Sin Ley de Humedales, la Corte sale a protegerlos
01:00 | 
Publicado por
Eco Sitio |
En defensa de los humedales
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional - Entre Ríos
La decisión atañe al Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú, frente a la ciudad del mismo nombre. El fallo fue recibido como "histórico" por los ambientalistas.
La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia considerada "histórica" por las organizaciones socioambientales. Ordenó frenar la construcción de un barrio privado en Entre Ríos y proteger los humedales (reservorios de agua dulce). Solo en la cuenca baja del río Luján (zona de reiteradas inundaciones) existen al menos 66 barrios privados, que ocupan 9000 hectáreas de humedales. "Cada fallo judicial nos genera la ilusión de que algún día se pueda hacer justicia por tanto daño que han hecho empresas como Eidico (de Jorge O'Reilly) y Nordelta (Eduardo Costantini) en nuestro territorio", señaló Reinaldo Roa, de la comunidad de Punta Querandí, en Tigre. A inicios de su mandato el presidente Mauricio Macri había prometido una ley nacional de humedales, pero nunca se concretó.
Los humedales son sitios de gran biodiversidad, zonas de inundación permanente o temporaria, que actúan como "esponja" y regulan el caudal de agua. Absorben y atenúan inundaciones. Ejemplos de humedales son los Esteros del Iberá (Corrientes), Delta del Paraná (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires) y Laguna de los Pozuelos (Jujuy), entre otros.
En las últimas décadas sufrieron el avance de actividades perjudiciales, desde agronegocio (ganadería, arrozales, soja), minería de litio hasta de grandes empresas inmobiliarias (los countries suelen ubicarse, y destruir, humedales). Desde hace más de una década organizaciones socioambientales, vecinales y académicos impulsan la protección de esos sitios (en sintonía con lo que fueron las leyes de bosques y de glaciares).
"Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú", es el nombre del emprendimiento inmobiliario de la empresa Altos de Unzué Sociedad Anónima. Cuenta con 445 lotes, prevé la construcción de 200 viviendas y un hotel de 150 habitaciones, lindero al conocido Parque Unzué, en la margen del río Gualeguaychú, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú. La empresa realizó movimientos de suelo antes de presentar la declaración de impacto ambiental.
La demanda, impulsada por un grupo de vecinos (encabezado por Julio Majul), solicitó el cese de actividades y la reparación de los daños. "El proyecto se realizará sobre una zona de humedales, con impactos permanentes e irreversibles", señalá el fallo de la Corte Suprema, con la firma los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
La Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había rechazado el amparo inicial con el tecnicismo de que la Municipalidad de Gualeguaychú ya había realizado una denuncia y la situación se debía resolver en el ámbito administrativo.
Los vecinos recurrieron al máximo tribunal del país, que en julio pasado revocó lo resuelto por los jueces provinciales, lo consideró "arbitraria" y destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales. La Corte Suprema resaltó la vigencia del derecho a vivir en una ambiente sano (artículo 41 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución de Entre Ríos) y recordó que el Estado debe garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, prevención, utilización racional, de equidad intergeneracional, progresividad y responsabilidad.
En un fallo de 22 páginas, el máximo tribunal afirmó que la cuenca hídrica es un sistema integral, en la que los humedales cumplen una función vital en materia de control de crecidas e inundaciones, protección de tormentas, recargas de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes.
La Corte Suprema también reiteró la vigencia de un artículo muy poco aplicado por los jueces del país: el "principio precautorio" (cuando haya riesgo para la salud o el ambiente, se deben tomar medidas preventivas, aunque no haya certeza absoluta de su afectación).
"Los barrios cerrados dañan nuestro territorio, destruyen el equilibrio natural milenario, arrasando cementerios indígenas de nuestros ancestros, desalojando cientos de familias, adueñándose de ríos y arroyos y eliminando la diversidad productiva de nuestra región", denunció Reinaldo Roa, miembro del Pueblo Guaraní y representante del Consejo de Ancianos de la Comunidad de Punta Querandí, ubicada en el paraje Punta Canal entre Tigre y Escobar, una de las zonas más impactadas por los barrios privados. Punta Querandí sufre juicios de desalojos: la causa penal fue favorable a la comunidad indígena con fallos de primera y segunda instancia durante 2018, y se espera una próxima sentencia del Poder Judicial e San Isidro.
Patricia Pintos es una de las académicas que más estudió la relación humedales-barrios cerrados. En el estudio “Urbanismo privado y gestión del suelo sobre humedales de la cuenca baja del Río Luján”, del Centro de Investigaciones Geográficas (IdIHCS/UNLP), contabilizó un piso de 66 barrios privados que ocupan 9065 hectáreas en la cuenca baja del río Luján (Pilar, Campana, Escobar y Tigre). Pintos coincidió con la comunidad Punta Querandí (y con las organizaciones socioambientales) que puntualizan en dos empresarios como los referentes en barrios cerrados y destrucción de humedales: Jorge O'Reilly (empresa Eidico) y Eduardo Costantini (Consultatio S.A.), dueño también del museo Malba.
En febrero de 2016, el presidente Mauricio Macri había prometido en público una ley nacional de protección de humedales. En noviembre de ese año, la Cámara de Senadores se negó a votar el proyecto. El principal artífice de la negativa fue el productor y senador entrerriano Alfredo De Angeli.
La Corte Suprema de Justicia resaltó dos principios "novedosos" que aplicó para proteger humedales: “In dubio pro natura” y el “in dubio pro aqua". La Asociación por la Justicia Ambiental y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad emitieron un comunicado en conjunto y explicaron el valor jurídico. Los principios "in dubio pro natura y pro agua" establecen que "en caso de duda, las controversias ambientales y de agua 'deberán ser resueltas en los tribunales, y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos".
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Etiquetas:
Santa Fe busca identificar patologías asociadas a pesticidas
Agroquímicos: proponen crear un registro provincial de patologías asociadas a la contaminación ambiental
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: Aire Digital
Provincia/Región: Santa Fe
En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Muchos actores sociales alertan sobre los efectos negativos en la salud y en el ambiente del modelo agroindustrial argentino, que depende en buena parte de la utilización intensiva de agroquímicos utilizados para “limpiar” los campos de malezas o plagas de diferente tipo. Hasta ahora, la provincia de Santa Fe no cuenta con un registro específico de patologías derivadas de ese tipo de contaminación ambiental, y eso es lo que intenta subsanar el proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) que busca dotar a las autoridades y a la población de una herramienta de conocimiento que sirva para poder luego elaborar políticas productivas y de salud que atiendan al bienestar general.
Un comité que nunca funcionó
El proyecto de ley presentado por Del Frade está anclado en un Comité Interministerial de Salud Ambiental creado hace ya nueve años con la intención de seguir de cerca las problemáticas generadas por las posibles consecuencias sobre el ambiente y la salud de las personas en relación con actividades productivas, con el ojo puesto especialmente en el uso de agroquímicos.
El decreto que creó ese Comité lo explicaba así: “La producción agropecuaria demanda el uso de biocidas y es necesario intervenir para determinar el grado en que estos productos constituyen una fuente potencial de riesgo para la salud de la población y el ambiente”.
Una de las funciones de ese Comité era registrar las denuncias vinculadas a los efectos de las fumigaciones sobre la salud de la población: “Nueve años después, sin embargo, aquel decreto no tiene existencia real en las prácticas políticas públicas de la provincia”, detalló el legislador.
Urgencias socioambientales
“Urge un informe provincial permanente y que se mantenga a través del tiempo para despejar dudas sobre la verdadera incidencia del modelo productivo en la salud y el medio ambiente santafesinos” detalló Del Frade en su propuesta, para agregar que “las permanentes fumigaciones, el siempre postergado debate sobre una nueva ley de fitosanitarios y el imperio de los intereses económicos por encima del bienestar de la naturaleza y las personas santafesinas exigen una herramienta práctica y contundente que despeje cualquier tipo de dudas sobre la consecuencia de la democratización del veneno como condición indispensable para la renta derivada del monocultivo”.
Información, insumo clave
La idea es que este registro sirva para recopilar información de pacientes con patologías derivadas de la contaminación ambiental para poder luego elaborar estadísticas al respecto. En la iniciativa se detalla que el objetivo es “reunir datos precisos sobre la incidencia de estas agresiones contra el medio ambiente y la salud que producen las prácticas productivas que hoy se imponen en todo el territorio provincial”.
Para reunir esta información se invita a gobiernos, universidades e institutos de salud que traten patologías derivadas de la contaminación ambiental “a proporcionar al registro datos precisos, investigaciones científicas y estudios especializados al respecto”.
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Pese a alguna medida, las plantas de biodiésel siguen frenaas
Subieron el precio de venta del biodiésel, pero las plantas siguen paralizadas
Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Fecha de Publicación: 17/09/2019
Fuente: La Nación
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno subió hoy el precio para el biodiésel, pero desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles ( Cepreb) aseguraron que el nuevo mínimo del valor de venta no es suficiente para el funcionamiento de las plantas, que desde la semana pasada están paradas.
