La contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires volvió a niveles previos a la cuarentena

Fecha de Publicación: 13/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Nacional


Tras los primeros días del aislamiento, la concentración de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas habían bajado hasta un 70%
Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA detectó que, a causa de una mayor circulación de autos, la contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires volvió a los valores previos a la cuarentena por coronavirus, luego de haber caído a cifras mínimas hacia fines de marzo.
Al establecerse en marzo la cuarentena por la Covid-19, los niveles de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas sólidas menores a 10 micrones bajaron hasta 70% su concentración.
Sin embargo, “poco duró aquel azul profundo en el cielo: a mediados de mayo, el tránsito vehicular aumentó y la contaminación volvió a los valores ‘normales’”, afirma Leonardo Serio, investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA que analizó la calidad del aire de la ciudad y advirtió sobre la necesidad de contar con más y mejores mediciones.
“La idea fue estudiar la calidad del aire en CABA antes y después de instaurada la cuarentena por la COVID-19. Para esto comparé el período del 1º de marzo al 31 de mayo de este año con el mismo período del 2019”, añadió.
“Como indicadores, -explicó Serio, docente de la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Fauba-, tomé tres contaminantes que en altas concentraciones pueden ser nocivos para la salud, como el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y las partículas sólidas menores a 10 micrones”, detalló.
Los resultados -difundidos por Sobre La Tierra, el Servicio de Divulgación Científica y Tecnológica sobre Agronomía y Ambiente de la Fauba- pusieron en evidencia que en los primeros diez días de la cuarentena ocurrió una caída notable de la concentración de los tres contaminantes, en comparación con los niveles “normales”.
La disminución fue del 70% en los óxidos de nitrógeno, del 30% en el monóxido de carbono y del 40% en el material particulado. Esto se mantuvo los últimos 10 días de marzo y todo abril, salvo para los óxidos de N, que luego achicaron la diferencia al 40%.
“Lo llamativo es que este fenómeno sólo duró hasta el final de abril. A partir de mayo, la concentración de los tres contaminantes volvió a los valores normales precuarentena, lo cual tiene que ver directamente con el aumento de la circulación de vehículos en la ciudad”, insistió.
El nivel de contaminación del aire en la Ciudad de Buenos Aires es -según Serio- mucho más bajo que en otras grandes ciudades de América Latina como México y San Pablo, algo que se explica en parte por su ubicación geográfica.
Otras -como Santiago de Chile y Bogotá-, a pesar de ser más pequeñas tienen problemas graves de polución por su condición geográfica, tienen menos posibilidades de que el aire se mezcle y se ‘limpie’, señaló el docente y precisó que “a la luz de la comparación, el aire de CABA está bastante bien”.
Desde hace 10 años el Gobierno porteño mide continuamente la calidad de aire en tres lugares de la ciudad, con estaciones automáticas que se ajustan a los estándares internacionales de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Estos puntos de monitoreo están ubicados en los barrios de Caballito, San Nicolás y La Boca. Desde 2018, se sumó una cuarta estación en Villa Soldati.
Al respecto, el especialista consideró: “Esta cantidad de estaciones sería insuficiente si nos comparamos con otras ciudades de América Latina: Santiago de Chile tiene una red con 13 estaciones de medición, Bogotá también tiene 13 y México posee más de 20”.
“Además -agregó-, no sólo es cuestión de cantidad, en CABA no tenemos registros oficiales de mediciones de material particulado menor a 2,5 micrones, que es el más perjudicial para la salud, ni tampoco se publican datos de ozono o de dióxido de azufre”, concluyó Serio.
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Agroquímicos. Embargaron en $5 millones a productores de Pergamino

Fecha de Publicación: 13/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Buenos Aires


El juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo embargó en $5 millones a cuatro productores -por ese monto lo hizo para cada uno- que producen en el partido de Pergamino por un supuesto delito ambiental con agroquímicos. Según el magistrado a cargo de una causa, los productores habrían empleado productos que se encuadran en la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y establecidos como no permitidos para utilizarse a una distancia no menor a los 100 metros del perímetro urbano, según una ordenanza municipal. Productores consultados dijeron que respetaron distancias y usaron productos aprobados.
Villaferte Ruzo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva en la causa caratulada como "Fernando Esteban Cortese y otros" de José Luis Grattone, Cristian Gabriel Taboada, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini. También ordenó el embargo mencionado.
El juez avanzó con la causa, que se inició unos años atrás, tras denuncias de vecinos de distintos barrios y pueblos aledaños a Pergamino.
"Yo hice una aplicación tomando recaudos como ser la velocidad del viento, utilicé productos banda verde (de bajo riesgo), usé la banda de aplicación y tengo carné habilitante desde 2015. El problema es que el dueño del campo (donde produce) tenía un problema con un vecino que cada vez que aplicamos denunciaba", contó a LA NACION Grattone, uno de los productores embargados.
En octubre pasado, Grattone fue denunciado junto a su maquinista, Taboada, ante las autoridades locales por supuestamente violar los 100 metros que es el límite perimetral para uso y aplicación de los productos químicos en un campo que trabaja en la localidad de Juan Andrés de la Peña, en el partido de Pergamino.
Grattone dijo que, cuando se anoticiaron de la denuncia que fue puesta por un vecino, llegó un auto de la policía federal y le pidieron que detuvieran la aplicación. "Les mostré todo, que estaba en orden con los productos que estaba usando, que son todos etiqueta verde y llevé al policía al lote en ese momento, pero para entonces la policía no envió a ninguna persona porque no tenían encargado. Después de un par de horas que estaba en orden todo, me autorizaron a hacer la aplicación", aseveró.
Señaló que, posteriormente, "vino Sergio Pizarro, en ese momento el secretario de producción de la comuna, e hizo un conteo de los metros con sus propios pasos, sin siquiera usar un sistema de medición". A su vez, añadió que en los días posteriores le dijeron que faltaban ocho o 10 metros para llegar a los 100 permitidos para hacer las aplicaciones.
"El 25 de noviembre de 2019 la policía hizo un allanamiento de domicilio y se ordenó una detención. Nos tuvieron en la comisaría federal y al día siguiente nos llevaron a declarar. Hace una semana me dictaron el procesamiento y el martes me enteré de la caución de $5.000.000 como una garantía", indicó. Su maquinista involucrado, en tanto, también fue embargado por la misma suma de dinero y con procesamiento sin prisión preventiva.
Según la causa, a Grattone y Taboada se les imputa haber efectuado una aplicación terrestre con fitosanitarios en el campo donde cultivaban soja que se encuentra localizado en la calle Ricardo Guiraldes, esquina Leopoldo Lugones, de la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino. Así como en las cercanías al barrio Milla III y a dos establecimientos educativos que se encuentran dentro de la zona de exclusión de 100 metros establecida por la ordenanza municipal vigente.
Grattone se diferenció de los casos de los hermanos Sabattini. "Uno de ellos ya había tenido denuncias y siguió aplicando, entonces eso agravó la situación", argumentó el productor y aclaró que, en ese caso, está determinado que no se pueden realizar aplicaciones en un perímetro inferior a los 600 metros del área urbana en esa parte de la ciudad de Pergamino. Y fue "por esa causa que se reactivó todo porque la persona que denuncia fue a la Municipalidad".
"Está mal asignado el hecho con la calificación a la figura de la causa de la ley de residuos peligrosos que es la ley 24.051", dijo el abogado Lucas Walter, uno de los letrados que llevan adelante la defensa de Grattone y de otro productor que no figura en la última resolución de la causa. Argumentó que el productor no estaba violando la ley.
No obstante, aclara que el embargo aún no quedó firme y hasta que no quede firme una solución no se efectivizará. "Recién hasta que eso se dé y quede firme el procesamiento y esté en etapa recursiva no se hará", afirmó Walter en referencia a lo que sucederá de ahora en adelante hasta llevar a cabo una apelación.
La denuncia original se dio por el caso de Fernando Esteban Cortese, quien fue procesado hace tres años en la primera causa en el barrio Villa Alicia en Pergamino y que abrió el debate. En tanto, Carlos Daniel Sabattini y Hugo Ariel Sabattini, quienes figuran en el fallo emitido hace tan solo unos días, habrían realizado aplicaciones en la localidad de Francisco Ayersa, a menos de 1095 metros de distancia de la zona urbana, por lo que habrían incumplido una disposición judicial que ordena la suspensión provisional de las pulverizaciones terrestres con fitosanitarios.
En abril del año pasado, cuando el Juzgado Federal de San Nicolás tomó una intervención, determinó que en el caso del límite territorial que se había iniciado alrededor del barrio Villa Alicia -que con el tiempo fue desplazándose en los alrededores del Luar-Kayad y La Guarida-, cuyo límite perimetral comprendía de 600 metros sobre la exclusión para las aplicaciones, pasara a ser de 1095. Hasta ese entonces se habían autorizado las aplicaciones solo de productos con etiqueta verde.
"Nosotros estamos profundamente preocupados por el caso de Grattone. Hubo una reunión con Pergamino Ambiental que esta integrada por el INTA, Federación Agraria Argentina (FAA), CREA, Aapresid, entre otras entidades, con Sociedad Rural Argentina (SRA) del norte de la provincia de Buenos Aires, con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Carbap para tratarlo y poner en blanco sobre negro el caso puntual de la localidad de Peña porque consideramos que es una exageración el encuadre que se le da a una violación de la reglamentación municipal. Los 100 metros estuvieron supervisados por los policías y como no hubo una supervisión municipal para la aplicación el vecino hizo la denuncia con la Policía Federal", indicó a LA NACION Jorge Josifovich, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino.
En tanto, el diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) se manifestó respecto al fallo y señaló que no se entiende por qué judicialmente se aplicó la ley de residuos y desechos tóxicos y no la ley que regula las aplicaciones de fitosanitarios en la provincia, que es la 10.699 con su decreto reglamentario Nº 499, que se encuentra vigente.
"Existen problemas de interpretación y varios municipios han realizado sus propias ordenanzas para reglamentar las aplicaciones de fitosanitarios, muchas veces excediéndose en sus competencias. En este momento me encuentro trabajando en ese sentido, a fin de tratar de terminar con vacíos legales y malas interpretaciones para poder aplicar reglas claras y, de esta manera, que los productores y aplicadores no queden a merced de la interpretaciones de un juez que quiera tratarlos como si estuviesen cometiendo un delito, cuando en realidad lo que hacen es producir alimentos y ejercer su derecho a trabajar libremente", sentenció.
Hace unos meses, productores de Pergamino solicitaron que se revise una resolución de ese Juzgado que imposibilita las pulverizaciones terrestre en unas 6000 hectáreas por encontrarse dentro de los 1095 metros de extensión del límite urbano y que afecta a más de 100 productores agropecuarios, quienes han visto una merma considerable en la producción.
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Denuncian contaminación en el río Mendoza

