto el director del SNMF, Alberto Seufferheld y la coordinadora de la Regional Patagonia, Carolina Juárez.
.

El 40% de la superficie continental argentina se encuentra bajo condiciones de desertificación

Fecha de Publicación: 05/01/2023
Fuente: El Economista
Provincia/Región: Nacional


La Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre el Programa de Acción Nacional para evitar la degradación de los suelos
Un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el Programa de Acción Nacional (PAN) contra la desertificación señaló el "escaso cumplimiento" de las gestiones de cuidado del medio ambiente.
El proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, en esta oportunidad, el eje principal de análisis fueron las medidas tomadas para cumplir con los objetivos de conservar los servicios ecosistémicos y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, conforme a la meta 15.3 de la Agenda 2030.
De acuerdo a la auditoría, se encontraron "graves falencias" para implementar el PAN y el manejo sustentable de la tierra.  
El país asumió compromisos internacionales en la lucha contra la desertificación, entre ellos, el de generar información sobre el estado de degradación de las tierras en diversas escalas y el monitoreo de la sequía pero, según el informe, no están siendo acompañados con las adecuaciones normativas, institucionales ni presupuestarias necesarias para su cumplimiento.
El programa consta de cinco áreas: educación y concientización; definición de recursos financieros; marco de políticas y articulación institucional; ciencia, tecnología y conocimientos y fortalecimiento de capacidades para la implementación en el territorio. Desde junio de 2016 hasta diciembre de 2020, fueron analizados los últimos tres ejes.

Falta de recursos, económicos y humanos
El primero de los aspectos auditados fue el grado de avance obtenido en la adecuación del marco legal e institucional, conforme al componente 2 del PAN (Marco de políticas y articulación institucional). El informe detalla que en este período la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales (SPARN) "no impulsó nueva normativa sobre suelos y desertificación". Se esperaba que lo hiciera, principalmente, para la definición de presupuestos mínimos para estos fines ya que la carencia de una ley en este sentido significa una falta grave.
Con respecto al marco institucional, la AGN definió que la gestión tiene presupuesto y recursos humanos insuficientes para la efectiva implementación del programa.
Es importante resaltar que el efecto que causa en el ambiente el aumento de la desertificación, la sequía y la degradación de la tierra trasciende las zonas directamente afectadas. La lucha contra la desertificación proporciona múltiples beneficios a escala local, nacional y mundial: contribuye a mitigar la pérdida de la biodiversidad, combate el cambio climático global y mejora la calidad de vida de la población favoreciendo la seguridad alimentaria.
Es por esto que el segundo de los aspectos auditados fue la implementación y seguimiento de un sistema nacional de monitoreo y evaluación de la desertificación, degradación de tierras, sequía y neutralidad de degradación de la tierra. Dentro de este eje, se constató la expansión de los sitios piloto, que se utilizan para observación, aunque no todos funcionan de manera integral.
Algunos, denominados "adherentes", no realizan la totalidad de las actividades de monitoreo "debido a la falta de fondos y recursos humanos especializados para realizar sus tareas."
El informe también detalla que la medición de indicadores no pudo ser con la frecuencia correcta debido a la falta de financiamiento, y que tampoco existió el presupuesto necesario para la renovación de insumos y análisis de muestras de suelo y agua en la mayoría de los sitios piloto.

Los efectos de la pandemia
Entre los factores ajenos al programa, la situación del ASPO por Covid-19 obligó a detener actividades planificadas, en detrimento del correcto desarrollo del programa.
Por otra parte, al examinar la eficacia y efectividad en la implementación de medidas de adaptación en agroecosistemas productivos, tal como dictamina el componente 4 del PAN, la AGN definió que las intervenciones realizadas no son representativas de las necesidades y problemáticas de las ecorregiones, y esto se debe a que, ante la ausencia de financiamiento propio, el Ministerio define sus acciones de acuerdo a la disponibilidad de fondos de subvención internacional. No se tienen en cuenta, de esta forma, las prioridades surgidas del sistema de diagnóstico, de la información producida por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación ni de los requerimientos de las ecorregiones.

Un problema que avanza
Si bien hace tiempo que Argentina requiere instalar en su agenda la necesidad de contar con un marco normativo que ordene ambientalmente el territorio, propicie las buenas prácticas agronómicas y recupere los suelos degradados, la auditoría expone que los objetivos pautados para estos fines no están siendo llevados a cabo.
El PAN adquiere trascendencia y prioridad dado que el 30% de la población del país habita tierras secas o zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y genera aproximadamente el 50% del PIB derivado de la actividad agropecuaria. La desertificación avanza a razón de 650.000 hectáreas por año generando importantes pérdidas económicas y sociales, ya que las tierras secas con procesos de desertificación aportan cerca del 40% de la producción agrícola y el 47% de la ganadera.
La ausencia de un marco jurídico adecuado hace que la resolución de los problemas que se generan se vea cada vez más lejana.
.

