Yaguareté es visto luego de 11 años en el Parque Pilcomayo
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Tras 11 años, apareció un yaguareté en el Parque Río Pilcomayo
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Formosa
Desde 2007 no se veía a ningún miembro de esa especie, que en esa zona se creía extinguida.
Personal del área protegida del Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral registraron por primera vez imágenes de un yaguareté en un relevamiento con cámaras trampa. Según informó Parques Nacionales, el monitoreo a partir del cual se produjeron los registros forma parte de un proyecto de relevamiento de la población de muitú (Crax fasciolata) en la selva en galería del río Pilcomayo.
Esta observación, que representa el primer registro fotográfico de la especie en un parque nacional de la región chaqueña argentina, se produjo durante la última revisión de cámaras desarrollada la semana pasada, mientras que las fotografías del ejemplar adulto corresponden a los días 25 y 28 de septiembre.
Este hallazgo refuerza la importancia de la protección de los ambientes que habita el yaguareté, dado que el último registro de la especie en el área ocurrió en 2007, cuando se halló una huella en la costa del río.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Formosa
Desde 2007 no se veía a ningún miembro de esa especie, que en esa zona se creía extinguida.
Personal del área protegida del Parque Nacional Río Pilcomayo, en Formosa, e investigadores del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral registraron por primera vez imágenes de un yaguareté en un relevamiento con cámaras trampa. Según informó Parques Nacionales, el monitoreo a partir del cual se produjeron los registros forma parte de un proyecto de relevamiento de la población de muitú (Crax fasciolata) en la selva en galería del río Pilcomayo.
Esta observación, que representa el primer registro fotográfico de la especie en un parque nacional de la región chaqueña argentina, se produjo durante la última revisión de cámaras desarrollada la semana pasada, mientras que las fotografías del ejemplar adulto corresponden a los días 25 y 28 de septiembre.
Este hallazgo refuerza la importancia de la protección de los ambientes que habita el yaguareté, dado que el último registro de la especie en el área ocurrió en 2007, cuando se halló una huella en la costa del río.
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Incertidumbre de una reserva neuquina
La reserva Luan seguirá abierta pero restringida
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante renovó la habilitación del Refugio Faunístico Luan por seis meses, lo que sembró la incertidumbre en los propietarios, ya que usualmente reciben un permiso anual para continuar con su funcionamiento y temen lo que pueda suceder más allá de ese plazo. Además, durante ese período no podrán ingresar más animales al predio.
Desde 2009, Marta y Esteban Zupanovich, dueños del complejo de recuperación de fauna silvestre, deben solicitar la autorización en el Poder Legislativo de la ciudad para continuar dentro de los márgenes de la legalidad. Según lo establecido por la ordenanza 11670, sólo será otorgada en el caso de que cumplan con la Ley Provincial 2539 de Fauna.
Según la normativa, las autoridades encargadas de las inspecciones serían Recursos Naturales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), comisión que en los últimos años estuvo inactiva. En consecuencia, lo que sucedió en la última sesión ordinaria los tomó por sorpresa. “No sabemos qué va a pasar cuando se terminen estos seis meses”, comentaron a este medio.
La preocupación no es menor, ya que con la habilitación pueden acceder a un subsidio municipal que utilizan para comprar gran parte del alimento de los animales. Es por eso que temen perder ese importe que les permite mantenerlos en buenas condiciones de salud. “Yo vivo para ellos. Ni siquiera me voy de viaje para poder cuidarlos”, comentó Marta.
Además, Luan no podrá incorporar animales por los próximos seis meses. Esta medida surge como una contradicción, ya que fueron las propias autoridades las que llevaron aves, reptiles y mamíferos al refugio (ver aparte), por lo que el matrimonio Zupanovich siente que le “soltaron la mano”.
El Deliberante determinó también que creará la Unidad de Gestión Análisis, Evaluación y Ejecución de Planes de Manejo del Refugio Faunístico, que estará integrado por personal provincial y municipal.
Todo empezó hace 27 años
Hace más de 27 años, Esteban Zupanovich se conmovió al ver que uno de sus vecinos criaba a una guanaca para comérsela. Si bien en primera instancia intentó convencerlo de que no se la comiera, se vio obligado a recurrir a la Policía para salvar al animal y, desde entonces, se convirtió en un referente de la preservación de la fauna silvestre.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: La Mañana de Neuquén
Provincia/Región: Neuquén
El Concejo Deliberante renovó la habilitación del Refugio Faunístico Luan por seis meses, lo que sembró la incertidumbre en los propietarios, ya que usualmente reciben un permiso anual para continuar con su funcionamiento y temen lo que pueda suceder más allá de ese plazo. Además, durante ese período no podrán ingresar más animales al predio.
Desde 2009, Marta y Esteban Zupanovich, dueños del complejo de recuperación de fauna silvestre, deben solicitar la autorización en el Poder Legislativo de la ciudad para continuar dentro de los márgenes de la legalidad. Según lo establecido por la ordenanza 11670, sólo será otorgada en el caso de que cumplan con la Ley Provincial 2539 de Fauna.
Según la normativa, las autoridades encargadas de las inspecciones serían Recursos Naturales, Fauna y el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), comisión que en los últimos años estuvo inactiva. En consecuencia, lo que sucedió en la última sesión ordinaria los tomó por sorpresa. “No sabemos qué va a pasar cuando se terminen estos seis meses”, comentaron a este medio.
La preocupación no es menor, ya que con la habilitación pueden acceder a un subsidio municipal que utilizan para comprar gran parte del alimento de los animales. Es por eso que temen perder ese importe que les permite mantenerlos en buenas condiciones de salud. “Yo vivo para ellos. Ni siquiera me voy de viaje para poder cuidarlos”, comentó Marta.
Además, Luan no podrá incorporar animales por los próximos seis meses. Esta medida surge como una contradicción, ya que fueron las propias autoridades las que llevaron aves, reptiles y mamíferos al refugio (ver aparte), por lo que el matrimonio Zupanovich siente que le “soltaron la mano”.
El Deliberante determinó también que creará la Unidad de Gestión Análisis, Evaluación y Ejecución de Planes de Manejo del Refugio Faunístico, que estará integrado por personal provincial y municipal.
Todo empezó hace 27 años
Hace más de 27 años, Esteban Zupanovich se conmovió al ver que uno de sus vecinos criaba a una guanaca para comérsela. Si bien en primera instancia intentó convencerlo de que no se la comiera, se vio obligado a recurrir a la Policía para salvar al animal y, desde entonces, se convirtió en un referente de la preservación de la fauna silvestre.
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Buenos Aires: preocupa pla aplicación de agroquímicos
Preocupa en el interior la aplicación indiscriminada de agroquímicos sobre zonas urbanas y suburbanas
Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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Fecha de Publicación: 03/01/2019
Fuente: InfoCielo
Provincia/Región: Buenos Aires
Mientras en Olavarría se confirmó que la propia Municipalidad aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, en Chascomús un juez dictó una cautelar que prohíbe las fumigaciones en zonas urbanas para proteger el “derecho a la vida”.
La aplicación indiscriminada de agroquímicos para usos agropecuarios, pero también con otros fines, empieza a generar una seria preocupación en la provincia de Buenos Aires. En Ayacucho, la fumigación a 20 metros de una escuela, sumada a las denuncias respecto de que en Coronel Suárez “llueve” glifosato y tantas otras polémicas, son sólo algunos de los episodios que se conocieron este año.
Pero, antes de 2019, habrá que agregar otros dos antecedentes que ponen el ojo sobre los agroquímicos, uno de los cuales pone en jaque a la municipalidad de Olavarría, que acaba de admitir que aplicó “a escondidas” glifosato en las barrancas del arroyo Tapalqué, cerca del centro de la ciudad.
La noticia se generó en el Concejo Deliberante a partir de la denuncia de la concejal eseverrista Margarita Arregui, quien sostuvo que “el Municipio hizo a escondidas”, quien promovió y logró aprobar varios pedidos de informes al intendente Ezequiel Galli (de Cambiemos) que nunca fueron respondidos.
En pleno escándalo, el municipio admitió la aplicación del herbicida, pero aseguró que corrió por cuenta de la contratista, agropecuaria San Sebastián, encargada del mantenimiento de la zona, a la que le aplicó sanciones. El problema es que los registros muestran que en la misma fecha adquirió sesenta litros de glifosato, a nombre del Municipio.
Por esto Arregui se volvió a preguntar “para qué compró glifosato el Municipio el 4 de julio del corriente, qué funcionario municipal autorizó esa compra y si el producto adquirido por el Municipio fue el utilizado por la empresa para desmalezar las barrancas del arroyo Tapalqué”.
El segundo hecho tiene lugar en Chascomús e involucra a otro de los poderes del Estado, en este caso la Justicia. Es que el último 21 de diciembre, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Dolores ordenó suspender toda actividad de fumigación terrestre, aérea y el traslado de agroquímicos a una distancia “menor a 1.000 metros de la zona urbana, núcleos de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua, villas recreativas o deportivas del Barrio Lomas Altas”.
La resolución llegó por la presentación de un particular, vecina de un barrio afectado por la aplicación de herbicidas, y teniendo en cuenta “la ausencia de normativa local que regule la materia”. En sus testimonios, los vecinos del barrio manifestaron haber “tenido malestares en la respiración, irritación de ojos” además de “una sensación rara en la boca y sabor amargo”.
Además se corroboró que hay árboles muertos e incluso peces afectados por los pesticidas aplicados en las inmediaciones del arroyo Almirante Brown.
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La Pampa: sin agua en el Atuel va a la justicia
La Pampa acudirá a la Corte porque Mendoza cortó ingreso del Atuel y "se apropió del río"
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: La Pampa - Mendoza
El gobierno de La Pampa resolvió notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente el curso del Atuel hacia la provincia y "se apropió del 100 por ciento de las aguas del Atuel", generando nuevamente perjuicios en lo económico por el inicio de la temporada turística y unimpacto ecológico y ambiental terrible".
A raíz del corte del curso del Atuel que dejó de ingresar a La Pampa, ayer se reunieron los integrantes de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI) de La Pampa, y por la tarde acordaron notificar hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que Mendoza volvió a cortar totalmente y se "apropió" del río Atuel. "Se verificó la apropiación del 100 por ciento de las aguas del Atuel por parte de Mendoza", advitieron.
El río se encuentra cortado desde el 2007 y desde hace 11 años, sólo escurrían por su cauce caudales de agua de reúso que resultaban insuficientes en cuanto a cantidad y calidad para el sostenimiento del ecosistema.
"En el día de hoy (por ayer) se constata un corte total de los escurrimientos, incluso de reúso, por lo que se verificó la apropiación del 100% de las aguas del Atuel de Mendoza, ante el silencio de Nación y sus organismos competentes", señalaron para adelantar que notificarán a la Corte de la "muestra desaprensiva, unilateral y arbitraria de Mendoza, de apropiarse de la totalidad del Atuel".
El secretario de Recursos hidricos de La Pampa, Javier Slegel declaró hoy a Télam que "éste corte del ingreso del agua genera un impacto terrible en la región, hace perder lo poco que se ha logrado en material ambiental y además del impacto ecológico genera pérdidas en el desarrollo turístico, en Algarrobo del Aguila donde se realizó una fuerte inversión tanto de la esfera oficial como de la privada, que construyó cabañas".
Por su parte, el subsecretario de Ambiente de La Pampa, Fabián Tittarelli, señaló que el corte del ingreso del Atuel en La Pampa hace que nuevamente "como todos los años, el desierto, el salitre y la desolación avanzan sobre nuestros cauces y humedales, además de comenzar el éxodo de aquellas especies que pueden hacerlo, el resto morirá en el intento. Incluso -agregó- aquellas más hábiles para buscar nuevos horizontes, como las aves por ejemplo, pero que aún se están reproduciendo, preferirán quedarse a morir en el nido, en un intento desesperado por salvar su progenie".
"Otros correrán el mismo destino. La falta de oxígeno y el incremento de la concentración de sales primero y la ausencia total de agua posteriormente, dejarán sembrados en el suelo estéril miles y miles de peces. Y esto también sucede todos los años. El Capital Natural de una parte importante de nuestra provincia se extinguirá por completo, como todos los años, como en los últimos 100 años", concluyó.
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Biósfera Patagonia Azul, convenio para fortalecimiento
Turismo firmó un convenio para fortalecer la Reserva de Biósfera Patagonia Azul
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El acuerdo prevé incentivar la investigación y la conservación. La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es la más grande de su tipo en el país y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral.
El ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, firmó en Buenos Aires un acuerdo de cooperación con la Fundación Flora y Fauna Argentina y la Municipalidad de Camarones. Es para la colaboración conjunta en proyectos de conservación y de desarrollo turístico sustentable en la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, la región declarada como tal por la Unesco en 2015, que va desde Punta Tombo hasta el Golfo San Jorge, al sur de Bahía Bustamante.
En el marco de encuentro Tourism Tech Adventure Forum: Americas, organizado en Buenos Aires por la Organización Mundial de Turismo, el convenio fue rubricado por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El convenio establece un marco de colaboración y trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo de la provincia, Camarones y la fundación, para el fortalecimiento del Parque Marino Costero Patagonia Austral-, que se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera y cuya puerta de entrada es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías
El acuerdo prevé incentivar la investigación, la conservación y visita al parque y su integración en el circuito marino costero Patagonia Azul, el impulso y desarrollo de actividades turísticas sustentables, reconociendo el potencial de desarrollo eco-turístico de la zona y la necesidad de fortalecerlo como destino.
La firma se realizó en la Secretaría de Turismo de la Nación, y en el acto participaron el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, la presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, Sofía Heinonen, y Kristine McDivitt, esposa del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tomkins y presidenta de la fundación Tomkins Conservation, que en 2016 donó 410.000 hectáreas al gobierno chileno para la creación de un parque nacional.
