Se realizó una nueva asamblea del COFEMA, con eje en humedales y bosques

Fecha de Publicación: 06/04/2022
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional


En el encuentro se eligieron las autoridades del Consejo para el ciclo 2022, los representantes regionales y se conformaron las comisiones de trabajo.
El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) organizó su Asamblea Ordinaria 102, que se realizó desde esta mañana, en la sede del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con la presencia del ministro del área, Juan Cabandié, de las nuevas autoridades y de las salientes del Consejo. El temario abordado por los representantes de los organismos ambientales del país incluyó detalles relativos al financiamiento de la ley bosques y al diálogo sobre un nuevo proyecto de ley de humedales que impulsa la cartera de Ambiente nacional.
En el acto, Cabandié recordó que este año “se cumplen 50 años de la carta de Perón a los pueblos”, a la que definió como “una anticipación a una discusión que hoy nos convoca”. “También es el año en el que se crea la primera área ambiental de Latinoamérica, encabezada por Yolanda Ortiz”, indicó. En esa dirección explicó: “Es importante lo que estamos produciendo entre todos y todas. En definitiva, es la construcción colectiva de una política pública”.
El ministro nacional expresó además: “La única manera de avanzar en una situación tan compleja como la que vivimos, donde la realidad nos interpela y nos llama a acelerar los procesos, es hacerlo de forma armoniosa y colectiva”, y abogó por “abonar a la construcción y al fortalecimiento del federalismo”.
Finalmente, Cabandié se refirió al financiamiento de la ley de bosques, un tema central durante la asamblea, sobre el que dijo que “el objetivo sigue siendo bajar la tasa de deforestación”. También aseguró que “es el año que más presupuesto va a tener” dicha norma, por lo que llamó a que “la institucionalidad de las provincias crezca”, de manera de dar respuesta efectiva “a la transferencia de montos tan grandes”.
Por su parte, la jefa de Gabinete de la cartera ambiental nacional, Soledad Cantero, fue quien presentó la agenda de trabajo de la jornada, a la que definió como “histórica, porque uno de los objetivos que nos planteamos al inicio de la gestión ha sido el fortalecimiento de la ley de bosques nativos”.
Asimismo, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, afirmó: “Si algo hemos logrado, y ha sido realmente el propósito de la gestión, es tener una instancia como el COFEMA viva, activa, con discusión, con debate, pero fundamentalmente con incidencia en la gestión pública”. “Creo que el balance es claramente positivo” argumentó, para luego ratificar su compromiso con el trabajo del Sistema Nacional de Manejo del Fuego e invitar a las autoridades provinciales a conversar sobre las necesidades vinculadas que cada jurisdicción debiera señalar en la materia. “Tengo presentes todos los pedidos, los tenemos analizados y vamos a empezar a darles respuesta positiva a todos”, aseguró.
A su turno, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, expresó: “Siempre el encuentro federal construye y nos invita a grandes desafíos”, a la par que resaltó la presencia “de muchos temas en la agenda de gran importancia”, al referirse a las cuestiones como bosques y humedales, de incidencia en el trabajo del área a su cargo. Finalmente agradeció “la agenda que pudimos articular a nivel federal en temas tan importantes como la conservación de la biodiversidad, lo que es la flora, la fauna, agua, todo el tema del manejo ecosistémico y bosques”. “Poder llevar esto a lo territorial es el gran desafío”, puntualizó.
El encuentro fue el espacio en el que se eligieron como autoridades del COFEMA al secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, como presidente, en continuidad con el año anterior; y a la Administradora del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), María Alejandra Eliciri, quien estará en la vicepresidencia.
La apertura también contó con la presencia, por parte del Ministerio de Ambiente nacional, de la secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini; y de la subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional, Cristina Ruiz del Ferrier; junto a Azulay y a la vicepresidente saliente de COFEMA y secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Dina Migani.
Durante la jornada, las autoridades provinciales presentaron el trabajo realizado en la Comisión Interna de Humedales del COFEMA —donde se asume la necesidad de lograr una ley en la materia, con los aportes y observaciones de las distintas jurisdicciones del país—, así como también una carta de intención que involucra a la provincia de Buenos Aires, en el marco del Programa de Humedales que impulsa el Ministerio de Ambiente nacional.
Por otro lado, el director nacional de Bosques, Martín Mónaco, disertó sobre el estado de implementación de la Ley 26331. Para esto brindó detalles del Sistema de Alerta Temprana, del trabajo del Programa Bosques Nativos y Comunidad; de los planes integrales comunitarios, que permitieron llegar a unas 400 mil hectáreas bajo manejo y benéficos para más 2500 familias; del plan de manejo sustentable de palo santo, del pago por resultados del Fondo Verde del Clima; y del estado de las rendiciones y saldos pendientes de los fondos de la ley de bosques.
Junto a las autoridades mencionadas, participaron de la asamblea: por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición; la directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, Gabriela González Trilla: la directora nacional de de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio, Maia Hoffman; el directora nacional de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Guido Veneziale; y el director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información, Nicolás Fernández.
Las jurisdicciones del país estuvieron representadas por: Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires; Renzo Morosi, presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ricardo Robador, secretario de Medio Ambiente de Catamarca; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de Córdoba; Marta Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco; Rodrigo Roveta, secretario de Bosques de Chubut; Daniela García, secretaria de Ambiente de Entre Ríos; Hugo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; María Inés Zigarán, ministra de Ambiente de Jujuy; Fabián Tittarelli, subsecretario de Ambiente de La Pampa; Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza; Victor Kreimer, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; Lucía Redondo Caamaño, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén; Alejandro Aldazabal, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta; Martín Videla, subsecretario Administrativo Financiero de San Juan; Erica Reta, jefa de Control y Monitoreo Ambiental de San Luis; Javier de Urquiza, presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz; Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra Del Fuego; y Alfredo Montalvan, secretario de Medio Ambiente de Tucumán, junto a otras autoridades.
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Tras varias demoras, el Consejo Económico impulsará el “plan B” de Portezuelo   

Fecha de Publicación: 06/04/2022
Fuente: Diario Los Andes
Provincia/Región: Mendoza


El Master Plan hídrico no avanzó todavía por “falta de quórum” para discutirlo. Prometen que se votará el 11 de este mes, mientras se espera el laudo presidencial de Alberto Fernández que definirá la suerte de “la obra del siglo”.
Tras varias demoras, el Consejo Económico impulsará el “plan B” de Portezuelo El Consejo Económico Ambiental y Social (Ceas) postergó en diciembre el plenario para votar los proyectos trabajados en comisiones. Luego, en marzo, se votaron seis de las ocho iniciativas, porque la falta de quórum dejó afuera del tratamiento a las dos restantes, entre los cuales había uno muy relevante.
El proyecto que todavía no se trató es aquel que propone ni más ni menos que un amplio plan en materia hídrica que incluye una lista de obras del Departamento General Irrigación por unos U$S230 millones. Esta propuesta suena como alternativa para usar parte de los fondos en dólares que recibe la Provincia para Portezuelo del Viento, en caso de un laudo en contra. Todo indica que el 11 de este se tratará al final y será impulsado, porque tiene amplio consenso.
El órgano consultivo no vinculante que impulsó el gobernador Rodolfo Suárez dio forma a varias iniciativas después de meses de evaluación. La intención era realizar la votación de los mismos el 17 de diciembre del año pasado, pero se postergó 3 meses hasta el 18 de marzo de este 2022.
El Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico (2022-2023) promueve las bases de la gestión del agua de Mendoza para los próximos 10 años, basado en criterios de eficiencia económica, equidad y sostenibilidad ambiental. Una de las patas de la iniciativa es el mencionado plan de obras de Irrigación.
A diferencia de los chispazos con otras iniciativas, en este caso hay consenso, no sólo dentro del equipo que lidera Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, si no también en el resto. El proyecto fue enviado al resto de los consejeros y no ha recibido aportes ni objeciones. Salvo que no haya quórum como en el último plenario, está cerca de avanzar por unanimidad.
Algunos integrantes rezongaron por lo bajo, por la dilación de los tiempos. Y un conjunto de situaciones dieron lugar a algunas especulaciones. Uno de los proyectos que se iba a votar y que había sido motivo de debate era el que apuntaba a obras hídricas.
Era diciembre y el Ejecutivo craneaba la estrategia para apurar el laudo presidencial por Portezuelo del Viento. Medios patagónicos reprodujeron unas declaraciones de Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior (a fines de noviembre), en las que aseguraba que se realizará un nuevo estudio de impacto ambiental.
En medio de ese trajín se postergó el plenario previsto para el 17. La ausencia de los ministros Víctor Ibáñez (Gobierno) y de Enrique Vaquié (Economía), ambos autoridades del Ceas, condujo a una reprogramación.
La funcionaria del gabinete de Eduardo De Pedro desmintió esos dichos, pero en Mendoza avanzaron con un pronto despacho que Suárez presentó el 21 de diciembre en la Casa Rosada dándole 30 días al presidente Alberto Fernández para que laude.
Según las fuentes del Gobierno, las versiones se bifurcan: algunos aseguran que Suárez no vio con malos ojos esa postergación, para evitar que ya se hablara del “plan B” cuando se quería avanzar con el laudo. Otros lo niegan tajantemente, aducen que para la fecha del plenario las autoridades no iban a estar en la provincia, enterrando las conjeturas.
En concreto: el proyecto llegó al plenario de marzo y la falta de quórum (menos de 43 consejeros) lo dejó en stand by en una sesión semi presencial con base en el Polo TIC de Godoy Cruz.
Ahora se tratará el 11 de de este mes junto al de la comisión de Infraestructura, que propone la creación de un sistema que permita evaluar desde el punto de vista económico y social las principales inversiones públicas. El objetivo es seleccionar las obras convenientes para la sociedad, según los beneficios sociales y ambientales.
Luego de esta fecha comenzará la segunda etapa con nuevos proyectos a discutir que podrían tener su primer análisis (borradores) a fines de mayo.