Fecha de Publicación: 13/08/2020
Fuente: El Ciudadano
Provincia/Región: Mendoza


Vecinos de zonas aledañas al río Mendoza en el distrito Palmira, de San Martín, vienen denunciando una serie de anormalidades en el medio ambiente. En el transcurrir del tiempo, olores nauseabundos y la aparición de aguas con desechos pesados y de negra coloración mostraron la gravedad de lo que ocurría, algo que les hizo movilizarse y hacer presentaciones que nadie daba respuesta, hasta que llegaron a legisladores de Protectora Fuerza Política, que tomaron inmediatamente el tema y comenzaron una profunda investigación.
Senadores y diputados, acompañados por especialistas en ambiente, comprobaron que en la zona señalada del departamento San Martín estaría ocurriendo un verdadero hecho contaminante, que involucraría a una importante empresa que hace tratamiento de residuos de muchas bodegas de toda la provincia.
Para quienes inspeccionaron la zona minuciosamente, obteniendo muestras para laboratorio, además de material de vídeo y fotografía, allí habría preocupante contaminación de los pocos cursos del río Mendoza que por allí escurren, como así de napas y aguas subterráneas, aspectos que habrían sido confirmados por los resultados que arrojaron las muestras, lo que habría transformado a la investigación en una doble denuncia ante el Departamento General de Irrigación y ante el fuero penal de la provincia. Esto último, ante la gravedad que podría trastocar la salud vegetal, animal y humana de ese sitio de Palmira.
El Ciudadano tuvo acceso exclusivo a la abultada documentación presentada ante el DGI con resultados de laboratorio, muestras con información de técnicos, fotografías y vídeos, para que el organismo rector del agua en Mendoza tome en forma urgente y preventiva la decisión de detener todo tipo de actividad en la zona señalada, e inmediatamente se lleve profunda investigación de lo que se estaría denunciando que, de no ser así, “se daría inmediata intervención de la Justicia, sin descartar pronunciamiento del Poder Legislativo”, advirtieron los denunciantes.
 
Lo descubierto en Palmira sería de considerable gravedad
Para profundizar el tema, nuestro diario entrevistó al diputado Mario Vadillo (PFP), quien ante la pregunta sobre qué presentaron ante el DGI, respondió: “Junto al senador Marcelo Romano hemos denunciado ante el Departamento General de Irrigación (DGI) a la empresa Derivados Vínicos SA. Para que se tenga idea, hablamos de una empresa ubicada en adyacencia de la Ruta Nacional 7 en Palmira (San Martín), justo en el cruce del río Mendoza, que es de gran importancia para la provincia. Su tarea fundamental es la gestión de todos los residuos sólidos y líquidos del proceso de vinificación de más de 700 bodegas de Mendoza”.

–¿El procedimiento es irregular?
–Este tratamiento tiene que ser muy cuidadoso, dado que este tipo de residuos es altamente contaminante. Nosotros, en el lugar, hemos podido comprobar muchas de las denuncias de los vecinos, que indicaban que los olores nauseabundos provienen de que se arrojan este tipo de efluentes directamente al río Mendoza, utilizando cañerías, en una zona de acres, donde no hay capacidad de absorción. Vital aspecto que, por ley, se necesita en este tipo de maniobras en lugares como ese.

–Ante lo que vieron e investigaron, ¿qué hicieron?
–Hemos pedido que, ante esta presunta contaminación tanto del río Mendoza como de las napas y aguas subterráneas, se haga un cese de este tipo de tratamiento hasta tanto se restablezcan las condiciones que impone la ley.

–Es decir, que las denuncias de los vecinos y productores de la zona, ¿tenían asidero?
–Como funcionarios públicos hemos tomado con mucha responsabilidad y preocupación esta grave denuncia de ciudadanos, porque ellos han notado con certeza contaminaciones que nos lleva actuar en consecuencia, constatando estas denuncias, colocando inmediatamente al DGI a trabajar en forma inmediata, para evitar que se sigan contaminando las aguas subterráneas, napas y en este caso, el río Mendoza.