Probaron los laboratorios ambientales para la cuenca del Riachuelo

Fecha de Publicación: 05/01/2023
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo


Los equipos fueron desarrollados por empresas nacionales.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) realizó una prueba piloto donde se pusieron en marcha y se verificaron en funcionamiento los laboratorios ambientales, automáticos y móviles desarrollados, con la iniciativa del organismo, por tres empresas electrónicas nacionales, conjuntamente con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), el Centro Tecnológico Metalúrgico (Cetem) y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).
Los sistemas, que fueron probados en la empresa Los Huarpes SRL, dentro del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown en Burzaco, están compuestos por un tráiler, equipos y software que sirven para monitorear de forma automática los efluentes que generan las industrias en sus procesos productivos.
El presidente de la Acumar, Martín ­Sabbatella, resaltó: “Con tecnología 100% nacional, este desarrollo representa una gran oportunidad para consolidar el control industrial, tan importante para el saneamiento de la cuenca. El monitoreo de los efluentes productivos cumple un rol clave y transversal a todas las acciones realizadas por el organismo para lograr los objetivos del Plan Integral de Saneamiento Ambiental”.
.

Los humedales mendocinos están cada vez más cerca de secarse

Fecha de Publicación: 04/01/2023
Fuente: Diario El Sol
Provincia/Región: Mendoza


La necesidad del agua para Mendoza no es ningún secreto. El clima árido, predominante en casi todo el territorio provincial, hace que el escaso recurso hídrico disponible sea vital para el desarrollo de la actividad humana.
En toda la geografía mendocina existen reservorios de agua dulce, pero están en riesgo debido al cambio climático y al mal uso del recurso por el alto consumo en las zonas residenciales.
Si bien aún no hay un número exacto de la cantidad de humedales que existen en Mendoza, sí se sabe que la mayoría se encuentra en la zona cordillerana, la zona sur y algunos sectores del norte provincial.
Se considera humedal a los ambientes que presentan distintas condiciones de inundación del suelo, ya sea saturado o con diferentes niveles de fluctuación. El agua es el elemento que controla el sistema y define sus características.
La forma en la que se presentan es muy diversa, ya que pueden incluir vegas, bañados, bosques fluviales, esteros, pastizales, lagunas, salares, entre otros.
En Mendoza, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores del país, los humedales no son de grandes extensiones, ni albergan cantidades exageradas de agua.
Dentro de la amplia clasificación que existen de este tipo de ecosistemas, en la Provincia predominan dos: las llamadas Vegas Alto-Andinas ( en la zona cordillerana) y las lagunas y bañados (en las zonas bajas).
Las vegas son sectores de pequeños valles con tierras muy fértiles que suelen ser atravesados por ríos o arroyos con una alta saturación de agua y son considerados “selvas de montaña“.
Por otro lado, los bañados son terrenos llanos muy húmedos que se ubican en sectores cercanos a desembocaduras de ríos y son fácilmente inundables.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Humedales de Argentina, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en conjunto con especialistas de todo el país, los humedales de Mendoza se distribuyen entre la Región de Humedales del Monte Central, la cual pertenece en su totalidad al dominio de las tierras secas y representa 20,34% del total nacional, y a la Subregión de Humedales Altoandinos, que contiene apenas 0,4%.
De éstos, hay tres humedales que se encuentra protegidos por leyes internacionales que son: la Laguna de Llancanelo en Malargüe, Lagunas y Ciénagas de Guanacache en Lavalle y la Reserva Natural de Villavicencio en Las Heras.

Situación crítica
Clara Rubio es geógrafa, doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la UNCuyo, Investigadora de conicet, entre otros cargos, manifestó que la situación en Mendoza es realmente preocupante.
“Las características de la provincia hacen que la demanda hídrica sea mayor a la oferta, esto se ha agudizado en los últimos años debido a la escasez de nevadas que se producen en la cordillera, estresando a toda la cadena, llevando a los humedales a una situación delicada”.
Todos los humedales de la provincia están en grave riesgo de secarse, aunque los factores difieren dependiendo de la región.
“Los humedales de tierras bajas están siendo severamente afectados principalmente por el exceso de uso de agua por los oasis agroindustriales y el avance del uso del suelo residencial. A esto se le suma un notorio proceso de sequía provocado por los cambios climáticos”, señaló Rubio.
Por otra parte, los humedales de la alta montaña son principalmente afectados por el cambio climático. La escasez nívea produce un estrés hídrico en estos humedales, ya que los arroyos y vertientes que regaban la zona están desapareciendo.
En el mismo sentido, Sebastián Melchor, director de Recursos Renovables, de la Secretaría de Ambiente de Mendoza, aseguró que “el cambio climático golpeó con dureza la disponibilidad de agua en estos sectores”.
“Cada vez hay menos precipitaciones níveas en la cordillera, lo que produce menor caudal en los ríos y menos agua en toda la cadena. Estos ecosistemas se nutren del agua del final de la cadena de utilización del agua. A menor cantidad de agua disponible, menos es la que llega a estos sectores.
“Los ciudadanos utilizan el agua como si la crisis hídrica no existiera o fuera un mito. La dura realidad es que no solamente existe, está acá y los pronósticos para el futuro no son nada alentadores” señaló el funcionario.
Por su parte, Rubio aportó que “es importante entender que la responsabilidad de mantener este tipo de ecosistemas con vida es de todos nosotros, porque de ellos no solamente viven animales y plantas, sino que muchas personas se nutren de las aguas de estos lugares”.