La más grande del país en su tipo, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul fue declarada como tal por la UNESCO en 2015 y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral. Posee un gran valor biológico y cultural, ya que además la diversidad de flora y fauna, su patrimonio histórico indican presencia humana desde hace miles de años. El Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías es la única puerta de acceso público al parque, y allí, entre otras especies, se pueden ver pingüinos de Magallanes hasta abril.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: El Patagónico
Provincia/Región: Chubut
El acuerdo prevé incentivar la investigación y la conservación. La Reserva de Biosfera Patagonia Azul es la más grande de su tipo en el país y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral.
El ministro de Turismo de Chubut, Herman Müller, firmó en Buenos Aires un acuerdo de cooperación con la Fundación Flora y Fauna Argentina y la Municipalidad de Camarones. Es para la colaboración conjunta en proyectos de conservación y de desarrollo turístico sustentable en la Reserva de Biosfera Patagonia Azul, la región declarada como tal por la Unesco en 2015, que va desde Punta Tombo hasta el Golfo San Jorge, al sur de Bahía Bustamante.
En el marco de encuentro Tourism Tech Adventure Forum: Americas, organizado en Buenos Aires por la Organización Mundial de Turismo, el convenio fue rubricado por la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, y contó con la presencia del secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.
El convenio establece un marco de colaboración y trabajo articulado entre el Ministerio de Turismo de la provincia, Camarones y la fundación, para el fortalecimiento del Parque Marino Costero Patagonia Austral-, que se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera y cuya puerta de entrada es el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías
El acuerdo prevé incentivar la investigación, la conservación y visita al parque y su integración en el circuito marino costero Patagonia Azul, el impulso y desarrollo de actividades turísticas sustentables, reconociendo el potencial de desarrollo eco-turístico de la zona y la necesidad de fortalecerlo como destino.
La firma se realizó en la Secretaría de Turismo de la Nación, y en el acto participaron el secretario de Coordinación e Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, la presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, Sofía Heinonen, y Kristine McDivitt, esposa del fallecido filántropo estadounidense Douglas Tomkins y presidenta de la fundación Tomkins Conservation, que en 2016 donó 410.000 hectáreas al gobierno chileno para la creación de un parque nacional.
La más grande del país en su tipo, la Reserva de Biosfera Patagonia Azul fue declarada como tal por la UNESCO en 2015 y cubre un área de 3.102.005 hectáreas. En su interior alberga al Parque Marino Costero Patagonia Austral. Posee un gran valor biológico y cultural, ya que además la diversidad de flora y fauna, su patrimonio histórico indican presencia humana desde hace miles de años. El Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías es la única puerta de acceso público al parque, y allí, entre otras especies, se pueden ver pingüinos de Magallanes hasta abril.
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Santa Fe: 9 millones para reforestación
La provincia invirtió más de 9 millones para mitigar el cambio climático
Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Fecha de Publicación: 02/01/2019
Fuente: NotiFe
Provincia/Región: Santa Fe
En el marco del programa “Para cada santafesino un árbol”, este año se repartieron $ 9.190.000 para reforestar espacios públicos de diferentes localidades.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del programa “Para cada santafesino un árbol” del Ministerio de Medio Ambiente, entregó $ 9.190.000 este año, destinados a la compra de árboles para la forestación de los espacios públicos de municipios y comunas.
Los aportes para arbolado público alcanzaron a 161 localidades, lo que equivale a más de 45 mil nuevos árboles. Los nuevos ejemplares resultan un aporte significativo a la sustentabilidad de los territorios.
El ministro de Medio Ambiente, Jacinto Speranza señaló que “promover el arbolado, la reforestación y el cuidado de los bosques nativos es una tarea eficaz para mitigar los efectos del cambio climático”.
Speranza, además, destacó como “positivo contar con una nueva Ley del Árbol, la norma que servirá para fomentar la plantación de especies no solo en espacios públicos sino también en zonas rurales, lo que deberá ser tomado como un compromiso ambiental por los propietarios de los campos”.
“Para cada santafesino un árbol” se implementó a partir del año 2011 para destacar la importancia del arbolado público en la calidad de vida de los ciudadanos. Entre sus objetivos, se destaca incrementar la masa forestal pública en todo el territorio de la provincia, privilegiar su implantación en los espacios de uso público y fomentar la creación de viveros forestales escolares, municipales o comunales.
La Ley del Árbol es una iniciativa presentada en marzo de 2017 por el gobernador Miguel Lifschitz, que tiene como objetivo promover la creación de reservorios forestales de manera gradual y sostenida, tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante 2018, además, se brindó asistencia a 101 productores en sus planes de aprovechamiento sustentable y/o conservación de bosque nativo, alcanzando los $ 29.990.863 destinados a la elaboración de planes de manejo y/o conservación de bosque nativo, desde 2016.
“No solamente hay que recuperar lo que se ha perdido, sino que venimos trabajando desde el inicio de esta gestión junto a los productores para preservar lo que existe en los campos de la provincia”, afirmó Speranza.
El plan de manejo y/o conservación de bosque nativo, incluido en la Ley nacional Nº 26.331 y Ley provincial Nº 13.372, es un documento técnico-legal que explica y desarrolla la propuesta y debe ser avalado por un profesional competente. Está destinado a titulares de establecimientos en los que se pretenda realizar la intervención.
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Denuncian brutal desmonte en El Impenetrable
Denuncian desmontes ilegales de más de 26 mil hectáreas en El Impenetrable
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela denunció que en el período comprendido entre octubre de 2016 y abril de 2017, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó el desmonte de más de 26 mil hectáreas de bosques en regiones protegidas por la Ley de Bosques para ampliar la frontera agropecuaria para la siempre transgénica.
Según denunció el Centro Mandela en base a datos oficiales publicados en la página web de la Dirección de Bosques del Chaco dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el período que va del octubre de 2016 a abril de 2017 se autorizó el desmonte de 26.100 hectáreas a tala rasa para ampliar la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“De ese modo destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Dirección de Bosques”, sostienen desde la organización que coordina el abogado Rolando Núñez.
La Tabla
En una extensa Tabla que se publica al final de esta nota figuran cada uno de los permisos otorgados por la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, en consonancia con las autorizaciones dispuestas por la Subsecretaría de Recursos Naturales. “Paradójica y contradictoriamente estos dos organismos públicos tienen a su cargo la protección y el manejo sustentable del monte nativo del Chaco y de los recursos naturales, sin que en nada intervenga el Ministerio de Planificación y Ambiente de Chaco”, subrayan.
El método utilizado para avalar los desmontes es el de las recategorizaciones de los campos que se deforestaron a través del sistema previsto para el cambio de usos de suelos, “que es una herramienta de aplicación excepcional”, precisan desde el Centro Mandela. Sin embargo, advierten que “la Dirección de Bosques generalizó la aplicación de este Plan violando los límites de legalidad de manera evidente, hasta recaer en prácticas generalizadas de otorgamiento de permisos de desmontes guiados por la lógica de los negocios, que fueron y son alimentados a través de presuntos tráficos de influencias y de actos de corrupción”.
Autorizaciones para sacrificar montes de zonas protegidas
La Tabla que confeccionó el Centro Mandela también refleja el listado completo de las disposiciones firmadas por el subsecretario de Recursos Naturales, Dr. Luciano Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”. Al respecto, señalan que se trata de una “frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutaran los desmontes autorizados por ese Subsecretario, con el desagradable acompañamiento de la Dirección de Bosques”.
“Para brindar un aparente ropaje de legalidad de la práctica ilegal de permitir deforestaciones en zona prohibida, en cada disposición Olivares aprobó “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los Planes de Cambio de Uso del Suelo”, que desde la época del ex presidente Carlos Menem dejó de hacerlo el Estado y fueron confeccionados por los propios productores interesados en los desmontes, regla que se aplica para todo el empresariado argentino, poniendo en manos de los mismos la realización de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Cada uno de estos estudios fueron y son diseñados como guantes a medida para los interesados en desmontar, además de que el mismo ex presidente eliminó las “externalidades” que debían ser evaluadas en cada EIA”, sostiene el informe del Centro Mandela.
El organismo indica, además, que “para consumar el saqueo del monte de El Impenetrable programaron la frutilla del postre que se esconde tras el Plan que ejecuta el Gobierno provincial en materia de Ampliación del Ordenamiento Territorial de Bosques en Chaco, que tuvo su punto inicial en el Decreto 233 del 13 de febrero de 2017 y sus Anexos, a través de los cuales el gobernador Domingo Peppo abrió el programa, que justamente coincide con el objetivo de la reducción de los límites de la zona protegida (Amarillo-Categoría II)”.
“En el período posterior al mes de abril de ese año 2017 continuaron ejecutándose más desmontes en zona protegida. Además del “blanqueo” de los campos desmontados, el Poder Ejecutivo pretende ampliar aún más los límites de la Zona Verde, en donde sí se puede desmontar y hacer agricultura, sacrificando la Zona Amarilla (protegida) para ampliar la frontera agropecuaria transgénica”, sentencian desde el Centro Mandela.
Las “respuestas”
La Subsecretaría de Recursos Naturales salió a responder un documento de la organización Greenpeace argumentando que los propietarios querían aprovechar “la capacidad agrícola de los predios” de campos ubicados en El Impenetrable. “En el afán de ocultar las graves irregularidades ocurridas en materia de desmontes en zonas protegidas, echaron a manos a que los titulares de los campos solicitaron la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, denuncia el Centro Mandela.
“Siendo que -de acuerdo al pedido de los productores- la cuestión central es la ampliación de la frontera agrícola, la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Naturales se concentró exclusivamente en la cuestión de las acciones para administrar responsablemente la explotación forestal, con lo cual cerró su meta de ampliar la frontera agropecuaria vinculándola con la explotación forestal para sacar madera del monte”, agrega.
Marcha atrás
A pesar de que el subsecretario Olivares afirmó que se cumplieron todos los pasos para autorizar los cambios de categorías en cada campo, la Subsecretaría anticipó que dejará de recibir solicitudes de cambios de categorías y que pedirá “a las autoridades superiores” dejar sin efecto las normas que habilitaban estas presentaciones, además de suspender de manera definitiva aquellos trámites en curso. “Además de comprometer al ministro de la Producción y al propio Gobernador de Chaco, es evidente que la Subecretaría de Recursos Naturales dió marcha atrás luego de autorizar desmontes en zonas prohibidas porque fue puesta al descubierto. Además, quedó en evidencia que fueron ilegales los permisos que otorgara para desforestar 26.100 hectáreas en zonas prohibidas”, recalca el Centro Mandela.
Sin embargo, advierte que “la propia respuesta de la Subsecretaría a Greenpeace dejó la puerta abierta para nuevos desmontes. Esta intención del Gobierno subyace cuando hicieron hincapié en la defensa de la industria forestal, cuestionando los cálculos de Greenpeace sobre las pérdidas de montes, además de defender las deforestaciones silvopastoriles como prácticas que permiten la posibilidad de aprovechar los montes en función de la actividad ganadera. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los silvospastoriles se transformaron, en poco tiempo, en desmontes a tala rasa para habilitar chacras destinadas a la agricultura transgénica, aunque se sabe que en las regiones protegidas no se deben hacer agricultura. Pero están y producen porque el suelo es nuevo. Bastará que pasen algunos años para que esos suelos colapsen y se transformen en peladares y blanquizales en los que ya no se podrá cultivar. El daño ya está hecho, y lo más grave es que se produjo por decisión del Gobierno actual”.
“La Subsecretaría admitió, dejando de lado su negacionismo extremo, que existe un índice de “pérdida forestal” que afirmó “no corresponde que se adjudique a la Provincia”, aunque anticipó que en el futuro contratará “agentes externos o alguna institución técnica independiente al Estado” para que analicen uno por uno los proyectos silvopastoriles. Lo expresado también pone en evidencia supuestas impotencias que no son tales, sino que los permisos otorgados para efectuar los desmontes selectivos (silvopastoriles) fueron funcionales a la lógica de los negocios”, concluye el documento del Centrl Mandela.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Chaco Día por Día
Provincia/Región: Chaco
El Centro Mandela denunció que en el período comprendido entre octubre de 2016 y abril de 2017, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó el desmonte de más de 26 mil hectáreas de bosques en regiones protegidas por la Ley de Bosques para ampliar la frontera agropecuaria para la siempre transgénica.
Según denunció el Centro Mandela en base a datos oficiales publicados en la página web de la Dirección de Bosques del Chaco dependiente de la Subsecretaría de Recursos Naturales, durante el período que va del octubre de 2016 a abril de 2017 se autorizó el desmonte de 26.100 hectáreas a tala rasa para ampliar la frontera agropecuaria transgénica en regiones protegidas –Zona Amarilla, Categoría II- según el Mapa de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo chaqueño (OTBN).
“De ese modo destruyeron una buena parte del ecosistema de El Impenetrable, poniendo en mayor crisis el balance ambiental de las zonas atacadas y en mayor riesgo el frágil equilibrio de biodiversidad y de bioseguridad en esas regiones. Se agregan los desmontes clandestinos y semiclandestinos, que son aquellos en que la deforestación se extendió en mayor superficie que las autorizadas por la Dirección de Bosques”, sostienen desde la organización que coordina el abogado Rolando Núñez.
La Tabla
En una extensa Tabla que se publica al final de esta nota figuran cada uno de los permisos otorgados por la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, en consonancia con las autorizaciones dispuestas por la Subsecretaría de Recursos Naturales. “Paradójica y contradictoriamente estos dos organismos públicos tienen a su cargo la protección y el manejo sustentable del monte nativo del Chaco y de los recursos naturales, sin que en nada intervenga el Ministerio de Planificación y Ambiente de Chaco”, subrayan.
