Nuevos parques nacionales: se aprobó la creación de Islote Lobos   

Fecha de Publicación: 18/06/2022
Fuente: Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


El Congreso nacional sancionó la ley de conformación del área protegida, que se convirtió en el segundo parque nacional en Río Negro y el número 40 en el país.
Nuevos parques nacionales: se aprobó la creación de Islote Lobos El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, acompañado por la vicepresidenta de la Administración de Parques Nacionales (APN), Natalia Jauri, presenció la sesión de la Cámara de Diputados en la que obtuvo sanción definitiva el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Islote Lobos, ubicado sobre el golfo San Matías en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. De esta manera, avanza la creación y ampliación de áreas protegidas, impulsadas por la cartera ambiental y la APN.
Luego de la sanción, el ministro Juan Cabandié expresó: “Es una inmensa alegría que todas y todos los argentinos podamos tener un nuevo parque nacional. La creación de áreas protegidas es uno de los grandes objetivos que nos propusimos en nuestra gestión porque son, sin lugar a duda, una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático”.
Asimismo, Cabandié resaltó: “Seguimos avanzando en este sentido, hay varios proyectos para la creación de nuevos parques que cada vez están más cerca de concretarse, como es el caso de Ansenuza, en Córdoba, Laguna el Palmar, en Chaco, el Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, la ampliación del Parque Nacional Aconquija y del Parque Nacional Pre- Delta, entre otros”.
Por su parte, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu, destacó: “Celebramos el logro de un trabajo conjunto que venimos desarrollando desde hace tiempo con los legisladores, con la provincia de Rio Negro, con la comunidad de Sierra Grande y con el equipo de técnicos y guardaparques de la APN”.
“Además de ser un organismo de conservación, Parques Nacionales tiene un rol muy importante en el desarrollo de las economías regionales, trabajando con los pobladores que viven en las áreas protegidas e impulsando fuertemente la actividad turística: el turismo de naturaleza es cada vez más demandado y en este sentido creemos que Parques Nacionales está a la altura de liderar esta actividad”, finalizó Erratchu.
Con la creación de Islote Lobos, que contaba con media sanción por parte del Senado, la Patagonia tendrá una nueva área protegida. Este parque nacional, que es el segundo de la provincia de Río Negro, tiene una superficie de casi 20.000 hectáreas y alberga una rica biodiversidad.
El Área Natural Protegida Complejo Islote Lobos, ubicada al norte del balneario de Playas Doradas, fue creada en 1977 con el propósito de conservar los ambientes sumamente sensibles allí presentes. La misma cuenta con una notable biodiversidad debido a la importante concentración de colonias reproductivas de diferentes especies de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias, además de conservar una alta calidad paisajística y un valioso registro arqueológico.
Entre sus singularidades se destacan la colonia de pingüinos de magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional en el mundo y una importante colonia reproductiva de lobo marino de un pelo (Otaria lavescens). A su vez, alberga una variada fauna continental que incluye guanacos, zorros y peludos, entre otros.
La concreción de este nuevo parque nacional contribuirá al desarrollo económico de la región y de sus habitantes al ampliar el espectro de actividades comerciales, turísticas y de servicios en una iniciativa de desarrollo turístico integral, que permite convocar al público a vivir experiencias únicas al sureste de Río Negro, respetando sus singulares valores naturales y culturales y colaborando con su protección.
Asimismo, en la sesión de Diputados se dio media sanción a la creación de la Reserva y Parque Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y a la ampliación del Parque Nacional Pre-delta, en la provincia de Entre Ríos. Con la reciente aprobación de la Cámara baja, ambos proyectos de ley pasarán al Senado.
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Inspeccionan ingenios azucareros de Tucumán

Fecha de Publicación: 18/06/2022
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: Tucumán


Comenzó la 2da Inspección Anual a Industrias Sucroalcoholeras de Tucumán, primera parada de la comisión 1 de un total de 3, en Ingenio Santa Bárbara. Se inspeccionarán un total de 10 ingenios.
La inspección se enmarca en el acuerdo, suscripto el 30 de diciembre de 2011, por el que, el gobierno de Tucumán y, en especial, los empresarios, se comprometieron a la reconversión de sus industrias: vinaza cero, ceniza cero y recuperación de agua de lavado de caña. Ello, más el control permanente y tripartito, de Santiago del Estero, Tucumán y Nación, bajo la observancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitió la recuperación de la cuenca Sali-Dulce.
Todo, producto de una decidida acción y gestión del gobierno de la provincia, en ese entonces a cargo del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, que planteó, con Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo, un amparo ambiental constitucionalizado contra el gobierno de Tucumán, en defensa del embalse de Río Hondo.
El acuerdo suscripto contempló además de la inspección periódica a las industrias, y el monitoreo permanente de efluentes industriales en los afluentes de la cuenca, durante los 365 días del año, durante ya más de 10 años, con los resultados que actualmente se observan en la cuenca. A la fecha no se ha alcanzado el tratamiento definitivo de los desechos industriales objeto del Acta Acuerdo. El control sobre las actividades industriales debe dar un salto cualitativo y avanzar hacia un control efectivo y permanente de todo efluente de origen industrial, frutihorticolas, frigoríficos, sin dejar de lado el que corresponde a la planta de tratamiento, líquidos cloacales.
Inspección con la participación de la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y Ministerio del Agua, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la SEMA, Tucumán.
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Megaminería polémica en San Juan: denuncian un nuevo derrame, pero Barrick y Uñac lo niegan

Fecha de Publicación: 17/06/2022
Fuente: Clarín
Provincia/Región: San Juan


Asambleístas de Jáchal advirtieron que la Universidad Nacional de Cuyo midió niveles de metales en el agua más altos que en el derrame de 2015. Para la Católica de Cuyo, “no hay evidencia”.
Hace casi siete años, el pueblo de Jáchal, en San Juan, sufrió un derrame de la mina Veladero. Corría el año 2015 y aquel fue considerado el peor desastre ambiental producido por una minera, por el que hay un juicio pendiente. Vecinos de Jáchal luego insistieron con que la mina, administrada por Barrick Gold, había tenido otros derrames. Ahora aseguran que el último fue este año.
En Jáchal, a 137 kilómetros de la capital sanjuanina, viven poco más de 20 mil personas: la mitad en el casco céntrico y el resto en la zona rural. Los primeros ya hace años que no toman el agua del río Jáchal: se los abastece de un acuífero subterráneo de otra cuenca. El resto todavía depende del recurso, que también es utilizado para la actividad productiva.
La Asamblea “Jáchal no se toca” advirtió que los niveles de metales detectados en el río Jáchal están por encima de los valores de 2015, según el último informe conocido de la Universidad Nacional de Cuyo. El juicio pendiente de resolución por aquel derrame histórico debió haberse realizado en 2020 y se suspendió por la pandemia. Aún no tiene fecha.
“En febrero de 2022 hubo un nuevo derrame en la mina Veladero", dijeron Saúl Zeballos y Domingo Jofré, dos miembros de la Asamblea. ¿En qué se basan?, les preguntó Clarín. "En septiembre de 2015 el mercurio había llegado a 1,2 microgramos por litro de agua. Y en febrero de 2022 llegó a 3,3. El manganeso, en septiembre de 2015 era 1,48 miligramos por litro de agua y en febrero de 2022, 2,10. En aluminio, era de 70 miligramos y en febrero de este año 97”, detallaron.
Estos datos, a pesar de haberse recabado en febrero, se conocieron hace pocos días. “No tenemos los informes de enero ni de marzo ni de abril, que ya se tendrían que haber hecho”, dijo Jofré. “Los informes no se están haciendo todos los meses, como se debería”, agregó.
Voceros de la minera Barrick Gold hicieron llegar a Clarín un comunicado en el que niegan que se haya producido un nuevo incidente en febrero, como denuncian los asambleístas. "La afirmación de un grupo ecologista de que contaminantes encontrados en el río Jáchal proceden de la mina de Veladero carece de fundamento", afirmó la empresa.
Agregó que "los puntos de monitoreo en los que basan esta afirmación se encuentran a unos 200 kilómetros aguas abajo de la mina y que el propio programa de monitoreo de Veladero, que presenta los resultados de la calidad del agua a los organismos reguladores todos los meses, no muestra cambios en la calidad del agua".
Por último aseguraron haber "evaluado el monitoreo y los resultados de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con nuestros propios resultados de monitoreo tomados durante este período en tres lugares coincidentes y todos los resultados estaban por debajo de los límites de detección de laboratorio y dentro de la normativa. Esto es consistente con nuestros resultados de monitoreo anteriores".
El punto geográfico de la muestra recabada por la UNCuyo es La Chigua, 20 kilómetros al sur de la naciente del río Jáchal y a 145 kilómetros de Veladero. Los asambleístas argumentan que Barrick "es el único emprendimiento industrial aguas arriba". Y recordaron que "en el derrame de 2015 fue la propia empresa la que hizo las mediciones en ese lugar y detectó cianuro y mercurio".