–Si Irrigación no responde, ¿qué harán?
–Los primeros pasos los hemos dado ante la sede administrativa (DGI), en primera instancia para que se actúe en forma inmediata. En el caso de que no tengamos una respuesta favorable, o se demore la misma, previmos hacer la denuncia por la vía del fuero penal, instrumento que tenemos listo para no dilatar más el tiempo de respuesta. Pasos que ya dimos contra AySAM, cuando se volcaron importantes cantidades de residuos cloacales por semanas en el canal Cacique Guaymallén, que habrían producido grave contaminación en la zona de Bermejo”.
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La Corte Suprema ordenó constituir de manera urgente un comité de emergencia para frenar los incendios en el Delta

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Litoral Argentino


Lo hizo al aceptar un amparo de una asociación civil contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y las municipalidades de Rosario y Victoria. Además convocó a la provincia de Buenos Aires
La Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó hoy a la creación de un comité de emergencia ambiental que controle y ponga freno a los incendios que se registran en el Delta del Paraná. Dispuso que deberá informarse al tribunal en quince días sobre los avances de las medidas tomadas. La decisión involucra al Estado Nacional (a través de la cartera de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié), junto a los gobiernos de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las municipalidades de Rosario y Victoria.
El máximo tribunal se declaró competente en una una acción de amparo colectivo ambiental promovida por una asociación civil (“Equística Defensa del Medio Ambiente”) contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. A criterio de la Corte, existe prueba suficiente, de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.
El máximo tribunal además recordó que desde 2008 el Estado Nacional se había comprometido a un Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” entre los cuales figuraba la problemática de los incendios.
Desde febrero, las quemas de pastizales en las islas del delta del Paraná, frente a la costa de Rosario, provocaron lo que los ambientalistas llaman un “ecocidio”. La magnitud del área destruida supera en tres veces la Capital Federal. Hace menos de una semana el humo por la quema llegó hasta la ciudad de Buenos Aires. El 8 de agosto, cerca de 5.000 personas se movilizaron desde Rosario hasta la localidad entrerriana de Victoria a través del puente que une ambas ciudades para protestar contra las quemas de pastizales en las islas del delta del Paraná y en reclamo de una “urgente” de la Ley de Humedales.
Ahora, la Corte Suprema, con voto unánime, decidió hacer lugar al amparo y citar, además, a las autoridades a la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof para que, como medida cautelar, ese Estado provincial así como las provincias y municipios demandados constituyan, de manera inmediata, un Comité de Emergencia Ambiental.
Según dispuso, ese comité deberá adoptar medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares, en la región del Delta del Paraná, utilizando para ello las bases del “Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) de 2009. Y encomendó que en el plazo de 15 días corrido presenten al Tribunal un informe sobre el cumplimiento de la medida ordenada, la constitución del Comité de Emergencia Ambiental y las acciones efectuadas.
Según los considerandos del fallo, existen suficientes elementos para tener por acreditado que los referidos incendios, si bien constituyen una práctica antigua, han adquirido una dimensión que afecta a todo el ecosistema y la salud de la población. Se sostuvo que no se trata en el caso del juzgamiento de una quema aislada de pastizales sino del efecto acumulativo de numerosos incendios que se han expandido por la región, poniendo en riesgo al ambiente.
Según se destacó, el Delta del Paraná es un inmenso humedal y, como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, es un ecosistema vulnerable que necesita protección. Se explicó además que el peligro concreto sobre el ambiente se configura porque, con estos incendios, se causa un riesgo de alteración significativa y permanente del ecosistema del Delta del Río Paraná, además de resultar también afectadas la salud pública y la calidad de vida de los habitantes de ciudades vecinas, como la ciudad de Rosario.
Concluyó en que existe prueba suficiente, y de carácter público y notorio, de que los incendios irregulares en los términos de la ley 26.562, masivos y reiterados en el Delta del Paraná han adquirido una dimensión que causa alarma en la población y una grave amenaza al ambiente.
Por lo demás, recordó que esta situación no es novedosa, ya que en el año 2008 el Estado Nacional y las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, se habían comprometido formalmente a la elaboración de un “Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP), entre cuyos objetivos se previó la necesidad de encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática vinculada a los incendios que afectaron diferentes zonas del Delta del Paraná, así como la promoción de procesos tendientes al logro de una armonización normativa al servicio de la conservación y desarrollo sostenible de ese territorio. En dicho plan, señaló el Tribunal, se previó la creación de un “Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la Región del Delta del Paraná”, ─constituido finalmente mediante la resolución SAyDS 675/2009─ como instancia de coordinación de las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos enunciados entre las provincias y municipios con competencia territorial en el área del Delta del Paraná. Sin embargo, puntualizó que en las actuales circunstancias resulta evidente que estas medidas no han logrado una solución perdurable en la zona.
Respecto de encuadramiento legal, la Corte afirmó que la cuestión planteada está contemplada en diversas normas jurídicas, cuya implicancia en el caso desarrolló: la ley 26.562 (control de actividades de quema); la ley 26.331 (protección de bosques nativos); la ley 26.815 (protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales); la ley 23.919 (Protección de los Humedales, RAMSAR); la ley 24.295 (Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); y la ley 27.520 (Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global).
“El caso presenta, prima facie, características que permiten encuadrar los hechos denunciados en la figura legal de la emergencia ambiental (artículos 2°, inciso k, y 4º, “principio de cooperación”, de la ley 25.675)”, se afirmó. “Los incendios deben detenerse o controlarse de inmediato. La intervención de la justicia, en el caso, será para fortalecer las labores de fiscalización por parte de los Estados en el ejercicio efectivo del poder de policía ambiental, en cumplimiento de las leyes ambientales citadas”, se añadio.
En relación al peligro en la demora, la Corte afirmó la necesidad de prevenir y evitar que el daño ambiental colectivo continúe o se agrave la degradación del ambiente en la región del Delta del Paraná (con cita de las disposiciones pertinentes de la ley 25.675 y del Código Civil y Comercial de la Nación), ya que de la información aportada surge que la actividad de quema de pastizales, y los incendios, no ha desaparecido sino que parece haber aumentado, con el consecuente impacto que esto tiene en el ambiente que se intenta proteger.
En suma, entendió que resulta con suficiente evidencia, aun en esta instancia cautelar del proceso, que hay una afectación severa de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional; que hay efectiva degradación ambiental o afectación del Delta del Río Paraná, que compromete seriamente su funcionamiento y sustentabilidad; que su conservación es prioritaria, no sólo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras; y que como consecuencia de estos incendios, hay afectación en la calidad del aire.
Finalmente, requirió al Estado Nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, y a las Municipalidades de Rosario y Victoria, el informe que prevé el artículo 8° de la ley 16.986, el cual y deberá ser evacuado, en todos los casos, en el plazo de 30 (treinta) días corridos.

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Advierten que los incendios en humedales "son una tragedia" para flora y fauna de las islas del Delta