El método utilizado para avalar los desmontes es el de las recategorizaciones de los campos que se deforestaron a través del sistema previsto para el cambio de usos de suelos, “que es una herramienta de aplicación excepcional”, precisan desde el Centro Mandela. Sin embargo, advierten que “la Dirección de Bosques generalizó la aplicación de este Plan violando los límites de legalidad de manera evidente, hasta recaer en prácticas generalizadas de otorgamiento de permisos de desmontes guiados por la lógica de los negocios, que fueron y son alimentados a través de presuntos tráficos de influencias y de actos de corrupción”.
Autorizaciones para sacrificar montes de zonas protegidas
La Tabla que confeccionó el Centro Mandela también refleja el listado completo de las disposiciones firmadas por el subsecretario de Recursos Naturales, Dr. Luciano Olivares, a través de las cuales aprobó los “Planes de Revisión de Categorías de Conservación a Nivel Predial”. Al respecto, señalan que se trata de una “frase notablemente ocultista que en la práctica ha significado que –en cada caso- los propietarios de campos ubicados en zona protegida ejecutaran los desmontes autorizados por ese Subsecretario, con el desagradable acompañamiento de la Dirección de Bosques”.
“Para brindar un aparente ropaje de legalidad de la práctica ilegal de permitir deforestaciones en zona prohibida, en cada disposición Olivares aprobó “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los Planes de Cambio de Uso del Suelo”, que desde la época del ex presidente Carlos Menem dejó de hacerlo el Estado y fueron confeccionados por los propios productores interesados en los desmontes, regla que se aplica para todo el empresariado argentino, poniendo en manos de los mismos la realización de los Estudios de Impactos Ambientales (EIA). Cada uno de estos estudios fueron y son diseñados como guantes a medida para los interesados en desmontar, además de que el mismo ex presidente eliminó las “externalidades” que debían ser evaluadas en cada EIA”, sostiene el informe del Centro Mandela.
El organismo indica, además, que “para consumar el saqueo del monte de El Impenetrable programaron la frutilla del postre que se esconde tras el Plan que ejecuta el Gobierno provincial en materia de Ampliación del Ordenamiento Territorial de Bosques en Chaco, que tuvo su punto inicial en el Decreto 233 del 13 de febrero de 2017 y sus Anexos, a través de los cuales el gobernador Domingo Peppo abrió el programa, que justamente coincide con el objetivo de la reducción de los límites de la zona protegida (Amarillo-Categoría II)”.
“En el período posterior al mes de abril de ese año 2017 continuaron ejecutándose más desmontes en zona protegida. Además del “blanqueo” de los campos desmontados, el Poder Ejecutivo pretende ampliar aún más los límites de la Zona Verde, en donde sí se puede desmontar y hacer agricultura, sacrificando la Zona Amarilla (protegida) para ampliar la frontera agropecuaria transgénica”, sentencian desde el Centro Mandela.
Las “respuestas”
La Subsecretaría de Recursos Naturales salió a responder un documento de la organización Greenpeace argumentando que los propietarios querían aprovechar “la capacidad agrícola de los predios” de campos ubicados en El Impenetrable. “En el afán de ocultar las graves irregularidades ocurridas en materia de desmontes en zonas protegidas, echaron a manos a que los titulares de los campos solicitaron la revisión de la categoría de conservación que les fue asignada por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, denuncia el Centro Mandela.
“Siendo que -de acuerdo al pedido de los productores- la cuestión central es la ampliación de la frontera agrícola, la respuesta de la Subsecretaría de Recursos Naturales se concentró exclusivamente en la cuestión de las acciones para administrar responsablemente la explotación forestal, con lo cual cerró su meta de ampliar la frontera agropecuaria vinculándola con la explotación forestal para sacar madera del monte”, agrega.
Marcha atrás
A pesar de que el subsecretario Olivares afirmó que se cumplieron todos los pasos para autorizar los cambios de categorías en cada campo, la Subsecretaría anticipó que dejará de recibir solicitudes de cambios de categorías y que pedirá “a las autoridades superiores” dejar sin efecto las normas que habilitaban estas presentaciones, además de suspender de manera definitiva aquellos trámites en curso. “Además de comprometer al ministro de la Producción y al propio Gobernador de Chaco, es evidente que la Subecretaría de Recursos Naturales dió marcha atrás luego de autorizar desmontes en zonas prohibidas porque fue puesta al descubierto. Además, quedó en evidencia que fueron ilegales los permisos que otorgara para desforestar 26.100 hectáreas en zonas prohibidas”, recalca el Centro Mandela.
Sin embargo, advierte que “la propia respuesta de la Subsecretaría a Greenpeace dejó la puerta abierta para nuevos desmontes. Esta intención del Gobierno subyace cuando hicieron hincapié en la defensa de la industria forestal, cuestionando los cálculos de Greenpeace sobre las pérdidas de montes, además de defender las deforestaciones silvopastoriles como prácticas que permiten la posibilidad de aprovechar los montes en función de la actividad ganadera. Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los silvospastoriles se transformaron, en poco tiempo, en desmontes a tala rasa para habilitar chacras destinadas a la agricultura transgénica, aunque se sabe que en las regiones protegidas no se deben hacer agricultura. Pero están y producen porque el suelo es nuevo. Bastará que pasen algunos años para que esos suelos colapsen y se transformen en peladares y blanquizales en los que ya no se podrá cultivar. El daño ya está hecho, y lo más grave es que se produjo por decisión del Gobierno actual”.
“La Subsecretaría admitió, dejando de lado su negacionismo extremo, que existe un índice de “pérdida forestal” que afirmó “no corresponde que se adjudique a la Provincia”, aunque anticipó que en el futuro contratará “agentes externos o alguna institución técnica independiente al Estado” para que analicen uno por uno los proyectos silvopastoriles. Lo expresado también pone en evidencia supuestas impotencias que no son tales, sino que los permisos otorgados para efectuar los desmontes selectivos (silvopastoriles) fueron funcionales a la lógica de los negocios”, concluye el documento del Centrl Mandela.
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San Luis: localidad contra un proyecto de litio
Una alianza de científicos y vecinos
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: San Luis
El proyecto de una minera australiana despertó la alarma de un pueblo, que recurre a expertos para informarse y decidir.
San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el centro-norte de San Luis, a 100 kilómetros de la capital provincial. Tiene aproximadamente 3 mil habitantes que, tradicionalmente, desarrollaron actividades agropecuarias en un escenario casi virgen, rodeado de sierras, montes, una frondosa flora y una fauna bien diversa que incluye desde jabalíes hasta cóndores. El paisaje se completa con cinco ríos caudalosos que constituyen la reserva hídrica, que alimenta la naturaleza puntana y convirtió al sitio en un emergente destino turístico.
El equilibrio vecinal se vio trastocado cuando comenzaron a correr los rumores de que la empresa australiana Latin Resources tenía intenciones de explotar el litio de Géminis, una mina que se ubica a 8 kilómetros del municipio de la ciudad y de la plaza principal. De inmediato, la comunidad comenzó a moverse y a solicitar el auxilio de informes técnicos a especialistas y científicos de la zona. “En pleno 2018, todavía tomamos agua directamente de los ríos y eso es impagable. Por eso, apenas advertimos las intenciones de esta compañía nos preocupamos por su posible contaminación a partir de la explotación minera a cielo abierto. La sierra es muy rica, está llena de minerales y aunque la empresa señala que no contaminará, nosotros sabemos que no es así y buscamos el apoyo de personas que pudieran estudiar el caso y confirmar nuestros temores”, señala Diego Otero, referente del grupo de vecinos autoconvocados.
El desembarco de Latin Resources se enmarca en una situación nacional definida. Según el especialista del Conicet Bruno Fornillo, “Argentina se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio”. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario.
A mediados del siglo XX, la explotación de Géminis se realizaba de manera artesanal, con pico, pala y auxilio de burros para transportar apenas 2 mil kilos de material al mes. En la actualidad, los vecinos se organizan porque saben que cualquier proceso extractivo a gran escala implica una transformación en el medioambiente.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y se estima un crecimiento promedio de entre 10 por ciento y 12 por ciento anual en los próximos 5 años. Se utiliza para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral: una, la más conocida, a través de salinas (es lo que ocurre con los salares que componen el triángulo Argentina, Bolivia y Chile) y otra, a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco, donde el “oro blanco” se extrae del espodumeno. “El litio solo representa el 7 por ciento del espodumeno, con lo cual se prevé un movimiento de rocas demasiado importante para la cantidad del recurso que se puede llegar a aprovechar. Para una empresa como Latin Resources es fundamental desarrollar un modelo de explotación capaz de mover un volumen de material que justifique su inversión”, dice Emilio Ahumada, Doctor en Ciencias Geológicas (Universidad Nacional de San Luis) y referente cuyo estudio técnico fue solicitado por los vecinos de la zona. Y completa: “En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un procesamiento de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales”.
Otro conflicto subyace con los recursos descartados: “Cuando se fractura la roca se produce la exposición de los minerales al medioambiente y se generan grandes pasivos ambientales: toneladas de material destruido que quedan en el lugar como esqueletos que nadie quiere trasladar”, apunta Juan Arbia, médico toxicólogo (UBA) que ejerce su profesión en el hospital de la ciudad. Latin Resources, en este sentido, notificó que realizará un socavón de 300x500 metros, lo que equivale a abrir en la sierra un agujero del tamaño de una cancha de fútbol, sin tener en cuenta transformaciones vinculadas a la generación de rutas de acceso y demás edificaciones necesarias para el proceso extractivo. Hace un tiempo, sin permiso gubernamental se generó un camino de acceso hacia la mina de 12 kilómetros, que generó desmonte y una destrucción paisajística considerable.
“El litio se emplea como psicofármaco para pacientes con trastornos bipolares. Liberar al aire este tipo mineral a partir de explosiones y posibilitar su interacción con el agua es bastante preocupante, en la medida en que podría generar un impacto tanto en los ecosistemas marinos –causando la mortandad de peces–, así como también producir trastornos emocionales en las personas”, destaca Emilio Ahumada.
En su página, la empresa declara tener el apoyo de las comunidades aledañas, algo falso, ya que en ningún momento se reunió con ningún vecino ni autoridad municipal. “Junto al Concejo Deliberante estamos denunciando esta situación, aquí no hay ningún acuerdo firmado con los vecinos. Están haciendo lobby y buscan limpiar su imagen para atraer grupos inversores que apoyen el proyecto”, concluye Otero.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: Pagina 12
Provincia/Región: San Luis
El proyecto de una minera australiana despertó la alarma de un pueblo, que recurre a expertos para informarse y decidir.
San Francisco del Monte de Oro se encuentra en el centro-norte de San Luis, a 100 kilómetros de la capital provincial. Tiene aproximadamente 3 mil habitantes que, tradicionalmente, desarrollaron actividades agropecuarias en un escenario casi virgen, rodeado de sierras, montes, una frondosa flora y una fauna bien diversa que incluye desde jabalíes hasta cóndores. El paisaje se completa con cinco ríos caudalosos que constituyen la reserva hídrica, que alimenta la naturaleza puntana y convirtió al sitio en un emergente destino turístico.
El equilibrio vecinal se vio trastocado cuando comenzaron a correr los rumores de que la empresa australiana Latin Resources tenía intenciones de explotar el litio de Géminis, una mina que se ubica a 8 kilómetros del municipio de la ciudad y de la plaza principal. De inmediato, la comunidad comenzó a moverse y a solicitar el auxilio de informes técnicos a especialistas y científicos de la zona. “En pleno 2018, todavía tomamos agua directamente de los ríos y eso es impagable. Por eso, apenas advertimos las intenciones de esta compañía nos preocupamos por su posible contaminación a partir de la explotación minera a cielo abierto. La sierra es muy rica, está llena de minerales y aunque la empresa señala que no contaminará, nosotros sabemos que no es así y buscamos el apoyo de personas que pudieran estudiar el caso y confirmar nuestros temores”, señala Diego Otero, referente del grupo de vecinos autoconvocados.
El desembarco de Latin Resources se enmarca en una situación nacional definida. Según el especialista del Conicet Bruno Fornillo, “Argentina se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio”. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio. Los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario.
A mediados del siglo XX, la explotación de Géminis se realizaba de manera artesanal, con pico, pala y auxilio de burros para transportar apenas 2 mil kilos de material al mes. En la actualidad, los vecinos se organizan porque saben que cualquier proceso extractivo a gran escala implica una transformación en el medioambiente.
El litio es un metal que, principalmente, se halla en salmueras naturales: pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. Su mercado es creciente, la demanda aumenta año tras año y se estima un crecimiento promedio de entre 10 por ciento y 12 por ciento anual en los próximos 5 años. Se utiliza para baterías, cerámica y vidrios, grasas y lubricantes, en la industria metalúrgica y como psicofármaco. Existen dos formas de extracción básica del mineral: una, la más conocida, a través de salinas (es lo que ocurre con los salares que componen el triángulo Argentina, Bolivia y Chile) y otra, a partir de rocas duras. Este último caso corresponde a lo que sucede en San Francisco, donde el “oro blanco” se extrae del espodumeno. “El litio solo representa el 7 por ciento del espodumeno, con lo cual se prevé un movimiento de rocas demasiado importante para la cantidad del recurso que se puede llegar a aprovechar. Para una empresa como Latin Resources es fundamental desarrollar un modelo de explotación capaz de mover un volumen de material que justifique su inversión”, dice Emilio Ahumada, Doctor en Ciencias Geológicas (Universidad Nacional de San Luis) y referente cuyo estudio técnico fue solicitado por los vecinos de la zona. Y completa: “En la explotación a cielo abierto se perforan las rocas, se insertan dinamitas y se explotan para transportar el material a un procesamiento de molienda y poder separar el litio del resto de los componentes residuales”.