De acuerdo a la disposición 199/2019 publicada en el Boletín Oficial, el precio del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil se fijó en $33.618 por tonelada para las ventas realizadas a partir del 1° de setiembre. El nuevo precio significa un aumento del 10,28% respecto a la última actualización realizada en mayo de este año.
Sin embargo, Francisco Jáuregui, director ejecutivo de Cepreb, dijo a LA NACION que el precio que se publicó es de referencia y no alcanza. "Está muy por debajo de los costos de operación", aseveró. El ejecutivo indicó que las plantas continúan paradas y que no saben si bajo estas condiciones se podrá entregar el biocombustible a las petroleras.
Según datos de la Federación Industrial de Santa Fe ( Fisfe), hay 54 plantas de biocombustibles en el país, de las cuales 19 son de bioetanol y 35 de biodiésel, distribuidas en 10 provincias: Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, y Santa Fe.
Además, Jáuregui adelantó que según conversaciones que entabló el sector con la Secretaría de Energía, está en vías de reglamentación la posibilidad de que se publiquen partidas extraordinarias a modo de subsidio para compensar el diferencial entre el precio publicado y el que "debería ser".
"En teoría se debería publicar mañana", dijo el ejecutivo. Pero añadió que incluso con ese subsidio el precio continuará sin ser suficiente. "Pasaría a un precio de venta de $35.000 por tonelada, cuando en verdad el valor debería estar cerca de los $40.000", afirmó.
Respecto al precio publicado en el Boletín Oficial, explicó que es un valor de referencia que abre lugar a que cada pyme individualmente pueda acordar las condiciones y el valor de venta con las petroleras para cubrir los costos. En este sentido, sostuvo: "Las pymes quedan a merced de la petrolera, por lo que se requiere del involucramiento del Estado para garantizar que se cumplan las condiciones pactadas". Jáuregui afirmó que en caso de que esto no ocurra no se podrá volver a producir.
En la norma oficial se indica que se realizaron modificaciones al precio de venta "conforme haberse detectado la necesidad de revisar algunas de sus variables, para que la fórmula en cuestión incentive mayor eficiencia en la actividad y refleje la variación de los costos de elaboración del biodiésel en el contexto macroeconómico del país".
La semana pasada, desde el sector de biocombustibles anunciaron la paralización de sus plantas luego de que el congelamiento de precios en las naftas y el gasoil se extendiera a la actividad. También afectó al sector la modificación del cálculo para el precio que, de acuerdo a la industria, dejó valores por debajo de los costos.
El biocombustible para el gasoil y la nafta tiene los siguientes componentes: el biodiésel se mezcla en un 10% con el gasoil y se hace con aceite de soja, y el etanol, que se incorpora en un 12% en las naftas, se elabora con maíz y caña de azúcar. El sector nació tras la ley de biocombustibles de 2006 que brindó un apoyo para que las pymes abastecieran el mercado interno, con el objetivo de desarrollar las economías regionales.
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Cambio climático y tres puntos críticos para Argentina
Cambio climático: los tres grandes temas en los que debe mejorar la Argentina
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El análisis "Incrementar la acción climática", elaborado por Climate Tracker, sugiere enfocar las políticas en la generación y suministro de electricidad, edificios residenciales y transporte terrestre.
Si acelera sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina podría transformarse en un "líder climático" para 2050. El plan de ruta debería estar enfocado en tres áreas estratégicas y altamente contaminantes: suministro eléctrico, edificios residenciales y transporte terrestre.
Según las conclusiones del análisis "Incrementar la acción climática" elaborado por Climate Tracker (el tercero de una serie que ya relevó a Sudáfrica y la Unión Europea y en el futuro lo hará con Indonesia, Turquía y Australia), si se estimulan estas políticas podrían recortarse las emisiones en esos rubros hasta en un 94% para mediados de siglo (respecto a los niveles de 2014) y pondrían al país en la senda definitiva del Acuerdo de París.
En el documento firmado en la capital francesa en 2016, los gobiernos de 195 países se comprometieron a contener el aumento de la temperatura por debajo de 2° por encima de los niveles preindustriales y, como escenario ideal, tratar de limitarlo a 1,5°. Pero el empeño actual es insuficiente: para cumplir con el límite acordado, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) concluyeron que es necesario redoblar los esfuerzos y reducir las emisiones de CO2 a cero junto a una drástica rebaja de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Transición energética
Si el sector eléctrico estuviera totalmente descarbonizado permitiría implementar planes de electrificación en el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de cargas. Las medidas sugeridas incluyen alcanzar una cuota del 60% de vehículos eléctricos en la flota total de automóviles para 2040 y de 100% en la flota de micros y colectivos. El abandono de los rodados que funcionan con combustibles fósiles reduciría además los efectos adversos de la contaminación atmosférica y acústica.
Entre las mejoras propuestas para los edificios residenciales figuran el reacondicionamiento térmico y una mayor eficiencia energética, con disposiciones en ese sentido para todos los aparatos de calefacción que se vendan hasta 2030. Esa eficiencia, junto a códigos de construcción más estrictos, y la electrificación de los servicios de agua y calefacción, podrían reducir casi por completo las emisiones de carbono en los edificios residenciales argentinos a mediados de siglo.
Dada su riqueza natural en recursos renovables y sus objetivos de expansión de las energías renovables para 2025, Argentina podría convertirse “en un país líder a nivel mundial en lograr una transición energética exitosa”, señaló Climate Tracker, aunque se necesitan “acciones adicionales” para desplegar las renovables en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía, de una cuota del 20% para 2025 y del 25% para 2030. Entre otras cosas, aumentar de forma considerable las inversiones en la infraestructura de la red eléctrica.
Pero, además, es probable que la transición hacia un suministro eléctrico bajo en carbono y basado en energías renovables logre crear más oportunidades de empleo en comparación con el escenario de desarrollo actual, ya que los puestos de trabajo fomentados por estas tecnologías crecerán con el tiempo y serán cada vez más necesarios, a medida que el sector de la generación de electricidad avance hacia la descarbonización total.
Aunque, para ello, “la Argentina debería reducir los incentivos para incorporarse al sector del gas natural y aumentar las oportunidades en tecnologías con futuro, como la energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica y la energía eólica terrestre”.
Fortalezas y debilidades
El documento destaca fortalezas y debilidades, luces y sombras de las políticas nacionales en el camino de las políticas climáticas. Resalta por un lado que existen instrumentos para apoyar la adopción de energías renovables no convencionales (como las subastas), pero alerta que los recientes retrasos en los proyectos encargados podrían frenar el crecimiento de la capacidad instalada hasta 2025.
Menciona la quita de algunas subvenciones relacionadas con el consumo y la producción de combustibles fósiles en los últimos años, pero recuerda que se mantiene el apoyo financiero directo para el consumo y la producción de gas natural.
Toma nota de la participación de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico, pero la describe como “insignificante”, debido a las “pocas políticas existentes para incentivar su adopción”.
También reseña que se estableció un manual de vivienda sostenible y un plan de etiquetado para todos los edificios nuevos financiados o cofinanciados por la Secretaría de Vivienda, pero apunta que no existe ningún marco político para aquellos financiados por privados.
Ya sabemos que la lucha contra el cambio climático debe ser ambiciosa, constante y creciente. Una batalla en la que ninguna ofensiva es en sí misma definitiva. Pero ir cumpliendo asignaturas pendientes y avanzar en la descarbonización de distintas áreas, como quedó acordado en París, es un interesante ejercicio para preparar los músculos de cara a próximos y mayores desafíos.
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Ambito
Provincia/Región: Nacional
El análisis "Incrementar la acción climática", elaborado por Climate Tracker, sugiere enfocar las políticas en la generación y suministro de electricidad, edificios residenciales y transporte terrestre.
Si acelera sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Argentina podría transformarse en un "líder climático" para 2050. El plan de ruta debería estar enfocado en tres áreas estratégicas y altamente contaminantes: suministro eléctrico, edificios residenciales y transporte terrestre.
Según las conclusiones del análisis "Incrementar la acción climática" elaborado por Climate Tracker (el tercero de una serie que ya relevó a Sudáfrica y la Unión Europea y en el futuro lo hará con Indonesia, Turquía y Australia), si se estimulan estas políticas podrían recortarse las emisiones en esos rubros hasta en un 94% para mediados de siglo (respecto a los niveles de 2014) y pondrían al país en la senda definitiva del Acuerdo de París.