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Litoral Argentino


“El panorama es desolador, el fuego diezmó numerosa fauna del humedal. Se ha encontrado una innumerable cantidad de animales calcinados tras el incendio en las islas”, dijo a Télam un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca.
 Los incendios en los humedales del delta del Paraná, que ya afectaron a unas 90.000 hectáreas, constituyen una “verdadera tragedia” para la flora y fauna de las islas, y debido a la acción del fuego algunas áreas “tardarán años en recuperarse”, consideraron este lunes ambientalistas y ornitólogos.
Tras señalar que “es una verdadera tragedia” lo ocurrido con los incendios en el humedal, Pablo Cantador, un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca, dijo que en un recorrida efectuada por la zona afectada advirtió que existe “un gran porcentaje de islas quemadas”.
Comentó que hay áreas donde “el suelo quedó como un ladrillo por la temperatura, ahí el fuego quemó todo, hasta los microorganismos y semillas. Será muy difícil que algo vuelva a crecer en breve. Tardará años en recuperarse”.
Los incendios en los humedales del delta del Paraná, que ya afectaron a unas 90.000 hectáreas, constituyen una “verdadera tragedia” para la flora y fauna de las islas, y debido a la acción del fuego algunas áreas “tardarán años en recuperarse”, consideraron este lunes ambientalistas y ornitólogos.
Tras señalar que “es una verdadera tragedia” lo ocurrido con los incendios en el humedal, Pablo Cantador, un experto en avifauna del grupo ecologista El Paraná No se Toca, dijo que en un recorrida efectuada por la zona afectada advirtió que existe “un gran porcentaje de islas quemadas”.
Comentó que hay áreas donde “el suelo quedó como un ladrillo por la temperatura, ahí el fuego quemó todo, hasta los microorganismos y semillas. Será muy difícil que algo vuelva a crecer en breve. Tardará años en recuperarse”.
“El fuego, cuando es nocturno, sorprende en sus refugios a las aves acuáticas como las gallinetas, que no se caracterizan por ser grandes voladores y como apenas pueden levantar vuelo, quedan presas de las llamas”, explicó Cantador.
Y afirmó que el humedal “es también recepción de aves que emigran. Ahora están migrando las que vienen de la Patagonia, y en esta primavera, llegarán las aves que proceden del norte y se encontrarán con un tercio de las islas del delta arrasadas”.
El director de Aves Argentinas, Hernán Casaña, en diálogo con Canal 3 de Rosario, agregó que el área incendiada “es el equivalente a dos ciudades de Buenos Aires” y que “es un ambiente que se perdió y no sabemos cuándo se recuperará”.
 Casaña expresó que "numerosas aves perecieron al tener sus nidos en los árboles, pero muchas especies tienen problemas de conservación, por lo cual el impacto será muy fuerte, y recuperar el ambiente perdido también será muy difícil”.
Tras apuntar que los incendios en los humedales “es una tragedia desde el punto de vista ambiental y de la salud humana”, el titular de Aves Argentinas, dijo que “estamos perdiendo recursos naturales a una velocidad inusitada”.
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ALPAT apeló la condena millonaria por contaminación ambiental

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: La Mañana de Chipolletti
Provincia/Región:  Río Negro


La sentencia estableció que al monto impuesto (4.912.303,87 pesos) se le deben sumar intereses, y ordenó a la compañía el pago de las costas del proceso judicial.
La empresa ALPAT apeló el fallo por daños y perjuicio que los condenó a pagar casi cinco millones de pesos por la contaminación de un campo vecino al bajo El Riñón, paraje situado a unos 8 kilómetros al noroeste de San Antonio, donde la firma deposita desde fines de 2005 sus desechos de la fabricación de carbonato de sodio.
La sentencia la dictó en marzo de este año la titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, María Gabriela Tamarit, quien estableció que al monto impuesto (4.912.303,87 pesos) se le deben sumar intereses, y ordenó a la compañía el pago de las costas del proceso judicial.
El recurso presentado lo deberá resolver la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería, que está integrada por Ariel Gallinger, Maria Luján Ignazi y Sandra Filipuzzi.
La demanda apelada la impulsaron los propietarios del establecimiento rural por los perjuicios provocados por los líquidos con altos niveles de salinidad y amoníaco que se filtran desde el vertedero.
El predio fue considerado “zona de sacrificio” y está compuesto por cuatro grandes cuencos acondicionados en una depresión natural del terreno, los que no fueron “debidamente impermeabilizados”, puntualizaron en la presentación.
Esos líquidos se escurrieron por el subsuelo, elevaron la napa freática y contaminaron los pozos de agua que bebe el ganado vacuno que crían, afectando su producción y desvalorización del campo que ocupa 4.000 hectáreas.
La jueza valoró en la sentencia informes periciales que determinaron de manera coincidente el grado de contaminación progresivo que se registra el campo, y le adjudicó responsabilidad a los residuos que arroja allí la empresa.
“…. no puedo si no considerar que el daño está probado, que el efluente y consiguiente reservorio de la Empresa ALPAT SA produce filtraciones subterráneas que modifican las condiciones del medio natural en perjuicio de la actividad económica del establecimiento…”, señaló Tamarit en su dictamen.
Agregó que se comprobó que los propietarios del campo se privaron “de obtener utilidades de su establecimiento al no poder dar de beber a sus animales el agua que extraía del molino y de su propio acuífero, y que esto derivó en la reducción del ganado en pie”.

Intrusión de agua marina y amoníaco en la naturaleza
Este medio se comunicó con referentes de la empresa para que brinden su versión respecto a los hechos, pero finalmente no hubo respuestas. En el juicio de primera instancia los representantes legales de ALPAT, aseveraron que “los hechos en que gira la demanda son falsos y que, por lo tanto, no podrán ser acreditados”.
En su defensa, alegaron que la salinidad de los pozos se debe a que “puedan ser afectados por la intrusión de agua marina”, dada la cercanía del litoral marítimo, mientras que arguyeron respecto al amoniaco que “dicha sustancia puede encontrarse naturalmente en el medio”.

Líquidos en la marea
Paralelamente se inició otra causa por el delito de “contaminación de residuos peligrosos” que investiga la Unidad fiscal 3 de Viedma, con competencia en “Delitos Complejos”, indica el dictamen de Tamarit.
El escenario se presenta aún más alarmante porque la contaminación no solo puede afectar al sector rural, sino que también perjudicaría el entorno natural de toda la región con consecuencias para la población.
La jueza consideró “contundentes” los informes del Departamento Provincial de Aguas, en el que se indicó entre otros datos que el escurrimiento “podría alcanzar la ría”.
Las sospechas del daño al entorno natural que provocarían los efluentes en el Riñón tiene un antecedente: en 2016 había sido advertido por el Observatorio Ambiental Permanente, que conformaron integrantes de la Escuela de Ciencias marinas de la Universidad del Comahue, la fundación Inalafquen y del Instituto de Formación Docente.
En agosto de ese año brindaron una charla, en la que especialista afirmaron que los líquidos desechados escurren a las aguas subterráneas y drenan a la ría que penetra por el norte del ejido urbano.
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El Gobierno de La Pampa multó por $30 M a la Fundación Campo Limpio

Fecha de Publicación: 12/08/2020
Fuente: Bae Negocios
Provincia/Región: La Pampa


Tras un conflicto a principios de este año, en donde la entidad prometió construir tres centros de acopio, las autoridades pampeanas castigaron a la FCL por el mal manejo de los bidones vacios
El gobierno de La Pampa multó con $30 millones a la Fundación Campo Limpio (FCL), por el "daño ambiental" originado en una gestión ineficiente en el manejo de bidones vacíos, a finales de enero de este año. En mayo de 2019, la entidad había generado -en el marco de la Ley Nacional 27.279- un compromiso con la provincia para construir centros de acopio en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Macachín, para articularlos con un procedimiento de trazabilidad de bidones usados. El incumplimiento en los plazos derivó en un conflicto entre FCL y la Subsecretaría de Ambiente, que llegó a paralizar la venta de agroquímicos durante dos semanas en La Pampa.
El gobierno de La Pampa multó con $30 millones a la Fundación Campo Limpio (FCL), por el "daño ambiental" originado en una gestión ineficiente en el manejo de bidones vacíos, a finales de enero de este año. En mayo de 2019, la entidad había generado -en el marco de la Ley Nacional 27.279- un compromiso con la provincia para construir centros de acopio en las localidades de Colonia Barón, Alta Italia y Macachín, para articularlos con un procedimiento de trazabilidad de bidones usados. El incumplimiento en los plazos derivó en un conflicto entre FCL y la Subsecretaría de Ambiente, que llegó a paralizar la venta de agroquímicos durante dos semanas en La Pampa.
La decisión fue tomada a través de la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa, con la intervención de la Fiscalía de Estado, que tuvo a su cargo el análisis jurídico del caso. La disposición rechazó el descargo y la ampliación presentados por Campo Limpio y en sus fundamentos sostiene que la conducta desplegada por la Fundación se constituyó en "una flagrante violación" de la Ley de Presupuestos Mínimos General del Ambiente.
La Ley 27.279 establece como procedimiento obligatorio para reducir los residuos de producto en los envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, el lavado de envases rígidos. Esta normativa también contempla generar protocolos de gestión integral de los envases vacíos, para lograr una mayor eficiencia en su recolección, como así también determinar procesos específicos, tales como condicionar la nueva venta de estos productos a aquellos usuarios que no realizaran la devolución de los envases.
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Buscan proteger en Tierra del Fuego a la nutria de la Patagonia