Otro conflicto subyace con los recursos descartados: “Cuando se fractura la roca se produce la exposición de los minerales al medioambiente y se generan grandes pasivos ambientales: toneladas de material destruido que quedan en el lugar como esqueletos que nadie quiere trasladar”, apunta Juan Arbia, médico toxicólogo (UBA) que ejerce su profesión en el hospital de la ciudad. Latin Resources, en este sentido, notificó que realizará un socavón de 300x500 metros, lo que equivale a abrir en la sierra un agujero del tamaño de una cancha de fútbol, sin tener en cuenta transformaciones vinculadas a la generación de rutas de acceso y demás edificaciones necesarias para el proceso extractivo. Hace un tiempo, sin permiso gubernamental se generó un camino de acceso hacia la mina de 12 kilómetros, que generó desmonte y una destrucción paisajística considerable.
“El litio se emplea como psicofármaco para pacientes con trastornos bipolares. Liberar al aire este tipo mineral a partir de explosiones y posibilitar su interacción con el agua es bastante preocupante, en la medida en que podría generar un impacto tanto en los ecosistemas marinos –causando la mortandad de peces–, así como también producir trastornos emocionales en las personas”, destaca Emilio Ahumada.
En su página, la empresa declara tener el apoyo de las comunidades aledañas, algo falso, ya que en ningún momento se reunió con ningún vecino ni autoridad municipal. “Junto al Concejo Deliberante estamos denunciando esta situación, aquí no hay ningún acuerdo firmado con los vecinos. Están haciendo lobby y buscan limpiar su imagen para atraer grupos inversores que apoyen el proyecto”, concluye Otero.
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El gobierno quiere vender reservas en manos militares
Reserva La Calera: ¿podría venderse?
Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Fecha de Publicación: 31/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
El ministro Aguad reconoció que la idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan.
Declaraciones periodísticas del ministro de Defensa, Oscar Aguad, abrieron una nueva discusión sobre la posibilidad de que alguna parte de los predios de la Reserva Natural de la Defensa de La Calera pueda tener otro destino y uso.
Se trata de 11.377 hectáreas, ubicadas entre la ciudad de Córdoba, La Calera, Malagueño y el lago San Roque, que históricamente fueron predios militares y que, aún conservando esa categoría, desde 2009 se transformaron –ley mediante– en “área de reserva natural” por un convenio firmado entre el Ejército y Parques Nacionales. Ese acuerdo, similar a otro aplicado también luego para tierras de la Fuerza Aérea en Ascochinga, implica que esos suelos no pueden tener nuevos usos urbanos, industriales o agrícolas.
Para el Gran Córdoba se trata del mayor pulmón verde, en una región altamente urbanizada.
En una entrevista con La Voz días atrás, el ministro Aguad señaló: “Ahí hay un proyecto de la Universidad Nacional de Córdoba que quiere hacer un campo de deportes y un polo tecnológico, pero hay una enorme cantidad de tierra y vamos a ver qué hacemos. La idea es vender las tierras que las Fuerzas Armadas no utilizan, para reequiparlas. Estamos hablando de todo lo que va a la derecha de la avenida de Circunvalación hacia Carlos Paz”.
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Aunque no hay ningún proyecto puntual anunciado, desde el Foro Ambiental Córdoba se advirtió que esas tierras son “un área natural protegida” por ley, que conserva bosques nativos justo en “la zona de transición entre el Chaco Seco y el Espinal”.
La ONG apuntó su “oposición a que se desafecten en todo o en parte” esas 11.377 hectáreas de reserva. “Nos amparamos en los principios de prevención y progresividad, consagrados en la Ley General del Ambiente 25.675; como también en el principio de no regresión, que implica no retroceder respecto a los niveles de protección (de bosques) alcanzados con anterioridad”.
A la vez, el Foro Ambiental aclaró que la UNC le anunció ya en agosto pasado que había desistido de su gestión para ocupar algunas hectáreas de ese campo militar.
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Importante aumento de equipos solar térmicos instalados
Creció el 17,9% la instalación de equipos de energía solar térmica en Argentina
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Esta información surge del último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el INTI, acerca del período 2017. El informe también destaca que en un año se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria, que se crearon 45 nuevas empresas del sector y que hay más provincias que incursionan en la tecnología.
La energía solar térmica es una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía. Un ejemplo en este sentido, es que con los nuevos equipos instalados en 2017 para agua caliente sanitaria se redujeron 5520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a lo que generan mil automóviles en un año.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de calor. Una de sus aplicaciones más extendidas a nivel mundial son los termotanques solares, que permiten calentar el agua de forma segura y eficiente, sin recurrir al uso de gas ni electricidad. Con el objetivo de conocer la oferta de productos y servicios de esta tecnología en el país, el Centro de Energías Renovables realizó la segunda edición del Censo Nacional Solar Térmico y presenta los primeros resultados.
“En esta oportunidad, relevamos datos correspondientes al 2017, con un total de 225 empresas censadas (un 68% más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Uno de los resultados que obtuvimos fue que se comercializaron 35.141 m² de equipos de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) —además de 9.318 m² de colectores plásticos sin cubierta, habitualmente destinados a la climatización de piscinas—”, detalló Martín Sabre, del Centro de Energías Renovables del INTI.
Respecto de las nuevas instalaciones, en el 2017 se relevaron 7018 (teniendo en cuenta que pueden ser de uno o más equipos solares térmicos). Este dato representa un incremento del 17,9 por ciento respecto del año 2015.
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía: solo con los nuevos equipos instalados en 2017 para ACS, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año. Por otra parte, la expansión de la energía solar térmica también representó un ahorro económico: específicamente con los equipos instalados en 2017, se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
En cuanto a la distribución geográfica de los actores que componen el sector, el 79 por ciento de las provincias registró actividades en el rubro solar térmico. Se inscribieron agentes desde Córdoba (24,4%), Buenos Aires (23,6%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (11,6%), San Juan (5,3%), Entre Ríos (4,9%), San Luis (3,6%), Mendoza (3,1%), Neuquén (2,2%), Chaco (1,3%), Chubut (1,3%) Catamarca (0,90%), Formosa (0,9%), Jujuy (0,9%), La Pampa (0,9%), Río Negro (0,9%), Salta (0,9%), Tucumán (0,9%), Misiones (0,4%).
A propósito de los nuevos actores, 45 empresas comenzaron su actividad en el sector de la energía solar térmica a partir de 2017, es decir un 20% del total de empresas censadas. La actividad que más creció fue la de instalación: se incrementó un 61% respecto de las empresas instaladoras censadas en el año 2015.ño 2015.
De los datos obtenidos, surge que la industria nacional fabricó en este período (2017) 9.163 metros cuadrados de colectores solares. Asimismo, la capacidad productiva censada permitiría triplicar la cantidad fabricada, lo que da cuenta del potencial de la industria local para responder ante una proyección de mayor demanda.
En cuanto a los datos de empleo, el sector cuenta con un total de 808 empleos directos censados. Respecto del tamaño de las empresas, cabe destacar que se observa una preponderancia de las microempresas —hasta 9 empleados— (86,2%), seguidas de pequeñas empresas —de 10 a 49 empleados— (10,2%), un porcentaje pequeño de empresas medianas —de 50 a 200 empleados— (3,1%) y apenas un 0,4% de empresas grandes —más de 200 empleados—.
El Censo Nacional Solar Térmico es un trabajo encabezado por el Centro INTI-Energías Renovables, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía. “En la próxima entrega, publicaremos el informe completo del relevamiento, con la lista de las empresas censadas y toda la información estadística recabada”, anticipa Sabre.
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Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: INTI
Provincia/Región: Nacional
Esta información surge del último Censo Nacional Solar Térmico realizado por el INTI, acerca del período 2017. El informe también destaca que en un año se comercializaron 35.141 metros cuadrados de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria, que se crearon 45 nuevas empresas del sector y que hay más provincias que incursionan en la tecnología.
La energía solar térmica es una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía. Un ejemplo en este sentido, es que con los nuevos equipos instalados en 2017 para agua caliente sanitaria se redujeron 5520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a lo que generan mil automóviles en un año.
La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol para la obtención de calor. Una de sus aplicaciones más extendidas a nivel mundial son los termotanques solares, que permiten calentar el agua de forma segura y eficiente, sin recurrir al uso de gas ni electricidad. Con el objetivo de conocer la oferta de productos y servicios de esta tecnología en el país, el Centro de Energías Renovables realizó la segunda edición del Censo Nacional Solar Térmico y presenta los primeros resultados.
“En esta oportunidad, relevamos datos correspondientes al 2017, con un total de 225 empresas censadas (un 68% más que en 2015, año en el que se realizó el primer censo). Uno de los resultados que obtuvimos fue que se comercializaron 35.141 m² de equipos de colectores solares térmicos para agua caliente sanitaria (ACS) —además de 9.318 m² de colectores plásticos sin cubierta, habitualmente destinados a la climatización de piscinas—”, detalló Martín Sabre, del Centro de Energías Renovables del INTI.
Respecto de las nuevas instalaciones, en el 2017 se relevaron 7018 (teniendo en cuenta que pueden ser de uno o más equipos solares térmicos). Este dato representa un incremento del 17,9 por ciento respecto del año 2015.
La energía solar térmica significa una alternativa ecológica en el consumo y producción de energía: solo con los nuevos equipos instalados en 2017 para ACS, se redujeron 5.520 toneladas en emisiones de dióxido de carbono (tCO2), equivalentes a las realizadas por mil automóviles en un año. Por otra parte, la expansión de la energía solar térmica también representó un ahorro económico: específicamente con los equipos instalados en 2017, se generó un ahorro de combustible equivalente a más de cuatro millones de metros cúbicos de gas natural.
En cuanto a la distribución geográfica de los actores que componen el sector, el 79 por ciento de las provincias registró actividades en el rubro solar térmico. Se inscribieron agentes desde Córdoba (24,4%), Buenos Aires (23,6%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (11,6%), San Juan (5,3%), Entre Ríos (4,9%), San Luis (3,6%), Mendoza (3,1%), Neuquén (2,2%), Chaco (1,3%), Chubut (1,3%) Catamarca (0,90%), Formosa (0,9%), Jujuy (0,9%), La Pampa (0,9%), Río Negro (0,9%), Salta (0,9%), Tucumán (0,9%), Misiones (0,4%).
A propósito de los nuevos actores, 45 empresas comenzaron su actividad en el sector de la energía solar térmica a partir de 2017, es decir un 20% del total de empresas censadas. La actividad que más creció fue la de instalación: se incrementó un 61% respecto de las empresas instaladoras censadas en el año 2015.ño 2015.
De los datos obtenidos, surge que la industria nacional fabricó en este período (2017) 9.163 metros cuadrados de colectores solares. Asimismo, la capacidad productiva censada permitiría triplicar la cantidad fabricada, lo que da cuenta del potencial de la industria local para responder ante una proyección de mayor demanda.
En cuanto a los datos de empleo, el sector cuenta con un total de 808 empleos directos censados. Respecto del tamaño de las empresas, cabe destacar que se observa una preponderancia de las microempresas —hasta 9 empleados— (86,2%), seguidas de pequeñas empresas —de 10 a 49 empleados— (10,2%), un porcentaje pequeño de empresas medianas —de 50 a 200 empleados— (3,1%) y apenas un 0,4% de empresas grandes —más de 200 empleados—.
El Censo Nacional Solar Térmico es un trabajo encabezado por el Centro INTI-Energías Renovables, en articulación con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía. “En la próxima entrega, publicaremos el informe completo del relevamiento, con la lista de las empresas censadas y toda la información estadística recabada”, anticipa Sabre.
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Experto advierte sobre la depredación en el mar argentino
“Los detectores ya no ubican un solo pez, limpiaron todo el mar”
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Es el hombre que sabe todo sobre la pesca. Vivió siempre en el mar y conoce todos sus secretos. Aquí relata su vida, el antes y el ahora de una actividad en crisis. Sus críticas a gobernantes y empresarios que depredaron los recursos marítimos.
De una pregunta acerca de su vida surgió una larga descripción de nuestra industria pesquera. Es crítico de los políticos y de los empresarios, pero celebra sus años vividos. Jorge Miller se inició como pescador “el día después de cumplir 18”. Antes de eso, su padre le negaba autorización. Sucedía hasta los años 60, cuando la mayoría de edad (para casarse o no permitir viajar solo al exterior sin autorización escrita, cosa que parecía un recurso para frenar la fuga del servicio militar en la clase media) era a los 22 años. Se votaba y se sacaba el registro de conductor a los 18. Aventurarse en el Atlántico sur no era ir al exterior porque era el Mar Continental Argentino. Miller se embarcó en Mar del Plata.
“Yo sabía que se ganaba buen dinero en la pesca aunque fuera una vida sacrificada. Los marinos en ese tiempo eran más rústicos. Ellos lo sabían, pero también sabían de los buenos ingresos. Cada vez que se entraba a puerto había una celebración en algún boliche. Supongo que la alegría venía de tener dinero y por haber sobrevivido. Los militares controlaban todo en el puerto. Llegaban y sacaban a dos o tres. Venían con datos precisos. Al resto de los parroquianos nos dejaban... pero el susto lo tiene cualquiera.”
–En esa época, fines de los 60, ¿cuántos barcos había en la flota pesquera local?
–Había pocos barcos... Media docena de atuneros y unos nueve o diez más. La mayor parte de los barcos fueron traídos desde Bélgica en la posguerra. Venían por su cuenta. Trajeron a las familias y todo lo que podían cargar y se instalaron en Mar del Plata. Los belgas iniciaron lo que se llama la pesca de altura. Salían mar afuera. Los italianos hicieron la pesca costera. Pescaban con esas lanchas amarillas, mantenían la costa a la vista. En esa época el máximo de nuestras salidas era por cinco o seis horas y cargábamos los barcos a pleno. Ahora hay que navegar hacia el sur dos o tres días. Si se mira por las ecosondas, los detectores ya no ubican un solo pez. Está el mar limpito. Lo limpiaron todo. Todos los gobiernos vendieron permisos de pesca. Pero el que más fue el de Menem. Terrible. Los barcos grandes echaban la red al día de salir, las arrastraban y no las sacaban hasta juntar mil y pico toneladas. Agarraban el pescado grande. El mediano, que tiene menos precio en el mercado internacional, lo tiraban al mar.