Respuesta oficial
Clarín consultó al Gobierno de San Juan. Fuentes del Ministerio de Minería respondieron a la denuncia de los asambleístas con otro informe, elaborado por la Universidad Católica de Cuyo. “En todas las muestras de agua de río no hay evidencia de aumento de parámetros por actividades mineras o humanas en la cuenca”, dicen las conclusiones preliminares sobre muestras tomadas el 15 y 16 de febrero de 2022. Así lo informa una carta dirigida 16 de mayo al intendente de Jáchal, firmada por el ingeniero químico Miguel Angel Mas.
El ingeniero Mas firma el texto en carácter de -según el documento al que tuvo acceso Clarín- “coordinador del muestreo de Aguas de Jáchal”. Es ex empleado de la mina Casposo, que comenzó su actividad en 2011 y quedó paralizada en 2019. Según informó el Diario de Cuyo, la mina podría retomar sus operaciones el año próximo.
Según Jofré, “Mas fue contratado por el intendente de Jáchal para que haga una lectura técnica de los informes de los laboratorios. Pero sólo toma los datos de la Universidad Católica y de laboratorio del CIPCAMI, que es un ente del gobierno sanjuanino. Para nosotros lo que tiene valor es la información de la Universidad Nacional de Cuyo -con sede en Mendoza-, porque esos datos no están contaminados por la influencia oficial”.
¿Por qué hay dos informes técnicos contradictorios sobre la situación del agua en Jáchal? ¿Cuál tiene mayor peso? Desde noviembre de 2015 funciona el programa “Agua Segura”, creado mediante una ordenanza que promovió el ahora ex concejal José Codorniú. Codorniú habló con Clarín y explicó que “el organismo que prevé el programa para realizar los análisis del agua es la Universidad Nacional de Cuyo. El intendente, por su parte, recibe los datos de la Universidad Católica de Cuyo”.
Para la minera, los datos de la UNCuyo no son primordiales: los considera una herramienta municipal, en contraposición al resto de los informes provinciales. Este medio preguntó al gobierno sanjuanino por qué existen informes paralelos al previsto por el programa “Agua Segura”, inquietud que -al cierre de esta nota- no obtuvo respuesta. En la municipalidad de Jáchal tampoco atendieron los llamados.
¿Cómo determinar si los altos niveles de metales pesados hallados en el agua por la Universidad Nacional de Cuyo son consecuencia de la actividad de la mina, como aseguran los asambleístas? Codorniú consideró que “sería importante poder ampliar los puntos de toma de las muestras para tener un mejor control de o que ocurre en la precordillera. Hoy estamos a ciegas”.

Nuevo proyecto
El asambleísta Jofré también se refirió a otra cuestión que por estos días les preocupa en Jáchal: la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto megaminero Josemaría. “El gobernador Uñac al aprobar Josemaría está violando la Ley de Glaciares: Josemaría destruirá el glaciar GE110 y por lo menos 10 grandes geoformas periglaciales”, advirtió.
Josemaría está a cargo de la empresa canadiense Lundin Mining Corp. “El gobernador Uñac al aprobar Josemaría está condenando al Pueblo de Jáchal a la sequía extrema, porque utilizará 3.156 litros de agua fresca por segundo, que es lo mismo que decir 3 metros cúbicos por segundo, en un periodo donde el Río Jáchal trae 4 metros cúbicos por segundo”, agregó Jofré.
Los asambleístas cuestionan también que “Uñac al aprobar Josemaría está quebrantando un requisito básico de supervivencia en una provincia de muy elevada peligrosidad sísmica. No respeta el informe técnico del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) que alerta sobre: 1° la falla geológica sobre la cual se encuentra el Dique de Colas de Josemaría; 2° sobre la napa freática en superficie, 3) sobre el peligro de licuefacción dinámica por sismo”.
Fuentes del Ministerio de Minería sanjuanino respondieron que “la empresa deberá presentar los perfiles geológicos estructurales de detalle del área de proyecto que magnifiquen y caractericen el paquete sedimentario y el fallamiento. Deberá realizar y presentar identificación y magnificación de las fuentes sismogénicas imperantes en la zona hasta una distancia de 500 kilómetros y recálculo del terremoto de diseño y periodo de recurrencia para el cálculo estructural de las obras a realizar”.
Agregaron -entre otras obligaciones- que “la empresa deberá presentar en un plazo de 120 días estudios de fallas de los sistemas de corrimientos a escala regional y de detalle del proyecto definiendo su temporalidad y cinemática, sobre todo donde existe intersectan de estas estructuras, y determinar en detalle si se encuentran activas o no”.
El proyecto minero Josemaría se encuentra emplazado en la Cuenca del Río Jáchal, se empezaría a construir en septiembre y, según trascendió, sería diez veces más grande que Veladero.
Otro de los puntos cuestionados por la Asamblea: “Josemaría lo vamos a pagar entre todos los sanjuaninos. Uñac en un evento virtual organizado por Panorama Minero dijo que se va a ir descontando la infraestructura energética y vial –que la mina necesita para funcionar- de las regalías que las empresas tengan que pagar”. Detallan que 160 millones de dólares cuesta el camino a Josemaría y 240 millones de dólares, la línea eléctrica.
Sobre este último punto, las fuentes gubernamentales dijeron a Clarín que “la provincia en la actualidad no se hace cargo de ninguna obra de camino o de electricidad, aunque existen las leyes que lo permitan, siempre y cuando desde la Cámara de Diputados se declare de interés provincial, a través de la norma específica”.
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Acumar y la Provincia verificaron el estado de avance de dos importantes obras en Lanús

Fecha de Publicación: 17/06/2022
Fuente: Diario Hoy
Provincia/Región: Riachuelo


Las obras aportarán soluciones integrales al problema de la contaminación en Lanús.
El presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de bonaerense, Augusto Costa, verificaron el estado de avance de las instalaciones del Parque Industrial Curtidor (PIC) de Lanús y de su Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales (Pteli), dos obras que aportarán soluciones integrales al problema de la contaminación de origen industrial y que están cada vez más cerca de completarse.
Se verificó que el PIC, que promueve el acceso a una mejor infraestructura industrial para las pequeñas y medianas curtiembres de la Cuenca Matanza Riachuelo, se encuentra en un grado de avance de obra del 98% y culminará este año. Por su parte, la planta de tratamiento cuenta con un 50% ya terminado y se espera que esté operativa en el segundo semestre de 2023.
Durante la recorrida, Sabbatella destacó: “Para nosotros es muy importante avanzar en este proyecto que implica una reducción de la carga contaminante que llega al Riachuelo, pero que sobre todo conjuga el cuidado del ambiente con la producción nacional, con la industria y el desarrollo económico”, y agregó: “Esta obra, junto al Sistema Riachuelo y el traslado del Mercado de Hacienda de Liniers, que se llevó a cabo el mes pasado, van a significar un antes y después en el proceso de saneamiento de la cuenca”.
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El Ministerio Público Fiscal reclamó la suspensión urgente del trigo transgénico HB4