Las críticas que emergen
El plenario de marzo estaba previsto para las 17, arrancó un poco más tarde y pasadas las dos horas se quedó sin quórum. El primer proyecto en someterse a votación provino de la comisión de Pobreza y Hambre Cero, que fue aprobado por la unanimidad de 51 personas, según consta en el borrador del acta que ya se entregó a los representantes, y al que tuvo acceso Los Andes.
Es decir que de los más de 80 consejeros, se ausentaron una veintena. “Nos avisaron que era de 17 a 19, me conecté a horario y arrancó más tarde, después me tuve que ir porque me había organizado. Si no se respeta ni la puntualidad...”, se atajó una de las voces con voto en el órgano. Otros indican que mientras algunos entraban al Zoom otros se iban, pero reconocen que en ningún momento se estuvo cerca del total de votantes.
Entonces los cuestionamientos recayeron sobre el poder de convocatoria. “Si para vos es importante, no te limitás a una invitación por mail, llamás, insitís”, dijo una de las personas que participa del Ceas. Y alguien advirtió también que “el único ex gobernador presente era (Arturo) Lafalla, ni los radicales estaban y eso que era virtual”. Sólo un ex mandatario provincial avisó de su ausencia y fue Alfredo Cornejo.
“En los cuerpos así es habitual, podría sorprenderme que no haya quórum. Se hizo largo sí, son muchos, no empezó 5 en punto y además varios opinaron. Me parece que está bien”, defendió Ibáñez, que además es el presidente del Ceas.
Sobre el proyecto del plan hídrico, y teniendo en cuenta la importancia, más de uno se preguntó por qué en el orden de prioridades quedó último, arriesgándose a lo que terminó sucediendo con el quórum. “El orden está establecido de acuerdo a los números de las comisiones”, argumentó el funcionario provincial.
El resultado final arrojó mociones (unanimidad) para el mencionado proyecto de Pobreza y Hambre Cero, y la gestión de compras y contrataciones por parte del Gobierno Provincial, principalmente de alimentos.
También para crear un registro de mujeres rurales de Mendoza para llevar a cabo capacitaciones y para la realización de inventarios de Gases de Efecto Invernadero (Ciudades Sostenibles). Lo mismo ocurrió con uno para diseñar mecanismos que agilicen los trámites relacionados con negocios a nivel provincial y municipal.
Otros tuvieron votos negativos y abstenciones, por lo que se elevan como sugerencias. Fue el caso de la propuesta surgida desde la comisión de Calidad de Educación para la realización de un congreso provincial de educación a ser llevado adelante por la DGE con apoyo del Ceas (42 votos a favor, 7 votos negativos y 2 abstenciones).
Uno de los aportes provino de Soledad García, representante del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, quien indicó que el proyecto, entre los actores que involucra “hay una gran ausencia de trabajadores y trabajadoras de la educación, representación de gremios, colegios profesionales que trabajamos fuerte en los ámbitos educativos dentro de los servicios de orientación”. En ese sentido, indicó que “estaba muy dirigido hacia la educación formal”.
La misma suerte corrió para la propuesta de un circuito turístico de sendero de montaña a cargo del Ministerio de Turismo y Cultura con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente (48 votos a favor, un voto negativo y dos abstenciones).
Sobre esta iniciativa se realizaron varios comentarios en relación a las necesidades reales, versus las que se trataron en las comisiones. “Con los números de pobreza que hay, no corresponde que se trate un circuito de senderos”, dijo molesto uno de los participantes.
Para Ibáñez, el tema “se debe plantear en las comisiones, ellos establecen cuáles son los proyectos prioritarios”. Y remarcó que las críticas sobre los tiempos dilatados y estos pormenores no le han llegado. “Sí se pidieron modificaciones en el reglamento que se tratarán el 11 de abril, porque ya no había quórum en el último plenario”, sostuvo.

Se retoma la agenda y la minería es uno de los temas pendientes
La comisión de Crecimiento Económico, coordinada por Juan Antonio Zapata, vuelve a las reuniones la próxima semana para una segunda etapa de evaluación de proyectos en el Ceas. Dentro de la comisión se habían tamizado algunos temas y uno de ellos es la minería.
Puntualmente se pide reabrir el debate minero “con consideración de las dimensiones económica, ambiental y social, incluyendo las miradas y experiencias internacionales en el marco de los acuerdos globales y teniendo en cuenta el cuidado del agua, las características sociales de cada departamento y la generación de empleo”.
“Se invitará a la reapertura del debate a todos los actores relacionados e interesados en la temática, buscándose la activa participación de un organismo con capacidad científica comprobada que propicie el diálogo claro”, se desprende del documento entregado a la cúpula del Ceas meses atrás.
Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) y miembro de la comisión, es uno de los interesados en que se avance. “Cada comisión elevó, desde el seno, algunos temas. Esperamos que en esta segunda etapa esa propuesta se transforme en proyecto y alguno de los poderes lo tome”, indicó a Los Andes.
Malargüe adhiere a esta propuesta y a través de su representante, José Luis López, mostrará el apoyo. El departamento sureño viene insistiendo desde hace tiempo con poder realizar la actividad.
Miran de reojo lo que sucede en Salta con su Consejo Económico y Social, que tiene una comisión de Minería que está estudiando el tema. Hay especialistas que exponen y enriquecen el debate. Acá, los actores interesados piden que al menos se hable del tema y de alguna forma, hacerle honor al nombre de la comisión: “Crecimiento Económico”.
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Un nuevo edificio para estudiar la crisis climática desde la Patagonia   

Fecha de Publicación: 06/04/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Se inauguró en Bariloche. Se enfocan en el impacto del cambio climático en avalanchas, erupciones volcánicas y tsunamis en lagos
En 2003, investigadores de Bariloche conformaron el Grupo de Estudios Ambientales (GEA) para investigar sobre avalanchas de nieve, erupciones volcánicas y tsunamis lacustres.No se imaginaban que 19 años después estarían estudiando los efectos del cambio climático sobre esos problemas ambientales.
Ahora, los 15 integrantes del GEA del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), que depende del Conicet y la Universidad Nacional del Comahue, podrán continuar extendiendo sus líneas de investigación en un edificio nuevo de 220 metros cuadrados que costó unos 10 millones de pesos.
El ex-decano del Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), Ernesto Crivelli, fue quien reunió originariamente al grupo de biólogos y físicos para estudiar las cuestiones ambientales. Con el paso de los años, muchos de esos investigadores se fueron jubilando y al equipo se sumaron geólogos, geofísicos, geógrafos físicos e ingenieros dedicados a cuestiones geoambientales. El GEA se terminó incorporando al IPATEC en 2016 .
Hasta ahora, los investigadores trabajaban dispersos en varias viviendas construidas por el Gobierno nacional en los años 30 en el Centro de Salmonicultura. “Eran unas casas muy pequeñas y rudimentarias que compartíamos con el INIBIOMA. Como no entrábamos, nos turnábamos. Habíamos adaptado la cocina de la casa para usarla como laboratorio, pero lo cierto es que no reunía las condiciones básicas”, detalló el investigador del Conicet, Gustavo Villarosa, vicedirector del IPATEC.
Desde un primer momento, comenzaron las gestiones para construir un edificio propio en una hectárea y media del predio ubicado camino al cerro Catedral. Ese sitio había sido entregado en comodato por el gobierno provincial al Conicet. Finalmente, a fines de marzo, se inauguró la nueva sede del Ipatec, con 10 millones de pesos que aportó el Conicet y casi un millón de pesos por parte del gobierno de la provincia de Río Negro.
El GEA está conformado por investigadores, becarios y personal de apoyo. “Por primera vez podemos estar todos juntos en un mismo edificio compartiendo espacios e interactuando. Antes no era posible. Ahora tenemos acceso a los laboratorios con mejores condiciones de trabajo, instalaciones adecuadas que nos permite tener bajo resguardo el equipamiento del grupo. Y a partir de ahora, se puede seguir ampliando”, destacó Villarosa en diálogo con RIO NEGRO. El GEA arrancó con estudios básicos sobre erupciones volcánicas que luego, se ampliaron a los impactos y los riesgos volcánicos.
La intervención en la erupción volcánica en Chaitén, al sur de Chile, en 2008, facilitó que tres años más tarde, con la erupción del Cordón Caulle, el grupo ya contara con experiencia para asesorar a instituciones públicas en gestiones de emergencias volcánicas. “Se hizo un relevamiento y una sistematización de los impactos de las erupciones volcánicas y algunos estudios de vulnerabilidad, muy específicos para nuestra región. Son cuestiones muy aplicables”, dijo.
Más tarde, se incorporaron otras líneas de investigación como los tsunamis lacustres, el funcionamiento de la sedimentación del material volcánico en las cuencas hídricas de la Patagonia Norte y los riesgos que implican los fenómenos de remoción en masa, conocidos vulgarmente como “aludes” o “aluviones”.
“Cuando caen cenizas en un sistema hídrico, esos grandes volúmenes de sedimentos son transportados por los ríos, generando desbordes y diversas problemáticas asociadas. Nos dedicamos a estudiar los peligros a partir de los procesos hidrogeomórficos”, aclaró Villarosa.