–¿Vivo o muerto?
–Cuando sacan cualquier pescado, sobre todo la merluza y el bacalao, muy rápido, los que estaban a cien o doscientos metros de profundidad perdían la presión de fondo. Se les llena de aire la vejiga natatoria y revientan de inmediato. Quedan flotando dentro de la red, se mueven, coletean, pero a la media hora, 45 minutos, se mueren. Por asfixia y por la descompresión rápida.
–¿Por qué vivimos de espaldas al mar?
–Es una forma de rechazo, sin saber por qué. Fíjese el valor que tiene el pescado hoy. Creo que está en tercer lugar de nuestra exportación. Hay que ver la exportación posible de langostinos. Eso lo están explotando los extranjeros. Toda esa plata se va para afuera.
–¿Por qué no podemos, no pudimos desarrollar la pesca en nuestro mar?
–Porque no hubo gobierno que alentara la construcción de barcos. Acá hubo dos o tres astilleros, uno en Mar del Plata, que todavía subsiste a los tumbos, pero hace buena labor. Un astillero que yo conocía fue fundado por Federico Contessi, un inmigrante italiano que llegó en 1947. Ahora tiene 88 años y lleva construidos 128 barcos. En Buenos Aires está Astarsa, fundado en 1930, casi parado. Hacían buenos barcos. Eran barcos modernos, con la tecnología necesaria. Los extranjeros aprovecharon las pesquerías aquí, principalmente en Mar del Plata. Necesitaban un domicilio legal. Hicieron esas uniones que alentaba el gobierno, los joint ventures. Necesitaban empresas instaladas, aunque no fuera muy moderna. La otra parte ponía la factoría. ¿Y qué hacían? La factoría extranjera no elabora en tierra, todo se hace en alta mar. Llegaban a las aguas seleccionadas, cargaban los barcos frigoríficos y se van a Europa, especialmente a España, o a los países asiáticos, que eran los grandes clientes. Las empresas tenían todo pactado y vendido. La conexión en tierra, los frigoríficos, no eran más que una etiqueta, una forma de evitar impuestos y pescar sin interferencias.
–No nos enseñaron lo que era la pesca. No sabíamos la grandeza que ofrecía.
–El obstáculo principal era la falta de oficio. Por ejemplo, en los atuneros en los que estuve yo y en algunos barcos que pescaban langostinos, la preparación del personal era deficiente. Los barcos, las empresas, preferían tener un tripulante que salía por primera vez y sin experiencia, para enseñarle el oficio desde cero. Los capitanes no querían a alguien que había aprendido algo ahí, otro poco allá. Esa persona con experiencia no era maleable. Se prefería llevar cinco o seis personas físicamente hábiles para entrenar a la manera de cada barco. Después las empresas consiguieron por decreto que se hiciera la Aduana a bordo en alta mar. Significó menos control. Entraba un barco con dos mil toneladas de pescado y se declaraba la mitad. Y los inspectores se la pasaban durmiendo y comiendo. Llenaban las planillas así nomás a cambio de un regalo. Coincidió con los años de la gran depredación. Barco tras barco declaraba a medias. Luego se inventaron otra para acallar las protestas de que tiraban más de lo que se vendía de pescado chico. Un pescado grande tiene más del doble que el valor del más chiquito. Y el gran reproductor es el más grande. Al sacarlo se pierden millones de huevas. El chico, al ser tirado, se muere con pocas huevas, si es que tiene. Los dos casos representan doble pérdida. Primero, al ser tirado el más chico se pierde al pez que crece y que no ha comenzado a ovar. El grande que se saca y muere representa la pérdida mayor de huevas. En conjunto, doble pérdida. Decidieron poner veedores a bordo. Los veedores eran muchachos jóvenes con algún estudio y hacían el control de la pesca, sobre todo los tamaños. Sus observaciones en varios barcos en época de hueva debían decidir si imponer una veda o no. Se formó una especie de empresa de veedores. Si alguno cobraba un sueldo, como ejemplo, de unos cuatro o cinco mil dólares, se le daba otro tanto, cuatro o cinco más por afuera. El puerto por excelencia fue Mar del Plata. Ahora el puerto de Mar del Plata casi desapareció. Están esas lanchitas amarillas, barcos viejitos. Los frigoríficos cerraron. Antes uno prendía la radio a la mañana y desde las 5 solicitaban personal. A las 10 seguían pidiendo personal para elaborar el pescado en fábrica. Esos llamados muestran que hubo una flota grande que traía el pescado. Se necesita navegar 48 horas al sur para encontrar el pescado. Los cardúmenes están afuera. Ahora, por una cuestión que podemos llamar fortuita, en los últimos diez años se viene sacando langostinos, cada año más. ¿Qué pasa? Pasa que los grandes depredadores que eran los cardúmenes de merluza, de mero, comían a los langostinos. Se liquidó ese pescado. Se consensuaron algunas vedas que han dado buen resultado, frente a Chubut y Santa Cruz, frente a Rawson. Hacen una parcela de mar bastante grande.
–¿Eso es una política para langostinos dentro del mar Argentino?
–Si, claro, la plataforma se extiende por 200 millas y un poco más. Pasando eso no se pesca. La plataforma cae a gran profundidad. Ahí íbamos a pescar atún algunas veces, pero convenía ir más arriba, hacia el límite con Brasil. El atún y el pez espada son de agua más templada.
–¿En esto de los langostinos, la Argentina saca algo?
–Las empresas fábrica están en Rawson, Comodoro, Madryn, Deseado, Caleta Olivia... reciben el pescado elaborado de los barcos. En verdad, el mejor pescado es el que elabora uno. Cuánto más rápido se elabora y congela, menos calidad pierde. Más con langostinos y mariscos. El 70 o 75 por ciento del pescado es agua. Si no se procesa rápido el congelamiento, dentro de cuatro o cinco horas, se forma un cristal de hielo. Cuando se descongela para consumo, esos cristales hacen un agua en la carne. Se va desgranando y queda la carne como molida, no tiene consistencia. El pescado fresco tiene consistencia.
–Ah, ya lo recuerdo, un filet de merluza es casi una pasta en un restaurant en la ciudad.
–Tiene que tener un olor muy suave. Si tiene olor apenas más fuerte es porque se está envejeciendo. Ha pasado demasiado tiempo desde que salió del mar. Una factoría moderna pescando mariscos puede producir 25-30 toneladas de pescado congelado. Tiene maquinarias que hacen filetes, tiene una plataforma procesadora abajo en la que trabajan 45-50 personas, tres turnos, algunas las 24 horas, divididos en turnos para que la gente duerma un poco. Nosotros nos quedamos en tierra necesitando hasta cien personas trabajando tres turnos. El costo es mucho mayor. Toda esa gente tiene un costo, además demoran mucho más y el pescado se desmerece. En las factorías van levantando las redes a medida que se termina de elaborar lo embarcado antes. Están elaborando pescado más fresco, casi vivo. Mayor producción, menor mano de obra, mayor valor agregado por la frescura del pescado. Es un negocio. Cuanto menos manoseo mejor el pescado. El que se pesca con anzuelo tiene el doble de valor que con red. Con anzuelo está vivo, está brillante. El pescado de red viene comprimido por otros millones de pescados. El barco viene tirando la red y aprisionando el pescado. Esos barcos, las factorías de ajenos, habían sido prohibidos por Francia e Inglaterra. Solo permiten los de ellos, una temporada y no más. Se restringieron los permisos. En Inglaterra era para proteger los cardúmenes. En España, en el Mediterráneo fue la anchoa, en las Islas Canarias el pulpo... Los barcos de las Canarias vinieron acá buscando pulpo. Allá la campaña siguió hasta que limpiaron el mar. Esto no se hace tan rápido, demora mucho tiempo.
–En sus 30 años de mar, ¿cuál fue la mejor época de la pesca argentina?
–La pesca necesita que sean responsables de la calidad los capitanes, los jefes de máquinas, los oficiales, hasta los marineros deberían tener conocimiento de sus responsabilidades. En vez de un sueldo, si tuvieran un porcentaje de la producción habría mucho más incentivo. Si uno dice que está elaborando diez mil kilos por día y en vez de ocho horas trabaja 16, se va al doble de ganancia. Con el mismo gasto en combustible se está produciendo el doble. Ese sistema se usa en partes de Europa, pero no acá. Esa fue la mejor época. Acá vinieron los sindicatos e impusieron el sueldo. Y en vez de trabajar por un porcentaje de la carga de antes, la gente cobraba sueldos más bajos. El vago prefería el sueldo con menos trabajo. Si se rompía el barco se cobraba el sueldo igual. Con un buen porcentaje se trabajaba tres meses y se ganaba lo que el sueldo dejaba en un año. Yo toda la vida trabajé bien, a porcentaje. Cuando venía una empresa a buscarme primero preguntaban cuánto quería ganar yo. Yo decía, se negociaba. El diez por ciento, el once, el catorce, sin gastos.
–Eso seguramente se lo pagaban a usted por su experiencia. No por nada lo llamaban “El Viejo”.
–Te contrataban en base a cuanto era lo que podías producir. Un buen tonelaje todos los meses te recomendaba para los próximos barcos. Salíamos con un solo capitán. Ahora salen con dos, hasta tres, ponen otros que están estudiando. Hoy el capitán puede dormir una siesta y cuatro o cinco horas a la noche. Cambió todo. La comodidad de los barcos, por ejemplo. Se salía con los viejos barcos belgas y algunos otros reparados. La tripulación era de 13 o 14 personas. El capitán tenía un camarote chiquito. Todos los demás dormíamos en cuchetas en un espacio de cuatro por seis metros. Al hierro de las paredes del casco se le pasaba la mano y la levantabas empapada. Las dos o tres cobijas que teníamos estaban húmedas. Los barcos que subsisten ahora están bien equipados, en parte. Algunos tienen sonda. Algunos pocos tienen sonar. Hay muchos más que tienen radares. Con un barco a tres horas o a 60-80 millas de viaje se lo ve en el radar. Se ve su rumbo, velocidad, si está pescando o si va hacia la pesca. Para la pesca el barco se desplaza a 3 o 4 nudos de velocidad porque está con las redes en el agua. Si no, navega a unos 12-14 nudos por hora.
–¿Cómo era la vida del pescador?
–Salíamos a buscar calamares en verano. Había que retirarlos de aguas más frías. Nosotros íbamos a Mar del Plata, hacíamos unos lances cada tres días. En esos días no teníamos ecosonda de mucha calidad. Arrastrábamos unos cables de cien y doscientos metros que iban hasta la red. Para que la red no se cerrara tenía unas puertas, le decían portones, arriba tiene mucha boya, abajo tiene plomo. Atrás tiene esa bolsa grande que se va llenando de a poco, esas redes tienen un peso enorme. Es una vida dura y complicada. Una vuelta, al segundo día afuera, estábamos contentos porque parecía buena pesca. Yo estaba arriba en el barco, con las redes. El capitán hizo una maniobra para mejorar la posición y ahí viene un golpe de mar y revienta un cable. Al portugués que manejaba las redes en cubierta un cable suelto lo agarra debajo de las costillas y lo tira como veinte metros fuera del barco. Yo era nuevo. El hombre respiraba, eso mientras tenía aire en el tórax. Cuando se le acababa se hundía. Tenía botas puestas y equipo de agua. Cuando esas botas se llenan de agua te tiran para abajo como plomo. Escuché el grito de “hombre al agua”. El capitán no se dio cuenta porque estaba hablando por teléfono. El primer pescador, que viene a ser como un capataz en la fábrica, gritaba. Cada hombre miraba de uno a otro y yo vi que estos desgraciados lo iban dejar ahogar. El caído estaba como a 50 metros y el barco no podía acercarse con las redes puestas porque pueden meterse en la hélice. Empecé a desvestirme. Hacía frío... Si me metía con ropa me iba al fondo. En pelotas me tiré al agua. Nadé hasta donde estaba, ya a cien metros. Me agarró y me cazó de los pelos y me hundía. Lo di vuelta y lo agarré del cuello y le dije que soltara las botas. No podía. Le ordené que se quedara quieto y le saqué las botas. Fueron 15 o 20 minutos que parecieron un año, los pulmones reventaban y este gritaba y lloraba en portugués. “No me dejes, no me dejes”. Le grité “si te portás bien no me voy. Hacé lo que te digo”. En eso veo un bulto negro, un gordito argentino. Me ve y me dice: “Ah. Pensé que vos te habías caído. Yo por ese mierda ni me mojo”. Había traído un salvavidas y nos quedamos agarrados los tres hasta que nos sacaron. Esa fue una de las situaciones más límite que he vivido.
–¿Cuántos años pasó navegando, trabajando en el agua?
–Eso es fácil definir. Nosotros tenemos un convenio de jubilación que establece un régimen donde a los 52 años nos podemos retirar. Yo trabajé seis años más, hasta los 58, bajo una extensión autorizada. Tengo un hijo en la pesca, pero él trabaja tres o cuatro meses y en el invierno se queda en tierra. Yo trabajaba todo el año.
–¿Qué ha sido de su vida desde que se quedó en tierra?
–Empecé de nuevo. Yo no me quería retirar, pero me empezó a apretar mi mujer. Nosotros allá afuera sabemos en qué estamos, pero ¿cómo se va a tranquilizar una esposa con hijos sabiendo que la tormenta revuelve todo? Allá en Rawson siempre tuvimos buenas propiedades, casas cómodas. Cuando me retiré vinimos a vivir en Federación, donde había estado mi familia. Compré una chacra y construimos.
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Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
Es el hombre que sabe todo sobre la pesca. Vivió siempre en el mar y conoce todos sus secretos. Aquí relata su vida, el antes y el ahora de una actividad en crisis. Sus críticas a gobernantes y empresarios que depredaron los recursos marítimos.