Fecha de Publicación: 11/08/2020
Fuente: Telam
Provincia/Región: Tierra del Fuego


La Legislatura de Tierra del Fuego debate un proyecto de ley para la protección del huillín, un tipo de nutria con subpoblaciones, que se encuentra en peligro de extinción.
La Legislatura de Tierra del Fuego debate un proyecto de ley para asegurar la protección del huillín, un tipo de nutria nativa de la Patagonia y con subpoblaciones en tres lugares distintos de la provincia, que se encuentra en peligro crítico de extinción.
Los expertos definen al huillín como uno de los animales más autóctonos de la región y también uno de los más desconocidos, tal vez porque sus hábitos solitarios y nocturnos hacen que pocas veces puedan ser divisados por seres humanos.
La especie fue afectada por la caza a partir de la década del 50, durante el boom de la industria peletera y desde entonces se refugió en el parque nacional Nahuel Huapi (en Río Negro) y en Tierra del Fuego, donde está diseminada en el parque nacional del mismo nombre, la llamada Península Mitre y la Isla de los Estados.
Una ley fueguina de 1994 prohibió la caza y la explotación del huillín con fines comerciales, pero un nuevo proyecto presentado por el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) propone declarar a la especie como "patrimonio natural de la provincia", con estándares particulares de protección y monitoreo, y con artículos relacionados a la investigación y a la difusión educativa de esta variedad de la fauna patagónica.
"La población fueguina de estos animales tiene un número muy bajo de individuos y está distribuida en solo tres lugares. El huillín es una especie endémica de Patagonia y fue categorizada como en peligro crítico de extinción. Por eso este proyecto, que fomenta su preservación, es muy auspicioso", analizó Alejandro Valenzuela, investigador adjunto del Conicet y docente investigador del Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf).
Según Valenzuela, las nutrias constituyen una parte importante del ambiente porque pertenecen a los llamados "predadores tope".
"En Tierra del Fuego, son los únicos animales nativos de esta característica, junto con el zorro colorado. Su rol es clave porque mantienen el equilibrio dinámico del ecosistema", sostuvo el especialista en diálogo con Télam.
Además, precisó que se trata de la única especie mamífera "realmente semiacuática", ya que mientras –por ejemplo– los lobos marinos apenas salen a tierra para descansar, los huillines "viven la mitad de su vida en ecosistemas marinos y la otra en ecosistemas terrestres".
El investigador recordó que la necesidad de mejorar la protección de estos animales a través de legislaciones surgió como consecuencia de un taller científico binacional, entre la Argentina y Chile, realizado en 2018.
El experto mencionó que mientras existen algunas "leyes viejas" que "se quedan en algunos aspectos de la protección", la norma que discute el parlamento fueguino avanzará en variantes innovadoras.
Entre ellas, el proyecto establece que el Estado deberá "armonizar la protección y conservación de la especie con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que constituyen su medio de vida", y que se promoverá la "preparación de profesionales especializados en la administración y monitoreo de la especie".
Además, la ley impulsará la celebración de acuerdos, la realización de estudios e investigaciones y la creación de contenido educativo en distintos canales de comunicación "para concientizar e informar a los ciudadanos sobre la importancia de la presencia del huillín en los ecosistemas del archipiélago fueguino", sostiene la iniciativa legal a la que accedió Télam.
Por su parte, el diputado provincial Federico Sciurano, uno de los impulsores del proyecto, señaló a esta agencia que la norma busca dar "una contención adecuada a la especie y generar una política educativa que resalte la fauna autóctona sobre la introducida que ha tenido tanto impacto negativo, como sucede con los castores y los conejos".
Según Sciurano, la consideración de estos temas "juega un rol clave en la preservación del medio ambiente y nos acerca al cumplimiento de nuestra responsabilidad con las generaciones venideras", destacó el legislador.
El huillín se encuentra categorizado como "en peligro de extinción por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, a nivel nacional, y por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).
"Si bien la ley provincial 137 de 1994 prohíbe la caza por cualquier medio, la comercialización y la industrialización del huillín, entendemos que esto no alcanza para protegerlos. Es necesario declararlo patrimonio natural de la provincia", concluyó Sciurano.
Para Valenzuela, esta norma permitirá también postular a fondos de investigación y "generará conciencia e información para mucha gente que todavía no conoce la especie. Es una herramienta necesaria para la valorización social de nuestra fauna autóctona".
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Deforestación en Chaco: referentes discutieron la situación local y acusan al gobierno de "no hacer nada"

Fecha de Publicación: 11/08/2020
Fuente: Diario Chaco
Provincia/Región: Chaco


La Fundación Alem, en conjunto con los comités provinciales de la Unión Cívica Radical de las provincias de Chaco, Formosa y Salta, realizaron la charla "Deforestación en Argentina: pensando una solución". A través de Zoom, los participants escucharon e intercambiaron ideas con las organizaciones de la sociedad civil Vida Silvestre, Banco de Bosques y Eco House acerca de la conservación y protección de los bosques chaqueños que sufrieron graves consecuencias a lo largo de la última década.
Dio inicio a esta charla la diputada nacional Josefina Mendoza, quien realizo una presentación de la actividad introduciendo el tema, la situación de desmontes en general en Argentina; y la situación de desmontes en particular durante la cuarentena, donde la actividad se desarrolla a pesar de no ser una actividad esencial, haciendo hincapié en la falta de fiscalización por partes de las gobernaciones provinciales.
A su momento también lo hicieron los presidentes de los Comité Provinciales de la UCR de Salta, Formosa y Chaco, por esta última provincia ,el diputado provincial Livio Gutierrez mencionó: “Tenemos un vaso comunicacional, que tiene que ver con las provincias son responsables de sus montes y son responsables de su forestación; más allá de las competencias nacionales creo que hay un vaso comunicante entre Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero que tienen los mismos gobiernos en los últimos 10 años y no han hecho absolutamente nada para cuidar los bosques”.
En este sentido, manifestó: “Hemos tenido reducciones boscosas que van desde 25 % al 14 %, y el tema del bosques no es solo el mismo,  el 65 % de las comunidades indígenas  de la Argentina está viviendo en aérea boscosa, entonces todo ese ecosistema que estamos matando es un ecosistema que termina siendo migratorio para  las comunidades que terminan a la vuelta de las ciudades o pueblos más  cercanos tratando de sobrevivir de otra forma, me parece que nosotros tenemos que ver la implicancia de cambiar este esquema de deforestación”.
Gutierrez insistió: “la legislación es buena, el problema son los organismos de control que no actúan en la medida de las necesidades y son parte de esto. Nosotros no tenemos en la practica una situación en la cual garanticemos a nuestros hijos y nietos un ambiente sustentable, necesitamos una legislación, de protección judicial en todo esto y por sobre todas las cosas nosotros tenemos adversidades climáticas muy fuertes en la provincia del Chaco”
“Tenemos que lograr algo que sea sostenible en el tiempo, y que además de lo judicial, lo periodístico y la información a las personas sirva para todos. Tenemos que visibilizar la realidad, y de ahí en adelante, avanzar con un futuro y un trabajo sostenido. Los jóvenes tienen que saber quiénes son los responsables de destruir su futuro y de sus hijos. Por eso siempre pido que miren fotos satelitales", enfatizó.
En otra instancia hubo tres disertantes, en primer lugar Emiliano Ezcurra de Fundación Banco de Bosques quien indicó que “cuando uno va a las provincias ve la realidad y es que muchas veces los que desmontan tiene un vínculo personal con las autoridades de la provincia, en muchas provincias en cuarentena, desmontar pasó a ser una actividad esencial”. Además, agregó que los bosques no es solo un tema ecologista; es social. "Es importante que esta agenda moderna tome carrera y comenzar a charlar con los productores", mencionó.
En segundo lugar lo hizo Federico Pellegrino de Eco House: “Existe la falsa dicotomía entre producir y naturaleza, desmontar trae problemas sociales, no solo nos preocupa el yaguareté, nos preocupa lo social, un ejemplo son las ciudades inundadas”, indicó. Y continuó: “Los países que más progresaron no desmontaron, la FAO dice que Argentina estuvo en el décimo lugar en el mundo en deforestación”.
Con respecto a la Ley de Bosque, Pellegrino afirmó que es muy triste su incumplimiento “porque cuesta muchísimo sacarlas y después no se cumplen, es fundamental que las provincias declaren la emergencia forestal”.
Como último disertante estuvo Manuel Jaramillo de Fundación Vida Silvestre, quien informó que el Gran Chaco Americano es la eco región boscosa más extensa del continente después del Amazonas y la más grande de bosques secos de América del Sur. En la Argentina se encuentra el 60% del gran Chaco Americano, el cual el 40% pertenece a la región chaqueña.
La eco región más extensa de Argentina, es equivalente a dos veces la provincia de Buenos Aires, tres mil veces CABA, es casi toda la superficie de Chile y por último, un poco más grande que España o Francia.
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Cambio climático. Energía, transporte y basura: las claves de la Ciudad para ser pionera en la región en 2050