Estudios sobre corrientes de aguas
El grupo también investiga la dinámica de los cuerpos de agua y, en especial, las corrientes en los océanos y lagos. “Si entendés cómo funcionan las corrientes en el Golfo San Jorge, podés predecir cómo se van a mover los nutrientes y las especies. Si pensamos en el lago Nahuel Huapi, podés modelar el movimiento de los contaminantes”, detalló.
En los últimos años, el perfil del grupo se orientó a la geología ambiental, como el diagnóstico de contaminación de suelos y aguas, la disposición final de residuos sólidos urbanos y el ordenamiento territorial. Se brinda asesoramiento o herramientas técnicas a los gobiernos locales o provinciales para “gestionar el riesgo” desde el punto de vista del ordenamiento territorial.
Realizaron trabajos sobre el manejo de residuos sólidos urbanos para los municipios de Aluminé en 2008 y de Bariloche en 2002. “Normalmente se hacen vertederos. La diferencia es que el relleno sanitario tiene previsiones para ser ambientalmente sustentable que no contamine el agua ni los suelos, con el tratamiento de gases que corresponde”, dijo Villarosa.
En el caso de Aluminé, se avanzó con una propuesta de gestión integral de manejo y relocalización de relleno sanitario que estaba en tierras que no eran municipales; el segundo caso, en cambio, no obtuvo financiación. “Junto al INTA e INVAP, hicimos estudios de aptitud para relocalizar el relleno sanitario de Bariloche. Brindamos asesoramiento para sistemas de rellenos sanitarios y sistemas de tratamiento de los residuos. Nunca logramos que se financie”, aclaró Villarosa.
¿Cuánto incidió el cambio climático en las investigaciones del grupo? El geólogo confirmó que “en gran medida”. “Algunos riesgos del cambio climático aumentan la posibilidad de ocurrencia o la intensidad de los fenómenos. Lo que vemos es cómo cambian o qué diferencias puede haber en algunos fenómenos de la zona a partir del cambio climático”, afirmó. “Lo que cuesta de los dos lados (del sector científico y desde la gestión) es encontrar un lenguaje común y compatibilizar las necesidades de la gestión con los tiempos y actividades que se requieren para dar respuesta desde el sector científico. Por eso, se trabaja continuamente en mejorar los mecanismos de vinculación para facilitarlo”, expresó  Villarosa.
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Bajos Submeridionales: el plan que busca recuperar hasta 1,2 millones de hectáreas para la producción

Fecha de Publicación: 05/04/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Santa Fe - Chaco - Santiago del Estero


Se trata de 33 proyectos para poner en valor la región hídrica que ocupa la parte norte de la provincia de Santa Fe, el sur de Chaco y el sudeste de la provincia de Santiago del Estero.
Bajos Submeridionales: el plan que busca recuperar hasta 1,2 millones de hectáreas para la producción El Gobierno nacional avanza en la ejecución de obras prioritarias programadas en el Plan Director de los Bajos Submeridionales que, con una inversión de 366 millones de dólares destinados a 33 proyectos, tiene por objetivo lograr un manejo inteligente del agua en esta región hídrica, además de poner en valor y convertir entre 800 mil y 1,2 millones de hectáreas en tierras productivas.
La Región Hídrica de los Bajos Submeridionales -que ocupa la parte norte de la provincia de Santa Fe, el sur de Chaco y el sudeste de la provincia de Santiago del Estero- es una gran planicie de 54.278 kilómetros cuadrados y aproximadamente 5 millones de hectáreas, con una marcada pendiente que va del noroeste al sudeste, signada por períodos de inundaciones y sequías que generan importantes consecuencias negativas sobre la producción, el medioambiente y las condiciones sociales de los habitantes de la zona.
Esto produce que las tres provincias involucradas atraviesen periódicamente situaciones de emergencia que requieren de rápidas respuestas por parte del Gobierno nacional, para hacer frente a los problemas en el corto plazo, pero también para llevar adelante una planificación con un abordaje multidimensional que brinde alternativas para revertir el escenario a largo plazo.
La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, definió a los Bajos Submeridionales como “una zona de gran cantidad de hectáreas que, al verse afectada tanto por sequías como por inundaciones, no está siendo explotada productivamente, con lo cual las tres provincias, y en consecuencia todo el país, pierden potencial”.
Así fue como en 2018, y con el propósito de impulsar la realización de obras, Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, junto a representantes del Gobierno nacional, conformaron el Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS), que tiene por objetivo la generación de consensos para llevar adelante el Plan Director.
“En ese sentido, el Ministerio del Interior, que conduce Wado de Pedro, juega roles fundamentales en el proyecto: uno es el de la articulación de todas las acciones que lleva adelante el CIRHBAS, y también el del desarrollo de una visión integral de hacia dónde debe apuntar no sólo el proyecto, sino también las zonas productivas de la región”, añadió Batakis.
“Desde la cartera de Interior articulamos con el Ministerio de Obras Públicas para un abordaje efectivo de las problemáticas de sequías e inundaciones, pero también desplegamos un plan para reorientar la región a nivel productivo”, añadió la secretaria de Provincias.
La concreción de las obras permitirá dar un salto cualitativo a la región en lo referente a su capacidad productiva, así como a las condiciones de vida de sus habitantes y la sustentabilidad de la región hídrica. Según explicó Batakis: “Básicamente, lo que a priori analizamos es que se trata de una zona ideal para la actividad ganadera, aunque también agrícola, y con las obras finalizadas conferiremos un gran valor agregado a esta explotación primaria. Y esto no sólo es impulsar la obra pública para evitar inundaciones o sequías, sino también para perfilar la dirección de la región en un sentido productivo”.
Batakis añadió que “el Plan Director tiene un plazo de finalización estimado en aproximadamente un año, ya que se trata de obras sencillas, pero que sin dudas contribuirán a mejorar el perfil productivo de la región y la calidad de vida de sus habitantes”. El mismo es supervisado por las tres provincias integrantes, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y los ministerios de Interior y Obras Públicas.
Este plan contempla la ejecución de obras y proyectos para la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos, pero también la construcción de desagües pluviales, control de inundaciones y defensas; agua y saneamiento; pavimentación, cordones cuneta y veredas.
La expansión de la frontera agrícola, así como el avance de la deforestación, y los cambios implementados en la forma de producción, han ido agravando la problemática de la región, por lo que las obras hídricas que se desarrollen en ella deben ser acompañadas por el establecimiento de buenas prácticas productivas, en el marco de un ordenamiento en el uso del suelo.

Las obras en cada provincia
Construcción del Canal Hidrovial Interprovincial sobre la ruta 35 (obra completa), compartida por Santiago del Estero y Santa Fe. Alteo de rutas, defensas para 10 localidades, mejoras en el azud del río Tostado, reacondicionamiento de la Línea Paraná y construcción de un acueducto en el tramo Tostado-Villa Mineti. Inversión total: 170 millones de dólares. Asimismo, el Ministerio del Interior avanza con la ejecución de la pavimentación de la ruta provincial N° 3 de Santa Fe (tramo Cañada Ombú - Los Amores), lo que implica una inversión de $ 1.127.300.682.
Santiago del Estero. Primera etapa del Canal Interprovincial 35, además de 12 puentes con sus alcantarillas. También está contemplada la ejecución de cuatro proyectos para la mejora de canales, y la colocación de un puente alcantarilla ferroviario en Mojón de Fierro. Inversión total: 40 millones de dólares.
Chaco. Ampliación de las líneas Paraná y Tapenagá. Además, defensas para 17 localidades, y colocación de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 89. Inversión total: 156 millones de dólares.