Fecha de Publicación: 16/06/2022
Fuente: ANRed
Provincia/Región: Nacional


El fiscal Fabián Canda volvió a pedir al juez Santiago Carrillo que dicte una medida cautelar para evitar daños «irreparables» en el ambiente. En noviembre, el Juez había determinado que la aprobación del transgénico incumplía la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú. El trigo HB4 es cuestionado por productores, cámaras empresarias y asambleas socioambientales.
El fiscal federal Fabián Canda reiteró ante el juez federal Santiago Carrillo el pedido de suspender de manera urgente la autorización del trigo transgénico HB4 por “los perjuicios irreparables” que puede causar para el ambiente y la salud de la población. Lo hizo tras conocerse, el 12 de mayo pasado, que el gobierno nacional autorizó a la empresa Bioceres —propiedad de Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel, entre otros— a comercializar la semilla. Se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo, cuya liberación podría impactar de manera irreversible en los ecosistemas, la agricultura y la alimentación global.
El fiscal Canda volvió a advertir ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 que el proceso de autorización del trigo HB4 violó derechos colectivos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Entre ellos, el principio precautorio, que establece que ante la posibilidad de un daño grave o irreversible deben tomarse medidas eficaces para impedirlo, aunque haya dudas o se argumente falta de información. Por lo tanto, el 19 de mayo pasado, Canda exigió por escrito al Juez que tome en cuenta las presentaciones previas de la Fiscalía, de la Defensoría General de la Nación y de vecinos afectados, y que ordene de inmediato una medida cautelar que suspenda la autorización hasta que se cumpla con la legislación ambiental.
Para el Fiscal, la resolución que aprobó el transgénico es ilegal porque no se tuvo en cuenta las consecuencias para el ambiente de la liberación de la semilla ni del uso del herbicida glufosinato de amonio, que acompaña el cultivo. “Como vengo sosteniendo, todo lo atinente a la aprobación y utilización de organismos genéticamente modificados, en el caso, semillas transgénicas, se encuentra ineludiblemente unido con el uso de los agrotóxicos”, advierte el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.
Y reitera que las consecuencias socioambientales del uso “exorbitante” de agroquímicos en la Argentina ha generado rechazos dentro del mundo científico y académico, además del reclamo de numerosas organizaciones sociales y campesinas.

Trigo transgénico y glufosinato de amonio
El trigo HB4 tiene dos modificaciones genéticas hechas por la científica Raquel Chan en los laboratorios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Una le confiere tolerancia a la sequía (así se lo publicita, pero la empresa reconoce que el resultado es que sólo “aguanta” unos días más sin lluvia). La otra lo hace resistente al glufosinato de amonio, un herbicida tres veces más tóxico que el glifosato y 15 veces más restrictivo en su consumo de acuerdo a la ingesta diaria admisible por la FAO (0,3 miligramos por kilo para el glifosato y 0,02 para el glufosinato). Ya en 2012, el científico Andrés Carrasco alertaba: “El glufosinato en animales se ha revelado con efectos devastadores. En ratones, produce convulsiones, estimula la producción de óxido nitroso y muerte celular en el cerebro”.
Sin embargo, el Gobierno argentino aprobó el transgénico de la misma manera que hace con todos: sin hacer estudios independientes sobre los efectos en la salud y el ambiente. Ni de la semilla ni del veneno que se le aplicará en grandes volúmenes a campo abierto. Tampoco garantizó la participación ciudadana, a pesar de que tiene que hacerlo por ley.
Por el momento, Bioceres avanza con un «sistema cerrado» de venta de las semillas bajo identidad reservada. Según la empresa, en la campaña pasada se sembraron 55.000 hectáreas, sobre un total de 6,7 millones de hectáreas de trigo cultivadas en el país.

Transgénico ilegal
Desde octubre de 2020, cuando el Ministerio de Agricultura dictó la resolución 41/2020 que aprobó de manera parcial el trigo HB4, tanto la Fiscalía Federal como la Defensoría General de la Nación y vecinos afectados exigen al juez Carillo que dicte una medida cautelar que se suspenda la autorización.
En esa primera resolución, el Gobierno aprobó el cultivo pero no la comercialización, que quedaba condicionada a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un año después, Brasil lo autorizó pero sólo en forma de harina (no de grano). Y este año, en abril y mayo, Bioceres consiguió que China aprobara la soja HB4 y que Australia y Nueva Zelanda habilitaran el trigo transgénico. La cancillería Argentina difundió estas noticias como parte de sus logros diplomáticos. Finalmente, el gobierno nacional autorizó su comercialización en la Argentina el mes pasado.
Mientras, el Ministerio Público Fiscal no sólo advertía la violación del principio precautorio, sino también señalaba “defectos insuperables” en la resolución 41/2020, entre ellas, que los fundamentos eran insuficientes. Advirtió que la autoridad administrativa (en este caso la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, a cargo de Marcelo Alos), se limitó a transcribir de manera incompleta dictámenes técnicos de la empresa. “Omitió invocar fundamentos sólidos que tornen razonable la autorización comercial de la semilla, de los productos y subproductos derivados de ésta”, señaló el Fiscal.
También insistió en el interés público que está en juego, en contraposición al interés particular de Bioceres de vender su producto. “No puede soslayarse el interés público en los procesos ambientales, siendo claro que cuando se produce un daño ambiental se compromete el interés de toda la comunidad”, señaló.
El riesgo de daño ambiental y, como consecuencia, en la salud de las personas no sólo está presente por el uso de agrotóxicos y porque no está garantizado que el transgénico no produzca efectos adversos en quienes lo consuman. Sino también porque una vez cultivado puede contaminar a los trigos no transgénicos por mezcla o fecundación cruzada. Esto motivó un fuerte reclamo por parte de cámaras agropecuarias, de acopiadores y molineros, que temen que su granos se contaminen y cargas enteras sean rechazadas en el mercado exterior, donde no se aceptan estos transgénicos.

Las contradicciones del juez Santiago Carrillo
En noviembre pasado, el juez Carrillo dictó un falló que la Fiscalía reprochó por “contradictorio”. Por un lado, Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura publicar información e implementar un proceso de participación ciudadana para la aprobación del trigo transgénico HB4. En sus argumentos, el Juez sostuvo que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” de la legislación nacional y del Acuerdo de Escazú al restringir la participación y el acceso la información pública en el proceso de aprobación. Sin embargo, no suspendió la aprobación.
Ante esto, la Fiscalía hizo una nueva presentación de 40 páginas exhortando de nuevo al juez a que suspenda la autorización. “La postura asumida por el tribunal se encuentra en abierta contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental, en particular, respecto de la aplicación del principio de precaución”, sostuvo Canda, y citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que afirma: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad la prevención del daño futuro”.
A fines de febrero, la Corte Suprema de Justicia tomó el expediente para resolver un antiguo recurso extraordinario (que no se refería al trigo HB4 sino a otros transgénicos), lo que paralizó la causa hasta el 31 de mayo último. En ese lapso, el Gobierno avanzó con la aprobación total del trigo transgénico.
Para el fiscal Canda, esta última autorización “sella definitivamente” la posibilidad de un perjuicio irreparable por lo que es urgente que el Juez aplique los “principios de precaución y prevención” y dicte una medida cautelar que la suspenda.
Hasta ahora, el juez Carrillo no respondió si acepta este pedido. Tampoco se cumplió el proceso de participación ciudadana que ordenó en noviembre pasado, a pesar de que ya se venció el plazo de 20 días establecido en su fallo.
La presentación del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como «Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria», que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos y que sea obligatorio el etiquetado de los alimentos que contengan transgénicos, entre otras exigencias vinculadas a la salud y el ambiente. Mientras tanto, se pide a los jueces que ordenen una medida cautelar de suspender la comercialización y cultivo de transgénicos y el uso de agrotóxicos, así como el etiquetado de los alimentos con organismos genéticamente modificados.
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El fracking por Vaca Muerta en Entre Ríos genera daños graves en el Humedal del Delta del Paraná