Fecha de Publicación: 11/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Capital Federal


"Neutral, resiliente e inclusiva". Sin fórmulas mágicas o caminos alternativos para llegar a la meta, la Ciudad acaba de lanzar un plan "verde" integral, de cara al 2050, para revertir los efectos negativos del cambio climático y su impacto en el día a día de los porteños, en sintonía con los ejes que exige el Acuerdo de París, al que suscribió la Argentina en 2016.
A los ojos de Sydney, Copenhague y Los Ángeles, consideradas pioneras en el mundo respecto del trazado de una estrategia para conseguirlo, Buenos Aires trabaja en disminuir las emisiones de los principales gases del efecto invernadero (GEis), que registran 13.100.079 toneladas de C02 equivalente según las últimas mediciones oficiales, a partir de tres sectores clave con alta participación: energía (responsable del 58%), transporte (del 28%) y residuos (del 14%), respectivamente.
"La política climática es una cuestión de Estado, transversal a todas las decisiones que tomamos desde el gobierno porteño. Para llevar adelante acciones concretas, convocamos y trabajamos con todos los actores necesarios de modo de pensar estrategias amplias y a largo plazo. Los ejes sobre los que nos concentramos son transporte, energía y residuos, porque sabemos que disminuir su impacto es uno de los caminos para mitigar los efectos del cambio climático", explica a LA NACION Eduardo Macchiavelli, secretario de Ambiente porteño.
Será un proyecto gradual, en etapas definidas y con distintos objetivos. La iniciativa buscará convertir a la Ciudad en una ciudad carbono neutral para 2050, pero en el corto plazo planean reducir el 10% de estas emisiones hacia fin de año y, en el mediano plazo, para 2030, lograr un escalón intermedio y llegar al 50%.
"La expansión e inauguración de los Metrobus, la amplia red de ciclovías, las estaciones de bicicletas gratuitas, la separación de residuos y reciclado, el tratamiento de residuos especiales, y la instalación de paneles solares fotovoltaicos, entre otros proyectos que se concretaron y son conocidos por los vecinos, son parte del escenario inicial", señalan desde la Secretaría a la hora de enumerar situaciones que ayudan a pensar el cambio climático como una problemática presente en los aspectos más cotidianos de la vida urbana.

Acciones, sector por sector
Fijar los objetivos y realizar las proyecciones de los próximos treinta años supuso para la Ciudad entender los escenarios actuales e imaginar en simultáneo aquellos que necesita alcanzar para cumplir sus metas ambientales. El análisis trajo como resultado los tres sectores que concentran en la actualidad las mayores emisiones y una batería de acciones a seguir en forma escalonada para reducirlas.

Energía
Las iniciativas se orientan a impulsar medidas vinculadas con el uso racional de la energía, la eficiencia energética y las energías renovables o más limpias.
El primer ítem implica concientizar y cambiar hábitos de consumo de los porteños, es decir, entender cómo ahorrar y usar la energía de manera razonable. "El 30% del total de las emisiones de GEis en Buenos Aires corresponde al uso de energía en los hogares en forma diaria", fundamenta un informe con detalles del plan al que accedió este medio.
El segundo apunta a que la energía se utilice de forma eficiente, como ocurrió, por ejemplo, con el recambio de luminarias a LED, que permitió evitar la emisión de 44.000 toneladas anuales de C02 equivalente y convirtió a Buenos Aires en la primera ciudad de la región en disponer del 100 % del alumbrado público con esta modalidad.
El último ítem y el más complejo de los tres implica la descarbonización de la matriz energética, es decir, empezar con la transición de fuentes convencionales, que utilizan combustible de origen fósil (petróleo, carbón, gas natural y gas licuado del petróleo), hacia fuentes renovables o más limpias.

Transporte
La atención dentro de esta área estará puesta en desacelerar el crecimiento de vehículos, la eficiencia energética de los mismos y realizar cambios en las tecnologías implementadas.
Todo esto explica entonces por qué uno de los objetivos centrales de la gestión se traduce en desincentivar el uso del automóvil y fortalecer el transporte público, a través de la expansión de la red de Metrobus (ya se inauguraron ocho), las ciclovías (hay 250 kilómetros trazados y 400 bicicletas gratuitas) y la prioridad del peatón.

Residuos
El residuo orgánico constituye uno de los grandes responsables de las emisiones de GEis, precisamente por el gas metano, que se produce de forma natural cuando se descompone la materia orgánica. En ese sentido, los esfuerzos seguirán focalizados en "reducir los residuos que son destinados a entierro en el relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), mediante el tratamiento de los restos orgánicos" y a partir del sistema de reciclaje, consigna el documento.
En la actualidad, la separación de residuos, el trabajo de las cooperativas de recuperadores urbanos y los adelantos tecnológicos de las cinco plantas de tratamiento -que contempla el Centro de Reciclaje de la Ciudad- inclinan la balanza a favor de las mejoras en la clasificación del material y al hecho de evitar la emisión de 192.493 toneladas de C02 equivalente.
Una cuota importante de estos avances logrados corresponde al trabajo de la Planta de Áridos, donde se tratan los restos de obras y demolición de la Ciudad; otra pertenece al de la Planta de Residuos Forestales, que se dedica al 100% de la poda; y también al de la Planta de Restos Orgánicos propiamente dicha, que opera sobre la fracción de basura que proviene de restaurantes, hoteles, supermercados y hospitales, entre otros orígenes.

Riesgos climáticos
Las olas de calor prolongadas, las sequías interminables, o las tormentas e inundaciones severas figuran entre las posibles consecuencias que deberán afrontar la mayoría de las ciudades en las próximas décadas, en caso de desconocer el impacto del cambio climático en la vida diaria de sus habitantes. De acuerdo con proyecciones oficiales, las cartas están echadas y cómo jugarlas dependerá exclusivamente del camino que tracen y la visión que acuñen los gobiernos locales, desde ahora hasta 2050, el punto de inflexión establecido a nivel global.
 En el caso de Buenos Aires, para acompañar la mitigación de las emisiones y ser carbono neutral -añaden desde la Secretaría- hace falta agudizar la mirada, para poder identificar los riesgos y las amenazas que afrontarán sus calles, y poder tejer en base a ellos políticas públicas destinadas a convertirla en resiliente, en términos de obras públicas, vivienda, necesidad de espacios verdes, corredores climáticos y robustez en el sistema de salud.
"Sabemos que es un camino largo en el que deberemos repensar la manera de vivir y de construir una ciudad enorme como ésta. Por eso, más allá de las acciones vinculadas con la energía, el transporte y los residuos, estamos rediseñando el espacio público para que podamos habitar una ciudad más verde, a escala humana, en donde todos encontremos el lugar adecuado, seguro y saludable para vivir", enfatiza Macchiavelli.