Ejes estratégicos
Concreción del Plan Director: permitirá contar con un estudio integral de la zona, determinar cuáles son las obras estructurales necesarias, y realizar un análisis de la situación productiva y ambiental de la cuenca. Actualmente, se logró llevar adelante su licitación, por lo que este mismo año comenzará su ejecución.
Inversión en infraestructura hídrica y vial: se avanza con la ejecución de las obras prioritarias consensuadas en el marco del CIRHBAS, que consisten en la realización de un conjunto de canalizaciones, obras viales y defensas de localidades.
Elaboración de un programa productivo sustentable para la región: en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El primero presentó a las provincias un conjunto de herramientas para fortalecer su situación productiva. También se puso a disposición de las provincias el Programa Federal de Preinversión, que financia la realización de proyectos ejecutivos, y se implementa desde los ministerios del Interior y de Obras Públicas de la Nación.
Estudio y análisis de la situación social en la región: el Ministerio del Interior se encuentra estudiando cuáles son las condiciones de vida, sanitarias y educativas de la población de la cuenca, con el objetivo de proponer diferentes intervenciones que contribuyan a dar un salto de calidad en el desarrollo de las comunidades de la zona.
Fortalecimiento institucional: mediante la ratificación del CIRHBAS por el Congreso nacional y los provinciales. Actualmente cuenta con la aprobación por parte de los tres Congresos provinciales, y obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. El proyecto de Ley espera ser tratado durante 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación.
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Río Paraná seguirá bajo hasta mayo

Fecha de Publicación: 05/04/2022
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Litoral Argentino


El río Paraná mantiene una tendencia de crecimiento desde fines de febrero y recupera de a poco su altura normal en varios puertos de ciudades de Entre Ríos, aunque el Instituto Nacional del Agua (INA) aseguró que seguirá por debajo de sus niveles normales al menos hasta al menos el 31 de mayo próximo. La bajante histórica que afecta ese curso de agua comenzó en marzo del 2021 y provocó notorios cambios en la vida ambiental, económica, productiva y social de esa provincia mesopotámica.
"Prevalece una condición general de aguas bajas, y los niveles fluviales continuarán en esa condición por las próximas dos semanas, por lo menos", advirtió el INA.
El organismo nacional sostuvo que persiste un escenario de déficit hídrico, a pesar de que en las últimas semanas se observó una mejora por recarga en las reservas de agua en algunas de las áreas. Además, la perspectiva climática "no permite esperar una mejora sensible o normalización de la situación hidrológica en la primera mitad del otoño.
Por eso, hay que remontarse a 1944 para registrar una situación peor que la bajante, cuando el río marcó -1,40 metros frente a Paraná -por debajo del nivel del mar-, al igual que en Diamante (-1,38), Victoria (-41) y en La Paz (-1,11).
En Paraná, la capital provincial, el río subió más de un metro y se mantiene hoy con 1,28 centímetros, y durante la bajante ya superó las marcas de 1971 (0,50 metros), de 2020 y 1970 (0 metros). Asimismo, continúa muy por debajo de su nivel de aguas bajas (2,30 metros) y de su altura promedio para abril (3,44 metros) en la capital entrerriana.
En el noroeste entrerriano, en La Paz, el río Paraná subió 1,50 metros hasta los 2,13 metros de altura.
Aún así, sigue lejos de los 3,20 metros de límite de aguas bajas y de los 4,45 que la Prefectura Naval Argentina (PNA) registró como promedio entre 1996 y 2020 para este mes.
En el puerto de Diamante, más al sur de la costa entrerriana, el río se incrementó 1,20 metros hasta los 1,47, pero aún continúa por debajo de los 2,40 metros del límite de aguas bajas y del promedio histórico de 4,36 de abril.
Por otro lado, en Victoria desde el 23 de enero y hasta principios de marzo no lograron tomar la altura debido a que no se cuenta con la tecnología necesaria para medir por debajo del cero.
Actualmente, se mantiene con 1,47 metros y por debajo de aguas bajas (2,60), de sus 3,95 registrados como promedio este mes en los últimos 25 años.

Cómo afectó la bajante
La bajante afectó la fauna íctica al dejar seco el valle de inundación (donde los peces se refugian, alimentan, reproducen y crecen); produjo inconvenientes en el riego de cultivos y complicó las producciones industriales que necesitan captar agua. También acrecentó los problemas de incendios en las islas y los de contaminación del agua, ya que se redujo la capacidad del río de dilución de los afluentes crudos o industriales.
El secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet, afirmó que la bajante "impactó fuertemente en acopiadores, fileteadores, transportistas y más de 3.000 familias de pescadores". Las barcazas comerciales "tuvieron que adecuarse a transportar mucha menor cantidad", lo que ralentizó la navegación y "ha encarecido enormemente el transporte fluvial", agregó Amavet.
"Es una situación histórica particular que nos enfrentó a una situación compleja desde lo ambiental que seguirá hasta 2025, se puso en crisis la producción, tuvimos serios problemas con incendios y destruyendo el hábitat de la fauna", sostuvo la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García.
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En dos procedimientos secuestran cuatro topadoras que realizaban desmonte ilegal

Fecha de Publicación: 05/04/2022
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


En Pampa del Infierno y en Las Breñas personal de la Dirección de Bosques procedió al secuestro de cuatro topadoras que realizaban desmonte ilegal. Uno de los casos fue denunciado por un vecino de la localidad y rápidamente el director de Bosques Emanuel Carrocino arbitró los medios necesarios para la realización del procedimiento en cuestión.
Uno de los operativos donde se logró el secuestro de tres topadoras, fue en la localidad de Pampa del Inferno.  
El procedimiento empezó con un informe de cambio de cobertura boscosa generado por el Departamento de Geo-Información, a través de la utilización de sistema SIG, en la parcela 719, circunscripción VI, con el cual se pidió una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Sáenz Peña.
En el lugar se hizo presente personal de la Dirección de Bosques, acompañado de la Oficial de Justicia del Juzgado de Paz de Los Frentones, y la Policía Rural de Pampa del Infierno. Tras cumplirse el allanamiento se procedió al secuestro de tres topadoras caterpillar D8, las cuales estaban realizando el topado utilizando cadenas.
Se inició un expediente por Infracción a la Ley 2079-R, el cual se tramitará en la Oficina Central de la Dirección de Bosques.
En la localidad de Las Breñas, inspectores de la Dirección de Bosques detuvo otra Topadora, la cual se encontraba realizando un desmonte sin el permiso correspondiente en un predio del Departamento 9 de Julio. Esta situación, fue alertada por un vecino de la localidad de manera informal, a través de un llamado telefónico al Director de Bosques, quien de inmediato puso en marcha el procedimiento de fiscalización. Se solicitó una orden de allanamiento en el Juzgado de Garantías de Charata, quien otorgo la misma, delegando el diligenciamiento en el Oficial de Justicia del Juzgado de Paz de Las Breñas. Del procedimiento también participaron agentes de la Policía del Chaco.
En el predio inspeccionado se logró el secuestro de una topadora marca Caterpillar D8, un Rolo de 5 metros de ancho y un cajón sembrador de semillas. La infracción se constató en la Parcela 131, Circunscripción II del Departamento 9 de Julio, pero la Topadora se encontraba en un predio lindante donde quedó resguardada la misma.
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Los daños económicos por la catástrofe ambiental ascienden a $82.000 millones

Fecha de Publicación: 04/04/2022
Fuente: El Litoral
Provincia/Región: Corrientes


Las cinco principales cadenas productivas de la provincia se nuclearon para presentar un informe actualizado de los daños que provocó la emergencia ígnea. En todos los casos peligra la producción futura, con altos porcentajes de pérdidas.  
La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (CEP) reportó ayer pérdidas económicas por un total de $82.159 millones para el campo, luego de los devastadores incendios. Esto abarca a las cinco principales cadenas productivas: arroz, citricultura, forestación, yerba mate, y ganadería.
El informe contiene las pérdidas económicas actuales tanto como para el corto plazo, por la influencia de la catástrofe ambiental del primer bimestre de este año y por la sequía que extendió la emergencia agropecuaria desde 2019.
En tanto que una articulación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Gobierno de Corrientes y el Banco de Corrientes, abrió una línea crediticia para inversiones, capital de trabajo y gastos de evolución para productores afectados por lo incendios que se podrá solicitar hasta fines de septiembre de este año. El monto total de esta inversión es de $500.000.000.
A continuación, se describen las pérdidas de económicas de las principales cinco cadenas productivas de la provincia de Corrientes.

Ganadería
Este sector presentó las pérdidas más altas, y es el grupo para el que se organizaron las primeras campañas solidarias con el propósito de evitar la desnutrición de animales. Diferentes provincias donaron alimento para ganado, aunque el Gobierno recomendó bajar la carga vacuna de la provincia.
En total reportaron pérdidas por $30.478 millones, por disminución de la producción, daños en la infraestructura y por mortandad más elevada en el invierno. Corrientes pose 4.660.000 cabezas aproximadamente, lo que la ubica en el 4° stock nacional, después de Buenos Aires, Santa Fe, y Córdoba.
Hasta los incendios de febrero se notó una reducción del 75% de la producción de pasto, lo que podría agravarse con las heladas de esta temporada. Sumaron también las pérdidas de 10 millones de alambrado y 139.800 animales muertos por la sequía (una duplicación del promedio de mortandad anual).