Deuda pendiente
Uno de los humedales protegidos por la legislación internacional es el sistema de Lagunas y Ciénagas de Guanacache en el departamento de Lavalle, al que pertenece la conocida Laguna del Rosario.
Este sistema se alimenta principalmente de los afluentes del Río Mendoza, pero las aguas dejaron de llegar después de la creación del dique Potrerillos.
Esto ocurre a pesar de que en el estudio de impacto ambiental de la obra se obliga a cumplir con un caudal mínimo para aquel sector del norte provincial, algo que nunca ocurrió en la práctica y que llevó a que la laguna se seque completamente.
Esto produjo no sólo un desastre ambiental para las especies de flora y fauna de la región, sino también para los pobladores del lugar.

Combo para mejorar
Rubio asegura que hay que realizar varias tareas en simultáneo para poder avanzar en la protección de los humedales.
“Un plan de ordenamiento territorial adecuado para no explotar por demás el recurso hídrico en algunos sectores, evitar la filtración de agua en los canales de riego y un uso responsable por parte de los ciudadanos sumado a alguna ayuda que nos del factor climático podría mejorar considerablemente la realidad de estos sectores“, señaló la investigadora.
Por su parte, Melchor aseguró que “hay que avanzar sobre el mal uso del agua por parte de la gente, colocar medidores en los hogares, no baldear las veredas en horas no autorizadas, no llenar piletas con agua potable, utilizar una mochila en el baño con dos botones distintos son pequeñas acciones que ayudan a mejorar la disponibilidad de agua para aquellos sectores.

Leyes en suspenso
En el Congreso existe un proyecto de Ley para proteger a los humedales, pero entre las distintas fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo para darle tratamiento en la casa de las leyes.
Por otro lado, en Mendoza también se presentó un proyecto para que la provincia tenga su propia ley de humedales. Este proyecto fue presentado por el ex legislador del Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, y que ya tuvo tratamiento en la comisión de ambiente pero aún no ha sido despachado hacia el recinto.
.

Entre Ríos tendrá que informar quiénes son los dueños de las tierras del Delta

Fecha de Publicación: 04/01/2023
Fuente: portal r2820.com
Provincia/Región: Entre Ríos


El 2 de febrero, el Gobierno deberá presentar un detallado informe sobre quiénes poseen lotes en el Delta entrerriano, desde Paraná hasta Ibicuy, pasando por Gualeguaychú.
 El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó parcialmente un fallo de primera instancia que dictó en noviembre último la Cámara en lo Contencioso Administrativo que obligó al Estado a brindar a un particular información sobre quiénes son los dueños de los lotes de tierra en el Delta.
El humedal que ha quedado en el ojo de la tormenta estos últimos dos años a raíz de los continuos incendios y la afectación medioambiental que esa práctica ha producido.
El militante ambientalista del Foro Ecologista, Daniel Verzeñassi, acudió a la Justicia con un recurso de amparo ante lo que consideró «la omisión arbitraria y manifiesta por parte de los funcionarios a cargo del Departamento Ejecutivo del Gobierno de Entre Ríos de brindar una respuesta a la solicitud de acceso a información pública ambiental referida a los datos catastrales de la totalidad de los terrenos de las islas del Delta del Paraná en territorio provincial, el que ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas de Ibicuy».
En el marco de la causa "Verzeñassi, Sergio Daniel contra el Estado provincial sobre una acción de amparo ambiental", el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad parcial de la sentencia dictada por la vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Adriana Beatriz Acevedo, el 28 de noviembre pasado, únicamente en lo referido a la aplicación de astreintes.
Asimismo, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Estado provincial, confirmándose en lo esencial el fallo revisado. La resolución fue adoptada por mayoría.
De ese modo, el STJ confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y rechazó la apelación de Fiscalía de Estado, la que quedó condenada a presentar, el 2 de febrero próximo, un detallado informe sobre quiénes poseen lotes en el Delta entrerriano.
.

Otro año sin Ley de Humedales: algunos diputados explican, otros callan

Fecha de Publicación: 03/01/2023
Fuente: Portal rosarioplus.com
Provincia/Región: Nacional