De una pregunta acerca de su vida surgió una larga descripción de nuestra industria pesquera. Es crítico de los políticos y de los empresarios, pero celebra sus años vividos. Jorge Miller se inició como pescador “el día después de cumplir 18”. Antes de eso, su padre le negaba autorización. Sucedía hasta los años 60, cuando la mayoría de edad (para casarse o no permitir viajar solo al exterior sin autorización escrita, cosa que parecía un recurso para frenar la fuga del servicio militar en la clase media) era a los 22 años. Se votaba y se sacaba el registro de conductor a los 18. Aventurarse en el Atlántico sur no era ir al exterior porque era el Mar Continental Argentino. Miller se embarcó en Mar del Plata.
“Yo sabía que se ganaba buen dinero en la pesca aunque fuera una vida sacrificada. Los marinos en ese tiempo eran más rústicos. Ellos lo sabían, pero también sabían de los buenos ingresos. Cada vez que se entraba a puerto había una celebración en algún boliche. Supongo que la alegría venía de tener dinero y por haber sobrevivido. Los militares controlaban todo en el puerto. Llegaban y sacaban a dos o tres. Venían con datos precisos. Al resto de los parroquianos nos dejaban... pero el susto lo tiene cualquiera.”
–En esa época, fines de los 60, ¿cuántos barcos había en la flota pesquera local?
–Había pocos barcos... Media docena de atuneros y unos nueve o diez más. La mayor parte de los barcos fueron traídos desde Bélgica en la posguerra. Venían por su cuenta. Trajeron a las familias y todo lo que podían cargar y se instalaron en Mar del Plata. Los belgas iniciaron lo que se llama la pesca de altura. Salían mar afuera. Los italianos hicieron la pesca costera. Pescaban con esas lanchas amarillas, mantenían la costa a la vista. En esa época el máximo de nuestras salidas era por cinco o seis horas y cargábamos los barcos a pleno. Ahora hay que navegar hacia el sur dos o tres días. Si se mira por las ecosondas, los detectores ya no ubican un solo pez. Está el mar limpito. Lo limpiaron todo. Todos los gobiernos vendieron permisos de pesca. Pero el que más fue el de Menem. Terrible. Los barcos grandes echaban la red al día de salir, las arrastraban y no las sacaban hasta juntar mil y pico toneladas. Agarraban el pescado grande. El mediano, que tiene menos precio en el mercado internacional, lo tiraban al mar.
–¿Vivo o muerto?
–Cuando sacan cualquier pescado, sobre todo la merluza y el bacalao, muy rápido, los que estaban a cien o doscientos metros de profundidad perdían la presión de fondo. Se les llena de aire la vejiga natatoria y revientan de inmediato. Quedan flotando dentro de la red, se mueven, coletean, pero a la media hora, 45 minutos, se mueren. Por asfixia y por la descompresión rápida.
–¿Por qué vivimos de espaldas al mar?
–Es una forma de rechazo, sin saber por qué. Fíjese el valor que tiene el pescado hoy. Creo que está en tercer lugar de nuestra exportación. Hay que ver la exportación posible de langostinos. Eso lo están explotando los extranjeros. Toda esa plata se va para afuera.
–¿Por qué no podemos, no pudimos desarrollar la pesca en nuestro mar?
–Porque no hubo gobierno que alentara la construcción de barcos. Acá hubo dos o tres astilleros, uno en Mar del Plata, que todavía subsiste a los tumbos, pero hace buena labor. Un astillero que yo conocía fue fundado por Federico Contessi, un inmigrante italiano que llegó en 1947. Ahora tiene 88 años y lleva construidos 128 barcos. En Buenos Aires está Astarsa, fundado en 1930, casi parado. Hacían buenos barcos. Eran barcos modernos, con la tecnología necesaria. Los extranjeros aprovecharon las pesquerías aquí, principalmente en Mar del Plata. Necesitaban un domicilio legal. Hicieron esas uniones que alentaba el gobierno, los joint ventures. Necesitaban empresas instaladas, aunque no fuera muy moderna. La otra parte ponía la factoría. ¿Y qué hacían? La factoría extranjera no elabora en tierra, todo se hace en alta mar. Llegaban a las aguas seleccionadas, cargaban los barcos frigoríficos y se van a Europa, especialmente a España, o a los países asiáticos, que eran los grandes clientes. Las empresas tenían todo pactado y vendido. La conexión en tierra, los frigoríficos, no eran más que una etiqueta, una forma de evitar impuestos y pescar sin interferencias.
–No nos enseñaron lo que era la pesca. No sabíamos la grandeza que ofrecía.
–El obstáculo principal era la falta de oficio. Por ejemplo, en los atuneros en los que estuve yo y en algunos barcos que pescaban langostinos, la preparación del personal era deficiente. Los barcos, las empresas, preferían tener un tripulante que salía por primera vez y sin experiencia, para enseñarle el oficio desde cero. Los capitanes no querían a alguien que había aprendido algo ahí, otro poco allá. Esa persona con experiencia no era maleable. Se prefería llevar cinco o seis personas físicamente hábiles para entrenar a la manera de cada barco. Después las empresas consiguieron por decreto que se hiciera la Aduana a bordo en alta mar. Significó menos control. Entraba un barco con dos mil toneladas de pescado y se declaraba la mitad. Y los inspectores se la pasaban durmiendo y comiendo. Llenaban las planillas así nomás a cambio de un regalo. Coincidió con los años de la gran depredación. Barco tras barco declaraba a medias. Luego se inventaron otra para acallar las protestas de que tiraban más de lo que se vendía de pescado chico. Un pescado grande tiene más del doble que el valor del más chiquito. Y el gran reproductor es el más grande. Al sacarlo se pierden millones de huevas. El chico, al ser tirado, se muere con pocas huevas, si es que tiene. Los dos casos representan doble pérdida. Primero, al ser tirado el más chico se pierde al pez que crece y que no ha comenzado a ovar. El grande que se saca y muere representa la pérdida mayor de huevas. En conjunto, doble pérdida. Decidieron poner veedores a bordo. Los veedores eran muchachos jóvenes con algún estudio y hacían el control de la pesca, sobre todo los tamaños. Sus observaciones en varios barcos en época de hueva debían decidir si imponer una veda o no. Se formó una especie de empresa de veedores. Si alguno cobraba un sueldo, como ejemplo, de unos cuatro o cinco mil dólares, se le daba otro tanto, cuatro o cinco más por afuera. El puerto por excelencia fue Mar del Plata. Ahora el puerto de Mar del Plata casi desapareció. Están esas lanchitas amarillas, barcos viejitos. Los frigoríficos cerraron. Antes uno prendía la radio a la mañana y desde las 5 solicitaban personal. A las 10 seguían pidiendo personal para elaborar el pescado en fábrica. Esos llamados muestran que hubo una flota grande que traía el pescado. Se necesita navegar 48 horas al sur para encontrar el pescado. Los cardúmenes están afuera. Ahora, por una cuestión que podemos llamar fortuita, en los últimos diez años se viene sacando langostinos, cada año más. ¿Qué pasa? Pasa que los grandes depredadores que eran los cardúmenes de merluza, de mero, comían a los langostinos. Se liquidó ese pescado. Se consensuaron algunas vedas que han dado buen resultado, frente a Chubut y Santa Cruz, frente a Rawson. Hacen una parcela de mar bastante grande.
–¿Eso es una política para langostinos dentro del mar Argentino?
–Si, claro, la plataforma se extiende por 200 millas y un poco más. Pasando eso no se pesca. La plataforma cae a gran profundidad. Ahí íbamos a pescar atún algunas veces, pero convenía ir más arriba, hacia el límite con Brasil. El atún y el pez espada son de agua más templada.
–¿En esto de los langostinos, la Argentina saca algo?
–Las empresas fábrica están en Rawson, Comodoro, Madryn, Deseado, Caleta Olivia... reciben el pescado elaborado de los barcos. En verdad, el mejor pescado es el que elabora uno. Cuánto más rápido se elabora y congela, menos calidad pierde. Más con langostinos y mariscos. El 70 o 75 por ciento del pescado es agua. Si no se procesa rápido el congelamiento, dentro de cuatro o cinco horas, se forma un cristal de hielo. Cuando se descongela para consumo, esos cristales hacen un agua en la carne. Se va desgranando y queda la carne como molida, no tiene consistencia. El pescado fresco tiene consistencia.
–Ah, ya lo recuerdo, un filet de merluza es casi una pasta en un restaurant en la ciudad.
–Tiene que tener un olor muy suave. Si tiene olor apenas más fuerte es porque se está envejeciendo. Ha pasado demasiado tiempo desde que salió del mar. Una factoría moderna pescando mariscos puede producir 25-30 toneladas de pescado congelado. Tiene maquinarias que hacen filetes, tiene una plataforma procesadora abajo en la que trabajan 45-50 personas, tres turnos, algunas las 24 horas, divididos en turnos para que la gente duerma un poco. Nosotros nos quedamos en tierra necesitando hasta cien personas trabajando tres turnos. El costo es mucho mayor. Toda esa gente tiene un costo, además demoran mucho más y el pescado se desmerece. En las factorías van levantando las redes a medida que se termina de elaborar lo embarcado antes. Están elaborando pescado más fresco, casi vivo. Mayor producción, menor mano de obra, mayor valor agregado por la frescura del pescado. Es un negocio. Cuanto menos manoseo mejor el pescado. El que se pesca con anzuelo tiene el doble de valor que con red. Con anzuelo está vivo, está brillante. El pescado de red viene comprimido por otros millones de pescados. El barco viene tirando la red y aprisionando el pescado. Esos barcos, las factorías de ajenos, habían sido prohibidos por Francia e Inglaterra. Solo permiten los de ellos, una temporada y no más. Se restringieron los permisos. En Inglaterra era para proteger los cardúmenes. En España, en el Mediterráneo fue la anchoa, en las Islas Canarias el pulpo... Los barcos de las Canarias vinieron acá buscando pulpo. Allá la campaña siguió hasta que limpiaron el mar. Esto no se hace tan rápido, demora mucho tiempo.
–En sus 30 años de mar, ¿cuál fue la mejor época de la pesca argentina?
–La pesca necesita que sean responsables de la calidad los capitanes, los jefes de máquinas, los oficiales, hasta los marineros deberían tener conocimiento de sus responsabilidades. En vez de un sueldo, si tuvieran un porcentaje de la producción habría mucho más incentivo. Si uno dice que está elaborando diez mil kilos por día y en vez de ocho horas trabaja 16, se va al doble de ganancia. Con el mismo gasto en combustible se está produciendo el doble. Ese sistema se usa en partes de Europa, pero no acá. Esa fue la mejor época. Acá vinieron los sindicatos e impusieron el sueldo. Y en vez de trabajar por un porcentaje de la carga de antes, la gente cobraba sueldos más bajos. El vago prefería el sueldo con menos trabajo. Si se rompía el barco se cobraba el sueldo igual. Con un buen porcentaje se trabajaba tres meses y se ganaba lo que el sueldo dejaba en un año. Yo toda la vida trabajé bien, a porcentaje. Cuando venía una empresa a buscarme primero preguntaban cuánto quería ganar yo. Yo decía, se negociaba. El diez por ciento, el once, el catorce, sin gastos.
–Eso seguramente se lo pagaban a usted por su experiencia. No por nada lo llamaban “El Viejo”.
–Te contrataban en base a cuanto era lo que podías producir. Un buen tonelaje todos los meses te recomendaba para los próximos barcos. Salíamos con un solo capitán. Ahora salen con dos, hasta tres, ponen otros que están estudiando. Hoy el capitán puede dormir una siesta y cuatro o cinco horas a la noche. Cambió todo. La comodidad de los barcos, por ejemplo. Se salía con los viejos barcos belgas y algunos otros reparados. La tripulación era de 13 o 14 personas. El capitán tenía un camarote chiquito. Todos los demás dormíamos en cuchetas en un espacio de cuatro por seis metros. Al hierro de las paredes del casco se le pasaba la mano y la levantabas empapada. Las dos o tres cobijas que teníamos estaban húmedas. Los barcos que subsisten ahora están bien equipados, en parte. Algunos tienen sonda. Algunos pocos tienen sonar. Hay muchos más que tienen radares. Con un barco a tres horas o a 60-80 millas de viaje se lo ve en el radar. Se ve su rumbo, velocidad, si está pescando o si va hacia la pesca. Para la pesca el barco se desplaza a 3 o 4 nudos de velocidad porque está con las redes en el agua. Si no, navega a unos 12-14 nudos por hora.
–¿Cómo era la vida del pescador?
–Salíamos a buscar calamares en verano. Había que retirarlos de aguas más frías. Nosotros íbamos a Mar del Plata, hacíamos unos lances cada tres días. En esos días no teníamos ecosonda de mucha calidad. Arrastrábamos unos cables de cien y doscientos metros que iban hasta la red. Para que la red no se cerrara tenía unas puertas, le decían portones, arriba tiene mucha boya, abajo tiene plomo. Atrás tiene esa bolsa grande que se va llenando de a poco, esas redes tienen un peso enorme. Es una vida dura y complicada. Una vuelta, al segundo día afuera, estábamos contentos porque parecía buena pesca. Yo estaba arriba en el barco, con las redes. El capitán hizo una maniobra para mejorar la posición y ahí viene un golpe de mar y revienta un cable. Al portugués que manejaba las redes en cubierta un cable suelto lo agarra debajo de las costillas y lo tira como veinte metros fuera del barco. Yo era nuevo. El hombre respiraba, eso mientras tenía aire en el tórax. Cuando se le acababa se hundía. Tenía botas puestas y equipo de agua. Cuando esas botas se llenan de agua te tiran para abajo como plomo. Escuché el grito de “hombre al agua”. El capitán no se dio cuenta porque estaba hablando por teléfono. El primer pescador, que viene a ser como un capataz en la fábrica, gritaba. Cada hombre miraba de uno a otro y yo vi que estos desgraciados lo iban dejar ahogar. El caído estaba como a 50 metros y el barco no podía acercarse con las redes puestas porque pueden meterse en la hélice. Empecé a desvestirme. Hacía frío... Si me metía con ropa me iba al fondo. En pelotas me tiré al agua. Nadé hasta donde estaba, ya a cien metros. Me agarró y me cazó de los pelos y me hundía. Lo di vuelta y lo agarré del cuello y le dije que soltara las botas. No podía. Le ordené que se quedara quieto y le saqué las botas. Fueron 15 o 20 minutos que parecieron un año, los pulmones reventaban y este gritaba y lloraba en portugués. “No me dejes, no me dejes”. Le grité “si te portás bien no me voy. Hacé lo que te digo”. En eso veo un bulto negro, un gordito argentino. Me ve y me dice: “Ah. Pensé que vos te habías caído. Yo por ese mierda ni me mojo”. Había traído un salvavidas y nos quedamos agarrados los tres hasta que nos sacaron. Esa fue una de las situaciones más límite que he vivido.