El rol decisivo de la C40
Las mediciones internacionalesy los compromisos asumidos por la Argentina y puntualmente por la Ciudad, en el marco del Acuerdo de París, obligan a ser muy precisos en cada paso, actual y futuro. Por ese motivo, el grueso de las soluciones en Buenos Aires se toma a la luz de lineamientos definidos por la C40, es decir, la red mundial que nuclea y colabora con los gobiernos comprometidos en la problemática.
Diariamente un asesor de esta organización guía a la Ciudad en el armado del plan para que éste cumpla con los objetivos pactados. Les brinda herramientas y capacitaciones que facilitan el análisis de los datos, la toma de decisiones, y el intercambio con otras regiones, para compartir experiencias y aprender de las acciones implementadas.
El trabajo con la C40 es continuo y sistematizado, aunque el avance del coronavirus en el mundo haya manifestado nuevas realidades, urgencias y formas de vivir.
"La pandemia expuso con claridad el impacto que tiene la acción del hombre en la naturaleza. Esta situación nos incluye a todos y nos exige modificar nuestros hábitos de consumo: avanzar hacia el uso eficiente de la energía, utilizar medios de transporte no contaminantes y reducir la cantidad de residuos que generamos; ese es el compromiso que debemos tomar para mejorar nuestra relación con el ambiente", concluye Macchiavelli al reflexionar sobre el complejo contexto en el que apuesta por un plan integral, pese a los imponderables y obstáculos circunstanciales.
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 Mendoza busca salvar a los guanacos y reclama un plan integral para evitar matanzas

Fecha de Publicación: 10/08/2020
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Mendoza


Salvar a los guanacos, con un nuevo plan de desarrollo, sin mortandad. Ese el objetivo que persigue la provincia cuyana para el sostenimiento sustentable nacional de una especie que está en peligro en otras zonas del país, sobre todo en el sur. Por eso, Mendoza reclama un programa integral con aval científico para evitar matanzas. Esto es, apuntar más a la esquila y a la comercialización controlada de los subproductos, sin acabar con la vida del animal, y menos aún, vender su carne. Así, la Secretaría de Ambiente local solicita un dictamen al Conicet para unificar criterios en todo el país, ya que se advierten cada vez más irregularidades.
Según pudo saber LA NACION, durante la gestión de Mauricio Macri se puso en marcha el Plan Nacional de Manejo Sostenible del Guanaco, el cual abría las puertas a las provincias del sur para hacer aprovechamiento de la carne; esto es, cacería y comercialización, de manera controlada, aunque implicaba el sacrificio de los ejemplares. "En Mendoza esto provocó problemas, ya que la caza de guanaco es ilegal y está prohibida la venta de carne: comenzaron a aparecer casos de dudosa trazabilidad; nos decían que era carne del sur del país, y nunca se terminó de aceitar el mecanismo. Además, no intervino el Conicet u otro organismo científico para saber si se están afectando las poblaciones de guanaco", indicaron desde el Ejecutivo mendocino.
Por tal motivo, la provincia del oeste argentino busca poner un freno a esta situación, alertando a todo el país. "Mendoza se ha plantado y no quiere que se maten más guanacos; tenemos otra manera de aprovechar el producto, por ejemplo en zonas protegidas, como la Payunia, donde hay grandes migraciones de guanacos, apuntamos al turismo y también a la silvestría para aprovechar la lana, todas actividades que no implican el sacrificio de los ejemplares", completaron desde Ambiente provincial.
De esta manera, el organismo local solicitó al Ente Coordinador Interjurisdiccional para la Fauna Silvestre que se amplíe la evaluación del agregado de valor del uso sustentable del guanaco, sin la necesidad de incidir en la mortalidad de ejemplares de esta especie y remarcó la necesidad de un abordaje específico para cada provincia.
En Mendoza, los antecedentes registrados evidencian el aporte en la economía regional, a partir de un aprovechamiento derivado de turismo, subproductos de la especie, entre otros beneficios. Esto, sin la necesidad de reducir las dinámicas poblacionales asociadas, con la intencionalidad de incluir dentro de los sistemas productivos locales la convivencia de la conservación de recursos naturales y la generación de rentabilidad económica de pobladores.
Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, hizo hincapié en la necesidad de dar participación al sector científico en la construcción de políticas de conservación de la biodiversidad y reafirmó la postura de solicitar Dictamen Técnico al Instituto Argentino de Zonas Áridas del Conicet. Por otro lado, expuso la posibilidad de desarrollo sustentable a través de procesos como actividades turísticas derivadas y venta de subproductos de la especie sin la necesidad de incurrir en la mortalidad de los especímenes.
Así, otro de los puntos expuestos fue el replanteo de las medidas establecidas de seguimiento de los productos y subproductos que se obtienen del guanaco, dado que las medidas implementadas en 2019, generaron conflictos de fiscalización respecto de la certificación del origen legal de los subproductos.
"Pedimos una evaluación más seria antes de tomar medidas. Y explorar todas las actividades posibles. Para plantear desarrollo sin mortandad. También, es real que se presenta otro problema: en el sur del país el Guanaco les 'saca' pastura a las ovejas, aunque en realidad es al revés, según quien lo mire", acotaron desde el Ejecutivo mendocino.
 Durante años, la provincia cuyana desarrolló la experiencia de "esquila en silvestría", en el ámbito de la Reserva Natural La Payunia. "Se actuó con un criterio de sustentabilidad en el uso de la especie, poniendo en valor el animal vivo y, a la vez, disponiendo del recurso que este brinda gracias a su esquila y obtención de fibra. Resultado de ello fue la obtención de una herramienta efectiva para la conservación y la participación de las comunidades locales en el uso sustentable y valoración de la especie en la dinámica del ecosistema", indicaron las fuentes.
Frente a este escenario de preocupación y a la espera de una nueva visión de manejo nacional de la especie, la Dirección de Recursos Naturales Renovables de Mendoza recuerda a la población que los animales de fauna silvestre no pueden recibir el trato de las mascotas. El comercio y tenencia, sin acreditar procedencia legal, están prohibidos por la normativa en materia de fauna silvestre: Ley Nacional 22421, de adhesión 4602 y 7308, reglamentada mediante Decreto 1890/05.
Asimismo, desde el gobierno local, aclararon que el hostigamiento y otros delitos contra la fauna silvestre están penados con multas que van desde $2.223 a $222.225 según la gravedad del hecho. Para dar aviso sobre casos de tenencia y comercio ilegal de fauna, se recomienda hacerlo a través del portal de denuncia en internet: www.ambiente.mendoza.gov.ar. También se puede realizar una denuncia llamando al 911.
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Denuncian que una inmobiliaria vende tierras fiscales en La Rioja