En el documento firmado en la capital francesa en 2016, los gobiernos de 195 países se comprometieron a contener el aumento de la temperatura por debajo de 2° por encima de los niveles preindustriales y, como escenario ideal, tratar de limitarlo a 1,5°. Pero el empeño actual es insuficiente: para cumplir con el límite acordado, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) concluyeron que es necesario redoblar los esfuerzos y reducir las emisiones de CO2 a cero junto a una drástica rebaja de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Transición energética
Si el sector eléctrico estuviera totalmente descarbonizado permitiría implementar planes de electrificación en el transporte terrestre, tanto de pasajeros como de cargas. Las medidas sugeridas incluyen alcanzar una cuota del 60% de vehículos eléctricos en la flota total de automóviles para 2040 y de 100% en la flota de micros y colectivos. El abandono de los rodados que funcionan con combustibles fósiles reduciría además los efectos adversos de la contaminación atmosférica y acústica.
Entre las mejoras propuestas para los edificios residenciales figuran el reacondicionamiento térmico y una mayor eficiencia energética, con disposiciones en ese sentido para todos los aparatos de calefacción que se vendan hasta 2030. Esa eficiencia, junto a códigos de construcción más estrictos, y la electrificación de los servicios de agua y calefacción, podrían reducir casi por completo las emisiones de carbono en los edificios residenciales argentinos a mediados de siglo.
Dada su riqueza natural en recursos renovables y sus objetivos de expansión de las energías renovables para 2025, Argentina podría convertirse “en un país líder a nivel mundial en lograr una transición energética exitosa”, señaló Climate Tracker, aunque se necesitan “acciones adicionales” para desplegar las renovables en línea con los objetivos de la Secretaría de Energía, de una cuota del 20% para 2025 y del 25% para 2030. Entre otras cosas, aumentar de forma considerable las inversiones en la infraestructura de la red eléctrica.
Pero, además, es probable que la transición hacia un suministro eléctrico bajo en carbono y basado en energías renovables logre crear más oportunidades de empleo en comparación con el escenario de desarrollo actual, ya que los puestos de trabajo fomentados por estas tecnologías crecerán con el tiempo y serán cada vez más necesarios, a medida que el sector de la generación de electricidad avance hacia la descarbonización total.
Aunque, para ello, “la Argentina debería reducir los incentivos para incorporarse al sector del gas natural y aumentar las oportunidades en tecnologías con futuro, como la energía hidroeléctrica, la energía fotovoltaica y la energía eólica terrestre”.
Fortalezas y debilidades
El documento destaca fortalezas y debilidades, luces y sombras de las políticas nacionales en el camino de las políticas climáticas. Resalta por un lado que existen instrumentos para apoyar la adopción de energías renovables no convencionales (como las subastas), pero alerta que los recientes retrasos en los proyectos encargados podrían frenar el crecimiento de la capacidad instalada hasta 2025.
Menciona la quita de algunas subvenciones relacionadas con el consumo y la producción de combustibles fósiles en los últimos años, pero recuerda que se mantiene el apoyo financiero directo para el consumo y la producción de gas natural.
Toma nota de la participación de los vehículos eléctricos en el parque automovilístico, pero la describe como “insignificante”, debido a las “pocas políticas existentes para incentivar su adopción”.
También reseña que se estableció un manual de vivienda sostenible y un plan de etiquetado para todos los edificios nuevos financiados o cofinanciados por la Secretaría de Vivienda, pero apunta que no existe ningún marco político para aquellos financiados por privados.
Ya sabemos que la lucha contra el cambio climático debe ser ambiciosa, constante y creciente. Una batalla en la que ninguna ofensiva es en sí misma definitiva. Pero ir cumpliendo asignaturas pendientes y avanzar en la descarbonización de distintas áreas, como quedó acordado en París, es un interesante ejercicio para preparar los músculos de cara a próximos y mayores desafíos.
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El agua de Mar del Plata muy contaminada
Petróleo, bacterias fecales y pescado podrido en el agua de Mar del Plata: la contaminación que investiga la Justicia
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: InfoBae
Provincia/Región: Buenos Aires
La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad costera confirmó el procesamiento de empresarios que fabrican harina de pescado. Los desechos vertidos en la zona del puerto son el eje del caso
En el mismo mar donde durante el verano miles de familias empapan y relajan sus cuerpos de vacaciones, una fábrica de harina de pescado volcó durante años sustancias tóxicas con total impunidad. Se presume que fue así, al menos, hasta que el olfato (literalmente) de dos agentes de Prefectura Naval, alertados por una aroma nauseabundo durante un recorrido por la playa del puerto de Mar del Plata, abrió una investigación paradigmática a cargo del juez federal Santiago Inchausti en relación con los delitos ambientales de la ciudad costera.
Siete directivos de la compañía Coomarpes, cuyos nombres no trascendieron, fueron los primeros empresarios de la historia judicial marplatense en haber sido investigados y procesados por un delito federal que podría significarles una pena de hasta 10 años de prisión por violar la ley nacional de residuos peligrosos y contaminar el ambiente.
Si bien la causa se abrió en 2016, la situación de estos empresarios se complicó el pasado 5 de septiembre cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento que había dictado el juez Santiago Inchausti, el embargo de $2 millones a cada uno de los imputados y la conformación de un incidente de control y verificación de impacto ambiental contra Coomarpes.
La investigación comenzó el 25 de febrero de 2016 cuando la Justicia federal buscaba pruebas en la zona del puerto marplatense en otra causa por contaminación. Durante ese trabajo, dos agentes de Prefectura Naval Argentina detectaron en un desagüe pluvial de la "playa del puerto" –un espacio público ubicado entre la zona de embarcaciones y Punta Mogotes, que en verano es frecuentado por bañistas– la "descarga de un líquido color oscuro con elevado olor a putrefacción", según indica el expediente, al que tuvo acceso Infobae.
Los agentes rápidamente detectaron que los líquidos provenían de diferentes bocas de tormenta cercanas a la fábrica de harina de pescado y ese mismo mes comenzó una investigación que descubrió una presunta práctica sistemática y cotidiana de vertido de sustancias tóxicas sin el proceso obligatorio de tratamiento de residuos que impone la ley.
El juez Inchausti ordenó enseguida la toma de 12 muestras del líquido y el barro encontrado en distintos puntos del recorrido (el desagüe pluvial que desemboca en la playa, la tubería de PVC de la planta de la empresa, la tapa de registro de agua de la planta de la firma y el espejo de agua de la playa), que fueron analizadas por distintos expertos. Y, dos días después, indicó la extracción de otras 24 muestras.
Los resultados de esos análisis demostraron que las sustancias tóxicas provenían del galpón de la fábrica de harina de pescado, del taller y del área de lavado de cajones y que estaban en el agua hasta en proporciones 20 veces mayor que el límite permitido. "Superaban ampliamente los parámetros cualitativos y cuantitativos de los normados como límites
admisibles que regula la Resolución 336/03 de la Autoridad del Agua", remarcó Inchausti en el fallo donde procesó a los empresarios y al que accedió Infobae.
Las sustancias encontradas fueron amoníaco, nitritos, sulfuros, cobre, grasas, aceites, petróleo, materia fecal y plomo, entre otros. Los expertos consultados en la causa explicaron que este material tóxico provoca la obstrucción de las cañerías por acumulación de grasas y sedimentos en los pozos de bombeo de las estaciones elevadoras de la empresa del servicio de agua, con la consecuente rotura de éstas.
Y, sobre el medio ambiente, la polución de altas concentraciones de materia orgánica y grasas provoca la generación de malos olores por desprendimiento y la contaminación del agua de mar, con los peligros que eso trae para la salud de los animales que habitan el océano y los eventuales bañistas.
Los abogados defensores de los siete acusados, directivos de la Cooperativa Marplatense de Pesca e Industria (el nombre formal de Coomarpes), cuestionaron al juez Inchausti y plantearon que no generaban residuos peligrosos, que no estaba probado que se hubiera contaminado el mar y que no se podía hablar de delito ecológico. Pero los jueces de la Cámara desestimaron la semana pasada las observaciones.
En la última audiencia, celebrada en marzo, la querella del caso destacó que el color y el olor de los líquidos son consecuencia de la presencia de desechos de pescados y mariscos en estado de descomposición y que resultan altamente contaminantes por sus altos niveles de DQO/DBO (cantidad de oxígeno que los microorganismos consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas), que suponen un riesgo para la salud humana.
El fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler, remarcó en esa misma oportunidad que "se ha verificado un innegable hecho contaminante", que "demostraron indudablemente la presencia de coliformes fecales, los cuales –según las conclusiones periciales– afectan la salud de la población, de los niños que juegan en la playa del puerto, playa pública por cierto".
"Pensé que las defensas iban a reconocer el hecho indudablemente contaminante, que iban a ponerse a disposición de la Justicia, a encauzar esto a través de la responsabilidad social empresaria; nada de eso. Han venido a negar el hecho, un hecho indudable, dentro de un puerto que está en una situación vergonzosa en cuanto a suciedad, que se evidencia en esta causa que lleva muchísimo tiempo, por lentitud e ineficacia de la Justicia federal de Mar del Plata", advirtió Adler, que calificó la actitud de los imputados como "pertinaz y rebelde frente a la ley".
Los procesados por el caso son, precisamente, los más altos directivos de Coomarpes: presidente, vicepresidente, secretario, vocales titulares, síndico titular y gerente.