–¿Cuántos años pasó navegando, trabajando en el agua?
–Eso es fácil definir. Nosotros tenemos un convenio de jubilación que establece un régimen donde a los 52 años nos podemos retirar. Yo trabajé seis años más, hasta los 58, bajo una extensión autorizada. Tengo un hijo en la pesca, pero él trabaja tres o cuatro meses y en el invierno se queda en tierra. Yo trabajaba todo el año.
–¿Qué ha sido de su vida desde que se quedó en tierra?
–Empecé de nuevo. Yo no me quería retirar, pero me empezó a apretar mi mujer. Nosotros allá afuera sabemos en qué estamos, pero ¿cómo se va a tranquilizar una esposa con hijos sabiendo que la tormenta revuelve todo? Allá en Rawson siempre tuvimos buenas propiedades, casas cómodas. Cuando me retiré vinimos a vivir en Federación, donde había estado mi familia. Compré una chacra y construimos.
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Córdoba: proyectan línea de montaje de aerogeneradores
Instalarán una línea de montaje de aerogeneradores en Fadea
Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es a través de un acuerdo con Nordex Group. Se fabricarán 48 dispositivos de generación eólica.
A través de un acuerdo con Nordex Group, se instalará una línea local de montaje de aerogeneradores en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), ubicada en el sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Según se informó desde la empresa estatal, la planta de producción de nacelles (cubierta que aloja los componentes generadores de una turbina eólica) y bujes para el aerogenerador AW3000 se establecerá en Córdoba y entrará en funcionamiento el año próximo.
En estas instalaciones se fabricarán 48 aerogeneradores AW132/3300 encargados en los pedidos de la eléctrica AES Argentina Generación, anunciados recientemente.
Siempre de acuerdo a la información brindada por la firma, la nave de montaje está diseñada para alcanzar una capacidad anual de hasta 150 aerogeneradores de la gama de tres MW, lo que equivale a una potencia que puede llegar a los 500 MW.
Nordex Group también tiene previsto instalar dos plantas de producción de torres de hormigón en Argentina, por lo que la cuota de producción local de los aerogeneradores producidos e instalados por Nordex Group aumentará hasta un 36 por ciento.
“Hasta la fecha, hemos tenido mucho éxito en Argentina y en los últimos dos años hemos recibido pedidos de más de 600 MW. Estamos convencidos de que este mercado tiene un enorme potencial. Las autoridades han hecho un gran trabajo con el lanzamiento de los programas Renovar y Mater, que han creado las condiciones necesarias para este floreciente mercado", afirmó José Luis Blanco, CEO de Nordex.
"Actualmente, los proyectos en construcción suman varios GW. La implantación de un centro de producción local es un primer paso: en los próximos años tenemos previsto seguir implementando la cadena de suministro a nivel local para cumplir con los requisitos nacionales. De esa manera crearemos aún más puestos de trabajo en el mercado argentino”, agregó.
A su vez, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, comentó: “Nos propusimos desarrollar una FAdeA estratégica y sustentable. Para ello debíamos generar nuevos negocios vinculados a la aeronáutica, pero también a otras industrias de similares características tecnológicas, alta exigencia y potencial de desarrollo, como lo es la energía eólica”.
Y agregó: “Este acuerdo, junto a los firmados recientemente con importantes empresas internacionales de aviación comercial y militar, nos acerca a nuestro objetivo para que en 2023 la facturación de FAdeA sea 50% proveniente del estado y 50% de terceros”.
Finalmente, el ministro expuso: “El sector industrial y el metalúrgico deben tomar nota del valor agregado que ellos pueden sumar en este crecimiento y desarrollo comercial”.
Nordex Group posee más de 23 GW de capacidad de energía eólica instalada en más de 25 mercados y, en 2017, obtuvo unos ingresos de 3.100 millones de euros.
Actualmente la empresa cuenta con 5.000 empleados aproximadamente y tiene fábricas en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos y la India. Su cartera de productos se centra en aerogeneradores terrestres de 1,5 a 4,8 MW, adaptados a la demanda de los mercados de los países con espacios limitados y las regiones con una capacidad de red limitada.
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Fecha de Publicación: 30/12/2018
Fuente: La Voz del Interior
Provincia/Región: Córdoba
Es a través de un acuerdo con Nordex Group. Se fabricarán 48 dispositivos de generación eólica.
A través de un acuerdo con Nordex Group, se instalará una línea local de montaje de aerogeneradores en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), ubicada en el sudoeste de la ciudad de Córdoba.
Según se informó desde la empresa estatal, la planta de producción de nacelles (cubierta que aloja los componentes generadores de una turbina eólica) y bujes para el aerogenerador AW3000 se establecerá en Córdoba y entrará en funcionamiento el año próximo.
En estas instalaciones se fabricarán 48 aerogeneradores AW132/3300 encargados en los pedidos de la eléctrica AES Argentina Generación, anunciados recientemente.
Siempre de acuerdo a la información brindada por la firma, la nave de montaje está diseñada para alcanzar una capacidad anual de hasta 150 aerogeneradores de la gama de tres MW, lo que equivale a una potencia que puede llegar a los 500 MW.
Nordex Group también tiene previsto instalar dos plantas de producción de torres de hormigón en Argentina, por lo que la cuota de producción local de los aerogeneradores producidos e instalados por Nordex Group aumentará hasta un 36 por ciento.
“Hasta la fecha, hemos tenido mucho éxito en Argentina y en los últimos dos años hemos recibido pedidos de más de 600 MW. Estamos convencidos de que este mercado tiene un enorme potencial. Las autoridades han hecho un gran trabajo con el lanzamiento de los programas Renovar y Mater, que han creado las condiciones necesarias para este floreciente mercado", afirmó José Luis Blanco, CEO de Nordex.
"Actualmente, los proyectos en construcción suman varios GW. La implantación de un centro de producción local es un primer paso: en los próximos años tenemos previsto seguir implementando la cadena de suministro a nivel local para cumplir con los requisitos nacionales. De esa manera crearemos aún más puestos de trabajo en el mercado argentino”, agregó.
A su vez, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, comentó: “Nos propusimos desarrollar una FAdeA estratégica y sustentable. Para ello debíamos generar nuevos negocios vinculados a la aeronáutica, pero también a otras industrias de similares características tecnológicas, alta exigencia y potencial de desarrollo, como lo es la energía eólica”.
Y agregó: “Este acuerdo, junto a los firmados recientemente con importantes empresas internacionales de aviación comercial y militar, nos acerca a nuestro objetivo para que en 2023 la facturación de FAdeA sea 50% proveniente del estado y 50% de terceros”.
Finalmente, el ministro expuso: “El sector industrial y el metalúrgico deben tomar nota del valor agregado que ellos pueden sumar en este crecimiento y desarrollo comercial”.
Nordex Group posee más de 23 GW de capacidad de energía eólica instalada en más de 25 mercados y, en 2017, obtuvo unos ingresos de 3.100 millones de euros.
Actualmente la empresa cuenta con 5.000 empleados aproximadamente y tiene fábricas en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos y la India. Su cartera de productos se centra en aerogeneradores terrestres de 1,5 a 4,8 MW, adaptados a la demanda de los mercados de los países con espacios limitados y las regiones con una capacidad de red limitada.
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El amigo de Morales, tuvo que desalambrar el Siete Colores
Camino desalambrado
Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy
La presión social forzó la intervención del gobierno jujeño, que ayer anunció la rehabilitación del paseo peatonal cerrado por un empresario y ex funcionario radical. Las críticas de los vecinos
A partir de la presión que generaron los propios vecinos autoconvocados y la repercusión mediática que adquirió el tema, el Gobierno de Jujuy comunicó ayer por la tarde que “el acceso peatonal al circuito del cerro de los Siete Colores, en el pueblo de Purmamarca, fue habilitado plenamente luego de una serie de reuniones entre el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el propietario del terreno, Edgardo César Memo Vilte”. Confirmó además oficialmente que aún analizan el proyecto que presentó el artista para construir un anfiteatro natural y un área de servicios al pie del cerro. Sin embargo los vecinos rechazan que consideren al músico como el propietario de las tierras y presentaron una demanda ante el Poder Judicial al que le solicitaron una medida cautelar.
En su comunicado, el Gobierno además indicó que el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, confirmó que “el cierre del terreno se originó en la necesidad para el propietario, de hacer una limpieza profunda y juntar la basura para su retiro, lo que realizará la Comisión Municipal para que el terreno tenga liberado su acceso libre y gratuito, como siempre”.
En diálogo con PáginaI12, Martín Vilte, en nombre de los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Purmamarca, reclamó: “El gobierno convalida el argumento de que el cercado de las tierras se debió a la necesidad de limpiar la zona. Durante todos estos años organizamos cuadrillas de vecinos que hacían la limpieza de forma desinteresada. Ahora el Ministerio de Ambiente pasa a colocar cestos en el paseo. Los vecinos no podemos dejar de ver que esto es pura y llanamente un apoyo político a quien dice ser el propietario de las tierras. Repudiamos enormemente la postura del gobierno y que mencionen a Memo Vilte como el propietario. Esas tierras no tienen dueño. En todo caso, el pueblo de Purmamarca es el dueño y va a pelear para que se sigan conservando como durante todos estos años”, aseguró.
Para Claudia González, Presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), el cerro de los Siete Colores es un bien de dominio público del Estado, por tanto se encuentra fuera del tráfico jurídico. Es decir no pueden ser enajenados, embargados, subastados ni vendidos ni total ni parcialmente. Por eso resulta inaceptable que la Secretaría de Turismo asuma públicamente que Memo Vilte es el propietario, sin especificar de qué forma lo habría adquirido y cómo un bien de dominio público del Estado provincial está en manos de un ex funcionario radical”. En efecto, Edgardo “Memo” Vilte fue director general de Cultura del gobierno del intendente radical de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge hasta febrero de 2017.
Ayer por la mañana un grupo de vecinos patrocinados por la abogada Alicia Chalabe presentó un Amparo Preventivo Ambiental con Medida Cautelar ante la Cámara Civil y Comercial contra Edgardo Vilte. “La causa recayó ante la Vocalía 4, de la Sala 2 a cargo del doctor Mateo. Lo que pedimos es que se dicte una medida cautelar que impida que realice cualquier actividad, obra o proyecto sobre el cerro de los Siete Colores y zonas aledañas en virtud del articulo 14 y 240 del Código Civil que regula los derechos individuales cuando pueden afectar el ambiente o derechos de incidencia colectiva”, explicó la abogada.
Lautaro Patagua, uno de los demandantes, explicó: “Vimos la presentación de este recurso como la única instancia posible para hacer cesar el accionar de Memo Vilte. Porque pese a que aún no tiene los permisos y habilitaciones correspondientes de parte del municipio, él sigue arremetiendo como si los tuviera. En sus pedidos de habilitación él reitera que no va a utilizar máquinas, pero el otro día lo vimos hablando con otra persona viendo por donde iban a entrar las máquinas. Entonces, depende con quien hable, cambia lo que dice. Se expresa muy bien y convence, pero sus intenciones son otras”. En ese contexto aclaró: “No tenemos nada personal contra Memo Vilte. Lo que queremos es proteger el paisaje que es de un disfrute colectivo y más allá de las inquietudes personales que alguien pueda tener nosotros queremos cuidar el cerro. El alambrado se levantó porque el pueblo se puso de pie. Ahora la lucha es contra Memo, pero hay otras personas que están tramitando los papeles de los terrenos y la idea nuestra es que se apruebe a una ordenanza para proteger todo el circuito del Paseo de los Colorados y las zonas aledañas al cerro porque cualquier movimiento de tierra va a generar que se siga cayendo el cerro que de por sí es muy arcilloso y delicado”.
Patagua también aseguró: “Memo Vilte tiene programados eventos a partir del 5 al 7 de enero, por eso tanto atropello. Por eso también la necesidad de esta medida cautelar. Memo está haciendo acuerdos con empresas muy grandes, multinacionales, se comentaba Sony y MTV así que es mucho el movimiento de dinero del que se habla”. Por su parte, Vanesa Condorí, referente de la Asamblea de Autoconvocados y demandante en la causa contra Vilte señaló: “Pedimos la prevalencia del bien comunitario, del paisaje que es de todos por sobre el derecho individual y exigimos a la justicia la preservación del patrimonio cultural”.
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Fecha de Publicación: 29/01/2019
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Jujuy
La presión social forzó la intervención del gobierno jujeño, que ayer anunció la rehabilitación del paseo peatonal cerrado por un empresario y ex funcionario radical. Las críticas de los vecinos
A partir de la presión que generaron los propios vecinos autoconvocados y la repercusión mediática que adquirió el tema, el Gobierno de Jujuy comunicó ayer por la tarde que “el acceso peatonal al circuito del cerro de los Siete Colores, en el pueblo de Purmamarca, fue habilitado plenamente luego de una serie de reuniones entre el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el propietario del terreno, Edgardo César Memo Vilte”. Confirmó además oficialmente que aún analizan el proyecto que presentó el artista para construir un anfiteatro natural y un área de servicios al pie del cerro. Sin embargo los vecinos rechazan que consideren al músico como el propietario de las tierras y presentaron una demanda ante el Poder Judicial al que le solicitaron una medida cautelar.