A pesar del clamor popular y del intenso debate hasta por fin lograr un dictamen -el más permisivo, pero al menos uno- el Congreso de la Nación volvió a dejar en espera una legislación urgente para preservar esos ecosistemas, controlar y sancionar a quienes atenten en ese sentido.
En noviembre de este año se consiguió que el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura elevara al Recinto un proyecto de Ley de Humedales, el de Juntos por el Cambio con dictamen por mayoría. Sin embargo no hubo tratamiento de éste en las últimas sesiones del año en Diputados, ya que se requiere del acuerdo político de todos los sectores, algo que a las vistas no se consiguió. La buena noticia es que el dictamen favorable permite su tratamiento hasta diciembre de 2023, por lo que si bien este no fue el año de su concreción, no perdió estado parlamentario como ocurrió el año pasado.
El año legislativo ya tuvo su fin el pasado jueves en la última sesión, y habrá que esperar las voluntades de toda la Cámara para que la Ley de Humedales sea tratada en el marco un año electoral que avisora muchas dudas en torno a una decisión política positiva para que finalmente se generen los presupuestos mínimos a nivel nacional para promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración de estos ecosistemas, y poner fin a la disgregación de políticas y normativa que existen en las diversas provincias, un reclamo social que ya cumple una década (ver apartado).
Incólumes y estoicos, los activistas de un conjunto de organizaciones sociales nucleadas en la Multisectorial persisten con la campaña “Arden los humedales” en las redes sociales exigiendo el tratamiento de la ley con el hashtag #LeyDeHumedalesYA para pedir que Diputados atienda el proyecto de ley consensuado por cientos de organizaciones, especialistas y científicos, el cual también había tenido dictamen favorable pero espera con paciencia, por haber salido por minoría.
La diputada por Santa Fe Ximena García es una de los dos impulsores del proyecto que resultó mayoritario, desde Juntos por el Cambio. Este medio quiso contactarla para conocer su visión sobre por qué este año no pudo ser debatido finalmente, pero no hubo respuestas de la legisladora.
Los diputados por Santa Fe Eduardo Toniolli (FPV) y Enrique Estévez (PS) fueron consultados por Rosarioplus.com en torno a las causas por las que naufragó un año más el avance de esta ley. “No hay en el país una planificación para cumplir con los compromisos internacionales que suscribió, y uno de ellos es el cuidado de los humedales como ecosistemas fundamentales para frenar el cambio climático y evitar alguna de sus consecuencias como las grandes inundaciones y sequías”, reflexionó el socialista, quien aseveró luego: “Tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hay diversas miradas, pero en ambos bloques existe la mirada negativa a tener una Ley de Humedales. Este año no tenemos la ley porque eso se suma a la falta de impulso por parte del Ejecutivo”.
El diputado Toniolli por su parte esbozó que “finalmente no fue al Recinto porque algunos de los que firmaron por mayoría lo hicieron con el único objetivo de bloquear la llegada del dictamen de minoría que veníamos impulsando todos los diputados y las organizaciones que acompañamos el proyecto de ley consensuado en 2021. Hubo diputados incluso de nuestro bloque que no votaron por nuestro proyecto porque gobernadores del norte se opusieron al avance de este proyecto, con razones infundadas”.
Consultados ambos en torno a la posibilidad de fumata blanca en el avance de la ley para 2023, cada cual avizoró su mirada sin descartar un cauce. “El año próximo será electoral, y el tema humedales, en 2021 fue utilizado en las campañas electorales con promesas. Esperamos que se genere un consenso más amplio en el Congreso, y que el Ejecutivo impulse el tratamiento de este proyecto absolutamente necesario para preservar los humedales en el país”, preció Enrique Estévez.
Mientras Toniolli aseguró: “Desde mi lugar como diputado voy a reclamar su tratamiento en cada oportunidad, y espero que se dé porque el daño que se está haciendo es irreversible y los humedales son fundamentales para preservar el ambiente, son ecosistemas que ayudan a preservar el cambio climático”.

Diez años en espera
El primer proyecto se presentó en 2013, en el contexto de la declaración de los humedales del Delta del Paraná como sitios Ramsar y la creación del sistema Piecas, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. Un acuerdo interjurisdiccional entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, junto al gobierno nacional, cuyo objetivo era gestionar dichos humedales, un ecosistema compartido por las tres jurisdicciones provinciales. El Piecas existe, pero no es más que una teoría sin aplicar.
Luego tanto en 2015 como en 2018, dos proyectos de Ley de Humedales consiguieron media sanción en el Senado. Pero en ninguna de esas oportunidades se lograron aprobar en la Cámara de Diputados, y el proyecto de Ley de Humedales volvió al cajón.
Finalmente, luego de más de dos años de persistentes quemas de pastizales en las islas entrerrianas en el Delta del Paraná, que trajeron aparejadas una convención social en torno al reclamo ambiental, más de 300 organizaciones elevaron su proyecto de ley, el cual luego fue tomado por el diputado Leonardo Grosso, y surgieron nuevas propuestas desde otros bloques, con predominancia de uno presentado por varios legisladores de Juntos por el Cambio.
En un plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Hacienda, el 10 de noviembre se emitieron dos dictámenes al Proyecto de Ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. Uno de minoría -perteneciente al oficialismo- y uno de mayoría -de la oposición-.
Así como cuenta con varios apoyos, el proyecto oficialista también tiene sectores que se resisten a la iniciativa. Ricardo Buryaile, diputado nacional por Formosa y perteneciente al radicalismo, ha sido uno de los más férreos opositores junto a los llamados gobernadores del Norte Grande, quienes se encolumnan en la postura de supuestas consecuencias de la aprobación de este proyecto en términos económicos y sociales.
.

Pasó un año y la producción de Hidrógeno Verde se demora en Río Negro

Fecha de Publicación: 03/01/2023
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La provincia anunció en noviembre de 2021 una mega inversión para desarrollar esta energía renovable de la mano de una empresa australiana. La demora de la ley de regulación nacional para la industria frenó el impulso inicial.
Pasó más de un año y la producción de Hidrógeno Verde en Río Negro no desembarcó con la potencia que se esperaba tras el anuncio realizado en la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow. Termina el 2022 sin ley de regulación de esta energía renovable porque el proyecto continúa en análisis en el ministerio de Economía, sin asomar por el Congreso de la Nación.
La mega inversión de 8.000 millones de dólares, que pretendía realizar la empresa australiana Fortescue, es incipiente y los puestos de trabajo generados hasta ahora están muy lejos de los 15.000 prometidos en noviembre del año pasado. Solo medio centenar de profesionales están abocados a estudios vinculados a este desarrollo y en Sierra Grande esperan el cambio de su matriz económica que los ilusionó un año atrás.
“Tuvimos un montón de avances a lo largo de este año, en enero se presentó la iniciativa privada que se aprobó por unanimidad en la Legislatura, se creó una comisión, se comenzaron a realizar estudios sobre la base de permisos, hicimos aportes sustantivos al proyecto de ley de regulación nacional y ahora esperamos esa ley de promoción y fomento que debe sancionar el Congreso”, afirmó a RÍO NEGRO el secretario de Estado de Planificación, Daniel Sanguinetti.
El plan original tenía un esquema progresivo de inversiones. Se trata de un proyecto a “mediano plazo”, insistió Sanguinetti quien remarcó que se trabaja de manera “seria, con todos los estudios, con información para tener licencia social”.