Los acusados, que siempre se negaron a declarar, están en libertad y esperarán el juicio (sin fecha estimada por ahora) en esa condición. "Es un delito relativamente leve dentro del Código Penal y siempre han estado sujetos a derecho, por lo que no existe riesgo procesal ni de fuga en el camino al juicio", explicó una fuente del caso, para justificar por qué no se dictó la prisión preventiva.
No obstante, la Cámara de Apelaciones entendió que los imputados "decidieron con conocimiento y voluntad desechar esos residuos contaminantes por los pluviales", lo que conformaría un dolo directo y eso agravaría la pena, que se estima de hasta 10 años de prisión.
El caso de Coomarpes sienta un precedente grave sobre contaminación en el puerto de Mar del Plata, pero no es el único. "Hemos detectado varios buques pesqueros que dentro de su mecánica de producción diaria arrojaban los desechos líquidos directamente al mar en la zona del puerto", comentó una fuente judicial.
Entre los vecinos del sur de Mar del Plata siempre existió la sospecha de contaminación de parte de las fábricas de harina de pescado de la zona. "Acá siempre hubo mucho olor feo, a podrido, en la zona del puerto, y siempre se trató de determinar si era de la producción de la harina de pescado, es un olor muy molesto y que se siente a varias cuadras", comentó un habitante de la zona, que prefirió no dar su nombre.
En su página web, Coomarpes relata que funciona desde 1950: "Hoy Coomarpes agrupa a más de 80 embarcaciones de distintas dimensiones, que utilizando diferentes métodos y artes de pesca se dedican a la captura de diversas especies, totalizando alrededor de 30.000 toneladas anuales. Con una administración fundada en la transparencia, honestidad y alto sentido de la responsabilidad social, posibilita el desarrollo directo e indirecto de más de cinco mil familias relacionadas al sector pesquero".
Los jueces de Cámara Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez además ordenaron al magistrado Inchausti que profundice la investigación "con el objeto de aportar nuevos elementos de cargo que permitan contar con mayores detalles sobre la modalidad y particularidad del proceso de toma de decisiones, y las responsabilidades funcionales inherentes de los sindicados en la empresa investigada".
Sobre los embargos de dos millones de pesos a cada imputado justificaron: "No puede desconocerse que los delitos ambientales suelen generar daños cuya reparación, sea en modalidad de restitución o indemnización, demandan grandes recursos económicos".
"Ordenamos formar un legajo de seguimiento, con la idea de cortar esta práctica de ahora en adelante. Pedimos a las agencias de control que hagan chequeos bimestrales y hagan inspecciones en la empresa periódicamente", comentó a Infobae uno de los investigadores, quien resaltó: "Es la primera vez que se procesa a una empresa por este tipo de contaminación. En la zona hay playas de bañistas, hay varios clubes que tienen sus sectores dentro del espejo de agua del puerto. Además de la contaminación de la reserva de lobos marinos, peces y organismos vivos, puede perjudicar seriamente la salud de las personas".
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Purmamarca prohibe la minería
Jujuy: Purmamarca protege su patrimonio al prohibir la explotación minera a cielo abierto
Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Jujuy Al Día
Provincia/Región: Jujuy
La localidad de Purmamarca, enclavada en la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, quedó exenta de cualquier tipo de explotación minera que afecte su patrimonio, con la aprobación de una ordenanza municipal que a la vez abre más oportunidades al desarrollo de emprendimientos relacionados con su paisaje, cultura y producción.
“Después de varios años se logró la sanción de una ordenanza que prohíbe la explotación minera, algo muy anhelado por todo el pueblo”, dijo el comisionado municipal Oscar Tolaba.
Anteriormente, en el 2008, Tilcara -otra localidad quebradeña- había tomado la punta en este tipo de iniciativas en el marco de la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca del año 2003 por parte de la Unesco.
Esa prohibición incluía a todas las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y aquellas que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, con una mirada específica hacia el cuidado del medioambiente.
La iniciativa de Purmamarca, recientemente aprobada por unanimidad y de similar contenido, fue impulsada por las comunidades aborígenes de la zona y apoyada por el consejo comunal, pero con una visión más amplia. Por ejemplo, dijo Tolaba, el proyecto beneficiará a las seis comunidades aborígenes que trabajan alrededor de las cuencas de Salinas Grandes, ya que «también se ha buscado proteger las fuentes de trabajo”.
En la zona de entrada a la Puna prestan servicio más de 50 guías de turismo locales, además de las actividades que llevan adelante artesanos, tejedoras y criadores de llama. «Son actividades que no contaminan nuestro medio ambiente, es gente que vive del turismo”, sostuvo el comisionado y agregó que «no podemos modificar el lugar donde vivimos extrayendo minerales para provocar daño».
Otro artículo de la ordenanza prohíbe «en el radio urbano y áreas de influencia del territorio el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, producción, extracción y/o transporte de sustancias químicas como las mencionadas destinadas a las actividades mineras».
El comunero de Pozo Colorado, Néstor Alberto, indicó que con esto «se cierra la posibilidad a cualquier emprendimiento minero, especialmente de explotación de litio», y afirmó que buscan «defender el territorio de las comunidades originarias».
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Fecha de Publicación: 16/09/2019
Fuente: Jujuy Al Día
Provincia/Región: Jujuy
La localidad de Purmamarca, enclavada en la Quebrada de Humahuaca en Jujuy, quedó exenta de cualquier tipo de explotación minera que afecte su patrimonio, con la aprobación de una ordenanza municipal que a la vez abre más oportunidades al desarrollo de emprendimientos relacionados con su paisaje, cultura y producción.
“Después de varios años se logró la sanción de una ordenanza que prohíbe la explotación minera, algo muy anhelado por todo el pueblo”, dijo el comisionado municipal Oscar Tolaba.
Anteriormente, en el 2008, Tilcara -otra localidad quebradeña- había tomado la punta en este tipo de iniciativas en el marco de la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Quebrada de Humahuaca del año 2003 por parte de la Unesco.
Esa prohibición incluía a todas las explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y aquellas que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, con una mirada específica hacia el cuidado del medioambiente.
La iniciativa de Purmamarca, recientemente aprobada por unanimidad y de similar contenido, fue impulsada por las comunidades aborígenes de la zona y apoyada por el consejo comunal, pero con una visión más amplia. Por ejemplo, dijo Tolaba, el proyecto beneficiará a las seis comunidades aborígenes que trabajan alrededor de las cuencas de Salinas Grandes, ya que «también se ha buscado proteger las fuentes de trabajo”.
En la zona de entrada a la Puna prestan servicio más de 50 guías de turismo locales, además de las actividades que llevan adelante artesanos, tejedoras y criadores de llama. «Son actividades que no contaminan nuestro medio ambiente, es gente que vive del turismo”, sostuvo el comisionado y agregó que «no podemos modificar el lugar donde vivimos extrayendo minerales para provocar daño».
Otro artículo de la ordenanza prohíbe «en el radio urbano y áreas de influencia del territorio el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, elaboración, producción, extracción y/o transporte de sustancias químicas como las mencionadas destinadas a las actividades mineras».
El comunero de Pozo Colorado, Néstor Alberto, indicó que con esto «se cierra la posibilidad a cualquier emprendimiento minero, especialmente de explotación de litio», y afirmó que buscan «defender el territorio de las comunidades originarias».
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Alertan de cambios en la capacidad de absorción de suelos
El cambio climático amenaza la capacidad del suelo de absorber agua
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Un estudio académico revela que los cambios en la estructura del suelo pueden afectar negativamente a la producción de alimentos.
El cambio climático puede reducir la capacidad de los suelos para absorber agua en muchas partes del mundo, según un estudio dirigido por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.
Y eso podría tener serias implicaciones para el suministro de agua subterránea, la producción y seguridad de alimentos, la escorrentía de aguas pluviales, la biodiversidad y los ecosistemas, según la investigación, publicada en Science Advances.
"Dado que los patrones de lluvia y otras condiciones ambientales están cambiando globalmente como resultado del cambio climático, nuestros resultados sugieren que la forma en que el agua interactúa con el suelo podría cambiar de manera apreciable en muchas partes del mundo, y hacerlo con bastante rapidez", señala el coautor Daniel Giménez, científico del suelo y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Rutgers-New Brunswick.
"Proponemos que la dirección, la magnitud y la tasa de los cambios se midan e incorporen en las predicciones de las respuestas de los ecosistemas al cambio climático", sugiere.
El agua en el suelo es crucial para almacenar carbono, y los cambios en el suelo podrían influir en el nivel de dióxido de carbono en el aire de una manera impredecible, añade Giménez, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas.
El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático.
Giménez fue coautor de un estudio publicado en la revista 'Nature' el año pasado que muestra que los aumentos regionales en las precipitaciones debido al cambio climático pueden conducir a una menor infiltración de agua, más escorrentía y erosión, y un mayor riesgo de inundaciones repentinas.