Forestación
Según las últimas estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), hasta fines de febrero se perdieron en total en la provincia de Corrientes 28.935 hectáreas del sector forestal.
En lo que se refiere al subsector forestal, relacionado con la actividad del resinado, se afectaron 4.414.000 de plantas, a lo que se suma el costo de implantación para recuperar las hectáreas quemadas durante la catástrofe.
Las empresas forestales presentaron pérdidas por un total de $27.281 millones. De este modo, es el segundo sector más afectado en cuanto a daños económicos. Corrientes posee 550.000 hectáreas de bosques implantados (70% de pino y 30% de eucaliptus), lo que la ubica como la primera provincia en superficie nacional.

Arroz
Durante esta campaña 2021/22 el sector arrocero sembró 96.000 hectáreas, aproximadamente un 45% de la superficie nacional. De ese total, evaluaron pérdidas del 40% de la producción,  es decir, 300.000 toneladas menos de arroz, aproximadamente.
El sector arrocero presentó pérdidas por $9.540 millones en total.
En el marco del desastre climático, tres factores influyeron en la merma productiva: falta de riego adecuado producto de la sequía; fallas en la red eléctrica nacional que afecto el sistema de riego; y solarización excesiva. A raíz de lo cual se obtuvo menor producción, y además un producto de inferior calidad, aseguraron en el informe emitido ayer.
Por otra parte, el 65% del arroz sembrado en Corrientes se hace con agua de represa, y las mismas están con baja o nula reserva, con lo cual y si las lluvias continúan siendo escasas, advirtieron que peligra la próxima campaña.

Citricultura
Esta provincia posee 30.000 hectáreas de citrus aproximadamente, distribuida en dos cuencas:
La zona 1 de Bella Vista, Concepción y Murucuyá, con 9.000 hectáreas aproximadamente (con plantaciones mayormente de limón), y la zona 2, de Monte Caseros y Mocoretá, con otras 21.000 hectáreas aproximadamente (mayormente de citrus dulce).
En la zona 1 acusaron pérdidas del 50% de las frutas aproximadamente, equivalente a 72 millones de kilogramos (con un promedio de pérdida 8.000 kg de frutas por hectárea). Sin embargo, aclararon que todavía no están contabilizadas las hectáreas de plantas muertas por la sequía.
Además, prevén que se perderá la cosecha de fruta de este otoño/invierno.
En tanto que en la zona 2 sufrió un menor impacto climático, por haber tenido un mejor registro pluviométrico. Esto permitió una menor disminución de la productividad.
No obstante, se prevé un 20% menos de producción en esas localidades, es decir unos 84 millones de kilogramos de frutas de la zafra 2021, que está por culminar.
Por otra parte, también advirtieron que el perjuicio se prolongará en el tiempo, comprometiendo las zafras 2022 y 2023. Para este año se estima un 50% menos de producción y para el año que viene un 30% menos.
En total, este sector evaluó pérdidas totales por $7.880 millones.

Yerba mate
Corrientes posee unas 60.000 hectáreas cultivadas de yerba mate, lo que equivale al 30% del total nacional. El sector yerbatero estima un 50% de pérdida de producción, es decir, 76 millones aproximadamente de kilos de hoja verde.
También 4.000 hectáreas aproximadamente de plantas muertas por sequía y altas temperaturas, lo que conllevará costos para la implantación. Esto comprende los costos de inversión en los próximos cuatro años posteriores a la implantación inicial.
Es así que el sector yerbatero en Corrientes anotó otros $6.980 millones en pérdidas.
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Vaca Muerta se prepara para superar los 2.000 pozos este año

Fecha de Publicación: 04/04/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Neuquén


Los desarrollos no convencionales del país quedaron en puerta de un nuevo hito en la historia. Se espera que este año se realicen más de 300 perforaciones con destino a la formación.
Vaca Muerta se prepara para superar los 2.000 pozos este año La marcha más rápida que adquirieron los desarrollos hidrocarburíferos en la formación el año pasado dejaron a Vaca Muerta en la puerta de un nuevo récord y, según la hoja de ruta oficial de Neuquén, en pocos meses se superarán los primeros 2.000 pozos perforados. Proyectan que en 2022 se concretarán más de 300 pozos entre los de gas y petróleo.
“La proyección para este año son unos 322 pozos y para enero ya estábamos en 1.811, así que seguramente en el transcurso de mitad de año estaremos llegando a los primeros 2.000 pozos en Vaca Muerta. Con una historia que es de mucha mejoría porque cada vez que una firma hace un nuevo pozo generalmente obtienen mejores resultados”, destacó en exclusiva a Energía On el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro.
Para este año, desde la provincia proyectan un nivel de crecimiento en el segmento del petróleo de alrededor de un 20 a un 25% respecto a todo el 2021. Esto implica llegar a diciembre con un piso de producción de 285.000 barriles que está supeditado al crecimiento en las redes de transporte.

En números
25% es el techo de crecimiento para la producción de petróleo que fijó Neuquén, en base a las presentaciones de las empresas.
“Por el incremento que tuvimos el año pasado hubo restricciones para evacuar producción, la empresa Oldelval que administra el principal oleoducto de la cuenca está trabajando en una ampliación para sumar unos 50.000 barriles, de los cuales ya está disponible la mitad”, precisó Monteiro.
Tal como adelantó este medio, la firma confirmó que para mayo estará disponible la totalidad de la nueva capacidad de evacuación.
En paralelo la provincia mantiene los diálogos y continúa en fila para reactivar el Oleoducto Trasandino (OTASA) que lleva 15 años sin operar y permitiría sumar otros 100.000 barriles. Se espera que a partir de fin de año este caño esté en pleno funcionamiento.
El ministro de Energía de Neuquén, Alejandro Monteiro, dialogó en exclusiva con Energía On.

Más caños para Vaca Muerta
“Creemos que esta será infraestructura que tendrá poca duración. Según nuestras proyecciones, pensamos que para fines de 2023 o mediados de 2024 haría falta ampliar aún más la capacidad de transporte”, indicó.
Para esto Oldelval tiene un plan preparado con toda la ingeniería desarrollada para duplicar la capacidad de transporte actual de Vaca Muerta. Consiste en una inversión de 500 millones de dólares que se ejecutaría en tres partes

En números
500 millones de dólares en 3 etapas es lo que demandará el plan ampliación de transporte que proyecta Oldelval a mediano plazo.
Si bien la firma ya cuenta con el proyecto, recientemente le solicitó a la secretaría de Energía la prórroga de la concesión para costear el desarrollo.
Junto a este proyectó también está relacionada la ampliación de la terminal de Puerto Rosales, que implica más tanques y una boya de exportación extra que requiere de una inversión de 250 millones de dólares. Esta obra tiene que ver con que la mayor parte del incremental de producción de Vaca Muerta tendrá destino de exportación.
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Ante la crisis del gasoil, desde la agroindustria proponen llevar el corte con biodiesel hasta el 20%

Fecha de Publicación: 04/04/2022
Fuente: Info Campo
Provincia/Región: Nacional


Según las Bolsas de Cereales y de Comercio de siete provincias productivas, Argentina podría reemplazar un millón de toneladas de importaciones de gasoil, con el uso del biocombustible a base de soja.
Las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos; y de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, propusieron elevar hasta el 20% el corto del gasoil con biodiesel, para eludir la crisis que hay en el país a raíz de los faltantes del combustible que usan camiones y máquinas agrícolas en el inicio de la cosecha.
A raíz de la crisis global potenciada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se estima que Argentina deberá destinar unos U$S 13.500 millones este año para importar GNL, gas de Bolivia, gasoil y fuel oil, además de naftas para vehículos.
“Esta situación se puede agravar según la evolución del conflicto en el Mar Negro que, ante la posibilidad extenderse en el tiempo, podría provocar desabastecimiento de energía a nivel mundial y una puja entre los diversos países importadores”, advirtieron las Bolsas.

Propuesta
Bajo este panorama, señalaron que “la agroindustria argentina está en condiciones de responder a este importante desafío a través de una sustitución rápida de importaciones de combustibles, utilizando los biocombustibles”.
En concreto, aseguran que se pueden alcanzar las 3,9 millones de toneladas de producción de biodiesel, debido a que las industrias agroexportadoras que producen este combustible a la vera del Río Paraná, tienen casi un 60% de capacidad productiva ociosa.
“Los estándares vigentes para la producción de biodiesel establecidos para un corte del 10% y las experiencias en su uso puro, muestran el potencial técnico del producto para sustituir al gasoil en el transporte. Incluso se cuenta con experiencias exitosas del uso del biodiesel puro B100 en flotas de camiones y buses de transporte de pasajeros”, recordaron las Bolsas.
Y continuaron: “En este sentido, incrementar la utilización de fuentes de energía renovables producirá beneficios para el medio ambiente y la salud humana. Dado el compromiso de Argentina de avanzar en la reducción de GEI y alcanzar la carbono neutralidad hacia 2050, este factor no debe soslayarse”.