Fecha de Publicación: 16/06/2022
Fuente: El Día
Provincia/Región: Entre Ríos


La extracción de arena silícea, destinada a la explotación de gas y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta, a través de la técnica del fracking, genera daños en el Humedal del Delta del Paraná, que abastece de agua dulce a más de veinte millones de argentinos, pero también “potencia el extractivismo y pone en riesgo la biodiversidad del humedal”, afirmó a AIM el ingeniero Carlos Cadoppi, quien denunció el daño irreversible que afecta a Ibicuy, Victoria, Diamante, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.
Cadoppi está enojado y no lo disimula. Es que su postura está científicamente respaldada, ya que existen pruebas concretas de la contaminación e inundaciones, que atentan fuertemente contra el ecosistema de la zona y la vida humana, lo que generó en toda la cartografía entrerriana un amplio rechazo a las areneras que no cuentan con licencia social. “No hago esto por mí mismo, sino que, al conocer la situación, tengo la obligación de hacerla pública y exigir al Estado que frene esta depredación, que actúe. Pero claro, soy buen observador y pienso que hay demasiados intereses en juego…”, sugirió.
La preocupación del ingeniero creció cuando se abocó al estudio del proceso de extracción. “Enseguida me pregunté: ¿Qué efectos contaminantes podría ocasionar en las napas subterráneas que proveen de agua potable a la población de Ibicuy y qué daños provocan las areneras en el Humedal del Delta del Paraná, que abastece de agua dulce a más de veinte millones de argentinos? La extracción de arenas silíceas se realiza con floculantes, un químico que, según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) es nocivo si se ingiere, si entra en contacto con la piel o se inhala”, fustigó. “Además de salinizarla, en la medida que sigan utilizando químicos que provocan un daño irreparable en la salud humana y en el ambiente, convertirán en veneno el agua que consumen más de 20 millones de argentinos”, aseguró.

Secuencia y desobediencia
Cadoppi presentó un amparo ambiental contra el Gobierno de Entre Ríos, por considerar que las areneras que actúan en la provincia lo hacen sin las habilitaciones y controles correspondientes e incumplimiento de las técnicas que la ley y las ciencias establecen. El 29 de abril, la Justicia Federal suspendió el funcionamiento de las empresas areneras que realicen alguna actividad de extracción de arena silícea en los ríos Paraná y Uruguay, en los tramos concernientes a Entre Ríos. En rigor, les prohibió la actividad durante 45 días, si no tienen el certificado de informe técnico favorable.
Entonces, Cadoppi, quien impulsó el amparo, dijo a AIM que la medida “es un paso, porque todos los informes científicos demuestran que inundan los campos de la zona y contaminan los cursos de agua, lo que genera un negativo impacto ambiental, pero no alcanza”.
El 29 de abril de 2022, el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dio lugar a la apelación y estableció un plazo de 45 días para que las empresas regularicen su situación formal y el correcto manejo ambiental, pero la homologación del acuerdo empezó a correr el 7 de mayo. Sin embargo, a pesar de la resolución de la justicia federal, la arenera Cristamine sigue desobedeciendo el dictamen de la justicia y continúa con la extracción de arena. "Sigue funcionando por una habilitación que le otorgó el intendente de Ibicuy, a través del área de Ambiente del municipio. Por eso, la semana pasada hicimos una presentación legal y la semana próxima haremos otra, tanto al municipio como a la arenera, por estar desobedeciendo el dictamen de la justicia", agregó Cadoppi.

Daños irreparables
Las imágenes satelitales demuestran que, como resultado del lavado de las arenas para su separación, hay residuos que taponan arroyos, cubren campos, y generan daños productivos, ambientales y sociales, cada vez más graves e irreparables. Simultáneamente, los análisis químicos del agua de subsuelo demuestran que lo que lo que se usa para lavar la arena y separarla, genera una contaminación irreparable. Hierro, manganeso y arsénico penetran lentamente en las napas subterráneas, pero, además, el polvillo que desprende la arena sílica y que inhalan los trabajadores de las areneras, les ha provocado a muchos de ellos enfermedades irreversibles, como el cáncer de pulmón.

Denuncias
Cadoppi explicó que denunció “a todos los responsables de la destrucción de nuestro patrimonio ambiental. A la dirección Provincial de Vialidad, responsable de la construcción de obras públicas que impiden el movimiento natural de las aguas, y provocan su contaminación, destruyendo los aportes ambientales del Humedal”.
Aseguró que su denuncia alcanzó “al anterior director de Vialidad, Jorge Rodríguez, y a la actual, Alicia Benítez; a la coordinadora del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), Alejandra Méndez, así como a su antecesor, Daniel Olano (PJ); a los diputados provinciales Carmen Toller (PJ), Gracia Jaroslavsky (UCR), Esteban Vítor (PRO) y Martin Angiano (PRO). A todos ellos les explique el problema, y jamás investigaron nada, ni respondieron mis demandas. Los nombro para que expliciten sus posiciones ante la sociedad, ya que propician la destrucción del Humedal. Quiero que se genere un debate que los argentinos nos debemos. El día de mis presentaciones, el senador nacional Alfredo De Angeli (JXC) fue a Ibicuy, junto con algunos de los diputados que nombré, a brindar apoyo explícito al accionar delictivo de las areneras y al intendente de Ibicuy, Gustavo Roldan, empleado con licencia de una de esas empresas y de signo político contrario al del senador De Angeli”.
El ingeniero destacó que también denunció a “los emprendimientos privados que profundizan el problema y que no cuentan con ninguna aprobación para su construcción. Esta es una situación que, de continuar, traerá enfermedades y hasta la muerte de muchos de nosotros, y ocasionará la destrucción de nuestro hábitat y del patrimonio nacional”.

Teléfono para los funcionarios
Cadoppi acusó a “los políticos del oficialismo y de la oposición, nacionales y provinciales”, y señaló que todos “son cómplices de estos delitos, y responsables de que no se haya investigado nada hasta el momento. Quien fue ministro de Ambiente de la Nación entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018, rabino Sergio Bergman, jamás se ocupó del tema, pese a que, por este desmanejo, el Delta estuvo inundado muchos años durante su gestión. Tampoco el actual ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, se involucró en el tema. Y no debemos olvidar que el expresidente Mauricio Macri fue a la zona muchas veces durante su mandato y jamás opinó sobre la inundación, aunque su helicóptero sobrevoló la zona varias veces”.
El ingeniero explicó que se trata de un tema “en el que la ignorancia, vinculada a la corrupción, campea sobre un oscuro horizonte de vida. De nuevo los políticos son actores fundamentales de la anti-nación. Lo saco a la luz para que los protagonistas seamos actores de una epopeya que abra posibilidades de realización favorables a un futuro digno de vivir. Lamentablemente, si las cosas siguen así, nuestra especie va en camino a la desaparición, en este único mundo que nos alberga”.
Cadoppi pidió decidir en conjunto, “como le damos forma a una nueva posibilidad de vida. La denuncia está hecha y cómo resolver esta encrucijada de vida, está a nuestro alcance. Los que están en la vereda de enfrente son siempre los mismos, se pongan una u otra camiseta política, aparentemente opuestos e irreconciliables, pero cómplices en la destrucción de la mano omnipresente de la corrupción”, opinó.
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Baradero: Encuentran glifosato en la orina del 40% de los niños

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires


Un estudio a alumnos y docentes de una escuela del distrito de Baradero en la provincia de Buenos Aires descubrió que el 40% de las muestras tenían glifisato
Durante una campaña llevada adelante por varias organizaciones socioambientales del Distrito bonaerense de Baradero, en el norte provincial, se buscaba saber “¿Que agua tomamos, qué aire respiramos?”.
En esa iniciativa los realizadores de las muestras en niños buscaron desarrollar un abordaje integral de la situación sobre los agroquímicos y su impacto en el ambiente y en la salud de las personas.
Una de las etapas planteadas fue determinar la presencia o ausencia de Glifosato y su metabolito AMPA, en el cuerpo de las personas. Para eso enviaron muestras de orina al Laboratorio Farestaie de la ciudad de Mar del Plata.
Los resultados obtenidos fueron sorprendentes y preocupantes.