La inversión actual
En la práctica, hoy la empresa Fortescue cuenta con seis mástiles de viento instalados, dos de ellos en la zona de Punta Colorada y otros 4 en tierras privadas que la empresa compró y que están por fuera del proyecto original, por lo que sus permisos van por otra vía.
El proyecto plantea la instalación de 17 mástiles de medición de vientos. Sanguinetti explicó que la mayoría estarían emplazados en la Meseta de Somuncura y “si bien no hay impacto según el plan de manejo vigente, que es del año 2006, decidimos actualizarlo y esperar”.
Para eso se contrataron unos 45 profesionales de la Universidad de Río Negro que realizan nuevos estudios de diversas características vinculadas al ambiente, pero también a la vida silvestre como el sobrevuelo de los cóndores que transitan por esa zona.
Sanguinetti destacó esta “actualización del plan de manejo” como una medida de relevancia para avanzar en un “cuidado y prolijo” desarrollo del Hidrógeno Verde en Río Negro. También destacó que con los profesionales en campo se genera un movimiento económico en la Región Sur.
“Vamos a esperar este estudio actualizado y mientras tanto se avanza con la instalación de mástiles por fuera de esa área y con otras tareas. Es mejor esperar, ir firmes, con responsabilidad, certeza y con estudios científicos que lo avalen”, indicó el funcionario.
En paralelo, también se realizan estudios de relieve de suelo en la zona de Punta Colorada donde se va a construir el nuevo puerto para la exportación de este producto.

La ley de regulación de la producción queda para 2023
El proyecto de regulación de producción de Hidrógeno Verde se posterga para el 2023 a pesar de que el Gobierno de Río negro y la empresa Fortescue Future Industries esperaban la normativa este año para avanzar en su anunciado megaproyecto, centralizado en Sierra Grande.
Nunca expuesto públicamente, pero la firma reguló este año el avance del proyecto, que denomina Pampas, a lograr precisar el encuadramiento de la actividad y producción que pretende instalar en Río Negro.
Entre sus expresiones públicas, a mediados del 2022, el Gerente Regional de Gobierno de Fortescue en la Región Latinoamérica, Sebastián Delgui, declaró a RÍO NEGRO el deseo de la firma “de tener la ley culminando el año”.
En ese momento, la iniciativa no estaba y, ahora, si bien existe un texto avanzado en Economía, no hay presentación gubernamental en el Congreso. Fuentes de la cartera de Energía señalaron a RÍO NEGRO que era intención agilizar ley para este año, pero finalmente no se podrá concretar ya que sigue en análisis, circulando el borrador en diversos despachos.
Días atrás, el ministerio que conduce Sergio Massa remitió un anteproyecto al senador Alberto Weretilneck con las modificaciones introducidas al borrador inicial para volver a Economía después de su revisión y allí continúa en análisis.
El secretario de Estado de Planificación de Río Negro, Daniel Sanguinetti, dijo que también el gobierno tuvo en sus manos el borrador e hicieron “aportes sustantivos”. Lo trabajó junto a la provincia de Tierra del Fuego, que tiene también un proyecto para el Hidrógeno Verde.
Aclaró que “hay puntos que no acordamos, pero esperamos que Nación, que tiene la facultad de crear el marco regulatorio con una ley que sea de fomento y promoción, finalmente impulse la ley. Estamos expectantes”.
Sanguinetti habló de una premura por ese marco regulatorio y generar condiciones propicias para el desarrollo de esta industria novedosa ante el apremio de competidores cercanos como Brasil, Chile y Colombia que también buscan desarrollar el Hidrógeno Verde.
Para el funcionario la ley debería otorgar “estabilidad por los próximos 30 años” a los posibles inversores y anheló que se replique la experiencia rionegrina de que salga con un mayoritario consenso en el Congreso.