Beneficios
También enumeraron que “debido a la profunda trama de actividades que desarrolla el sector de los biocombustibles en el interior del país, una mayor producción tendría un aporte muy importante al desempeño de la actividad económica y la generación de valor. Se trata, entre otras cosas, de un rubro dinámico en la generación de empleo y exportaciones genuinas”.
Además, “una mayor utilización de biodiesel redundaría también en un importante aporte a la salud de las cuentas fiscales, dada la sustitución de importaciones que traería aparejada”, agregaron.
En concreto, el cálculo es que Argentina cuenta con disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de biodiesel para sustituir más de un millón de toneladas de importaciones de gasoil, con un producto 100% de fabricación nacional.
“Es por lo expuesto que las Bolsas de Cereales y de Comercio abajo firmantes proponen a las autoridades nacionales establecer por norma que, más allá del corte obligatorio vigente del 5%, las empresas mezcladoras podrán usar biodiesel hasta un máximo del 20%”, propusieron.
Y remataron: “Este adicional deberá ser consecuencia de mercado libre de oferta y demanda en elque podrán participar todas las empresas productoras de biodiesel registradas en Argentina, de manera de asegurar el abastecimiento en las mejores condiciones posibles de calidad y precio para el consumidor”.
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La obsesión por defender el modelo agroexportador a costa de la biodiversidad global

Fecha de Publicación: 02/04/2022
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Esta postura de la Argentina implica en muchos casos secundar la política obstruccionista de Brasil y priorizar la defensa de los agronegocios, por ejemplo pidiendo quitar a la agroecología y la agricultura ecológica en los nuevos textos
El mundo ya padece la sexta extinción masiva de especies a causa de las acciones humanas y, no conformes con ello, la cumbre que debe aunar esfuerzos para detener la pérdida de biodiversidad no avanza porque algunos países están invirtiendo su tiempo en construir obstáculos, en vez de en cooperar para el avance del proceso.
En estos momentos estamos finalizando en Ginebra las reuniones preparatorias de la Convención de Diversidad Biológica (CDB) rumbo a la COP 15, que se realizará en Kunming, China antes de fin de año.
El camino a Kunming ha sido accidentado dadas las interrupciones producto de la pandemia del COVID 19 desde finales de 2019, llegando a esta tercera reunión presencial del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Marco Mundial para la Diversidad Biológica posterior a 2020, luego de que se trabajara durante un año y medio con sesiones virtuales, con las complejidades que ello implicó.
El objetivo más relevante de la próxima cumbre mundial es justamente adoptar un Marco Global para la Biodiversidad para los próximos 10 años. Este nuevo marco reemplazará el adoptado en 2010 así como a las Metas de Aichi (2010), escasamente cumplidas y que se proponían para el 2020, entre otros objetivos: “Reducir a la mitad la pérdida de hábitats, incluidos los bosques (meta 5); gestionar de forma sostenible la agricultura, silvicultura y acuicultura (meta 7); evitar la extinción de especies en peligro (meta 12); proteger al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras (meta 11); y eliminar gradualmente o reformar los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la diversidad biológica (meta 3)”.
Está claro que las cosas para la biodiversidad están mucho peor que en 2010 y es evidente que los gobiernos del mundo no cumplieron con el compromiso adquirido entonces: la deforestación siguió y sigue aumentando -y hubo países que en medio del aislamiento forzoso por la pandemia intensificaron esa actividad-; la lista de las especies en riesgo siguió aumentando y los subsidios públicos para actividades perjudiciales para la biodiversidad incrementaron y se multiplicaron. Ante esta realidad, el nivel de ambición de las metas y objetivos que se plantean para el Marco posterior al 2020 debe ser mucho mayor, si los 196 países Parte del CBD que participan en la creación de este nuevo texto pretenden arreglar las cosas.
Sin embargo, luego de dos semanas de trabajo en Ginebra los avances fueron escasos y no se cumplieron las expectativas: los países desarrollados pujaron por mantener el estatus quo de sus economías sin acordar o incluso bloqueando aportes en dirección de garantizar la movilización de recursos y creación de mecanismos financieros y de aplicación, necesarios para darle viabilidad real al nuevo marco global.
Por su parte, los países en desarrollo mostraron una falta de liderazgo que aglutinara fuerzas para conseguir acordar metas más ambiciosas en favor de la conservación de la biodiversidad, y la oportunidad para negociar mantener en el texto del Marco temas que son transversales y que no pueden excluirse si es que en realidad hablamos de inclusión, de escuchar todas las voces y construir juntos. Esos temas se relacionan con la participación de todos los actores de la sociedad, en especial de los pueblos indígenas y las comunidades locales; los temas de inclusión e igualdad de género; la transparencia a todos los niveles y metas espaciales que permitan medir y cuantificar el impacto de la implementación del Marco para lo que queda de esta década. Más aún, países en desarrollo, por ejemplo Argentina y Brasil, no están abiertos a negociar cuál es su parte de responsabilidad en la movilización de recursos, no quieren hablar de cuál es su contribución en el cambio transformacional que apela el Marco Global.
La falta de ambición ha sido la gran ausente en todas las jornadas en Ginebra, junto con el desconcertante silencio de China (que por cierto ostenta la Presidencia de la 15ª Conferencia de las Partes al CBD (COP 15) ) y las evidentes maniobras obstruccionistas de Brasil, peloteándolas con Argentina; estos han sido los hechos más relevantes de una reunión empantanada.

El rol de la Argentina en la discusión global
Pese a la escasez de recursos y lo reducido de su delegación, Argentina hace gala de una profunda comprensión de la Convención de Diversidad Biológica en general y de su proceso en particular. Nuestro país es uno de los más activos y precisos en sus intervenciones, superando inclusive a delegaciones de países que ostentan muchos más recursos humanos y materiales para su trabajo.
Sin duda, la Argentina es una de las principales contenciones a los intereses estrictamente europeos en la discusión del nuevo Marco Global para la Biodiversidad, presentando aportes significativos en la inclusión del enfoque de género y la mención de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Pero el problema real con la posición de Argentina es lo que subyace a muchas de sus intervenciones, la defensa del modelo agroexportador basado en commodities ¡en una cumbre de biodiversidad!
Esta postura implica en muchos casos secundar la política obstruccionista de Brasil y priorizar la defensa de los agronegocios, por ejemplo pidiendo quitar a la agroecología y la agricultura ecológica en los nuevos textos. Así, en varias de sus intervenciones, la delegación de Argentina, aquí en Ginebra, ha solicitado la eliminación de prácticas agrícolas amigables con la biodiversidad y los ecosistemas.
Esto ya había quedado en evidencia en desde la discusión del documento “Iniciativa Internacional para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica de los Suelos y el Plan de Acción Actualizado”, el 11 de junio de 2021.
Un ejemplo puntual fue sobre otro párrafo (el 2.2) del documento mencionado, donde Argentina propuso eliminar todos los ejemplos, que justamente son los que dan claridad interpretativa de hacia dónde se requiere enfocar los esfuerzos a donde se requiere. El texto en negrillas es el que Argentina pidió se eliminara: “Desarrollar, mejorar y aplicar periódicamente procedimientos científicos de evaluación de riesgos, según proceda, considerando exposiciones realistas sobre el terreno y efectos a más largo plazo, para medicamentos veterinarios (p. ej., antibióticos), plaguicidas y semillas recubiertas de plaguicidas, contaminantes (incluidas sustancias emergentes, como microplásticos y nuevos compuestos orgánicos), biocidas y otros contaminantes para fundamentar las decisiones de gestión de riesgos, limitar o minimizar la contaminación y promover la minimización de medicamentos veterinarios, fertilizantes y plaguicidas (p. ej., nematicidas, fungicidas, insecticidas y herbicidas) así como su aplicación basada en criterios científicos para mejorar la conservación, restauración y utilización sostenible de la diversidad biológica de los suelos, la salud y el bienestar humanos”.
Estas ediciones no son meras cuestiones semánticas: implican la construcción de un lenguaje orientado a debilitar lo que debería ser un marco para la conservación de la biodiversidad global y el resultado es un texto condicionado por los intereses del sector agroindustrial con intereses en la Argentina. Es la defensa de los commodities agropecuarios convertida en política de estado excluyente de otros temas, más allá del ámbito de discusión.
Esta postura contamina los esfuerzos globales de avanzar hacia sistemas de gobernanza basados en las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconocen a la ciencia como insumo válido para orientar las decisiones en pos de frenar y revertir la pérdida de biodiversidad que enfrentamos, en el mundo y en la Argentina.
En definitiva, el problema estructural es que, a diferencia de otras delegaciones, es notoria la ausencia del Ministerio de Ambiente de Argentina: ¿Cuál es la política del Ministerio de Ambiente en torno al Marco Global para la Biodiversidad posterior al 2020? ¿Por qué no son más vocales aquí en Ginebra para garantizar que la visión de conservación de la extensa legislación ambiental Argentina sea un faro para una mayor ambición en las metas globales?
¿Por qué no está presente alguien de la Dirección de Agroecología, aquí en Ginebra o se conecta en línea, cuando se discuten los temas que le conciernen en relación con esta Convención, que es parte de la política internacional de nuestro país?
Argentina, hoy atravesada por las consecuencias del cambio climático, la desertificación y la pérdida de biodiversidad, con su futuro condicionado por el deterioro del funcionamiento de los ecosistemas y la crisis climática, debe construir y asumir una política ambiental consistente y dejar de lado la obsesión de la defensa del modelo agroexportador en cualquier ámbito, incluida en su participación no constructiva en la Convención de Diversidad Biológica.
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En Argentina, al 91% de las personas les interesa el cuidado del ambiente