4 de cada 10 dieron positivo
No sólo se confirmó la presencia de glifosato y AMPA en la orina. Además, los resultados arrojaron un 40% de positividad del total de muestras enviadas. Todas ellas pertenecían a niños parte del alumnado testeado y otra muestra era de una docente perteneciente a la comunidad educativa de la misma escuela rural en la cual se basó el estudio.
La imagen que acompañó los estudios en mayoría de niños demostró que los agroquímicos ingresan y pueden estar presentes en los cuerpos humanos.
Se trata, para la legislación Argentina, de un Residuo Peligroso (Ley Nº 24.051) que no debería estar presente en sangre y orina de ninguna persona, mucho menos de niños y niñas de edad temprana.
Con estos resultados, y sabiendo que la situación puede ser peor aún, los niños y adultos pertenecientes a la comunidad de Baradero exigieron a las autoridades locales que "tomen cartas en el asunto", "asuman de una vez su responsabilidad por la cual fueron elegidos como representantes del pueblo" y "hagan valer, al menos, el artículo 41 de la Constitución Nacional".
También agregaron que "El derecho a una infancia libre y el goce pleno de la salud, debe ser impostergable y deben hacer cumplir los funcionarios y concejales de manera unánime, sin grietas y mezquindades políticas. Bregar por la salud de todos y todas quienes estamos expuestos de manera directa e indirecta al uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes en el partido de Baradero, es una de sus funciones", concluyó el comunicado refrendado por la comunidad de afectados por estar expuestos a los agroquímicos, ahora de manera fehaciente y probada científicamente, al menos con el glifosato como protagonista.
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Vecinos quieren frenar los desmontes de Los Maitines en Las Yungas

Fecha de Publicación: 15/06/2022
Fuente: Nuevo Diario
Provincia/Región: Salta


Vecinos de San Lorenzo colectan firmas en Chang.org para que exigir al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Lorenzo que frenen el desmonte en Las Yungas que actualmente se hace para dar inicio a la construcción del loteo Los Maitines.
Además, recaudan fondos para tomar medidas legales de protección de la zona, a través de la aplicación https://cafecito.app/salvemosyungas.
Desde la intendencia de Fernando "Kila" Gonza, ex intendente de San Lorenzo, que la familia Patrón Costa busca llevar a cabo el proyecto inmobiliario Los Maitines S.A. en aproximadamente 125 hectáreas, para subdividir en 300 lotes destinados a viviendas y espacios de recreación. Se emplaza en las laderas y serranías de San Lorenzo y Castellanos.
Julieta Valencia, una de las vecinas en lucha por resguardar Las Yungas, indicó a Nuevo Diario que "Los Maitines desmonta el bosque nativo, que es parte de una reserva de biodiversidad y se encuentra protegido por normativas provinciales y nacionales. Los Maitines, de acuerdo a la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques, está en Zona Amarilla tipo II, por lo que no debe haber desarrollos urbanísticos, no sólo por ser una reserva protegida, sino por la geocomposición del suelo y la pendiente de ladera que pone en riesgo las construcciones, dado que la desforestación causa el debilitamiento de las raíces de los árboles que sujetan el suelo arenoso pedregoso que compone el espacio sobre el cual avanza el proyecto".
Agregó que el proyecto también infringe la normativa nacional de Protección de Bosques Nativos y no prevé el suministro de agua dado que el recurso de la zona se extrae de lugares que hoy ya son insuficientes para el municipio.
"Según la ley provincial 7070 de Protección de Medio Ambiente, está prohibido el cambio de uso de suelo o recategorización", remarcó.
"Ellos dicen que van a hacer su propia toma, pero no de dónde la van a sacar. En San Lorenzo la extracción de agua no se puede hacer de pozo debido a la falta de napas acuíferas", explicó.
Valencia contó que la familia Patrón Costa presentó el proyecto para su aprobación en la Municipalidad de San Lorenzo la que, al no contar con los recursos técnicos para la evaluación correspondiente, derivó las gestiones a la Secretaría de Medioambiente de la Provincia. "Lo único que hicieron fue hacer un chek list de los requisitos, como la Audiencia Pública, Estudio de Impacto Ambiental. Vieron que estaba la documentación presentada, pero no evaluaron que todo estuviera correcto o cumpliera con las normativas. Con el chek list se dio pase al municipio para que autorice", indicó.  
Ya con la pandemia encima, se convocó a una audiencia pública vía zoom, lo que provocó el rechazo de los vecinos que pedían fuera presencial o se suspenda hasta que las condiciones sanitarias lo permitieran. "Este sistema imposibilitaba la participación ciudadana, dado que no todos los vecinos cuentan con el servicio de internet y los dispositivos necesarios para la conexión. Además, hubo poca información", remarcó.  
"A pesar que se vulneran tres normas (ley provincial 7070, ley nacional de bosques y ley de ordenamiento territorial) ellos siguen con los desmontes para la apertura de caminos porque dicen que obtuvieron la aprobación municipal. El emprendimiento no debería estar aprobado, ya que para avanzar sobre las leyes se requiere que sean modificadas, y no de una simple resolución de un municipio que los autorice. Claramente las urbanizaciones en zonas categorizadas en amarillo y rojo están prohibidas, ya que requieren desmontar para los accesos y levantar las propiedades", expresó Valencia.
Por último, detalló que el tema fue usado políticamente por Héctor Chibán, candidato en el 2019 a diputado nacional y por el actual intendente Manuel Saravia. "Antes de asumir (Saravia) estaba en contra de Los Maitines. Su compromiso era asumir y frenar esta situación, sin embargo fue uno de los primeros proyectos que saca".
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Aparecieron muertos zorros, caranchos y comadrejas y analizan un posible envenenamiento

Fecha de Publicación: 14/06/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Santa Fe


Ocurrió en un campo cerca del paraje Villa Georgina, en las proximidades de la ciudad de Esperanza. El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático realizó la denuncia pertinente.
La provincia de Santa Fe, en conjunto con la Municipalidad de Esperanza y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, llevaron adelante este viernes un operativo debido a denuncias acerca de animales muertos y convalecientes en la zona.
Funcionarios del Ministerio del Ambiente y Cambio Climático de la provincia fueron alertados por parte del Municipio, quienes se comunicaron para poner en conocimiento de la causa.
De esta forma, cerca de las 14 hs del viernes profesionales del Centro de Rescate e Interpretación de Fauna "La Esmeralda", junto con la Policía provincial, se dirigeron al lugar para analizar el estado de situación.
Al llegar al lugar constataron la existencia de algunas comadrejas, zorros y caranchos recientemente muertos. Para avanzar en el esclarecimiento de las causas se trabajó en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, quienes trasladaron los animales para llevar adelante la correspondiente necropsia y tratar de determinar la causa de muerte de los mismos.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático se realizó la denuncia pertinente a la Policía de la localidad y al Ministerio Público de la Acusación a efectos que tomen la intervención de su competencia.
Se recuerda que la normativa vigente prohíbe expresamente el uso de cebos tóxicos que puedan afectar la fauna silvestre, por lo que de confirmarse que se está frente a un caso de envenenamiento deliberado, se procurará identificar a los responsables del hecho para que sean sancionados conforme a la legislación vigente.
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Blue Sky reanuda la perforación en búsqueda de uranio en Río Negro

Fecha de Publicación: 14/06/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