Los orígenes y el borrador de la normativa
La base del trámite en evaluación de la cartera de Sergio Massa, concretamente en la Secretaría de Energía que conduce Flavia Royón, fue una presentación del senador Alberto Weretilneck para establecer el marco regulatorio del Hidrógeno Verde en Argentina.
Esta labor tuvo su inicio en un encuentro del presidente Alberto Fernández con la gobernadora Arabela Carreras, quién insistió en la ley nacional, con participación del senador. Esa reunión, realizada en la Quinta de Olivos, estuvo marcada -realmente- como la primera gestión oficial del mandatario nacional, tras la abrupta salida del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Llegó, días después, Massa a esa cartera y, a fines de agosto, Weretilneck le entregó una carpeta con su idea de la ley “de Promoción de Hidrógeno”, de 53 artículos, donde se precisan tipos de producción; exenciones e incentivos; un régimen de retenciones y derechos de importación, como también, condiciones de seguridad, con sus eventuales sanciones.
Desde entonces, Royón avanzó en Economía con sus análisis técnicos y con intercambios con las distintas empresas con proyectos anunciados en el país, como Fortescue. Un contrapunto radica en los beneficios, como también, en los límites del intercambio de divisas, entre ellas, los envíos al exterior donde las firmas piden liberación para cumplir con el financiamiento que requieran para sus inversiones.
En la entrevista, Delgui había enumerado algunos otros puntos, como el “modelo impositivo, si se paga IVA, si hay devolución”, como también, admitió la cuestión de las retenciones. “Queremos tener un mayor detalle de qué estamos hablando con las retenciones. Este número hay que ponerlo en el modelo de negocio final”, decía y remarcaba que “no se está pidiendo nada extraordinario del esfuerzo del Estado Nacional”.
En septiembre, luego de un encuentro con Massa y Royón, la gobernadora Carreras decía que se “está cerca” y adelantaba el envío del proyecto al Congreso para “las próximas semanas”. Insistía así que se está “dentro de los plazos” porque pretendía su tratamiento en el 2022 para alejarlo del proceso electoral. “Sería ideal este año y separarlo de la grieta, que se profundizará en el 2023”, remarcó Carreras.
La legislación nacional daría previsión a la Fortescue para concluir sus cálculos y, entre cosas, resolver el estudio final de factibilidad de la inversión, anunciada en 8.400 millones.
Además, la norma habilitaría a Río Negro para avanzar en el llamado a licitación para formalizar el proyecto de Fortescue, cuya iniciativa privada fue aprobada por la Legislatura en abril, y cumplir con los trámites de la concesión de la zona Franca de Sierra Grande.

La Provincia renovó permisos y la empresa seguirá con estudios
En noviembre del 2021, la gobernadora Arabela Carreras autorizó a Fortescue para el “uso de tierras fiscales” con “el objetivo de cumplir” con “estudios de prefactibilidad vinculados al proyecto de producción de hidrógeno verde”.
El plazo de utilización era de un año y, concluido ese plazo, los relevamientos no se finalizaron, porque la empresa reguló también sus tiempos frente a las demoras advertidas por el Estado, especialmente de Nación con la ley de regulación.
Ahora, la mandataria firmó el decreto N° 1337 donde se extiende el permiso Argentina Fortescue Future Industries SA por otros dos años.
La norma original fue presentada y entregada por la mandataria a la CEO de FFI, Julie Shuttlewort cuando visitó Río Negro para su presentación del megaproyecto, con la presencia también del aún ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La autorización inicial era por un año y, ahora, se prórroga por otros años. En especial, se preveían estudios “de los recursos eólico necesarios para establecer dónde sería posible y conveniente construir los parques para la generación de la energía eléctrica”.
También aquellas evaluaciones de “prefactibilidad para la construcción de las líneas de transmisión de la electricidad generada en los parques eólicos”.
Los permisos se mantienen en evaluaciones para “el emplazamiento de la planta de producción de Hidrógeno Verde y sus productos derivados”, como también, las evaluaciones “para determinar la infraestructura portuaria que haga posible el transporte y comercialización de los productos verdes elaborados”.
La normativa rionegrina aclara que serán “análisis eléctricos, topográficos, geotécnicos, hidrológicos, batimétricos, medioambientales, arqueológicos, ornitológicos, paleontológicos y sociales”.
Por su parte, Fortescue “se compromete a utilizar las propiedades exclusivamente” para cumplir con esos “estudios y deberá informar a las autoridades provinciales el cronograma de trabajo antes del inicio de tareas, identificando precisamente el área a intervenir, las acciones de sensibilización y comunicación social con las poblaciones cercanas”.
.

Santiago del Estero: denuncian fumigaciones con agroquímicos sobre viviendas

Fecha de Publicación: 02/01/2023
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Santiago del Estero