Fecha de Publicación: 02/04/2022
Fuente: Perfil
Provincia/Región: Nacional


Una investigación exclusiva de Fundación Vida Silvestre demuestra que en el país el 84% está dispuesto a involucrarse con temas ambientales.
Según un estudio realizado a nivel mundial, el interés y la preocupación de las personas por la naturaleza aumentó un 16% en los últimos cinco años. Argentina transita por un camino similar: una investigación exclusiva realizada para Fundación Vida Silvestre en Argentina indica que al 91% de las personas les interesa el cuidado del ambiente y el 84% está dispuesto a involucrarse.
Además, las cinco problemáticas ambientales que más preocupan a la población argentina son:
- deforestación (67%),
- incendios (57%),
- manejo de residuos (53%),
- cambio climático (41%), y
- extinción de especies (39%).
En el mismo estudio se determina que, de todas las personas encuestadas en América Latina, el 96% considera que la pérdida de la naturaleza es un problema mundial grave, siendo la cifra más alta de todas las regiones encuestadas.
Este cambio en el sentimiento del público refleja una dura realidad, ya que los habitantes de los países con mayores índices de pobreza son los que más probabilidades tienen de experimentar las graves consecuencias de la crisis climática y la pérdida de naturaleza. Y demuestra que las personas son cada vez más conscientes de la crisis planetaria que atravesamos y, en respuesta a esta tendencia, transmiten sus inquietudes y exigen acciones concretas sobre la pérdida de la naturaleza y biodiversidad. Y para que esto suceda, los líderes políticos deben estar a la altura de las circunstancias.

Emergencia sanitaria y cambio climático
La emergencia sanitaria mundial que aún transitamos debido al COVID-19 sucede en un momento de alerta sobre el cambio climático y sobre la creciente pérdida de biodiversidad, en un contexto geopolítico que, además, pareciera correr el foco de la crisis climática que atravesamos. En los hechos, la emergencia sanitaria que vivimos condujo a una crisis económica y humanitaria, que dejó en evidencia la una profunda conexión: la vulnerabilidad y las desigualdades sociales, económicas, sanitarias y ambientales están entrelazadas.
Mientras la Argentina y el mundo trabajan para superar las dificultades provocadas por la pandemia, nos encontramos también ante una oportunidad para impulsar un cambio transformador hacia una sociedad más equitativa que camine hacia la sostenibilidad, que reconozca que el bienestar humano es posible solamente con un planeta sano.
La conciencia pública y la preocupación por la urgencia ambiental cobraron fuerza en el último tiempo, a medida que las personas en todo el mundo y especialmente en los países en vías de desarrollo son cada vez más conscientes de la crisis planetaria, lo que inevitablemente afecta su comportamiento y las motiva a actuar a favor de la conservación del ambiente.

La variable ambiental presente en cada aspecto de nuestras vidas
Entre los resultados que arrojó la encuesta en la Argentina, es importante destacar que para el 89% de quienes respondieron, el estado del medio ambiente afecta a las personas, mientras que el 65% señala que el cuidado del ambiente actual no alcanza para evitar que aumenten los problemas de salud. Esto cobra más sentido cuando analizamos otro dato: el 90% considera que, a medida que disminuya el cuidado del ambiente, aumentarían los problemas de salud.
Durante la investigación se consultó a las personas sobre cuánto las sensibilizó la pandemia, y el 71% respondió estar sensibilizada en cuanto al consumo de recursos del planeta y la relación de la pandemia con el estado de la naturaleza.
La encuesta refleja además que para el 65% de las personas, las empresas y el sector privado poseen una gran responsabilidad, así como la oportunidad para mejorar los mecanismos de producción e incorporar políticas ambientales que tengan en cuenta sus impactos. Si consideramos que la mitad del PBI mundial depende de la naturaleza y que el planeta es el proveedor de los insumos para hacer funcionar las economías de todo el mundo. Es indudable que el compromiso del sector privado para garantizar la producción sostenible de bienes y servicios resulta imprescindible.
Los resultados de estas investigaciones son más que claros: la preocupación social por el impacto que generamos en la naturaleza es cada vez mayor, tanto a nivel global como en nuestro país. La conexión entre la destrucción de la naturaleza y las consecuencias que esto produce en nuestro bienestar, en la economía y en la salud nunca ha sido más evidentes.
Es esencial que como sociedad trabajemos en conjunto, reforzando nuestro compromiso individual y exigiendo que estas cuestiones se vean reflejadas en políticas públicas y empresariales, para orientar nuestros hábitos hacia aquellos que detengan la degradación de nuestro planeta e impulsen su restauración. Esto impactará directa y positivamente sobre la calidad de vida de las personas y de las futuras generaciones. Hoy más que nunca debemos comprender que nuestra existencia depende de un planeta sano.
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Promueven biocorredores en espacios ferroviarios para reducir la pérdida de biodiversidad

Fecha de Publicación: 02/04/2022
Fuente: Grupo La Provincia
Provincia/Región: Riachuelo


La generación de biocorredores en espacios o terrenos ferroviarios en los cuales se utilicen especies vegetales autóctonas comenzarán a llevarse a cabo tras un convenio firmado hoy entre Trenes Argentinos y Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo).
Este es uno de los proyectos de ambos organismos que acordaron colaborar y cooperar para reducir la pérdida de biodiversidad y mejorar la calidad de vida de la población de la Cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo.
Los biocorredores "posibilitarán interacciones y el flujo libre entre los distintos espacios verdes", explicó Trenes Argentinos Operaciones.
Estos conforman parches y nodos dentro de una matriz territorial de índole urbana, periurbana y rural, característica de cada subcuenca.
Se aprovechará el trazado ferroviario, que atraviesa el territorio que abarca esta cuenca y constituye una plataforma para la realización de actividades que permitan el despliegue de la biodiversidad, habilitando usos sociales amigables ambientalmente.
Marinucci indicó al respecto que "el trabajo mancomunado entre diversas áreas del Estado es central para resolver los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas, por ello, la firma de este convenio nos brinda herramientas para avanzar en este sentido".
En tanto, Martín Sabbatella aseguró que "la articulación institucional es fundamental para potenciar las transformaciones en la Cuenca Matanza Riachuelo. En especial, el acuerdo con Trenes Argentinos permitirá que la infraestructura ferroviaria ya existente se vuelva un recurso para promover el desarrollo sostenible y generar instancias de concientización ambiental".
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Biodiverciudad: la nueva meta urbana de la gestión Llaryora

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba - Nacional


El intendente de Córdoba Capital fue anfitrión del encuentro nacional organizado por la CAF, que reunió a 30 jefes comunales de todo el país para compartir experiencias de políticas ambientales y de sustentabilidad.
¿Qué son las biodiverciudades? El neologismo acuñado hace tres años en Barranquilla, Colombia, se refiere a la planificación urbana teniendo en cuenta la biodiversidad local y regional, y su incorporación al desarrollo económico de una ciudad a partir del cuidado del ambiente.
Se trata de un paradigma impulsado por el Instituto Alexander von Humboldt, de Colombia, y el Foro Económico Mundial. Con este soporte, la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina apunta a mejorar la calidad de vida en las ciudades proveyendo financiamiento y asesoramiento a los gobiernos locales.
Este martes, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora fue anfitrión del Encuentro Nacional de Biodiverciudades en el Centro Cultural Córdoba (CCC). Allí se concentraron 30 intendentes de todo el país para compartir experiencias vinculadas con estas prácticas e introducir nuevas políticas públicas alineadas con este modelo.
“Este concepto de ciudades en el cual la biodiversidad regional se pone al frente de la planificación de la ciudad es novedoso, pero lo tenemos que trabajar entre todos”, apuntó Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica, de la CAF, durante la inauguración del encuentro.
“Queremos que la CAF sea el banco verde de la reactivación de América latina tras la pandemia. El 15 por ciento de nuestra cartera son programas de medio ambiente. En los próximos años pasaremos al 40 por ciento y tendremos 45 mil millones dólares para créditos verdes. Los intendentes son claves para que se plasmen en políticas públicas”, dijo Asinelli.