La minera inició un programa de perforación de 4500 metros en la zona de Ivana Central. Los resultados del año pasado fueron alentadores.
La búsqueda de uranio y de un adicional de vanadio en el proceso, avanza en Río Negro en donde la minera de capitales canadienses Blue Sky anunció que retoma su programa de perforación reimpulsado por los resultados que obtuvieron en la anterior ronda de perforaciones.
La firma con sede central en Vancouver destacó días atrás que “se complace en anunciar que la empresa está reanudando su programa de perforación exploratoria de 4.500 metros con nuevos pozos planeados en el objetivo Ivana Central, a unos 10 kilómetros al norte del Depósito Ivana”.
En marzo la minera dio a conocer los resultados de las perforaciones que realizó en su anterior campaña de exploración en el enorme predio que tiene concesionado en la zona de Sur de Río Negro, que corresponde al proyecto Amarillo Grande.
En total se realizaron 350 pozos con una superficie de 3.255 metros entre los que se detectaron buenos resultados tanto en producción de uranio, como en vanadio.
La particularidad de este proyecto, y en general del uranio mineral que luego es utilizado en la producción de uranio enriquecido, es que se trata de una minería de bajo impacto porque se centra en una búsqueda más superficial, con perforaciones que la última fase tuvieron un promedio de 8,5 metros de profundidad.
Además, en la zona se logró identificar la presencia de vanadio, otro mineral que es utilizado en la industria del acero.
“Nuestro próximo plan de perforación incluirá un regreso al objetivo central, a unos diez kilómetros al norte de Ivana, como parte de nuestro programa regional para identificar recursos adicionales en Amarillo Grande y convertir el proyecto en un distrito de uranio de múltiples depósitos”, había anticipado Cacos en marzo, tras los positivos resultados de los testeos a los pozos realizados.
En tanto que ahora detalló que “Ivana Central es la siguiente área que estamos evaluando en nuestro esfuerzo continuo por identificar y delinear nueva mineralización y depósitos en el proyecto Amarillo Grande a escala de distrito”.
La nueva etapa iniciada ahora contempla la continuidad de un plan que se había comenzado en 2020, con la perforación de 6 pozos pero que se detuvo, dejando pendiente completar otros 1.200 metros.
Tras la finalización del tramo actual de perforación en Ivana Central, se ejecutarán aproximadamente 1.500 metros de perforación para ajustar la delineación de las áreas con los mejores resultados de ambos objetivos.
El objetivo de la compañía con esta nueva tanda de pozos de estudios, es ampliar aún más la zona estudiada para determinar si en su periferia también se detectan los metales buscados en buenas calidades que marquen el paso clave que se aguarda: llegar a la etapa de prefactibilidad.
Es que precisamente, este nuevo programa de pozos pilotos, está diseñado principalmente para probar una posible continuidad hacia el oeste de la mineralización, así como para probar algunas áreas no perforadas hacia el este que muestran anomalías que podrían dar buenos resultados de producción.
Para esto, la compañía empleará una perforadora hidráulica de circulación directa multipropósito sobre orugas. Esta perforadora lo que obtiene son muestras de esquirlas que se recolectan de cubetas de muestreo cada metro. Pero el equipo de perforación también tiene la capacidad de recuperar testigos de perforación.
Una vez realizado cada pozo serán inspeccionado con una sonda radiométrica calibrada Mount SoprysTM y se completará un estudio geoeléctrico SP SPR adicional en los pozos para aproximar la ubicación de los contactos geológicos entre las unidades sedimentarias.
El proyecto Amarillo Grande, insignia de la firma que forma parte del Grosso Group, fue un descubrimiento de un nuevo distrito que tiene el potencial de ser un proveedor nacional líder de uranio para el mercado argentino y un nuevo proveedor en el mercado internacional.
Parte del depósito Ivana Central que consiste en una depresión principalmente cubierta que abarca un área de 5 por 9 kilómetros, la cual es la base del proyecto y la primera parte del distrito para la cual se han completado tanto una estimación de recursos minerales como una evaluación económica preliminar.
La mineralización en el depósito Ivana tiene características de depósitos de uranio y vanadio de tipo superficial y de tipo arenisca. La mineralización tipo arenisca está relacionada con un sistema fluvial entrelazado e indica el potencial de un sistema de tamaño distrital. En tanto que los depósitos de tipo superficial, la mineralización recubre guijarros poco consolidados y es susceptible de lixiviación y actualización simple.
El proyecto incluye otras varias áreas objetivo sobre una tendencia regional, en o cerca de la superficie, por lo que empresa apunta a delinear recursos en múltiples áreas y avanzar el proyecto hasta el nivel de prefactibilidad.
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Advierten sobre experimentos químicos en el norte cordobés

Fecha de Publicación: 13/06/2022
Fuente: Ahora Córdoba Noticias
Provincia/Región: Córdoba


“Los arbustos que crecen entre los alambrados de los establecimientos ganaderos causan pérdidas a los productores y además podrían propagar incendios”, el argumento es esgrimido desde el campo experimental del INTA Deán Funes, impulsado por la Secretaría de Ganadería provincial y la Sociedad Rural de esa región.
De tanto buscar, finalmente parece que encontraron una nueva excusa para instalar la legalización del desmonte químico en territorio cordobés: “los arbustos que crecen entre los alambrados de los establecimientos ganaderos causan pérdidas a los productores y además podrían propagar incendios”.
El argumento es esgrimido desde el campo experimental del INTA Deán Funes, impulsado por la Secretaría de Ganadería provincial y la Sociedad Rural de esa región: hay que eliminar la vegetación que invade los alambrados de los campos y para ello, no puede haber mejor idea que arrojar diferentes compuestos químicos (herbicidas y/o arbusticidas) para producir la muerte o el debilitamiento de las especies leñosas.
Una metodología dicen, capaz de llevar adelante la limpieza de alambrados en forma económica y eficiente con el fin de impedir que los grandes productores ganaderos se vean perjudicados. ¿Quién financia estos ensayos? Atrás del decorado experimental asoma Corteva Agrosciencie, la compañía transnacional que provee los agroquímicos.
La experiencia de desmontes ilegales en el norte cordobés muestra –desde hace años- que en cuestión de días un centenario bosque nativo pasa a ser un campo ganadero. La velocidad de ese cambio es proporcional a la rapidez con que los grandes productores de vacas pulverizan con productos químicos la vegetación y todo lo que la rodea, aunque la ley lo prohíba.
“Cualquier intento de legitimar el uso de agrotóxicos en los bosques nativos determina, lisa y llanamente, una actividad absolutamente ilícita debido a que el Decreto 170 – reglamentario de la Ley 9814 que ordena territorialmente nuestro bosque nativo- prohíbe expresamente el uso de químicos para llevar a cabo actividades de desmonte» indica Darío Ávila, abogado especialista en temas ambientales.

¿Desmonte químico para prevenir incendios?
Desde hace seis meses en el campo experimental del INTA Deán Funes realizan ensayos en un laboratorio a cielo abierto: “Control químico de arbustos para prevenir la destrucción de alambrados por incendios”, denominan al proyecto en los pasillos gubernamentales.
Sala de Prensa Ambiental pudo establecer que dichas pruebas consisten en la aplicación de agrotóxicos sobre arbustos –como espinillos o piquillines por ejemplo- o lo que es lo mismo, sobre el estrato medio del bosque nativo porque, curiosamente, para los grandes empresarios ganaderos estas especies no forman parte del monte cordobés.
Los rocían, se secan y quedan de pie… pero muertos. Sucede con los arbustos pero también con árboles de gran porte cuando la dosis o el cálculo de aplicación fallan, según admiten los propios responsables del ensayo.
El experimento es ensayado en el norte de Córdoba donde los mapeos más actualizados señalan que apenas sobreviven los últimos manchones de bosques bien conservados. Pero también, las imágenes muestran con claridad que las mayores superficies desmontadas en los últimos años corresponden justamente a esa región (ver https://periodismoambiental.com.ar/el-calvario-de-los-bosques/).
Darío Ávila indica que «si bien aquí no podemos hablar claramente de que existe un desmonte, sabemos de la enorme incapacidad que tiene el Estado para controlar este tipo de actividad como es el uso de agrotóxicos, es decir, no existe ninguna garantía de que esta práctica, si se termina aprobando, pueda ser fiscalizada» y agrega que «no solamente hablamos de una actividad contraria a la ley provincial 9814 sino también de una manifiesta violación a normas superiores como la ley 26331, que al momento de definir qué debemos entender como bosque define cuales son aquellos ecosistemas naturales forestales que están compuestos por distintas especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, conjuntamente con las especies de flora y fauna asociadas».