Que la lluvia se infiltre o se escurra del suelo determina cuánta agua estará disponible para las plantas o se evaporará en el aire.
Los estudios han demostrado que la infiltración de agua en el suelo puede cambiar durante una o dos décadas con el aumento de las precipitaciones, y se espera que el cambio climático aumente las precipitaciones en muchas áreas del mundo.
Durante un experimento de 25 años en Kansas con riego del suelo de la pradera mediante rociadores, un equipo de científicos liderado por Rutgers descubrió que un aumento del 35 por ciento en la lluvia condujo a una reducción del 21 al 33 por ciento en las tasas de infiltración de agua en el suelo y solo un pequeño aumento en la retención de agua.
Los cambios más importantes se relacionaron con cambios en poros relativamente grandes, o espacios, en el suelo. Los poros grandes capturan agua que las plantas y los microorganismos pueden usar, y eso contribuye a mejorar la actividad biológica y el ciclo de nutrientes en el suelo y disminuye las pérdidas de suelo a través de la erosión.
Con el aumento de la lluvia, las comunidades de plantas tenían raíces más gruesas que podían obstruir los poros más grandes y había ciclos menos intensos de expansión del suelo cuando se agregaba agua o contracción cuando se retiraba el agua.
El siguiente paso es investigar los mecanismos que impulsan los cambios observados, a fin de extrapolar los hallazgos a otras regiones del mundo e incorporarlos a las predicciones de cómo los ecosistemas responderán al cambio climático.
Los científicos también quieren estudiar una gama más amplia de factores ambientales y tipos de suelo, e identificar otros cambios en el suelo que pueden resultar de cambios en el clima.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarín
Provincia/Región: Nacional
Un estudio académico revela que los cambios en la estructura del suelo pueden afectar negativamente a la producción de alimentos.
El cambio climático puede reducir la capacidad de los suelos para absorber agua en muchas partes del mundo, según un estudio dirigido por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos.
Y eso podría tener serias implicaciones para el suministro de agua subterránea, la producción y seguridad de alimentos, la escorrentía de aguas pluviales, la biodiversidad y los ecosistemas, según la investigación, publicada en Science Advances.
"Dado que los patrones de lluvia y otras condiciones ambientales están cambiando globalmente como resultado del cambio climático, nuestros resultados sugieren que la forma en que el agua interactúa con el suelo podría cambiar de manera apreciable en muchas partes del mundo, y hacerlo con bastante rapidez", señala el coautor Daniel Giménez, científico del suelo y profesor del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Rutgers-New Brunswick.
"Proponemos que la dirección, la magnitud y la tasa de los cambios se midan e incorporen en las predicciones de las respuestas de los ecosistemas al cambio climático", sugiere.
El agua en el suelo es crucial para almacenar carbono, y los cambios en el suelo podrían influir en el nivel de dióxido de carbono en el aire de una manera impredecible, añade Giménez, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Biológicas.
El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero vinculados al cambio climático.
Giménez fue coautor de un estudio publicado en la revista 'Nature' el año pasado que muestra que los aumentos regionales en las precipitaciones debido al cambio climático pueden conducir a una menor infiltración de agua, más escorrentía y erosión, y un mayor riesgo de inundaciones repentinas.
Que la lluvia se infiltre o se escurra del suelo determina cuánta agua estará disponible para las plantas o se evaporará en el aire.
Los estudios han demostrado que la infiltración de agua en el suelo puede cambiar durante una o dos décadas con el aumento de las precipitaciones, y se espera que el cambio climático aumente las precipitaciones en muchas áreas del mundo.
Durante un experimento de 25 años en Kansas con riego del suelo de la pradera mediante rociadores, un equipo de científicos liderado por Rutgers descubrió que un aumento del 35 por ciento en la lluvia condujo a una reducción del 21 al 33 por ciento en las tasas de infiltración de agua en el suelo y solo un pequeño aumento en la retención de agua.
Los cambios más importantes se relacionaron con cambios en poros relativamente grandes, o espacios, en el suelo. Los poros grandes capturan agua que las plantas y los microorganismos pueden usar, y eso contribuye a mejorar la actividad biológica y el ciclo de nutrientes en el suelo y disminuye las pérdidas de suelo a través de la erosión.
Con el aumento de la lluvia, las comunidades de plantas tenían raíces más gruesas que podían obstruir los poros más grandes y había ciclos menos intensos de expansión del suelo cuando se agregaba agua o contracción cuando se retiraba el agua.
El siguiente paso es investigar los mecanismos que impulsan los cambios observados, a fin de extrapolar los hallazgos a otras regiones del mundo e incorporarlos a las predicciones de cómo los ecosistemas responderán al cambio climático.
Los científicos también quieren estudiar una gama más amplia de factores ambientales y tipos de suelo, e identificar otros cambios en el suelo que pueden resultar de cambios en el clima.
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Importación de residuos: ya hay dos pedidos de nulidad
Piden la nulidad del decreto que habilita la importación de residuos
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
El decreto que modificó la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de reciclables sin el certificado de inocuidad ya enfrenta dos pedidos de nulidad. Por un lado, la Federación de Cartoneros junto con Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria con el argumento de que el Ejecutivo no puede dictar medidas “que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado”; y por el otro, avanza en el Congreso un proyecto de ley que plantea directamente la derogación del decreto.
“Importar residuos resulta doblemente nocivo para el país”, sostuvo la diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto que fue presentado en el Congreso. Según los fundamentos, permitir el ingreso de basura implica gastar recursos “para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno e incluso perjudican a los que menos tienen”, a la vez de que se adquieren elementos potencialmente peligrosos.
El proyecto, que fue firmado también por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, sostiene que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen.
Según el pedido de derogación, el decreto impulsado por el Gobierno “viola dos principios elementales del derecho vigente”. El de la no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en cuanto a los derechos alcanzados sobre protección ambiental y el principio de progresividad que busca aumentar la protección jurídica.
El proyecto sostiene a su vez que la importación de residuos reciclables, tal como planteó el oficialismo, atenta contra el desarrollo de las economías populares, como las cooperativas de cartoneros, quienes también se organizaron y presentaron un pedido de nulidad.
Agrupados en la Federación de Cartoneros y en conjunto con Greenpeace y el abogado ambientalista Enrique Viale, los recicladores también presentaron un recurso para frenar la importación de residuos. El recurso de revocatoria presentado en la Casa Rosada denuncia que el decreto “facilita la importación de residuos” y abre las puertas para que la Argentina se convierta en el "basurero del mundo".
El escrito afirma que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden emitir "normas que deroguen o reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado" por medio de otras leyes. Las cooperativas planean movilizarse desde el Obelisco a la Secretaría de Ambiente, el próximo martes 17, a las 10, para pedir la nulidad del decreto y que se declare la Emergencia Ambiental de Residuos y Basurales.
"Es necesario para resolver la crisis ambiental y social que significan los más de 3000 basurales a cielo abierto, donde miles de nuestros compañeros y compañeras trabajan en condiciones extremas, y para impulsar un programa nacional de reciclado con inclusión social", sostuvo Jaquelina Flores de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
La preocupación por el decreto llegó también al Senado. La senadora Magdalena Odarda solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para garantizar que la modificación no viole los derechos ambientales establecidos en la Constitución, entre ellos la prohibición de importar residuos peligrosos.
Odarda pidió además que la Cámara alta cite al Secretario de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, para que explique los alcances del decreto, que quitó como requisito el certificado de inocuidad expedido por el país de origen.
“Este decreto es un colador que podría permitir el ingreso de residuos peligrosos de países que hoy están buscando dónde establecer basureros industriales alejados de sus tierras. Estamos retrocediendo de manera alarmante en los derechos sociales y ambientales”, opinó la senadora, quien aclaró que desde su bloque insistirán con la nulidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: Nacional
El decreto que modificó la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de reciclables sin el certificado de inocuidad ya enfrenta dos pedidos de nulidad. Por un lado, la Federación de Cartoneros junto con Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria con el argumento de que el Ejecutivo no puede dictar medidas “que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado”; y por el otro, avanza en el Congreso un proyecto de ley que plantea directamente la derogación del decreto.
“Importar residuos resulta doblemente nocivo para el país”, sostuvo la diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto que fue presentado en el Congreso. Según los fundamentos, permitir el ingreso de basura implica gastar recursos “para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno e incluso perjudican a los que menos tienen”, a la vez de que se adquieren elementos potencialmente peligrosos.
El proyecto, que fue firmado también por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, sostiene que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen.
Según el pedido de derogación, el decreto impulsado por el Gobierno “viola dos principios elementales del derecho vigente”. El de la no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en cuanto a los derechos alcanzados sobre protección ambiental y el principio de progresividad que busca aumentar la protección jurídica.
El proyecto sostiene a su vez que la importación de residuos reciclables, tal como planteó el oficialismo, atenta contra el desarrollo de las economías populares, como las cooperativas de cartoneros, quienes también se organizaron y presentaron un pedido de nulidad.