En su comunicado, el Gobierno además indicó que el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, confirmó que “el cierre del terreno se originó en la necesidad para el propietario, de hacer una limpieza profunda y juntar la basura para su retiro, lo que realizará la Comisión Municipal para que el terreno tenga liberado su acceso libre y gratuito, como siempre”.
En diálogo con PáginaI12, Martín Vilte, en nombre de los integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Purmamarca, reclamó: “El gobierno convalida el argumento de que el cercado de las tierras se debió a la necesidad de limpiar la zona. Durante todos estos años organizamos cuadrillas de vecinos que hacían la limpieza de forma desinteresada. Ahora el Ministerio de Ambiente pasa a colocar cestos en el paseo. Los vecinos no podemos dejar de ver que esto es pura y llanamente un apoyo político a quien dice ser el propietario de las tierras. Repudiamos enormemente la postura del gobierno y que mencionen a Memo Vilte como el propietario. Esas tierras no tienen dueño. En todo caso, el pueblo de Purmamarca es el dueño y va a pelear para que se sigan conservando como durante todos estos años”, aseguró.
Para Claudia González, Presidenta de la Asociación de Abogados de Jujuy (AAJ), el cerro de los Siete Colores es un bien de dominio público del Estado, por tanto se encuentra fuera del tráfico jurídico. Es decir no pueden ser enajenados, embargados, subastados ni vendidos ni total ni parcialmente. Por eso resulta inaceptable que la Secretaría de Turismo asuma públicamente que Memo Vilte es el propietario, sin especificar de qué forma lo habría adquirido y cómo un bien de dominio público del Estado provincial está en manos de un ex funcionario radical”. En efecto, Edgardo “Memo” Vilte fue director general de Cultura del gobierno del intendente radical de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge hasta febrero de 2017.
Ayer por la mañana un grupo de vecinos patrocinados por la abogada Alicia Chalabe presentó un Amparo Preventivo Ambiental con Medida Cautelar ante la Cámara Civil y Comercial contra Edgardo Vilte. “La causa recayó ante la Vocalía 4, de la Sala 2 a cargo del doctor Mateo. Lo que pedimos es que se dicte una medida cautelar que impida que realice cualquier actividad, obra o proyecto sobre el cerro de los Siete Colores y zonas aledañas en virtud del articulo 14 y 240 del Código Civil que regula los derechos individuales cuando pueden afectar el ambiente o derechos de incidencia colectiva”, explicó la abogada.
Lautaro Patagua, uno de los demandantes, explicó: “Vimos la presentación de este recurso como la única instancia posible para hacer cesar el accionar de Memo Vilte. Porque pese a que aún no tiene los permisos y habilitaciones correspondientes de parte del municipio, él sigue arremetiendo como si los tuviera. En sus pedidos de habilitación él reitera que no va a utilizar máquinas, pero el otro día lo vimos hablando con otra persona viendo por donde iban a entrar las máquinas. Entonces, depende con quien hable, cambia lo que dice. Se expresa muy bien y convence, pero sus intenciones son otras”. En ese contexto aclaró: “No tenemos nada personal contra Memo Vilte. Lo que queremos es proteger el paisaje que es de un disfrute colectivo y más allá de las inquietudes personales que alguien pueda tener nosotros queremos cuidar el cerro. El alambrado se levantó porque el pueblo se puso de pie. Ahora la lucha es contra Memo, pero hay otras personas que están tramitando los papeles de los terrenos y la idea nuestra es que se apruebe a una ordenanza para proteger todo el circuito del Paseo de los Colorados y las zonas aledañas al cerro porque cualquier movimiento de tierra va a generar que se siga cayendo el cerro que de por sí es muy arcilloso y delicado”.
Patagua también aseguró: “Memo Vilte tiene programados eventos a partir del 5 al 7 de enero, por eso tanto atropello. Por eso también la necesidad de esta medida cautelar. Memo está haciendo acuerdos con empresas muy grandes, multinacionales, se comentaba Sony y MTV así que es mucho el movimiento de dinero del que se habla”. Por su parte, Vanesa Condorí, referente de la Asamblea de Autoconvocados y demandante en la causa contra Vilte señaló: “Pedimos la prevalencia del bien comunitario, del paisaje que es de todos por sobre el derecho individual y exigimos a la justicia la preservación del patrimonio cultural”.
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7722, modificación con pocas posibilidades de concretarse
El oficialismo ve casi imposible los cambios a la Ley 7.722 en 2019
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Los cambios en la Ley 7.722, conocida como antiminera, fue uno de los principales proyectos que trató la Legislatura en 2018. Presentado por el senador justicialista Alejandro Abraham, el oficialismo lo vio con buenos ojos y lo apoyó, pero no pudo salir adelante y para el radicalismo es casi imposible que se apruebe en 2019.
En el Senado, tanto los legisladores Juan Carlos Jaliff como Diego Costarelli echaron por tierra que las modificaciones de la Ley minera prosperen durante el 2019, año electoral.
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Explicó que si la iniciativa no salió este 2018, menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019 que será un año intenso y con un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
El Presidente de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff, recordó que este año habían redactado el despacho pero la falta de consenso de la oposición llevó a que la situación se estancara.
"Nosotros le planteamos que si había un acuerdo mayoritario lo íbamos a acompañar, pero en el justicialismo nunca se definieron, no acordaron nada", señaló
"Ya no sé, no creo que cambie el panorama para el año que viene", afirmó el senador.
Nestor Parés, presidente de la cámara Diputados, resaltó que los proyectos de minería tienen poco quórum en el justicialismo y ese es su principal limitante, no el año electoral.
Señaló que fue el propio partido el que frenó todo debate o tratamiento.
Al ser consultado por el pedido del PJ de que si Cornejo estaba a favor presentase su propio proyecto, indicó que es ridículo lo que plantearon.
"Ellos presentan una iniciativa y después su bloque no lo quiere votar.", puntualizó.
"Después nos plantean a nosotros que hagamos un proyecto. Es ridículo, si ya hay un proyecto", agregó.
Que Cornejo se involucre
Desde el justicialismo, la legisladora Patricia Fadel, "le tiró la pelota" al oficialismo.
"Hemos dicho que no tenemos problema en discutirlo siempre y cuando el Ejecutivo sea parte de la discusión y mande un proyecto", aseveró.
Sobre la postura del oficialismo de que es una iniciativa de su frente político y que ellos deben hacerse cargo, respondió que el tema de la minería es una cuestión de Estado que cambia la matriz productiva de Mendoza, por lo que el Gobernador debe ser el impulsor.
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Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Diario Uno
Provincia/Región: Mendoza
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Los cambios en la Ley 7.722, conocida como antiminera, fue uno de los principales proyectos que trató la Legislatura en 2018. Presentado por el senador justicialista Alejandro Abraham, el oficialismo lo vio con buenos ojos y lo apoyó, pero no pudo salir adelante y para el radicalismo es casi imposible que se apruebe en 2019.
En el Senado, tanto los legisladores Juan Carlos Jaliff como Diego Costarelli echaron por tierra que las modificaciones de la Ley minera prosperen durante el 2019, año electoral.
"El año electoral va a generar impedimentos para la aprobación de esa ley", aseguró el senador radical Diego Costarelli.
Explicó que si la iniciativa no salió este 2018, menos posibilidades tiene de hacerlo en el 2019 que será un año intenso y con un proyecto como el de la minería que tiene un costo político importante.
El Presidente de la Cámara Alta, Juan Carlos Jaliff, recordó que este año habían redactado el despacho pero la falta de consenso de la oposición llevó a que la situación se estancara.
"Nosotros le planteamos que si había un acuerdo mayoritario lo íbamos a acompañar, pero en el justicialismo nunca se definieron, no acordaron nada", señaló
"Ya no sé, no creo que cambie el panorama para el año que viene", afirmó el senador.
Nestor Parés, presidente de la cámara Diputados, resaltó que los proyectos de minería tienen poco quórum en el justicialismo y ese es su principal limitante, no el año electoral.
Señaló que fue el propio partido el que frenó todo debate o tratamiento.
Al ser consultado por el pedido del PJ de que si Cornejo estaba a favor presentase su propio proyecto, indicó que es ridículo lo que plantearon.
"Ellos presentan una iniciativa y después su bloque no lo quiere votar.", puntualizó.
"Después nos plantean a nosotros que hagamos un proyecto. Es ridículo, si ya hay un proyecto", agregó.
Que Cornejo se involucre
Desde el justicialismo, la legisladora Patricia Fadel, "le tiró la pelota" al oficialismo.
"Hemos dicho que no tenemos problema en discutirlo siempre y cuando el Ejecutivo sea parte de la discusión y mande un proyecto", aseveró.
Sobre la postura del oficialismo de que es una iniciativa de su frente político y que ellos deben hacerse cargo, respondió que el tema de la minería es una cuestión de Estado que cambia la matriz productiva de Mendoza, por lo que el Gobernador debe ser el impulsor.
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Aprueban más transgénicos
Peligro en las mesas argentinas
Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
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Fecha de Publicación: 29/12/2018
Fuente: Página 12
Provincia/Región: Nacional
En base a estudios confidenciales, y luego del visto bueno de una comisión que tiene íntimos vínculos con las empresas que venden las semillas genéticamente modificadas para producirlos, el Estado dio vía libre a la comercialización de productos cuestionados.
Los argentinos serán los primeros en comer papa y trigo transgénicos. Dos alimentos de consumo masivo que fueron aprobados por el Gobierno en base a estudios confidenciales y luego del visto bueno de una comisión técnica-científica dominada por las mismas empresas que venden las semillas. Denuncias por la forma en que se aprueban los transgénicos, el mayor uso de agrotóxicos y la profundización de un modelo a medida de las empresas.
El 4 de noviembre la empresa Bioceres (que cuenta entre sus accionistas a Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman, entre otros millonarios argentinos) presentó en Pergamino el “trigo HB4”. La publicidad corporativa señala que es “tolerante a la sequía” y al agrotóxico glufosinato de amonio, más cuestionado por su toxicidad que el famoso glifosato.
“No se metan con nuestro pan” había sido la consigna de una decena de organizaciones sociales que denuncia la nueva avanzada del agronegocio y los riesgos para la alimentación. “Sabemos que los transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, para el ambiente y la salud de todos. Sabemos que las aprobaciones y los controles son, en la Argentina, muy poco serios”, advirtieron la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA (Facultad de Medicina), Acción por la Biodiversidad, Naturaleza de Derechos, Huerquen Comunicación, Foro Ecologista de Paraná y BePe, entre otras, al tiempo que exigieron: “No queremos trigo ni pan transgénico”.
El trigo abarca en el país 5,6 millones de hectáreas y es el principal componente del pan. No hay ninguna ley que obligue en Argentina a identificar qué producto contiene transgénicos, como sí sucede en los países de la Unión Europea, además de Rusia, India, China y Australia, entre otros.
Los estudios de “inocuidad” son realizados por las mismas empresas que producen los transgénicos y los expedientes son confidenciales. La Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), dirigida por Martín Lema, está controlada por las empresas: de 34 integrantes, 26 pertenecen a las empresas o tienen conflictos de intereses. En tres años, aprobó 16 transgénicos (51 desde 1996).
Carla Poth es investigadora de la Universidad Nacional de San Martín y en su tesis doctoral investigó la Conabia. “Los integrantes de la Conabia son juez y parte en la liberación de transgénicos. Y eso incluye a los tres sectores que la integran: privados, funcionarios estatales y el sector científico. Todos hablan el mismo idioma, el de las empresas tecnológicas, donde sólo importa la ganancia económica”.
Fernando Frank, de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, explicó que otro agravante es que el trigo transgénico puede fecundar al trigo convencional. Alerta que si las empresas logran la nueva ley de semillas (Cambiemos dio dictamen en la Comisión de Agricultura de Diputados y planea aprobarla el primer semestre), las cosechas convencionales podrán contener transgénicos, por simple contaminación, y los productores podrán ser obligados a pagar a las empresas.
El Gobierno también presentó la primera papa transgénica, ya liberada para su comercialización y llegada a verdulerías y a la mesa familiar. En el acto, el 10 de diciembre, estuvieron el secretario de Ciencia, Lino Barañao, y el de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La compañía beneficiada es Tecnoplant, del Grupo Sidus, en trabajo conjunto con el Conicet a través del Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). La publicidad empresaria afirma que el transgénico es resistente al virus “PVY” (“potato virus”). Uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, quien era jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia al momento de aprobarse la papa modificada genéticamente. Desde su cargo tenía incidencia en el Conicet y en la Conabia. El investigador Fernando Bravo Almonacid (del Ingebi-Conicet) forma parte del desarrollo de la papa transgénica y también formó parte de la Conabia al momento de aprobar la nueva semilla. Del Grupo Sidus también formó parte Lino Barañao, que impulsó desde allí la clonación de animales. Así, la aprobación de la papa favorece a los ex empleadores del secretario de Ciencia.
El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006. Resaltó la “inestabilidad” del cultivo y alertó que “una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”. Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) afirmó que la papa transgénica no resolverá problemas agronómicos. “Los virus mutan. Y el virus PVY puede desarrollar resistencia a la papa transgénica”. Alertó que es un “gran problema adicional” que esta papa se utilice para consumo humano directo.
Fernando Frank apuntó al fondo: “No pueden afirmar que el transgénico no va a tener consecuencias malignas en la salud. Ni siquiera tenemos acceso a los supuestos estudios de inocuidad. El llamado avance tecnológico no implica ninguna mejora para los consumidores. El objetivo es el avance de la agricultura industrial y la consolidación del control corporativo del sistema agroalimentario, manipulando el poder de decisión de agricultores y consumidores acerca de qué cultivar y consumir”.
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