Topadoras y venenos
La sociedad cordobesa tiene la piel sensible a partir del último intento -por parte del gobierno provincial y de los grandes empresarios ganaderos- de modificar la Ley de Bosques, en el 2017. Una de las novedades que impulsaba esa modificación radicaba en habilitar el desmonte químico, legalizándolo. Un intento fallido, hasta ahora. (ver https://periodismoambiental.com.ar/schiaretti-y-los-socios-del-desierto/)
Acuerdan los especialistas en que este método de deforestación es una variante mucho más dañina que el tradicional desmonte con topadoras y rolos para eliminar el sotobosque con el fin de implantar pasto exótico que alimente a la hacienda de los ganaderos, lo que genera un importante desequilibrio ambiental.
Tras las manifestaciones de los investigadores del INTA–Manfredi que trabajan en el campo experimental Deán Funes, los pobladores del norte cordobés comienzan a denunciar ensayos con agrotóxicos en el campo para perfilar datos que avalen la utilización del desmonte químico, y con estos, finalmente apoyar cambios en la legislación que actualmente lo condena.
Por eso, no es novedad que a pesar de estar prohibido se realicen desmontes químicos. Lo novedoso puede radicar en que estén intentando pasarlos de la ilegalidad a la legalidad con la excusa de prevenir incendios.
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Ambientalistas exigen a la Legislatura que modifique la ley de agroquímicos

Fecha de Publicación: 13/06/2022
Fuente: La Capital
Provincia/Región: Santa Fe


Por séptima vez presentaron una iniciativa para regular el uso de plaguicidas en las 365 comunas de la provincia. El proyecto llegó a tener media sanción en Diputados, pero nunca logró pasar la barrera del Senado
 Con una movida en las puertas de las Legislatura provincial, las organizaciones ambientalistas que son parte de la Multisectorial Paren de Fumigarnos volverán al ruedo para que diputados y senadores santafesinos discutan la modificación de la ley que rige actualmente el uso de los agroquímicos que afecta a las 365 comunas de las provincia. "Esta es una pelea por la soberanía ambiental y económica", afirmó en diputado del Frente Social y Popular (FSyP) Carlos del Frade que impulsa junto la iniciativa junto la legisladora Damaris Pachiotti. Proponen terminar con la fumigación aérea y establecer un límite mínimo de distancia de aplicación de agroquímicos de 1.500 metros.
La Multisectorial viene insistiendo en la regulación del uso de agrotóxicos e incluso se refiere a la ley provincial Nº 11.273 -originalmente sancionada en el año 95- que es la busca modificar como la "la mal llamada ley de fitosanitarios".
"Cabe aclarar que esta presentación se realiza por séptima vez", señalan desde las organizaciones, que impulsan los cambios desde las bancas que ocupan en la Legislatura los diputados Del Frade y Pachiotti, ambos firmantes del proyecto de ley.
Es más, en 2019 la propuesta llegó a obtener media sanción de la Cámara de Diputados, sin embargo, los senadores nunca abrieron el debate reclamado por los ambientalistas y el proyecto directamente perdió estado parlamentario en 2020.
"La ley de agrotóxicos no solamente busca cuidar la naturaleza y la salud humana, es una herramienta que permite construir una nación y una provincia menos dependiente de los intereses de las multinacionales", señala el diputado del FSP, que en ese marco, considera que ese debate en la Legislatura "es una pelea por la soberanía ambiental y económica".
La insistencia tanto de los diputados firmantes como los ambientalistas no quita que el escenario que deberán hacer frente es hostil y así lo reconoce el propio Del Frade. "Todo está corrido a la derecha", señaló el diputado y admitió que "va a ser difícil contar con el apoyo de los cada vez más fuertes espacios conservadores existentes en los grandes partidos, tanto en diputados como en el senado".

La necesidad de regular
La propuesta que una vez más llevan a los legisladores tiene entre sus cambios fundamentales la prohibición de la fumigación aérea en la la provincia, además de establecer un límite de por lo menos 1.500 metros de los cascos urbanos y 3 mil metros para los agroquímicos de peor letalidad.
Uno de los principales argumentos tanto de los ambientalistas como de los diputados para modificar la ley es que la normativa vigente tal cual está “ha permitido hasta ahora que en las 365 comunas y municipios de la provincia los agroquímicos se usen como quieren los grandes productores", lo que además agrega "ha generado enfermedades en la gente y deterioro del ambiente”.
De acuerdo, además, con los ambientalistas en que está mal llamada "ley de fitosanitarios", Del Frade ya vienen explicando desde hace tiempo que "estos ya no son fitosanitario, sino que son agroquímicos".
En ese marco, el diputado reafirma que "es imprescindible regularlo, porque está demostrado en diferentes niveles, todos ellos científicos, que estos pesticidas hacen muy mal a la salud y al ambiente”.
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Organizan un «Toxic tour» por los sectores contaminados de la meseta de Neuquén

Fecha de Publicación: 11/06/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


El fiscal federal especializado en medio ambiente, Roberto Gómez, estuvo en Neuquén, hoy en Allen y Roca y el viernes dará una charla abierta. El sábado sale el toxi tour organizado por las comunidades originarias por la zona de explotación petrolera.
El fiscal federal especializado en delitos ambientales, Roberto Gómez, estuvo hoy en la Legislatura Neuquén, donde se hizo una presentación para exigir al Ejecutivo que se cumpla la defensa de los recursos naturales «y no se persiga a las organizaciones que realizan acciones en defensa del medio ambiente», destacó Noemí Labrune, dirigenta de la APDH Neuquén. Gómez es especialista en derecho ambiental y tiene el cargo de fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Antes, fue fiscal federal en Chubut.
Llegó a la región invitado por la Confederación de organizaciones Mapuche y la APDH, tenía prevista una reunión ayer por la tarde con el defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva y el viernes ofrecerá una charla abierta en la Universidad Nacional del Comahue.
El sábado, participará del Toxic tour, una visita por las zonas contaminadas de la región en la que se realiza la explotación petrolera. La actividad comenzará a las 9 y finalizará pasado el mediodía.
Según explicó Labrune, la visita en la cámara de Diputados, buscó empapar a la comisión de Derechos Humanos y a la de Ambiente, a través de una reunión con la presidencia de cada una de las comisiones, de la necesidad de una ley anti slapp, en la que se busque penalizar a los que cometen crímenes ambientales, con la protección de quienes accionan en contra de las empresas contaminantes para evitar persecución penal de los denunciantes.
El proyecto lo presenta la APDH y la organización mapuche para que no empiecen a perseguir, como en el norte del país, a los defensores, abogados y personas que hacen denuncias por contaminación del medio ambiente», dijo Labrune.
La visita a la cámara neuquina se basó en la necesidad de «producir una legislación que proteja» a los defensores del medio ambiente. La llegada de Gómez prevé una capacitación tanto en Roca como en Neuquén, con abogados ambientalistas.
La recorrida del fiscal federal por la región incluyó una agenda de contacto con organizaciones como la asamblea ambientalista por el agua en Allen y luego una charla en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con abogados y estudiantes de abogacía interesados en la temática ambiental, a las 17 de este jueves.
El encuentro con defensores legales ambientalistas en Neuquén capital fue programado el viernes a las 15 y a las 18,30 se realizará la charla pública en el Salón Azul de la Universidad Nacional del Comahue, destinada a todo público.
«El objetivo de esta visita es que se accione el control de quienes no lo están ejerciendo, exigir a los funcionarios que deben velar para que no haya destrozos en el medio ambiente. No se aplica la legislación de protección al medio ambiente, le hemos pedido a las dos comisiones de la Legislatura que en el extractivismo hidrocarburífero, se exija el cumplimiento de la legislación de protección del medio ambiente», planteó Labrune.
El «Toxic tour – recorrido de la contaminación» saldrá el sábado a las 9 desde el playón de la UNC en Neuquén, para realizar un recorrido por la zona de «basureros petroleros» en Añelo, donde hay «bolsones de contaminación a cielo abierto que fueron trasladados desde las inmediaciones de Neuquén Capital (zona PIN) hacia Añelo, intentando “esconder” el daño ambiental». La caravana incluye el paso por el paraje Fvta Trayén, o área del Tratayén y zona de paso del gasoducto Néstor Kirchner, «donde la comunidad se encuentra literalmente «hostigada por las actividades petroleras y gasíferas, con la exploración, explotación y fracking», se indicó.
El sábado, luego de la recorrida se analizaba un cierre de actividades con el observatorio de Derechos Humanos, la Confederación y la APDH en la meseta.
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Nicolini participó de un encuentro de líderes para reducir las emisiones de metano