Agrupados en la Federación de Cartoneros y en conjunto con Greenpeace y el abogado ambientalista Enrique Viale, los recicladores también presentaron un recurso para frenar la importación de residuos. El recurso de revocatoria presentado en la Casa Rosada denuncia que el decreto “facilita la importación de residuos” y abre las puertas para que la Argentina se convierta en el "basurero del mundo".
El escrito afirma que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden emitir "normas que deroguen o reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado" por medio de otras leyes. Las cooperativas planean movilizarse desde el Obelisco a la Secretaría de Ambiente, el próximo martes 17, a las 10, para pedir la nulidad del decreto y que se declare la Emergencia Ambiental de Residuos y Basurales.
"Es necesario para resolver la crisis ambiental y social que significan los más de 3000 basurales a cielo abierto, donde miles de nuestros compañeros y compañeras trabajan en condiciones extremas, y para impulsar un programa nacional de reciclado con inclusión social", sostuvo Jaquelina Flores de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
La preocupación por el decreto llegó también al Senado. La senadora Magdalena Odarda solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para garantizar que la modificación no viole los derechos ambientales establecidos en la Constitución, entre ellos la prohibición de importar residuos peligrosos.
Odarda pidió además que la Cámara alta cite al Secretario de Ambiente y de Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman, para que explique los alcances del decreto, que quitó como requisito el certificado de inocuidad expedido por el país de origen.
“Este decreto es un colador que podría permitir el ingreso de residuos peligrosos de países que hoy están buscando dónde establecer basureros industriales alejados de sus tierras. Estamos retrocediendo de manera alarmante en los derechos sociales y ambientales”, opinó la senadora, quien aclaró que desde su bloque insistirán con la nulidad.
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Rojas también en problemas con la contaminación del agua
La justicia confirmó que el agua de Rojas “no es potable” y ordenó un plan de saneamiento
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Después del fallo en Pergamino, la justicia bonaerense resolvió ponerle límites a la distancia para fumigar en Exaltación de la Cruz y ahora, confirmó que el agua de Rojas “no es potable” por los altos índices de arsénico. En esa localidad funciona una de las plantas de Monsanto más grande del país.
A partir del fallo histórico que se dio en Pergamino, en donde el Juzgado Federal de San Nicolás prohibió fumigar a menos de tres mil metros de forma aérea tras confirmarse que el agua local estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos, la justicia bonaerense se adhirió a la norma y ya generó dos resoluciones inmediatas.
Ayer, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Campana dispuso que no se podrá fumigar a menos de mil metros de forma terrestre en Exaltación de la Cruz y ahora, otro juzgado similar reconoció que el agua de consumo en Rojas “no es potable” por los altos niveles de arsénico y obliga al municipio a cargo de Claudio Rossi (Juntos por el Cambio) a realizar un “plan de adecuación” para evitar que su población se enferme.
Las tres localidades se encuentran en una zona por demás codiciada para la siembra de soja transgénica, uno de los productos que más se tratan con diferentes agroquímicos, y cuyo contacto con la población puede provocar serias enfermedades, según han comprobado diversos especialistas.
De hecho, en Rojas, la multinacional Monsanto eligió alzar la planta de semillas transgénicas más importante del país junto con la de Malvinas Argentinas (Córdoba): María Eugenia. Es decir, la decisión de la justicia comienza a rozar con los intereses de sectores por demás poderosos.
El fallo de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo de San Nicolas confirmó una resolución previa que ya había advertido de la calidad de agua en Rojas, con “alta presencia de arsénico” en las napas de agua. Si bien esta sustancia contaminante se encuentra de forma natural en muchos de los suelos bonaerenses, los ambientalistas señalan que existen diversos estudios que comprueban que su contacto con los agroquímicos potencia la peligrosidad del consumo del agua.
“Es un gran paso en la defensa del derecho humano al acceso al agua potable ante el desinterés de las autoridades a brindarla”, festejaron por parte de la asamblea ambiental de Rojas.
“Hay que hacer lo que corresponda. Cuando se habla de determinar la presencia de ciertos componentes en el agua potable hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor se puede detectar presencia pero hay que establecer cuáles son los límites permisibles, y estos límites también varían según la jurisdicción o el organismo de que se trate. Lo que para unos está bien, para otros no lo está, o está en el límite”, había dicho en abril de este año, el secretario de Obras Públicas de Rojas, Daniel Boyeras. Fue cuando el informe del equipo de la Corte Suprema de Justicia confirmara la contaminación del agua de Pergamino.
Entre Rojas y esa ciudad hay apenas 30 kilómetros de distancia, por lo que el reciente fallo de la justicia pone más que en alerta a toda la población y sin dudas, alentó a que la justicia ratificara lo que ya se venía advirtiendo.
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Área Marina Protegida Namuncurá en consulta pública
Consulta pública sobre el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional inició un proceso participativo para avanzar en su integración el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
El Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood (AMPNBB) fue creada en el año 2013 por la Ley n.º 26875, siendo la primera área natural protegida totalmente marítima del país. Posteriormente, por la Ley nº. 27037, se instituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental establecidos en la legislación vigente. Las áreas marinas protegidas preexistentes contaban con un plazo de 5 años para adecuarse las nuevas categorías de manejo y sistema de gobernanza.
Sobre la base de los avances logrados en la implementación del AMPNBB y las tareas de investigación científica realizadas, se realizó una propuesta de adecuación que prioriza la ampliación de la zona de mayor conservación y un manejo integrado con la lindante Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood II (AMPNBB2), creada a fines de 2018 por la Ley n.º 27490. De este modo, se avanza en la protección del Mar Argentino y se facilitan las tareas de administración, control y vigilancia para la efectividad del área protegida. En el plan de manejo se realizará el ordenamiento de los usos, considerando la situación de las zonas adyacentes, asegurando la debida armonización entre las actividades que tengan lugar con los objetivos y valores de conservación relevantes en el área.
Toda la información se encuentra disponible en:
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Provincia/Región: Nacional
El Gobierno nacional inició un proceso participativo para avanzar en su integración el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas.
El Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood (AMPNBB) fue creada en el año 2013 por la Ley n.º 26875, siendo la primera área natural protegida totalmente marítima del país. Posteriormente, por la Ley nº. 27037, se instituyó el Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas (SNAMP), destinado a proteger y conservar espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas bajo los objetivos de política ambiental establecidos en la legislación vigente. Las áreas marinas protegidas preexistentes contaban con un plazo de 5 años para adecuarse las nuevas categorías de manejo y sistema de gobernanza.
Sobre la base de los avances logrados en la implementación del AMPNBB y las tareas de investigación científica realizadas, se realizó una propuesta de adecuación que prioriza la ampliación de la zona de mayor conservación y un manejo integrado con la lindante Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood II (AMPNBB2), creada a fines de 2018 por la Ley n.º 27490. De este modo, se avanza en la protección del Mar Argentino y se facilitan las tareas de administración, control y vigilancia para la efectividad del área protegida. En el plan de manejo se realizará el ordenamiento de los usos, considerando la situación de las zonas adyacentes, asegurando la debida armonización entre las actividades que tengan lugar con los objetivos y valores de conservación relevantes en el área.
Toda la información se encuentra disponible en:
https://consultapublica.argentina.gob.ar/area-marina-namuncura
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Caso Pergamino: Casafe sigue insistiendo con la BPA
Casafe “confía” en que se apele y revierta el fallo sobre agroquímicos en Pergamino
Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Fecha de Publicación: 14/09/2019
Fuente: Clarin
Provincia/Región: Buenos Aires
La entidad aseguró que los herbicidas y plaguicidas son seguros si se los usa correctamente y advirtió sobre el riesgo de establecer áreas de exclusión de esta escala.
En un comunicado, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes fijó posición sobre la decisión de la Justicia Federal de San Nicolás que en un fallo estableció distintas de 1.095 metros de las zonas urbanas de Pergamino para pulverizaciones terrestres de agroquímicos y de 3.000 metros para las aplicaciones aéreas
“Desde Casafe respetamos las decisiones judiciales y confiamos que al apelar esta medida se revierta, fundada en el análisis integral de la información adicional, dada la gran cantidad de estudios disponibles sobre la seguridad de los agroquímicos, y del sistema regulatorio”, planteó la entidad.
Los agroquímicos son productos regulados y aprobados por el Senasa -recordó la entidad-, que realiza una evaluación de riesgo en base a los informes toxicológicos (incluida la genotoxicidad) y ecotoxicológicos, llevados adelante por laboratorios nacionales e internacionales bajo la certificación de calidad “Buenas Prácticas de Laboratorio”, en base a protocolos validados de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). “La seguridad de los agroquímicos es categórica, siempre que se manipulen responsablemente, bajo estándares de buenas prácticas agrícolas”, insistieron desde Casafe.