Fecha de Publicación: 10/08/2020
Fuente: El Liberal
Provincia/Región: La Rioja


Se trata de 760.000 hectáreas en las que están incluidos, además, dos pueblos y una laguna.
Un aviso de venta de 760.000 hectáreas de un paraíso semioculto en la cordillera de La Rioja desató un escándalo. Las tierras incluyen dos pueblos y Laguna Brava, una reserva natural creada en 1980 para preservar las comunidades de vicuñas y guanacos que estaban al borde de la desaparición. CER Servicios Inmobiliarios de Mar del Plata publicó el ofrecimiento con la aclaración de que ‘posee un corredor bioceánico del Mercosur con salida a Chile, la laguna más alta del mundo, el Monte Piscis y dos pueblos de 100 habitantes’. El precio: 91.277.640 dólares.
“Nos enteramos por las redes sociales”, admitió el asesor general del gobierno riojano, Miguel Zárate. En tanto, desde la inmobiliaria aseguran que cuentan con la documentación que demuestra que quienes dicen ser propietarios, efectivamente lo son. Las hectáreas que aparecen en el aviso comprenden Campo El Peñón, Monte Piscis y dos pueblos, Alto y Bajo Jagüel, donde viven unas 200 personas. Los pueblos son parte del departamento Vinchinas, de 3.000 habitantes.
“La zona es reserva natural por ley provincial y, además, está protegida por leyes nacionales y convenios internacionales -agrega Zárate-. Vamos a defender el patrimonio del Estado provincial y el derecho de los pobladores de esas zonas que tienen documentación de posesión de las tierras”. Una vez iniciada la polémica, el aviso aparece como ‘finalizado’ en la web, pero las fuentes oficiales ratifican su existencia y que, les confirmaron la decisión de venta.
La administración riojana acudirá a la Justicia para ‘proteger’ las tierras y, además, con una cautelar intentará evitar que ‘se avance en operaciones’ hasta que se presenten quienes dicen ser los dueños. “Queremos evitar instancias posteriores para que no haya estafadores ni estafados. Hay antecedentes en la provincia de otras ventas con documentos apócrifos’, apunta Zárate. Asegura que en el Registro de la Propiedad Inmueble no existe ninguno con esa superficie, a la vez que remarca que la Fiscalía de Estado tomó intervención y ya está investigando. El aviso de la inmobiliaria apareció en la página especializada ZonaProp, donde se describe que las compras de las tierras datan de 1967, que pasan líneas de tensión para energía eólica con estudios de intensidad de vientos y que los trámites limítrofes (las tierras lindan con San Juan) están hechos. Además, incluye un apartado sobre ‘posibilidades de explotación’ entre las que menciona hoteles de alta montaña, turismo de aventura, safaris en 4x4, caza y pesca, escalada y exploración de volcanes inactivos.
Desde la inmobiliaria indicaron que la hectárea está a 150 dólares y admitieron que para multinacionales ese valor “es un regalo”.
Esta operación pone en la mira también a la administración riojana, habida cuenta de la tardía reacción, y que se hayan enterado de este intento comercial, a través de las redes sociales, cuando ya estaba en oferta desde hace tiempo.
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Monitoreo Ambiental: primeros análisis del año sobre el estado del agua de la Cuenca

Fecha de Publicación: 10/08/2020
Fuente: Acumar
Provincia/Región: Riachuelo


Llevamos adelante un estudio del estado de agua superficial en el cauce principal de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se trató de la primera campaña, de tres que se realizan en el año.
Durante varias jornadas de trabajo en el mes de junio, un equipo compuesto por técnicas y técnicos ambientales de ACUMAR recorrió puntos seleccionados para la extracción de agua superficial para una posterior interpretación del estado del cauce principal y sus afluentes.
Los primeros análisis de este año son particulares y relevantes porque se realizaron en un contexto de aislamiento social, durante la cuarentena, sin embargo no se evidenciaron grandes cambios en relación a los datos históricos para cada punto de muestreo. Es sabido que la calidad de los cursos de agua son unos de los últimos indicadores en mostrar cambios sustanciales como respuesta a la actividad del ser humano. El agua de la Cuenca Matanza Riachuelo está en recuperación por las diversas actividades que llevamos adelante, pero el saneamiento es lento y dificultoso.
Los resultados de la campaña de junio están disponibles aquí. http://www.acumar.gob.ar/monitoreo-ambiental/informes/
De esta manera damos respuesta a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en la manda III del fallo del 8 de julio de 2008 indicó la realización de estas medidas de control sobre los cuerpos de agua y la biodiversidad de la Cuenca, realizando y poniendo a disposición del público informes trimestrales de evaluación de las condiciones ambientales.

Nueva campaña
El primer lunes de agosto, con un protocolo especialmente diseñado para prevenir contagios frente al Covid 19, comenzamos la segunda campaña de medición de calidad del agua superficial en el cauce principal y arroyos subsidiarios, que abarca los 21 puntos neurálgicos en el sistema hídrico de la Cuenca.
El monitoreo incluye un relevamiento del sitio al momento de la toma de muestra, obteniendo datos cualitativos y cuantitativos. Las muestras recolectadas son enviadas al Laboratorio Municipal de Avellaneda, que fue equipado por ACUMAR, para analizar los parámetros físico-químicos que se suman a los analizados en el momento de la toma de muestra. De esta manera se busca establecer, con 32 análisis por muestra de agua, el estado actual superficial tanto en el cauce principal como en arroyos de la Cuenca.
Además, en esta nueva campaña incorporamos un análisis de la integridad ecológica de las márgenes, evaluando siete variables, como la presencia de grupos y especies de plantas, residuos, obras de infraestructura, entre otras.

Acceso a la información
Desde el 2008 analizamos el estado general de toda la Cuenca Matanza Riachuelo, del agua, tanto superficial como subterránea, del aire y de la biodiversidad.
La Base de Datos Hidrológicos, histórica de los monitoreos de Agua se encuentra disponible para el público, a través de esta herramienta pueden visualizarse los resultados obtenidos desde que se comenzó el análisis hasta la fecha, considerando además filtros por tipo de muestreo, estación y franja temporal y mapas de las ubicaciones de las estaciones.
La base muestra para cada toma: contexto al momento de la toma, color, olor, estado general del sitio, pH, temperatura, turbidez, conductividad, Oxígeno Disuelto; y analitos para favorecer una caracterización completa a nivel físicoquímico, biológico y microbiológico: presencia de metales pesados como cromo, plomo, cadmio, mercurio; materia orgánica disponible, compuestos nitrogenados, fósforo, microorganismos e hidrocarburos.
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Primeros pasos hacia un nuevo parque nacional en La Pampa

Fecha de Publicación: 08/08/2020
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Provincia/Región: Nacional - La Pampa


Se inició el proceso de conformación de un área protegida para conservar el caldén, especie endémica cuyo bosque representa un ecosistema exclusivo de la Argentina.
El titular de la cartera ambiental nacional, Juan Cabandié, y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Somma, celebraron la decisión del Gobierno pampeano de impulsar la creación de un parque nacional destinado a preservar el bosque de caldén. El poder Legislativo provincial había aprobado el convenio marco de cooperación entre el Ejecutivo local y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, cuya Ley n.º 3246 fue promulgada recientemente por el gobernador Sergio Ziliotto.
El caldén (Prosopis caldenia) es una especie endémica del país, por lo que este bosque representa un ecosistema exclusivo de la Argentina. A través de esta iniciativa, se avanzará en la creación de la primera área protegida nacional destinada a conservar a perpetuidad una muestra representativa de este sistema natural único.
El acuerdo alcanzado constituye, además, una invitación al sector público y al sector privado, interesado en alcanzar los objetivos propuestos, a sumarse a una iniciativa basada en el consenso de los distintos actores implicados. Asimismo, la concreción del proyecto permitirá impulsar el turismo local e internacional en torno a la singularidad y belleza de este valioso bosque, que alberga un ícono natural, histórico y cultural pampeano junto a cientos de otras especies de flora y fauna asociadas al mismo.
De esta manera, el futuro parque nacional se convertirá en el segundo de la provincia, sumándose al Parque Nacional Lihué Calel, creado en 1976 y ubicado al sur oeste de General Acha (120 km), en la región centro sur de La Pampa. Esta área protegida conserva actualmente más de 32 mil hectáreas pertenecientes a la ecorregión monte de llanuras y mesetas, con parches de espinal.
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