Los habitantes del Departamento Jiménez denunciaron que la fumigación de los campos de soja y maíz es severamente perjudicial para la salud de todos los seres vivos del lugar.
Esta semana los habitantes del Departamento Jiménez, en Santiago del Estero, denunciaron que la fumigación de los campos de soja y maíz es severamente perjudicial para la salud de todos los seres vivos del lugar luego de que comenzarn a difundirse en redes sociales presuntas imágenes de las consecuencias de la fumigación con agroquímicos en la provincia.
En los videos de tan solo unos segundos, se puede ver cómo una avioneta sobrevuela una de las viviendas del lugar y también cómo un grupo de gallinas y pollitos quedan tendidos en el suelo, agonizando hasta morir..
Las grabaciones de lo ocurrido fueron difundidas por Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, quien señaló: “Así fumigan con agroquímicos sobre la población en las zonas sojeras de Santiago del Estero, y así quedan los animales luego de una fumigación aérea. Parece un ataque aéreo. Y lo es, con veneno. Hay niños y adultos viviendo bajo esos venenos”.
En esta misma línea, Sergio Raffaelli, sacerdote santiagueño que vive en el Departamento Jiménez, señaló en diálogo con PERFIL que esta es “una situación muy habitual en esta época” ya que “de noviembre hasta marzo/abril, la época de lluvias, es cuando se siembra soja y maíz”.
“La fumigación es una práctica común, no solo la fumigación aérea con avionetas sino también la fumigación terrestre. Es una práctica habitual de estos pseudo empresarios sobre las comunidades campesinas”, remarcó.
“Ellos viven con mucha preocupación, porque saben el daño que esto le causa a todos los seres vivos. Las familias son conscientes de que ese veneno lo respiran y que con el tiempo es causante de varios tipos de cánceres, de afecciones respiratorias y de la piel. Viven esta época con mucho miedo ya que ven peligrar su salud”, relató el religioso.
En este sentido, explicó que “las familias sufren varias pérdidas” como consecuencia de las fumigaciones con agroquímicos. No obstante, no suelen formalizar sus reclamos ya que “poder hacerles un juicio a los empresarios se les hace muy engorroso y viven lejos de los grandes centros urbanos”. “Se limitan a resignarse y soportar”, lamentó.
“A veces se producen erupciones en la piel, en otros casos aparecen problemas respiratorios y los más severos aparecen enfermedades como cáncer, leucemia, se producen abortos espontáneos y los niños nacen con malformaciones”, enlistó el cura con respecto a algunas de las consecuencias que enfrenta la comunidad afectada.
A su vez, Raffaelli explicó que por los hechos registrados en las imágenes se procedió no solo a la movida en redes sociales sino también a la realización de las denuncias pertinentes en la comisaría más cercana al domicilio en cuestión.
“Se ha hecho la denuncia penal contra el empresario detrás de la fumigación y en el lugar se presentó personal policial a través de la Fiscalía Provincial de las Termas de Río Hondo, justicia a la que pertenece nuestra zona, y trabajadores de la Dirección de Agricultura, para tomar muestras y realizar los análisis pertinentes”, detalló.
En este contexto, el cura le afirmó a este medio que “a largo plazo y como ideal máximo quiere que se terminen las fumigaciones de una vez por todas” y que “a corto plazo esperan poder alejar a las familias de este tipo de prácticas nocivas para la salud”.
“Las comunidades campesinas en Santiago del Estero seguimos exigiendo que paren de fumigar. Este modelo está colapsado, saturado, no se puede seguir envenenando para ‘producir alimentos’, como dicen los gurúes del agronegocio”, concluyó.
.

No a Portezuelo del Viento: el favor político de Alberto Fernández y el futuro de los millones de Mendoza

Fecha de Publicación: 02/01/2023
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza - Nacional


Alberto Fernández laudó contra Mendoza, pero Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada por problemas ambientales, legales y políticos. El presidente se atribuyó para sí y para el PJ todos los costos políticos y, nuevamente, festejan en Casa de Gobierno. Qué puede pasar con los 1.023 millones.
El laudo de Alberto Fernández tiene efectos prácticos neutros, pues Portezuelo del Viento ya era una obra abandonada, pero repercusiones políticas importantes para el presente y el futuro. Y curiosamente pueden celebrar los que más se quejan: con su decisión, contraria a los intereses de Mendoza, el presidente absorbe todos los costos políticos por el fracaso de un proceso que tuvo muchos problemas, incluso más allá de los vaivenes políticos nacionales. En el peronismo local, suman un lastre más gracias a las decisiones de Casa Rosada. Aún falta una respuesta concreta sobre el pedido subsidiario que hizo Rodolfo Suarez; que se permita el uso de los recursos para otras obras que no necesariamente sean hídricas de generación hidroeléctricas. Esa es la cláusula "maldita" para el peronismo, porque permitiría ejecutar un plan de inversión que reimpulse al Gobierno que lo haga.
Portezuelo del Viento ya era una obra inviable desde lo ambiental (el volumen actual del río impedía su llenado y generaría menos energía de la prevista), desde lo político y sobre todo desde lo jurídico. Más allá del laudo, La Pampa tenía recursos judiciales activos en la Corte Suprema que podrían trabar la obra si alguna vez se iniciaba. Pero aún antes el proyecto tenía problemas: una licitación poco clara, un oferente único y un precio exorbitante que luego fue "rectificado" sin mayores explicaciones. Para darse una idea, los 1.023 millones de dólares que Mendoza tiene disponibles no "alcanzarían" para todos los trabajos que se habían propuesto. En el medio quedó en el aire el consorcio formado para hacer esa obra y que era liderado "espiritualmente" por Impsa, que tenía a Ceosa y Obras Andinas como eje y a la china Sinohydro como padrino y garante.
Portezuelo iba a estar en el Río Grande, un curso de agua que es parte de la cuenca del Colorado y cuya administración está a cargo del COIRCO, un ente interprovincial. En la gestión de Mauricio Macri todos (Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza) menos La Pampa estaban de acuerdo en hacer la obra. Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza, aunque pidiendo estudios ambientales y consensos. Con el cambio de gobierno en 2019 la tendencia también se revirtió y todos menos Mendoza pasaron a estar en desacuerdo. El reclamo era que hacía falta un estudio de impacto ambiental integral, algo que la Provincia ya daba por cumplido. Mendoza pidió el laudo de Alberto Fernández y, con largas demoras, se concretó ayer.