La entidad argumentó que esta medida de amplia restricción, genera toda una zona liberada para la formación de plagas, que no solo afectan la productividad de las áreas vecinas, sino que también pueden ser perjudiciales para la salud de toda la comunidad de Pergamino. “Por esta razón, es importante que no existan zonas de exclusión, sino de amortiguamiento, en donde se aplican productos con determinadas condiciones climáticas y bajo la supervisión de un profesional”, se explica en el comunicado.
Más de 35 jornadas de aplicación de fitosanitarios realizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación demuestran que siguiendo las buenas prácticas agropecuarias, se minimiza el alcance de los agroquímicos por fuera del cultivo a menos de 10 metros de distancia para el caso terrestre y a 44 metros en la aérea.
“Está disponible, además, el documento de recomendación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a la cual adhieren muchas instituciones, en el que se sugiere contemplar 100 metros de distancias para la aplicación terrestre y 200 metros para el caso aéreo”, recordó Casafe.
Respecto a la posible presencia de agroquímicos en el agua, la última información pública del municipio de Pergamino, en base a un informe realizado por la Autoridad del Agua, es que el agua es potable con límites permitidos considerados seguros por los organismos internacionales, incluidos el Senasa.
Además, el comunicado de Casafe recuerda que un reciente estudio realizado en la localidad de Pergamino por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (Fauba) llevado a cabo por toxicólogos, en donde se evaluó el nivel de exposición humana a agroquímicos en individuos que viven en zonas rurales o que trabajan en cultivos transgénicos, encontró niveles de exposición mucho más bajos de los permitidos legalmente.
“La clave está en la concientización del uso responsable de agroquímicos, las buenas prácticas agrícolas y la implementación de un estricto control para que esto se cumpla”, concluyó la entidad.
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Argentina con buenos vientos a futuro para el mercado eólico
Según un informe internacional Argentina será un mercado eólico líder en la región
Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Nacional
La Argentina se convertirá en los próximos años en un "mercado eólico líder de América Latina" si logra superar los desafíos vinculados a la búsqueda de nuevas fuentes de capital, aumentar su infraestructura de transmisión eléctrica, indicó hoy un informe del Consejo Mundial de Energía Eólica (Gwec).
Además, señaló que Argentina debe continuar las actuales políticas de energías renovables y resolver la competencia inversora del desarrollo del gas de Vaca Muerta.
Así lo planteó la entidad en un informe sobre el desarrollo sectorial de la Argentina, en un contexto en el que advierte "una volatilidad que históricamente ha arruinado su crecimiento económico" pero con la expectativa de que "cualquier nueva administración sea pro-eólica".
"La alta inflación y la débil situación fiscal del Estado afectaron la confianza de los inversores, dificultaron el cierre financiero de los proyectos y frenaron la rápida expansión del sector de las energías renovables" es el análisis que la realizó la mayor entidad de la industria eólica.
Como parte de las dificultades, el informe también destacó que Argentina necesita "aumentar sus inversiones en infraestructura de red, un cuello de botella clave que impide un mayor progreso de la energía eólica como una fuente de electricidad sostenible y competitiva en costos para el país".
También los desafíos económicos incluyeron, según el reporte, "la salud financiera de las empresas de servicios públicos, que pueden ocasionar demoras en la ejecución de los proyectos, ya que los acuerdos de adquisición y los acuerdos de compra de energía (PPA) no se pueden finalizar".
Sobre la inminencia de las elecciones de octubre la entidad destacó que con el éxito de los recientes programas de subastas de energía eólica y el apoyo a las energías renovables "en todo el espectro político", la expectativa es que "el resultado de las elecciones no alterará el camino de Argentina para convertirse en un mercado eólico líder en América Latina".
"GWEC espera que el impacto en el sector eólico sea limitado, ya que es probable que cualquier nueva administración sea pro-eólica y renovables", afirmó el informe.
El Consejo analizó el renovado énfasis en las discusiones de políticas sobre el potencial de exportación y generación de ingresos de las grandes reservas de gas en el complejo Vaca Muerta y su interacción con las necesidades que demanda el desarrollo de la energía eólica y renovables.
"Si no se cumplen las expectativas sobre los precios de exportación y el crecimiento de la demanda (global) de gas se desacelera, Vaca Muerta podría terminar siendo una decepción costosa", advirtió.
Y, señaló que los riesgos de que "el gobierno termine dando prioridad al gas para la producción de energía doméstica" podría terminar afectando a la economía argentina con "una opción más costosa para la demanda de energía y canalizando inversiones de infraestructura muy necesarias en el gas en lugar de la transmisión de energía".
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Mendoza: el Estado lleva a la Justicia casos de incendios
Ambiente presentó en la Justicia los casos de quema ilegal de campos
Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Se trata de cuatro casos llevados a la Fiscalía por la Dirección de Recursos Naturales Renovables en los departamentos de General Alvear, San Carlos y San Rafael. Las multas podrías ir desde $9.600 hasta $60 mil.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, presentó ante la justicia cinco casos de quemas ilegales para comenzar el proceso en el marco de la infracción al Artículo 135 contemplado en el Título VI de Contravenciones contra el Medio Ambiente y La Salud de los Animales, del Código Contravencional de la Provincia. Incluye los delitos relacionados con el peligro de incendio y humo.
Contempla multas desde $9.600 hasta $60 mil o arresto desde 8 a 50 días.
Las denuncias se realizaron en la Comisaría 18 de San Carlos, el Juzgado de Contravenciones de General Alvear, el Juzgado de Contravenciones de Bowen y la Oficina Fiscal de la Comisaría 62 de Cuadro Nacional en San Rafael.
El uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099. Cada vez que se inicia un incendio forestal, se pone en juego la biodiversidad y el patrimonio ambiental de nuestra provincia. Una de las razones por las que estos siniestros se generan es por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables informa que está prohibida la quema controlada de campos sin la autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Además, se solicita a la población abstenerse de prender fuego, sin importar su fin, en zonas que no están debidamente preparadas. También se exige a los productores tener debidamente las picadas cortafuego regularizadas en los campos de los cuales son propietarios, ya que de lo contrario serán pasibles de multa o quita de subsidio por no cumplir esta normativa.
Está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, la limpieza de lotes, la quema de fincas abandonadas, la preparación de suelos para cultivos, la limpieza de banquinas, acequias y canales, las quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra. Para denunciar estos siniestros, se puede ingresar al sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.ambiente.mendoza.gov.ar, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de lunes a viernes, de 8 a 13 o llamando al 911.
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Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: MDZ
Provincia/Región: Mendoza
Se trata de cuatro casos llevados a la Fiscalía por la Dirección de Recursos Naturales Renovables en los departamentos de General Alvear, San Carlos y San Rafael. Las multas podrías ir desde $9.600 hasta $60 mil.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, presentó ante la justicia cinco casos de quemas ilegales para comenzar el proceso en el marco de la infracción al Artículo 135 contemplado en el Título VI de Contravenciones contra el Medio Ambiente y La Salud de los Animales, del Código Contravencional de la Provincia. Incluye los delitos relacionados con el peligro de incendio y humo.
Contempla multas desde $9.600 hasta $60 mil o arresto desde 8 a 50 días.
Las denuncias se realizaron en la Comisaría 18 de San Carlos, el Juzgado de Contravenciones de General Alvear, el Juzgado de Contravenciones de Bowen y la Oficina Fiscal de la Comisaría 62 de Cuadro Nacional en San Rafael.
El uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099. Cada vez que se inicia un incendio forestal, se pone en juego la biodiversidad y el patrimonio ambiental de nuestra provincia. Una de las razones por las que estos siniestros se generan es por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes.
La Dirección de Recursos Naturales Renovables informa que está prohibida la quema controlada de campos sin la autorización y supervisión del personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Además, se solicita a la población abstenerse de prender fuego, sin importar su fin, en zonas que no están debidamente preparadas. También se exige a los productores tener debidamente las picadas cortafuego regularizadas en los campos de los cuales son propietarios, ya que de lo contrario serán pasibles de multa o quita de subsidio por no cumplir esta normativa.
Está totalmente prohibido el uso de fuego para la quema de pastizales, de basura acumulada, la limpieza de lotes, la quema de fincas abandonadas, la preparación de suelos para cultivos, la limpieza de banquinas, acequias y canales, las quemas clandestinas de campos incultos y quema de remanentes de siembra. Para denunciar estos siniestros, se puede ingresar al sitio de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial: www.ambiente.mendoza.gov.ar, a la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 4252090 y 4257065, de lunes a viernes, de 8 a 13 o llamando al 911.
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El plan de manejo dela RN Puerto Mar del Plata a debate
Iniciaron el debate para el plan de manejo dela Reserva Natural Puerto Mar del Plata
Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: Punto Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
Participan funcionarios y referentes de ONG´s vinculadas al cuidado del medio ambiente. El taller fue convocado por la OPDS y el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.
Autoridades del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, representantes de organizaciones ambientalistas y directivos del Club Aldosivi compartieron el “Primer taller para la formulación del plan de manejo para la Reserva Natural Puerto Mar del Plata”, herramienta con la que se fijarán pautas para el cuidado de este espacio en el que conviven fauna y vegetación autóctona.