Economía circular
Por su parte, Llaryora hizo referencia a la necesidad de que las iniciativas y soluciones urbanas al cambio climático surjan de los entornos locales con una mirada global. Lo que se conoce como glocalización.
Allí se detuvo en las experiencias de economía circular que lleva adelante la ciudad de Córdoba, la incorporación de valor agregado y la industria del conocimiento aplicada a los residuos, generando un menor impacto ambiental y un beneficio económico.
Señaló también la necesidad del que el Estado no sólo se convierta en promotor, sino en consumidor de estos bienes.
“Por lo general se espera que las políticas ambientales vengan de los grandes organismos internacionales, los gobiernos nacionales, pero cuando uno se da cuenta ninguna de estas instituciones maneja un basural”, apuntó el intendente.
Y agregó: “Este trabajo no lo podemos hacer solos. Necesitamos que nos ayuden con el financiamiento de obras y compartir know how para mejorar nuestras políticas ambientales”.

Conceptos
A su turno Mario Murcia, especialista colombiano en investigación en bioeconomía dijo que este modelo de la biodiverciudad tiene una función más allá de la preservación de áreas verdes y protegidas. Y planteó tres escalas: pasar de ciudades sostenibles, a nuevas bioeconomías, hasta alcanzar una meta de territorios resilentes, donde la matriz energética pase a ser renovable.
En el panel principal, coordinado por la rectora de la Universidad Siglo 21 (UES21), María Belén Mendé, junto a Asinelli y Llaryora también participó Belén Daghero, gerente de Desarrollo Sostenible de Holcim.
Daghero planteó dos aspectos fundamentales para este paradigma. “La sostenibilidad depende de que se tenga una mirada de triple impacto (económico, social y ambiental), y en segundo término la articulación público-privada”, apuntó.
El evento estuvo coordinado por la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, a cargo de Alejandra Torres, y sumó a intendentes de todo el país. Por Córdoba estuvieron Juan Manuel Llamosas, de Río Cuarto; Myriam Prunotto, de Juárez Celman; Carlos Briner, de Bell Ville; Pedro Dellarossa, de Marcos Juárez; entre otros.
Todos se comprometieron a sumarse al Tratado de Barranquilla de biodiverciduades.
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Proyecto minero: comunidades mapuches acusan al gobierno de Río Negro de desconocer sus territorios

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: Diario Río Negro
Provincia/Región: Río Negro


Fracasó la segunda audiencia conciliatoria tras el amparo colectivo presentado en diciembre.
Siete comunidades mapuches, acompañadas por la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro, no lograron llegar a un acuerdo con los referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro durante la segunda audiencia conciliatoria que se llevó a cabo este martes al mediodía en el Juzgado de El Bolsón.
El encuentro se realizó tras el amparo colectivo presentado por las comunidades de Pilquiniyeu del Limay, Ñorquinco, Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Blancura Centro, Mencué Viejo y Colán Conhue en diciembre, a raíz de los permisos otorgados por la Secretaria de Minería de Río Negro a empresas mineras para avanzar en territorios comunitarios de Río Negro.
En la primera audiencia a comienzos de febrero, el juez Marcelo Muscillo dispuso medidas cautelares para evitar que las empresas ingresen en los predios de las comunidades, pero el gobierno rionegrino ya apeló la decisión ante el Superior Tribunal de Justicia.
«Nosotros expusimos la necesidad de la consulta libre e informada, pero el gobierno dijo que desconocía el territorio de las comunidades ya que no había relevamiento, que eso era insalvable y que dentro del procedimiento minero, solo se notifica a los titulares», relató Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Cuestionó duramente a los referentes del gobierno provincial por rechazar el pedido de una consulta, insistiendo en que se hizo lugar al procedimiento contemplado por el Código Civil y Minero: «Reconocen que entregaron permisos de cateo sin prever que había comunidades. Esos permisos implican el ingreso de gente desconocida al territorio y el movimiento de suelos. Es tremendo que desconozcan a las comunidades«.
Durante la última Exposición Rural en Bariloche, la gobernadora Arabela Carreras anunció la entrega de títulos comunitarios. «Es una deuda histórica. Pero días atrás, nos reunimos con (Rodrigo) Buteler y le pedimos más información. Aseguró que van a regularizar tierras sin el relevamiento territorial, pero solo entregarán los títulos a las comunidades que no tienen conflicto -que serán tres o cuatro-«, manifestó Carriqueo.
De las siete comunidades mapuches que presentaron el amparo, solo una cuenta con el relevamiento territorial. Para el resto, la Coordinadora realizó un croquis georeferenciado. «Si bien no es certero, no está alejado de la realidad. Esos croquis fueron presentados en la causa, pero la provincia dice que no es cierto. Hablan del derecho civil y minero y nosotros, del Convenio 169 que establece que las comunidades tienen derecho a participar en la explotación de los recursos naturales para lo cual debe haber consulta previa, libre e informada», recalcó y acotó: «Los recursos naturales no son exclusividad del estado«.
Durante la audiencia de este martes, las comunidades llevaban como propuesta un nuevo relevamiento georeferenciado a cargo de la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet, pero la negativa del gobierno provincial a hacer la consulta previa e informada impidió avanzar en cualquier iniciativa.
«La provincia planteó que desconocía a las comunidades y que se atenía al procedimiento del Código Minero que rige en Río Negro. El juez lamentó no haber llegado a un acuerdo y consideró que, más allá de una cuestión judicial, es un tema político. En su momento, la gobernadora dijo que no habría proyecto minero sin consenso social«, planteó Carriqueo.
Dijo que, más allá de la resolución del juez, las comunidades no están dispuestas a permitir el ingreso de las empresas al territorio, sin una consulta previa. «El proyecto minero de Río Negro es abarcativo de toda la provincia. No es poca cosa de lo que se está hablando aunque en este caso de la presentación del amparo, afecta a estas comunidades de la región andina. Hay otras cuatro que evalúan sumarse de la región sur», concluyó Carriqueo.
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La Provincia firmó un convenio con la FAO para potenciar la producción sustentable de alimentos

Fecha de Publicación: 01/04/2022
Fuente: Gobierno de la provincia de Buenos Aires
Provincia/Región: Buenos Aires


Fue en una reunión encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmó un memorando de entendimiento con el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la Argentina, Tito Efraín Díaz, para impulsar los sistemas agroalimentarios sostenibles y la comercialización de los alimentos elaborados en territorio bonaerense.
El convenio tiene como objeto fortalecer los sistemas sustentables de producción agroalimentaria en base al uso racional de los recursos naturales y fomentar la comercialización de los alimentos elaborados por pequeños productores y productoras, cooperativas y asociaciones. Para ello, se establecen acciones que buscan un acceso equitativo a los recursos e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor agregado, al tiempo que se llevarán a cabo actividades de asistencia técnica que identifiquen las brechas digitales asociadas al comercio electrónico e impulsen el desarrollo de herramientas que acerquen a productores y consumidores.
“Estamos convencidos de que la única manera posible de mejorar la productividad agropecuaria y la producción de alimentos es a partir de modelos sustentables, sostenibles y amigables con el medio ambiente, que comprendan la heterogeneidad de los productores agropecuarios y la importancia del agregado de valor, generación de empleo, el desarrollo local y regional”, señaló Rodríguez.
En ese sentido, el acuerdo  promueve prácticas agrícolas sustentables que mejoren la productividad; contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas; fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones; y que, a su vez, permitan mejorar progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.
Por su parte, Díaz aseguró: “Junto con la Provincia, estamos promoviendo la producción de alimentos saludables y garantizando el acceso de las poblaciones más vulnerables”. Y agregó: “El programa que estamos firmando va a permitir que la provincia de Buenos Aires siga mejorando las estrategias que ya está implementando en materia de nutrición, seguridad alimentaria y promoción de una agricultura sostenible, estableciéndose en un modelo para toda la región”.
Asimismo, se acordaron iniciativas vinculadas a robustecer los circuitos cortos en las cadenas agroalimentarias, así como reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. También, se abordó el trabajo conjunto en materia de agroecología, siendo la provincia de Buenos Aires la primera en contar con un programa específico de promoción de estas prácticas y en crear un Registro de Productores Agroecológicos que ya tiene 16.997 hectáreas certificadas y 223 productores registrados en un total de 60 municipios bonaerenses, junto con una red de facilitadores y facilitadores que brindan capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a productores/as que quieran iniciar la transición hacia la agroecología.
Estuvieron presentes el subsecretario bonaerense de Relaciones Internacionales e Institucionales, Mario Oporto; la responsable del área de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la FAO Argentina, Elizabeth Kleiman; y la directora de relaciones internacionales de Desarrollo Agrario, Cecilia Llabrés.
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