El destino de los millones
La historia es larga y las demoras tienen que ver con los tropiezos que Mendoza ha tenido en las últimas décadas. Mendoza tenía el derecho de ser indemnizada por los perjuicios que generó la promoción industrial en provincias vecinas. El juicio lo inició Arturo Lafalla, estaba casi ganado y Julio Cobos firmó un convenio extrajudicial con Néstor Kirchner para que en vez de dinero se financiara la represa Portezuelo del Viento. Pasaron 12 años sin que se concrete y en 2019 Macri y Cornejo firmaron el convenio que le puso montos a ese resarcimiento. Eran 1.023 millones de dólares a pagar en cuotas cuatrimestrales. Mendoza ya tiene casi 600 de esos millones y en 2023 vienen los desembolsos más importantes
El laudo permite una vuelta de página. La orden del Presidente no se cumplirá. Es decir, Mendoza no hará un nuevo estudio de impacto ambiental y Portezuelo del Viento quedará archivado. Esa versión y también la "original", que era una represa de otras características y dimensiones. Automáticamente liberará los recursos para pensar otra "obra hidroeléctrica" para Mendoza. Allí la clave es el artículo 3 del convenio firmado en 2019 entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo. La cláusula tercera tiene algo virtuoso: dice que los 1.023 millones de dólares que Mendoza recibirá son para Portezuelo del Viento u otra obra hídrica de generación de energía. Es decir, sin Portezuelo los dólares se pueden usar. Lo malo de la cláusula es el corset: que solo es para obras de generación hidroeléctrica.
Rodolfo Suarez quiere que en su gestión alguna obra se inicie. Eligió la represa El Baqueano, sobre el Río Diamante, porque el proyecto es menos complejo que otras más importantes como la represa Uspallata. El costo rondaría los 500 millones de dólares y lo más complejo sería la realización de un túnel de 12 kilómetros. Esa obra no agregaría ahorro de agua, sino que más energía a una cuenca que ya tiene tres centrales. Aún no están los estudios de factibilidad, pero Suarez quiere licitarla a principios del año que viene.
Alfredo Cornejo, que es candidato a gobernador por el oficialismo, tiene la idea de usar esos recursos para cualquier tipo de obra. Puede ser a través de alguna addenda firmada con quien sea presidente. Con Alberto Fernández eso parece complicado. Pero el año que viene hay elecciones y en diciembre de 2023 puede volver a darse vuelta todo. En el medio, según reconocen en el Gobierno, ni siquiera existe la capacidad de "gastar" los dólares ahorrados por falta de proyectos. Aún con El Baqueano en pie, a la provincia le quedarían casi 600 millones de dólares para invertir. Una oportunidad que no se va a repetir.

Más Información:

- Ambito - Alberto Fernández dictó el laudo por Portezuelo de Viento y pidió un estudio ambiental
Se debe a la controversia surgida en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Los gobernadores de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa habían solicitado el análisis ambiental. 

- MendoVoz - Para Suarez, el laudo presidencial "es decirle no a Portezuelo del Viento"
Este jueves, el presidente Alberto Fernández dictó el laudo arbitral solicitado por Mendoza sobre Portezuelo del Viento. En ese marco, ratificó la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del río Colorado como condición para aprobar la construcción de la megaobra.
.

Nuevas medidas para que los buques reduzcan la contaminación por desechos de pesquería

Fecha de Publicación: 31/12/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


Entre ellas, se destaca la reglamentación publicada hoy en Boletín Oficial que fortalece el control de los residuos pesqueros en las costas marinas.
En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para controlar los residuos pesqueros, el Gobierno nacional publicó hoy en Boletín Oficial la Disposición 28/2022 que establece a propietarios o locatarios de buques pesqueros contar a bordo con herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que floten caídos al mar.
A través de esta medida será obligatoria la presencia de grampines y bicheros a bordo para facilitar la recuperación de las artes de pesca y cajones que caen al mar, siempre que queden flotando en la superficie. Si bien la actividad pesquera no constituye una de las principales fuentes de contaminación marina por plásticos, su uso directo en el ecosistema acuático exige tomar acciones al respecto para fortalecer la preservación de la biodiversidad marina. Los elementos de pesca abandonados o descartados pueden alterar los fondos marinos y el ambiente oceánico, así como generar dificultades para la seguridad de la navegación.
La disposición fue aprobada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, perteneciente a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y cuenta con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entrará en vigencia a los 30 días de la publicación mencionada. A partir de esa fecha, todas las embarcaciones que salgan a mareas bajo jurisdicción nacional y en el área adyacente a la zona económica exclusiva, estarán obligadas a llevar a bordo herramientas que permitan la recuperación de aparejos de pesca, cajones plásticos y materiales de embalaje que queden flotando en la superficie del mar.
La medida es el resultado de un trabajo articulado que lleva adelante el titular de la cartera ambiental de la Nación, Juan Cabandié, junto con el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Carlos Liberman, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) y diversas ONG ambientales.
Cabe recordar que la cartera ambiental de la Nación realizó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 jornadas de inspección vinculadas a la limpieza de residuos de la industria pesquera en Península Valdés.
También se inició un esquema de recolección de desechos en distintas zonas de playa Cormoranes, ubicada en la mencionada península, que contó con la colaboración de personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA), de la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales y la Administración de Parques Nacionales —todos ellos, organismos que forman parte de la cartera nacional de Ambiente—; de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut; y de la Fundación Vida Silvestre, entre otras ONG.
.