Los organizadores destacaron la amplia participación lograda en esta cita inicial, que se repetirá hasta escuchar todas las posiciones y definir este marco de acción que garantice la preservación de estas 30 hectáreas, en el frente sur del puerto marplatense.
Uno de los primeros pasos en el marco de este trabajo conjunto entre funcionarios y ambientalistas fue el desarrollo de la pasarela de más de 1000 metros que permite recorrer la Reserva Natural Mar del Plata de punta a punta. Una obra ejecutada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata a partir de una inversión comprometida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el desarrollo del taller se expuso sobre marco institucional y legal para el plan de manejo; informe científico sobre el valor de la reserva, la lucha de las organizaciones hasta logra una ley que la convierta en espacio protegido, el rol de las ONG en su defensa y protección y gestiones realizadas por el Consorcio en ese sentido.
“La reserva convive con distintos usos que tienen otra visión del territorio y estamos encaminados hacia la formulación del plan de manejo para conseguir el acuerdo de todas las instituciones involucradas con el cuidado de este espacio protegido”, explicó Manuel Ortale, coordinador del plan de manejo para la Reserva Natural Puerto Mar del Plata.
Destacó que es una reserva de tipo urbana que, en un enclave industrial y portuario, actúa como reservorio de biodiversidad con más de 180 especies de aves que allí habitan a tiempo completo o por temporadas, según surge de un estudio académico.
Martín Merlini, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, explicó que en estos talleres se avanza con organismos públicos y organizaciones no gubernamentales en “respetar normas ambientales y coordinar con instituciones que somos vecinos y compartimos este espacio de reserva natural”. “Se trata de ver cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para tener resultados positivos en cuanto al cuidado y preservación de este espacio protegido”, acotó.
También destacó el avance que representó la obra que allí se realizó con una pasarela, cuya traza fue consensuada con las distintas ONG que trabajan por la reserva. “Fue un compromiso asumido por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministerio de Producción que nos ha permitido que el público en general pueda recorrer de punta a punta, a lo largo de casi 1000 metros, un espacio rico en biodiversidad y que entre todos nos comprometemos a cuidar”.
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Fecha de Publicación: 13/09/2019
Fuente: Punto Noticias
Provincia/Región: Buenos Aires
Participan funcionarios y referentes de ONG´s vinculadas al cuidado del medio ambiente. El taller fue convocado por la OPDS y el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.
Autoridades del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, representantes de organizaciones ambientalistas y directivos del Club Aldosivi compartieron el “Primer taller para la formulación del plan de manejo para la Reserva Natural Puerto Mar del Plata”, herramienta con la que se fijarán pautas para el cuidado de este espacio en el que conviven fauna y vegetación autóctona.
Los organizadores destacaron la amplia participación lograda en esta cita inicial, que se repetirá hasta escuchar todas las posiciones y definir este marco de acción que garantice la preservación de estas 30 hectáreas, en el frente sur del puerto marplatense.
Uno de los primeros pasos en el marco de este trabajo conjunto entre funcionarios y ambientalistas fue el desarrollo de la pasarela de más de 1000 metros que permite recorrer la Reserva Natural Mar del Plata de punta a punta. Una obra ejecutada por el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata a partir de una inversión comprometida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Durante el desarrollo del taller se expuso sobre marco institucional y legal para el plan de manejo; informe científico sobre el valor de la reserva, la lucha de las organizaciones hasta logra una ley que la convierta en espacio protegido, el rol de las ONG en su defensa y protección y gestiones realizadas por el Consorcio en ese sentido.
“La reserva convive con distintos usos que tienen otra visión del territorio y estamos encaminados hacia la formulación del plan de manejo para conseguir el acuerdo de todas las instituciones involucradas con el cuidado de este espacio protegido”, explicó Manuel Ortale, coordinador del plan de manejo para la Reserva Natural Puerto Mar del Plata.
Destacó que es una reserva de tipo urbana que, en un enclave industrial y portuario, actúa como reservorio de biodiversidad con más de 180 especies de aves que allí habitan a tiempo completo o por temporadas, según surge de un estudio académico.
Martín Merlini, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, explicó que en estos talleres se avanza con organismos públicos y organizaciones no gubernamentales en “respetar normas ambientales y coordinar con instituciones que somos vecinos y compartimos este espacio de reserva natural”. “Se trata de ver cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para tener resultados positivos en cuanto al cuidado y preservación de este espacio protegido”, acotó.
También destacó el avance que representó la obra que allí se realizó con una pasarela, cuya traza fue consensuada con las distintas ONG que trabajan por la reserva. “Fue un compromiso asumido por la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministerio de Producción que nos ha permitido que el público en general pueda recorrer de punta a punta, a lo largo de casi 1000 metros, un espacio rico en biodiversidad y que entre todos nos comprometemos a cuidar”.
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Jujuy: explotación de litio vulnera derechos indígenas
Indígenas reclaman por la falta de consulta para explotar litio
Fecha de Publicación: 12/09/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy
El referente del pueblo atacama Miguel Casimiro sostuvo que en la exploración minera como en otros emprendimientos “se está violando el derecho a la consulta previa, libre e informada”.
En la puna salteña hay 19 salares con 50 proyectos desarrollados por varias empresas privadas, algunas en etapa de exploración y las más avanzadas en la construcción de plantas piloto, y se espera que comiencen con la producción de litio en uno o dos años. En la zona hay 20 comunidades indígenas de los pueblos atacama y kolla que se verán afectadas y no han sido consultadas. Casimiro sostuvo que se está vulnerando un derecho “establecido por el convenio internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por el Estado argentino que tiene rango constitucional. También el artículo 75 inciso 17 establece en el último párrafo el requisito de la “consulta sobre los recursos que existen en territorios de pueblos originarios”.
El referente de la comunidad Likanantaí y abogado especializado en derecho indígena, Miguel Casimiro, explicó que “el planteo que están haciendo las comunidades es el de agotar las instancias administrativas para, de no tener respuestas, ingresar una demanda judicial a las provincias que hacen caso omiso de los derechos que amparan a las comunidades”.
El abogado contó que las comunidades del pueblo atacama vienen desarrollando un proceso de diálogo con el Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia: “Se conversó en dos oportunidades, se planteó la consulta y participación y ellos desvían siempre la conversación y el cumplimiento efectivo del derecho a otras cuestiones que no dice la ley”.
“Hace poco querían hacer (desde el Ministerio) un protocolo de consulta a comunidades y pueblos indígenas que no tenía nada de lo que establece el derecho en sí. En el sentido de que ellos plantean que el sujeto a consultar es la autoridad, cuando la autoridad en una comunidad es la asamblea, no una persona en particular”, dijo Casimiro.
También denunció prácticas irregulares para legitimar proyectos de extractivistas en sus territorios: “Otra cosa que hacen es agarrar a cualquier persona que no tiene legitimidad y ponerla a firmar papeles diciendo que ya está hecha la consulta, que presta conformidad. Presentan eso y se determina la legalidad para llevar adelante la explotación”.
Por su parte, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas del Ministerio de Asuntos Indígenas, Ariel Sanchez, dijo a Salta 12 que antes de 2016 el organismo que integra no existía en la provincia y había un protocolo que consistía en la conformación de mesas de consulta con distintos actores sociales, no solo originarios. Afirmó que el protocolo de consulta que aplican ahora es interministerial, requiere que la Secretaría de Minería les informe de la existencia de comunidades originarias en los territorios donde se vayan a implementar proyectos productivos para que se realice el proceso de consulta previa. En lo que se refiere al litio, Sánchez aseguró que no les llegó ningún expediente.
Territorio ancestral
Miguel Casimiro explicó que las comunidades del pueblo atacama y del pueblo kolla que habitan en el departamento Los Andes, cuya cabecera es la localidad de San Antonio de los Cobres, no solo reclaman el derecho sobre las tierras sino al territorio ancestral, esto implica que "los recursos naturales que están debajo, en el subsuelo o en el espacio aéreo y en la superficie tienen que pasar por el proceso de consulta y participación ajustado al derecho colectivo".
El referente dijo que para dar licencia social las comunidades requieren que se radiquen empresas con mayor participación de capital estatal que privados. “Ahora las empresas mineras ya no van a pagar regalías, se estableció que las inviertan en infraestructura y lo que están pidiendo es pavimentar las rutas para sacar más rápido los recursos naturales extraídos del territorio. Nunca se han planteado hacer un hospital en San Antonio de los Cobres de mediana o alta complejidad”, aseguró.
Resaltó asimismo que las empresas toman mano de obra de otros lugares y que se instalan por 15 o 20 años, dejando solo pasivos ambientales. “Es un búmeran que nosotros lo tomamos diciendo ‘va a generar trabajo’ pero después ¿en qué va a quedar San Antonio? Cuando se acabe la explotación de litio se va a convertir en un pueblo fantasma”.
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