Fecha de Publicación: 11/06/2022
Fuente: Telam
Provincia/Región: Nacional


La cita, convocada por Global Methane Hub (GMH), generó un espacio de intercambio entre representantes del sector público, privado y académico para acelerar medidas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en el Compromiso Mundial de Metano, suscripto por Argentina en el marco de la COP 26 de Glasgow.  
La secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cecilia Nicolini, participó este jueves de un encuentro sobre mitigación de metano, junto al enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, el gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, autoridades de otros países del continente y líderes globales.
Organizado por el Global Methane Hub (GMH), el evento brindó un espacio de intercambio entre representantes del sector público, privado y académico para acelerar medidas que permitan alcanzar los objetivos establecidos en el Compromiso Mundial de Metano, que tuvo a la Argentina como uno de los países firmantes del acuerdo inicial, en el marco de la COP 26 de Glasgow, en noviembre pasado.
Durante su intervención, Nicolini remarcó el compromiso de la Argentina con la agenda climática y detalló los beneficios de encarar iniciativas conjuntas para reducir las emisiones de metano, informaron fuentes de Presidencia.
"Como indican expertos y expertas, el metano tiene un potencial de calentamiento global mucho mayor que el dióxido de carbono", dijo la funcionaria y manifestó que "por eso cuando avanzamos en acciones para reducir las emisiones de este gas generamos un impacto positivo más rápido".
En ese sentido, agregó: "Estas medidas no sólo traen beneficios ambientales. También permiten un fortalecimiento de nuestras capacidades tecnológicas y la posibilidad de compartir conocimiento junto a los otros países del continente".
Nicolini destacó además la necesidad de revisar la arquitectura financiera global para potenciar la acción climática en los países en desarrollo y señaló que "hoy el flujo de fondos no es suficiente y los modelos de negocios no siempre incentivan la inversión en los proyectos que debemos impulsar".
"Desde el Sur Global necesitamos un financiamiento que se adecúe a los desafíos que nos esperan, que contemple las particularidades de cada país y que nos permita enfrentar la crisis climática sin dejar a nadie atrás", completó.
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Cuáles son los proyectos ambientales que están trabados: durante 2022, el Congreso no trató ninguno

Fecha de Publicación: 10/06/2022
Fuente: Vía País
Provincia/Región: Nacional


Más de una docena de leyes ambientales esperan en los cajones del Congreso. Ya superada la primera mitad del año, muchas aún no se trataron en comisión, otras perdieron estado parlamentario y algunas se trabaron antes de llegar a discutirse en una sesión.
Hace poco más de un mes se formó la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, pero recién el 31 de mayo sus miembros se reunieron para dictaminar favorablemente sobre temas que ya tenían un consenso previo. Entre esos se encuentra la creación del parque nacional Ansenuza, la cesión de terrenos para la creación del parque nacional Islote Lobos, la ampliación del parque Pre Delta y la declaración de especies animales como monumentos naturales. El objetivo es que estos puedan incluirse en la próxima sesión.
“Las leyes ambientales en el Congreso están paradas. El caos político en ambos partidos mayoritarios evitan que avancen muchas leyes, lo ambiental no es excepción. Se nota la diferencia con años anteriores, en donde las cosas se movían más, había reuniones, plenarios”, analizó Federico Pellegrino, coordinador del departamento de política para la sostenibilidad de la organización Eco House Global.
Y agregó: “Nosotros creemos que los grandes proyectos de ley como la ley de humedales o ley de envases se traban porque tocan intereses del poder económico y político que creen que se verán perjudicados. Nosotros empujamos el tratamiento, pero se traban en las comisiones y no llegan ni al recinto”.

Qué proyectos permanecen paralizados en el Congreso
En este momento, más de una docena de proyectos de ley que ingresaron por las distintas cámaras, pero que no avanzaron o perdieron estado parlamentario.
- Ley de humedales
- Ley de evaluación de impacto ambiental
- Ley de envases con inclusión social
- Ley de delitos ambientales en el código penal
- Ley de responsabilidad extendida al productor de neumáticos
- Ley de áreas protegidas urbanas
- Ley de plásticos de un solo uso
- Ley de gestión menstrual sostenible
- Ley de áreas protegidas urbanas
- Ley de movilidad eléctrica
- Ley de eficiencia energética
- Ley de trazabilidad de la pesca
Uno de los proyectos más emblemáticos es el de la ley de Humedales, que contempla la protección de estos ecosistemas hídricos, fundamentales para la conservación de la fauna y flora y la regulación del suelo. Esta iniciativa ya perdió tres veces estado parlamentario.
“Yo impulso en la agenda Humedales, también la ley de evaluación de impacto ambiental y de envases, pero hay grandes resistencias de esos temas en Juntos por el Cambio y también en mi partido, el Frente de Todos, aunque en menor medida”, explicó el diputado oficialista Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales. Para Grosso “falta comprensión por parte de la dirigencia política en general de la magnitud del problema ambiental”. y resaltó que también hay una “responsabilidad ambiental del sector privado”.

Qué leyes deberían ser tratadas cuanto antes
El año pasado, la mencionada ley de Envases obtuvo dictamen en Diputados de las comisiones de Recursos Humanos y de Presupuesto; pero nunca llegó al recinto y ahora deberá hacer el camino parlamentario de nuevo. El objetivo de esta es que las empresas paguen un impuesto por cada envase que no sea sustentable con el objetivo de poder reciclarlo, a través del sistema de recolectores y cooperativas, cuando sea descartado.
Por su lado, la ley de Evaluación de impacto ambiental plantea que se realicen este tipo de estudios antes de cada proyecto público o privado para medir su impacto en el ambiente. Por el momento, no se trató en comisiones.
“El funcionamiento del Congreso deja muchísimo que desear. En general, hay una parálisis en cuanto al tratamiento de todos los asuntos. Es inaudito que en un año no electoral no se pueda mostrar una actividad vigorosa del Congreso. Si bien falta mucho para que se termine el periodo, los temas de ambiente son complejos, ríspidos; son debates que necesitan tiempo ”, dijo el diputado radical Martín Berhongaray, vicepresidente de la Comisión de Recursos Naturales.
El próximo paso para la comisión de Recursos Naturales será abordar la iniciativa de responsabilidad extendida de neumáticos, que tuvo media sanción en el Senado el año pasado. Esta prevé la asunción de responsabilidad de los productores para recolectarlos cuando termine su vida útil. “Hay más de 100 mil toneladas anuales de neumáticos que se descartan todos los años y que terminan en basurales a cielo abierto”, indicó Berhongaray.
Se preveía una sesión para este jueves, en la que se tratarían, entre otros temas, los dictaminados por la comisión de Recursos Naturales, pero la jornada se trasladó a la semana que viene, aún sin temario a confirmar.
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